Santo Domingo, .- Estados Unidos donó a República Dominicana 1,23 millones de dólares en medicamentos antirretrovirales para dar continuidad al tratamiento de las personas que viven con VIH en el país, según informó este jueves la embajada estadounidense en Santo Domingo.
La donación se produjo en respuesta a una solicitud del Gobierno dominicano, en vista del impacto de la pandemia del covid-19 en la cadena de suministro global, lo cual aumentó el riesgo de interrupciones en el tratamiento que podrían afectar la salud de personas que viven con el VIH en el país.
El encargado de negocios de la embajada de EE.UU., Robert Thomas, manifestó que «el Gobierno de los Estados Unidos ha brindado un apoyo importante para fortalecer la cadena de suministro, a fin de garantizar la disponibilidad de productos básicos para la respuesta al VIH a nivel nacional, trabajando de la mano con el Gobierno de la República Dominicana».
El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, al recibir las donación dijo que el país «agradecía el gesto de Estados Unidos» y consideró que esto ayudará con el «esfuerzo para controlar esta enfermedad, una inversión de apoyo entre manos amigas, mientras, seguimos fortaleciendo la logística a fin de responder de manera oportuna a los pacientes que viven con esa condición de salud».
La donación se produjo a través del Plan de Emergencia del Presidente de los EE.UU. para el Alivio del Sida (Pepfar, por sus siglas en inglés).
La colaboración de Pepfar con República Dominicana en el control de la epidemia del VIH se remonta a 2006, aseguró la información.EFE
Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien presentó la iniciativa "English for a better life" (Inglés para una vida mejor), que tiene el propósito de que los estudiantes egresados de los centros educativos públicos puedan exhibir un nivel de inglés B-1, equivalente a dominar los aspectos fundamentales de ese idioma. (Foto: EFE/Bienvenido Velasco)
Santo Domingo, .- República Dominicana lanzó este miércoles un programa dirigido al aprendizaje del inglés como segundo idioma para los estudiantes del sector público de los dos últimos años del bachillerato, que tomará como parámetro la escala de niveles de esa lengua que utiliza el Marco Común Europeo de Referencia.
En una primera etapa el programa llegará a unos 74.000 estudiantes de 5 y 6 grado de secundaria en las escuelas públicas donde se aplica la jornada extendida y se impartirá por espacio de ocho horas semanales en horario vespertino.
Esta etapa abarcará a 646 centros educativos de los 122 Distritos Educativos en los que está dividido el país, afirmó el presidente dominicano, Luis Abinader, quien presentó la iniciativa en el Palacio Nacional.
English for a better life (Inglés para una vida mejor) tiene el propósito de los estudiantes egresados de los centros educativos públicos puedan exhibir un nivel de inglés B-1, equivalente a dominar los aspectos fundamentales de ese idioma y poseer las destrezas lingüísticas necesarias para su uso cotidiano.
Para poner en marcha el programa, el Gobierno inició la capacitación de docentes de inglés, así como la evaluación, capacitación y acompañamiento de estos.
«Este programa de enseñanza del inglés como segundo idioma, generará el capital humano que el país requiere en diferentes sectores de la producción nacional para un mayor crecimiento y desarrollo sostenible», expresó el gobernante.
El mismo busca mejorar las oportunidades de empleos y crecimiento profesional de los jóvenes, pudiendo ser elegibles en sectores como áreas de servicios, turismo, zonas francas, entre otros.
El turismo y las zonas francas son, junto a las remesas, las principales fuentes de divisas del país.
En las últimas décadas ha aumentado considerablemente el número de estudiantes dominicanos que dominan el inglés, aunque la mayoría de estos se forman en los colegios privados y en centros especializados de ese idioma.EFE
Santo Domingo, .- La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, sugirió este jueves a las autoridades de la República Dominicana la posibilidad de crear una mesa para discutir la situación legal de los descendientes de inmigrantes haitianos en el país.
