La Cámara de Representantes inició este miércoles su sesión en la que prevé votar el nuevo juicio político contra el presidente Donald Trump tras el violento asalto al Capitolio del pasado miércoles de una turba de sus seguidores, en el que murieron cinco personas.
Los demócratas, con mayoría en la Cámara Baja, buscarán este miércoles acusar al mandatario del cargo de «incitación a la insurrección».
El voto se prevé que salga adelante con el respaldo de la bancada demócrata, y al menos cuatro legisladores republicanos han anunciado que se sumarán a la iniciativa: Adam Kizinger, congresista de Illinois; Liz Cheney, congresista de Wyoming; John Katko, de Nueva York; y Fred Upton, por Michigan.
El proceso iniciado en la Cámara Baja promete obligar al Senado a someter a Trump a un juicio político que se desarrollará cuando el presidente electo, el demócrata Joe Biden, ya esté en el poder, y que por tanto no tendrá como principal objetivo la destitución del mandatario sino su posible inhabilitación para ejercer futuros cargos políticos.
Por su lado, Trump rompió este martes su silencio tras el asalto al Capitolio al calificar el nuevo juicio político como algo «absolutamente ridículo» y «una continuación de la mayor caza de brujas de la historia de la política».
De aprobarse, se convertirá en el primer presidente sometido a dos juicios políticos en la historia del país.
Estados Unidos vive unos momentos de tensión política sin precedentes recientes a menos de una semana de que se lleve a cabo la ceremonia formal de traspaso de poder, prevista para el 20 de enero, en la que Biden asumirá la Presidencia.
Las autoridades han efectuado ya un enorme despliegue policial en Washington, con más de 10.000 efectivos, y levantando vallas en torno al Capitolio, en cuyas escalinatas se llevará a cabo la ceremonia de investidura, para evitar las escenas de la caótica jornada del pasado miércoles que dieron la vuelta al mundo.
Nanci Pelosyy (c), vocera de la Cámara de representantes. EFE/EPA/SHAWN THEW
La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó una resolución en la que solicita formalmente al vicepresidente, Mike Pence, y al gabinete que invoquen la Enmienda 25 de la Constitución para destituir al presidente saliente, Donald Trump, contra el que ahora se prepara a impulsar un nuevo juicio político.
En una sesión celebrada seis días después de que seguidores de Trump arremetieran contra el Capitolio en Washington, donde murieron cinco personas, los congresistas aprobaron por 223 votos favor y 205 en contra la iniciativa.
En la resolución -no vinculante-, los congresistas piden a Pence declarar a Trump «incapaz de ejecutar los deberes de su cargo y de ejercer inmediatamente los poderes como presidente en funciones».
Sin embargo, la votación se convirtió en un mero trámite ante la negativa del segundo a bordo de la Administración Trump a avanzar en esa dirección.
Pence se anticipó a la votación al difundir horas antes una carta dirigida a la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, en la que llama a «evitar acciones que dividirían e inflamarían aún más las pasiones del momento».
«NO CEDERÉ»
«No creo que tal curso de acción sea en el mejor interés de nuestra Nación o sea consistente con nuestra Constitución», señaló el vicepresidente sobre el mecanismo promovido por los progresistas cuando faltan ocho días para que concluya el mandato de Trump.
«La semana pasada -enfatizó Pence-, no cedí a la presión para ejercer más allá de mi autoridad constitucional para determinar el resultado de las elecciones y ahora no cederé a los esfuerzos de la Cámara de Representantes para jugar juegos políticos en un momento tan serio en la vida de nuestra nación».
El vicepresidente hizo así una tácita alusión a las presiones de Trump para que se arrogara unos poderes que no le correspondían bajo la Constitución e interfiriera la sesión de ambas cámaras del Congreso convocada para certificar la victoria de Joe Biden en los comicios de noviembre pasado.
El diario The New York Times reveló hoy parte de una conversación telefónica que Trump sostuvo el miércoles pasado con Pence, en un último intento por convencerlo para que revirtiera el resultado de las elecciones.
«Puedes pasar a la historia como un patriota», le dijo Trump a Pence, de acuerdo con la versión del diario neoyorquino, que citó los testimonios de dos personas informadas sobre la conversación.
En su carta, Pence advirtió que usar esa enmienda «sentaría un terrible precedente» y se comprometió a asegurar «una transición ordenada del poder».
TRUMP VE «CERO RIESGO» DE DESTITUCIÓN
Durante la jornada, Trump rompió su silencio y en las primeras declaraciones a la prensa después de lo ocurrido en el Legislativo defendió como «totalmente apropiada» su arenga para que sus seguidores marcharan hacia el Capitolio.
«Si lees el discurso (…) la gente pensó que lo que dije fue totalmente apropiado», afirmó el mandatario.
Ya en Texas, adonde se desplazó para inspeccionar los avances en la construcción del muro en la frontera con México, el presidente aseguró que hay «cero riesgo» de que su gabinete lo destituya.
«La Enmienda 25 supone cero riesgo para mí, pero le pasará factura a Joe Biden y su Administración. Como dice la expresión, ten cuidado con lo que deseas», afirmó Trump, sin aclarar a qué se refería, dado que el presidente electo no ha llegado a pedir explícitamente que se active ese mecanismo.
