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Grupos acusan al Supremo de permitir la «mayor deslegalización» de migrantes en EE. UU.

Supremo
Fotografía de archivo. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Los Ángeles.- Defensores de los inmigrantes condenaron este viernes la decisión del Supremo de EE. UU. de permitir al Gobierno Trump poner fin a la protección legal temporal para más de medio millón de inmigrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, calificando el fallo como «la mayor deslegalización» migratoria en la historia moderna del país.

La máxima corte estadounidense dejó sin efecto una orden temporal de una juez federal que consideró que la Casa Blanca no podía anular el llamado «parole humanitario» concedido por la Administración de Joe Biden (2021-2025), que permitía a estas 532.000 personas vivir y trabajar de manera provisional en EE. UU.

Sin embargo, la decisión del Supremo de hoy es temporal y el litigio legal deberá continuar en un tribunal federal de Massachusetts.

En febrero pasado las organizaciones Justice Action Center y Human Rights First presentaron una demanda en nombre de los beneficiarios del programa conocido como CHNV y sus patrocinadores, junto con la organización Haitian Bridge Alliance, para detener la decisión de Trump de poner fin al beneficio.

La decisión de hoy representa «la mayor deslegalización de este tipo en la era moderna», declaró este viernes en un comunicado Karen Tumlin, directora de Justice Action Center.

«La Corte Suprema ha permitido que la Administración Trump desate un caos generalizado, no solo para nuestros clientes y los miembros de la demanda colectiva, sino también para sus familias, sus lugares de trabajo y sus comunidades», agregó la activista.

En contraste, el Departamento de Seguridad Interna de EE. UU. aplaudió la decisión de la máxima corte y dijo que reanudará «las expulsiones» de los inmigrantes amparados con este programa humanitario.

“Finalizar los programas de libertad condicional CHNV, así como las libertades condicionales de quienes se aprovecharon de ellos, será un retorno necesario a políticas sensatas, a la seguridad pública y a la idea de Estados Unidos Primero”, dijo en un comunicado la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin

Por su parte, Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, destacó que la población afectada, la mayoría residente del sur de Florida, ha hecho todo lo que el gobierno federal de EE. UU. les ha pedido, ya que ingresaron de forma legal al país con un permiso de estancia legal de dos años.

El expresidente Biden usó el poder del Ejecutivo para facilitar la inmigración legal de ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, entre las nacionalidades con mayor afluencia entonces en las llegadas irregulares a la frontera sur con México.

Sin embargo, al final de su mandato anunció que no extendería los permisos de estancia, lo que habría pesado para inclinar la balanza a favor de Trump en la decisión del Supremo.

Anwen Hughes, directora de Estrategia Legal de Programas para Refugiados de Human Rights First, advirtió que la postura de los demandantes sigue siendo la misma: «la Administración Trump está actuando de forma arbitraria e ilegal para intentar revocar masivamente el estatus legal de medio millón de personas, y no lo toleraremos», por lo que se proseguirá con la demanda.

El de hoy es el segundo fallo del Supremo que afecta a los venezolanos tras autorizar hace 10 días a Trump el retiro del Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 350.000 inmigrantes de esa nación.

EE. UU. sabía que mayoría de migrantes enviados a El Salvador no tenía antecedentes, según un informe

El Salvador
Foto de archivo que muestra a un soldado haciendo guardia a las afueras del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador. EFE/ Rodrigo Sura

Los Ángeles (EE. UU.)- El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, sabía que la mayoría de los 238 inmigrantes venezolanos que envió a una prisión de máxima seguridad en El Salvador acusándolos de ser terroristas no habían sido condenados por delitos en Estados Unidos, reveló un análisis de datos del Departamento de Seguridad Interna (DHS), publicado este viernes.

La información oficial obtenida por ProPublica y The Texas Tribune, junto a los medios venezolanos Cazadores de Noticias Falsas y Alianza Rebelde Investiga, reveló que solo 32 de los 238 enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) habían sido condenados por delitos cometidos en Estados Unidos.

Además, la mayoría de los delitos por los que fueron acusados los 32 migrantes son clasificados como no violentos, entre los que se incluye robo en tiendas o infracciones de tránsito.

El hallazgo contradice las justificaciones del presidente Trump y sus asesores para encarcelar en un tercer país a los inmigrantes a los que tildó de «lo peor de lo peor» de los criminales.

El mandatario republicano invocó una ley de 1789 -conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros- para justificar las expulsiones de los migrantes venezolanos, acusándolos de ser parte del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que el Gobierno calificó como «terrorista».

En contraste, los datos entregados por el DHS indican que el Gobierno Trump sabía de condenas por hechos violentos contra solo seis de los expulsados a El Salvador: cuatro por agresión, uno por secuestro y uno por un delito relacionado con armas.

