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Funcionarios del área midatlántica se resisten a las políticas antiinmigrantes e intimidatorias

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Manifestantes ante el Capitolio de Pensilvania el Cinco de Mayo. (Foto: Fb. PICC)

“Los inmigrantes no agarran de Pennsylvania, nosotros le damos a Pennsylvania” Johanny Cepeda–Freytiz

“Nadie está por encima de la ley”, dice Alina Habba, fiscal interina de los Estados Unidos para el distrito de New Jersey, en su cuenta de X al comentar la detención de Ras Baraka, alcalde de Newark, NJ.

Para Ed Gainey, amigo de Baraka y alcalde de Pittsburgh “Estas tácticas se están utilizando para intimidar y silenciar a alcaldes, jueces y otros funcionarios locales que defienden a sus comunidades al obstaculizar el secuestro de residentes legales, la deportación de ciudadanos estadounidenses y la separación de familias”.

Baraka, demócrata postulante a gobernador de New Jersey, ignoró el 9 de mayo las advertencias del Departamento de Seguridad Nacional para retirarse del centro de detención de ICE en Newark, NJ durante una protesta, siendo detenido –y cinco horas después puesto en libertad– (el 15 de mayo se celebró audiencia judicial al respecto).

–Cartel manifestación Cinco de Mayo – Solidaridad con los inmigrantes en el Capitolio de Pensilvania.

Delaney Hall, lugar de los hechos, es el establecimiento de reclusión de inmigrantes más grande de la costa este de Estados Unidos y fue reabierto en 2021.

Baraka, quien en marzo prometió cerrar las instalaciones, acudió al centro acompañado de tres congresistas demócratas de New Jersey (Rob Menéndez, LaMonica McIver y Bonnie Watson Coleman) y de un grupo de personas con megáfonos y carteles de protesta, para inspeccionar las instalaciones, que según la ciudad, están violando múltiples leyes. Tres días después –12 de mayo–, funcionarios de la ciudad regresaron al lugar para entregar notificaciones de infracción a los propietarios del centro.

Christopher Ferreira, portavoz de Geo Group, empresa que gestiona esta cárcel (y demandada por la ciudad de Newark), sostiene que este “es otro ejemplo lamentable de una campaña politizada por parte de políticos defensores de las ciudades santuario y de fronteras abiertas en New Jersey para interferir con los esfuerzos del gobierno federal para arrestar, detener y deportar a extranjeros ilegales peligrosos y delincuentes, de acuerdo con la ley federal establecida”.

La actual ley federal faculta, entre otros los pactos de ICE con la policía local, como el que se concretó en Camden, DE, donde la policía local firmó un acuerdo 287 (g) con ICE el 29 de abril permitiéndole aplicar las leyes federales de inmigración durante el curso de su trabajo normal.

En Delaware hay varios proyectos de ley pendientes en la legislatura estatal que protegerían a las comunidades inmigrantes del acoso en lugares sensibles, de la extracción de datos por parte de las autoridades migratorias federales.

Esta ha sido la primera vez que un municipio del Primer Estado firma un acuerdo de este tipo y el rechazo generado –incluyendo el de ACLU–ha sido tal, que el Departamento de Policía de Candem ha dado marcha atrás, rescindiendo el acuerdo apenas una semana después de firmado.

Según el rastreador de cooperación local con ICE elaborado por The Markup ni Delaware (después de la revocación de Candem), ni New Jersey tienen suscritos acuerdos de colaboración 287 (g) con ICE.

Manifestantes ante el Capitolio de Pensilvania el Cinco de Mayo (Foto: Fb. PICC)

Pensilvania, sin embargo, tiene seis acuerdos 287 (g) activos y cuatro pendientes.

Bajo el programa 287 (g) hay tres modalidades de acuerdo entre las agencias de fuerzas de orden locales y ICE: Modelo de Control Penitenciario (“Jail Enforcement Model”) diseñado para identificar y procesar a extranjeros deportables, con cargos penales o pendientes, arrestados por agencias policiales estatales o locales. Modelo de Grupo de Trabajo (“Task Force Model”), sirve como multiplicador de fuerza para que las agencias policiales ejerzan su autoridad migratoria limitada bajo la supervisión de ICE durante sus labores policiales rutinarias y Programa de Oficiales de Servicio de Órdenes Judiciales (permite a ICE capacitar, certificar y autorizar a agentes policiales estatales y locales para entregar y ejecutar órdenes administrativas contra extranjeros en las cárceles de su agencia).

Los acuerdos activos en Pensilvania comprenden las oficinas de los alguaciles de los condados de Bradford y Franklin. Mientras el condado de Bradford solo tiene acuerdo tipo Programa de Oficiales de Servicio de Órdenes Judiciales (“Warrant Service Officer”), el condado de Franklin tiene acuerdo doble en el que además del anterior (“Warrant Service Officer»), tiene acuerdo bajo el modelo de Grupo de Trabajo (“Task Force”).

Según este mismo reporte, se encuentran pendientes de acuerdo en la Mancomunidad (en todos los casos bajo el modelo de “Task Force”) las oficinas del alguacil del condado de Bucks, y las oficinas de los alguaciles de los municipios de Derry, Preston y Sewickley.

Con el fin de influir en la toma de decisiones (o en su caso revocación) el pasado 5 de mayo más de 20 organizaciones comunitarias y funcionarios electos se dieron cita en el Capitolio de Pensilvania para exigir al gobernador Shapiro que tome medidas para proteger a las comunidades de inmigrantes de Pensilvania cesando la colaboración con ICE.

La representante estatal por el condado de Berks, Johanny Cepeda–Freytiz dijo en el acto que los inmigrantes son una parte vital de todas nuestras comunidades en todo el estado, desempeñando funciones esenciales, impulsando la innovación, la cultura y la comunidad. “Los inmigrantes no agarran de Pennsylvania, nosotros le damos a Pennsylvania”, dijo, animando a la concurrencia al grito de “Pa’lante, por un mundo más unido, más fuerte y más orgulloso”.

