La red social Twitter anunció que ha suspendido más de 70.000 cuentas dedicadas a compartir información sobre la teoría de conspiración QAnon, en respuesta al asalto al Capitolio en Washington y de cara a la inauguración presidencial, el próximo 20 de enero.
«Dados los eventos violentos en Washington, DC, y el aumento del riesgo de daño, comenzamos a suspender permanentemente miles de cuentas que se dedicaban principalmente a compartir contenido de QAnon (teoría defendida por algunos de los que asaltaron el Capitolio)», señaló el equipo de seguridad de Twitter en un comunicado.
Según Twitter, muchos de los usuarios «tenían varias cuentas», lo que aumentó el número de afectados.
«Desde el viernes, más de 70.000 cuentas han sido suspendidas como resultado de nuestros esfuerzos, con muchos casos de un solo individuo operando numerosas cuentas. Estas cuentas se dedicaban a compartir contenido dañino asociado a QAnon a escala y se dedicaban principalmente a la propagación de esta teoría de la conspiración en todo el servicio», agregó.
Twitter subrayó que tomará «medidas estrictas para hacer cumplir las normas sobre el comportamiento que tiene el potencial de provocar daños fuera de línea».
El pasado miércoles, seguidores del presidente Donald Trump asaltaron el Capitolio mientras los legisladores procedían a certificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden.
En una intervención ante sus seguidores congregados frente a la Casa Blanca, Trump les instigó a que marcharan hacia la sede del Legislativo y volvió a repetir sus acusaciones infundadas de que fue víctima de un fraude electoral.
En la caótica y violenta jornada fallecieron cinco personas, entre ellas un policía del Capitolio.
Justo el pasado viernes, Twitter suspendió permanentemente la cuenta de Trump ante «el riesgo de una mayor incitación a la violencia».
También Facebook e Instagram bloquearon el acceso del presidente a su cuenta al menos hasta que se complete el traspaso de poder el 20 de enero, y Twitch y Snapchat desactivaron su perfil indefinidamente.
Twitter eliminó igualmente los perfiles de varios de los aliados de Trump que promovieron la teoría de QAnon, entre ellos del exasesor de seguridad nacional de Trump Michael Flynn, la exabogada del presidente Sidney Powell y el administrador de la plataforma 8kun (antes 8chan), Ron Watkins.
Desde el primer día de 2021 entraron en vigor las leyes que permiten a los inmigrantes indocumentados que residen en los estados de Oregón y Virginia obtener licencias de manejar vehículos.
Ahora que ya no es necesario demostrar la ciudadanía estadounidense o la residencia legal en EE.UU., para obtener la licencia de conducir en Oregón tan es preciso presentar en el Departamento de Transporte (DMV) una prueba de identidad y fecha de nacimiento y certificar la residencia en Oregón.
El solicitante deberá además demostrar el pago de las tarifas correspondientes y haber aprobado el examen de conducción, con la posibilidad de presentar una declaración escrita de no tener asignado un número de seguridad social en caso de no tenerlo.
Al contrario que otras licencias de conducir, las licencias de ciudadanos sin estatus migratorio legal no serán aptas para el registro automático de votantes.
En Virginia, los solicitantes deberán demostrar en la DMV estatal una prueba de identidad, dos comprobantes de residencia, la documentación de declaración de impuestos de año anterior, o haber sido declarado como dependiente en una declaración de la renta en este estado, más una prueba de visión. La licencia tendrá que renovarse cada dos años.
Las licencias emitidas en ambos estados, no cumplirán con la norma federal de identificación personal Real ID, que permite, entre otras cosas, abordar aviones.
Los defensores de ambos estados coinciden en la importancia de que los indocumentados tengan el derecho de poder llevar a sus hijos al colegio y poder desarrollar una vida normal, sin tener la presión de no tener licencia de conducir, mejorando por consiguiente la seguridad vial.
Estas leyes protegen a los indocumentados que soliciten las licencias de conducción de las agencias de inmigración, a las que no se les facilitará información.
La mala noticia llegó desde el estado de Nueva Jersey, que aprobó la misma legislación en diciembre de 2019 con vistas a comenzar el proceso en enero de 2021, pero que ha suspendido indefinidamente la emisión de licencias de conducción para indocumentados.
El motivo alegado es debido a la falta de un plan y unos recursos informáticos aptos para implementar la norma por culpa de la pandemia del coronavirus, según informaron fuentes de la Comisión de Motores y Vehículos de Nueva Jersey (NJMVC).