Además, la información oficial reveló que más de la mitad (130) de los encarcelados en la megacárcel no tenían antecedentes penales ni cargos pendientes; solo se les había clasificado por haber violado las leyes de inmigración.

En cuanto a los delitos cometidos fuera de EE.UU., una investigación de ProPública y Texas Tribune encontró evidencia de arrestos o condenas para 20 de los 238 hombres. “De ellos, 11 involucraban delitos violentos como robo a mano armada, asalto o asesinato”, incluyendo a un hombre solicitado en extradición por Chile para enfrentar cargos de secuestro y tráfico de drogas. Otros cuatro habían sido acusados ​​de posesión ilegal de armas.

Los medios también analizaron listas de presuntos pandilleros que mantienen las fuerzas del orden venezolanas y la Interpol, que incluye unos 1400 nombres, pero ninguno de los nombres de los 238 venezolanos deportados coincidía con los de las listas.

El informe se suma a un reporte del Instituto Cato que reveló que al menos 50 venezolanos enviados por Trump a la megacárcel ingresaron legalmente a Estados Unidos.

La Casa Blanca mantiene batallas judiciales por enviar a varios inmigrantes de forma errónea a El Salvador, entre ellos el caso del salvadoreño Kilmar Abrego García, al que reconoció que deportó por error, pero se niega a regresar.

La Corte Suprema prohibió al Gobierno continuar con las expulsiones al país centroamericano mientras que se resuelven varias demandas en contra de esta práctica en las cortes de menor instancia.

All Philadelphians Should Live in a Safe, Healthy Home

(Foto: Ilustrativa/Pexels)

Every resident of Philadelphia should live in a home that is safe and healthy. City Council has an opportunity to get closer to that reality by passing Councilmember Nicolas O’Rourke’s Safe Healthy Homes Act. This package of legislation contains three ordinances that clarify and strengthen renters’ rights to safety, repair, and relocation.

I know how important this is because I’ve lived it. I’ve had the experience of renting from an absentee corporate landlord who failed to care for my home and then retaliated against me when I stood up for myself, leaving me and my family in danger.

When we moved into our Germantown apartment in 2018, I could see problems from the start. There were cracks in the window sills that let in bugs. There were rodents in the home. There was significant water damage in the ceilings and the floors, to the point that the floors were warped.

Over a period of years, I put in repeated maintenance requests to the property owner, who ignored me, all while I held up my end of the lease and paid my rent on time. The last straw for me came when I had no heat for an entire winter. So I filed a complaint with the city’s Department of Licenses and Inspections.

My corporate landlord responded to my complaint by evicting me and my family from the apartment in retaliation. I cannot overstate the mental and emotional harm this experience did to us. We lived in an unhealthy, unsafe home, a home from which we were removed because I stood up for all of us in the face of an absentee corporate landlord.

I eventually prevailed in my eviction proceedings. But it took two years. That was two years of instability and hardship for me and my family. It also took two years from the time that I called the L&I department to the time that someone from their staff saw my apartment.

How can that department fulfill its mission if it takes two years to respond to a complaint? Research has shown that over 40% of renters in Philadelphia live in housing in need of repairs. 

Councilmember O’Rourke’s legislative package has numerous provisions that would protect renters like me. The right to repairs bill authorizes the Department of Licenses and Inspections to establish a proactive inspection program so that we can have inspections before a crisis happens instead of waiting until it’s too late. 

I have also joined renters across the city in advocating for City Council to add $10 million to the budget for L&I to give the department the staff and resources needed to launch a pilot proactive inspection program. L&I has been underfunded and dysfunctional for decades in Philly, and it’s time to change that. The cost of doing nothing is paid for by tenants in our health – and sometimes our lives.

One of the bills that O’Rourke has proposed would strengthen a renter’s right to safety. That means that landlords would be prohibited from retaliating against renters for filing necessary maintenance requests and complaints to city government when properties are in disrepair. There would be consequences if they do retaliate.

Most low-income renters in our city like me are afraid to speak out about the conditions we live in, not only because of fear of retaliation, but also because the only housing options we can afford are in such horrible slum conditions that we are afraid that, if L&I comes, they will shut the whole building down and put us out on the street. That is why the final bill in the Safe Healthy Homes Act is the right to relocation. It would establish a fund to cover moving costs for renters when the department has to issue a cease operations order due to uninhabitable conditions.

Landlords who follow the law, respect their tenants, and maintain their properties have nothing to fear from this legislation. It is only the absentee, irresponsible landlords who have anything to worry about. 