Mantilla hizo la sugerencia al final de una audiencia virtual de la CIDH centrada en los derechos humanos de los migrantes haitianos y de sus descendientes en República Dominicana.
La mesa serviría «no para solucionar» los problemas, «sino para plantear posibilidades» y para aportar la experiencia de la CIDH en la aplicación de los estándares de respeto a los derechos humanos, dijo.
«La comisión quiere escuchar, conocer y aportar en esa línea», manifestó Mantilla, después de agradecer al Estado dominicano por su «colaboración», puesta de manifiesto por su participación a alto nivel en la reunión de hoy.
En la audiencia, los descendientes de haitianos denunciaron que se producen «obstrucciones» por parte del Estado dominicano en los procesos legales que atañen a los miles de personas que fueron despojadas de la nacionalidad dominicana en virtud de una sentencia judicial emitida en 2013.
Afirmaron que más de 35.000 personas que recuperaron la nacionalidad dominicana gracias a una ley de 2014 aún no han recibido su documento de identidad.
Esta situación les causa problemas para acceder a servicios públicos, entre ellos de salud o de educación, y les expone al riesgo de ser deportados a Haití, según denunciaron.
Otro grupo compuesto por cerca de 8.000 personas que se acogieron a un plan de regularización para obtener la nacionalidad dominicana, hay 7.149 personas a la espera de una decisión final por parte del Ejecutivo, a pesar de que el proceso concluyó en 2015.
Otras 800 personas de ese grupo recuperaron su nacionalidad dominicana por medio de dos decretos firmados entre 2020 y 2021, pero hasta el momento ninguno de ellos ha recibido la documentación que acredite su nacionalidad, según denunciaron.
En la audiencia, el embajador dominicano ante la OEA, Josué Fiallo, expuso los esfuerzos del Estado para regularizar a las personas afectadas por la sentencia de 2013 y defendió que los planes de regularización se acoten a un plazo determinado, rechazando que se mantengan de forma permanente.
De forma paralela, los grupos de la sociedad civil también denunciaron las recientes «deportaciones masivas» de haitianos, incluyendo a mujeres embarazadas, lo que ha suscitado críticas por parte de la ONU.
El representante regional de ACNUR, Alberto Brunori, recordó que el sistema de Naciones Unidas se ha pronunciado en dos ocasiones al respecto y que, el pasado febrero, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó a República Dominicana que suspenda las deportaciones de mujeres embarazadas.
Fialló negó que se estén produciendo deportaciones masivas y explicó que desde 2018 se ha triplicado el número de mujeres haitianas que dan a luz en hospitales dominicanos, recalcando que el Estado invierte 5.4 millones de dólares al año en darle atención médica a las parturientas haitianas.EFE
Bandera de Republica Dominicana. (Foto: archivo pexels)
Santo Domingo, .- Fundéu Guzmán Ariza recomendó hoy evitar el empleo del verbo socializar con los sentidos de difundir, compartir, consensuar,someter a discusión o dar a conocer un documento o una información.
En los medios de comunicación dominicanos se observa cada vez con más frecuencia el uso de socializar con significados que no corresponden a este verbo en frases como «Abinader socializa temas nacionales con ejecutivos de medios de comunicación», «Expertos socializan sobre retos de la tecnología para la Justicia», «Por primera vez, INABIE socializa borrador del pliego de condiciones de licitación del almuerzo escolar» o «El Mescyt y rectores socializan sobre anteproyecto de ley de cualificaciones en educación superior».
Según registra el Diccionario de la lengua española, el verbo socializar significa, como transitivo, ‘transferir al Estado, o a otro órgano colectivo, algo de propiedad privada, especialmente un servicio o un medio de producción’, ‘extender al conjunto de la sociedad algo limitado antes a unos pocos’, ‘adaptar a un individuo a las normas de comportamiento social’ y, como intransitivo, ‘hacer vida de relación social’.
