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La limpieza del sargazo moviliza a voluntarios en Puerto Rico para salvar la vida marina

sargazo
Fotografía del 9 de agosto de 2025 que muestra a Jessica Malave (i), y Eduardo Rivera, voluntarios del movimiento 'Sargazo Mandess' limpiando la playa de El Escambrón, en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca

San Juan.- Un grupo de voluntarios locales y extranjeros limpia el exceso de sargazo en algunas playas de Puerto Rico ante el peligro de que estas algas sigan provocando la muerte de animales marinos y afectando al medioambiente.

El sargazo está suponiendo este año una verdadera crisis para la isla. La Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) proyecta la llegada al Atlántico tropical de unas 40 millones de toneladas métricas de estas algas, la cifra más alta en la historia de la medición del evento, que comenzó en la década de 1970.

El argentino Juan Manuel Vérgalo es uno de esos tantos voluntarios que se han dado a la tarea de acudir al área de El Escambrón, en la entrada del Viejo San Juan, a limpiar el sargazo junto a familias, incluyendo niños.

Vérgalo, residente desde hace cinco años en Puerto Rico, donde se ha dedicado al submarinismo y al esnórquel, dice a EFE que la llegada del sargazo este año «debería ser considerado un desastre natural», como un huracán, sismo o tsunami.

«Una mortandad silenciosa»

Según Vérgalo y su colega dominicano Alexander Ravelo, se ha documentado en vídeo y publicado en las redes de la cuenta Sargazo Madness la muerte de tortugas marinas, pulpos, estrellas de mar, entre otros animales debido a la acumulación del sargazo.

«Es una mortandad silenciosa de la vida marina. Es un impacto o efecto dominó. Además del olor, provoca enfermedades respiratorias», lamenta Vérgalo, quien menciona que la situación también afecta los corales que son generadores de oxígeno para la vida marina.

Vérgalo explica que, cuando el sargazo «se amontona en la costa», empieza un estado de degradación y descomposición, sin fotosíntesis «y todo a su alrededor aniquila la vida marina».

«Se siente el olor por muerte de los animales. Estamos tratando de frenarlo y minimizarlo ahora», enfatiza el argentino, quien asegura que no descansará hasta que la zona quede totalmente limpia.

Por su parte, Ravelo, quien se describe como amante de la naturaleza, se muestra preocupado por cómo dicha situación afecta al turismo, pues los visitantes no pueden disfrutar de las playas y el mar como hacen de costumbre.

Además de San Juan, se han experimentado este año eventos significativos de sargazo en los municipios de Luquillo, Fajardo, Ceiba, Culebra y Humacao, áreas del este de la isla que son muy turísticas.

Un proceso de limpieza complejo

Para limpiar El Escambrón, los voluntarios cepillan con rastrillos las algas y las acumulan en unas cajas negras de plástico, para que después las recoja un tractor y las deposite en un camión de escombros.

El Gobierno también busca alternativas. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales adquirió un dron especializado con el objetivo de tener certeza de las dimensiones de cada mancha de sargazo referida, así como estudiar los métodos de mitigación.

Además, compró dos nuevas embarcaciones, con una inversión de 750.000 dólares, que cuentan con varios sistemas de cadena que recogen el sargazo y lo deposita en un contenedor provisional.

El sargazo es descrito como una algas marrones pertenecientes al género Sargassum que, de acuerdo con la EPA, se distribuyen extensamente por océanos tropicales y templados, en aguas poco profundas y arrecifes de coral, así como en el mar abierto.

Ante la crisis, el pasado 1 de julio, la gobernadora, Jenniffer González, firmó una orden ejecutiva para agilizar los procesos y que las agencias gubernamentales puedan tomar medidas rápidas con el fin de contener la proliferación de esta alga y mitigar sus impactos.

Al margen de banderas políticas, Vérgalo subraya que el grupo de voluntarios es uno de «amantes del océano» que ayuda «a pulmón y corazón» a la naturaleza para minimizar la mortandad de la vida marina.

Mexicana socia de la guardería donde murieron 49 bebés está proceso de deportación en EE. UU.