These ordinances will correct years of corporate property owners and city government looking the other way while vulnerable Philadelphians have lived in crisis in unsafe, unhealthy conditions.

Working class Black renters like me are sick of being treated like we’re disposable. It’s time for the city to step up and protect us renters. I hope City Council passes the Safe Healthy Homes Act so that families like mine can live in homes with dignity and security.

Janet White is a former nurse and home health aide, a member of Philly Thrive, and a resident of Germantown. City Council’s Committee on Housing, Neighborhood Development, and the Homeless is scheduled to consider the Safe Healthy Homes Act on June 3.

En Pensilvania Trump anuncia que si subirá los aranceles al acero hasta el 50 %

Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/Francis Chung

Nueva York.- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que los aranceles a las importaciones de acero impuestos el pasado marzo subirán del 25 % al 50 %.

«Vamos a subir del 25 % al 50 % los aranceles sobre el acero en los Estados Unidos, lo que asegurará aún más la industria en el país», informó el mandatario en un mitin celebrado en una fábrica de U.S. Steel en la ciudad de Pittsburgh (Pensilvania).

El líder republicano celebró que el público del evento, lleno de trabajadores de esta industria, «entiende la palabra arancel mejor que la gente de Wall Street», y señaló que «arancel» es su cuarta palabra favorita después de «Dios, esposa y familia».

Según el presidente, en un principio pensó en incrementar estos gravámenes al 40 % pero ejecutivos de la industria le pidieron que los subiera al 50 %.

El anuncio de Trump tiene lugar apenas un día después de que una Corte de Apelaciones levantara el bloqueo del Tribunal de Comercio Internacional de buena parte de la política arancelaria de Trump sobre las importaciones de numerosos países.

Este bloqueo no habría afectado a los gravámenes al acero sino a los anunciados el 2 de abril, que consisten en un arancel global del 10 % para prácticamente todos los socios comerciales de EE.UU.

Además, también habría bloqueado a una proporción -que quedó congelada hasta julio para firmar acuerdos- que varía según el país en función de déficits y volúmenes comerciales y que la Casa Blanca etiquetó como «aranceles recíprocos».

En el mitin celebrado hoy en Pittsburgh, el presidente se centró en celebrar la alianza a la que dio luz verde el pasado 23 de mayo entre la acería japonesa Nippon Steel y la estadounidense U.S. Steel.

El mandatario aseguró ese día que este acuerdo, que el pasado 3 de enero fue bloqueado por el entonces presidente Joe Biden, crearía al menos 70.000 empleos y aportaría 14.000 millones de dólares a la economía estadounidense.

Trump dijo, antes de la decisión de Biden, que se oponía frontalmente a la operación, pero tras retornar a la Casa Blanca y recibir en febrero al primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, se mostró favorable a que Nippon Steel pueda adquirir una participación limitada en el gigante estadounidense venido a menos.

Hoy, el presidente afirmó que la alianza «asegurará que esta empresa americana histórica siga siendo estadounidense» y expresó que «Japón ha sido un gran amigo» durante sus años como presidente, refiriéndose a su anterior mandato.

«Una industria siderúrgica fuerte no es solo una cuestión de dignidad, prosperidad y orgullo. Es, sobre todo, una cuestión de seguridad nacional», apuntó.

Además, volvió a defender su política arancelaria asegurando que hace seis meses Estados Unidos era una nación «que se estaba muriendo» y de la que ahora «se habla en cualquier parte del mundo».

The fiscal year-end is approaching, and the city is preparing its budget

fiscal
City Council Chamber. (Photo: Courtesy of Chris Mansfield / Philadelphia City Council)

A fiscal year is a 12-month period used for budgeting and financial reporting. The City’s fiscal year runs from July 1 to June 30.
For example, Fiscal Year 2026 will begin on July 1, 2025, and end on June 30, 2026.

The operating budget covers daily services and programs such as library services and building inspections. It also includes personnel costs such as salaries, pensions, and benefits for city workers.

Revenue refers to the funds collected by the City to support its operations during a fiscal year. There are four categories: taxes, locally generated non-tax revenue, intergovernmental revenue, and revenue from other funds.

Expenditures are the funds spent by the City during a fiscal year to carry out its operations.

Fund balance is the amount of money remaining in a fund at the end of the fiscal year after accounting for all revenues and expenditures.

Because this is your city and your budget, we are also sharing a few bills that were introduced earlier this month during the May 9 City Council session.

Among the approved legislation was  #240665-AA, introduced by Councilmember Quetcy Lozada (7th District), which would regulate mobile vehicle service providers. The bill passed with a final vote of 13-3, with At-Large Councilmembers Kendra Brooks, Nicolas O’Rourke, and Rue Landau voting against it.