Trump calificó además la apertura del segundo juicio político en su contra como algo «absolutamente ridículo» y «una continuación de la mayor caza de brujas de la historia de la política».
NUEVO JUICIO
Los demócratas buscarán este miércoles acusar al mandatario del cargo de «incitación a la insurrección», un esfuerzo que ha conseguido el respaldo de al menos cuatro legisladores republicanos: Adam Kizinger, congresista de Illinois; Liz Cheney, congresista de Wyoming; John Katko, congresista de Nueva York; y Fred Upton, congresista por Michigan.
The New York Times desveló igualmente que el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, se mostró satisfecho por un posible juicio político contra Trump y que cree que una posible destitución podrá ayudar a purgar su partido de seguidores del actual presidente.
El proceso iniciado este lunes en la Cámara Baja promete obligar al Senado a someter a Trump a un juicio político que se desarrollará cuando Biden ya esté en el poder, y que por tanto no tendrá como principal objetivo la destitución del mandatario sino su posible inhabilitación para ejercer futuros cargos políticos.
La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris. EFE / CJ GUNTHER/Archivo
En la entrevista con la periodista Ilia Calderón, del Noticiero Univision, Harris no precisó la fecha en que su Gobierno presentará el proyecto de ley de reforma migratoria, aunque Biden se comprometió a promover una reforma migratoria integral en sus primeros cien días en el poder.
El plan allanaría el camino para que millones de indocumentados que residen en Estados Unidos logren convertirse en ciudadanos, tras un proceso de años en el que primero tienen que alcanzar el estatus de residentes legales permanentes.
La vicepresidenta electa, hija de origen indio y jamaicano, se refirió también a la situación de los jóvenes inmigrantes indocumentados conocidos como «dreamers» (soñadores), que llegaron al país antes de cumplir los 16 años, para quienes, dijo, se extenderán las «protecciones».
Al igual que para los inmigrantes que viven amparados por los Tratados de Protección Temporal (TPS), quienes podrían obtener automáticamente tarjetas de residencia.
Fotografía cedida por el canal hispano Univisión donde aparece la presentadora de su noticiero, la periodista Ilia Calderón. EFE/Univisión
Y subrayó que el nuevo Gobierno va a «reconocer y agradecer a los más de 200.000 ‘soñadores’ que han sido trabajadores fundamentales durante la pandemia del covid-19».
En ese contexto, Harris dejó claro que la voluntad del nuevo Gobierno será asegurarse de que «las personas reciban vacunas independientemente de su estado migratorio».
Estados Unidos, el país más afectado del mundo por la pandemia del coronavirus, ha registrado ya más de 22,7 millones de contagios confirmados y casi 380.000 muertes, cuando siguen incrementándose los casos en todo el país.
El proyecto del plan de reforma migratoria prometido por Biden apostaría por mantener unidas a las familias migrantes en la frontera, «no dividirlas», además de asegurarse, agregó Harris, de que los «niños que lleguen a la frontera tengan asesoría legal» y «sean tratados de manera justa».
Harris recordó que en 2013, antes del Gobierno de Trump, había republicanos dispuestos a sacar adelante un plan de reforma migratoria integral que luego fue desestimado por la Cámara de Representantes.
Por ello, confía en que el «enfoque» de su Gobierno tenga «cierto apoyo bipartidista», aunque «no será fácil», reconoció.
La exsenadora por California se refirió también a la implementación de una política de asilo que contemple una «asesoría legal de las personas que buscan refugio» en este país y la disposición de recursos para el denominado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) y México, con fondos que ayuden al desarrollo de la paz.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos restableció este martes el requisito de que las mujeres que busquen practicarse un aborto con medicamentos deban recibirlos en persona de un proveedor médico, luego de que esa exigencia fuese suspendida en los últimos meses debido a la pandemia. El Supremo avaló un pedido del Gobierno del presidente saliente, Donald Trump, que buscó restaurar las disposiciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) de que las mujeres recojan las píldoras en vez de recibirlas por correo, como había autorizado un juez a raíz de la emergencia sanitaria del covid-19.
La mayoría conservadora se impuso 6-3 a los progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Stephen Breyer.
«De los más de 20.000 medicamentos aprobados por la FDA, la mifepristona es el único que la FDA exige que se recoja en persona para que los pacientes lo tomen en casa», escribieron Sotomayor y Kagan en su disenso.
Las magistradas cuestionaron que la política del Gobierno «ahora permite a los pacientes recibir recetas de opioides potentes sin salir de casa, pero aún así requiere que las mujeres viajen a un consultorio médico para recoger la mifepristona solo para darse la vuelta, irse a casa e ingerirla sin supervisión».
El presidente del Supremo, John Roberts, se declaró de acuerdo con la opinión de la mayoría, al señalar que el asunto que tienen ante sí «no es si los requisitos para dispensar mifepristona imponen una carga indebida sobre el derecho de la mujer al aborto como cuestión general» sino si el tribunal «ordenó correctamente» a la FDA levantar esos requisitos.
«Mi opinión es que los tribunales deben una deferencia significativa a las entidades políticamente responsables con ‘antecedentes, competencia y experiencia para evaluar la salud pública'», apuntó Roberts, aunque la mayoría conservadora no explicó su posición.