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Fotografía de archivo de la Guardería ABC con los rostros de los niños que fallecieron durante un incendio en 2009, en la ciudad de Hermosillo, Sonora (México). EFE/Daniel Sánchez

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó este miércoles que la mexicana Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la Guardería ABC en Sonora, donde en 2009 murieron en un incendio 49 bebés, se encuentra en proceso de deportación.

Un portavoz de ICE declaró a EFE que Téllez Nieves fue detenida el pasado 15 de enero por las autoridades de Inmigración en Arizona y ha permanecido bajo su custodia en espera de su deportación.

El funcionario federal agregó que EE. UU. tiene conocimiento de que la mujer, de 51 años, es objeto de una Notificación Roja de Interpol y es buscada en México por abuso de autoridad, homicidio y lesiones por negligencia en relación con un incendio ocurrido en 2009 en la Guardería ABC.

La confirmación de su proceso de deportación se da después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informara la semana pasada que su gobierno pedirá la extradición a México de Téllez Nieves.

Sheinbaum hizo el anuncio luego de que padres de las víctimas y supervivientes informaron que la mexicana estaría solicitando asilo político en EE. UU., bajo el argumento de que su vida corre peligro en México.

Téllez Nieves es señalada como socia dueña de la Guardería ABC. En 2016 fue sentenciada a 28 años, 11 meses y 4 días de cárcel, pero tras varias apelaciones y amparos su condena fue reducida a 5 años y 7 meses de cárcel, aunque se encontraba prófuga de la justicia.

Cuenta con una orden de reaprehensión vigente desde febrero de 2022.

El 5 de junio de 2009 en Hermosillo, capital del norteño estado de Sonora, un incendio que comenzó en una bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal se propagó hacia la Guardería ABC, subrogada por IMSS.

En el incendio fallecieron 25 niñas y 24 niños menores de cinco años, y sobrevivieron más de 70 con quemaduras severas en su cuerpo y más de 39 con afectaciones en su organismo.

La guardería tenía las salidas de emergencias bloqueadas e incumplía con las medidas de seguridad, pero nadie está en prisión por su responsabilidad en el incendio y, aunque se han fijado responsabilidades a más de 20 exfuncionarios públicos, muchos han muerto y quienes están vivos no han recibido sentencia.

Pennsylvania among states with highest youth aggression

A new study reveals that youth aggression ranks seventh in severity in Pennsylvania, which has one of the highest rates of juvenile arrests for aggravated assault in the United States.

The research, conducted by Florida-based personal injury law firm Anidjar & Levine, analyzed juvenile arrest data from 2016 to 2020, sourced from the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP). The study calculated the average annual rates of juvenile arrests for aggravated assault to identify the 10 states with the highest rates per 100,000 youth.

Pennsylvania ranks seventh, with an average of 120 arrests per 100,000 youth, which is 51.9% above the national average of 79. State rates ranged from a high of 144 in 2017 and 2019 to a low of 61 in 2020.

Commenting on the findings, a spokesperson for Anidjar & Levine stated:

“The data shows that Pennsylvania recorded the seventh-highest rate of juvenile arrests for aggravated assault in the U.S. (…) These figures highlight a growing trend of aggression among children and teens. Factors such as school violence, bullying, emotional stress, and lack of adequate support systems may contribute to violent behavior.”

The report emphasizes that addressing this issue requires a collaborative effort among parents, educators, and communities. Early intervention, access to therapy, and strong youth mentoring programs are key to reducing these numbers and helping teens develop healthier ways to manage conflict.

Pensilvania entre los estados con mayor agresividad juvenil

Un nuevo estudio revela que la agresión juvenil ocupa el séptimo lugar en gravedad en Pensilvania, estado que registra las tasas más altas de arrestos juveniles por agresión con agravantes en EE. UU.

La investigación, realizada por Anidjar & Levine, abogados especializados en lesiones personales con sede en Florida, analizó datos de arrestos juveniles entre 2016 y 2020, provenientes de la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia (OJJDP). Se calcularon las tasas anuales promedio de arrestos juveniles por agresión con agravantes para identificar los 10 estados con las tasas más altas por cada 100,000 jóvenes.

