El problema laboral entre un sindicato y la empresa que gestiona un muelle en San Juan por donde entra 80 % de la carga internacional y 23 % de la nacional que llega a Puerto Rico, se ha recrudecido y las autoridades han decidido pedir ayuda al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y acudir a la justicia para solucionar el conflicto, que amenaza parte del abastecimiento en la isla.
El problema ha causado que haya más de 5.000 contenedores sin distribuir y que muchos barcos no hayan podido descargar ni atracar para dejar la carga en Puerto Rico.
La Autoridad de Puertos de Puerto Rico (APPR) anunció el 2 de agosto que va a presentar en el Tribunal de San Juan una demanda contra la compañía de estiba Luis Ayala Colón Sucesores (LAC) y el sindicato ILA Local 1740 por daños y perjuicios, por los cargos dejados de devengar a causa de los contenedores que no han llegado a la isla debido al conflicto, anunció el director ejecutivo de la agencia, Joel A. Pizá.
El titular de Puertos detalló que la APPR le cobra a cada barco de carga que atraca en la Zona Portuaria de Puerto Nuevo los siguientes cargos: (1) “DockageFee” (cargo de atraque, a base de una fórmula matemática en función del peso del navío), (2) “Wharfagefee” (cargo por muelle), (3) “Surcharge” o sobretasa; (4) cargo por escaneo de furgones por seguridad nacional, y (5) “Harbor Dues” (cuotas portuarias).
“En el muelle de LAC de Puerto Nuevo entra cerca del 23 % del total de la carga en Puerto Rico, pero cerca del 80 % de la carga internacional. Debido a los barcos internacionales que no pudieron atracar en la bahía de San Juan por el conflicto obrero patronal entre la ILA y la compañía de estiba Luis Ayala Colón, Puertos hasta el momento no ha podido recibir cerca de 400.000 dólares en cargos, y dicha cifra continuará en aumento en la medida que esta disputa no se resuelva”, destacó Pizá.
“Motivamos a las partes a dialogar este conflicto obrero patronal. A pesar de que el foro para dirimir controversias es el ‘National Labor RelationsBoard’, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ha mediado de manera diligente y sin descanso. Es el interés de la Autoridad de Puertos que las partes encuentren una solución y que la cadena de distribución en Puerto Rico no se afecte”, expuso.
“En vista de que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno como mediador, las partes no han logrado un acuerdo, en comunicación con el gobernador Pedro R. Pierluisi, entendimos que esta es una de las acciones necesarias que debemos tomar, ante las pérdidas de ingresos que ha tenido la Autoridad”, abundó.
El conflicto entre la empresa y los trabajadores comenzó a finales de 2019 cuando la compañía privada implementó un sistema de tecnología que requiere que los operadores de montacargas ingresen información de los contenedores en tiempo real en unos ordenadores portátiles.
No obstante, los camioneros protestaron ya que, según alegan, manejar esos vehículos y al mismo tiempo hacer la función tecnológica pondría en riesgo su seguridad y la de sus compañeros.
Tiempo después, el patrono asignó dicha entrada de datos a los supervisores.
Sin embargo, el sindicato volvió a objetar la decisión, ya que entiende que esa es una labor de secretario que deben realizar los «checkers» (coordinadores de la llegada de barcos), quienes eran los empleados que hacían este trabajo antes, pero de forma manual.
Asimismo, el sindicato instruyó a los operadores de montacargas a no hacer ese trabajo.