Manifestantes ante el Capitolio de Pensilvania el Cinco de Mayo (Foto: Fb. PICC)

También defensores de los derechos de los inmigrantes se manifestaron el 7 de mayo en el Centro de Justicia del condado de Bucks, ubicado en Doylestown, exigiendo que el alguacil del condado se retire inmediatamente del programa 287 (g). Los asistentes comentaban que no se necesita que las fuerzas del orden locales ayuden a ICE a separar familias, sino que lo que realmente se necesita es una política de “Condado de Bienvenida”.

Esa misma idea estuvo presente el 15 de mayo en la manifestación realizada en Norristown durante la reunión de comisionados del condado en la que durante los comentarios públicos se pidió a los comisionados del condado que apoyasen los derechos de los inmigrantes con la aprobación de una política de «Condado de Bienvenida».

Organizaciones convocantes como Pennsylvania Immigration Coalition (PIC) justifican sus demandas en que la promulgación de una política de “Condado de Bienvenida” garantizará que los órganos de gobierno y empleados del condado no se comuniquen, compartan datos ni colaboren con ICE.

Para los líderes proinmigrantes del condado de Bucks el alguacil debe dejar de participar en el programa 287 (g) de ICE. También apoyan que el condado sea un “Condado de Bienvenida”.

Alex Domingos, estratega de defensa y políticas de ACLU-PA, señala que “Rechazamos rotundamente la dualidad entre buenos inmigrantes y malos inmigrantes”, añadiendo que “seguiremos asegurándonos de que nuestros recursos no se utilicen para alimentar la maquinaria de deportación y que, en cambio, permanezcan en nuestras comunidades”.

La SIP denuncia intento de censura contra el medio Listín Diario en República Dominicana

Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y director general de la Prensa Gráfica de El Salvador, José Roberto Dutriz. (Foto: EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este jueves un intento de censura digital contra el periódico dominicano Listín Diario, tras la publicación de información relacionada con un caso judicial de presunta corrupción en ese país.

De acuerdo con el medio afectado, la empresa Network Solutions, encargada de alojar el dominio digital del periódico, emitió un ultimátum exigiendo la eliminación de un artículo publicado el 22 de marzo de 2024, que informaba sobre la admisión de cargos por parte de Lisandro José Macarrulla Martínez, en el marco del caso Medusa, una investigación de alto perfil sobre corrupción administrativa ocurrida entre 2016 y 2020.

Según la advertencia, en caso de no eliminar el contenido en un plazo de 48 horas, se suspendería el servicio de alojamiento web del periódico, argumentando una supuesta violación de los términos de uso de la plataforma. En respuesta, Listín Diario ha iniciado un proceso de migración a otro proveedor para garantizar la continuidad de su archivo periodístico.

El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, advirtió de que «este tipo de presiones constituyen un riesgo creciente para el libre ejercicio del periodismo y pueden derivar en formas de autocensura motivadas por el temor a represalias».

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, señaló que «es preocupante que empresas privadas puedan actuar como mecanismos indirectos de censura, eliminando contenidos legítimos por presión de intereses particulares». Agregó que este tipo de prácticas «recuerda patrones ya vistos en países con severas restricciones a la libertad de prensa».

Ambos dirigentes recordaron que el Principio 10 de la Declaración de Salta II sobre Libertad de Expresión en la Era Digital establece que «la supresión o desindexación de información sobre hechos de interés público atenta contra el derecho ciudadano a informarse y preservar la memoria colectiva».

La DEA advierte que la mezcla de fentanilo con otros narcóticos va en aumento

(Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo)

La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) advirtió este jueves en su informe anual de 2024 que, si bien las muertes por sobredosis van a la baja, la mezcla de fentanilo con otros «potentes» estupefacientes está aumentando, lo que supone un reto en el combate a esta droga sintética.

La DEA emitió su informe un día después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicaran que las muertes por sobredosis en Estados Unidos bajaron un 27 % en 2024.

«Los laboratorios de la DEA reportan una tendencia a la baja en la pureza del fentanilo», afirma el reporte de la DEA, que argumenta que «esto no debe interpretarse como una disminución de la peligrosidad del fentanilo disponible en la calle».

«Si bien los niveles de pureza están disminuyendo, la mezcla de fentanilo con tranquilizantes para animales y otros opioides sintéticos va en aumento, lo que provoca que las personas desconozcan la composición exacta de lo que consumen o venden», añade el texto.

La xilacina, un sedante para animales, continúa siendo el principal adulterante -por delante de la heroína- encontrado en el polvo de fentanilo, y su uso para cortarlo ha comenzado a extenderse fuera de sus «mercados tradicionales en el noreste de EE.UU.»

No obstante, el informe advierte de que un anestésico más potente empleado normalmente en perros y gatos, la medetomidina, ha comenzado a ser detectado también en los análisisde la DEA.

El organismo advierte además de que está aumentando la presencia del fentanilo en otras drogas: el opiáceo está presente en una de cada cuatro muestras de cocaína y en una de cada ocho muestras de metamfetamina.

Aumentan las incautaciones

En 2024, la DEA incautó 9.950 kilos de fentanilo, un 29 % que el año anterior, al tiempo que la aprehensión de píldoras falsas de fentanilo cayó a su vez un 24 % hasta los 61,1 millones de unidades.

En la frontera con México fueron incautados 9.354 kilos de fentanilo y en la canadiense 22,7 kilos. El presidente, Donald Trump, ha amenazado a ambos países con aranceles del 25 % por supuestamente permitir ese tráfico.

