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Cuando se desestima o estigmatiza a las muertes por covid, el dolor se mezcla con ira y vergüenza

Kyle Dixon’s sisters made sure that his death notice was clear about what killed him. It reads, “Kyle had so much more of life to live and COVID - 19 stopped his bright future.” His headstone has an engraving on the bottom that says: “F COVID-19.” (Photo: Stephanie Rimel)

Meses después de la muerte de Kyle Dixon, su vieja casa en Lanse, Pensilvania, está llena de recordatorios de una vida truncada.

Su carpa y botas de trekking están en el porche donde las dejó por última vez. El césped que solía cortar ha crecido. Y en la mesada de la cocina, todavía hay frascos del medicamento para la tos de venta libre que tomó para tratar de aliviar sus síntomas en casa cuando COVID-19 comenzó a destruir sus pulmones.

Dixon era guardia en una prisión estatal cercana en el condado rural y conservador de Clearfield, Pensilvania. Murió a causa del virus en enero a los 27 años. A su hermana mayor, Stephanie Rimel, la abrumó la emoción mientras caminaba por la casa de Dixon y lo recordaba.

«Nunca podré estar en su boda», dijo Rimel. «Nunca lo veré envejecer».

Sin embargo, sus expresiones de dolor se convirtieron rápidamente en ira. Rimel recordó la desinformación que proliferó el año pasado: las máscaras no funcionan. El virus es un truco demócrata para ganar las elecciones. Solo las personas mayores o las que ya están enfermas están en riesgo.

Rimel dijo que su hermano creía algo de eso. Lo escuchó de otros guardias de la prisión, de familiares y amigos en Facebook, dijo, y del expresidente, por quien votó dos veces.

Las falsedades y las conspiraciones han fomentado una actitud de desdén sobre el coronavirus entre muchas personas en las zonas rurales de Pensilvania, donde ella y sus hermanos crecieron, apuntó Rimel. Y, debido a la desinformación, su hermano no siempre usaba una máscara ni practicaba el distanciamiento físico.

Cuando los miembros de la familia expresaban sus opiniones despectivas sobre COVID, el dolor de Rimel se volvió aún más fuerte y personal. Rimel recordó un momento particularmente difícil justo después de que su hermano tuviera que ser hospitalizado. Incluso entonces, familiares repetían teorías conspirativas en las redes sociales y se jactaban de no usar máscaras, dijo Rimel.

Algunas de las personas que asistieron al funeral de Dixon todavía comparten información errónea sobre COVID en internet, dijo otra hermana, Jennifer Dixon.

“Ojalá hubieran estado allí sus últimos días y lo hubieran visto sufrir”, dijo. “Observar cómo su corazón todavía podía latir. Sus riñones produciendo orina porque [eran] muy fuertes. Su hígado funcionando. Todo. Fueron sus pulmones los que se habían ido. Sus pulmones. Y eso solo se debió a COVID».

Even after Kyle Dixon had to be hospitalized from covid19, some family members repeated conspiracy theories on social media and bragged about not wearing masks, says his sister Stephanie Rimel. Sister Jennifer Dixon says she wishes people understood what Kyle wentthrough as he fought hard to survive in the hospital. (Photo: Stephanie Rimel)

Ambas hermanas quisieron que el obituario de su hermano no fuera ambiguo sobre lo que lo había matado. Dice: «Kyle tenía mucha más vida para vivir y COVID-19 frenó su brillante futuro».

Si bien estas hermanas han optado por ser francas sobre lo que sucedió, otras familias han decidido guardar silencio sobre las muertes por COVID, según Mike Kuhn, director de una cadena de funerarias en Reading, Pensilvania.

Kuhn no operó el funeral de Kyle Dixon, pero en sus tres funerarias ha ayudado a enterrar a cientos de personas que murieron por el coronavirus. Dijo que aproximadamente la mitad de esas familias pidieron que no se mencionara al COVID en los obituarios ni en los avisos de defunción.

Stephanie Rimel looks at a photo of her younger brother, Kyle Dixon, inside the house he shared with his dad. Dixon, a state prison guard in rural, conservative Clearfield County, Pennsylvania, died after a battle with covid-19. (Photo: Brett Sholtis/WITF)

“He tenido personas que dicen: ‘Mi madre o mi padre Iban a morir, probablemente en el próximo año o dos de todos modos, y estaban en un hogar de adultos mayores, y luego se enfermaron de COVID, y ya sabes, yo realmente no quiero darle mucho crédito al COVID ‘”, dijo Kuhn.

Algunas familias quisieron que se cambiara el certificado de defunción oficial de su ser querido para que no figurara COVID como la causa de la muerte, agregó Kuhn. Los certificados de defunción son documentos oficiales del estado, por lo que Kuhn no podría hacer ese cambio, aunque quisiera. Pero la solicitud muestra cuánto quieren algunas personas minimizar el papel del coronavirus en la muerte de un familiar.

