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Honduras: Juez concede extradición de expresidente Hernández

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (al centro) es presentado ante los medios de comunicación en la sede de la Policía Nacional, el martes 15 de febrero de 2022, en Tegucigalpa. (Foto: AP/Elmer Martínez)

TEGUCIGALPA (AP) — Un juez concedió el miércoles la extradición a Estados Unidos del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado en ese país por dos cargos de tráfico de drogas y uno por uso de armas.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó la información, al tiempo que detalló que el caso del expresidente en Honduras es un proceso de segundo grado en el que se requiere una mínima carga probatoria para acreditar los requisitos que establece el tratado de extradición.

“Juez de Extradición de Primera Instancia resuelve: CONCEDER solicitud de Extradición remitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York para el expresidente de la República Juan Orlando Hernández Alvarado”, escribió el Poder Judicial en Twitter.

La resolución se dio luego que se desarrollara la audiencia de proposición y presentación de medios de prueba por parte del Estado requirente y la defensa de Hernández, que se convertiría en el primer expresidente hondureño en ser extraditado por narcotráfico.

El exgobernante fue trasladado en helicóptero desde muy temprano a la Corte Suprema de Justicia, donde se desarrollaron las dos audiencias de su caso. Vestía un traje formal azul oscuro, camisa blanca y corbata, e iba esposado de pies y manos, fuertemente custodiado.

Iván Martínez, uno de los abogados defensores del exmandatario, declaró a The Associated Press que “tenemos todavía un recurso de apelación que debe ser examinado, tenemos tres días para analizar la decisión que se tomó hoy y hacer nuestro planteamiento conforme a derecho”.

Por su parte, la esposa del expresidente, Ana García, reiteró tras conocer el fallo que “lamento que esto se le haga a alguien que ha sido aliado (de Estados Unidos). Me pregunto, ¿de aquí en adelante quién más querrá trabajar para combatir el narcotráfico en cualquier país de la región o en Honduras? Si al que puso el pecho enfrente, hoy le hacen esto, ¿qué podemos esperar?”

“Nosotros como familia ponemos todo en manos de Dios, sabemos que la justicia de Dios siempre estará ahí. Él es nuestro juez y será nuestro abogado, y confío que más temprano que tarde la verdad saldrá a la luz. Se trata de una venganza y una conspiración con altos tintes de persecución política”, agregó la exprimera dama

Frente al Palacio de Justicia, un grupo de sus seguidores y militantes del Partido Nacional llegaron para apoyarlo, y con megáfono en mano gritaban consignas a su favor.

García de Hernández platicó con los simpatizantes. “Quiero reiterar el agradecimiento a ustedes por seguirnos apoyando y pronto vamos a demostrar la inocencia de Juan Orlando”, les dijo en presencia de medios locales.

Adentro, durante la comparecencia, el juez presentó un documento certificado enviado por la justicia de Estados Unidos, a través de su embajada en Tegucigalpa, en el que se especifican los cargos contra Hernández, cuya defensa también dio a conocer al menos 20 medios de prueba que dicen tienen a su favor.

Duarte explicó a la AP que durante la audiencia el exgobernante tuvo uso de la palabra y “en términos generales argumentó las motivaciones que han generado este proceso de extradición en su contra, que tanto él como su esposa han manifestado públicamente”.

A criterio del abogado penalista Germán Licona, ahora el expresidente tendrá la oportunidad de presentar un único recurso de apelación, que deberá ser resuelto por el pleno de magistrados de la Corte Suprema, bien sea refutando o confirmando la resolución del juez de primera instancia.

Con relación a la fecha en la que Hernández podría salir del país, Duarte aclaró que no hay un plazo establecido y que dependerá de las coordinaciones entre las autoridades hondureñas y los agentes que comisione la embajada de Estados Unidos para que se ejecute la entrega oficialmente.

Hernández fue capturado el 15 de febrero en su residencia de la capital, un día después de que Washington enviara a Honduras la solicitud de arresto preventivo con propósito de extradición. Desde entonces se encuentra preso en una instalación policial.