Councilmember Kendra Brooks, At-Large, Minority Leader. (Photo: Chris Mansfield / Philadelphia City Council)

The bill allows services to operate in the PAD parking lot at 265 East Lehigh Avenue. Mayor Cherelle L. Parker’s administration, in partnership with Councilmember Lozada, may also establish additional service locations. Any provider violating this ordinance will be fined $1,000.

If Mayor Parker signs the bill into law, it will go into effect 60 days after being enacted.

Other bills approved recently include:

Bill #250065, better known as the POWER Act (Protect Our Workers, Enforce Rights). This legislation provides legal tools for Philadelphia’s Department of Labor to enforce local labor laws.

Bill #240581, which formally renames the Overbrook Park Branch Library, located at 7422 Haverford Avenue, Philadelphia, PA 19151, as the Robert A. Brady Library, honoring the dedication and service of the former U.S. Congressman and longtime chair of the Philadelphia Democratic Party, the Honorable Robert A. Brady.

Bill #240750, introduced by Councilmember Cindy Bass (8th District), renames the property commonly known as the Waterview Recreation Center, located at 5826 McMahon Street, as the Donna Reed Miller Recreation Center, in honor of the former Councilmember.

Councilmember Cindy Bass, District 8. (Photo: Courtesy of Chris Mansfield / Philadelphia City Council)

Bill #250067, authorizes the Commissioner of Public Property, on behalf of the City, to acquire from the Commonwealth of Pennsylvania a perpetual easement across land at the intersection of Southampton Road and Roosevelt Boulevard. The purpose is to allow for public roadway improvements and related work under certain terms and conditions.

All approved bills will now move to Mayor Parker’s desk to be signed into law or vetoed.

For more information about these and other bills, visit: https://phlcouncil.com

This content is a part of Every Voice, Every Vote, a collaborative project managed by The Lenfest Institute for Journalism. Lead support for Every Voice, Every Vote in 2024 and 2025 is provided by the William Penn Foundation with additional funding from The Lenfest Institute for Journalism, Comcast NBC Universal, The John S. and James L. Knight Foundation, Henry L. Kimelman Family Foundation, Judy and Peter Leone, Arctos Foundation, Wyncote Foundation, 25th Century Foundation, and Dolfinger-McMahon Foundation. To learn more about the project and view a full list of supporters, visit www.everyvoice-everyvote.org. Editorial content is created independently of the project’s donors.

Camarones al chipotle: sabor que conquista

camarones

La historia de este crustáceo se remonta a la antigüedad, donde diferentes civilizaciones como los egipcios lo valoraban como un alimento exquisito y lo utilizaban para rituales religiosos. En Grecia y Roma, eran considerados un manjar solo para la realeza y la clase alta, y servían para curar la resaca y aliviar dolores estomacales, en China representaban longevidad y buena fortuna, se utilizaban en celebraciones y banquetes para atraer la buena suerte.

En la cultura maya, los camarones eran consumidos de manera tradicional como el ceviche, que era una fuente alta de proteínas y bajo contenido de grasas, que lo convierte en una manera saludable de incluir en la dieta diaria.

Se pueden encontrar en todo el mundo, tanto de agua salada como dulce, y existen gran variedad de ellos, como el camarón rosado, camarón azul, camarón tigre negro, camarón de agua dulce, etc. Existe una variedad diversa para su preparación, al ajillo, a la diabla, mantequilla, al chipotle, entomatados, y zarandeado, etc.

Según una plataforma en línea Taste Atlas se dio a conocer el mejor platillo a nivel mundial con mariscos y correspondió a uno mexicano, los camarones al chipotle que fue preparado con una combinación de tomates, aceite de oliva, chiles chipotles, jengibre, ajo, jugo y ralladura de naranja, sal y pimienta.

INGREDIENTES

500 gramos de camarones pelados y desvenados
2 ajos picados finamente
4 cucharadas de mantequilla
2 chiles chipotles adobados (al gusto)
½ cebolla finamente picada
1 taza de crema ácida
Jugo de un limón
Sal y pimienta al gusto
Unas ramas de cilantro picado (opcional)

PROCEDIMIENTO

Lavar los camarones y secarlos con papel absorbente. Se reserva.

En un sartén se derriten 2 cucharadas de mantequilla a fuego medio y se añaden los camarones a que cambien por color rosado (aproximadamente por 2 minutos). Se reservan

En otra sartén se derrite el resto de la mantequilla, se añade la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes, se incorporan los chiles chipotles adobados picados y se cocina por 3 minutos más, agregue la crema ácida y mezcle bien todos los ingredientes. Se incorporan los camarones bañando con la salsa, se agrega sal y pimienta y se cocina a fuego bajo, se rocía con jugo de limón y se sirven calientes decorando con el cilantro picado. Se puede acompañar con arroz blanco o una ensalada verde.