Negarse a enfrentar la verdad sobre lo que mató a miembro de una familia o una comunidad puede hacer que el duelo sea mucho más difícil, dijo Ken Doka, quien trabaja como experto en cuidados al final de la vida para la Hospice Foundation of America y ha escrito libros sobre envejecer, el cuidado al final de la vida, la muerte y el duelo.

Many families have opted to keep quiet about deaths from covid-19, says Mike Kuhn, a funeraldirector in Reading, Pennsylvania. (Photo: Brett Sholtis/WITF)


Doka dijo que cuando una persona muere por algo controversial, se denomina una «muerte por privación de derechos». El término se refiere a una muerte de la que la gente no se siente cómoda hablando abiertamente debido a las normas sociales.

Doka exploró por primera vez el concepto en la década de 1980, junto con un otro relacionado: «duelo privado de derechos». Esto ocurre cuando los dolientes sienten que no tienen derecho a expresar su pérdida de manera abierta o completa debido al estigma cultural sobre cómo murió la persona.

Por ejemplo, las muertes por sobredosis de drogas o suicidio se consideran con frecuencia como resultado de un supuesto fracaso «moral», y los dolientes a menudo temen que otros los juzguen por las elecciones y conductas de la persona fallecida, dijo Doka.

«De hecho, si digo que mi hermano murió de cáncer de pulmón, ¿cuál es la primera pregunta que se va a hacer? ¿Era fumador?», dijo Doka. «Y de alguna manera, si era fumador, es responsable».

Doka predice que los estadounidenses que han perdido a sus seres queridos a causa de COVID en comunidades donde la enfermedad no se toma en serio también pueden encontrar acciones similares, transferir la responsabilidad del virus a la persona que murió.

Las hermanas de Dixon dijeron que esa es la actitud que a menudo perciben en las respuestas de las personas a la noticia de la muerte de su hermano: preguntar si tenía condiciones preexistentes o si tenía sobrepeso, como si él tuviera la culpa.

Es poco probable que quienes critican o rechazan a las víctimas de la pandemia cambien de opinión fácilmente, dijo Holly Prigerson, socióloga especializada en duelo. Agregó que los comentarios críticos provienen de un concepto psicológico conocido como disonancia cognitiva.

Si la gente cree que la pandemia es un engaño, o que se exagera sobre los peligros del virus, entonces «cualquier cosa, incluida la muerte de un ser querido por esta enfermedad… lo compartimentan», explicó Prigerson. “No lo van a procesar. Les da demasiado dolor de cabeza tratar de reconciliar».

Prigerson advierte que las personas cuyas familias o amigos no están dispuestos a reconocer la realidad del COVID podrían tener que establecer nuevos límites para esas relaciones.

Mientras Rimel continúa llorando la muerte de su hermano, ha encontrado alivio al unirse a grupos de apoyo para el duelo con otras personas que están de acuerdo con la información sobre COVID. En agosto, ella y su madre asistieron a una marcha en recuerdo de las víctimas de COVID en el centro de Pittsburgh, organizada por el grupo Covid Survivors for Change.

Y en junio, se colocó una lápida sobre la tumba de Dixon.

Cerca de la parte inferior hay un mensaje contundente para el público y para la posteridad: F— COVID-19.

Mucho después de que se hayan ido, la familia quiere que la verdad perdure.

«Queremos asegurarnos de que la gente conozca la historia de Kyle y que falleció a causa del virus», dijo Rimel.

Esta historia es parte de una alianza que incluye a NPR, WITF y KHN.

¡Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña!

Bandera de Puerto Rico. (Foto: Ilustrativa/Unsplash)

La concejal María Quiñones-Sánchez organizó el izamiento de la bandera puertorriqueña a un costado del edificio de la alcaldía el pasado 24 de septiembre. Funcionarios electos compartieron esta celebración tradicional con miembros de la comunidad y los veteranos del Puesto 840. La fecha del izamiento coincidió con la conmemoración de “El Grito de Lares” del 23 de septiembre.

En el programa cultural estuvieron integrantes de la familia Ayala, los bailarines de Esperanza Academy Charter School y Los Bomberos de la Calle.

Izamiento de la Bandera Puertorriqueña. (Foto: Cortesía/Leticia Roa Nixon)

Pulso de la pandemia en Filadelfia

Philadelphia Department of Public Health (Foto: Archivo/Impacto)

FILADELFIA. –  El Departamento de Salud Pública de Filadelfia informó hoy que se han administrado 17,191  dosis adicionales de la vacuna COVID-19 desde el último reporte del pasado lunes 27 de septiembre de 2021. Esto eleva el número total de residentes de Filadelfia totalmente vacunados a por lo menos 863,457, y el número de personas con al menos una dosis de la vacuna COVID-19 a 1,052,299. Actualmente, el 69.5% de los adultos de Filadelfia están totalmente vacunados, y el 84.7% de los adultos de la ciudad han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19.

