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Fin del Título 42 en mayo no significa fronteras abiertas

Un grupo de personas migrantes piden al presidente de EEUU, Joe Biden, poder entrar al país desde la garita de San Ysidro, ciudad fronteriza de Tijuana, en el estado de Baja California Sur (México). (Foto: EFE/ Joebeth Terríquez)

Los Ángeles, EE.UU..- La cancelación en mayo próximo del polémico Título 42 de expulsión expedita de migrantes no significa, según los expertos, que las fronteras estén abiertas para indocumentados aunque los coyotes lo aprovechen para incentivar su negocio ilícito y los republicanos para advertir de una catástrofe migratoria.

Con la eliminación de la medida ordenada el viernes pasado por el gobierno de Joe Biden seguirá plenamente vigente la base de la ley migratoria del país, que está contemplada en el Título 8, según explicaron a Efe abogados y activistas.

«Las leyes de inmigración no han cambiado», enfatizó la abogada de inmigración Jessica Domínguez sobre el anuncio de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de rescindir el Título 42, una norma sanitaria utilizada hasta ahora para expulsar a los indocumentados con el pretexto de la pandemia.

«El fin del Título 42 no significa que Estados Unidos va a abrir sus fronteras, o que todos los indocumentados que lleguen podrán tener un permiso de trabajo. Eso no es cierto», insistió la jurista.

Se mostró «preocupada» de que los traficantes de inmigrantes utilicen el fin de la aplicación de la medida, el próximo 23 de mayo, para alentar a los personas a cruzar de forma indocumentada y exponerlos a ser deportados.

La advertencia de Domínguez concuerda con lo dicho por el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, que al anunciar el fin de la medida subrayó que «los contrabandistas difundirán información errónea para aprovecharse de los migrantes vulnerables».

«Permítanme ser claro: aquellos que no puedan establecer una base legal para permanecer en los Estados Unidos serán expulsados», reiteró.

Los republicanos por su parte han criticado el fin de medida, al considerar que implica una «política de fronteras abiertas» e incluso ahora están condicionando la aprobación federal de ayuda para la pandemia a su permanencia y además presentaron una demanda contra el gobierno Biden.

EN LA MIRA DE LAS AUTORIDADES DE INMIGRACIÓN

Mayorkas señaló que cuando pierda vigencia la medida, que ha facilitado unas 1,7 millones de expulsiones en dos años, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) procesará a las personas encontradas en la frontera de conformidad con el Título 8, «que es el procedimiento estándar que utilizamos para colocar a las personas en procedimientos de deportación».

«El Título 8 es «básicamente la ley de inmigración», explicó a Efe Ruby Powers, miembro de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

En ese sentido, Chris Magnus, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés), enfatizó que el Título 42 «no es una autoridad de gestión de fronteras» y que a lo largo de la historia de la agencia han «manejado hábilmente la inmigración en la frontera utilizando el Título 8».

Prácticamente la única diferencia con el Título 42 es que después del próximo 23 de mayo «los inmigrantes sin documentos de admisión serán retenidos en las instalaciones del DHS en espera del procesamiento de inmigración», ahondó Powers.

Por su parte Domínguez advierte que precisamente el tiempo de procesamiento que se dedicará a cada detenido ayudará a que se aplique la ley de inmigración adecuadamente. «Los favorecidos serán los solicitantes de asilo que puedan demostrar el miedo creíble».

DETENIDOS POR INMIGRACIÓN

Aquellos que logran cumplir con la base legal para seguir sus procesos en EE.UU. «no estarán detenidos por mucho tiempo», prevé Powers. Añade que espera que el gobierno aplique una variedad de formas para reducir o limitar la detención.

En ese sentido Magnus detalló este lunes que su agencia contará con un aumento en recursos y en la cantidad de personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que trabaja junto con los agentes del CBP para ayudar en el procesamiento de migrantes y acciones de cumplimiento a lo largo de la frontera.

No obstante, Powers advierte de que los solicitantes de asilo que logren demostrar sus casos puedan ser enviados a México bajo los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) a esperar sus audiencias en el vecino país y «reducir la detención en EE.UU.»

Mayorkas destacó que se ha implementado una estrategia integral de todo el Gobierno para gestionar cualquier aumento potencial en la cantidad de migrantes que se encuentran en la frontera.

«Estamos aumentando nuestra capacidad para procesar a los recién llegados, evaluar las solicitudes de asilo y expulsar rápidamente a aquellos que no califican para la protección», señaló.