Fue mencionado repetidamente en las acusaciones de la fiscalía estadounidense contra hondureños que supuestamente participaban en el tráfico de drogas.

En octubre, un jurado declaró culpable y condenó a cadena perpetua por tráfico de drogas a su hermano, “Tony” Hernández, en un juicio que salpicó al entonces mandatario, ya que los fiscales dijeron que el presidente recibió fondos de narcos para financiar sus campañas electorales y comprar los votos de diputados para lograr ser presidente del Congreso y más adelante del país.

En el 2019 los fiscales acusaron al mandatario de usar 1,5 millón de dólares del tráfico de drogas para lograr ganar la presidencia en 2013.

Juan Orlando Hernández siempre ha declarado que las acusaciones en su contra por parte de criminales confesos en Estados Unidos son en venganza por la lucha que él emprendió en contra del narcotráfico en Honduras.

La República Dominicana pone fin al teletrabajo en el sector público

(Foto: Ilustrativa/Pexels)

Santo Domingo, – Los empleados del sector público que se encontraban en el sistema de teletrabajo deberán regresar a sus puestos de trabajo el próximo 21 de marzo, según una resolución dada a conocer hoy por el Ministerio de Administración Pública.

Los empleados que, de mutuo acuerdo se encuentran en esta modalidad, podrán seguir en dicha situación «hasta tanto se decida un cambio al respecto», agregó la citada resolución.

No obstante, precisó, que el ente de la Administración Pública tiene «la potestad para otorgar y revocar la modalidad de teletrabajo, cuando así lo considere conveniente y con fundamento en las políticas y lineamientos que rigen dicha modalidad».

El presidente Luis Abinader anunció hace un mes el fin de todas las medidas de restricción impuestas a causa de la pandemia, como el uso de mascarillas en espacios públicos y en aquellos privados de uso público, debido al «éxito» de su programa de vacunación.EFE

Migrantes rusos y ucranianos montan campamento en ciudad mexicana de Tijuana

Familias rusas y ucranianas permanecen en un campamento improvisado a un costado de la Garita de San Ysidro, en Tijuana, estado de Baja California (México). (Foto: EFE/Joebeth Terriquez)

Tijuana (México), .- El puerto fronterizo de San Ysidro en la ciudad mexicana de Tijuana, frontera con Estados Unidos, se ha convertido en un campamento de refugiados rusos y ucranianos, a los que se les han sumado algunos bielorrusos, comprobó Efe este miércoles, en un recorrido por la zona.

Los migrantes han llegado a México huyendo del conflicto Rusia-Ucrania que inició el pasado 24 de febrero.

Autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP en inglés) les han negado la entrada para las solicitudes de asilo, en especial a los de Rusia y Bielorrusia, esto bajo el argumento del Título 42 que por razones de salud pública permite expulsar a los solicitantes de asilo o simplemente no permitirles la entrada a suelo estadunidense.

Este día en las inmediaciones del puerto fronterizo se pudo observar a un grupo de aproximadamente 20 personas, entre ellos la mitad menores, quienes postrados en una especie de campamento con sus pertenencias en el piso estaban a la espera de saber si podrían ingresar a EE.UU.

Familias rusas y ucranianas permanecen en un campamento improvisado a un costado de la Garita de San Ysidro, en Tijuana, estado de Baja California (México). (Foto: EFE/Joebeth Terriquez)

Según informes de los vecinos, la mayoría de las personas tiene al menos más de 24 horas en el lugar.

Un migrante, quien se identificó como Antonio para preservar su identidad, relató a Efe que llegó a Tijuana hace dos días, los mismos que lleva en el campamento luego de salir de su natal San Petersburgo.

Además lamentó que les estén impidiendo la solicitud de asilo en EE.UU. porque dice que es un «perseguido político», debido a que huyó por las presiones que el Gobierno de Rusia está ejerciendo sobre la población, obligándolos a no emitir ningún comentario o postura política sobre la guerra.