Fotografía de archivo fechada el 8 de junio de 2020, al secretario interino de Seguridad Nacional, Chad F. Wolf, mientras habla durante una conferencia de prensa, en el Centro de Operaciones de Emergencia de Miami-Dade, en Miami, Florida (EEUU). EFE/ Cristobal Herrera/Archivo
Defensores de los inmigrantes celebraron este lunes la renuncia del titular interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf, al que calificaron como un funcionario “cruel e inhumano”, que cargó con sus políticas en contra de los indocumentados y solicitantes de asilo.
La congresista Pramila Jayapal fue una de las primeras en reaccionar al anuncio. A través de su cuenta de Twitter la legisladora, que representa el Séptimo Distrito de Washington en la Cámara de Representantes, dijo que “Wolf fue cruel, inmoral y peligroso desde el principio”.
“Sus políticas inhumanas separaron a las familias, enjaularon a los niños e infligieron terror a los inmigrantes, los manifestantes pacíficos y nuestras comunidades”, añadió la demócrata.
La renuncia de Wolf, cuya dimisión se hace efectiva a las 23.59 de este lunes (04.59 GMT), es la tercera renuncia del Gabinete del presidente Donald Trump después de los actos violentos que degeneraron en un asalto al Capitolio el miércoles pasado.
Sin entrar en detalles, Wolf apuntó que su decisión «está justificada por acontecimientos recientes, incluidos los fallos judiciales en curso y sin mérito sobre la validez» de su autoridad como secretario en funciones.
«Estos eventos y preocupaciones -agregó el funcionario saliente- sirven cada vez más para desviar la atención y los recursos del importante trabajo del Departamento en este momento crítico de transición de poder».
La organización Southern Poverty Law Center (SPLC) resaltó en un mensaje en sus redes sociales que el nombramiento de Wolf en noviembre del 2019 había sido “ilegal”.
“El puesto de secretario: para empezar, nunca fue suyo”, resaltó SPLC.
Wolf nunca fue confirmado en su puesto por el Congreso estadounidense, argumento que fue utilizado por varios demandantes para invalidar sus políticas contra diversos grupos de inmigrantes.
La dimisión llegó un día antes de que el presidente Trump visite la frontera con México en la localidad de Alamo (Texas) para inspeccionar los avances en el muro antes de abandonar la semana que viene el poder.
Ilustración cedida por la artista Michelina Nicotera-Taxiera donde aparecen dos estaciones de su proyecto «Camino del Asilo» inspirado en el vía crucis pero con una reinterpretación que refleja el dolor y sufrimiento que enfrentan los inmigrantes que buscan asilo y refugio en Estados Unidos. EFE/Michelina Nicotera-Taxiera
«Me entristece dar este paso, ya que mi intención era servir al Departamento hasta el final de esta Administración», señaló Wolf al anunciar su dimisión en una carta.
La organización Firm Action destacó en un comunicado que “Wolf fue un facilitador cobarde que hizo cumplir la agenda racista y antiinmigrante de Trump, causando un daño profundo a nuestras familias”.
En su mensaje Firm Action instó al presidente electo Joe Biden a convertir las promesas en realidades y a proporcionar un camino hacia la ciudadanía y el alivio de la deportación a partir del primer día de su Gobierno.
Por su parte Jayapal destacó que “debemos revertir sus políticas dañinas y reformar humanamente nuestro sistema de inmigración”.
Además de Wolf también han dimitido en los últimos días otras dos integrantes del gabinete de Trump: la secretaria de Educación, Betsy DeVos, y la secretaria de Transporte, Elaine Chao.
Ambas citaron en sus cartas de dimisión el asalto al Capitolio por parte de seguidores del mandatario, que dejó cinco muertos, 12 policías heridos y decenas de detenidos.
Un seguidor del presidente Donald Trump protesta frente al Congreso de Estados Unidos, cuando se celebraba una sesión bicameral para certificar la victoria electoral de Joe Biden.
Foros conservadores en internet han comenzado a animar a los simpatizantes del presidente Donald Trump a concentrarse con armas en todo el país y de nuevo en el Capitolio para oponerse a la investidura la semana próxima del demócrata Joe Biden, pese a que la capital se blindará con más de 10.000 efectivos de la Guardia Nacional para evitar escenas como las del asalto al Capitolio.