Pensilvania ocupa el séptimo lugar, con un promedio de 120 arrestos por cada 100,000 jóvenes, un 51.9% por encima del promedio nacional de 79. Las tasas estatales oscilaron entre un máximo de 144 en 2017 y 2019 y un mínimo de 61 en 2020.

Al analizar el estudio, un portavoz de Anidjar & Levine comentó:

“Los datos revelan que Pensilvania registró la séptima tasa más alta de arrestos juveniles por agresión agravada en EE. UU. (…)  Estas cifras ponen de relieve una tendencia creciente a la agresión entre niños y adolescentes. Factores como la violencia escolar, el acoso escolar, el estrés emocional y la falta de sistemas de apoyo adecuados pueden contribuir al comportamiento violento”.

Señalan que abordar este problema requiere un esfuerzo colaborativo entre padres, educadores y comunidades. La intervención temprana, el acceso a terapia y los sólidos programas de mentoría juvenil son clave para reducir estas cifras y ayudar a los adolescentes a desarrollar formas más saludables de gestionar los conflictos.

Qué saber si está en riesgo de embargo salarial por deuda de préstamos estudiantiles en EE. UU.

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En esta fotografía del 5 de mayo de 2018, alumnos participan en una ceremonia de graduación en la Universidad de Toledo, Ohio. (Foto: AP/Carlos Osorio/Archivo)

A millones de prestatarios estudiantiles en Estados Unidos se les podría empezar a embargar parte de sus salarios incluso este verano, según estimaciones de la agencia de crédito TransUnion.

La compañía pronostica que, en agosto, aproximadamente 3 millones de prestatarios podrían entrar en mora, lo que significa que tienen 270 días de retraso en los pagos. Al llegar a ese punto, los titulares de los préstamos corren el riesgo de que el gobierno les retenga el 15% de su salario, destinando el dinero al pago de la deuda pendiente. No ha habido una indicación clara de cuándo comenzará el embargo de salarios.

Después de que la pausa en los pagos de préstamos estudiantiles durante la pandemia de COVID-19 llegó a su fin en mayo, los prestatarios han tenido que reevaluar el estado de sus préstamos y presupuestos. Según TransUnion, otros 2 millones de prestatarios se encaminan a caer en mora en septiembre.

Un período de gracia concedido por el gobierno del expresidente Joe Biden, durante el cual los pagos atrasados o no realizados no eran tomados en cuenta en las calificaciones crediticias, terminó a fines del año pasado.

Desde entonces, millones de prestatarios han visto afectadas sus calificaciones crediticias.

Esto es lo que es conveniente saber:

Qué puede hacer usted para prepararse

«Lo más importante que los prestatarios pueden hacer antes de que se reinicie el embargo administrativo de salarios es iniciar sesión en el sitio web studentaid.gov para verificar si sus préstamos estudiantiles federales están en mora y tomar medidas ahora para sacarlos de la mora», recomendó Kyra Taylor, abogada del National Consumer Law Center, un organismo sin fines de lucro dedicado a la defensa del consumidor de bajos ingresos.

Taylor comentó que no es inusual que los prestatarios no sepan que sus préstamos están en mora. Si los prestatarios asistieron a la universidad o a la facultad de posgrado en distintos períodos de tiempo, o si tienen diferentes tipos de préstamos federales, también podrían tener varios administradores de préstamos estudiantiles.

Si ese es el caso, usted debería actuar ahora para sacar sus préstamos de la mora y volver a estar en buena situación, ya sea ingresando a un acuerdo de rehabilitación —en el que debe hacer nueve pagos consecutivos con base en sus ingresos— o consolidar sus préstamos en un nuevo Préstamo Directo federal.

«Debido a que esto no ha sucedido durante tanto tiempo, hay muchas personas que no tienen ni idea de que están en riesgo», observó Aissa Canchola Bañez, directora de políticas del Student Borrower Protection Center, un organismo sin fines de lucro enfocado en eliminar la carga de la deuda estudiantil.