No es normal en español su uso con el sentido de hacer de conocimiento colectivo algo para su estudio o discusión, tal como advierte la Real Academia Española, pues existen otros términos más adecuados para expresar esa idea según el contexto, tales como discutir (‘examinar [dos o más personas] atenta y particularmente una materia’), difundir (‘propagar o divulgar conocimientos, noticias…’), compartir (hacer partícipe de algo), consensuar (‘adoptar una decisión de común acuerdo entre dos o más partes’), dar a conocer, exponer, explicar…
Teniendo esto en cuenta, en los ejemplos citados habría sido más preciso escribir «Abinader discute temas nacionales con ejecutivos de medios de comunicación», «Expertos exponen sobre retos de la tecnología para la Justicia», «Por primera vez, INABIE difunde el borrador del pliego de condiciones de licitación del almuerzo escolar» y «El Mescyt y rectores discuten el anteproyecto de ley de cualificaciones en educación superior».
Fundéu Guzmán Arizaes una iniciativa de la Fundación Guzmán Ariza Pro Academia Dominicana de la Lengua, institución sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentra impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación de la República Dominicana.
Cuenta con la asesoría de la Academia Dominicana de la Lengua, el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía y la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), así como con el patrocinio económico del bufete Guzmán Ariza. EFE
PHILADELPHIA (AP) — A Philadelphia police officer has been charged with perjury and other counts after investigators say he gave false statements and testimony in the arrest of a person accused of a firearms violation.
Officer Daniel Levitt was arrested Thursday morning, a police spokesman said. The 12-year veteran of the Philadelphia Police Department was also suspended with the intent that he will be fired after 30 days, police said.
The Philadelphia District Attorney’s office charged Levitt with perjury, official oppression and unsworn false statements. Prosecutors said he turned himself in and was released on his own recognizance.
Attorney information for Levitt was not immediately available in court records. Fraternal Order of Police Lodge 5 President John McNesby said the union plans to help with Levitt’s defense.
“First off, this officer is entitled to due process like any other citizen accused of a crime. The FOP will vigorously defend the officer against these baseless charges,” McNesby said in an emailed statement.
In 2021, police conducted an audit of citywide arrests of persons charged with firearms violations. During that audit, an investigation into an April 28, 2021, arrest performed by Levitt found he had violated departmental policy and allegedly committed criminal perjury, according to a police statement Thursday.
Police did not elaborate on the arrest or disclose the name of the person arrested on firearms charges.
Prosecutors said the initial arrest involved a car stop where a van allegedly ran through a stop sign. Three officers including Levitt were involved. Prosecutors said Levitt asked the passenger to get out of the car, and initiated a search of the van.
Levitt noted in his report and testified during a preliminary hearing that the gun in question was visible, sticking out of an unzipped bag.
But prosecutors said Thursday that the gun was inside a closed bag that was opened by Levitt during the search. They allege there was no reason for the search based on the initial allegations of running a stop sign.
Prosecutors said all three officers were wearing body cameras that recorded the incident.
Prosecutors said the charges against the civilian were related to not having a permit to carry the firearm in Philadelphia. As a result of the information found in the audit, prosecutors dismissed the charge against that defendant in December.
The other two officers are not facing charges in this incident, but prosecutors said Thursday that the police department’s audit team had referred other cases to the office that are still under investigation.
Participantes en el Día de San Patricio se preparan este jueves para desfilar en la Quinta Avenida de Nueva York (EE. UU). (Foto: EFE/Javier Otazu)
Nueva York, EE.UU.- Las gaitas y tambores de la comunidad irlandesa regresaron hoy a la Quinta Avenida neoyorquina en conmemoración del día de Saint Patrick (San Patricio), tras dos años de interrupción por la prohibición de eventos públicos debido a la pandemia del coronavirus.
En un día deslucido por la fina lluvia que caía sobre Nueva York, el desfile de los irlandeses por el centro de Manhattan, uno de los más concurridos de la ciudad, comenzó con la marcha de los distintos cuerpos de policía (local, estatal, más las específicas de puertos, parques u otros organismos), que sumaron miles de personas y pusieron de manifiesto la enorme presencia de irlandeses en el sector de seguridad oficial.