Según informó el Buró Federal de Investigación (FBI) en un boletín, han recibido informaciones sobre «protestas armadas» previstas en todos los 50 estados del país entre el día 16 y el 20, cuando tomará posesión Biden, que Trump y sus simpatizantes argumentan que ganó con fraude, algo que no han conseguido demostrar.
«El FBI tiene información de un grupo armado identificado que tiene la intención de viajar a Washington el 16 de enero. Han avisado que si el Congreso intenta sacar al presidente (Trump) por medio de la enmienda 25 habrá un gran levantamiento», explica la circular.
Después del asalto al Capitolio del pasado miércoles, que se saldó con cuatro manifestantes muertos, entre ellos una mujer fallecida de un tiro en el cuello, y que está detrás de la muerte de dos agentes de la Policía del Capitolio, se espera que otros grupos intenten asediar de nuevo la sede del Legislativo entre el 17 y el 20 de enero.
Los partidarios de Trump saludan en un monumento improvisado para Ashli Babbitt, quien fue baleado y murió el día anterior durante un motín de la multitud de partidarios de Trump en el Capitolio de EEUU en Washington, DC, Estados Unidos, 07 de enero de 2021. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS
Los legisladores demócratas están presionando al vicepresidente, Mike Pence, para que invoque la enmienda 25 para inhabilitar a Trump con apoyo del gabinete del Ejecutivo o someterán al mandatario a partir del miércoles a un juicio político por «incitación a la violencia contra el gobierno».
El miércoles, 20 de enero, es la ceremonia de investidura del nuevo presidente, Joe Biden, un evento que tradicionalmente concentra a miles de personas en la explanada del National Mall, frente al Capitolio, donde el nuevo mandatario debe jurar su cargo frente a la flor y nata del poder estadounidense.
Pero en este ocasión, más que nunca antes en la historia del Estados Unidos, la tensión obliga a elevar la precaución hasta el punto que la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, recomendó este lunes no salir a la calle durante la ceremonia, para la que se desplegarán a hasta 15.000 efectivos de la Guardia Nacional enviados desde varios estados, más del triple de los soldados que hay ahora mismo desplegados en Afganistán.
Las autoridades a nivel local y federal no quieren volver a ser sorprendidas por una turba violenta de trumpistas como ocurrió el miércoles pasado, cuando la policía del Capitolio se vio sobrepasada de inmediato por centenares de manifestantes incitados por el mandatario a marchar hacia el Capitolio para protestar por la certificación de la victoria electoral de Biden, que se producía en aquellos momentos en una sesión conjunta de las dos cámaras.
La irrupción de los manifestantes, que llevaban semanas calentando la concentración del 6 de enero convocada por Trump y que contó con organizadores políticos vinculados al trumpismo, es vista como un colosal fallo de seguridad y coordinación entre las autoridades del Pentágono, la ciudad de Washington y de la Policía del Capitolio, encargada de la seguridad de la sede legislativa.
El jefe de la Policía del Capitolio, Steven Sund, obligado a dimitir por el fiasco de seguridad, aseguró este lunes que pidió que el destacamento de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia se pusiera en alerta ante la llegada de trumpistas el 6 de enero, pero que esa petición le fue negada por el Pentágono y los responsables de la seguridad del Senado y la Cámara de Representantes.
En plena emergencia, por la toma del Capitolio, que obligó al vicepresidente, Mike Pence, y a los legisladores a refugiarse en las tripas del laberíntico Capitolio o en oficinas tras barricadas de muebles, fue la policía local de Washington y agencias federales como el FBI las que acudieron al rescate.
Según Sund, el Pentágono rechazó a las 2 de la tarde, justo cuando comenzó a caer el perímetro de seguridad del Capitolio, una petición para desplegar a la Guardia Nacional, pese a que Trump aseguró el jueves que él requirió la presencia inmediata de esta fuerza militar.
Varios medios aseguran que fue el vicepresidente Pence el que solicitó la intervención de la Guardia Nacional, que en el caso de la capital federal debe ser aprobada por la Casa Blanca.
Sund aseguró en una entrevista con The New York Times que si las agencias encargadas de la seguridad no se ponen de acuerdo sobre lo ocurrido la semana pasada «va a volver a ocurrir» durante la inauguración de Biden.
El presidente electo aseguró este lunes que no tiene miedo a aparecer en la escalinata del Capitolio el miércoles de la semana próxima frente al público, como manda la tradición, pese al ambiente de alerta que se vive en el país.