Los tiempos de espera para los prestatarios estudiantiles que intentan contactar a sus administradores de préstamos han sido largos, con muchas llamadas perdidas, en parte debido a despidos en el Departamento de Educación. Bañez recomienda contactar a su legislador, utilizando una herramienta de gestión de casos que puede guiarlo para enviar una solicitud de elector.

«Estas oficinas tienen equipos enteros dedicados a la gestión de casos de electores para cuando usted tiene un problema con una agencia federal, como el Departamento de Educación», explicó. «Así que puede solicitar apoyo a su legislador: su representante o senador».

Qué sucede si usted permanece en mora

Hasta que se realicen los pagos atrasados o se resuelva el estado de mora del préstamo, los prestatarios corren el riesgo de que se les deduzca hasta el 15% de sus salarios directamente de sus cheques de pago.

El Departamento de Educación ha enviado avisos a los prestatarios, advirtiéndoles que los reembolsos de impuestos y salarios podrían ser retenidos a partir de este verano si los prestatarios no toman medidas para reiniciar los pagos. El departamento aún no ha proporcionado información adicional sobre cuándo ocurrirá eso.

Richelle Brooks, de 37 años, administradora educativa que vive en Los Ángeles, indicó que ha recibido advertencias y avisos sobre la reanudación de la cobranza de sus préstamos. Para varios títulos universitarios que obtuvo, todavía tiene 239.000 dólares en deuda pendiente, y se le informó que sus pagos mensuales para saldar esos préstamos serán de aproximadamente 3.000 dólares.

«No puedo pagarlo», señaló. «Acabamos de salir de la moratoria… sin pagar durante cinco años. Las personas que reciben estos avisos están aterrorizadas. Yo también estoy inquieta».

Brooks indicó que es una prestataria informada que se mantiene al día de cada novedad y conoce sus opciones. Planea inscribirse en clases de programación, al menos a medio tiempo, lo que podría colocar sus préstamos en aplazamiento —por lo que no se le pediría hacer pagos mensuales— mientras elabora un plan financiero.

Algunas opciones si usted teme que sus salarios sean embargados

Todavía hay tiempo para actuar.

Según Taylor, el Departamento de Educación debe proporcionar un aviso de 30 días antes de enviarle una orden de embargo a su empleador. Durante ese tiempo puede solicitar una audiencia para objetar, diciéndole al departamento que el embargo le causaría dificultades financieras. También puede solicitar que el departamento reduzca la cantidad embargada y presentar documentación sobre sus ingresos y gastos.

Para hacer esto, debe hacer su solicitud de audiencia por escrito, con un matasellos que no tenga una antigüedad mayor a 30 días después de la orden de embargo. Entonces su titular del préstamo organizará la audiencia. Si usted no está seguro de quién es su titular del préstamo, puede contactar al Grupo de Resolución de Moras del Departamento de Educación.

Si fue despedido de su último trabajo, también puede objetar el embargo si no ha estado en su trabajo actual durante 12 meses consecutivos. Puede solicitar una audiencia y objetar si presentó una solicitud para ciertos tipos de exenciones legales y aún no se ha tomado una decisión sobre éstas. Algunas razones comunes para la exención legal de préstamos estudiantiles son las siguientes: si la escuela a la que usted asistió cerró antes de que pudiera completar los cursos para su título, si su escuela le debe un reembolso pero no lo paga, si está experimentando una discapacidad total, o si se encuentra en bancarrota.

«Si el prestatario solicita una audiencia dentro de los 30 días después de recibir el aviso de embargo, el departamento no puede comenzar el embargo hasta que emita una decisión sobre las objeciones del prestatario y la solicitud de (que atraviesa por) dificultades financieras», apuntó Taylor.

Usted puede solicitar una audiencia después de que el período de 30 días haya terminado, pero, en general, en esos casos el departamento no detendrá el embargo de sus salarios mientras la solicitud de audiencia esté pendiente.