Al desfile, celebrado en horario escolar y laboral, acudieron también familias y grupos de amigos ataviados con prendas verdes (el color asociado a Irlanda) y portando banderas de Irlanda y Estados Unidos.
Participantes en el Día de San Patricio se preparan este jueves para desfilar en la Quinta Avenida de Nueva York (EE. UU). (Foto: EFE/Javier Otazu)
Pero lo que más expectación despertó fueron los distintos grupos de gaiteros, vestidos con faldas de tipo escocés y con altos gorros negros, y que se dirigieron, uno tras otro, a la Catedral de Saint Patrick, la más importante no solo para los irlandeses, sino para toda la comunidad católica de Nueva York.
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, visitó esta mañana varios lugares emblemáticos de la comunidad irlandesa, entre ellos un «pub», y animó a los irlandeses a «llenar nuestras calles de alegría y festejo» como símbolo de «nuestro espíritu de fortaleza y resiliencia».
El de la Quinta Avenida es el más concurrido, pero desfiles similares se celebran hoy en otros barrios de Nueva York y en todas aquellas ciudades del país donde hay una nutrida colonia de descendientes de emigrantes irlandeses.
Participantes en el Día de San Patricio se preparan este jueves para desfilar en la Quinta Avenida de Nueva York (EE. UU). (Foto: EFE/Javier Otazu)
En la tarde de hoy, son famosas las celebraciones de esa comunidad en las numerosas tabernas y pubs fundadas por ellos en toda la ciudad, y los festejos continúan hasta bien entrada la noche.
Silver Spring, EE.UU.- Mientras su madre sigue en Ucrania dispuesta a empuñar un arma, Olena recolecta en una iglesia ortodoxa de las afueras de Washington ayuda para su país, que no solo incluye comida y medicinas, sino también material para soldados, como drones o walkie-talkies.
El lema de su camiseta no deja lugar a dudas: «Yo apoyo a Ucrania». Un respaldo que consiste en empaquetar sin descanso cajas y más cajas en la parroquia de la Catedral de San Nicolás, el único templo ucraniano ortodoxo del área metropolitana de la capital estadounidense.
«Mi familia decidió no irse a ninguna parte. Incluso mi madre, una mujer de 68 años, dijo ‘dadme un arma y protegeré a mi gente», explica a Efe una emocionada Lena, quien vive desde hace más de 15 años en Estados Unidos.
Su hermano se encuentra en Kiev y, aunque Olena no puede dar muchos detalles, sugiere que está batallando: «Todo el mundo está haciendo lo que le toca».
Pensando en ellos, Olena intenta acudir todos los días al centro de acopio instalado en este templo, ubicado en Silver Spring (Maryland), donde se han visto sobrepasados por la solidaridad de los vecinos desde que empezó la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero.
DRONES EN LA IGLESIA…
Hace ya tres semanas que la Catedral de San Nicolás tiene las puertas abiertas durante todo el día para recibir ayuda humanitaria que cada 48 horas se envía a Ucrania a través de dos empresas de transporte. Ya han mandado más de 2.000 cajas.
El gran salón de la parroquia, de antigua moqueta y lámparas de cristal, ha dejado de ser escenario de bodas y celebraciones para convertirse en un auténtico centro de crisis.
Rápidamente se amontonan nuevas cajas, de las que se asoman todo tipo de útiles: latas de conserva, ibuprofeno, un muñeco de Mickey Mouse e incluso algún drone.
A contra reloj, los voluntarios como Olena los clasifican con cintas de colores. La ropa y productos de higiene van en amarillo, la comida en azul, las medicinas en rojo y la ayuda para soldados en verde.
Cada día, a alguien le toca llevar la cena. Hoyes el turno de Tamara Woroby, presidenta de la parroquia, quien se confiesa perpleja por el ataque ordenado por el presidente ruso, Vladímir Putin.