El migrante, que salio de Rusia junto con su esposa, reconoció que «es muy peligroso estar ahí (en su país)» debido a que participaba en las protestas y manifestaciones en contra de la guerra y le llegaron avisos de que la policía local lo estaba buscando, por lo que mejor decidió salir ante la censura y represión federal que se ha dado en su país.

El delegado del Gobierno mexicano en el estado de Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, informó que en el caso de las personas ucranianas «el proceso de asilo humanitario es prácticamente pase directo a Estados Unidos», sin embargo, confirmó que el caso de los rusos la situación es muy diferente, pues a ellos «se les está negando la entrada».

Una familia rusa permanece en un campamento improvisado a un costado de la Garita de San Ysidro, en Tijuana, estado de Baja California (México). (Foto: EFE/ Joebeth Terriquez)

Sobre esta problemática la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, señaló que su gobierno está abierto «a recibir a quienes vienen huyendo de la guerra, particularmente a las familias que vienen de Rusia y Ucrania», a quienes se les han ofrecido los albergues de la ciudad de Tijuana.

Recalcó que han sido pocos los que han requerido de estos espacios debido a que vienen con sus propios recursos y han optado por quedarse en hoteles y a quienes no han logrado cruzar hacia Estados Unidos se les extendió la invitación para acudir a los albergues.

De acuerdo con las cifras del gobierno mexicano, en las últimas tres semanas a la ciudad fronteriza de Tijuana han llegado aproximadamente 310 personas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, la mayoría de ellas por vía aérea y terrestres desde las ciudades de Cancún y Ciudad de México.

México: matan a periodista a semanas de asesinar a su colega

ZITÁCUARO, México (AP) — Seis semanas atrás el periodista Armando Linares intentaba contener las lágrimas mientras informaba en un video el asesinato de su compañero Roberto Toledo. «No sé qué vaya a pasar», decía, pero «vamos a seguir señalando corrupciones… aunque la vida nos vaya en ello». El miércoles su esposa, hijos, hermanos y amigos se preparaban en una pequeña funeraria, en medio de gran consternación, para enterrarlo tras convertirse en el octavo periodista asesinado en México este año.


Luego de algunas semanas de retirarse de la actividad periodística tras el homicidio de Toledo, camarógrafo del portal de noticias Monitor Michoacán, y el cierre de la oficina del medio, donde ambos trabajaban y ocurrió el asesinato, Linares decidió retomar la reportería.


«Nunca se dobló ante nadie», afirmó Rosa Elena Pedraza, esposa de Linares, al hablar de la determinación que llevó al director del Monitor Michoacán a retomar sus labores tras la muerte de su colaborador y las constantes amenazas que continuó recibiendo.

«Murió haciendo lo que le gustaba, era un valiente», agregó.


Linares continuó publicando en Monitor Michoacán. Escribió historias sobre las mariposas monarca que pasan el invierno en las montañas alrededor de su pueblo, Zitácuaro, y noticias policiales y de comunidad que ocasionalmente incluían críticas a funcionarios locales.


Sin embargo, la amenaza persistía en esa localidad del occidente de México de unos 200.000 habitantes.
«Hay nombres, sabemos de dónde viene todo eso», había dicho Linares mirando a cámara el 31 de enero cuando informó públicamente y con la voz quebrada sobre las amenazas de muerte que había recibido y el asesinato de Toledo.


Poco después, en una conversación con The Associated Press, indicó que las amenazas continuaban y que las autoridades le habían activado el mecanismo de protección asignándole efectivos de la Guardia Nacional para su custodia. Pedraza indicó que la seguridad la tuvo por un mes, pero luego se la retiraron alegando que «si todo está tranquilo, quitan la protección».


Pasadas las dos de la tarde, un hombre se acercó a un grupo de periodistas que estaba en la entrada de la funeraria y tras mostrarles un arma que tenía escondida en la ropa les dijo que les daba dos minutos para que se fueran de allí.