El Departamento de Salud informa que 211 pacientes con COVID-19 están siendo tratados actualmente en hospitales de Filadelfia, con un total de 30 con ventiladores.

En las últimas dos semanas, el tres por ciento de las pruebas de COVID-19 han dado positivo. Hasta ahora, durante la pandemia, 162,023 residentes de Filadelfia han sido diagnosticados con COVID-19, y 3,879 han sucumbido al virus. Filadelfia está registrando un promedio de 277 nuevos casos de COVID-19 por día en las últimas dos semanas.

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¿Un test de covid más caro que un Tesla? Sucedió en Texas

Fotografía de archivo de una persona que toma una muestra para la detección de Covid-19. (Foto: EFE/CAROLINE BREHMAN)

Dallas (TX), (KHN).- Cuando la covid-19 golpeó el año pasado, la compañía de Travis Warner se puso más ocupada que nunca. Instala sistemas de vídeo e internet, y con la gente repentinamente trabajando desde casa, las llamadas solicitando servicios aumentaron.

Warner y sus empleados tomaron precauciones como usar máscaras y distanciarse físicamente, pero ir a las casas de los clientes a diario significaba un alto riesgo de exposición a la covid.

“Era como esquivar balas todas las semanas”, dijo.

En junio de 2020, un empleado dio positivo. Eso motivó a Warner y a su esposa a hacerse la prueba.

Debido a la disponibilidad limitada de pruebas en ese momento, condujeron 30 minutos desde su casa en Dallas hasta una sala de emergencias independiente en Lewisville, Texas. Recibieron pruebas de diagnóstico por PCR y pruebas rápidas de antígenos.

Fue un gran alivio cuando todos los resultados dieron negativo, dijo Warner. Volvió entusiasmado al trabajo.

Hasta que llegó la factura.

El paciente: Travis Warner, de 36 años, quien trabaja por cuenta propia y compró la cobertura de Molina Healthcare fuera del mercado de seguros.

Servicio médico: dos pruebas de covid, una prueba de PCR de diagnóstico, que suele tardar unos días en procesarse y es bastante precisa, y una prueba rápida de antígenos, que es menos precisa pero produce resultados en minutos.

Factura total: 56.384 dólares, incluidos 54.000 por la prueba de PCR y el saldo de la prueba de antígeno y una tarifa de servicio de urgencias. La tarifa negociada de Molina para ambas pruebas y la tarifa de la instalación ascendió a 16.915,20 dólares, que la aseguradora pagó en su totalidad.

Proveedor de servicios: SignatureCare Emergency Center en Lewisville, una de las más de una docena de salas de emergencia independientes que la empresa tiene en Texas.

Contexto: A lo largo de la pandemia abundaron las historias de precios sorprendentemente altos para las pruebas de covid. Un informe reciente de una asociación comercial de seguros indicó que “el aumento excesivo de precios por parte de ciertos proveedores sigue siendo un problema generalizado”.

Pero la factura de PCR de Warner de 54.000 dólares es casi ocho veces más alta que el cargo que hasta ahora se había reportado, de 7.000 dólares. Los expertos en políticas de salud que KHN entrevistó calificaron la factura de Warner de “astronómica” y “una de las más indignantes” que habían visto.

Sin embargo, es perfectamente legal. Para las pruebas de covid, como muchas otras cosas en la atención médica estadounidense, no hay límite para lo que los proveedores pueden cobrar, explicó Loren Adler, directora asociada de la USC-Brookings Schaeffer Initiative for Health Policy.

Las pruebas para covid han estado en una categoría especial. Cuando golpeó la pandemia, a los legisladores les preocupaba que la gente decidiera no hacerse las pruebas por temor a los costos.

Así que aprobaron normas que requerían que las aseguradoras pagaran las pruebas de covid sin copagos ni costos compartidos para el paciente.

Para los proveedores dentro de la red, las aseguradoras pueden negociar los precios de las pruebas, y para los proveedores fuera de la red, generalmente están obligadas a pagar cualquier precio que los proveedores indiquen públicamente en sus sitios web.

Expertos en salud dicen que si bien la política estaba destinada a ayudar a los pacientes, sin querer les ha dado a los proveedores margen para cobrar precios arbitrarios, a veces absurdos, sabiendo que las aseguradoras deben pagar y que es poco probable que los pacientes, a quienes no se les facturará, se quejen.

“La gente va a cobrar lo que crea con que pueda salirse con la suya”, dijo Niall Brennan, presidente y director ejecutivo del Health Care Cost Institute, organización sin fines de lucro que estudia los precios de la atención médica. “Incluso una disposición perfectamente bien intencionada como esta puede ser tergiversada por ciertos proveedores sin escrúpulos con fines nefastos”.