Armed robbers in latest Philadelphia-area Brinks truck heist took $700,000 or more, police say

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This photo taken from video shows a suspect pointing a gun after police say two armed men committed a robbery outside a store on Tuesday, Aug. 12, 2025, in Elkins Park, Pa. (Photo: AP/Cheltenham Township Police Department)

PHILADELPHIA.— Police are investigating whether the armed robbery of a Brinks truck on Tuesday outside a Philadelphia-area store is related to four other attacks on armored vehicles in and around the city this summer.

Two armed males got away with between $700,000 and $800,000 in the midday Tuesday heist at an H Mart in Elkins Park, according to Cheltenham Township police. The robbers — one described as armed with an AR-15-style pistol, the other with a handgun — fled with the cash and later abandoned their vehicle nearby, police said. No shots were fired, and no one was injured.

Cheltenham Township Police Lt. Andrew Snyder said it’s the first such robbery in their township, but authorities are looking into whether it may be connected to four robberies of armored cars in and around Philadelphia since June that police and the FBI are investigating as possibly related.

Federal prosecutors announced Wednesday that three people from Philadelphia who were arrested in early August are charged in connection with the $2 million armed robbery of a Brink’s armored vehicle outside a Home Depot on June 21.

A Loomis armored transport vehicle was held up outside an Aldi in a different neighborhood five days later. Then on July 2, a Brinks truck was held up outside a Dollar General at a shopping center. And on July 15, police had a report of two suspects robbing one of the armored vehicles in northeast Philadelphia.

FBI agent Wayne Jacobs told CBS News Philadelphia that law enforcement recovered most of the money stolen in the June 21 heist, as well as a number of long weapons and handguns. Some of the money had been spent on jewelry, clothes and other items, he said.

“If this is the type of activity you’re going to engage in, if you look at the timeline, six weeks from the time of the incident until the time of the arrest,” Jacobs said, “it’s just a matter of time before you’re held accountable for your actions.”

Trump dice que las personas sin hogar deben irse de Washington D. C.

Stephanie W., de 28 años, que no tiene hogar, descansa en un colchón de espuma mientras pasa un vehículo de la Policía de Parques de EEUU, el 13 de agosto de 2025, en el noroeste de Washington, cerca del Kennedy Center. (Foto: AP/Jacquelyn Martin)

El presidente Donald Trump afirma que las personas sin hogar en la capital del país serán trasladadas lejos de la ciudad como parte de la toma de control federal de la vigilancia en el Distrito de Columbia y su ofensiva contra el crimen.

Con sus planes exactos aún poco claros, hay preocupación entre los defensores y otros que dicen que hay mejores maneras de abordar el problema de la falta de vivienda que desmantelar campamentos, como ha prometido hacer la administración republicana.

El estatus de Washington como un distrito federal establecido por el Congreso le da a Trump la oportunidad de impulsar su agenda de mano dura contra el crimen, aunque no ha propuesto soluciones a las causas fundamentales de la falta de vivienda o el crimen.

Aquí hay un vistazo a lo que sabemos y las preguntas que quedan sobre cómo las acciones de Trump afectarán a la población desamparada del Distrito de Columbia.

¿Cuántas personas sin hogar hay en Washington?

Es difícil obtener conteos precisos de las poblaciones sin hogar.

Un día al final de cada enero, las agencias municipales en todo Estados Unidos realizan lo que se llama un conteo “de momento dado” destinado a capturar el número total de personas en refugios de emergencia, hogares de transición o sin ningún tipo de vivienda.

El conteo de 2025 en el distrito situó el total en 5.138 adultos y niños, una disminución del 9% en comparación con el año anterior, según la alcaldesa demócrata Muriel Bowser.

¿A dónde se llevarán a los indigentes?

No está del todo claro.

Trump escribió en su red social antes de la conferencia de prensa del lunes donde anunció que el gobierno federal tomaría el control de la seguridad que “los sin hogar tienen que mudarse, INMEDIATAMENTE. Les daremos lugares para quedarse, pero LEJOS de la Capital”.

El martes, cuando se le preguntó durante una sesión informativa en la Casa Blanca sobre a dónde serían reubicadas las personas sin hogar, la secretaria de prensa Karoline Leavitt respondió que la policía local y las agencias federales “harán cumplir las leyes que ya están en los libros”, las cuales, dijo, “han sido completamente ignoradas”.