La víspera Linares fue asesinado de varios disparos de arma de fuego en su modesta casa del noreste de Zitácuaro. Su cuerpo fue encontrado en medio de un charco de sangre que se extendió hasta la entrada de su vivienda. Las autoridades recuperaron casquillos de bala de 9 milímetros y no proporcionaron por el momento un móvil del ataque.


Al hablar sobre la situación de violencia que azota a la localidad, Magdalena Alonso, directora del Noticiero al Aire Zitácuaro y amiga de Linares, afirmó que «por muchos motivos es muy fácil que te agredan…porque no hay mucha seguridad ni la responsabilidad de las autoridades de proveerla».


En su conferencia matutina del miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Linares «no aceptó la protección» oficial como sí hicieron dos compañeros del portal del noticias. La afirmación del mandatario generó dudas sobre si la víctima pudo haber salido del programa en algún momento.


Mientras en su pueblo se preparaban para despedirlo, pequeños grupos de periodistas mexicanos protestaban en distintos puntos del país, «El gremio periodístico de Michoacán le pide a todos los servidores públicos que se ahorren sus condolencias», dijo el reportero Rodolfo Montes durante la conferencia de prensa del presidente. «Hay indignación… hay rabia, hay impotencia por esta ola de asesinatos».


López Obrador repitió que en su gobierno no hay impunidad y aseguró que «no hay en ninguno de estos asesinatos elementos para señalar como responsables a servidores públicos». Sin embargo, volvió a hablar de las «mentiras» de los medios y de periodistas «mercenarios».


Las organizaciones de defensa de la prensa como Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés) o Artículo 19 hablan ya de una «espiral de violencia» inédita y fuera de control que no va a parar hasta que el gobierno no asuma que México, el país que ya antes era considerado el más peligroso para la prensa del hemisferio occidental, está en una situación sin precedentes.


«Hay un asesinato cada 9 días, cosa que nunca hemos visto en México, así que no son satisfactorias las explicaciones del presidente», dijo a la AP Jan-Albert Hootsen representante del CPJ en el país. «El Estado está fallando en su obligación de garantizar seguridad».


En el congreso de Morelia, la capital del estado de Michoacán, decenas de compañeros de Armando Linares tomaron el hemiciclo con carteles que decían «Gobierno pacifista no mata periodistas» y «Prensa, no disparen». El colectivo «Ni Uno Más Michoacán» denunció que tanto el gobierno federal como el estatal pusieron en duda la profesionalidad de Linares y desestimaron las amenazas contra el portal.


Proclamas similares se repitieron en otro acto sobre la libertad de expresión celebrado en la embajada de Noruega, en Ciudad de México, en el que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reconocía que «si no hay prevención, no hay investigación y no hay castigo, la impunidad va a seguir prevaleciendo en estos hechos».
Encinas propuso cambios legales pero periodistas y organizaciones de prensa urgen a acciones rápidas y contundentes.


«Es inaceptable que asesinen a quien había alertado de colusión de grupos criminales con autoridades locales», como hizo Linares, denunció Leopoldo Maldonado, de Artículo 19. «El matar periodistas con esa facilidad nos habla de que los perpetradores saben que no habrá consecuencias por sus actos».


La única buena noticia del día para la libertad de expresión llegó de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que amparó al periodista Sergio Aguayo y anuló su condena a pagar medio millón de dólares a un exgobernador que le acusó de daño moral por una de sus columnas. El alto tribunal determinó que el artículo que denunciaba la corrupción del gobernador se basaba en hechos «verificados» fruto de un «acucioso ejercicio de investigación», según el comunicado de la corte.
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La periodista de AP María Verza colaboró en esta nota desde Ciudad de México.

Vida y legado de activista César Chávez protagoniza obra de títeres en Nueva York

Fotografía promocional cedida por el Teatro SEA donde aparecen Rafael Reyes y Úrsula Tinoco durante un momento de la obra de títeres "César Chávez y los inmigrantes" que se presentará el próximo sábado en conmemoración del Día Mundial de la Marioneta (21 de marzo) y del aniversario del propio Chávez (31 de marzo). (Foto: EFE/George Riverón/Teatro SEA)

Nueva York, EE.UU.- El Teatro SEA de Nueva York celebrará la vida y legado del líder campesino y activista de los derechos civiles César Chávez con la obra de títeres «César Chávez y los inmigrantes» como parte de la undécima temporada del Micro Teatro, una serie de producciones cortas, de entre 15 y 20 minutos.

