La vicepresidenta de EEUU Kamala Harris. (Foto: EFE/Yuri Gripas)
Washington, EE.UU.- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció este miércoles que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) investiga las decenas de amenazas bomba que han recibido durante los últimos días varias universidades de la comunidad negra.
«Los estadounidenses tienen derecho a estar seguros en el trabajo, en los lugares de culto y en la escuela. El FBI está investigando las amenazas contra nuestros colegios, universidades y lugares de culto históricamente negros. Debemos hacer frente a cualquier amenaza de violencia en nuestras comunidades», aseveró la vicepresidenta en Twitter.
Más de una decena de universidades fundadas para servir a la comunidad negra de Estados Unidos han recibido amenazas de bomba durante los últimos días, lo que en algunos casos ha conllevado el cierre de campus y la alteración de sus actividades.
Entre las instituciones amenazadas está la Universidad de Howard, prestigioso centro de estudios de Washington donde estudió Harris, que el pasado 1 de febrero recibió de madrugada una amenaza de bomba, si bien la Policía inspeccionó sus instalaciones y no halló ningún artefacto explosivo.
También recibieron amenazas similares la Universidad del Distrito de Columbia, la Universidad Morgan (Maryland), la Universidad Coppin (Maryland), la Universidad Fort Valley (Georgia), la Universidad Estatal de Kentucky, la Universidad Xavier de Luisiana y la Universidad Edward Waters (Florida), entre otras.
La congresista demócrata Alma Adams, fundadora del caucus del Congreso que defiende las universidades históricamente negras, denunció en un comunicado que es la «segunda ronda» de amenazas contra este tipo de centros en menos de un mes.
Las universidades negras son instituciones de enseñanza superior establecidas en Estados Unidos durante la etapa de la segregación racial para servir a la comunidad afroamericana, de las que todavía existen cerca de un centenar en todo el país.
Estas amenazas tuvieron lugar el mismo día en que comenzó el Mes de la Herencia Negra, una celebración que durante febrero conmemora la historia de la diáspora africana.
Traslado y honras fúnebres hacia la base de la Fuerza Aérea de Dover, Delaware, EE. UU., de los miembros del ejércitos estadounidense que perecieron tras el atentado terrorista en el aeropuerto de Kabul, en agosto de 2021, en Afganistán. (Foto: VOA)
En el atentado en el aeropuerto de Kabul murieron unas 170 personas; de ellas, 13 eran miembros del ejército de Estados Unidos.
A casi seis meses del atentado que se cobró la vida de unas 170 personas frente al aeropuerto de Hamid Karzai de Kabul, mientras las tropas estadounidenses evacuaban a personal civil y militar de Afganistán, Washington ha puesto precio a la cabeza del que asegura es el autor intelectual de la acción terrorista.
«Sanaullah Ghafari fue designado por el núcleo de ISIS para dirigir el ISIS-K [Estado Islámico del Gran Jorasán]. Ghafari es responsable de aprobar todas las operaciones del ISIS-K en todo Afganistán y de organizar la financiación para llevar a cabo las operaciones», informó el miércoles el departamento de Estado en un comunicado.
El pasado 26 de agosto, en plena caótica evacuación, el atentado, que en un principio se consideró que consistió en varias explosiones y disparos, se cobró la vida de unas 170 personas, entre ellos 13 militares estadounidenses: once marines, un soldado y un marinero.
Ghafari , explica el comunicado de Exteriores, había recibido la designación especial de «terrorista global» en noviembre de 2021, mientras que el EI Gran Jorasán había recibido sendas nominaciones por terrorismo internacional en 2015 y 2016, respectivamente.
Recientemente el Pentágono informó que, tras varios meses de investigación, concluyó que fue un ‘lobo solitario’ el que acometió la embestida contra el aeropuerto. «Fue una explosión, y no hubo un segundo ataque», señaló el brigadier del Ejército Lance Curtis en un intercambio con la prensa en Washington.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, realiza una conferencia de prensa en Washington DC, el 9 de febrero de 2022. (Foto: VOA)
No hay seguridad sobre una posible invasión rusia a Ucrania, como ocurrió en 2014 con Crimea, anexada entonces por Moscú.