Citando una regulación de la ciudad que, según ella, da a la policía local “la autoridad para tomar medidas cuando se trata de campamentos de personas sin hogar”, Leavitt dijo que a estas “se les dará la opción de dejar su campamento, ser llevadas a un refugio para personas sin hogar, o se les ofrecerán servicios de adicción o salud mental”. Aquellos que se nieguen “serán susceptibles a multas o tiempo en la cárcel”.

En los últimos cinco meses, la Policía de Parques de Estados Unidos ha eliminado 70 campamentos de indigentes, dando a las personas que viven en ellos las mismas opciones, agregó la vocera. Hasta el martes, Leavitt dijo que solo quedaban dos campamentos de personas sin hogar en los parques del distrito mantenidos por el Servicio de Parques Nacionales y serían eliminados esta semana.

¿Qué están haciendo los funcionarios de la ciudad?

Los funcionarios del distrito dijeron el martes que estaban haciendo espacio adicional en los refugios después de que Trump declaró que los agentes federales removerían a las personas sin hogar en la ciudad.

Kevin Donahue, el administrador de la ciudad, dijo que los trabajadores de alcance estaban visitando campamentos de personas sin hogar y que la ciudad tiene un edificio disponible que podría albergar hasta 200 personas, si fuera necesario.

Donahue hizo los comentarios durante una conversación con defensores de la comunidad y la alcaldesa Bowser. La conversación fue transmitida en la red social X.

Dijo que seguirá el acercamiento con las personas durante la semana con un “mayor nivel de urgencia”.

Bowser añadió que cuando Trump ve campamentos de indigentes en la ciudad, “desencadena algo en él que le hace creer que nuestra ciudad tan hermosa está sucia, lo cual no es cierto”.

¿Qué dicen los residentes de Washington?

Los residentes de Washington enfatizaron las reducciones en el crimen en los últimos años y las preocupaciones sobre la eliminación de campamentos de personas en situación de calle en entrevistas el martes donde también criticaron que el gobierno federal asuma la seguridad de la ciudad.

Jeraod Tyre, quien ha vivido en la ciudad durante 15 años, dijo que “el crimen ha estado disminuyendo últimamente” y argumentó que las tropas federales solo aumentarían las tensiones porque no tienen “relaciones con las personas en la comunidad”, como la policía local.

Sheiena Taylor, de 36 años, dijo que se siente más temerosa como resultado de la presencia de fuerzas federales en la ciudad donde nació y creció.

Agregó que ha visto federales alrededor de su casa y en el metro y le preocupa que vayan contra los jóvenes y las personas que carecen de vivienda.

“Ser una persona sin hogar no es un crimen”, dijo, enfatizando la necesidad de hallar soluciones a las causas fundamentales de la falta de vivienda o el crimen en lugar de la vigilancia.

¿Qué es lo que aún no sabemos?

No está exactamente claro qué agentes estarán específicamente encargados de sacar de la ciudad a las personas sin hogar.

Tampoco hay información detallada sobre cómo se alojará o se proveerá a las personas en las nuevas ubicaciones.

Algunos defensores han planteado dudas constitucionales sobre la legalidad de remover por la fuerza a las personas sin hogar de la ciudad.

Exigen el cierre del Centro de Detención Moshannon Valley después del suicidio de uno de los detenidos

Centro
Exterior del Centro de Procesamiento Moshannon Valley, ubicado a más de cinco horas de Filadelfia. (Foto: Cortesía/Juntos)

Una coalición de activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes exige el cierre del Centro de Procesamiento Moshannon Valley (MVPC por su acrónimo en inglés) en el condado Clearfield, Pensilvania, tras la muerte de un detenido y denuncias de condiciones inhumanas.

El MVPC alberga a 1,876 inmigrantes indocumentados en condiciones precarias y peligrosas, según un informe de la organización Juntos. El centro es operado por GEO Group, una empresa privada con sede en Boca Ratón, Florida, y ha funcionado como instalación de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde 2021.