La obra (en inglés y español) destaca los primeros años de la vida de Chávez (1927-1993) así como su asociación con la activista Dolores Huerta, de la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, la «huelga de las uvas» de 1968 por mejorar las condiciones de trabajo en el campo, y su compromiso continuo con la lucha no violenta por los derechos civiles, señala un comunicado de SEA.

Fotografía promocional cedida por el Teatro SEA donde aparece Rafael Reyes durante un momento de la obra de títeres «César Chávez y los inmigrantes» que se presentará el próximo sábado en conmemoración del Día Mundial de la Marioneta (21 de marzo) y del aniversario del propio Chávez (31 de marzo). (Foto: EFE/George Riverón/Teatro SEA)

El estreno de «César Chávez y los inmigrantes» se presentará el próximo sábado en conmemoración del Día Mundial de la Marioneta (21 de marzo) y del aniversario del propio Chávez (31 de marzo).

«César Chávez es un héroe estadounidense. Su activismo y sus victorias para el movimiento laboral son bien conocidos en California y en toda la costa oeste, pero sus contribuciones no son tan familiares para muchos neoyorquinos», dijo Manuel Morán, fundador y director artístico de SEA, y que escribió la pieza.

«A través de los títeres, esperamos compartir su legado con una nueva audiencia y toda una generación», afirmó.

Indicó además que la producción está inspirada en el «teatro de juguete» de era victoriana (periodo en la historia del Reino Unido, 1837-1901), una forma de teatro en miniatura que data de principios del siglo XIX.

Para esta ocasión, los títeres fueron dibujados a mano, diseñados por Cristina Arancibia Brecht y como parte de la historia, una de las cajas de frutas de los trabajadores agrícolas se transforma en un teatro de marionetas en miniatura para contar la historia de Chávez y sus logros.

Fotografía promocional cedida por el Teatro SEA donde aparece Úrsula Tinoco durante un momento de la obra de títeres «César Chávez y los inmigrantes» que se presentará el próximo sábado en conmemoración del Día Mundial de la Marioneta (21 de marzo) y del aniversario del propio Chávez (31 de marzo). (Foto: EFE/George Riverón/Teatro SEA)

Micro Teatro, que celebra este año su undécima temporada, es una serie presentada por Teatro SEA que consiste en obras cortas que duran de 15 a 20 minutos, con una audiencia máxima de 15 personas por obra, con cuatro funciones en una noche.

El formato se originó en España en 2009 y se adapta a los hábitos cambiantes de la audiencia al permitir que los usuarios «escojan su propia aventura» mientras deciden a cuántas funciones cortas asistir, señaló además Morán en el comunicado.

Destacó además que todas las obras seleccionadas son originales para Micro Teatro y provienen de dramaturgos hispanos residentes en los Estados Unidos y España.

Biden anuncia el envío a Ucrania de drones estadounidenses

(Foto: EFE/Yuri Gripas)

Washington, EE.UU.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles el envío de 100 drones estadounidenses a Ucrania y aseguró que ayudará a ese país a adquirir sistemas antiaéreos «de mayor rango» para defenderse de los bombardeos rusos.

Biden hizo el anuncio en un discurso en la Casa Blanca, en el que ordenó la entrega de 800 millones de dólares más en asistencia a Ucrania, después del apasionado discurso del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por vía telemática ante el Congreso estadounidense.

«Esto incluirá drones, lo que demuestra nuestro compromiso de enviar nuestros sistemas de tecnología más punta a Ucrania para su defensa», aseguró el mandatario, sin aclarar si esos aviones no tripulados estarán armados.