Con la llegada al Supremo de la jueza Amy Coney Barrett, nominada por Trump luego de la muerte, en septiembre pasado, de la progresista Ruth Bader Ginsburg, el alto tribunal quedó con seis magistrados conservadores y tres liberales.
El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell. EFE/EPA/Bill O'Leary / POOL/Archivo
El vicepresidente Mike Pence, rechazó implementar la Enmienda 25 para destituir al presidente Donald Trump.
Por Ken Bredemeier
WASHINGTON D.C. – Un pequeño pero creciente número de legisladores republicanos está dando señales de apoyo para acusar al presidente Donald Trump luego de que sus partidarios irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos el miércoles pasado para tratar de revertir su derrota por la reelección, dejando cinco personas muertas.
La representante Liz Cheney de Wyoming, miembro del equipo de liderazgo de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, dijo el martes que votaría para acusar a Trump en sus últimos días como presidente.
“Nunca ha habido una traición más grande por parte de un presidente de Estados Unidos de su cargo y su juramento a la Constitución”, dijo Cheney.
Archivo – Liz Cheney, representante por Wyoming, se ha expresado a favor de un juicio político al presidente Donald Trump tras el ataque del 6 de enero de 2021 al Congreso en Washington, D.C.
Mientras que los republicanos votaron en contra de acusar a Trump el año pasado por presionar a Ucrania para que investigara al demócrata Joe Biden, quien ahora es presidente electo, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes están indicando que esta vez no tienen la intención de presionar a sus miembros para que voten en contra del juicio político.
Un total de 218 demócratas han firmado la resolución de juicio político, lo que garantiza una mayoría en la Cámara de 435 miembros con o sin votos republicanos contra el presidente republicano saliente. Si bien es casi seguro que se apruebe una resolución de juicio político, la condena por parte del Senado y la destitución del cargo están lejos de ser seguras.
No está claro si los líderes de la Cámara enviarán de inmediato la resolución de juicio político al Senado para un juicio sobre si condenar a Trump y destituirlo de su cargo, dado que su mandato termina la próxima semana.
El vicepresidente de EE. UU. Mike Pence y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, leen la certificación final de los votos del Colegio Electoral de la elección presidencial de noviembre, el 7 de enero de 2021.
La Cámara estaba programada para votar el martes una resolución que pide al vicepresidente Mike Pence y a los miembros del gabinete de Trump que usen su autoridad constitucional para destituir a Trump de su cargo por no ser apto para servir.
La medida, que se espera que sea aprobada, establecía un plazo de 24 horas para que Pence respondiera, pero el vicepresidente rechazó los llamados para destituir al presidente Trump bajo la Enmienda 25.
En una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, la noche del martes, Pence dijo que él no cedió a la presión la semana pasada para «ejercer un poder más allá de su autoridad constitucional para determinar el resultado de la elección, y no cederá ahora a los esfuerzos en la Cámara Baja para participar en juegos políticos en un momento tan grave en la vida de la nación».
Su respuesta prepara el escenario para una votación de la Cámara el miércoles sobre el juicio político.
«El presidente representa una amenaza inminente para nuestra Constitución, nuestro país y el pueblo estadounidense, y debe ser destituido de su cargo de inmediato», dijo el lunes la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en una declaración escrita.
Aparte de Pence, ningún miembro del gabinete ha dado ninguna indicación pública de su apoyo a la destitución de Trump en los últimos días de su presidencia mediante el uso de la 25a Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que permite que el vicepresidente y la mayoría del gabinete declaren presidente. «Incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo».
Trump y Pence se reunieron el lunes por la noche en la Casa Blanca por primera vez desde la semana pasada. Pence había enojado a Trump al rechazar sus súplicas de rechazar los votos del Colegio Electoral de varios estados que Biden ganó por estrecho margen, dándole la presidencia.
Un alto funcionario de la administración dijo que Trump y Pence “reiteraron que aquellos que violaron la ley y asaltaron el Capitolio la semana pasada no representan al movimiento America First respaldado por 75 millones de estadounidenses [que votaron por Trump] y se comprometieron a continuar el trabajo en nombre del país por el resto de su mandato».
Trump celebra la construcción del muro fronterizo y la cooperación con CentroaméricaEl presidente saliente de EE.UU. elogió la construcción del muro fronterizo, resaltó la cooperación con Centroamérica y negó que su remoción del cargo pueda ser efectiva.
A pesar de que el mandato de cuatro años de Trump expira al mediodía del 20 de enero, la resolución de juicio político de cuatro páginas propuesta por la Cámara dijo que Trump ha «demostrado que seguirá siendo una amenaza para la seguridad nacional, la democracia y la Constitución si se le permite permanecer en el cargo, y ha actuado de una manera manifiestamente incompatible con el autogobierno y el estado de derecho «.
La resolución de juicio político cita las acusaciones infundadas de Trump de que fue engañado en un segundo mandato por irregularidades en la votación y el recuento de votos, su presión sobre los funcionarios electorales en el estado sureño de Georgia para que le «encontraran» más de 11.000 votos para superar el margen de victoria de Biden. en el estado, y sus declaraciones en un mitin el miércoles pasado instando a miles de simpatizantes a marchar al Capitolio para presionar a los legisladores para que anulen el resultado de las elecciones.