NOTA: Se pueden preparar sin la crema, quedando solo el chipotle.

How terrorist leaders are buying democracy

Terrorist
A 13-year-old private Boeing aircraft that President Donald Trump toured on Saturday to check out new hardware and technology features, and highlight the aircraft maker's delay in delivering updated versions of the Air Force One presidential aircraft, takes off from Palm Beach International Airport, Feb. 16, 2025, in West Palm Beach, Fla. (AP Photo/Ben Curtis, File)

The world—and you—should be shocked by the actions of our current president, who is publicly making a fool of himself and our country, as he meets with Middle Eastern leaders. Many already knew that Trump and his family are receiving great gifts and business concessions from these dictators. This includes a 747 jetliner from Qatar, valued at over $400 million. Just so you know, it would take 3–4 years to make it suitable for a president to use for official business.

The hot foreign gift issue for the Republican Party for years had been that Hunter Biden was getting a couple of million dollars from the Chinese, and that his father was influencing these transactions and also benefiting from them.

The right wing was never able to prove wrongdoing by Hunter or his father.

This administration led you to believe that there was a crisis at the border, claiming that Biden had let into the USA millions of criminals who were raping and killing our citizens. They also claimed that Tren de Aragua, the Venezuelan gang, was being directed by the Maduro government to attack the USA.

The Tren gang came to the attention of the Trump campaign through false information suggesting they were taking over the Aurora housing project and much of Aurora, Colorado. Even though all key Colorado elected officials denied this, Trump and company continued beating this drum, along with their other lie that Haitians were eating cats and dogs.

And recently, the Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, fired the top National Intelligence Council officials, just weeks after the NIC wrote an intelligence report rebuking some of the Trump administration’s claims about the Venezuelan gang Tren de Aragua.

According to a report from Fox News on Wednesday, Gabbard fired Mike Collins, the Acting Chair of the National Intelligence Council, and his deputy, Maria Langan-Riekhof, on Tuesday. Collins and Langan-Riekhof were reportedly accused by whistleblowers of being «radically opposed to the Trump agenda.”

The firings came just a few days after Gabbard’s office authorized the partial declassification of an NIC report that found Venezuela’s government was not directing the movement of Tren de Aragua gang members to the United States, and did not have effective control over the gang’s operations.

The intelligence assessment contradicted the Trump administration’s claims that the gang was «undertaking hostile actions and conducting irregular warfare against the territory of the United States, both directly or under the direction, clandestine or otherwise, of the Maduro regime in Venezuela,» as written by Trump in his proclamation invoking the Alien Enemies Act, the same act he used to suspend the due process rights of Venezuelan immigrants.

The NIC report is proof that there was no habeas corpus, meaning there was no body or evidence for Trump to claim he could invoke the Alien Enemies Act.

Nowhere in the records can you find that Tren de Aragua or MS-13 are like Saudi Arabia and Qatar. These are countries with serious accusations of human rights abuses within their own borders and internationally.

No one in the Republican Party is questioning these facts, nor are they requesting to see the laptops of Trump’s children.

Nor has the right wing questioned all the border actions and outlandish statements by Trump and his cabinet that have been false. They should demand a release of their records, which will show their lies are built on lies.

The Trump administration initially said it would deport all undocumented immigrants, estimated by some to be as many as 12 million. This would mean they would have to expel 3 million per year. Right now, it is estimated that the number of deportees by the end of May could be as many as 80,000 to 90,000. Of these, probably 50% or more were deported illegally, without habeas corpus hearings.

Trump has now lowered his goal to 1 million by the end of his first year. This would mean they would have to deport 115,000 per month.

Experts guess that after a year, it is almost impossible for the administration to reach 1 million, and that a more realistic number is 300,000. Not to mention that they are opening the doors to white South Africans, claiming there is a genocide taking place against them—another amazing lie. There is no evidence of a genocide of white South Africans.

At the same time, the media needs to expose all the money being spent on this deportation campaign: internments, foreign imprisonment contract costs (like the one with El Salvador), and the cost of having military personnel deployed at the border. What is the cost of deporting one person? As of today, it is estimated that it could be costing as much as one million dollars per deportee.

So, while the White House touts that they are only deporting criminal and terrorist immigrants, they are profiting from and sleeping with obvious terrorists.

Nowhere will you find that Tren de Aragua or MS-13 are selling arms to terrorist groups like Hamas, or implicated in the deaths related to 9/11, or in the killing of an American journalist.