LOS INADMISIBLES

Según los datos ed CBP desde octubre de 2021 hasta febrero del 2022, agentes de Patrulla Fronteriza encontraron inadmisibles a 376.114 extranjeros bajo el Título 8, mientras se han expulsado 427.034 extranjeros bajo el Título 42.

Domínguez explica que los extranjeros declarados inadmisibles bajo el Título 8 son deportados. La abogada prevé que un buen número de los expulsados por el Título 42, que intenten regresar nuevamente a EE.UU. «probablemente» serán deportados bajo el Título 8.

«Sólo los solicitantes de asilo que demuestren el miedo creíble tienen base legal para seguir sus casos», indica.

Los únicos inmigrantes que actualmente son eximidos del Título 8 y el Título 42 son los niños indocumentados que cruzan solos la frontera.

«Espero que los inmigrantes no se dejen engañar. Buscar un mejor futuro por condiciones de pobreza o falta de empleo no les permitirá quedarse en Estados Unidos bajo las leyes de inmigración», resaltó Domínguez.

Grupos de derechos denuncian «limpieza étnica» en Etiopía

Kampala, Uganda. — Los abusos generalizados contra civiles en la región de Tigray, en el oeste de Etiopía, suponen crímenes de guerra y contra la humanidad, según denunciaron el miércoles Human Rights Watch y Amnistía Internacional en un nuevo reporte.

Los crímenes fueron perpetrado por agentes de seguridad y autoridades civiles de la región vecina de Amhara, en ocasiones “con el consentimiento y posible participación de fuerzas federales etíopes”, indicaron los grupos de derechos en el reporte.

Estos abusos forman “parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Tigray que supone crímenes contra la humanidad además de crímenes de guerra”, afirmaron las organizaciones.

Las autoridades federales etíopes rechazan de plano las acusaciones de que han dirigido ataques específicos contra la población de Tigray. Al comenzar la guerra en noviembre de 2020, afirmaron que su objetivo era desarmar a los líderes rebeldes de la región.

Funcionarios etíopes en Adís Abeba, la capital federal, y en Amhara no respondieron a peticiones de comentarios sobre las acusaciones del informe.

El documento, resultado de meses de investigación que incluyeron más de 400 entrevistas, afirma que cientos de miles de civiles de Tigray han sido obligados a dejar sus hogares en una violenta campaña de asesinatos, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias masivas, robo de ganado y privación de ayuda humanitaria.

Se han reportado atrocidades generalizadas en el conflicto, la mayoría de las veces atribuidas a las fuerzas del gobierno etíope y sus aliados, como tropas de la vecina Eritrea.

También se ha acusado a combatientes leales al partido de los líderes de Tigray -el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF, por sus siglas en inglés)- de cometer abusos cuando la guerra se expandió a regiones vecinas.

El reporte describe los ataques en el oeste de Tigray como “limpieza étnica”, lo que supone obligar a la población de un lugar a abandonar la zona con expulsiones y otros métodos violentos, que a menudo incluyen asesinatos y violaciones.

El documento corrobora los reportes de The Associated Press sobre atrocidades en la guerra, que sólo en Tigray afecta a 6 millones de personas.

En junio, el gobierno de Etiopía cortó el acceso a casi toda la ayuda alimentaria, suministros médicos, efectivo y combustible en Tigray. La guerra se ha extendido a las regiones de Amhara y Afar, y los líderes de Tigray dicen que combaten para aliviar el bloqueo y protegerse de nuevos ataques.

Ante una creciente presión internacional, las autoridades etíopes anunciaron una tregua humanitaria el 24 de marzo. Desde entonces han llegado camiones con comida a la región.

Se estima que decenas de miles de personas han muerto en el conflicto. Pero hay pocas esperanzas de que haya negociaciones de paz, ya que las autoridades etíopes han ilegalizado el TPLF, lo que en la práctica convierte a sus líderes en prófugos.

Puerto Rico recupera músculo cultural con un congreso de grandes escritores

La escritora española Rosa Montero (i) habla junto a la puertorriqueña Mayra Santos (c) y su compatriota José Manuel Fajardo (d), durante la inauguración del Primer Congreso Internacional de Escritores, hoy, en el Centro de Bellas Artes de Caguas (Puerto Rico). (Foto: EFE/ Thais Llorca)

San Juan, .- Puerto Rico inauguró este martes su primer congreso internacional de escritores con la presencia de autores de renombre como la española Rosa Montero, la colombiana Pilar Quintana y la boricua Mayra Santos Febres.