Un informe de KFF publicado a principios de este año encontró que los costos de las pruebas de covid en hospitales oscilaban entre 20 y 1.419 dólares, sin incluir los honorarios del médico o de las instalaciones, que a menudo pueden ser más altos que el costo de las pruebas en sí. Aproximadamente la mitad de los cargos por pruebas estaban por debajo de 200 dólares, señaló el informe, pero uno de cada cinco superaba los 300.

“Observamos una amplia gama de precios para las pruebas de covid-19, incluso dentro del mismo sistema hospitalario”, escribieron los autores.

Siendo realistas, el costo de una prueba para covid debería ser de dos dígitos, dijo Brennan.

Medicare paga 100 dólares por una prueba, y las pruebas caseras se venden por solo 24 dólares por una de antígeno o 119 dólares por una de PCR.

El seguro de Warner cubrió el total de los gastos.

Pero las primas de las pólizas de seguro reflejan cuánto se paga a los proveedores. “Si la compañía de seguros está pagando sumas astronómicas de dinero por tu atención, eso significa a su vez que pagarás primas más altas”, dijo Adler.

Los contribuyentes, que subsidian los planes de seguros del mercado, también enfrentan una carga mayor cuando aumentan las primas. Incluso aquellos con cobertura médica patrocinada por el empleador sienten el dolor. Las investigaciones muestran que cada aumento de un dólar en los costos de salud de un empleador está asociado con un recorte de 52 centavos en la compensación general de un empleado.

Incluso antes de la pandemia, la amplia gama de precios de los procedimientos comunes como cesáreas y análisis de sangre han estado elevando el costo de la atención médica, dijo Brennan. Estas discrepancias “ocurren todos los días, millones de veces al día”.

Resolución: cuando Warner vio que su aseguradora había pagado la factura, primero pensó: “Al menos no soy responsable de nada”.

Pero lo absurdo del cargo de 54.000 dólares lo carcomía. Su esposa, a la que le habían hecho las mismas pruebas el mismo día en el mismo lugar, recibió una factura de 2.000 dólares. Ella tiene una póliza de una aseguradora diferente, que resolvió el reclamo por menos de 1.000 dólares.

Warner llamó a su aseguradora para ver si alguien podía explicar el cargo. Después de varias idas y vueltas con la sala de emergencias y la empresa de facturación, y varios meses de espera, recibió una carta. Dijeron que habían hecho una auditoría del reclamo y recuperado el dinero que habían pagado al proveedor.

SignatureCare Emergency Centers, que emitió el cargo de 54.000 dólares, dijo que no haría comentarios sobre la factura de un paciente específico. Sin embargo, en un comunicado dijo que su tasa de error de facturación es inferior al 2 % y que tiene un “proceso de auditoría sólido” para identificar errores. En el punto álgido de la pandemia, las salas de emergencia de SignatureCare se enfrentaron a “demandas sin precedentes” y procesaron miles de registros al día, dijo la compañía.

En el sitio web de SignatureCare, el valor de la prueba de covid ahora es de 175 dólares.

Conclusión: las pruebas de covid deberían ser gratuitas para los consumidores durante la emergencia de salud pública (actualmente se extiende hasta mediados de octubre y es probable que se renueve por 90 días adicionales). Warner le hizo un gran favor a su aseguradora al mirar detenidamente su factura, aunque no debiera nada de su bolsillo.

Se supone que las aseguradoras tienen sistemas que señalan los errores de facturación y evitan los pagos excesivos. Esto incluye los requisitos de autorización antes de que se presten los servicios y las auditorías después de que se presenten los reclamos.

Pero “hay una cuestión de qué tan bien funcionan”, dijo Adler. “En este caso, es una suerte que (Warner) lo haya notado”.

Al menos una estimación dice que entre 3 % y 10 % del gasto en atención médica se desperdicia en sobrepagos, incluidos los casos de fraude, despilfarro y abuso. Desafortunadamente, eso significa que la responsabilidad suele recaer en el paciente.

Siempre debes leer tu factura con atención, dicen expertos. Si el costo parece inapropiado, llama a tu aseguradora y pídele que lo verifique dos veces y que te lo explique.

No es tu trabajo, coinciden los expertos, pero a largo plazo, menos pagos en exceso te ahorrarán dinero a ti y a otros en el sistema de atención médica estadounidense.

KHN (Kaiser Health News) es la redacción de KFF (Kaiser Family Foundation), que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud. Junto con Análisis de Políticas y Encuestas, KHN es uno de los tres principales programas de KFF, organización sin fines de lucro que brinda información sobre temas de salud a la nación.