At the same time, many of our human rights activists do not mention the two gangs used as the tip of the spear for all the Trump anti-immigrant rhetoric. Our friends, by not defending the right to belong to a gang and have a tattoo, are playing right into the politics of the administration.

Gang members have human rights just like the rest of us—and of course, so do all immigrants and refugees.

La gobernadora de Puerto Rico promete poner fin a la supervisión fiscal de ente federal

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Fotografía de archivo de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, durante un acto público, en San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca

San Juan.- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, prometió este jueves poner fin a la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en la isla y al contrato con el operador eléctrico LUMA Energy, dos de las cuestiones que más rechaza la población.

«Solo con una visión clara sobre lo que queremos, y la toma de decisiones correctas, es que Puerto Rico va a poder salir del organismo no electo (la JSF), impuesto por nuestra condición colonial», dijo González durante su primer mensaje de situación de Estado.

La JSF fue impuesta por el Congreso de Estados Unidos con el fin de reestructurar la multimillonaria deuda pública de la isla y supervisar sus finanzas públicas.

En el Capitolio (sede del Legislativo), la gobernadora reconoció que durante los casi 10 años que la JSF ha supervisado las finanzas públicas de la isla, «el camino ha sido duro y lleno de lecciones» que como Gobierno y sociedad deben asegurarse de no repetir.

«Es por eso que mi administración tiene como una de sus prioridades culminar con la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal en la isla, y comenzar el camino hacia una transición», subrayó entre aplausos.

Para lograr el fin del «fatídico recuerdo de la Junta» -dijo la gobernadora- es necesario tener «disciplina fiscal y presupuestaria», aprobando presupuestos balanceados como el que ya han ejecutado.

El presupuesto para el nuevo año fiscal, que comienza en julio próximo, tiene un aumento de 1,5 % para un total de cerca de 13.100 millones de dólares.

La situación energética, «el mayor reto»

Otro de los temas abordados por la gobernadora en su discurso fue la crisis del sistema eléctrico de la isla, que sufre frecuentes apagones, dos de ellos generales en los últimos meses.

Por ello, enfatizó que «¡LUMA se va!», en alusión al operador privado encargado de la transmisión de la electricidad, ya que «el mayor reto» y el problema «más urgente» del Gobierno es la situación energética.

«Nuestro pueblo merece una red eléctrica que funcione, que no falle cada vez que llueve», aseveró la mandataria, que hizo hincapié en que el Ejecutivo trabaja «con urgencia y con compromiso» para lidiar con este problema.

Para tranquilizar a la población ante los temores a un verano de apagones, González aseguró que el estado del sistema de generación es «mucho mejor» que el que hubo en los veranos de 2020 a 2024.

Defiende la anexión a EE. UU.

González es una férrea defensora de la ‘estadidad’, anexión de Puerto Rico a EE. UU., una idea en la que volvió a insistir durante su mensaje de situación de Estado.

«Como gobernadora, voy a conseguir que Puerto Rico se convierta en estado de EE. UU.», subrayó, animando a «luchar para que se cumpla».

La gobernadora aludió a las cuatro consultas no vinculantes celebradas en la isla y que han favorecido ‘la estadidad’, una opción que -dijo- «no es solo una meta: es un derecho».

No obstante, por ahora, el Gobierno estadounidense de Donald Trump no ha mostrado ningún interés por aprobar la celebración de un referéndum vinculante en la isla ni por conceder la ‘estadidad’.

Expertos: La mitad de la población mundial sufrió mes extra de calor extremo por el cambio climático

Varias personas toman el sol en un paseo en Barcelona, España, el 24 de julio de 2024. (Foto: AP/Emilio Morenatti/Archivo)

Los científicos afirman que 4.000 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población mundial, experimentaron al menos un mes adicional de calor extremo debido al cambio climático causado por el ser humano entre mayo de 2024 y mayo de 2025.

El calor extremo causó enfermedades, muertes, pérdidas de cultivos y tensiones en los sistemas de energía y atención médica, de acuerdo con el análisis de World Weather Attribution, Climate Central y la Cruz Roja.

«Aunque las inundaciones y los ciclones suelen acaparar los titulares, el calor es posiblemente el fenómeno extremo más letal», indicó el reporte. Muchas muertes relacionadas con el calor no se reportan o se etiquetan incorrectamente bajo otras condiciones como enfermedades cardíacas o insuficiencia renal.6

Los científicos utilizaron métodos revisados por pares para estudiar en qué medida el cambio climático ha elevado las temperaturas en un episodio de calor extremo y calcularon cuán más probable era su ocurrencia debido al cambio climático. En casi todos los países del mundo, el número de días de calor extremo al menos se ha duplicado en comparación con un mundo sin cambio climático.