Con el avance de la crisis debido a la numerosa presencia militar de Rusia alrededor de Ucrania, la Casa Blanca aconsejó el miércoles a los estadounidenses que abandonen «ahora» esa nación europea.
«Alentamos a los ciudadanos estadounidenses a salir ahora. No ha habido una invasión, pero obviamente no sabemos si se ha tomado la decisión de invadir», dijo en intercambio con los reporteros la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
La portavoz de la Administración Biden explicó que Estados Unidos cuenta con «múltiples presencias diplomáticas en Ucrania y en países vecinos, que siempre están disponibles para los ciudadanos estadounidenses que requieran asistencia».
Las tensiones han subido de nivel desde que en las últimas semanas el gobierno del presidente Vladimir Putin apostara más de 100.000 efectivos del ejército ruso a lo largo de la frontera con Ucrania, hecho que ha sido tomado por la OTAN como una amenaza a la paz en Occidente.
Varios líderes europeos y el propio EE. UU. han insistido en la vía diplomática al entablar conversaciones tanto con Putin como con su homólogo ucraniano Vladimir Zelenski, a fin de desescalar la tensión en la zona.
Imagen de archivo de la entrada del Centro de Detención de Inmigrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Adelanto, California. (Foto: EFE/Iván Mejía)
Nueva York, EE.UU.– Un informe dado a conocer hoy en Nueva York denuncia «la crueldad del sistema de inmigración» de Estados Unidos, el más grande del mundo, manifestada en el funcionamiento cotidiano de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a través del país, y aboga por reformas que pongan fin a este sistema de exclusión.
El informe «Cruel by Design: Voices of Resistance from Immigration Detention», realizado por el Proyecto de Defensa del Inmigrante y el Centro de Derechos Constitucionales, afirma además que las prácticas de detención durante la pandemia, que comenzó en marzo del 2020, no solo pusieron de relieve las condiciones «inaceptables» de esos centros de detención, sino que ayudaron a propagar el coronavirus en esos centros y fuera de ellos, incluso hasta otros países.
Destaca que entre esas condiciones «horribles» de detención antes y durante la pandemia están la separación de familias, el abuso sexual de niños, histerectomías innecesarias, uso de la fuerza y spray pimienta, insultos racistas, el uso arbitrario y punitivo del confinamiento en solitario, la detención prolongada, traslados sin avisar a abogados o familiares, y negligencia médica que derivó ocasionalmente en muertes.
También que se detiene gente en celdas extremadamente frías y duermen en el piso con muy poca ropa para protegerse del frío, y que se les niega habitualmente los servicios de cuidado médico.
El informe, que se realizó basado en declaraciones de inmigrantes presentadas en procedimientos judiciales para impugnar su detención durante la crisis de salud por la covid y en entrevistas a exdetenidos, se centra en la «necesidad urgente» no sólo de liberar a los prisioneros sino el fin de «un sistema cruel».
Asegura que desde el 2003 mas de 200 personas han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Durante la pandemia inmigrantes en varios centros se declararon en huelga de hambre para denunciar sus condiciones de encarcelamiento y exigir ser enviados a sus hogares con grilletes electrónicos para evitar el contagio.
UN SISTEMA DISEÑADO PARA RENUNCIAR A LA EMIGRACIÓN
El informe recuerda que el hacinamiento, la falta de cuidado medico y las condiciones insalubres exacerbaron la pandemia en los centros de detención y comunidades aledañas, y que al deportar a individuos contagiados se exportó el virus a países como India, Haití, Guatemala o El Salvador.
«Somos humanos, pero ICE no piensa eso», dijo Edinson Calderón, uno de los entrevistados, quien estuvo detenido durante cuatro meses después de huir de la homofobia en Venezuela.
De acuerdo con Calderón, ICE provoca situaciones como las que vivió, «sólo para oírte decir: ‘Por favor, depórtame'».
Así, el informe asegura que el sistema de inmigración está diseñado para desalentar la voluntad de lucha de la gente y que abandone su propósito de vivir en este país.
