Miami, EE.UU.– La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aprobó este viernes en su reunión semestral en la «ciudad de Zoom», como dijo uno de sus directivos, una batería de informes y resoluciones que muestran que, un año después de iniciada la pandemia, el panorama de libertad de prensa y de los medios tiene más sombras que luces.
Significativamente, el último panel de la reunión iniciada el martes pasado está dedicado a Nicaragua, un país donde la libertad de prensa «ha experimentado un franco deterioro», según un informe del Comité de Libertad de Prensa de la SIP.
En Nicaragua se ha encarcelado a periodistas, enjuiciado a otros, hostigado y robado equipos a reporteros, embargado a medios de comunicación críticos al Gobierno de Daniel Ortega y aprobado leyes que buscan controlar a la prensa, según la SIP.
No es el único lugar del continente donde eso sucede, como demuestran los informes sobre libertad de prensa en cada país, las resoluciones y las conclusiones de esta reunión virtual que, de no ser por la pandemia, se habría celebrado en Saltillo (México).
VIOLENCIA Y HOSTIGAMIENTO
Tanto en la apertura como en la clausura de la reunión se guardó silencio por los más de más de 500 trabajadores de medios de comunicación que han fallecido a causa de la covid-19, al igual que por los ocho periodistas asesinados desde octubre pasado: cuatro en México y otros cuatro en Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras.
La organización formada por medios de todo el continente expresó su preocupación por la prescripción de tres casos de asesinato de periodistas en Colombia y urgió a los Gobiernos de Brasil, México, Ecuador, Guatemala y Honduras a que cumplan con la responsabilidad de determinar responsables materiales e intelectuales en casos de asesinato o desaparición de periodistas.
Aunque en el informe de EE.UU. se señala el cambio que ha supuesto la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca después de la virulenta relación de Donald Trump con la prensa, se critica que el nuevo Gobierno no haya sancionado al príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudí por el asesinato del columnista Jamal Khashoggi.
La violencia contra periodistas en el ejercicio de sus funciones, especialmente en la cobertura de protestas sociales, se dio en un gran número de países: Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela y Cuba, según recogen las conclusiones.
Agresiones a periodistas por redes sociales y foros publicados en internet hubo en Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Bolivia.
Los mandatarios Nayib Bukele, de El Salvador; Jair Bolsonaro, de Brasil; Andrés Manuel López Obrador, de México, y Alberto Fernández, de Argentina, son en el continente quienes más hostigan al periodismo.
También en Bolivia, Venezuela, Cuba, El Salvador y Nicaragua los Gobiernos utilizan los medios gubernamentales y las redes sociales para desacreditar a los periodistas.
PODERES CONTRA LA PRENSA
El acoso judicial continúa siendo un arma de censura para Gobiernos autoritarios que buscan controlar los contenidos de la prensa independiente.
Al respecto, la SIP mencionó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que obliga al diario El Nacional a pagar una indemnización de 13,2 millones de dólares al «número 2» del chavismo, Diosdado Cabello, en un caso por difamación, y la calificó de «expolio».
El deterioro de las instituciones democráticas y la absoluta injerencia del poder político sobre el Poder Judicial se manifiesta en Venezuela y Nicaragua, entre otros países, en los que se abren constantes causas penales contra periodistas y medios de comunicación con el objeto de amedrentarlos, dijo la SIP.
Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Brasil tuvieron el dudoso honor de que la SIP les dedicara resoluciones individuales.
Las resoluciones son «los dientes de la libertad de expresión», dijo Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, durante el proceso de aprobación realizado este viernes antes de la clausura.
Además de los atropellos a la libertad de expresión las resoluciones tocan temas como la moderación de los contenidos en las redes sociales o la asimetría en la relación de los medios con las grandes plataformas que utilizan sus contenidos.
Sobre este último tema, la organización con sede en Miami exhortó a los Gobiernos del continente a seguir el ejemplo de los que ya han actuado para asegurar que las plataformas digitales retribuyan de manera «justa y razonable» a los medios por los contenidos que usan, una «cuestión vital» para su sustentabilidad.
La pandemia de covid-19 no solo ha hecho que la mayoría de los Gobiernos incrementen las restricciones a la información ya sea de una manera frontal o sutil, y que la crisis económica de los medios se acentúe por reducción de ingresos por publicidad.
LOS DESIERTOS INFORMATIVOS
También ha provocado que se acelere una transformación digital a la que no todos están en condiciones de subirse, lo que ha llevado al cierre de numerosos medios, especialmente locales, y convertido amplias zonas del continente en «desiertos informativos», como dijo Carlos Jornet, presidente del Comité de Libertad de Prensa.
La pandemia ha sido aprovechada también para legislar, con el pretexto de reducir la difusión de informaciones falsas, para censurar y restringir la libertad de expresión de los ciudadanos en las redes sociales e internet.
En Honduras, el nuevo Código Penal incluye sanciones a la protesta y a la difusión de información relacionada, y en Panamá, también se busca sancionar la difusión de lo que la autoridad considera noticias «falsas», «reservadas» o que inducen al «miedo».
En Argentina se introdujo en el relato oficialista el concepto de «lawfare», con el que el poder político plantea la existencia de una connivencia conspirativa entre sectores del periodismo, la política y la justicia.
En este escenario «oscuro», el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y los participantes en la asamblea reconocieron a Colombia por sus iniciativas para asistir a los medios de comunicación en el proceso de transformación digital.