«Es una buena herramienta para recuperar el tono muscular de la cultura en Puerto Rico», dijo a Efe uno de los organizadores del evento, el escritor y periodista español José Manuel Fajardo.

La buena acogida de esta primera jornada demuestra, según Fajardo, que este congreso «no es solo un capricho de los organizadores sino que responde a una necesidad de la sociedad puertorriqueña».

La isla caribeña está en el mapa literario desde hace tiempo al haber acogido durante años un festival literario o haber sido en 2016 sede del VII Congreso Internacional de la Lengua Española, pero el evento de esta semana es novedoso.

Fajardo, Premio Internacional de Periodismo Rey de España, señaló que es el primer congreso propiamente de escritores internacionales en la isla y consideró que es «especialmente importante» después de la pandemia celebrar «este formato que combina la seriedad con la amenidad, pero que tiene una vocación de reflexión».

Además, es también «fundamental» que sea en Puerto Rico ya que la isla es «uno de los lugares donde se libra la batalla por la permanencia y expansión de la lengua española», subrayó el autor de obras como «Una belleza convulsa» y «La epopeya de los locos».

Puerto Rico fue una colonia española hasta 1898, cuando tras la derrota de España en la guerra hispano-estadounidense su soberanía pasó a Estados Unidos, país del que actualmente es un Estado Libre Asociado.

«Desde hace más de un siglo libra un combate continuo en defensa de su propia identidad y esa identidad pasa por la lengua española», comentó Fajardo, quien agregó que por este motivo para la sociedad puertorriqueña el español «no es solo un idioma».

Esto explica que el congreso, que se celebra hasta el próximo jueves en el Centro de Bellas Artes de la ciudad de Caguas, haya contado con el auspicio del Instituto Cervantes.

La idea es por el momento que sea bianual e incluye una feria de libros y un espacio para que los escritores participantes firmen sus obras a los asistentes.

La primera jornada arrancó con la conferencia «Razones para escribir», impartida por el escritor puertorriqueño Eduardo Lalo, autor de «Simone», galardonada en 2013 con el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos.

Le siguió un diálogo entre Rosa Montero y la boricua Mayra Montero, titulado «Las complicidades literarias» y moderado por Fajardo.

Otras conferencias de esta jornada fueron «Los imaginarios de la piel – Cómo escribir desde estos tiempos de la raza», por Mayra Santos Febres; «Historia y vidas privadas en la novela», por la cubana Karla Suárez; y «Narrar el lado oscuro», por Pilar Quintana.

En el congreso participan también la española Chiki Fabregat, el dominicano Pedro Antonio Valdez, el mexicano Guillermo Federico Arriaga Jordán y el peruano Iván Thays, así como numerosos autores de prestigio puertorriqueños.

Mujer expolicía demanda en corte a agentes migratorios por abuso sexual

Fotografía cedida por Alliance San Diego donde aparece la expolicía del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, Janine Bouey (c), mientras habla junto a su abogado, Mike Marrinan (d), y la directora ejecutiva de la organización, que apoya su demanda, hoy, durante una conferencia de prensa en la sede en Los Ángeles (Estados Unidos). (Foto: EFE/Alliance San Diego)

Los Ángeles, EE.UU.- La expolicía Janine Bouey presentó una demanda judicial contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al señalar que fue obligada a desnudarse y ponerse en cuclillas, entre otros abusos sexuales, cuando regresaba a Estados Unidos por la frontera con México, informaron este martes sus abogados.

Bouey, de 62 años y quien trabajó con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, en inglés), estuvo presente en una videoconferencia de prensa en la que anunciaron la demanda.

La afroamericana denunció que en 2020 fue separada de las demás personas que esperaban para ingresar a Estados Unidos por el Puerto de Entrada de Otay (California) cuando regresaba de una cita dental en la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana.

“Todavía estoy aterrada por lo que me pasó, y el pensamiento de que esto le suceda a alguien más es la razón por la que tuve que dar la cara. Lo hicieron de una forma tan automática que supe que yo no podía ser la única persona a la que le habían hecho esto”, dijo Bouey en la conferencia de prensa.

“Si me pudieron hacer esto a mí, entonces nadie está a salvo. Quiero que este abuso pare y que nadie más sufra la experiencia degradante, humillante y atemorizante que yo viví, y es por eso que estoy demandando”, añadió.