El FBI tiene informaciones sobre planes de algunos grupos ultraconservadores que han pedido asaltar sedes de gobiernos estatales, locales, judiciales y otros centros administrativos para mostrar su oposición al nombramiento de Biden, que consideran un robo electoral, como falsamente ha clamado Trump desde antes del 3 de noviembre.
La biotecnológica Moderna anunció este lunes que está usando la tecnología de ARN mensajero (mRNA), la misma que empleó para su vacuna contra la covid-19, en el desarrollo de nuevas vacunas para la gripe, el VIH y el virus Nipah.
La empresa estadounidense, en un comunicado, señaló que espera comenzar los ensayos clínicos con las vacunas para la gripe y el VIH a lo largo de 2021.
«Después de haber demostrado que nuestra vacuna basada en mRNA puede prevenir la covid-19, esto nos ha animado a perseguir programas de desarrollo más ambiciosos», señaló en la nota el consejero delegado, Stéphane Bancel.
Bancel destacó que Moderna va a tratar de crear vacunas contra algunos virus que «han eludido los esfuerzos con vacunas tradicionales» y que cree que pueden combatirse con esta nueva tecnología.
En el caso de la gripe, la compañía señaló que prevé explorar además posibles combinaciones de vacunas contra este virus, el SARS-CoV-2 y otras patologías comunes.
Para el VIH, Moderna está trabajando en dos posibles vacunas en colaboración con la Iniciativa Internacional para la Vacuna contra el Sida (IAVI) y la Fundación Bill y Melinda Gates, según indicó.
La tercera nueva vacuna anunciada por la empresa es contra el virus Nipah, relacionado con el virus Hendra, y que es una zoonosis descubierta en Malasia en 1998 cuyo principal vector de transmisión son los murciélagos de la fruta, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sus síntomas iniciales son fiebre alta, dolor de cabeza y la alteración del comportamiento, mientras que, en un estado más avanzado, la enfermedad puede provocar encefalitis.
Se transmite a través de los fluidos como la saliva y la sangre y no existe vacuna preventiva, por lo que los médicos solo pueden ocuparse del tratamiento sintomático, y la tasa de mortalidad es muy alta, superior al 70 %.
En total, Moderna está trabajando en 24 programas con tecnología mRNA, con 13 que están en una fase más avanzada, aunque su vacuna contra la covid-19 es la primera aprobada de todas las elaboradas por la empresa.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que “la amenaza de grupos extremistas violentos sigue alta y las próximas semanas son críticas en nuestro proceso democrático con la inminente inauguración”.
WASHINGTON(VOA) – El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, advirtió el domingo sobre la amenaza de violencia en la inauguración el 20 de enero del presidente electo Joe Biden, especialmente tras el asalto la semana pasada al Capitolio de EE.UU. por miles de simpatizantes del presidente Donald Trump para tratar de bloquear la llegada de Biden al poder.
Schumer, quien pronto se convertirá en el líder de la mayoría en el Senado, dijo que habló el sábado con el director del FBI, Christopher Wray, “para apremiarlo a que persiga sin descanso a la turba de insurrectos violentos, incitados por el presidente Trump, que atacaron el Capitolio de Estados Unidos y mataron a un policía, y que esté en guardia contra potenciales ataques adicionales”.
Según Schumer, “la amenaza de grupos extremistas violentos sigue alta y las próximas semanas son críticas en nuestro proceso democrático con la inminente inauguración”.
Del mismo modo, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, en una carta fechada el sábado, pidió al director de Seguridad Nacional, Chad Wolf, extender el período de tres días establecido para la inauguración a dos semanas, a partir de este lunes y hasta el 24 de enero.
Bowser solicitó también a Wolf otra “asistencia federal directa” no especificada para los planes en la inauguración, ayuda federal de orden público durante la inauguración para que la policía de la ciudad pueda mantener sus patrullas regulares por los vecindarios, y audiencias diarias del FBI sobre amenazas durante el período de la inauguración.
La alcaldesa quiere que el Departamento del Interior niegue las solicitudes de permisos para aglomeraciones públicas durante ese período.
Sus peticiones, dijo, son “esenciales para demostrar nuestra disposición colectiva para asegurar la transición de poderes constitucional”.
Trump anunció el viernes que no asistiría a la inauguración de Biden, lo que lo convertiría en el primer presidente de la historia moderna que estaría presente en la juramentación de su sucesor.