La Casa Blanca precisó después en un comunicado que serán 100 los «sistemas aéreos tácticos no tripulados» que se mandarán a Ucrania, dentro de un paquete que incluye además 800 nuevos misiles antiaéreos Stinger, lo que elevará a más de 1.400 los proporcionados a ese país en el último año.

Además, Biden aseguró que su Gobierno está «ayudando a Ucrania a adquirir más sistemas antiaéreos de mayor rango», como ha pedido Zelenski, «para que puedan seguir deteniendo a los aviones y helicópteros (rusos) que atacan a su pueblo».

Estados Unidos entregará asimismo a Ucrania otros 9.000 proyectiles antiblindados, entre ellos 2.000 misiles Javelin más, 6.000 lanzacohetes antitanque de tipo AT-4 y 1.000 armas más ligeras que sirven para destruir vehículos acorazados.

La asistencia incluye además 100 lanzagranadas, 5.000 rifles, 1.000 pistolas, 400 ametralladoras y 400 escopetas, así como más de 20 millones de balas y municiones para esas armas de fuego.

«Esta podría ser una batalla larga y difícil, pero el pueblo estadounidense se mantendrá firme en nuestro apoyo al pueblo de Ucrania», recalcó Biden.

El mandatario trataba así de responder al ruego de Zelenski de más ayuda contra los bombardeos rusos, aunque sin llegar a concederle el principal deseo que éste expresó ante el Congreso: el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.

Tanto Estados Unidos como el resto de sus aliados en la OTAN han descartado esa opción por temor a que pueda desembocar en un enfrentamiento militar directo entre sus países y Rusia.

Los 800 millones de dólares anunciados este miércoles por Biden forman parte de un paquete de 13.600 millones en asistencia para Ucrania que aprobó la semana pasada el Congreso y que el mandatario firmó el martes.

Excónsul dominicano condenado en Nueva York a 15 años por narcotráfico

(Foto: EFE/Jeff Scheid/Archivo)

Nueva York, EE.UU.– El diplomático dominicano Jeremías Jiménez Cruz, excónsul de su país en Jamaica, fue condenado hoy a quince años de cárcel y cinco de libertad vigilada por su participación en la introducción de más de cinco kilos de cocaína en Estados Unidos, informó hoy el ministerio de Justicia.

«Abusó de su cargo como funcionario de su gobierno para traficar una gran cantidad de cocaína hacia Estados Unidos», dijo el Fiscal Damian Williams, del Distrito Sur de Nueva York, tras la sentencia pronunciada por el juez de distrito Kimba M.Wood.

Jiménez Cruz, de 52 años, detenido desde septiembre de 2019, había sido también vicecónsul en Alemania tras su entrada en el cuerpo diplomático en 2004 y presidente del Movimiento Nacional Cristiano, y ofició como Cónsul General en Kingston (Jamaica) entre 2008 y 2017. En ese último año fue destituido por razones desconocidas.

La fiscalía detalla que un sistema de escuchas instalado para vigilarlo permitió interceptar una conversación donde él se jactaba de tener, gracias a sus contactos con su gobierno, capacidad para transportar 600 kilos de cocaína en avioneta o hasta una tonelada en barco.

Durante las investigaciones, y siempre según la fiscalía, Jiménez Cruz admitió haber liderado una trama que logró introducir más de 50 kilos de cocaína en Estados Unidos y haber «abusado de su posición como persona de confianza» para llevarlo a cabo, en referencia a la inmunidad de que gozan aquellos con estatus diplomático.

México suma 7 periodistas asesinados este año, la misma cifra de todo 2021

Un grupo de comunicadores protestan este miércoles, en las principales avenidas en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán (México). (Foto: EFE/Ivan Villanueva)

Ciudad de México, .- La muerte a balazos de un periodista en Michoacán eleva a siete el número de reporteros asesinados en lo que va de año en México, una cifra idéntica a la de todo 2021 que refleja los peligros para el gremio en un país cuyo presidente critica a diario a los medios de comunicación.