La lista de detenidos en estos centros incluye a inmigrantes que buscan asilo, supervivientes de torturas y otros que han vivido por décadas en el país sin estatus legal.
También a gente cuyos hijos o esposos son ciudadanos, residentes legales (poseedores de la tarjeta verde), inmigrantes con enfermedades mentales, ancianos e infantes.
El Gobierno federal ha invertido un estimado de 333 mil millones de dólares en este sistema desde que el Departamento de Seguridad Nacional fue creado en 2003, tras los atentados terroristas que hubo en el país dos años antes.
Concluye que la crisis en los centros de detención de ICE no puede ser resuelta a través de reformas parciales como poner fin a las prisiones privadas, mejorar las condiciones o someter a más inmigrantes indocumentados a vigilancia electrónica.
«El centro de este problema es el constante endurecimiento de las políticas de inmigración, lo que apunta a la necesidad de soluciones audaces que reconozcan que el sistema de detención no se puede arreglar», afirma.
«Las reformas parciales por sí solas no serán suficientes para remediar la crueldad de este sistema. Lo que se requiere en última instancia es una transformación de gran alcance, que apunte a poner fin a la detención como una herramienta del régimen de exclusión de los Estados Unidos», concluye.
Fotografía de archivo del líder de los republicanos en el Senado estadounidense, Mitch McConnell. (Foto: EFE/SHAWN THEW)
Washington, EE.UU.- El líder de los republicanos en el Senado estadounidense, Mitch McConnell, tachó este martes el asalto al Capitolio de «insurrección violenta» y criticó que su partido amonestara a dos legisladores que investigan el papel del expresidente Donald Trump (2017-2021) en ese suceso.
En declaraciones a la prensa en el Capitolio, McConnell describió el ataque perpetrado por una turba de seguidores de Trump el 6 de enero del año pasado como una “insurrección violenta con el propósito de tratar de evitar la transferencia pacífica del poder”.
McConnell se posicionó así después de que el Comité Nacional Republicano (RNC, en inglés), órgano ejecutivo del partido, amonestara el pasado viernes a Liz Cheney y a Adam Kinzinger, dos legisladores republicanos críticos con Trump, por formar parte del comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio.
La dirección del partido, que se opuso a la creación del comité de investigación, acusó a los dos legisladores de apoyar los «esfuerzos de los demócratas para destruir a Trump» y afirmó que el asalto al Capitolio fue «un discurso político legítimo».
Cuestionado por los periodistas, el líder de los republicanos en el Senado se desmarcó de ese posicionamiento y opinó que «no es el trabajo del RNC» señalar a los miembros del partido «que tengan puntos de vista diferentes al de la mayoría».
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, también rechazó este martes la idea de que el asalto fuera «un discurso político legítimo», al recordar en su rueda de prensa diaria que hubo decenas de heridos y que los propios seguidores de Trump «pedían que se ahorcara al vicepresidente», Mike Pence.
El 6 de enero de 2021, una turba de seguidores de Trump asaltó el Capitolio para intentar frenar la ratificación del demócrata Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, en un suceso que dejó cinco muertos y cerca de 140 agentes heridos.
El suceso fue motivado por las acusaciones infundadas de fraude electoral emitidas por Trump, y a día de hoy el 70 % de los votantes republicanos sigue considerando que los comicios fueron fraudulentos.
A pesar de condenar este martes el ataque al Capitolio, McConnell no participó el pasado 6 de enero en los actos conmemorativos que organizó el Congreso para el primer aniversario del asalto.
Fotografía de archivo de miembros del comité organizativo para la constitución del primer sindicato de Starbucks en Bufalo, Nueva York. (Foto: EFE/Jorge Fuentelsaz)
Nueva York, EE.UU.- El incipiente sindicado de trabajadores de Starbucks denunció este martes que la cadena de cafeterías despidió hoy a siete trabajadores de un local situado en Memphis (Tennessee) en represalia por sus esfuerzos de sindicación, un extremo que niega la empresa, que justificó el despido por la «violación del protocolo de seguridad y protección».
«La empresa Starbucks despidió hoy a casi todo el comité sindical organizador en la tienda Poplar & Highland en Memphis, Tennessee», escribió la organización laboral en un comunicado en el que asegura que los siete trabajadores representaban un 35 % de los empleados del local.