En declaraciones recientes a EFE, John González, agente especial adjunto a cargo de la DEA en El Paso (Texas), declaró que el 90 % de las incautaciones de fentanilo se producen en los puentes fronterizos oficiales.

González negó además que haya producción de fentanilo significativa dentro de Estados Unidos: «Es más barato producirlo en México y trasladarlo a Estados Unidos, donde una pastilla se puede vender en uno o dos dólares», declaró.

El informe de la DEA considera que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) siguen siendo las «amenazas dominantes» en lo que respecta al tráfico de fentanilo y otras drogas en el país.

Estos grupos mantienen estables sus cadenas de suministro para obtener los llamados precursores para la fabricación de fentanilo, «principalmente de China e India», apunta el informe.

State police initiates rapid DNA program to solve cases faster

Rapid DNA can deliver results to investigators in as little as 90 minutes.

Harrisburg, PA – The Pennsylvania State Police (PSP) today announced the initiation of its Rapid DNA program with the deployment of 15 fully automated genetic analyzers to troops across the Commonwealth, a major step forward in the Department’s ability to bring justice to victims and hold offenders accountable.

“This program represents significant advancements in our forensic capabilities,” said Colonel Christopher Paris, Commissioner of the PSP. “Rapid DNA analysis can expedite the development of investigative leads, assist in suspect identification, and help exclude individuals with greater speed. Aside from investigative efficiency, this technology provides accuracy, fairness, and better outcomes for the communities we serve.”

Rapid DNA technology allows for the swift analysis of DNA samples outside of traditional lab environments, delivering results in as little as 90 minutes. The quick analysis provides investigators with timely, actionable information that can greatly benefit case resolution and public safety.

The technology demonstrated its value in its first week of deployment when troopers obtained a blood sample from an ATM tampering case. The sample was compared to a DNA database, and in less than two hours, investigators received a notification identifying an investigative lead.

PSP follows all state and federal guidelines for DNA collection and privacy protections. Only Forensic Service Unit (FSU) members who have successfully completed the Department’s required training are authorized to operate the analyzers, and laboratory personnel conduct the necessary analysis to verify matches.

PSP’s expanded use of DNA testing and Rapid DNA has been supported by Governor Shapiro. The Shapiro Administration is working to build safer communities and ensure law enforcement is well-equipped, well-funded, and well-trained. 

The Governor’s 2025-26 budget proposal calls for the complete elimination of the statutory cap on the State Police complement, which limits the number of troopers on the streets. Removing the statutory cap will allow for increased patrol visibility, faster response times, and the ability to maintain a proactive posture in Pennsylvania’s communities.

Furthermore, Governor Shapiro’s 2025-26 budget proposal continues to sustainably fund PSP and includes $16 million to provide for four new cadet classes – to train nearly 400 more state troopers. In his last two budgets, Governor Shapiro secured funding to support the hiring over 800 new PSP troopers and recruit and train nearly 700 municipal officers.

Expelotero dominicano Rafael Furcal enfrenta cargos de agresión en Florida

(Foto: EFE/JOHN G. MABANGLO/Archivo)

El exbeisbolista dominicano de las Grandes Ligas Rafael Furcal enfrenta cargos de «agresión agravada con arma mortal» y de «lanzar proyectil contra una vivienda» tras un incidente ocurrido el lunes pasado en la ciudad de Sunrise, al norte de Miami, según los expedientes judiciales.

Las autoridades del condado de Broward (Florida), donde reside el deportista, no han ofrecido detalles de lo ocurrido ni de su arresto.

Furcal, de 47 años y quien reside en la lujosa comunidad Windmill Reserve, en Weston, debutó en las Grandes Ligas en 2000 con los Bravos de Atlanta, equipo con el que ganó el premio al Novato del Año.

Durante su carrera de 14 temporadas, también perteneció a los Dodgers de Los Ángeles y los Cardenales de San Luis, con quienes se coronó campeón de la Serie Mundial en 2011.

El dominicano participó además en el Juego de Estrellas en 2003, 2010 y 2012.

Furcal ya había sido arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en dos ocasiones en Georgia, en 2000 y 2004.

Autopsies misclassified deaths in police custody that were homicides, Maryland officials say

Tawanda Jones leads a vigil outside of Baltimore City Hall on Oct. 21, 2015, for her brother, Tyrone West, who died during an encounter with police. (Photo: AP/Patrick Semansky/File)

An audit of Maryland autopsies has uncovered at least 36 deaths in police custody that should have been considered homicides, state officials announced Thursday following a comprehensive review of such cases spurred by widespread concerns about the former state medical examiner’s testimony in the death of George Floyd.

Medical examiners under Dr. David Fowler displayed racial and pro-police bias, according to the review. They were “especially unlikely to classify a death as a homicide if the decedent was Black, or if they died after being restrained by police,” Attorney General Anthony Brown said during a news conference.

“These findings have profound implications across our justice system,” Brown said. “They speak to systemic issues rather than individual conduct.”

The auditors reviewed 87 in-custody death cases after medical experts called Fowler’s work into question because he testified that police weren’t responsible for Floyd’s death. The Maryland team focused on cases in which people died suddenly after being restrained, often by police, officials said.

Three-person panels evaluated each autopsy and, in 36 cases, they unanimously concluded that the deaths should have been classified as homicides but were not. In five more cases, two of the three reviewers came to that conclusion.

Fowler didn’t immediately respond to messages seeking comment.

Family members of Anton Black, from left, LaToya Holley; father, Antone Black, and mother, Jennell Black, speak during a news conference Thursday, Sept. 30, 2021, in Baltimore. (Photo: AP/Gail Burton/File)

State officials could reopen death investigations

Democratic Gov. Wes Moore said he has signed an executive order directing Brown to review the 41 cases and determine if any should be reopened for investigation.