Una vez más se impuso la ley del «silencio o bala» en México. El periodista Armando Linares, director de Monitor Michoacán, fue asesinado este martes a balazos en el municipio de Zitácuaro, en su casa y frente a sus hijos.

A finales de enero, Linares había dado en redes la triste noticia del asesinato de Roberto Toledo, colaborador en el mismo medio.

«Nosotros no estamos armados, nosotros no traemos armas. Nuestra única defensa es la pluma, un lapicero una libreta», denunció entonces Armando en un vídeo.

Un mes y medio después, una ráfaga de balas acabó con su vida.

Desde inicio de año hasta la fecha hay siete periodistas asesinados por su labor periodística, la misma cifra que en 2021, según la ONG Artículo 19.

«Dados los antecedentes del asesinato de Roberto Toledo, las amenazas recibidas por Monitor Michoacán, y que Armando era su director, podemos considerar que es el séptimo asesinato en posible vínculo con la labor periodística de la víctima», dijo este miércoles a Efe el director para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado.

El país suma 152 asesinatos de periodistas desde el 2000 a la fecha. Una tragedia que ha ido en aumento.

De los 152, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 32 en el actual de Andrés Manuel López Obrador, que lleva poco más de tres años en el cargo.

Un grupo de comunicadores protestan este miércoles, en las principales avenidas en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán (México). (Foto: EFE/Ivan Villanueva)

LA PRENSA EXIGE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Como ha ocurrido en otras ocasiones, el asesinato ha impactado en todo el gremio. Y las redes sociales, una vez más, reaccionaron denunciando el caso.

Este miércoles, una treintena de comunicadores protestó en Morelia, capital del occidental estado de Michoacán, y gritaron consignas como: «Nos están matando».

También exigieron el fin de la impunidad, así como justicia y seguridad. Finalmente, lograron una reunión con las autoridades locales.

Magdalena Alonso, directora del Noticiero al Aire Zitácuaro, dejó en claro que en Zitácuaro y en el país no hay condiciones para realizar el periodismo, al considerar que los mecanismos de protección a los comunicadores no sirven de nada.

“Estoy muy consternada, muy preocupada y muy enojada. Tengo miedo porque cada vez nos damos cuenta que, si somos periodistas, donde te encuentren te van a matar. Los mecanismos de protección y el cuidado de los periodistas en México no existen, y aquí –con el asesinato de Armando Linares- están las pruebas”, indicó Magdalena Alonso a Efe.

Un grupo de comunicadores protestan este miércoles, en las principales avenidas en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán (México). (Foto: EFE/Ivan Villanueva)

LAS AUTORIDADES SE DEFIENDEN

Pese a la evidente falla en seguridad que supone que hayan asesinado más periodistas que nunca en tan breve espacio de tiempo, López Obrador condenó este miércoles los hechos y aseguró que no habría impunidad.

«Ahora estamos aplicados en proteger a los ciudadanos, proteger a los defensores de derechos humanos, proteger a los periodistas. Y repito, el Estado no reprime, no asesina. Y tampoco se permite la impunidad», remarcó el mandatario.

Aunque recientemente se han detenido a varios responsables de los asesinatos de periodistas, no existe la prevención, y los instrumentos oficiales de protección están llenos de lagunas.

«Los mecanismos de protección no van a funcionar con unos niveles de impunidad del 98 % en las agresiones contra la prensa. La protección debe ir precedida de la prevención y, en su caso, de procesos de justicia efectivos», lamentó Maldondado.

López Obrador aseguró este miércoles que Linares había rechazado protección federal, a diferencia de sus otros dos compañeros en el medio.

«El finado no aceptó la protección. Desde luego esto no justifica nada, pero se tiene que conocer toda la verdad y tenemos que ser muy puntuales porque hay mucha zopilotada (oportunismo)», apuntó el mandatario.

RIFIRRAFES CON SUS ADVERSARIOS

Pero López Obrador explicó también que hay un «bloque conservador mundial» que critica todas sus acciones.