Los afectados sostienen que la empresa justificó su decisión por «políticas» que no les aclararon y dijeron estar convencidos de que el despido se debía a su labor en favor del sindicato.
«Este es un claro intento de Starbucks de tomar represalias contra quienes lideramos el esfuerzo sindical en nuestra tienda y de asustar a otros trabajadores. Starbucks no se saldrá con la suya, todo el país mostrará su indignación», aseguró Nikki Taylor, uno de los despedidos y que trabajaba como supervisor de turno.
Por su parte, un portavoz de Starbucks rechazó en declaraciones a Efe que esta decisión tenga relación alguna con sus esfuerzos por crear un sindicato.
Según la compañía, los trabajadores infringieron varias normas, entre las que citó la permanencia en la tienda más allá del horario del cierre y la entrada en una zona cerrada bajo llave «sin permiso o autorización».
Además, según el portavoz, los implicados permitieron el acceso a personas que no trabajaban en la tienda a zonas detrás de la barra, algo expresamente prohibido en el reglamento interno.
Asimismo, insistió en que se llevó a cabo una investigación en la que se chequeó el sistema interno de video-vigilancia.
En la nota, el sindicato hace una llamada a la población de Memphis y del país para que «pidan responsabilidades a Starbucks por su represión sindical y sus represalias».
Asimismo, aseguraron que denunciarán los despidos a la Asociación Nacional de Relaciones Laborales.
Desde que el pasado diciembre dos cafeterías en la ciudad de Búfalo (Nueva York) lograran por primera vez en la historia de la cadena crear un sindicato, varios locales en todo el país les están siguiendo los pasos.
Según datos del propio sindicato, que también ha denunciado en diferentes ocasiones las presiones y el acoso de la compañía contra los trabajadores que defienden la sindicación, tiendas en al menos 19 estados han comenzado ya el proceso para constituir una organización de trabajadores, un movimiento que la empresa ha rechazado públicamente.
«Si una parte significativa de nuestros empleados se sindicalizara, nuestros costos laborales podrían aumentar y nuestro negocio podría verse afectado negativamente por otros requisitos y expectativas que podrían aumentar nuestros costos, cambiar la cultura de nuestros empleados, disminuir nuestra flexibilidad e interrumpir nuestro negocio», dijo la empresa en un comunicado difundido el 9 de diciembre tras la creación del primer sindicato.
Además agregó que estos esfuerzos de organización sindical «podrían tener un impacto negativo en cómo se percibe nuestra marca y tener efectos adversos en nuestro negocio, incluidos nuestros resultados financieros».
Miles de empleados del sector público de Puerto Rico, principalmente maestros y bomberos, protagonizan una protesta para exigir un salario justo denominada "Gran Marcha de la Indignación" este miércoles en la capital San Juan. (Foto: EFE/Thais LLorca)
San Juan, Puerto Rico.- Los empleados del sector público de Puerto Rico, principalmente maestros y bomberos, protagonizaron este miércoles multitudinarias protestas en San Juan para exigir un salario justo, en la denominada «Gran Marcha de la Indignación».
Los primeros convocantes de esta jornada de protesta fueron los maestros, que se manifestaron así por segunda semana consecutiva pese a que el gobernador Pedro Pierluisi anunció el pasado lunes que los educadores recibirán temporalmente un aumento salarial de 1.000 dólares mensuales a partir de julio próximo.
De todas partes de la isla llegaron los maestros a la «Gran Marcha de la Indignación», que arrancó en el parque Luis Muñoz Rivera, pasó frente al Capitolio-Legislatura- y recorrió varias calles del Viejo San Juan hasta llegar a La Fortaleza, sede del Ejecutivo.
Entre esos miles de educadores estuvo José Guillermo Morales, maestro de música de la escuela elemental José De Diego de Las Piedras, quien dijo a Efe que acudió a la manifestación no solo por exigir un ajuste salarial sino en defensa de las pensiones de sus colegas que se acercan a retirarse.