Biden dijo que es su «esperanza y expectativa» que el Senado pueda realizar simultáneamente un juicio político y confirmar los nombramientos de su gabinete después de que asuma el cargo, mientras que también aprobando más ayuda para la debilitada economía estadounidense debilitada por la creciente pandemia de coronavirus.
Dijo el lunes sobre los alborotadores, que: «Es de vital importancia que haya un enfoque realmente serio en detener a las personas que se involucraron en la sedición y amenazaron las vidas, desfigurando la propiedad pública, causaron un gran daño, que se les haga responsables».
Washington- El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, descartó este martes que vaya a invocar la Enmienda 25 de la Constitución para destituir al presidente saliente, Donald Trump, después del violento asalto al Capitolio por parte de seguidores del gobernante.
«No creo que tal curso de acción sea en el mejor interés de nuestra Nación o sea consistente con nuestra Constitución», señaló Pence en una misiva dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, cuando esa instancia se dispone a votar una resolución que insta al vicepresidente a activar ese procedimiento.
Bajo la Sección Cuatro de esa enmienda, el vicepresidente y la mayoría del Gabinete pueden declarar al presidente inhabilitado para dirigir el país.
Si el mandatario se opusiera a ello y no hubiera acuerdo, el Congreso dirimiría las diferencias.
«La semana pasada, no cedí a la presión para ejercer más allá de mi autoridad constitucional para determinar el resultado de las elecciones y ahora no cederé a los esfuerzos de la Cámara de Representantes para jugar juegos políticos en un momento tan serio en la vida de nuestra nación», puntualizó Pence.
El vicepresidente hizo así una tácita alusión a las presiones de Trump para que se arrogara unos poderes que no le correspondían bajo la Constitución e interfiriera la sesión de ambas cámaras del Congreso convocada para ratificar la victoria de Joe Biden en los comicios de noviembre pasado.
Pence advirtió que usar esa enmienda, creada tras el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963 y en medio de la Guerra Fría para proteger al Gobierno en supuestos como enfermedad repentina del mandatario, «sentaría un terrible precedente».
«Le insto a usted y todos los miembros del Congreso a evitar acciones que dividirían e inflamarían aún más las pasiones del momento», agregó el segundo a bordo de la Casa Blanca, e invitó a la líder de la Cámara Baja a trabajar juntos «para bajar la temperatura y unir a nuestro país» mientras se preparan para la posesión de Biden.
«Les prometo que continuaré haciendo mi parte para trabajar de buena fe con la Administración entrante para asegurar una transición ordenada del poder», concluyó.
Horas antes, en un discurso durante su visita al muro en la frontera con México, Trump dijo este martes que hay «cero riesgo» de que le destituya su gabinete bajo el proceso establecido en la Enmienda 25 de la Constitución.
«La Enmienda 25 supone cero riesgo para mí, pero le pasará factura a Joe Biden y su Administración. Como dice la expresión, ten cuidado con lo que deseas», afirmó Trump, sin aclarar a qué se refería, dado que el presidente electo no ha llegado a pedir explícitamente que se active ese mecanismo.
Tras el asalto al Capitolio, que causó cinco muertos directos, entre ellos un policía, Washington se reforzará con más de 10.000 miembros de la Guardia Nacional con miras a la ceremonia de investidura de Biden, el 20 de enero.
Como jefa de enfermería en uno de los hospitales más concurridos de la red de seguridad de atención médica de Chicago, Raquel Prendkowski ha sido testigo del devastador número de víctimas que COVID-19 ha causado entre los residentes más vulnerables de la ciudad, incluyendo a personas que no tienen seguro médico por su estatus migratorio.
Algunos llegan tan enfermos que van directo a cuidados intensivos. Muchos no sobreviven.
“Vivimos una pesadilla constante”, dijo Prendkowski mientras trataba a pacientes con coronavirus en el Hospital Mount Sinai, fundado a principios del siglo XX para atender a los inmigrantes más pobres. “Ojalá salgamos pronto de esto”.
La enfermera cree que algunas muertes, y mucho sufrimiento, podrían haberse evitado si estas personas hubieran tenido un tratamiento regular para todo tipo de condiciones crónicas —asma, diabetes, enfermedades del corazón— que pueden empeorar COVID-19.
Y ahora se siente esperanzada.
En medio del brote del mortal virus que ha afectado de manera desproporcionada a las comunidades hispanas, Illinois se convirtió recientemente en el primer estado de la nación en extender el seguro médico público a todos los adultos mayores no ciudadanos de bajos ingresos, incluso si son indocumentados.
Defensores de los inmigrantes esperan que inspire a otros estados a hacer lo mismo. De hecho, legisladores demócratas de California están presionando para expandir su Medicaid a todos los inmigrantes indocumentados del estado.
“Hacer esto durante la pandemia muestra nuestro compromiso con la expansión y ampliación del acceso a la atención de salud. Es un gran primer paso”, señaló Graciela Guzmán, directora de campaña de Healthy Illinois, que promueve la cobertura universal en el estado.
Muchos inmigrantes indocumentados sin cobertura de salud no van al médico. Ese fue el caso de Victoria Hernández, una limpiadora de casas de 68 años que vive en West Chicago, Illinois. La mujer, nativa de la Ciudad de México dijo que, cuando no tenía seguro, simplemente no iba al médico.