«Es absolutamente horrible. Es imposible comprender que la mente de una sola persona pueda hacer algo así», comenta esta mujer de origen ucraniano nacida tras la Segunda Guerra Mundial en Canadá, donde se refugiaron sus padres huyendo de la Unión Soviética.
Después del estallido de la guerra, el centro de acopio nació sin demasiados preparativos en esta iglesia que ya tenía experiencia recolectando ayuda por el conflicto de 2014, en el que Rusia se anexionó Crimea.
«Medicinas, medicinas y medicinas», responde Tamara al ser preguntada sobre lo que más necesitan los ucranianos.
Tras una pausa añade: «Y obviamente apoyo militar, que como iglesia no podemos dar, pero rezamos para que el Gobierno de Estados Unidos y la OTAN ayuden militarmente».
Por lo pronto, la parroquia ha recibido ya varios drones, walkie-talkies, botas, linternas y sacos de dormir dirigidos a los combatientes ucranianos.
… Y REZOS CONTRA LAS BALAS
Mientras los voluntarios continúan con sus tareas, el padre Volodímir Steliac coopera a su manera desde la iglesia, que está conectada al salón de eventos a través de un pasillo.
«Desde el día número uno, empezamos con una tarea, que es rezar», explica este sacerdote, quien pasó todas las noches de la primera semana de la invasión orando en este templo ortodoxo de cúpulas doradas construido en 1988 en honor a las víctimas de Chernóbil.
Tras la misa que ofrece todos los días, Steliac se quita la sotana para ayudar con las cajas e intenta no pensar mucho en el apoyo que la Iglesia ortodoxa de Rusia ha expresado hacia los planes de Putin.
«Dios es quien lo tiene que juzgar. Yo estoy aquí para promover el bien y el amor. Los ucranianos son gente buena y amable», sentencia el sacerdote.
Así piensan muchos vecinos del área de Washington, donde viven cerca de 30.000 ucranianos.
Hay personas que han ofrecido sus hogares por si hay que acoger a ucranianos, aunque en la parroquia no tienen planes al respecto porque las políticas de refugio de Estados Unidos son muy restrictivas.
En lo que todos coinciden es que la guerra de Ucrania ha unido en torno a una causa a un país muy polarizado como lo es Estados Unidos.
En el salón de la parroquia hay dos televisiones donde normalmente tienen puesta la CNN y la Fox. «Por primera vez vimos que están contando la misma historia», exclama risueña Tamara, aunque la sonrisa de su rostro se esfuma en un santiamén: «¿Pero a qué costo?».
HARRISBURG, Pa. (AP) — A massive Republican primary field for governor in Pennsylvania is spurring growing discomfort among party leaders that a widely splintered primary vote could produce a winner who cannot beat Democrat Josh Shapiro in November’s general election. Ten Republicans filed paperwork Tuesday to get on the May 17 primary ballot. That is more than party leaders expected or have ever seen in a such a high-profile primary contest. It prompted grumbling over the state party’s decision not to endorse in a gubernatorial primary — to try to winnow the field — for the first time since 1978. It has also propelled party leaders to begin working on a strategy to persuade some candidates who are perceived as weaker to drop out. They worry that a weak or polarizing candidate could theoretically win the primary election with less than 20% of the vote. «We don’t want to allow a bad or poor candidate for the general election to potentially get through with a plurality due to the number of candidates in the race,» said Sam DeMarco, the GOP chairman of Allegheny County, home to more registered Republicans than any other county. Shapiro, Pennsylvania’s two-time elected attorney general, has a clear path to the Democratic Party’s nomination.
Associated Press reporter Hannah Fingerhut in Washington contributed to this report.