MAESTROS TIENEN DOS O TRES TRABAJOS PARA SUBSISTIR
El salario base de un maestro en Puerto Rico es de 1.750 dólares mensuales, muy por debajo del costo de vida actual, lo que ha llevado a que muchos docentes tengan que tener uno o dos trabajos adicionales.
«En mi caso, que soy músico, estoy en la calle tocando, que es otro trabajo adicional. También damos clases privadas, hacemos vídeos instruyendo a otros en las redes y estamos en la escuela, siempre buscando sobrevivir», admitió Morales.
Acompañados de música y portando banderas de Puerto Rico, los manifestantes aludieron continuamente en sus consignas y en los lemas de sus pancartas a los reclamos de mejoras salariales y de un retiro digno.
«Sin maestros, el país se paraliza», «Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el Gobierno», «Si se trata de enseñar, enseñamos a luchar», «Le vamos a dar candela en la calle y en la escuela» y «Con firmeza y con valor, yo defiendo mi pensión», fueron algunas de las consignas más coreadas.
Miles de empleados del sector público de Puerto Rico, principalmente maestros y bomberos, protagonizan una protesta para exigir un salario justo denominada «Gran Marcha de la Indignación» este miércoles en la capital San Juan. (Foto: EFE/Thais LLorca)
GOBERNADOR MENOSPRECIA A MAESTROS, BOMBEROS Y POLICÍAS
La gota que colmó el vaso de la paciencia de muchos empleados públicos fueron unas desafortunadas declaraciones del gobernador, quien dijo el pasado lunes que «nadie está obligado» a ser maestro, policía o bombero y que esas profesiones son vocacionales.
«A él no le interesa ninguna de estas profesiones porque él y sus ayudantes especiales cobran sueldos más altos que nosotros y nosotros estamos en la miseria», denunció Lydia Nazario. maestra de preescolar de educación especial en Coamo.
Sobre el aumento salarial de 1.000 dólares anunciado, Nazario criticó en declaraciones a Efe que el dinero proviene de fondos federales de emergencia, por lo que en cualquier momento se puede eliminar.
Una situación similar de precariedad viven los bomberos, cuyo salario base son 1.625 dólares mensuales, y que pidieron también hoy ajustes salariales. Para demostrar su repudio, llevaron uno de sus camiones hasta la calle Fortaleza.
Empleados del sector público de Puerto Rico, principalmente maestros y bomberos, protagonizan una protesta para exigir un salario justo denominada «Gran Marcha de la Indignación» este miércoles en la capital San Juan. (Foto: EFE/Thais LLorca)
NUEVAS PROMESAS DE MEJORAS
En medio de la manifestación, Pierluisi y el secretario de Educación, Eliezer Ramos, anunciaron que el aumento de 1.000 dólares se extenderá a directores escolares, superintendentes regionales y facilitadores docentes a partir del 1 de julio de 2022.
Según explicó Pierluisi en un comunicado, el aumento destinado para el magisterio se identificó como parte de las iniciativas de fondos federales ESSER.
Por su parte, Karen Riquelme, senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), presentó hace varios días un proyecto de ley que establecería un salario base a los bomberos de 2.000 dólares mensuales.
A la gran marcha se unieron también los enfermeros, en un reclamo por un mejor salario y pago de incentivos que aún les adeuda el Gobierno por su trabajo durante la pandemia de covid-19.
Otros funcionarios que se manifestaron hoy fueron trabajadores sociales y sindicalistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, en unas protestas que contaron con la presencia y el apoyo de artistas como PJ Sin Suela, iLe y Emil Martínez.
Deslizamiento en el barrio La Esneda, una de la zonas populosas de Colombia, el 8 de febrero de 2021. (Foto: VOA)
Más de 60 viviendas fueron evacuadas y los equipos técnicos continúan evaluando los daños y los riesgos.
Bogotá, Colombia.- Intensas lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que causó la muerte de al menos 14 personas el martes en Risaralda, al oeste de Colombia, informaron las autoridades.
Otras 35 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos para su recuperación y una persona más fue reportada como desaparecida.
El deslizamiento se registró en la madrugada en un sector popular en el que hay casas de madera en el barrio La Esneda, del municipio de Dosquebradas, y la Avenida del Río, que pertenece a Pereira, capital de Risaralda.