Bouey presentó una denuncia administrativa en junio de 2021 y no recibió respuesta del Gobierno, por lo que el lunes presentó la demanda ante la Corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de California.

Joe McMullen, miembro del equipo legal que representa a Bouey, que también es una veterana del Ejército estadounidense, refirió en la conferencia de prensa que cuando ella regresaba al país un agente de CBP le hizo comentarios insinuantes e inapropiados.

«Cuando ella rechazó de forma cortés esos comentarios fue llevada a un edificio del puerto de entrada», indicó. Agregó que inicialmente una oficial la forzó a abrir las piernas y usó sus dedos para tocarla en su zona genital sobre la ropa.

De acuerdo con la demanda, otro oficial colocó la cabeza de un perro auxiliar contra sus partes privadas y fue manoseada nuevamente sobre la ropa y esposada a una banca.

Durante toda la ordalía, dijo McMullen, «ella les dijo a los oficiales que era ciudadana estadounidense, que era una oficial retirada del LAPD, que tenía todos sus documentos consigo, que tenía documentos que demostraban que había estado en el consultorio de un dentista esa mañana, que no tenía contrabando de ninguna clase».

Posteriormente, dice la denuncia, fue llevada a otra habitación, donde los oficiales le ordenaron desnudarse y ponerse en cuclillas «mientras le examinaban desde atrás su área genital con una linterna».

«Fue humillada, degradada y sacada por la puerta trasera. No se le encontró nada, no había razones para detenerla. Al salir le preguntó a un oficial qué sentiría si su madre fuera tratada de esa forma y él respondió ‘Esas cosas pasan'», concluyó el abogado.

La demanda afirma que Bouey «sufre de ansiedad severa y trauma psicológico continuo» como resultado de las acciones de los oficiales fronterizos, por lo que se demanda del Gobierno que pague daños compensatorios y punitivos, además de sanciones a los involucrados.

Kendall Martin, de la organización Alliance San Diego, que apoya la demanda, dijo en la conferencia de prensa que «desafortunadamente el ataque a Janine no fue el primero ni el último».

«Desde la denuncia administrativa presentada por Janine en junio de 2021 han surgido más acusaciones de asalto sexual. Lo que le pasó a Janine continúa pasándoles a otras mujeres. Queremos que la comunidad sepa lo que está pasando en el DHS y que otras personas cuenten sus historias, y queremos que cesen el abuso y la impunidad», acotó.

Boxeadores cubanos podrán incursionar en el profesionalismo

Las boxeadoras Idamerys Moreno (izquierda) y Legnis Cala entrenan en el Malecón de la Habana, el 30 de enero de 2017. (Foto: AP/Ramón Espinosa/Archivo)

La Habana. — Cuba rompió la frontera entre el boxeo profesional y el amateur, y sus púgiles comenzarán a pelear en circuitos profesionales a partir de mayo próximo mediante un convenio con una empresa mexicana.

El alcance del acuerdo anunciado el lunes no quedó del todo claro. La empresa promotora, Golden Ring, está asentada primordialmente en Aguascalientes, ciudad de casi un millón de habitantes en el norte-centro de México.

Golden Ring escenificó una cartelera el año pasado con boxeadores amateur de Cuba.

“Llegó el momento, llevamos años estudiando esta posibilidad”, dijo Ariel Sainz, vicepresidente del estatal Instituto del Deporte en una comparecencia especial en la televisión cubana el lunes por la noche. “En el boxeo profesional hoy se generan oportunidades para nuestros atletas que perfectamente podemos utilizar”.

La isla, una potencia a nivel amateur, vetó la práctica boxeo profesional en la década de 1960. La nación caribeña acusó a las carteleras de la disciplina rentada de ser sangrientas y no contemplar el interés de los peleadores — sino de los empresarios — por lo que se concentró en el olimpismo.

El éxito acompañó al boxeo en la isla con gran dominio de medallas en Juegos Olímpicos, una tradición que aún perdura: el año pasado, en Tokio, los púgiles de la nación caribeña se llevaron cuatro oros y un bronce. Estrellas de fama internacional, como Teófilo Stevenson y Felix Savón, nunca saltaron al profesionalismo.

El cubano Andy Cruz festeja durante la ceremonia de premiación de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde obtuvo la medalla de oro en el boxeo, categoría de los ligeros, el 8 de agosto de 2021 (Foto: AP/Themba Hadebe/Archivo)

Alberto Puig, presidente de la Federación Cubana de Boxeo, dijo el lunes que se firmó un convenio con la empresa que dirige el promotor mexicano Gerardo Saldívar para que represente a los cubanos.