El 5 de agosto, Chaofeng Ge, ciudadano chino de 32 años, fue encontrado colgado e inconsciente en el cuarto de regaderas del centro. El personal intentó reanimarlo y llamó a los Servicios de Emergencia Médica de Phillipsburg. Aunque ICE informó que la causa de su muerte estaba bajo investigación, la Policía Estatal de Pensilvania determinó que fue un suicidio, tras encontrar una nota escrita a mano, revisar las cámaras de vigilancia y entrevistar a personal y detenidos.

Vista exterior del centro, con capacidad para 1,800 detenidos. (Foto: Cortesía/Juntos)

Durante una conferencia virtual de emergencia realizada el 7 de agosto, con la participación de 41 personas, los líderes comunitarios exigieron la terminación del contrato entre ICE y el condado Clearfield.

Erika Guadalupe Núñez, directora de Juntos, ha visitado el MVPC en múltiples ocasiones y documentado condiciones como negligencia médica, confinamiento solitario, barreras lingüísticas, y abuso físico y psicológico. “Después de que uno de nuestros propios miembros fue detenido y puesto en confinamiento solitario por meses, comenzamos una red de visitas al centro”, afirmó Núñez. En una de sus visitas, observó cómo 70 personas compartían solo siete tabletas, su única conexión con el mundo exterior, sus familias, apoyo legal y noticias.

Durante la conferencia, se presentó el testimonio grabado de Santiago, un afrolatino confinado en el MVPC, así como el de otro detenido del condado Erie.

El MVPC abrió sus puertas en 2006 como la primera prisión privada en Pensilvania.

HRW advierte sobre «manipulación» en informe de derechos humanos del Gobierno de Trump

(Foto: EFE/José Jácome/Archivo)

La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que la omisión que hizo el Departamento de Estado de EE. UU de ciertas secciones en su informe anual sobre derechos humanos que publicó este martes «y la manipulación» de abusos en ciertos países «degradan y politizan el informe».

El informe omitió varias categorías de violaciones que eran habituales en ediciones anteriores, incluidas las de las mujeres, el colectivo LGTBI, las personas con discapacidad, la corrupción en el gobierno y la libertad de reunión pacífica, señaló en un comunicado.

Igualmente, afirmó que al socavar la credibilidad del informe, la Administración del presidente Donald Trump pone en riesgo a los defensores de los derechos humanos, debilita las protecciones para los solicitantes de asilo y socava la lucha global contra el autoritarismo.

«El nuevo informe del Departamento de Estado es en muchos aspectos un ejercicio de encubrimiento y engaño», afirmó Sarah Yager, directora en Washington de HRW.

En el informe correspondiente a 2024, la Administración Trump eliminó críticas a El Salvador, Israel y Rusia, mientras intensificó los señalamientos contra Brasil y Sudáfrica, países considerados rivales del nuevo Gobierno.

HRW recordó que el Departamento de Estado tiene la obligación de enviar al Congreso un informe anual sobre las «condiciones de los derechos humanos» de los países y territorios de todo el mundo.

Pero, reiteró, el informe de este año «puede ajustarse estrictamente a los requisitos legales mínimos, pero no reconoce la realidad de las violaciones generalizadas de los derechos humanos contra grupos enteros de personas en muchos lugares».

Como resultado, advirtió, el Congreso carece ahora de una herramienta «integral y ampliamente confiable» de su propio gobierno para supervisar adecuadamente la política exterior de Estados Unidos y comprometer recursos.

Asimismo, destacó que muchas de las secciones y los abusos de derechos humanos que el informe omitió son «extremadamente importantes» para entender las tendencias y los avances de los derechos humanos a nivel mundial.

De Israel, no incluye el desplazamiento forzado masivo de palestinos en Gaza, su uso del hambre como arma de guerra y su privación deliberada de agua, electricidad y asistencia médica, «acciones que constituyen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos de genocidio», destacó además HRW en el comunicado.

De El Salvador, donde EE. UU, está enviando inmigrantes a la prisión de máxima seguridad Cecot —criticada por violaciones a los derechos humanos—, no encontró “informes creíbles de abusos significativos”.