Follow Marc Levy on Twitter at www.twitter.com/timelywriter
SANTAFE, N.M. (AP) — An elected official in New Mexico who helped found the group Cowboys for Trump is headed to trial in Washington next week on a charge related to the violent insurrection at the U.S. Capitol. He plans to show up for court on horseback in a defiant show of support for former President Donald Trump. Otero County Commissioner Couy Griffin has been charged with knowingly entering restricted areas of Capitol grounds, one of hundreds of pro-Trump supporters facing charges for disrupting the certification of Joe Biden’s 2020 presidential win. His trial will be the second among the hundreds of people arrested in the riot. He’s one of at least 10 people charged in the riot who either held public office or ran for a government leadership post in the two and a half years before the attack. They include candidates for mayor in west Texas, city council in Kansas and West Virginia, county commission in Washington state, congressional seats in Florida and statehouses in Pennsylvania, New York and West Virginia. Another Jan. 6 defendant is running this year for a congressional seat in New Hampshire.
Seven of the 10 defendants were accused of entering the Capitol building, and at least five had expressed doubts about the legitimacy of the presidential election. False claims about election security have become prevalent in Republican circles, and the outcome of Griffin’s trial could create political problems for other elected officials ensnared in the massive prosecution.
Griffin has been in office since 2019 and is one of three elected officials responsible for management, administration and budget. During his time in office, he also served on the county’s board for canvassing local election results.
In 2019, he helped found Cowboys for Trump with a group of rodeo acquaintances to spread a conservative message about gun rights, immigration controls and abortion restrictions. Many of those messages were delivered on horseback. Griffin, a former rodeo rider and former pastor, plans to drive his horse «Red» to the nation’s capital, as he has in earlier outings in Washington with the group, and then ride the animal to the courthouse. He rejects Biden’s 2020 election and believes Trump to be the real winner, despite a lack of evidence and statements by elected officials, local elections leaders and Trump’s own attorney general that the results were correct. Griffin voted in January with his county commission to hire a private contractor to review the 2020 presidential election in Otero County — where Trump won with a 62% share — with door-to-door canvassing that has triggered concerns about voter intimidation. The review is still being conducted. Prosecutors have submitted a variety of images that show Griffin breaching barricades on the day of the 2021 insurrection — climbing a toppled fence and another barrier to access the Capitol steps. Images taken by Griffin’s own videographer show him reveling in the Jan. 6 crowd and using a bullhorn to lead the throngs in prayer. Matthew Struck, the videographer who accompanied Griffin, has been granted immunity and is expected to testify at the trial, prosecutors said in a filing Thursday.
He doesn’t deny that he was at the Capitol on Jan. 6, 2021; he admits he entered a barricaded area to reach an outdoor balcony of the Capitol on the afternoon without going inside the building.
Prosecutors say Pence’s exact location at the time the county commissioner entered the Capitol grounds is irrelevant — and that the Secret Service shouldn’t have to disclose sensitive security information concerning the riot response. Griffin pointedly disagrees. «People are charged with entering an unauthorized zone and it might not have been an unauthorized zone to begin with — that’s the legal question right now,» Griffin said in an interview with The Associated Press. «It’s really a shame on Mike Pence’s part — individually and personally — he should step up and let us know what time he left the building, unless he’s trying to defend the government and trying to continue to make patriots suffer.» U.S. District Court Judge Trevor McFadden ruled that prosecutors must call a witness to testify who has first-hand knowledge of Pence’s whereabouts during the attack if they want to try Griffin on a charge of entering and remaining in a restricted building or grounds. Earlier, McFadden rejected Griffin’s accusations of misguided and discriminatory prosecution. Griffin was arrested on Jan. 17, 2021, by Capitol Police after he returned to Washington in opposition to Biden’s election and inauguration. He spent nearly three weeks in jail before his release pending trial. Back at home in southern New Mexico, Griffin withstood a recall election attempt. State election regulators sued Griffin over his refusal to register Cowboys for Trump as a political group. Griffin says the group is a for-profit business and that he worries about contributors being identified and harassed. In early March, Griffin confirmed that he won’t seek election this year as a commissioner or otherwise compete in the 2022 election cycle, saying he had lost faith in the political system. The fate of other politicians remain unclear. A former legislative candidate in Pennsylvania is now in prison on a 60-day sentence for his presence inside the Capitol building during the riot. A former West Virginia lawmaker who resigned his office three days after joining the mob into building is charged with one count of civil disorder and due in court on Friday. Over all, at least 765 people have been charged with federal crimes related to the Capitol riot. At least 231 of them have pleaded guilty, mostly to misdemeanors. At least 119 riot defendants have been sentenced, with 50 of them getting terms of imprisonment of jail time already served. Approximately 90 others have trial dates. The first trial of a rioter ended with a conviction on all counts.
