El gobierno de Joe Biden fomentó desde su llegada a la Casa Blanca el combate a la corrupción en Centroamérica como condición para desembolsar ayuda a la región y así superar problemas como las migraciones irregulares, un serio desafío para EE. UU.

WASHINGTON DC — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, radiografió al Triángulo Norte de Centroamérica y los problemas que enfrenta su población con demoledoras frases cuando disertó ante el pleno del Congreso en su discurso de 100 días de mandato.

“¿Por qué las personas se están yendo de Guatemala, Honduras y El Salvador?”, se preguntó y muy rápido respondió: “Es por la violencia, la corrupción, las pandillas y la inestabilidad política».

Así apuntalaba las líneas prioritarias de su gestión para Centroamérica. Desde entonces su gobierno ha dejado claro que el combate a la corrupción es parte medular de su política hacia la región.

A su vez, sobre la mesa quedó la promesa de que su política traería en el mediano plazo los frutos, entre ellos contar con sociedades y con gobiernos más transparentes, y por tanto, más democráticos y generadores de prosperidad.

Sin embargo al cierre del año 2021, desde Centroamérica y Estados Unidos, algunos expertos consultados no son optimistas con los resultados.

Manfredo Marroquín, miembro de Acción Ciudadana en Guatemala, una organización surgida en 1996 y que vela por la paz y transparencia en asuntos públicos, considera que la situación ha empeorado a pesar de los esfuerzos de Washington para revertir los problemas existentes.

¿Cuáles indicadores apuntan hacia retrocesos?

En un pase de revista a lo que ha ocurrido en la región, varias son las acciones que desde los gobiernos de turno han marcado retrocesos en el combate a la corrupción, sostienen los analistas.

Apuntan desde el desmantelamiento de Comisiones especiales y supranacionales dedicadas a investigar la corrupción en esos países, hasta el control cada vez mayor que ejercen los gobiernos para coartar la independencia judicial y controlar a los apartados fiscales con iniciativas de investigación ante el problema.

Guatemala, Honduras, El Salvador

Guatemala dio el primer paso en agosto de 2019, al desmantelar la Comisión Internacional contra la Impunidad en esa nación (CICIG) que investigaba a funcionarios del gobierno y redes en altas esferas del sector privado. La medida llegó cuando habían transcurrido 12 años de mandato de la misión y esta había alcanzado a estructuras de altos niveles en el país.

La CICIG se despidió del país centroamericano con un informe contundente que caracterizaba la situación justo antes de la llegada del nuevo gobierno de Alejandro Giammattei, enero de 2020. “Guatemala: un estado capturado”, se tituló el informe que indicaba el nivel de penetración en las estructuras del estado de grupos del crimen organizado.

Honduras le dio el tiro de gracia a la Misión de Apoyo a la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) en enero de 2020, con la negativa del gobierno de Juan Orlando Hernández a continuar con el convenio que inició en 2016 con la Organización de Estados Americanos (OEA).

Y en junio de este año lo hizo gobierno del presidente Nayib Bukele, al romper el convenio con la OEA para la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Justo la CICIES iniciaba para esa misma fecha procesos contra funcionarios públicos.

Desde El Salvador, el analista Roberto Rubio, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y de Transparencia Internacional capítulo El Salvador, ve en perspectiva la situación de su país.

“La cosa ha ido al revés, se ha utilizado la corrupción para atacar a los enemigos, paradójicamente se usa la excusa de la corrupción a los que exigimos transparencia”, dijo Rubio a la Voz de América.

Cita -por ejemplo- el desmantelamiento de las estructuras que empezaban a funcionar.

¿Qué esperar en el Triángulo Norte para el 2022?

La elección general de Honduras del pasado 28 de noviembre, que dio la victoria a Xiomara Castro de Zelaya, abre un pequeño espacio de confianza en la región, sugieren analistas.

Sobre todo, porque su bandera de campaña y compromisos anunciados como presidenta electa incluyen la lucha contra la corrupción, y ha prometido como prioritario la reinstalación de una comisión para hacer frente a la corrupción.

“Quiero decirlo desde lo más profundo de mi corazón y que sienta el pueblo hondureño que fuera la guerra, fuera el odio, fuera la corrupción, fuera el narcotráfico y el crimen organizado”, dijo Castro en sus primeras palabras al país como presidenta electa.

En Washington, expertos y funcionarios del gobierno de Biden, ven como una oportunidad el proceso iniciado en Honduras. Castro de Zelaya asumirá la presidencia en el 27 de enero próximo. La administración Biden ha dicho que está lista para trabajar y abordar los problemas medulares del país centroamericano como su principal socio estratégico en la región.

“Es una situación preocupante que se está observando en varias partes de América Central, en El Salvador hay problemas con el tema de corrupción, también en Guatemala y hasta recientemente hubo esa preocupación en Honduras”, ha dicho a la VOA la portavoz en español de Departamento de Estado, Kristina Rosales, en días recientes.

“Son temas que estamos tratando y analizando”, afirmó.

Según Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoamericano del Centro Woodrow Wilson, en Washington existe un consenso bipartidista sobre los problemas de corrupción y falta de transparencia en el Triángulo Norte, aunque ambas bancadas lo abordan con diferentes matices a partir de sus cálculos políticos desde la capital estadounidense.

El senador demócrata Tim Kaine, presidente del Subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental del Senado, por ejemplo, considera que Estados Unidos no debe invertir en la región mientras no se encuentren mecanismos certeros para hacer frente a la corrupción.

¿Cómo se defienden los gobiernos centroamericanos?

Los gobiernos centroamericanos han respondido a los señalamientos que llegaron desde Estados Unidos tanto con la Lista Engel de septiembre, que apuntó a funcionarios vinculados a actos de corrupción en el Triángulo Norte, como los recientes nombramientos bajo la Ley Magnitsky.

El presidente Alejandro Giammattei de Guatemala ha defendido a la fiscal general, Consuelo Porras, señalada por Estados Unidos de estar atrás de entramados dentro del gobierno y del sistema judicial en actos de corrupción. El mandatario ha dicho que los señalamientos de Estados Unidos son una “falta de respeto hacia las relaciones internacionales”.

En El Salvador, el presidente Bukele, al tener más de una docena de funcionarios y colaboradores suyos nombrados tanto en la Lista Engel como con la Ley Magnitsky ha atacado a Estados Unidos de manera frontal.

Ha dicho Bukele se trata de “pura política e injerencia de la más bajera”, con lo que sigue enfriando cada vez más las relaciones y agudizando el distanciamiento con el principal socio estratégico del país centroamericano.