Soportaba cualquier dolencia hasta que encontró un programa de caridad que la ayudó a tratar su prediabetes. Dijo que tiene la intención de inscribirse en el nuevo plan estatal una vez que tenga más información.
“Estoy muy agradecida por el nuevo programa”, explicó a través de un traductor que trabaja para DuPage Health Coalition, una organización sin fines de lucro que coordina la atención de caridad para personas sin seguro médico como Hernández en el condado de DuPage, el segundo más poblado del estado. “Sé que ayudará a mucha gente como yo. Sé que tendrá buenos resultados, muy, muy buenos resultados”.
Primero, Healthy Illinois intentó ampliar los beneficios de Medicaid a todos los inmigrantes de bajos ingresos, pero los legisladores decidieron empezar con un programa más pequeño, que cubre a adultos mayores de 65 años o más que son indocumentados, o que han sido residentes permanentes, tienen tarjeta verde, por menos de cinco años (este grupo no califica para seguro de salud auspiciado por el gobierno).
Los participantes deben tener ingresos que estén en o por debajo del nivel de pobreza federal, que es de $12,670 para un individuo o $17,240 para una pareja. Cubre servicios como visitas al hospital y al médico, medicamentos recetados, y atención dental y oftalmológica (aunque no estancias en centros de enfermería), sin costo para el paciente.
La nueva norma continúa la tendencia de expandir la cobertura de salud del gobierno a los inmigrantes sin papeles.
El año pasado, California fue el primero en ofrecer cobertura pública a los adultos indocumentados, cuando amplió la elegibilidad para su programa Medi-Cal a todos los residentes de bajos ingresos menores de 26 años.
Según la ley federal, las personas indocumentadas generalmente no son elegibles para Medicare, Medicaid que no es de emergencia y el mercado de seguros de salud de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Los estados que ofrecen cobertura a esta población lo hacen usando sólo fondos estatales.
Se estima que en Illinois viven 3,986 adultos mayores indocumentados, según un estudio del Centro Médico de la Universidad de Rush y el grupo de demógrafos de Chicago Rob Paral & Associates; y se espera que el número aumente a 55,144 para 2030. El informe también encontró que el 16% de los inmigrantes de Illinois de 55 años o más viven en la situación de pobreza, en comparación con el 11% de la población nacida en el país.
Dado que la administración saliente de Trump ha promovido duras medidas migratorias, sectores del activismo pro inmigrante temen que haya miedo a inscribirse en el nuevo programa porque podría afectar la capacidad de obtener la residencia o la ciudadanía en el fututo, y trabajan para asegurarles que no lo hará.
“Illinois cuenta con un legado de ser un estado que acepta al recién llegado y de proteger la privacidad de los inmigrantes”, señaló Andrea Kovach, abogada que trabaja en equidad en la salud en el Shriver Center for Poverty Law en Chicago.
Jeffrey McInnes supervisa el acceso de los pacientes en Esperanza Health Centers, uno de los proveedores de atención médica para inmigrantes más grandes de Chicago. McInness dice que el 31% de sus pacientes de 65 años o más no tienen cobertura de salud.(JEFFREY MCINNES)
Se espera que la normativa cubra inicialmente de 4,200 a 4,600 inmigrantes mayores, a un costo aproximado de entre $46 millones a $50 millones al año, según John Hoffman, vocero del Departamento de Salud y Servicios Familiares de Illinois.
Algunos representantes estatales republicanos criticaron la expansión de la cobertura, diciendo que era imprudente hacerlo en un momento en que las finanzas de Illinois sufren por la pandemia. En una declaración condenando el presupuesto estatal de este año, el Partido Republicano de Illinois lo denominó “atención de la salud gratuito para los inmigrantes ilegales”.
Pero los defensores de la nueva política sostienen que muchos inmigrantes sin papeles pagan impuestos sin ser elegibles para programas como Medicare y Medicaid, y que gastar por adelantado en cuidados preventivos ahorra dinero, a largo plazo, al reducir el número de personas que esperan para buscar tratamiento hasta que es una emergencia.
Para Delia Ramírez, representante estatal de Illinois, ampliar la cobertura de salud a todos los adultos mayores de bajos ingresos es personal. A la demócrata de Chicago la inspira su tío, un inmigrante de 64 años que no tiene seguro.
Algunos inmigrantes indocumentados temen que inscribirse para tener seguro de salud ponga en peligro su capacidad para obtener la residencia o la ciudadanía. Andrea Kovach, abogada senior de equidad en atención de salud en el Shriver Center on Poverty Law en Chicago, dice que no deben preocuparse. “Illinois tiene el legado de ser un estado que acoge a inmigrantes y protege su privacidad”, dijo.(ANDREA KOVACH)
Dijo que intentó que la legislación cubriera a las personas de 55 años o más, ya que la gran mayoría de los indocumentados no son personas mayores (señaló que muchos de los inmigrantes mayores —2,7 millones, según estimaciones del gobierno— obtuvieron el estatus legal con la ley de amnistía federal de 1986).
Un mayor número de inmigrantes más jóvenes también pueden estar sin seguro. En los Centros de Salud Esperanza, uno de los mayores proveedores de atención médica para inmigrantes de Chicago, el 31% de los pacientes de 65 años o más carece de cobertura, en comparación con el 47% de los de 60 a 64 años, según Jeffey McInnes, que supervisa el acceso de los pacientes a las clínicas.