Fotografía de archivo de Marielena Hincapie, directora ejecutiva del Centro de Derecho Nacional de Inmigración. (Foto: EFE/Jim Lo Scalzo)
Washington, EE.UU.- El uso de la norma sanitaria Título 42 para expulsar de manera expedita a inmigrantes que buscan asilo es «racista y xenófobo», y el gobierno del presidente Joe Biden debe poner fin a esa política, afirmaron este jueves activistas.
Más de 1,6 millones de migrantes han sido rechazados en la frontera sur de Estados Unidos desde que, hace dos años, el gobierno del entonces presidente Donald Trump recurrió a esa norma de salud pública para expulsar a los extranjeros en medio de la pandemia.
Cientos de miles de migrantes, en su mayoría de América Central, pero con número creciente de suramericanos, africanos y asiáticos, han permanecido en campamentos y situaciones precarias en el norte de México expuestos, según los activistas, a asaltos, violaciones, secuestros y homicidios.
En semanas recientes el puerto fronterizo de San Ysidro en la ciudad mexicana de Tijuana, frontera con Estados Unidos, se ha convertido en un campamento de refugiados rusos y ucranianos, a los que se les han sumado algunos bielorrusos.
«El gobierno del presidente Joe Biden ha continuado el uso de esta norma inhumana e ilegal que ha negado a cientos de miles de personas su derecho a solicitar el asilo», afirmó en una teleconferencia Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Ley de Inmigración (NILC, en inglés).
«Esta política racista y xenófoba es parte de un sistema de inmigración racista que expulsa y criminaliza a los migrantes, particularmente a los de color», añadió.
Cody Wofsy, abogado de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), señaló que «no hay una justificación de salud pública para esta política» que deja en manos de los funcionarios de la frontera la determinación de cuáles inmigrantes puedan ser una amenaza para esa salud.
«Éste es un programa creado para negar la ayuda humanitaria, para negar el asilo usando la covid-19 como un pretexto», agregó Wofsy quien se dijo «descorazonado porque el gobierno de Biden siga aplicando esa norma».
Allen Orr, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), enfatizó que el uso del Título 42 «no es legal, debería ser cambiado, es anticuado y jamás debería usarse otra vez».
«Millones de personas cruzan esa frontera sur cada día y se ha elegido expulsar a la gente en la frontera», agregó. «En instancias recientes hemos aceptado gente de Afganistán y ahora de Ucrania. No los detenemos».
Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés) en lo que va del período fiscal 2022, que comenzó el 1 de octubre, al menos 5.34 ucranianos intentaron ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
Esos datos indican que sólo 11 ucranianos fueron procesados bajo el Título 42 en lo que va del período fiscal, y otros 5.523 fueron procesados bajo el Título 8 que puede o no resultar en la detención.
«La solidaridad con los inmigrantes no debería hacer distinciones», escribieron en un artículo Maribel Hastings y David Torres de America’s Voice.
«Mientras que los países europeos y otros en todo el mundo reciben con los brazos abiertos a los refugiados ucranianos que huyen de la sangrienta invasión rusa, en esta parte del planeta continúan las historias desgarradoras de miles de otros migrantes», señaló el artículo.
«Uno aplaude la solidaridad con los refugiados ucranianos ante la barbarie de Rusia», concluyó el artículo. «Pero al mismo tiempo, uno quisiera que esa misma solidaridad se mostrara hacia refugiados de otras naciones y de otros colores, cuyas vidas tienen el mismo valor».