La «árbitro» del Senado asesta un nuevo golpe al plan migratorio de Biden

Joe Biden, presidente de Estados Unidos. (Foto: EFE/YURI GRIPAS)

Washington, EE.UU.- Elizabeth MacDonough, la encargada de interpretar el reglamento del Senado de Estados Unidos, asestó este miércoles un nuevo golpe al plan migratorio del presidente Joe Biden al determinar que los demócratas no pueden usar una maniobra legislativa para aprobarlo.

Es la segunda vez que MacDonough se posiciona en contra de uno de los proyectos estrella de los demócratas.

MacDonough, que actúa como árbitro no partidista en lo que respecta a las reglas del Senado, determinó que los demócratas no pueden incluir su reforma migratoria en un plan social de 3,5 billones de dólares que quieren aprobar en solitario a través de un mecanismo llamado «reconciliación».

Según dijo a Efe una fuente legislativa, MacDonough consideró que los demócratas no han conseguido cumplir con una serie de requisitos para usar esa maniobra.

En concreto, los demócratas habían propuesto regularizar a millones de indocumentados a través de un cambio en la «Ley de Registro» de 1929, que permitió acceder a la residencia permanente a los inmigrantes que pudieran probar que habían llegado a EE.UU. antes de 1921.

A lo largo de los años, el Congreso ha cambiado esa ley en cuatro ocasiones. La última fue en 1986 bajo el Gobierno del presidente republicano Ronald Reagan, cuando se determinó que podrían acceder a la residencia permanente y, posteriormente, a la ciudadanía todos aquellos inmigrantes que hubieran llegado a EE.UU. antes de 1972.

Esta vez, los demócratas proponían cambiar la fecha a 2010, lo que habría permitido regularizar a 6,7 millones de indocumentados, según la organización FWD.us.

Este era el «Plan B» de los demócratas para aprobar una reforma migratoria. Su «Plan A» era regularizar a 8 de los 11 millones de indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos, pero MacDonough también rechazó esa opción este mes.

En concreto, el «Plan A» proponía la regularización de cuatro grupos: «soñadores» (dreamers) que llegaron a EE.UU. de niños, los trabajadores del campo, los trabajadores esenciales (como personal médico) y los migrantes que han accedido a un amparo migratorio llamado Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).

Los demócratas quieren usar el mecanismo de «reconciliación» para aprobar cambios migratorios porque no pueden conseguir los 60 votos necesarios para aprobar leyes en el Senado: tienen 50 escaños, igual que los republicanos, aunque los demócratas cuentan con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, que ejerce como presidenta de la Cámara Alta.

Sin embargo, no cuentan con ningún apoyo de los senadores del Partido Republicano, quienes durante décadas se han opuesto a aprobar una reforma migratoria.

La citada fuente legislativa aseguró que los demócratas presentarán pronto una nueva propuesta a MacDonough, aunque antes mantendrán reuniones con grupos de legisladores y con grupos defensores de los inmigrantes para determinar cuál es la mejor opción.

El Congreso lleva 35 años sin aprobar una ley que permita acceder a la ciudadanía a un gran grupo de inmigrantes.

La última vez fue en 1986, cuando el entonces presidente Reagan, firmó una ley que permitió regularizar a tres millones de inmigrantes indocumentados.

Comité que investiga el asalto al Congreso cita a organizadores de la marcha

Fotografía de archivo que muestra a seguidores de Donald Trump mientras irrumpen en el Capitolio de los Estados Unidos durante unas protestas, en Washington (Estados Unidos). (Foto: EFE/Jim Lo Scalzo)

Washington, EE.UU.- El comité de la Cámara Baja de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero citó este miércoles a declarar a 11 personas a las que considera «organizadoras» de la protesta.

La decisión llega una semana después de que el comité citase a dos altos funcionarios del expresidente Donald Trump, uno del Pentágono y al polémico ideólogo y exasesor Steve Bannon, por su rol en el asalto.

Entre las 11 nuevas personas citadas, que a diferencia de las anteriores no tienen un alto perfil público, consta Amy Kremer, fundadora de la organización «Women for America First», que sirvió de pantalla para la organización de la protesta.

Otra de las citadas es Katrina Pierson, una exportavoz de la campaña presidencial de Trump en 2016 y a la que se considera el nexo entre la protesta del 6 de enero y la Casa Blanca.

Según la citación, Pierson «participó en una reunión con el presidente Trump en el Despacho Oval el 4 de enero de 2021».

La comisión de investigación, formada por una mayoría de congresistas demócratas y tan solo dos republicanos -Liz Cheney y Adam Kinzinger- que están enfrentados con Trump, da así un paso más en sus pesquisas sobre el asalto al Congreso.

El mes pasado, la comisión ya solicitó a varias agencias del Gobierno documentos sobre lo sucedido, incluidos los de la Casa Blanca relativos a los movimientos y reuniones que sostuvo Trump el 6 de enero.