Se espera que el vicepresidente Mike Pence asistirá, así como también los expresidentes George W. Bush y Barack Obama.
El senador republicano por Missouri Roy Blunt, quien supervisa la inauguración de Biden, dijo al sitio web Missourinet que el jueves revisó reportes de inteligencia del FBI sobre el ataque al Capitolio y opina que la reducida inauguración debido a las restricciones por el coronavirus facilitará el manejo de una multitud mucho menor que la regular de alrededor de 200.000 asistentes.
Y el Servicio Secreto, que encabeza un equipo de agencias de orden público que ofrecerán seguridad para la inauguración, emitió un comunicado el viernes en que dijo que ha estado trabajando por más de un año “para anticipar y prepararse para todas las posibles contingencias a todos los niveles con el fin de asegurar un Día de Inauguración seguro”.
El personal de orden público fue insuficiente para controlar la entrada de miles de simpatizantes de Trump en el Capitolio el miércoles pasado.
Varios legisladores, entre ellos el senador demócrata Chris Murphy, han cuestionado cómo esas autoridades pudieron desoír las advertencias de un ataque inminente. Murphy dijo a NPR el viernes que “no había que estar en la web oscura para saber que algo terrible podría suceder el miércoles”.
Y actualmente continúan los llamados en línea a protestas similares, dijo Twitter el viernes en un comunicado.
“Planes para futuras protestas armadas ya comenzaron a proliferar dentro y fuera de Twitter, entre ellas un propuesto segundo ataque al Capitolio de EE.UU. y capitolios estatales el 17 de enero de 2021”, dijo la plataforma.
Junto a numerosos partidarios de Trump que han llamado a protestas en las cuentas de redes sociales, hay numerosos llamados a más manifestaciones cuando Biden sea inaugurado, en un evento que los organizadores están denominando “La Marcha del Millón de Milicianos”.
Algunos organizadores, que se describen como “gente común cansada de sentirse pisoteada” están convocando también a una “Marcha Armada en Todas las Capitales Estatales” para el 17 de enero, tres días antes de la inauguración.
Adam Johnson, el simpatizante del presidente Donald Trump que aparece cargando el atril de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en una de las imágenes icónicas del asalto al Capitolio, salió en libertad bajo fianza este lunes. EFE/EPA/PINELLAS COUNTY SHERIFF HANDOUT HANDOUT
Miami, (EFE News). – Adam Johnson, el simpatizante del presidente Donald Trump que aparece cargando el atril de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en una de las imágenes icónicas del asalto al Capitolio, salió en libertad bajo fianza este lunes.
Johnson, de 36 años y detenido el pasado 8 de enero, compareció este lunes en una corte federal de Tampa, en el oeste de Florida, de donde salió tras firmar una orden de fianza de 25.000 dólares que no tendrá que pagar a menos que incumpla alguna de sus citaciones judiciales.
Tras permanecer en una cárcel federal del Condado Pinellas, el hombre y padre de cinco hijos, abandonó hoy la corte serio y vistiendo camiseta, pantalón corto y sandalias, acompañado de sus dos abogados, quienes señalaron que desde el día de la invasión al Capitolio ha recibido amenazas de muerte.
Johnson afronta cargos por entrar o permanecer en un edificio restringido sin autoridad legal, robo de propiedad del Gobierno y entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio.
El magistrado federal Christopher Tuite ordenó hoy que Johnson no viaje fuera de los límites del Distrito Medio de Florida mientras el caso sigue en curso, y solo autorizó que se traslade a Washington DC, donde tiene prevista su siguiente vista judicial para el 19 de enero.
El fiscal federal Patrick Scruggs expresó sus preocupación de que el acusado deba estar en la capital un día antes de que el presidente electo, Joe Biden, inaugure de manera formal su mandato, a lo que el abogado defensor Dan Eckhart aseguró que Johnson no acudirá a la ceremonia de investidura.
«Todos los involucrados en el asalto al Capitolio la semana pasada deben rendir cuentas de sus acciones, incluido el Sr. Johnson», enfatizó Scruggs.
La fotografía de Johnson, en la que aparece sonriente y con el atril de Pelosi, es una de las más publicadas entre las que fueron tomadas durante los sucesos ocurridos el pasado 6 de enero en el Capitolio, donde murieron cinco personas, una de ellas un policía, y numerosas resultaron heridas.