Moore acknowledged the families whose loved ones have died in police custody, some of whom have been “screaming for this type of analysis — and have been met with silence.” He also acknowledged the many members of law enforcement who do their jobs honorably and protect the public.

Moore said he has also created a statewide task force to study the deaths of people restrained in law enforcement custody. He said the state won’t shy away from rooting out misconduct and working to create a more equitable justice system.

Among a list of recommendations, the review suggested better training for law enforcement officers on the dangers of improper restraint techniques. It also directed the Office of the Chief Medical Examiner to create standardized procedures for investigating restraint-related deaths.

The governor described the review as the first of its kind in the nation, saying he hopes it will provide a model for similar investigations elsewhere.

In a national investigation published last year, The Associated Press and its reporting partners found that medical examiners and coroners, whose rulings have huge consequences in the courts, can face pressure from law enforcement to exonerate officers. Some medical officials based their decisions not on physical evidence, but instead on whether they believed police intended to kill.

When deaths are ruled accidental, prosecutions of officers are exceedingly rare — of 443 cases that were ruled accidental, just two resulted in criminal charges. A family’s chances of winning a wrongful death lawsuit also become much tougher.

While the audit findings are troubling, Maryland officials said they don’t suggest intentional or malicious conduct. They emphasized that a homicide classification simply means someone died because of another person’s action, not necessarily that the officers involved should be prosecuted.

Maryland Gov. Wes Moore speaks at a news conference on Thursday, May 15, 2025 in Annapolis, Md., Maryland Attorney General Anthony Brown is standing right. (Photo: AP/Brian Witte)

Fowler was criticized for embracing a widely rejected theory

Fowler, who testified for the defense at the 2021 murder trial of former Minneapolis police Officer Derek Chauvin, attributed Floyd’s death to a sudden heart rhythm disturbance as a result of his heart disease — a widely rejected theory that did little to persuade the jury. Chauvin was ultimately convicted of murder and manslaughter for kneeling on Floyd’s neck for more than nine minutes.

After his conviction, 400 medical experts signed a letter to the Maryland attorney general asserting that Fowler’s testimony deviated way outside the bounds of accepted forensic practice. In addition to citing heart problems, he classified the manner of death as “undetermined” rather than “homicide.”

The letter called for an investigation to determine whether the office’s in-custody death determinations under Fowler’s leadership exhibited certain bias, among other potential issues.

Officials said Thursday that their audit found a troubling systemic pattern.

Nearly half of the reviewed cases cited “excited delirium” as a cause of death, a diagnosis that has been debunked by medical experts in recent years. Critics say it was often used to justify excessive force by police. The report recommended that medical examiners stop using the term altogether.

Fowler was Maryland’s chief medical examiner from 2002 to 2019.

In this image from video, Dr. David Fowler, a retired forensic pathologist and former chief medical examiner for the state of Maryland testifies as Hennepin County Judge Peter Cahill presides, on April 14, 2021, in the trial of former Minneapolis police Officer Derek Chauvin at the Hennepin County Courthouse in Minneapolis, Minn. Chauvin is charged in the May 25, 2020 death of George Floyd. (Photo: AP/Court TV/Pool/File)

Two high-profile deaths are among the 41 cases highlighted

In 2023, state officials approved a settlement agreement that reformed the process for conducting autopsies on people killed in police custody.

That change came in response to the 2018 death of Anton Black, who died in police custody on Maryland’s Eastern Shore. His death was captured on video, which showed police in rural Greensboro holding the unarmed teenager down for more than six minutes. Fowler ruled that Black died because of a sudden cardiac event while struggling with police — not because they pinned him in a prone position. His death was declared an accident.

Fowler similarly ruled that Tyrone West died of natural causes after struggling with Baltimore police following a traffic stop in 2013. Witnesses and the officers themselves said there was a violent struggle between the officers and West. His manner of death was undetermined, according to the autopsy.

Both Black and West are now included on the list of cases that should have been ruled homicides.

Tawanda Jones, West’s sister who has held weekly rallies for 616 weeks to highlight his case, said she feels something positive will come from the investigation. “They’re finally listening to me now,” Jones said. “It feels good that finally they’re listening.”

Fowler’s tenure also included the death of Freddie Gray 10 years ago. The autopsy concluded Gray died from spinal injuries sustained during transport in a Baltimore police van. It also classified his death as a homicide because officers repeatedly failed to seek medical attention while he was in distress. Prosecutors filed charges against six officers, but none were convicted.

Desde 1948 hasta hoy: una mujer palestina en Gaza relata una vida de desplazamiento

Ghalia Abu Moteir, cuya familia huyó de lo que hoy es Israel durante la guerra de 1948 que dio paso a la creación del Estado israelí, muestra sus documentos en una tienda de campaña en Jan Yunis, Franja de Gaza, después de ser desplazada de su hogar en Rafah, por la actual guerra, el miércoles 14 de mayo de 2025. (Foto: AP/Abdel Kareem Hana)

Ghalia Abu Moteir tenía 4 años cuando ella y su familia llegaron a vivir a una tienda de campaña en Jan Yunis después de huir de su hogar en lo que ahora es Israel, escapando de las fuerzas israelíes que avanzaban. Setenta y siete años después, ahora está de vuelta en una tienda de campaña bajo el bombardeo de Israel en Gaza.

El jueves, los palestinos de todo el Oriente Medio conmemoraron el aniversario de la «Nakba» —»Catástrofe» en árabe— cuando unos 700.000 palestinos fueron expulsados por las fuerzas israelíes o huyeron de sus hogares en lo que ahora es Israel antes y durante la guerra de 1948 que dio paso a la creación del Estado israelí.

La vida de Abu Moteir traza el arco del exilio y desplazamiento de los palestinos desde esa guerra hasta la actual. La campaña de 19 meses de Israel ha arrasado gran parte de Gaza, matado a más de 53.000 palestinos, desplazado a casi toda la población de 2,3 millones y amenaza con empujarlos hacia la hambruna.