Además solicitó a empresas de telecomunicaciones y redes sociales que conservaran los registros de cientos de personas en caso de ser requeridos por la comisión.

Entre los funcionarios citados a declarar la semana pasada consta también el jefe de Gabinete de la Casa Blanca el día del asalto, Mark Meadows.

Agenda de Biden pende de un hilo en medio de luchas internas de los demócratas

Fotografía del Capitolio de EE. UU., en Washington, el 27 de septiembre de 2021. (Foto: VOA)

Los republicanos del Senado usaron una herramienta legislativa, el obstruccionismo, para anular un proyecto de ley aprobado por la Cámara que habría financiado al gobierno hasta diciembre.

Washington D. C. Los eventos de los próximos cuatro días en el Capitolio contribuirán en gran medida a determinar el éxito o el fracaso final de la agenda nacional del presidente Joe Biden, ya que cuatro iniciativas legislativas diferentes convergen al mismo tiempo.

El Congreso debe aprobar una resolución presupuestaria para el nuevo año fiscal antes del viernes para evitar un cierre parcial del gobierno federal, y debe elevar el límite de la autoridad del Departamento del Tesoro para pedir prestado dinero y evitar un impago catastrófico de las deudas del país que podría ocurrir tan pronto como a mediados de octubre.

Al mismo tiempo, el Partido Demócrata se está desmoronando internamente con argumentos sobre dos proyectos de ley adicionales que el presidente considera vitales para su agenda.

«No sé si todo se resolverá esta semana», dijo William A. Galston, investigador principal en estudios de gobernanza en Brookings Institution, un grupo de expertos de Washington.

«Pero no hay duda sobre el hecho de que las próximas dos semanas, o un máximo de tres, son decisivas para la agenda legislativa de la administración Biden», expuso.

Luchas internas demócratas

El primero de los dos proyectos de ley que los demócratas están defendiendo es de infraestructura de aproximadamente por 1 billón de dólares que ya ha sido aprobado por el Senado con apoyo bipartidista.

El segundo es un proyecto de ley mucho más grande de 3,5 billones de dólares con créditos fiscales y gasto social que adelantaría múltiples prioridades demócratas, incluidos los esfuerzos para abordar el cambio climático, ampliar el acceso a la atención médica, abordar la desigualdad y otros.

El problema es que el ala progresista del partido promete bloquear la aprobación del proyecto de ley de infraestructura a menos que se apruebe primero el proyecto de ley de gasto social, y los moderados se niegan a menos que el paquete de infraestructura se apruebe primero y el costo del proyecto de ley de gasto social se reduzca drásticamente.

Jason Grumet, presidente del Bipartisan Policy Center, una organización de investigación basada en Washington, dijo que el liderazgo demócrata en la Cámara está en una posición similar a la del liderazgo republicano hace una década.

En ese momento, con el movimiento de extrema derecha Tea Party en ascenso, los líderes republicanos se enfrentaron a un grupo dentro del partido con una posición ideológica dispuesta a echar a pique las metas del partido en general para lograr sus propios objetivos más estrechos.

«Históricamente ha sido el caso de que cuando el presidente y el presidente del Partido Demócrata dicen: ‘Vamos a hacer esto ahora’, el partido se pone en línea», dijo Grumet. Ahora, agega, «hay una pregunta abierta, que se resolverá de alguna manera en los próximos días, sobre si la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el presidente Biden pueden, de hecho, mantener la cohesión en un Partido Demócrata muy diverso».

Y eso cubre solo la Cámara de Representantes. Para que el proyecto de ley de gasto social sea aprobado por el Senado, los demócratas tendrían que traer a sus 50 miembros, incluidos Joe Manchin de Virginia Occidental y Kyrsten Sinema de Arizona, quienes han expresado serias dudas sobre la propuesta.

Proyecto de ley de financiación obstruido por los republicanos

Los republicanos del Senado complicaron el proceso el lunes por la noche al usar una herramienta legislativa, el obstruccionismo, para anular un proyecto de ley aprobado por la Cámara que habría financiado al gobierno hasta diciembre y suspendido las restricciones del techo de la deuda para los préstamos del Tesoro hasta diciembre de 2022.

Los demócratas utilizarán un proceso conocido como «reconciliación presupuestaria», que es inmune al obstruccionismo, para elevar el techo de la deuda utilizando solamente los votos demócratas.

Los legisladores de ambos partidos temen tener que elevar el límite de la deuda por temor a ser criticados por gastos imprudentes.

Los demócratas, sin embargo, quieren que los republicanos participen en la votación del techo de la deuda, porque la medida ayudaría a sufragar los costos de las facturas de gastos y los recortes de impuestos aprobados cuando el Partido Republicano tenía el poder.