Ese día, poco antes de que los partidarios de Trump rompieran el cerco de seguridad e invadieran el Congreso, azuzados por el presidente saliente, los legisladores se aprestaban a sellar el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre pasado y cuyos resultados ya habían sido certificados por el Colegio Electoral.
Los asaltantes causaron destrozos en la sede del Congreso y se enfrentaron a las fuerzas del orden en un episodio que algunos legisladores han definido como un intento de golpe de Estado y otros como una «insurrección».
El presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trmp. EFE/ Erik S. Lesser/Archivo
Washington, (EFE News). – Un supuesto «empleado descontento» modificó este lunes una web del Departamento de Estado en la que se aseguraba que el mandato del presidente Donald Trump expiraba hoy, lo que elevó la confusión en las redes sociales sobre si el mandatario tenía previsto dimitir antes de que se agote su mandato, el 20 de enero.
La sección con la biografía de Trump en la web oficial del Departamento de Estado fue reemplazada este lunes por el texto «el mandato de Donald J. Trump finalizó el 11-01-2021», con un texto similar en el apartado del vicepresidente, Mike Pence.
El Departamento de Estado eliminó la página poco antes de las 16.00 hora local (21.00 GMT) y explicó a Buzzfeed News que ese cambio había sido obra de un «empleado descontento» y que no es posible que fuera un hackeo externo de sus sistemas.
Según el mismo medio, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha ordenado una investigación de lo sucedido, especialmente entre aquellos que eran becarios o que esperaban abandonar esta semana el departamento como parte del proceso de transición.
La confusión se extendió en las redes sociales por el cambio en la web del Departamento de Estado, con algunas voces especulando si el gobierno estadounidense iba a anunciar la salida de Trump, a quien la líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, ha instado a renunciar.
El mandato de Trump está previsto que expire el 20 de enero, cuando tendrá lugar la investidura del demócrata Joe Biden como nuevo gobernante, pero los legisladores demócratas han pedido al vicepresidente, Mike Pence, que invoque la enmienda 25 de la Constitución, que permite inhabilitar temporalmente al presidente con el apoyo del gabinete ministerial.
Se espera que el martes los legisladores demócratas voten una resolución pidiendo a Pence que invoque la enmienda 25 en 24 horas, algo que parece improbable, o el Congreso abrirá el miércoles un segundo juicio político contra el mandatario.
Dentro del Departamento de Estado hay malestar porque Pompeo no emitió un comunicado con un lenguaje lo suficientemente crítico por el asalto al Capitolio la semana pasada por parte de simpatizantes de Trump, incitados por el propio presidente.
Fotografía de archivo de campaña cedida donde aparece la concejala de la ciudad de Whittier, Jessica Martínez. EFE/Martinez for Assembly
Los Ángeles, (EFE News). – Una concejal latina, conocida por tratar de bloquear judicialmente las ayudas económicas entregadas por California a los indocumentados afectados por la pandemia de covid-19, enfrenta este lunes varios llamados a renunciar por supuestamente participar en la manifestación que degeneró en un asalto al Capitolio estadounidense la semana pasada.
Jessica Martínez, concejal de la ciudad de Whittier, está en la mira pública después de supuestamente participar en el encuentro de seguidores del presidente Donald Trump que el pasado miércoles derivó en la irrupción de una turba en la sede del Congreso estadounidense en Washington DC.
El martes el Ayuntamiento de esa ciudad, que pertenece al condado de Los Ángeles, debatirá si censura a la concejal por su supuesta participación en la manifestación.
Una petición en el portal change.org ha recolectado este lunes más de 5.000 firmas que buscan respaldar el pedido de destitución de la hispana, que fue elegida hace menos de un año en una votación especial. Otra petición en la plataforma ActionNetwork.org acumulaba cerca de 6.000 firmas pidiendo la remoción de la republicana.
A través de su cuenta de Twitter, Martínez había cuestionado la legitimidad de los resultados de las elecciones presidenciales, que favorecieron al demócrata Joe Biden, y tildó a los republicanos que aceptaron el resultado de «traidores».
También anunció por esa red social su participación en la concentración de seguidores de Trump en la capital estadounidense. Supuestamente subió un vídeo desde la manifestación, aunque después aclaró que nunca estuvo frente al Capitolio. «Estaba en otra parte de Washington, D.C., ejerciendo mi derecho constitucional a la libertad de expresión en un mitin e inmediatamente después de que terminó regresé a casa” escribió Martínez.