«Hoy estamos en una Nakba más grande que la Nakba que vimos antes», dijo Abu Moteir, hoy de 81 años, hablando fuera de la tienda de campaña donde vive con sus hijos e hijas sobrevivientes y 45 nietos.

«Toda nuestra vida es terror, terror. Día y noche, hay misiles y aviones de guerra sobre nosotros. No estamos viviendo. Si estuviéramos muertos, sería más misericordioso», expresó.

Los palestinos temen que el objetivo final de Israel sea expulsarlos completamente de la Franja de Gaza. Israel dice que su campaña tiene como objetivo destruir a Hamás después de su ataque del 7 de octubre de 2023, cuando milicianos mataron a unas 1.200 personas en el sur de Israel y secuestraron a alrededor de 250 más.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dicho que después de que Israel derrote a Hamás, continuará controlando Gaza y alentará a los palestinos a irse «voluntariamente».

Aldeanos palestinos huyen durante los combates entre tropas israelíes y árabes el 4 de noviembre de 1948, en lo que se conoce como la «Nakba», catástrofe en árabe. (Foto: AP/Jim Pringle/ Archivo)

De ciudad de tiendas a ciudad de tiendas

La Franja de Gaza nació a partir de la Nakba. Unos 200.000 de los refugiados de 1948 fueron llevados a la pequeña área costera, y más del 70% de la población actual de Gaza son sus descendientes. Las fronteras gazatíes se establecieron en un armisticio entre Israel y Egipto, que junto con otros países árabes habían atacado después de que Israel declaró su independencia.

Abu Moteir no recuerda mucho de su natal Wad Hunayn, una pequeña aldea densa en huertos de cítricos justo al sureste de Tel Aviv. Sus padres huyeron con ella y sus tres hermanos mientras las fuerzas nacientes de Israel entraban en el área, luchando contra milicias palestinas locales y expulsando a algunas comunidades.

«Nos fuimos solo con la ropa que llevábamos puesta, sin identificación, sin nada», relata Abu Moteir. Recuerda caminar a lo largo de la costa mediterránea en medio de disparos. Su padre, dijo, puso a los niños detrás de él, tratando de protegerlos.

Caminaron 75 kilómetros (45 millas) hasta Jan Yunis, donde se establecieron en una ciudad de tiendas que surgió para albergar a miles de refugiados. Allí, la UNRWA, una agencia de la ONU recién creada para cuidar de los palestinos —temporalmente, se pensaba en ese momento— proporcionó alimentos y suministros, mientras la Franja de Gaza quedaba bajo el dominio egipcio.

Después de dos años en una tienda, su familia se mudó más al sur a Rafah y construyó un hogar. El padre de Abu Moteir murió de enfermedad a principios de la década de 1950. Cuando las fuerzas israelíes irrumpieron en Gaza para invadir el Sinaí de Egipto en 1956, la familia huyó nuevamente, al centro de Gaza, antes de regresar a Rafah. En los años posteriores a la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando Israel ocupó Gaza y Cisjordania, la madre y los hermanos de Abu Moteir se fueron a Jordania.

Abu Moteir, para ese entonces casada y con hijos, se quedó.

«Presencié todas las guerras», dijo. «Pero ninguna es como esta guerra».

Hace un año, su familia huyó de Rafah, cuando las tropas israelíes invadieron la ciudad. Ahora viven en la extensa ciudad de tiendas de Muwasi, en la costa a las afueras de Jan Yunis. Un ataque aéreo mató a uno de sus hijos, dejando atrás a tres hijas, un hijo y su esposa embarazada, quien desde entonces ha dado a luz. Tres de los nietos de Abu Moteir también han sido asesinados.

A lo largo de la guerra, UNRWA ha liderado un esfuerzo masivo de ayuda por parte de grupos humanitarios para mantener a los palestinos con vida. Pero durante las últimas diez semanas, Israel ha prohibido la entrada de alimentos, combustible, medicinas y otros suministros a Gaza, diciendo que su objetivo es forzar a Hamás a liberar a 58 rehenes restantes, menos de la mitad de los cuales se cree que están vivos. Israel también dice que Hamás ha estado desviando ayuda en grandes cantidades, una afirmación que la ONU niega. Israel ha prohibido a la UNRWA, diciendo que ha sido infiltrada por Hamás, lo cual la agencia niega.

El hambre y la desnutrición en el territorio se han disparado a medida que se agotan las reservas de alimentos.

«Aquí en Muwasi, no hay comida ni agua», dijo Abu Moteir. «Los aviones nos atacan. Nuestros hijos son arrojados (muertos) frente a nosotros».

La devastación pone a prueba la voluntad de los palestinos de quedarse

Generaciones en Gaza desde 1948 han sido criadas con la idea del «sumoud» o «resiliencia» en árabe, la necesidad de mantenerse firmes por su tierra y su derecho a regresar a sus antiguos hogares dentro de Israel. Israel se ha negado a permitir el regreso de los refugiados, diciendo que un retorno masivo dejaría al país sin una mayoría judía.

Mientras que la mayoría de los palestinos dicen que no quieren dejar Gaza, la destrucción causada por las fuerzas israelíes está sacudiendo esa resiliencia entre algunos.

“Entiendo que… No hay elección aquí. Para seguir con vida, hay que irse de Gaza”, comentó Amjad Shawa, director de la Red de Organizaciones No Gubernamentales Palestinas en Gaza, quien también dijo que nunca se iría.

Desestimó las afirmaciones de Netanyahu de que cualquier migración sería voluntaria. «Israel hizo que Gaza no fuera apta para vivir durante décadas por delante», señaló.