Ramírez dijo que su tío la llamó después de ver las noticias sobre la nueva legislación en la televisión en español. Contó que su tío ha vivido en el país por cuatro décadas y ha trabajado para que sus cuatro hijos fueran a la universidad. También padece asma, diabetes e hipertensión, lo que lo hace de alto riesgo para COVID-19.
“Yo le dije: ‘Tío, todavía no. Pero cuando cumplas 65 años, finalmente tendrás atención médica, si es que aún no hemos conseguido legalizarte”, recordó Ramírez, emocionada, durante una reciente entrevista telefónica.
“Así que es un recordatorio para mí de que, en primer lugar, fue una gran victoria para nosotros y ha significado la vida o una segunda oportunidad de vida para muchas personas”, dijo. “Pero también significa que todavía tenemos un largo camino por recorrer para hacer de la atención de salud un verdadero derecho humano en el estado, y en la nación”.
KHN (Kaiser Health News) es un servicio de noticias sin fines de lucro que cubre temas de salud. Es un programa editorialmente independiente de KFF (Kaiser Family Foundation) que no tiene relación con Kaiser Permanente.
La imagen combinada muestra los logotipos de Amazon, Apple, Facebook y Google. Las compañías de tecnología llegaron a los titulares de noticias en días recientes tras tomar acciones para hacer cumplir sus políticas de publicación. [Foto: Reuters]
Twitter explicó su decisión acusando al presidente de haber violado sus políticas, que prohíben la incitación a la violencia, mientras que el CEO de Facebook—compañía dueña también de Instagram— señaló que era un “gran riesgo” permitir que el presidente usara la plataforma hasta que no hubiera una “transición pacífica del poder” .
Las acciones dirigidas al mandatario y a la red social, que se había convertido en un “espacio seguro” para sus seguidores y para las voces conservadoras que querían evitar la moderación de contenido de las grandes empresas tecnológicas, ha generado gran revuelo en Estados Unidos.
¿Es un ataque a la libertad de expresión?
Expertos coinciden en que las medidas no suponen una violación a la libertad de expresión como tal, protegida en EE.UU. por la Primera Enmienda de la Constitución, porque no se trata de una regulación por parte del gobierno sino de una empresa privada.
Para Ignacio Álvarez, ex relator especial para de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las decisiones de las compañías tecnológicas de quitar la plataforma a Trump y a la aplicación Parler son ejemplos de los límites que existen a la libertad de expresión.
“Una de las limitaciones permitidas a la libertad de expresión es cuando se incita a una violencia inmediata que pueda causar daño a las personas”, explicó Álvarez a la Voz de América.
El abogado pone como ejemplo el genocidio de Ruanda, donde se utilizó la radio para enviar mensajes que incitaron a la violencia contra la población Tutsi, durante la guerra civil en 1994 que acabó con el genocidio del grupo étnico.
“Las radios llamaban a la gente a matar a los tutsi (…) y lo hicieron; entonces son esas situaciones extremas donde se justifica cortarlo y censurarlo [un mensaje]”, dijo Álvarez.
Como no existen leyes tipificadas en EE.UU. que regulen el discurso en las redes sociales, son las propias compañías las que están tomando ese tipo de decisiones.
Aunque coincide en que no se trata de un ataque a la libertad de expresión, Joseph Humire, Director Ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura opina que las plataformas están utilizando sus directrices para silenciar a voces que tienen opiniones políticas distintas a las suyas.
“Parece ser que están utilizando los términos de sus plataformas para silenciar o censurar a ciertos individuos que tienen opiniones políticas distintas a lo que ellos piensan, entonces me parece muy peligroso”, explicó Humire a la Voz de América.
El experto en temas de seguridad dijo que el no vio que el presidente Trump hubiera estado “haciendo o diciendo algo muy grave” en redes sociales que justificara sentar el precedente de censurarlo de las plataformas.
¿Por qué suspendieron la cuenta de Trump?
Twitter justificó la suspensión de la cuenta de Trump, asegurando que el mandatario actuó en contra de la política de glorificación de la violencia. La compañía citó dos tuits que Trump envío poco después de los eventos del Capitolio y que la compañía interpretó que podían incitar a más eventos violentos.
Una lógica similar usaron Facebook e Instagram, que pertenecen a la misma compañía, bloqueando las cuentas del presidente de manera “indefinida”. Por último Google, dueño de YouTube, dijo que suspendería canales que promocionaran ideas falsas sobre las elecciones.
¿Existe un monopolio de las compañías de tecnología?
Según laComisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) y 48 fiscales generales en todo EE.UU, sí existe un monopolio de las compañías de tecnología.
Hace un mes, la FTC y los fiscales de casi todos los estados del país interpusieron una demanda contra la compañía de Mark Zuckerberg en donde acusan a Facebook de mantener un monopolio en la industria de las redes sociales, a través de una conducta “anti-competitiva”, como la compra de Instagram en 2012 y Whatsapp en 2014, que en ese entonces, eran sus principales competidores.