Como antecedente, Puig aseguró que ese empresario había colaborado para ayudar a la isla a preparar a sus púgiles para combates contra semiprofesionales.

No se identificó de inmediato a peleadores cubanos que participarán en las carteleras. Roniel Iglesias, Arlen López, Julio César La Cruz y Andy Cruz se adjudicaron medallas olímpicas de oro en los Juegos de Tokio.

Sainz relató que los boxeadores cubanos comenzaron a tener algunos contactos semiprofesionales desde 2014. También recordó que desde 2016 ya se permite a los boxeadores profesionales participar en los Juegos Olímpicos y otras competencias similares.

Con la nueva política se podrá estudiar mejor a los contrarios, obtener una preparación más adecuada y se hará un aporte a la preparación, indicó Sainz, Reconoció que esta decisión permitirá a los propios boxeadores mejorar sus ingresos.

En los últimos años Cuba vivió una masiva emigración de deportistas de alto rendimiento. Estelares de disciplinas, como el béisbol y el boxeo, abandonaban selecciones y entrenamientos apostando por jugosos contratos en el extranjero, entre ellos Guillermo Rigondeaux, Herich Ruiz y Erislandy Lara.

El sistema deportivo de la isla de corte estatal entregaba a sus deportistas un salario mensual y en los últimos años estímulos en dinero o bienes como carros y casas, lejos de los convenios millonarios que podían obtener con convenios internacionales.

Disciplinas como el béisbol y el voleibol habían logrado que algunos de sus atletas se incorporaran a ligas profesional en otras naciones como Japón e Italia, respectivamente.

Puig dijo que el boxeo profesional se ha ido “humanizando” en los últimos años, al tiempo ya hay pocas diferencias en las reglas de los combates profesionales y el amateurismo.

Mediante el convenio, los boxeadores entrenarán en Cuba e irán a participar en las carteleras con sus entrenadores y médicos. No representarán a ningún club, sino que competirán bajo el nombre de “Domadores de Cuba”.

Las ganancias, sean por bonificaciones o por las peleas serán en un 80% para los atletas y el resto se lo repartirán entre el equipo del deportista — técnicos, galenos— y la federación. De todas maneras siempre la prioridad para los deportistas serán sus compromisos olímpicos antes que las peleas pactadas.

Durante 2022, está prevista la participación en cinco carteleras, comenzando en el mes de mayo.

Biden ordena iniciativa sobre COVID de largo plazo

El presidente estadounidense Joe Biden habla sobre el estatus de la lucha del país contra el COVID-19 en la Casa Blanca el 30 de marzo del 2022. (Foto: AP/Patrick Semansky)

Washington. EE.UU. — El presidente estadounidense Joe Biden ordenó el martes un nuevo programa nacional de investigación sobre el COVID de larga duración, e instruyó a las agencias federales a apoyar a los pacientes que lidian con el misterioso y debilitante padecimiento.

Biden asignó al Departamento de Salud y Servicio Humanos la coordinación de una nueva iniciativa urgente de varias agencias federales, aprovechando los estudios ya en curso de los Institutos Nacionales de Salud.

El mandatario además ordenó a las agencias federales apoyar a pacientes y médicos proveyendo las mejores prácticas basadas en la ciencia para tratar el COVID de larga duración, manteniendo acceso a la cobertura de seguro médico y protegiendo los derechos de los trabajadores mientras lidian con las incertidumbres del problema. De particular preocupación son los efectos en la salud mental.

El COVID de larga duración es un conjunto de efectos a mediano y largo plazos que se experimentan después de recuperarse de la enfermedad, y puede incluir lagunas mentales, problemas para respirar, dolor y fatiga. Se estima que afecta a hasta 1 de cada 3 personas que se recuperan del COVID-19, aunque la severidad y la duración de los síntomas varían. Pese a una intensa investigación, las causas del COVID de larga duración no son entendidas aún, y el tratamiento se centra mayormente en ayudar a los pacientes a lidiar con los síntomas mientras tratan de equilibrar sus rutinas diarias.

La Casa Blanca reconoció también que el COVID de largo plazo parece ser una discapacidad, lo que significa que los pacientes pudieran tener derecho a la protección de las leyes federales que prohíben discriminación sobre la base de problemas de salud.