Noor Abu Mariam, una joven de 21 años en Ciudad de Gaza, creció conociendo la historia de sus abuelos, quienes fueron expulsados de la actual ciudad israelí de Ashkelon en 1948.

Su familia se vio obligada a huir de su hogar en Ciudad de Gaza al principio de la actual guerra. Regresaron durante un alto el fuego de dos meses a principios de este año. Su área ahora está bajo órdenes de evacuación israelíes, y temen verse obligados a mudarse nuevamente.

Su familia está pensando en irse si se abre la frontera, señaló Abu Mariam.

«Podría ser resiliente si hubiera necesidades de vida disponibles como comida y agua limpia y casas», dijo. «El hambre es lo que nos obligará a migrar».

Kheloud al-Laham, una joven de 23 años refugiada en Deir al-Balah, dice que está «decidida» a quedarse.

«Es la tierra de nuestros padres y nuestros abuelos por miles de años», dijo. «Fue invadida y ocupada a lo largo de los siglos, ¿así que es razonable dejarla tan fácilmente?».

«¿A qué regresamos?»

Abu Moteir recuerda las pocas veces que pudo salir de Gaza durante las décadas de ocupación israelí.

Una vez, fue en una visita grupal a Jerusalén. Mientras su autobús cruzaba Israel, el conductor mencionaba los nombres de los pueblos palestinos borrados por los que pasaban: Isdud, cerca de lo que ahora es la ciudad israelí de Ashdod; Majdal, ahora Ashkelon.

Pasaron no muy lejos de donde una vez estuvo Wadi Hunayn. «Pero no nos bajamos del autobús», dijo.

Ella conoce a palestinos que trabajaron en la ciudad israelí de Ness Ziona, que se encuentra en lo que era Wadi Hunayn. Le dijeron que no queda nada del pueblo palestino más que una o dos casas y una mezquita, que desde entonces se ha convertido en una sinagoga.

Solía soñar con regresar a Wadi Hunayn. Ahora solo quiere volver a Rafah.

Pero la mayor parte de Rafah ha sido arrasada, incluida la casa de su familia.

«¿A qué regresamos? ¿A los escombros?».

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Khaled y Keath informaron desde El Cairo.

Personas mayores en la mira mientras el gobierno de EE. UU. reanuda cobros de préstamos estudiantiles

Linda Hilton, una oficinista jubilada de 76 años, se sienta frente a su casa mientras hace las maletas para mudarse, el 13 de mayo de 2025, en Apache Junction, Arizona. (Foto: AP/Ross D. Franklin)

Christine Farro ya envía menos regalos a sus nietos en sus cumpleaños y pospuso las vacunas de dos gatos y un perro. Toda su ropa proviene de tiendas de segunda mano y la mayoría de sus verduras vienen de su jardín. A los 73 años, ha reducido sus gastos tanto como puede para vivir con un presupuesto ajustado.

Pero está a punto de apretarse aún más.

A medida que la administración Trump reanuda la cobranza de préstamos estudiantiles en mora, una población ha quedado atrapada inesperadamente en el fuego cruzado: cientos de miles de estadounidenses a mayores cuyas deudas de décadas ahora los ponen en riesgo de que se les embarguen sus cheques del Seguro Social.

“Trabajé horas ridículas. Trabajé fines de semana y noches. Pero nunca pude pagarlo”, dice Farro, una jubilada de bienestar infantil en Santa Ynez, California.

Como a millones de deudores de créditos estudiantiles, el gobierno pausó hace cinco años los pagos y los intereses de Farro, cuando la pandemia sumió a muchos en dificultades financieras. Ese período de gracia terminó en 2023 y, a principios de este mes, el Departamento de Educación dijo que reiniciaría las «cobranzas involuntarias» embargando salarios, reembolsos de impuestos y beneficios de jubilación y discapacidad del Seguro Social. Anteriormente, a Farro se le embargó su Seguro Social y espera que se reactive.

Los préstamos de Farro datan de hace 40 años. Era madre soltera cuando obtuvo una licenciatura en psicología del desarrollo y cuando descubrió que no podía ganar lo suficiente para pagar sus préstamos, volvió a la escuela y estudió una maestría. Su salario nunca alcanzó. Las cosas solo empeoraron.

Alrededor de 2008, cuando consolidó sus préstamos, pagaba 1.000 dólares al mes, pero años de pagos perdidos y acumulación de intereses significaban que apenas estaba haciendo mella en una deuda que había aumentado a 250.000. Cuando buscó ayuda para resolver su deuda, dice que la compañía de préstamos solo tenía una sugerencia.

“Dijeron: ‘Múdate a un estado más barato’”, dice Farro, quien alquila una casita de 37 metros cuadrados (400 pies cuadrados) a un amigo. “Me di cuenta de que estaba viviendo en una realidad diferente a la de ellos”.

El adeudo de préstamos estudiantiles de personas mayores ha crecido a un ritmo asombroso, en parte debido al aumento de las matrículas que han obligado a más personas a pedir prestadas sumas mayores. Las personas de 60 años o más tienen un estimado de 125.000 millones de dólares en préstamos estudiantiles, según el Centro Nacional de Derecho del Consumidor, un aumento de seis veces en comparación con hace 20 años. Eso ha disparado hasta 3.000% el número de beneficiarios del Seguro Social que les han embargado sus pagos durante el mismo período, según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB).

Se estima que 452.000 personas de 62 años o más tenían préstamos estudiantiles en mora, según un informe de enero de la CFPB.

Debbie McIntyre, una maestra de educación para adultos de 62 años en Georgetown, Kentucky, está entre ellos. Sueña con jubilarse y escribir más ficción histórica, y con abordar un avión por primera vez desde la secundaria. Pero su esposo ha estado sin trabajo por discapacidad durante dos décadas y han usado tarjetas de crédito para sobrevivir con las escasas prestaciones de él y el sueldo de ella. Su alquiler aumentará 300 dólares cuando renueven su contrato. McIntyre no sabe qué hacer si le embargan el sueldo.