Siete de cada diez estadounidenses usa redes sociales para conectarse, consumir noticias,según un estudio del centro de investigaciones Pew. Facebook, a la que accede el 69% de los encuestados, y YouTube, también usada por un 73% de las personas consultadas para el estudio de Pew, son las dos redes sociales mas usadas. Las siguen Instagram y Pinterest. Twitter es la cuarta más usada, con un 23% de los estadounidenses asegurando que tienen cuentas en la plataforma.
Facebook controla gran parte del mercado, ya que la empresa también es dueña de Instagram, Facebook Messenger y Whatsapp.
La conducta de Facebook, según la demanda, “daña la competencia” y “deja a los consumidores con pocas opciones de redes sociales personales”.
¿Cuál es el origen de Parler y por qué fue ‘desactivada’?
En el último semestre del 2020, tanto Facebook como Twitter comenzaron a tomar acciones para combatir la desinformación en las plataformas, que van desde la medida de suspender cuentas, hasta prohibir la difusión de cierto contenido y etiquetar de falsa alguna información vista como tal.
Las “fake news” se vieron acentuadas durante las elecciones presidenciales, con miles de teorías falsas de fraude electoral. Con ello, Parler, creada en 2018 con la idea proveer una plataforma para “la libertad de expresión”, aumentó su número de usuarios.
Así Parler se convirtió en una especie de “lugar seguro” para usuarios conservadores y de ultraderecha, donde podían compartir contenido sin riesgo de ser señalado por las reglas de moderación de las grandes plataformas sociales. A diferencia de Facebook o Twitter, Parler no hace chequeo de datos, por lo que información falsa puede ser publicada en la plataforma sin ningún tipo de repercusión.
Sin embargo, después del asalto al Capitolio, donde murieron cinco personas, Apple y Google decidieron retirar a Parler de su tienda de aplicaciones —evitando que los usuarios puedan descargarlo—y Amazon dejó de alojarla en sus servidores.
Las empresas aseguran que usuarios de la aplicación utilizaron la plataforma para coordinar el ataque al Congreso e incitar a la violencia. Tanto Alphabet —la empresa dueña de Google—como Apple pidieron a Parler implementar un sistema de moderación de contenido más robusto para poder volver a sus plataformas.
En respuesta, el creador de Parler, John Matze, dijo que no dará su brazo a torcer ante “compañías con motivaciones políticos” y “autoritarios que odian la libertad de expresión”.
Antes de que Parler perdiera acceso a los servidores de Amazon, la Voz de América pudo comprobar cómo se compartían mensajes que llamaban a “acabar” con periodistas, a “cazar” a oponentes políticos y a viajar armados a Washington D.C para la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, el 20 de enero.
¿Cuáles son las directrices de Apple y Google para aprobar o prohibir una aplicación?
No es la primera vez que Apple o Google sacan una aplicación de sus plataformas por ir en contra de sus directrices. De hecho, estas plataformas revisan constantemente denuncias de usuarios al igual que sus propios criterios para moderar qué aplicaciones ofrecen.
Un ejemplo, relacionado con la esfera de los comentadores políticos conservadores o de ultraderecha, es la aplicación del portal Infowars, fundado por Alex Jones, un comunicador conocido por difundir teorías de la conspiración.
Jones —fue suspendido Twitter y YouTube a mediados del 2018 y de Facebook e Instagram en el 2019 por violar sus políticas. La tienda de aplicaciones de Apple también removió la aplicación de Infowars de su plataforma, asegurando que violó una directriz que prohíbe contenido “ofensivo o insensible”.
En marzo del 2020, Google decidió también retirar la aplicación de InfoWars para los teléfonos Android, por promover “desinformación” respecto al coronavirus.
Con su firma en un pedazo del muro fronterizo con México en la ciudad de Álamo, Texas, el presidente Trump concluyó una de sus principales promesas electorales contra la inmigración ilegal. Enero 12 de 2021.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó el martes la ciudad de Álamo, en Texas, donde plasmó su firma en el muro fronterizo de 450 millas, celebrando su construcción como uno de los grandes logros de su casi finalizada administración, y elogió la cooperación establecida junto a gobiernos de Centroamérica.
Al celebrar la construcción del muro, señaló: “Hemos trabajado mucho y duro para lograrlo. Dijeron que no se podía hacer y lo hicimos”, dijo Trump.
En cuanto a la ley migratoria impuesta por su administración, Trump aseveró: “Nuestra reforma más importante fue poner fin a la captura y la liberación”, señaló, en referencia a la anterior práctica migratoria, sustituida por la obligatoriedad de esperar por la decisión de un juez en México o un tercer país.
También destacó los acuerdos de inmigración con países centroamericanos. “Implementamos tres acuerdos históricos con el Triángulo Norte que es Guatemala, Honduras y El Salvador; bajo estos importantes acuerdos de cooperación en materia de asilo, la carga de la inmigración ilegal ahora se comparte en toda la región”, explicó.
El mandatario explicó que “ahora, cuando se arresta a un inmigrante ilegal en nuestra frontera, se lo puede enviar a un país vecino en lugar de a una comunidad estadounidense”.
Agradeció también a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, del cual dijo: “Es un gran caballero, amigo mío. Es un hombre que realmente sabe lo que está pasando y ama a su país y también ama a Estados Unidos, pero quiero agradecer su amistad y su relación laboral profesional”.