El alcalde interino de Whittier, Henry Bouchot, dijo al periódico Los Angeles Times que le cuesta creer que Martínez asistiera a una manifestación diferente ese día. «No esperaba que un colega de nuestro organismo electo estuviera en un radio de 1.000 millas de Washington, D.C., mucho menos en medio de una manifestación de ‘Detener el robo’», subrayó.
En el mismo sentido, la supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, pidió en un comunicado censurar a Martínez por participar en el intento de retrasar o prevenir la transferencia pacífica de poder.
La hispana ha estado previamente en el ojo público después de presentar, junto con otro latino, una demanda contra el gobernador Gavin Newsom en un intento por bloquear las ayudas por 75 millones de dólares que California otorgó a indocumentados afectados por la pandemia, que no califican para seguro de desempleo.
La querella legal ocasionó que varios manifestantes llegaran frente a su casa a repudiar la demanda, que perdió en los tribunales.
Martínez participó el año pasado como candidata republicana por el Distrito 57 a la Asamblea de California, puesto que finalmente ganó la aspirante demócrata Lisa Calderón.
Al igual que Martínez, Leandra Blades, miembro de la Junta Unificada de Educación de Placentia-Yorba Linda en el condado de Orange, enfrenta varios llamados para que presente su renuncia por viajar a Washington.
El sábado pasado el republicano Derrick Evans, miembro de la Cámara de Delegados de West Virginia, renunció a su cargo después de compartir en sus redes sociales un vídeo donde se le veía entrando con la turba al Capitolio.
Hasta el momento Martínez no ha respondido a la solicitud de declaraciones que le hizo la Agencia Efe.
El presidente saliente de EEUU Donald J. Trump. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo
El comité designado por el presidente saliente Donald Trump para organizar su investidura en enero de 2017 pagó una factura por 49.000 dólares que debía haber asumido la empresa privada del gobernante, denunció este lunes el fiscal general del Distrito de Columbia, Karl Racine.
Según el diario The Washington Post, Racine agregó la acusación a una demanda que interpuso en enero de 2020 contra el llamado Comité de Investidura Presidencial por «abusar de fondos sin ánimo de lucro para enriquecer» a la familia del mandatario.
«La Organización Trump era responsable de los cargos facturados», indicó la oficina del fiscal, según el expediente, que considera el pago de la factura «injusto, no razonable e injustificado, y (que), en última instancia, confirió un beneficio privado impropio a la Organización Trump».
El fiscal indicó que la Organización Trump no pagó una factura de hotel por 49.000 dólares, la cual terminó en una agencia de cobros y que el Comité de Investidura Presidencial, una organización sin ánimo de lucro, finalmente sufragó.
En enero del año pasado, Racine indicó en su demanda que el comité se coordinó con la familia de Trump para pagar 1,03 millones de dólares por el alquiler de un espacio en el hotel, que incluía un salón de baile y salas de reuniones, muy por encima de las tarifas del establecimiento.
Racine pidió ahora a un juez que ordene que los 1,03 millones de dólares pagados al hotel Trump y los 49.000 dólares de la factura se destinen a la caridad.
En la nueva acusación se detalla que un empleado de la Organización Trump que era asistente de Donald Trump Jr. reservó en ese entonces habitaciones en un hotel ubicado a pocas cuadras de la Casa Blanca.
Según el fiscal, el contrato fue ejecutado «en nombre de la Organización Trump» por Gentry Beach, un amigo de Donald Trump Jr., que no es empleado del negocio del gobernante.
La factura por 49.358,92 dólares fue enviada a la Organización Trump y quedó sin pagar hasta julio de 2017, cuando una agencia de cobros contactó al comité, que hasta entonces desconocía de las habitaciones, pero que asumió el pago tras una orden de Rick Gates, quien fue «número dos» de la campaña electoral del ahora presidente.
En un correo al Post, Beach dijo no estar al tanto de los hechos. «No sé nada de las habitaciones, no usé las habitaciones, no tengo idea de quién lo habría hecho», apuntó y aseguró no saber quién usó su nombre.
En diciembre de 2019, Gates fue condenado a 45 días en prisión y tres años de libertad condicional por fraude y por mentir a los investigadores tras finalmente admitir que había ayudado al jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, a esconder 75 millones de dólares obtenidos por trabajos de consultoría para políticos ucranianos en cuentas en el extranjero.