Además, los demócratas habían planeado utilizar la reconciliación presupuestaria para aprobar el proyecto de ley de gasto social de 3,5 billones de dólares. Pero agregar un aumento urgente del techo de la deuda complica significativamente ese proyecto de ley y comprime en gran medida el tiempo que los demócratas tendrían para trabajar en él.

El obstruccionismo como presión

Hay mucho en juego porque después de que se apruebe un proyecto de ley de reconciliación, los republicanos estarán en condiciones de bloquear la mayoría de las futuras iniciativas demócratas. Esto se debe a que la reconciliación presupuestaria generalmente se puede usar solo una vez por ciclo presupuestario, lo que deja a los republicanos en condiciones de obstruir, y por lo tanto matar con un debate ilimitado, cualquier otro proyecto de ley demócrata.

Los demócratas, que controlan el Senado de 100 miembros con 50 votos más el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, necesitarían que 10 senadores republicanos se unieran a ellos para lograr una supermayoría de 60 votos necesaria para poner fin a un obstruccionismo, algo casi imposible dado el fuertes divisiones partidistas en el Capitolio.

No lograr los objetivos del presidente ahora podría dejar a los demócratas sin nada que mostrar durante dos años de control unificado del Congreso. Eso haría aún más desafiante una elección de mitad de período que ya es difícil.

Históricamente, el partido de un presidente en ejercicio suele perder representación en el Congreso en las elecciones intermedias. Con sus pequeñas mayorías en la Cámara y el Senado, los demócratas ya enfrentaban la posibilidad de perder el control de una o ambas cámaras en 2022.

Votación de infraestructura aplazada

Pelosi, la demócrata de California que preside la Cámara de Representantes, había prometido a los moderados de su partido votar el lunes sobre el paquete de infraestructura de un billón de dólares. Pero, a última hora de la noche del domingo, anunció que la votación se pospondría hasta el jueves.

Durante el fin de semana, Pelosi también dijo que la Cámara votaría esta semana sobre el proyecto de ley de política interna más grande, una ley que aún no se ha escrito debido a los amplios desacuerdos entre los partidos sobre lo que debería incluir y el precio.

Los demócratas de la Cámara de Representantes estaban programados para reunirse el lunes por la noche para encontrar un camino a seguir.

Si el partido no logra salvar las divisiones internas y pierde la oportunidad de promulgar una política nacional histórica, probablemente sellaría el destino de los demócratas, afirman los expertos políticos.

«Si no hay un camino hacia el ‘sí’ que la gente esté dispuesta a tomar, entonces el Partido Demócrata habrá fracasado y el pueblo estadounidense lo verá como un fracaso», dijo Galston, de Brookings Institution. «Y el fracaso, más un presidente con bajas cifras de aprobación, es una fórmula para un cataclismo político en las elecciones intermedias».

Demócratas usan Ley de Registro de 1929 en nuevo plan de reforma migratoria

Fotografía de archivo en la que aparece el senador demócrata Dick Durbin. (Foto: EFE/Chris Kleponis)

Los Ángeles, EE.UU.- Los demócratas del Senado estadounidense han echado mano de una ley federal de 1929 para tratar de sacar adelante una reforma migratoria que les permita regularizar a millones de indocumentados en Estados Unidos, informó este martes el portal de noticias The Hill.

El senador Dick Durbin dijo a The Hill que los demócratas están presentando un plan de inmigración alternativo para que sea incluido en el paquete de gasto social impulsado por el Gobierno del presidente Joe Biden.

El legislador demócrata confirmó que parte del nuevo plan es cambiar la fecha de aplicación de la Ley de Registro, una norma de 1929 que ha permitido acceder a la residencia permanente a los inmigrantes que pudieran probar que habían llegado a EE.UU. en determinada fecha y que tenían «un buen carácter moral».

Los primeros inmigrantes favorecidos por la Ley de Registro tenían que haber ingresado al país antes de 1921.

A través del tiempo esta fecha se ha actualizado cuatro veces, la última en 1986 bajo el Gobierno del presidente republicano Ronald Reagan, cuando se determinó que podrían acceder a la residencia permanente y, posteriormente, a la ciudadanía todos aquellos inmigrantes que hubieran llegado a EE.UU. antes de 1972.

El nuevo camino que se pretende integrar al plan de gasto social debe tener la aprobación de la «parlamentaria» del Senado, Elizabeth MacDonough, una figura no partidista encargada de interpretar las reglas del proceso de reconciliación por el que se aprobaría el paquete sin necesidad de los republicanos.

MacDonough rechazó el primer plan de los demócratas de legalizar a unos ocho millones de indocumentados argumentando que no cumplía con las reglas establecidas.

Durbin dijo a The Hill que ya habían presentado un memorando legal para el segundo enfoque junto a una calificación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

El Congreso de Estados Unidos lleva 35 años sin aprobar una ley que permita acceder a la ciudadanía a un gran grupo de migrantes. La última vez fue en 1986, cuando el entonces presidente Reagan firmó una ley que permitió regularizar a unos tres millones de inmigrantes indocumentados.