Igualmente se refirió al inicio de la decisión de devolver a los inmigrantes en que la reticencia de los gobiernos de sus países de origen fue mayor y sin embargo llegaron a acuerdos convenientes para todas las partes.
“Después de que se detuvo durante aproximadamente un mes [la cooperación con gobiernos de Centroamérica], después de que nos detuvimos durante aproximadamente un mes, llamaron y dijeron que ‘nos encantaría tenerlos de vuelta’”, afirmó.
También dijo que además de los acuerdos con México, Guatemala, Honduras y El Salvador, se ha reformado el código regulatorio para llevar la condición de asilo “a su significado y propósito legal original, no a un boleto de entrada gratuito”.
Sin mascarilla, y rodeado de miembros de su equipo que sí la portaban, Trump se jactó de los componentes de la muralla. “No podemos dejar que la próxima administración ni siquiera piense en eliminarlo”, dijo en referencia al gobierno entrante del presidente electo Joe Biden.
Probabilidad del juicio político
Tras varios días sin aparecer frente a las cámaras después de los sucesos del Capitolio, el pasado 6 de enero, y la presión que ejercen ahora mismo legisladores demócratas por llevarlo a lo que sería su segundo juicio político, Trump negó de plano que pueda ser removido del cargo.
El mandatario dijo que “la libertad de expresión está siendo atacada como nunca antes”, y agregó que “La Enmienda 25 no tiene ningún riesgo para mí”, en referencia al ultimátum anunciado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi al vicepresidente Mike Pence para que use tal mandato y remueva a Trump del poder, acusado de “sedición”.
El presidente Donald Trump visita una parte del muro fronterizo entre EE. UU. y México en Álamo, Texas, donde firmó un pedazo del muro. Enero 12 de 2021.
Trump dijo que tal acápite de la Constitución solo atormentará «a Joe Biden y su administración” y aseguró que las acusaciones en su contra son parte de “una caza de brujas”.
En cuanto a los sucesos violentos del día 6 de enero en el Capitolio, donde murieron 5 personas en los enfrentamientos, esta vez se refirió a “una turba” que “irrumpió en el Capitolio y destrozó los pasillos del gobierno”, después que muchos de sus partidarios entraron a la sede legislativa.
“Creemos en el estado de derecho, no en la violencia o los disturbios a causa de la pandemia, un enemigo horrible, horrible e invisible”, afirmó.
Al mismo tiempo, y tras varias semanas impugnando el resultado de las elecciones que ha llamado “fraudulentas”, Trump pidió sosiego al país.
“Ahora es el momento de que nuestra nación se recupere y es el momento de la paz y la calma, el respeto por las fuerzas del orden y las grandes personas dentro de las fuerzas del orden”, dijo.
En los disturbios del Capitolio murieron una manifestante y un policía entre un total de cinco personas.
El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas J. Donohue. EFE/Jorge Núñez
Miami. – El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas J. Donohue, pidió este martes apostar por inversiones en infraestructura, una reforma migratoria, la reconversión de la fuerza laboral y la competitividad global para lograr la recuperación de la economía del país.
En su discurso anual sobre el estado de las empresas, Donohue indicó que es necesario abordar la desigualdad racial y reformar las políticas de inmigración.
En su opinión, el Congreso, controlado por los demócratas, debe aprobar reformas en materia migratoria para garantizar que la fuerza laboral estadounidense esté altamente capacitada.
«Permitir que las personas más talentosas y trabajadoras del mundo contribuyan a nuestra economía impulsa el crecimiento, que a su vez crea más puestos de trabajo para los estadounidenses», dijo.
El presidente electo, Joe Biden, ha prometido que en sus primeros 100 días en el poder promoverá una reforma migratoria integral y dará marcha atrás en buena parte de las medias aprobadas durante la gestión del actual mandatario, Donald Trump, para limitar la inmigración legal.
En este punto encontrará Biden un aliado en la Cámara de Comercio, que busca cooperar con el Gobierno del demócrata para «reformar nuestro sistema de inmigración para satisfacer las necesidades de nuestra economía moderna».
Donohue también ve necesario «abordar la desigualdad sistémica basada en la raza» en áreas como la educación, el espíritu empresarial y el sistema de justicia penal.
Asimismo, advirtió de que las regulaciones excesivas y los impuestos anticompetitivos «minarían la recuperación» de la economía, muy golpeada por la incidencia desde marzo pasado de la pandemia del coronavirus.
Con 10 millones de puestos de trabajo estadounidenses perdidos en el último año y pequeñas empresas afectadas de manera desproporcionada, en particular empresas propiedad de minorías y mujeres, muchas de las cuales han cerrado, Donohue instó a los legisladores a centrarse en una recuperación económica de base amplia.
La economía estadounidense creció 7,5 % en el tercer trimestre del año frente a los tres meses precedentes, cuando se desplomó la economía por la pandemia, pero parecía estar perdiendo impulso a medida que acababa 2020.
Donohue añadió que si el Congreso apoya suficientemente la economía con un alivio adicional, el crecimiento económico podría volver a los niveles anteriores a la pandemia para el tercer trimestre de este año.
Entre sus propuestas figura un paquete de inversión en infraestructuras que modernice las «redes críticas y actualice y expanda tecnología como la banda ancha», así como capacitación de la fuerza laboral para los «trabajos del mañana», destacó la Cámara en un comunicado.