Las islas del Caribe estaban entre las zonas más afectadas por los días adicionales de altas temperaturas. Puerto Rico, un territorio de Estados Unidos, soportó 161 días de calor extremo. Sin el cambio climático, solo se habrían producido 48.

“Hace que sea imposible estar afuera”, apuntó Charlotte Gossett Navarro, directora general para Puerto Rico de la Hispanic Federation, una organización sin fines de lucro centrada en temas sociales y ambientales en comunidades latinas. Navarro reside en la zona de San Juan y no participó en el informe.

“No pudimos hacer algo tan simple como intentar pasar un día al aire libre con la familia porque el calor era demasiado alto”, dijo agregando que el verano pasado se sintió mareada y enferma.

Cuando se va la luz, algo que ocurre frecuentemente en Puerto Rico —debido, en parte, a décadas de descuido en el mantenimiento de la red y a los daños del huracán María en 2017—, Navarro dijo que es difícil dormir. “Si eres alguien relativamente sano, es incómodo, es difícil dormir… pero si tienes algún problema de salud, ahora tu vida está en peligro”, afirmó.

Las olas de calor son asesinas silenciosas, dijo Friederike Otto, profesora asociada de ciencia climática en el Imperial College de Londres y una de las autoras del informe. “La gente no cae muerta en la calle durante una ola de calor… la gente muere en hospitales o en casas mal aisladas y, por lo tanto, simplemente no se ve”.

Las comunidades de bajos ingresos y las poblaciones vulnerables, como los adultos mayores y las personas con afecciones médicas, son las que más sufren por el calor extremo.

Las altas temperaturas registradas en los episodios de calor extremo que ocurrieron en Asia Central en marzo, en Sudán del Sur en febrero y en el Mediterráneo el pasado julio no habrían sido posibles sin el cambio climático, según el informe. Al menos 21 personas murieron en Marruecos después de que los termómetros alcanzaran los 48 grados Celsius (118 Fahrenheit) en julio.

La gente nota que las temperaturas son cada vez más altas, pero no siempre sabe que están impulsadas por el cambio climático, señaló Roop Singh, jefe de urbanismo y atribución del Centro Climático de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, en un comunicado de World Weather Attribution.

“Tenemos que ampliar rápidamente nuestra respuesta al calor a través de mejores sistemas de alerta temprana, planes de acción contra el calor y planificación a largo plazo para el calor en áreas urbanas para enfrentar este creciente desafío», apuntó Singh.

Las iniciativas municipales para hacer frente a las temperaturas extremas están ganando popularidad en partes del sur de Asia, América del Norte, Europa y Australia con el fin de coordinar recursos gubernamentales y de otras agencias. Un ejemplo es una iniciativa en Marsella, Francia, para plantar más árboles y crear más zonas de sombra.

De acuerdo con el reporte, las estrategias para prepararse para las olas de calor incluyen sistemas de vigilancia y alerta de temperaturas extremas, ofrecer servicios sanitarios de emergencia, refugios climatizados, la actualización de los códigos de construcción, el cumplimiento de las normas de seguridad contra el calor en el trabajo y diseñar ciudades que puedan soportar mejor el calor.

Pero si no se eliminan los combustibles fósiles de forma gradual, las olas de calor seguirán siendo cada vez más intensas y frecuentes, y las medidas de protección perderán su efectividad, dijeron los científicos.

Ya inmunes a los cambios arancelarios, importadores de EE. UU. ven decisiones legales como un costo más

Compradores pasan por delante de una tienda de Calvin Klein en Citadel Outlets, en Commerce, California, el 14 de abril de 2025. (Foto: AP/Damian Dovarganes/Archivo)

Las empresas, ya sacudidas por los aranceles intermitentes de Donald Trump, sufrieron más sobresaltos el jueves después de que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos bloqueó temporalmente una orden de una corte federal que habría detenido la mayoría de sus impuestos a las importaciones extranjeras.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó el miércoles por la noche que el presidente excedió su autoridad cuando invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para declarar una emergencia nacional como justificación para sus amplios aranceles.

Pero un tribunal federal de apelaciones admitió el jueves por la tarde una moción que permite al gobierno seguir recaudando aranceles bajo esa ley mientras el gobierno de Trump recurre la decisión del tribunal de comercio.

Antes incluso de la intervención del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, los empresarios y la Federación Nacional de Minoristas habían dicho que sin una decisión definitiva para el caso, el fallo del miércoles solo generaba más incertidumbre y dificultaba la planificación y los presupuestos.