Anulan por segundo año el Desfile de la Hispanidad en Nueva York por la covid

Fotografía de archivo donde aparecen integrantes de diversos cuerpos de la policía española mientras desfilan durante la celebración del Día de la Hispanidad en Nueva York (EE.UU.). (Foto: EFE/Miguel Rajmil)

Nueva York, EE.UU.- El tradicional y colorido Desfile de la Hispanidad de Nueva York, que estaba previsto para el 10 de octubre, no se realizará por segundo año consecutivo debido a la pandemia, de acuerdo con la presidenta del comité organizador, Arlette Rojas.

«El comité decidió no hacerlo», luego de consultar con sus 38 organizaciones afiliadas, «en consideración por los que han perdido un familiar y otros que se han enfermado», indicó, para recordar que el de 2019 fue el último desfile, antes de la crisis de salud por la pandemia.

Rojas explicó que el comité organizador ni siquiera ha pedido a la ciudad los permisos que necesitan para llevar a cabo el evento, que cada año recorre la famosa Quinta Avenida conmemorando el 12 de octubre, día que se conmemora el «descubrimiento» de América.

«Las 38 organizaciones que componen el comité no tenían el ánimo de participar», sostuvo.

El Desfile de la Hispanidad, que este año celebraría su 56 edición, reúne cada año a representantes de veinte países que recorren la Quinta Avenida con su ropa y música folclórica, y suele atraer a cientos de espectadores.

De acuerdo con Rojas, el único evento que se llevará a cabo es la misa en la Catedral San Patricio a las 4 pm hora local del 3 de octubre.

Tradicionalmente hay una procesión dentro de la iglesia con las banderas y los patrones de los países que el año pasado no se hizo por la covid-19 y que este año aún se desconoce si se realizará.

La pandemia también impidió que el año pasado se realizara de forma presencial, por segunda ocasión, el popular desfile puertorriqueño, que convoca a cientos de miles de personas en la Quinta Avenida y que ha sido sustituido por un evento cultural trasmitido por televisión.

La ciudad de Nueva York cuenta con una población de 8,8 millones de habitantes, según el reciente Censo, de los que el 29 % son latinos.

Cientos de niños indígenas son explotados en tortillerías de Guatemala: estudio

(Foto: VOA)

El estudio revela las condiciones de vida de niñas y adolescentes indígenas que trabajan en tortillerías de los centros urbanos guatemaltecos.

Ciudad de Guatemala. — Menores indígenas son víctimas de explotación laboral en tortillerías ubicadas en ciudades de Guatemala después de verse obligadas a salir de sus lugares de origen, según indicó el estudio “Desigualdad los tres tiempos” de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF).

El estudio valora que las condiciones deplorables en las que trabajan estas niñas son parte de las “prácticas racistas” y de la injusticia social que padece el país.

El director del Programa de Derechos Humanos y Democracia/Guatemala de PADF, Alejandro Zepeda, dijo a la Voz de América que la investigación cubrió 292 tortillerías que reclutaron a menores en áreas rurales donde existe pobreza y pobreza extrema.

“Se logró identificar a más o menos 150 – 160 (tortillerías) donde había presencia de niñas y adolescentes”, explicó Zepeda.

De acuerdo al estudio, las menores son sometidas a largas jornadas de trabajo y condiciones infrahumanas.

Quienes las reclutan para ir a trabajar ofrecen un salario que va desde los 800.00 quetzales (103 dólares aproximadamente) a 1.000.00 quetzales (129 dólares) al mes y un lugar donde dormir a cambio de que los padres autoricen que sus hijas trabajen en estos sitios.

«[El salario de las menores] representa menos de un tercio del salario mínimo aún en esas condiciones de trabajo extremo. Ocho de cada 10 niñas y adolescentes que entrevistamos no estudian», explicó Zepeda.

Las ocho niñas -agregó- explicaron sus aspiraciones de ir a la escuela.

El estudio resalta que las condiciones de este trabajo impactan negativamente ​el derecho a la salud física, salud mental, educación, vivienda, recreación, alimentación y vida digna de las menores.

«[Sin embargo] su abordaje genera conflictividad en un país cuyo porcentaje de población en pobreza extrema se incrementa cada vez más», dijo Zepeda.

Las autoridades aseguran que han realizado operativos para rescatar a las menores que son explotadas y trabajan en la prevención.

“Nosotros llamamos a la denuncia y esperamos que eso suceda y resultados hemos tenido bastante positivos en tortillerías y abarroterías”, aseguró Franklin Azurdia de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

Se estima que hay más de un millón de menores de edad que trabajan en vez de estudiar, para aportar económicamente a sus familias. Muchos otros optan por emigrar a Estados Unidos.