Un juez federal bloqueó el viernes la pretensión del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de padres que están en Estados Unidos ilegalmente, lo que representa el tercer fallo judicial que bloquea la orden del mandatario a nivel nacional desde una decisión clave de la Corte Suprema emitida en junio.
El juez de distrito Leo Sorokin concordó con otro tribunal de distrito, así como con un panel de jueces de apelación, al determinar que un mandamiento judicial a nivel nacional otorgado a más de una docena de estados sigue vigente en apego a una excepción a la decisión de la Corte Suprema. Dicha decisión del máximo tribunal restringe el poder de los jueces de tribunales inferiores para emitir órdenes judiciales a nivel nacional.
Los estados han argumentado que la orden de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento es flagrantemente inconstitucional y amenaza con poner fin a millones de dólares para servicios de salud que dependen del estatus de ciudadanía. Se prevé que el asunto regrese rápidamente a la Corte Suprema.
El fiscal general estatal de Nueva Jersey, Matthew Platkin —quien ayudó a encabezar la demanda ante Sorokin—, declaró en un comunicado que estaba «encantado de que el tribunal de distrito nuevamente prohibiera que la orden de ciudadanía por nacimiento flagrantemente inconstitucional del presidente Trump entrara en vigor en cualquier lugar».
«Los bebés nacidos en Estados Unidos son estadounidenses, de la misma forma en que lo han sido en todos los demás momentos de la historia de nuestra nación», agregó. «El presidente no puede cambiar esa regla legal con el simple trazo de una pluma».
Los abogados del gobierno habían alegado que Sorokin debería limitar el alcance de su fallo anterior que otorgaba un mandamiento preliminar, con el argumento de que debería estar «adaptado a los supuestos daños financieros de los estados».
Sorokin indicó que un enfoque fragmentado a la orden de ciudadanía por nacimiento no protegería a los estados, en parte porque un número sustancial de personas se mueve entre estados. También criticó al gobierno de Trump, diciendo que no había explicado cómo funcionaría un mandamiento judicial más limitado.
«Es decir, nunca han abordado qué hace que una propuesta sea factible o viable, cómo las agencias demandadas podrían implementarla sin imponer cargas administrativas o financieras significativas a los demandantes, o cómo se ajusta a otros estatutos federales relevantes», escribió el juez. «De hecho, han calificado tales preguntas de ser irrelevantes para la tarea que el Tribunal está emprendiendo ahora. La posición de los demandados en este sentido desafía a la ley y la lógica».
Sorokin reconoció que su orden no sería la última palabra sobre la ciudadanía por nacimiento. Trump y su gobierno «tienen derecho a luchar por su interpretación de la Decimocuarta Enmienda (constitucional), y sin duda la Corte Suprema resolverá finalmente la cuestión», escribió Sorokin. «Pero mientras tanto, para los propósitos de esta demanda en este momento, la orden ejecutiva es inconstitucional».
El gobierno aún no ha apelado ninguno de los fallos judiciales recientes. Los intentos de Trump para negar la ciudadanía a los niños nacidos de padres que están en el país ilegalmente o temporalmente permanecerán bloqueados, a menos y hasta que la Corte Suprema diga lo contrario.
Se envió un correo electrónico el viernes solicitando la respuesta de la Casa Blanca al fallo.
El juez federal Joseph LaPlante, en Nueva Hampshire, emitió un fallo este mes que prohíbe que la orden ejecutiva de Trump entre en vigor a nivel nacional, en respuesta a una demanda colectiva. LaPlante había pausado su propia decisión para permitir que el gobierno de Trump apelara, pero al no haberse presentado una apelación en la última semana, su orden entró en vigor.
El miércoles, un tribunal de apelaciones con sede en San Francisco declaró inconstitucional la orden ejecutiva del presidente y ratificó el bloqueo a nivel nacional ordenado por un tribunal inferior.
Un juez con sede en Maryland indicó esta semana que haría lo mismo si un tribunal de apelaciones lo aprobaba.
Los jueces de la Corte Suprema federal dictaminaron el mes pasado que los tribunales inferiores generalmente no pueden emitir mandamientos judiciales a nivel nacional, pero no descartaron otras órdenes judiciales que podrían tener efectos a nivel nacional, incluidas las demandas colectivas y aquellas presentadas por los estados. El máximo tribunal del país no decidió si la orden sobre ciudadanía subyacente es constitucional.
Los demandantes en el caso de Boston argumentaron anteriormente que el principio de ciudadanía por nacimiento está «consagrado en la Constitución», y que Trump no tiene la autoridad para emitir la orden, a la que llamaron un «intento flagrantemente ilegal de despojar a cientos de miles de niños nacidos en Estados Unidos de su ciudadanía en función de su ascendencia».
Argumentan también que la orden de Trump de detener la ciudadanía automática para los bebés nacidos de personas que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente o temporalmente costaría a los estados fondos de los que dependen para «proporcionar servicios esenciales», desde cuidado de crianza hasta atención médica para niños de bajos ingresos, pasando por «intervenciones tempranas para bebés, niños pequeños y estudiantes con discapacidades».
En el corazón de las demandas está la Decimocuarta Enmienda a la Constitución, que fue ratificada en 1868 después de la Guerra Civil y la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott. Esa decisión determinó que Scott, un hombre esclavizado, no era ciudadano a pesar de haber vivido en un estado donde la esclavitud estaba prohibida.
El gobierno de Trump ha afirmado que los hijos de no ciudadanos no están «sujetos a la jurisdicción» de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.