“El fallo del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos que bloquea la mayoría de los aranceles del presidente Trump es solo otro capítulo en este difícil camino hacia una política comercial clara, coherente y estratégica”, manifestó Jonathan Gold, vicepresidente cadenas de suministros y aduanas del grupo, en un comunicado enviado por correo electrónico. «Pedimos una rápida resolución mientras este proceso continúa en los tribunales».

Trump invocó la ley de poderes de emergencia a principios de abril, cuando gravámenes variables a productos procedentes de docenas de naciones, incluyendo los principales socios comerciales de Washington. Cuando los mercados financieros mostraron signos de pánico, el mandatario redujo la tasa al 10% para todos los países excepto China, donde llegaron al 145%.

Jonathan Silva, propietario de WS Game Company, dijo que no tenía intención de cambiar sus planes a raíz del fallo. Los juegos de mesa que vende su empresa se fabrican en China.

“Sabemos que el proceso de apelación y una sentencia definitiva tomarán tiempo», señaló Silva. “Pero tenemos la esperanza de que esto sea el comienzo de un uso más académico de los aranceles en los próximos meses y años. Lo único que queremos es tener certezas en el entorno en el que operamos, ya que las represalias y pausas diarias no son propicias para las operaciones comerciales”.

La directora general de la tienda de electrónica Best Buy, Corie Barry, dijo a reporteros el jueves que las noticias legales no la hacían más o menos optimista, sino que subrayaban la importancia de continuar siendo ágiles sin cambiar de rumbo en respuesta a los cambios casi diarios en los aranceles.

“No creo que haya algo que haríamos de manera diferente basándonos en las noticias”, comentó. “Lo que realmente he tratado de trabajar con el equipo es no reaccionar de forma exagerada a cualquier acontecimiento puntual, sino mantenernos enfocados de manera obsesiva en nuestros clientes y asegurarnos de que estamos ofreciendo la selección, el precio y las promociones correctas, sea cual sea el contexto”.

Barry dijo a analistas que Best Buy ha tomado una serie de medidas para compensar el alza de los costos arancelarios, incluyendo presionar a sus proveedores para que diversifiquen sus lugares de producción. En una decisión que calificó como de “último recurso”, la compañía subió algunos precios para absorber los costos derivados de los nuevos impuestos, añadió sin ofrecer más detalles debido a la cambiante situación.

Jim Umlauf, cuyo negocio, 4Knines, con sede en Oklahoma City, fabrica fundas para asientos de vehículos y revestimientos para el maletero para dueños de perros y otros, apuntó que el fallo del tribunal no le ofreció tranquilidad, sino que le complicó aún más la toma de decisiones.

“En este punto, no sabemos si la decisión se mantendrá, si se aplica a los aranceles originales de 2018 de (Trump), o cómo se hará cumplir”, declaró. “Sin claridad, tenemos que hacer planes alrededor de un objetivo en movimiento. Como muchos otros, ya hemos cerrado presupuestos y tomado decisiones de compra asumiendo que los aranceles se mantendrían. Esta novedad, en lugar de ofrecer alivio, introduce nuevas complicaciones logísticas en el peor momento posible”.

Por su parte, Kelsey O’Callaghan, fundadora de una empresa de accesorios de cocina y baño en Salt Lake City llamada Dorai Home, dijo que espera que la guerra comercial continúe. Los constantes cambios desde el regreso de Trump a la Casa Blanca la han dejado “aturdida”, pero O’Callaghan indicó que ha tratado de tomar decisiones informadas.

La empresa ya pospuso el lanzamiento de varios productos nuevos, despidió a su director general y a otros empleados clave. A principios de abril suspendió los envíos de pedidos desde China, pero reanudó algunos de manera escalonada cuando Trump redujo la tasa para esos bienes al 30% durante 90 días.

Ahora, Dorai Home planea probar subidas de precio para ver si los compradores seguirían adquiriendo sus productos.

“Desde el punto de vista empresarial, hay que tratar de crear tanta certeza y estabilidad como se pueda con las variables que se pueden controlar”, dijo O’Callaghan.

Pero algunas empresas eran más optimistas. El director general de Burlington Coat Factory, Michael B. O’Sullivan, indicó el jueves que la pausa en los aranceles podría ayudar a minoristas de descuento como el suyo, que compran el inventario excedente de otros minoristas.

El fallo del tribunal y la continua incertidumbre pueden alimentar aún más una carrera por la producción que comenzó cuando la tasa de aranceles para productos chinos se redujo sustancialmente, comentó O’Sullivan.

«Ahora hay mucha prisa por producir y enviar en todo el sector. Ahora, la decisión de anoche del tribunal podría aumentar esa prisa», apuntó. «En lugar de escasez, este auge y caída desordenado podría crear oportunidades de compra atractivas».