Ella plantea la idea de la bancarrota, pero eso no eliminará automáticamente sus préstamos, que están sujetos a un estándar diferente al de otras deudas. Calcula que, si toma trabajos adicionales cuidando niños o dando tutorías, podría destinar 50 dólares a sus préstamos de vez en cuando. Pero no ve una solución real.

“No sé qué más puedo hacer”, dice McIntyre, quien tiene demasiado miedo de verificar cuál es el saldo de su préstamo. “Nunca saldré de este agujero”.

Braxton Brewington, de la unión de deudores Debt Collective, dice que es sorprendente cuántas personas mayores se conectan a las llamadas de la organización y asisten a sus protestas. Muchos de ellos, dice, deberían haber tenido sus deudas canceladas, pero fueron víctimas de un sistema «lleno de fallas, ilegalidades y casualidades». Muchos cuyas educaciones los han dejado con deudas en la vejez, de hecho, han pagado el principal de sus préstamos, a veces varias veces, pero aún deben más debido a intereses y tarifas.

Para aquellos que están sujetos a embargo, Brewington dice que los resultados pueden ser devastadores.

“Escuchamos de personas que se saltan comidas. Conocemos personas que diluyen su medicación o parten sus pastillas por la mitad. Las personas toman medidas drásticas como retirar todos sus ahorros o disolver sus planes de ahorro para la jubilación”, dice. “Conocemos a personas que han caído en la indigencia”.

Las cobranzas de préstamos en mora podrían haberse reiniciado sin importar quién fuera presidente, aunque la administración Biden intentó limitar la cantidad de ingresos que se podría embargar. La ley federal protege solo 750 dólares de los beneficios del Seguro Social del embargo, una cantidad que pondría a un deudor muy por debajo del umbral de pobreza.

“Básicamente estamos dando beneficios federales a las personas con una mano y quitándoselos con la otra”, dice Sarah Sattelmeyer del grupo de expertos New America.

Linda Hilton, una oficinista jubilada de 76 años de Apache Junction, Arizona, pasó por el embargo antes del covid y dice que sobrevivirá de nuevo. Pero los vuelos para ver a sus hijos, tener comidas ocasionales en un restaurante y otros placeres de la vida de jubilada pueden desaparecer.

“Va a significar restricciones”, dice Hilton. “No habrá viajes. No habrá lujos”.

Algunos deudores ya han recibido notificaciones sobre las cobranzas. Muchos más viven con miedo. El presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva pidiendo el desmantelamiento del Departamento de Educación y, para aquellos que buscan respuestas sobre sus préstamos, los despidos masivos han complicado que se respondan las llamadas.

Aunque la secretaria de Educación, Linda McMahon, dice que reiniciar las cobranzas es un paso necesario para los deudores “tanto por el bien de su propia salud financiera como por la perspectiva económica de nuestra nación”, incluso algunos de los partidarios más fervientes de Trump están cuestionando una medida que hará sus vidas más difíciles.

Randall Countryman, de 55 años, de Bonita, California, dice que una propuesta de la administración Biden para perdonar parte de la deuda estudiantil no le pareció justa, pero no está seguro de que el enfoque de Trump lo sea tampoco. Apoya a Trump, pero desearía que el gobierno tomara decisiones caso por caso sobre los deudores. Countryman piensa que los estadounidenses no se dan cuenta de cuántas personas mayores se ven afectadas por las políticas sobre préstamos estudiantiles, a menudo consideradas como un problema de los jóvenes, y lo difícil que puede ser para ellos pagar.

“El problema de un joven hoy”, dice, “es el problema de una persona mayor mañana”.

Countryman comenzó a trabajar en un título mientras estaba en prisión, luego lo continuó en la Universidad de Phoenix cuando fue liberado. Comenzó a ponerse nervioso a medida que acumulaba deuda de préstamos y nunca terminó su título. Ha tenido varios empleos, pero encontrar trabajo a menudo se ha complicado por su historial criminal.

Vive de la pensión del Seguro Social de su esposa y de la amabilidad de su suegra. No sabe cómo se las arreglarían si el gobierno exige el reembolso.

“En cierto modo, desearía no haber ido a la escuela en primer lugar”, dice.

Impuestos a las remesas en EE. UU., otra posible arma contra la inmigración y Latinoamérica

Impuestos
Fotografía de archivo de una persona que camina frente a una casa de cambio en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua (México). EFE/Luis Torres

Los Ángeles.- Los impuestos a las remesas se perfilan como un arma más de los republicanos en EE. UU. contra los inmigrantes indocumentados con al menos dos proyectos de ley, que de aprobarse, según activistas consultados por EFE, impulsarían más la inmigración hacia el país y serían catastróficos para países latinoamericanos empobrecidos.

La propuesta ‘Gran y Hermoso Proyecto de Ley’, presentada esta semana por los republicanos para su evaluación en La Cámara de Representantes, incluye un impuesto especial del 5 % a las remesas.

También espera ser debatido en la Cámara Baja el proyecto de  ‘Ley de Inversión en Seguridad Fronteriza’ que plantea un cobro del 37 % sobre las transferencias de dinero enviadas a los cinco países cuyos ciudadanos o nacionales tuvieron el mayor número de entradas ilegales a Estados Unidos.

«En lugar de mejorar el panorama de la inmigración indocumentada, estas propuestas lo van a empeorar. Estos legisladores republicanos no tienen en cuenta la raíz del problema, que en la mayoría de casos es la pobreza», dijo a EFE Juan José Gutiérrez, director de la Coalición de los Derechos Plenos para los Inmigrantes.

El activista de origen mexicano indica que la imposición de alguno de los impuestos propuestos a las remesas, incluso el del 5 %, afectará a regiones de por sí ya empobrecidas en toda Latinoamérica.