El informe también señala que la situación de los derechos humanos en Haití y Venezuela es significativamente peor que el año anterior. En estos países, así como en Honduras, Nepal, Nicaragua y Afganistán, se denuncian de manera creíble numerosos abusos de los derechos humanos, incluidos arrestos y detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, entre otras violaciones, indicó.

Sin embargo, pese a que el Gobierno de Trump reconoce que estos lugares son peligrosos, canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para afganos, venezolanos, nicaragüenses, hondureños, nepaleses y haitianos, argumentó HRW y recordó cómo este informe ha sido de gran beneficio de diversas formas, entre ellas la académica.

«El informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado ha proporcionado durante mucho tiempo una base sólida, aunque con demasiada frecuencia ignorada, para el apoyo de Estados Unidos al movimiento mundial de derechos humanos», indicó además Yager.

No obstante, considera que la Administración Trump ha convertido gran parte del informe «en un arma que hace que los autócratas parezcan más aceptables y minimiza los abusos de derechos humanos que ocurren en esos lugares”.

México entrega a EE. UU. a los capos ‘El Cuini’, ‘La Tuta’ y al yerno de ‘El Mayo’ Zambada

Fotografía de archivo del líder del cártel de Los Caballeros Templarios Servando Gómez Martínez alias "La Tuta". (Foto: EFE/Mario Guzmán)

Abigael González, alias ‘El Cuini’, cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Servando Gómez ‘La Tuta’, líder de los Caballeros Templarios; y Juan Carlos Félix Gastélum, alias ‘El Chavo Félix‘, yerno de Ismael Zambada ‘El Mayo’ García, son algunos de los 26 capos del narcotráfico entregados por México a Estados Unidos.

La Fiscalía General mexicana anunció el martes la entrega de esas personas, encarceladas en diferentes centro penitenciarios de México, que fueron solicitadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien se comprometió a no pedir la pena de muerte para ellos.

Estas 26 personas se suman a los 29 narcotraficantes que, el pasado mes de febrero, México entregó a Estados Unidos.

Según la lista proporcionada por el Departamento de Justicia estadounidense, también fueron enviados Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta, vinculados a Los Chapitos; Abdul Karim Conteh, un sierraleonés acusado de tráfico de migrantes; y Leobardo García y Luis Raúl Castro, alias ‘El Chacho’, ambos del Cártel de Sinaloa.

También Pablo Edwin Huerta, alias ‘El Flaquito’, un importante capo del Cártel de Tijuana; y Roberto Salazar, buscado por asesinato de un sheriff de Los Ángeles en 2008.

El Departamento de Justicia informó en un comunicado que los presos afrontan diversos cargos penales federales y estatales, incluyendo cargos relacionados con narcotráfico, toma de rehenes, secuestro, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero, asesinato de un agente del sheriff y otros delitos.

Estados Unidos acusa a la mayoría de traficar grandes cantidades de drogas, como cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína.

Los 26 serán procesados en diferentes puntos de Estados Unidos, como Nueva York, California o el Distrito de Columbia; y todos ellos afrontan penas máximas de cadena perpetua excepto Abdul Karim Conteh, quien afronta 45 años de prisión.

«Estos 26 hombres han contribuido a traer violencia y drogas a Estados Unidos; bajo la supervisión de este Departamento de Justicia, enfrentarán graves consecuencias por sus crímenes contra este país», declaró Pam Bondi, fiscal general estadounidense.

Bondi agradeció además a México por «su colaboración en este asunto».

El Gobierno mexicano fue el responsable de la custodia, traslado y entrega formal de dichas personas, que “se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, y del debido proceso», informó la Fiscalía mexicana.

En febrero pasado, como parte de un acuerdo entre ambos países, México entregó a 29 narcotraficantes que estaban presos en el país, entre ellos el líder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, y los antiguos líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.

La Administración de Donald Trump designó a principios de año como grupos terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

Según el periódico The New York Times, Trump habría ordenado al Pentágono utilizar la fuerza militar contra los carteles.