“El gobierno reconoce que la pandemia de COVID-19 ha resultado en nuevos miembros en la comunidad de discapacidades, y ha tenido un impacto tremendo en las personas con discapacidades”, dice un comunicado de la Casa Blanca.

Algunos expertos independientes elogiaron al gobierno de Biden por tener un plan para responder a una necesidad emergente, pero señalaron la falta de un cronograma para tener resultados.

“Es un paso muy importante de parte de gobierno de Biden reconocer que el COVID de largo plazo es real, que es una amenaza significativa y que se necesita hacer mucho más”, dijo la doctora Leana Wen, excomisionada de salud de Baltimore.

La violencia contra la prensa en México aumentó un 85 % con López Obrador

El director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, habla hoy, durante el informe anual presentado por la ONG, en la Ciudad de México (México). (Foto: EFE/Isaac Esquivel)

Ciudad de México, .- La violencia contra la prensa en México aumentó 85 % en los tres primeros años de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente al primer trienio del mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), según el informe anual presentado este martes por la ONG Artículo 19.

El documento destaca también que existe una negativa por parte de la autoridad a reconocer la situación del gremio en el país latinoamericano, que continúa siendo el más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.

Justamente, “Negación” es el título que este año le ha dado la organización a su reporte anual —que presenta cada año desde 2009— debido a un clima de violencia con ocho periodistas asesinados en lo que va de año y un presidente que niega una y otra vez que en el país que gobierna se violentan los derechos humanos.

“Lo que hemos visto en los últimos años, precisamente, es una tendencia a invisibilizar y a negar problemáticas estructurales que lastiman a la sociedad mexicana como la corrupción, la impunidad y la violencia”, expuso el director para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, en entrevista con Efe.

Y de la misma manera en que se observa esta invisibilización —reflejada especialmente en las conferencias de prensa diarias del mandatario—, lo mismo sucede con la violencia contra la prensa, problemática que va en aumento pero que no termina de reconocerse institucionalmente, por lo que tampoco se dan soluciones eficaces.

El director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, habla hoy, durante el informe anual presentado por la ONG, en la Ciudad de México (México). (Foto: EFE/Isaac Esquivel)

LAS CONSECUENCIAS DE LA NEGACIÓN

La negación se traduce, según el informe, en desinformación oficial, estigmatización pública de la prensa, discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial, engaños en el sistema de transparencia, violencia contra la prensa, brecha digital y violaciones a los derechos humanos.

Todas estas problemáticas vulneran la libertad de expresión.

“No es solo la negación, sino las consecuencias de ello, en términos de la denostación de quienes critican, quienes contrastan la información dada desde el poder público”, apuntó Maldonado.

Lo anterior queda plasmado, dice, en la sección semanal en las conferencias matutinas desde Palacio Nacional “¿Quién es quién en las mentiras de la semana?”, en la que se repasan notas periodísticas en las que se desmiente información supuestamente falsa o crítica con el Gobierno.

“Es preocupante porque la negación se da en todos esos ámbitos y en un contexto en el que desde el discurso público se está distorsionando la realidad, donde se está desinformando y a la vez a quien cuestiona se le está atacando”, consideró el experto.

El director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, habla hoy, durante el informe anual presentado por la ONG, en la Ciudad de México (México). (Foto: EFE/Isaac Esquivel)

INCESANTE CRECIMIENTO EN LAS CIFRAS

En cifras, Artículo 19 documentó 644 agresiones contra la prensa en 2021. Es decir, una cada 14 horas.

Además, desde que López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018 suman 1.945 agresiones —entre las cuales se encuentran 33 asesinatos de periodistas y dos desapariciones—, 85 % más que en el primer trienio de Peña Nieto.

Además, en 2021 se registraron por primera vez al menos un ataque a la prensa en cada uno de los 32 estados del país.

El año pasado, las autoridades mexicanas estuvieron vinculadas en dos de cada cinco agresiones contra la prensa.

En el informe “Negación” también se recoge el gasto del Gobierno en publicidad oficial, un «obstáculo» para la «pluralidad mediática».

Según datos preliminares, tres medios representan el 33 % del total del gasto de comunicación social en la administración de López Obrador. Y los primeros diez medios favorecidos por la publicidad oficial acumulan el 52 % del total de recursos.

UNA AGENDA MÍNIMA

En este contexto de urgencia, Artículo 19 propone una “agenda mínima” con iniciativas imprescindibles para cambiar el rumbo del país en torno a la violencia contra la prensa.