El alcalde de Pereira, Carlos Maya, quien confirmó la cifra de víctimas mortales, dijo a la prensa que desde 1977 no se registraba un deslizamiento en la ciudad. El funcionario advirtió que el riesgo de deslizamiento continúa en la zona y, por tanto, instó a los ciudadanos que se retiren del lugar para evitar más víctimas.
“El factor detonante de la emergencia fue una ruptura en el canal de la acequia que, al colapsar, generó una acumulación y flujo constante de agua hacia la ladera”, explicó la Alcaldía de Pereira en un comunicado.
Más de 60 viviendas fueron evacuadas y equipos técnicos continúan evaluando los daños y los riesgos.
El presidente colombiano, Iván Duque, envió sus condolencias a las familias de los fallecidos. “Mi acompañamiento al pueblo Risaraldense en este difícil momento”, indicó en un tuit.
Duque añadió que solicitó al equipo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a cargo de las labores de búsqueda y rescate, estar “en alistamiento para intervenir cuando se requiera”.
Fotografía de archivo de una patrulla en el campus de la Universidad de California. (Foto: EFE/MONICA M. DAVEY)
Los Ángeles, EE.UU.- La Universidad de California anunció este martes que pagará 246,3 millones de dólares para resolver varias demandas civiles de cientos de mujeres que alegaron conducta sexual inapropiada de un ginecólogo afiliado por décadas a la institución educativa en Los Ángeles.
James Heaps se desempeñó como ginecólogo y oncólogo afiliado al campus de la Universidad California en Los Ángeles (UCLA) por casi 35 años, y fue nombrado en centenares de demandas civiles en las que se acusaba al médico de abuso sexual.
Las demandas también alegan que UCLA ocultó «activa y deliberadamente» el abuso sexual de Heaps a sus pacientes entre 1983 y 2018.
La universidad notificó a la policía sobre las acusaciones contra Heaps en junio de 2018. Un año más tarde el médico fue arrestado por múltiples cargos criminales de agresión sexual que involucraban a dos pacientes.
El acuerdo anunciado este martes cubre los casos de 203 mujeres que dijeron que el médico abusó de ellas cuando eran sus pacientes y otorgará alrededor de 1,2 millones a cada demandante.
En un comunicado la UCLA dijo hoy que “la conducta presuntamente cometida por Heaps es reprobable y contraria a los valores de la Universidad”.
Este es el segundo acuerdo al que llega la UCLA por las demandas relacionadas a Heaps. En julio de 2021 la universidad acordó pagar 73 millones en una demanda colectiva que involucró a más de 5.000 pacientes que atendió el médico en el centro de salud estudiantil de la UCLA, el Centro Médico Ronald Reagan UCLA o su consultorio en el campus.
Tras la investigación y el arresto en 2019, Heaps fue acusado en mayo del año pasado por 21 cargos de delitos graves que incluyen agresión sexual, explotación sexual de un paciente y penetración sexual de una persona inconsciente. Si es declarado culpable de todos los cargos podría ser sentenciado a más de 67 años de prisión.
El médico se ha declarado inocente de los cargos criminales y su abogado ha dicho que Heaps sostiene que actuó de manera apropiada, según informó el periódico Los Angeles Times.
Esta no es la primera vez que una universidad de Los Ángeles paga una suma tan alta por una demanda. En marzo del 2021 La Universidad del Sur de California (USC) acordó pagar un total de 852 millones de dólares a las víctimas de abusos sexuales del ginecólogo George Tyndall, que fue acusado de abusar de pacientes de la institución durante exámenes médicos a lo largo de 30 años.
La nueva herramienta permite visualizar el impacto en la economía y en el bolsillo
de la gente de alrededor de $2,600 millones que se pueden recibir del Crédito por Trabajo (EITC)
y del Crédito por Menor Dependiente (CTC)
San Juan, Puerto Rico– Como parte de las iniciativas que anunció hoy la Casa Blanca con motivo del EITC/CTC Action Day, Espacios Abiertos (EA) presentó un mapa interactivo para mostrar el impacto a nivel de Puerto Rico y de cada municipio, que podrían tener este año el Crédito por Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) y el Crédito por Menor Dependiente (Child Tax Credit o CTC), su relación con la pobreza y la seguridad económica de las familias puertorriqueñas.