«Esto va a causar un efecto contrario, si las familias ya no reciben el dinero suficiente para subsistir van a verse obligadas a seguir el camino de sus seres queridos que ya viven en Estados Unidos», subrayó.

La directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), Teresa Tejada, pronostica una «catástrofe» para las economías de países centroamericanos si se aprueba alguno de estos impuestos.

Las remesas familiares de la diáspora de Centroamérica en EE.UU., de donde procede más del 95 % de su totalidad, representan entre el 25 % y el 30 % del Producto Interior Bruto (PIB) de Honduras, el 20 % del de Guatemala y el 24 % de El Salvador, de acuerdo con los datos oficiales disponibles.

Inspirados por Trump

Ambas propuestas republicanas respaldan la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha hecho del combate a la inmigración indocumentada una de sus prioridades.

El impuesto del 5 % sobre los envíos tiene como objetivo financiar las exenciones fiscales prometidas por el mandatario y apoyar iniciativas de seguridad fronteriza.

Este cobro se aplicaría a los envíos hechos por indocumentados, inmigrantes con residencia permanente, visas de trabajo o amparados con cualquier beneficio migratorio. Los ciudadanos estadounidenses estarían exentos del gravamen.

Se espera que el Legislativo le dé un trámite rápido al ‘Gran y Hermoso Proyecto de Ley’, y aunque actualmente no cuenta con los votos necesarios para ser aprobado, los activistas temen que el impuesto a las remesas del 5 % pueda mantenerse en una propuesta enmendada que logre el respaldo de la mayoría.

Desde su primer mandato Trump ha apoyado la imposición de gravámenes a las remesas, que este año le ayudarían a balancear los recortes prometidos en su campaña de reelección.

«La aprobación de un pequeño impuesto a las remesas así sea de solo el 5 % abre la puerta para que más adelante este gravamen suba aún más», advierte Gutiérrez, que espera que la iniciativa de imponer un impuesto del 37 % a las remesas de los cinco países con más inmigrantes no prospere.

Sin embargo, Tejada señala propuestas tan radicales como la del congresista republicano por Florida Carlos Giménez, que solicitó recientemente al secretario del Tesoro, Scott Bessent, «eliminar» en su totalidad las remesas a Cuba, en este caso, como castigo al régimen en la isla.

La activista salvadoreña, sin embargo, dijo que «los envíos que hacen los inmigrantes no son para un gobierno, sea el que sea, son para las familias que necesitan de esa ayuda. No depende de quién esté en el poder».

El malestar por la propuesta del cobro del 5 % a las remesas llegó hasta México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la medida como una «injusticia», señalando que ya los inmigrantes pagan gravámenes.

«A ver: cómo van a gravar si ya pagan impuestos los mexicanos allá (…) Todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no tengan documentos, todos pagan impuestos», afirmó la mandataria mexicana.

Compañía de Nueva Jersey advierte a pasajeros ante posible huelga ferroviaria

Un aviso electrónico que le pide a la gente tomar precauciones por posibles interrupciones en el transporte, en la estación Secaucus Junction en Secaucus, Nueva Jersey, el 14 de mayo del 2025. (Foto: AP/Seth Wenig)

New Jersey Transit instó a los pasajeros a llegar a sus destinos antes del final del día jueves o arriesgarse a quedarse varados, mientras continuaban las conversaciones en un intento por evitar una huelga ferroviaria por parte de los ingenieros de trenes que afectaría a unos 350.000 viajeros que trabajan en Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York.

El aviso proporcionó a los pasajeros detalles sobre los planes de contingencia que entrarían en vigor si los ingenieros abandonan el trabajo a las 12:01 de la mañana EDT del viernes. La agencia planea aumentar el servicio de autobuses, diciendo que agregaría una capacidad «muy limitada» a las rutas de autobuses de cercanías existentes en Nueva York en proximidad a las estaciones de tren y contratará a transportistas privados para operar el servicio de autobuses durante los períodos pico de los días laborables.

Sin embargo, la agencia señaló que los autobuses no podrían manejar ni cerca del mismo número de pasajeros —solo alrededor del 20% de los clientes actuales del tren— por lo que ha instado a las personas que puedan trabajar desde casa a hacerlo si hay una huelga.

NJ Transit —el tercer sistema de tránsito más grande del país— opera autobuses y trenes en el estado, proporcionando casi 1 millón de viajes entre semana, incluidos los que van a la ciudad de Nueva York. Una huelga detendría todos los trenes de cercanías de NJ Transit, que proporcionan rutas de transporte público muy utilizadas entre la estación Penn de Nueva York en un lado del río Hudson y las comunidades en el norte de Nueva Jersey en el otro, así como el aeropuerto de Newark, que ha lidiado con retrasos no relacionados recientemente.

Los salarios han sido el principal punto de fricción en las negociaciones entre la agencia y la Hermandad de Ingenieros de Locomotoras y Maquinistas. El sindicato dice que sus miembros ganan un salario promedio de 113.000 dólares al año y afirma que se podría llegar a un acuerdo si el CEO de la agencia, Kris Kolluri, acepta un salario promedio anual de 170.000 dólares.

Sin embargo, la dirección de NJ Transit disputa los datos del sindicato, diciendo que los ingenieros tienen ingresos totales promedio de 135.000 dólares anualmente, con los que más ganan superando los 200.000.

Si ocurre la huelga, sería la primera huelga de tránsito del estado en más de 40 años. Llega un mes después de que los miembros del sindicato rechazaran abrumadoramente un acuerdo laboral con la administración.

Las partes se reunieron el lunes con una junta de mediación federal en Washington para discutir la disputa, pero ambas partes y la junta han declinado comentar si se ha logrado algún progreso en las conversaciones posteriores.