Entre estas medidas se encuentran la eliminación del uso “discrecional y arbitrario” de la publicidad oficial como recurso de control de las líneas informativas, la eliminación de restricciones legales al ejercicio de la libertad de expresión, el desarrollo de una política pública de protección integral para garantizar el ejercicio periodístico o la promoción y garantía del acceso a internet y a la información “sin discriminación”, entre otras.

Un zorro muerde a un legislador en los alrededores del Capitolio de EE.UU.

(Foto: EFE/Attila Kovacs HUNGARY OUT)

Washington, EE.UU.– La Policía del Capitolio de EE.UU. capturó este martes a un zorro rojo que mordió a varias personas, entre ellas a un legislador y a una periodista, en las inmediaciones del Congreso.

«Hemos recibido varios reportes de ataques de zorros en los terrenos del Capitolio de Estados Unidos. Por su seguridad, no se acerque a ningún zorro», advirtió el cuerpo policial en su cuenta de Twitter.

Horas después, la policía anunció en redes sociales la captura del ejemplar en una ladera de la colina del Capitolio y publicó fotografías del zorro en cuestión dentro de una jaula.

Entre los afectados por las mordeduras del zorro se encuentra el congresista demócrata Ami Bera, cuyo equipo confirmó a varios medios que fue atacado por el zorro el lunes por la noche al salir de su oficina.

El legislador por California, que no llegó a ver el zorro, fue mordido en una pierna y recibió como precaución la vacuna contra la rabia y el tétanos.

También la periodista Ximena Bustillo explicó en Twitter que el zorro la mordió por detrás mientras caminaba.

«Esa sensación cuando te muerde un zorro que sale del Capitolio. Es algo que por supuesto uno espera que ocurra en el centro de (Washington) DC», bromeó la reportera en Twitter.

El parque Rock Creek, uno de los más grandes de la capital estadounidense, alberga zorros rojos, que en algunas ocasiones bajan hasta el centro de la ciudad.

Obama visita la Casa Blanca y destaca su ley de salud

La vicepresidenta Kamala Harris gesticula mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden (izquierda), estrecha la mano del expresidente Barack Obama después de que Obama le hizo una broma a Biden en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, el martes 5 de abril de 2022. (Foto: AP/Carolyn Kaster) Archivo

Washington, EE.UU. — El expresidente Barack Obama regresó el martes a la Casa Blanca para celebrar el duodécimo aniversario de su Ley de Salud Asequible, que ya forma parte del entramado del sistema médico estadounidense y cuyo alcance pretende ampliar el presidente Joe Biden.

Las inscripciones al sistema de salud han aumentado durante el gobierno de Biden, y los subsidios más generosos de los contribuyentes han reducido los costos para los derechohabientes, aunque sea temporalmente.

La última vez que Obama estuvo en la mansión fue el 20 de enero de 2017, cuando él y su sucesor, un presidente electo empeñado en derrocar al sistema de salud “Obamacare”, partieron al Capitolio para la ceremonia de la toma de posesión de Donald Trump.

“Es bueno estar de vuelta en la Casa Blanca. Ha pasado algo de tiempo”, afirmó Obama en la Sala Este de la residencia oficial después de que la vicepresidenta Kamala Harris lo presentara. Comenzó refiriéndose a Biden como “vicepresidente” antes de admitir la broma y abrazar a su exnúmero dos.

Obama dijo que Biden y él lograron “mucho” en sus ocho años como dirigentes del país, pero recalcó: “Nada me enorgulleció más que brindar una mejor atención médica y más protecciones a millones de personas en todo el país”.

La Ley de Cuidado de Salud Asequible “fue un ejemplo de por qué te postulas para un cargo en primer lugar”, agregó Obama, calificándola como el “punto culminante de mi tiempo aquí”.

Biden y Obama conmemoraron el duodécimo aniversario de la ley, que en 2010 el entonces vicepresidente calificó memorablemente de “un gran acuerdo”, junto con una palabra altisonante. Su poder de permanencia se ha visto reforzado por tres victorias en la Corte Suprema y un enfático voto negativo del difunto senador John McCain, republicano por Arizona, que desinfló los intentos del presidente Trump de revocarla y reemplazarla.