“Estamos hablando de más de $2,600 millones en alivios para el bolsillo de la gente. Es crítico que la población conozca y solicite ambos créditos cuanto antes. Esta es una oportunidad única para las familias y para la economía de Puerto Rico. Ahora, el reto estriba en lograr en los próximos meses y antes del 18 de abril, que todas las personas que cualifican para recibir este dinero, lo soliciten” indicó la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet. Recalcó que en el caso de Puerto Rico—distinto a los estados—se requiere un doble trámite. Para el crédito por trabajo (con beneficios de hasta $6,500), se requiere radicar una planilla en Hacienda. En el caso del crédito por menor dependiente, (de hasta $3,600 por cada menor), se necesita hacer lo propio en el IRS. Las familias que cualifiquen para ambos créditos, tienen solicitar cada uno por separado.
“El mapa que creamos es una herramienta que utiliza información de las planillas de Hacienda y del Censo y que Espacios Abiertos ha plasmado en un panel interactivo de datos. Este mapa sirve tanto para visibilizar la inseguridad económica de miles de familias en Puerto Rico, como para presentar de forma gráfica y con detalle el potencial de impacto que tendrían estos créditos en la población de cada municipio de la isla y en la economía puertorriqueña si logramos que todas las personas que cualifiquen puedan acceder estos alivios”, declaró Blondet.
Dijo que el mapa—creado por analistas de política pública de EA—permite ver el impacto económico para Puerto Rico del EITC y el CTC, al estimar la cantidad de dinero de cada uno de los alivios, la cantidad de personas a beneficiarse, por municipio, por edad, tasa de pobreza y de pobreza infantil.
“Esta visualización de datos e información deberá también servir de brújula para que las entidades sin fines de lucro y grupos comunitarios puedan asignar recursos y dirigir sus esfuerzos de orientación y preparación de planillas de forma estratégica”, añadió Blondet.
El mapa de impacto de EITC/CTC se suma a otros instrumentos tecnológicos desarrollados por la organización sin fines de lucro para democratizar la información y promover la participación cívica como ha sido el Diccionario de la deuda, el Observatorio Fiscal y QuienMeRepresentaPR.com. Igualmente, EA ha trabajado desde 2019 con la Calculadora del Crédito por Trabajo—la cual se actualizó con los nuevos parámetros del crédito por trabajo que viabilizó la Ley Núm. 41 de agosto de 2021 para que las personas puedan determinar el dinero a recibir—y más recientemente, el portal AlivioParaTuBolsillo.com donde se presenta información valiosa del EITC (crédito por trabajo) y CTC (crédito por menor dependiente o Child Tax Credit).
Informes de investigación y política pública de Espacios Abiertos y del Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) estiman que más de 304 mil familias podrían beneficiarse este año del Child Tax Credit (CTC) y 466 mil familias del Crédito por Trabajo. En conjunto, ambos representan un impacto trascendental en el bolsillo de los puertorriqueños y en su movilidad económica, con una inyección estimada a la economía de alrededor de $2,600 millones como presenta el mapa.
“Atender la pobreza es un imperativo moral. Todos y todas, juntos y desde cada uno de nuestros espacios podemos aportar facilitando e incentivando a los que cualifican a solicitar estos alivios. Se trata de poner dinero en el bolsillo de la gente y de inyectar actividad a nuestra economía. Entidades sin fines de lucro, asociaciones profesionales, iglesias y comunidades de base de fe, medios de comunicación, líderes comunitarios, industriales, empresarios, patronos, profesionales, jóvenes… todos debemos informarnos, instrumentar y facilitar que para este año 2022 Puerto Rico, nuestra gente y nuestra economía, pueda aprovechar al máximo y beneficiarse de estos dos programas. Ambos han probado tener—en otras jurisdicciones—un impacto sobre la pobreza y la seguridad económica de las personas”, concluyó Blondet.
