Defensores de los inmigrantes en Los Ángeles -incluida la alcaldesa, Karen Bass- advirtieron este lunes que el fallo temporal del Tribunal Supremo, que permite a las autoridades migratorias detener a personas sospechosas de ser indocumentadas por su apariencia o hablar español en la ciudad, tendrá un impacto nacional.
“Quiero que toda la nación me escuche cuando digo que esto no es solo un ataque contra los inmigrantes de Los Ángeles. Es un ataque contra cada persona en esta ciudad y en cada ciudad de nuestro país”, dijo Bass sobre la decisión de la Corte Suprema emitida hoy.
El máximo tribunal estadounidense bloqueó este lunes el fallo de un juez federal que detuvo los arrestos migratorios en Los Ángeles, basados simplemente en la apariencia de las personas, el idioma que hablan, o el trabajo que realizan, en respuesta de una demanda entablada por personas afectadas y organizaciones comunitarias, desatadas el pasado 6 de junio.
La ciudad de Los Ángeles se unió a la querella legal contra el Gobierno del presidente, Donald Trump, quién acusó a los jueces del Supremo de «socavar» los derechos de millones de personas en el país.
El dictamen de la Corte Suprema permite que los agentes federales retomen sus redadas en la zona metropolitana de Los Ángeles y otros dos condados mientras el caso continúa en el tribunal inferior.
En este sentido, Bass aseguró que la ciudad de Los Ángeles “ha sido utilizada como prueba de dominio total y poder sin control” por parte del Gobierno Trump, lo que le ha permitido avanzar con la militarización y toma de control de ciudades demócratas.
A las críticas de Bass, se unió el gobernador de California, Gavin Newsom, que describió a la Corte Suprema como “el Gran Mariscal de un desfile de terror racial” en Los Ángeles.
“La Policía privada de Trump ahora tiene el permiso para perseguir a su familia — y todos estamos en riesgo — pero seguiremos luchando contra estos ataques abominables contra los californianos”, sentenció el demócrata.
La decisión del máximo tribunal representa una victoria significativa para la Casa Blanca, que impulsa su política de deportaciones masivas y ha puesto como uno de sus principales objetivos demócratas como Los Ángeles.
La subsecretaria del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Tricia McLaughlin, celebró el fallo del Supremo y declaró que las autoridades migratorias “no se detendrán” y continuarán arrestando y deportando a indocumentados en Los Ángeles.
El DHS también anunció este lunes un operativo a gran escala en Chicago y Boston. El fallo del Supremo de hoy se da como un precedente si las ciudades presentan recursos legales similares a la ciudad californiana.
En pie de lucha
A pesar del revés en el Supremo, los abogados que representan a los demandantes, cinco trabajadores detenidos y cuatro organizaciones — La Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla) y el Centro Legal de Defensores de los Inmigrantes—, aseguraron hoy que la batalla legal no ha terminado.
Una audiencia sobre la querella legal, que argumenta que el Gobierno Trump ha arrestado y detenido “inconstitucionalmente” a personas para cumplir con una cuota “arbitraria” de arrestos y de perfil racial, está programada para el 24 de septiembre.
Angélica Salas, directora ejecutiva de Chirla, hizo un llamado a la sociedad civil para protestar tanto por las acciones de las autoridades migratorias y la decisión del Supremo.
“Aquí, ningún ciudadano (estadounidense) o no ciudadano, ninguno está protegido si nosotros no luchamos por nuestros derechos”, insistió la activista.
Las organizaciones también instaron a la comunidad a denunciar atropellos de las autoridades migratorias.