La ley fue un tema tan espinoso en 2010 que los demócratas rara vez la mencionaban de cara a las elecciones de mitad de mandato, que resultaron ser, en palabras del propio Obama, una “paliza”. Ahora, en cambio, los demócratas esperan que la ecuación política juegue a su favor y que un enfoque centrado en apuntalar la ley de salud para adolescentes pueda ayudarles a evitar una debacle en las urnas este noviembre.

Zelenski se queja ante la ONU de su incapacidad para detener la guerra

(Foto: EFE/PETER FOLEY)

Naciones Unidas, EE.UU.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se quejó hoy amargamente ante el Consejo de Seguridad de la incapacidad de las Naciones Unidas para detener la guerra en su país, que ha entrado ya en su séptima semana y ha obligado al desplazamiento de la cuarta parte de su población.

En una intervención por videoconferencia justo antes de realizar otra similar ante el Congreso de Diputados en España, Zelenski reclamó al Consejo la expulsión de Rusia o algún tipo de reforma que permita superar el derecho a veto de Moscú, que ha tornado al Consejo en un órgano inefectivo.

«Si esto continúa, los países confiarán únicamente en el poder de sus propias fuerzas para asegurar su seguridad y no en la ley internacional o las instituciones internacionales», señaló un Zelenski visiblemente molesto, ante de proponer un nuevo Consejo basado en una «representación justa de todas las regiones del mundo», con verdadera capacidad para detener guerras.

Para añadir dramatismo a su discurso y conmover así al Consejo de Seguridad, Zelenkski presentó un vídeo con macabras imágenes de muertos en Bucha, Mariupol o Irpin, mostrando cadáveres de civiles maniatados, calcinados o semienterrados en lo que parecían fosas comunes.

Pero ni siquiera esas imágenes frenaron el cruce de acusaciones: el embajador ruso Vasili Nebenzia aseguró que sus soldados no pudieron haber cometido esas matanzas, y las atribuyó a «radicales ucranianos» que son apoyados por «delincuentes, ladrones y extranjeros» a los que se ha equipado con las armas entregadas a Ucrania por los países occidentales.

La representación de los Emiratos Árabes en el Consejo advirtió contra el peligro de «caer en una guerra de narrativas o relatos», en alusión a cómo los hechos de la guerra son presentados por parte de Rusia o de Ucrania, apoyada por los llamados «países occidentales».

Debido al derecho de veto de los países con asiento permanente, el Consejo de Seguridad ha sido incapaz de aprobar una sola resolución sobre la guerra de Ucrania, y sus sesiones se han convertido en una mesa de combate dialéctico entre Rusia y los países occidentales, con los países asiáticos -China e India, principalmente- manteniéndose en la equidistancia.

La subsecretaria general para Asuntos Políticos, Rosemary Di Carlo, tras enumerar los numerosos ataques a civiles documentados en Ucrania, reconoció hoy ante el Consejo que «cuanto más dure esta guerra, mayor es el riesgo de que debilite todavía más las instituciones globales y los mecanismos dedicados a preservar la paz y la seguridad».

INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE

El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó hoy una investigación «con garantías de rendición de cuentas» después de ver «las horrendas imágenes de civiles asesinados en Bucha», y su propuesta fue saludada por la mayoría de miembros del consejo.

Para China, que en el Consejo siempre se muestra comprensiva con Rusia, «deben depurarse las responsabilidades» de lo sucedido en Bucha, pero sobre todo «no sacar conclusiones precipitadas y evitar así acusaciones infundadas», oponiéndose así al eco generalizado de condenas a Moscú.

Estados Unidos anunció ayer que se unía a un equipo internacional que apoyaría a la Fiscalía de Ucrania «para recolectar, preservar y analizar pruebas de atrocidades» cometidas supuestamente por las tropas rusas en Bucha y otras zonas tras su retirada para concentrarse en el este del país.

En paralelo, la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, anunció ayer que trataría de suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y hoy insistió en que la presencia de Moscú en ese organismo «mina su credibilidad».

Le contestó el embajador ruso recordándole que Estados Unidos carece de credibilidad cuando abandonó ese consejo en 2018 en época de Donald Trump -aunque regresó en la era Biden-, y añadió sobre esa iniciativa para su suspensión: «Espero que nuestros colegas en Naciones Unidas no se dejen manipular por Washington en esos juegos peligrosos».

Actualmente, hay un equipo de la fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya investigando supuestos crímenes de guerra cometidos en Ucrania, aunque por la propia naturaleza del trabajo del CPI no se esperan resultados a corto plazo.