La semana pasada, el Parlamento Europeo (PE) condenó las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México e instó a que estos crímenes se investiguen de manera «rápida, exhaustiva, independiente e imparcial».

En una dura carta, el presidente de México tachó a los eurodiputados de «borregos», y denunció «la corrupción, hipocresía e injerencismo» del Parlamento Europeo.

Y hoy retomó el tema: «Lo de la declaración de los diputados europeos lo único que demuestra es que son muy colonialistas, prepotentes», dijo.

Sus constantes ataques a la prensa preocupan al gremio: «El discurso del presidente contra la prensa es virulento y hostil y poco abona para generar condiciones de protección y seguridad para la prensa. Otros actores se sienten con permiso para agredir a la prensa», dijo Maldonado.

LA PALESTRA MATUTINA

En este contexto, el «diálogo circular» que debía ser la cada vez más larga conferencia diaria del mandatario desde Palacio Nacional se ha convertido en la palestra ideal para criticar a los medios de comunicación no afines.

Este mismo miércoles, en la sección de «¿Quién es quién en las mentiras de semana?», explicaron por ejemplo que el portal Latinus, del periodista Carlos Loret de Mola, compraba espacios en Facebook para publicitar sus informaciones contrarias al Gobierno federal.

Y un día antes, una periodista afín al Gobierno comenzó su pregunta con esta reflexión: «Cuando estudiamos en las escuelas de periodismo, siempre nos dicen que tenemos que consignar hechos. (…) Y los hechos son que su gobierno realiza muchas acciones que son inéditas en México y en el mundo».

Para Maldonado, se perdió el sentido original de las «mañaneras»: «Dejó de ser un espacio que aspiraba a transparentar y rendir cuentas por el ejercicio de gobierno y ahora es un espacio de estigmatización y ataque a quienes son críticos con el presidente».

Editorial Roundup: Pennsylvania

Scranton Times-Tribune. March 14, 2022.

Editorial: Another prison incident surfaces

Less than a month after one Lackawanna County Prison controversy came to light, another surfaced last week.

County officials confirmed that two supervisors at the prison are on paid administrative leave. The circumstances involving Krista Purvis, a deputy warden, and Timothy Walsh, a captain, were not disclosed because they are personnel matters. Purvis told a reporter that she understood she was on a Family and Medical Leave Act absence.

The departures follow a bizarre development in February when it was disclosed that Lackawanna County Commissioner Debi Domenick had been in possession of a prison key that she had lost. The locks to the facility had to be changed at taxpayer expense and there was no explanation provided as to why a commissioner, or anyone who does not work at the prison, would have a key to the institution.

Domenick also resigned then from the prison board, which was strictly a pose because state law requires commissioners to be members of county prison boards. She also has engaged in an ongoing dispute with prison Warden Tim Betti, the origins of which remain murky.

The county prison board, which includes the commissioners, the sheriff, district attorney, county controller and treasurer and a judge, still owes taxpayers an explanation as to Domenick’s violation of prison security protocol. The personnel situation involving the deputy warden and captain will play out soon.

Embarrassing incidents and scandals at the prison have plagued one county administration after another for decades. County residents are justifiably disgusted with the drama.


Pittsburgh Tribune-Review. March 13, 2022.

Editorial: Why not a state gas tax holiday, Gov. Wolf?

On Monday, Pennsylvania Gov. Tom Wolf joined his counterparts in Colorado, Michigan, New Mexico and Wisconsin in appealing to congressional leaders. Minnesota’s governor hopped on the bandwagon later.

The problem is the rising gas prices that are making it more expensive by the hour to fill up a tank. When they penned the letter, the national average was $4.17 per gallon. On Friday, it was $4.33.

“As Congress looks to relieve Americans of the financial stress caused by increased gas prices amid international crises and rising inflation, we support federal legislation to address rising gas prices by suspending the federal gas tax until the end of the year,” the governors wrote.

OK. That would knock 18 cents a gallon off the price at the pump. Not a lot, but it could provide a little relief. But experts such as Ulrik Boesen, a senior policy analyst at the Tax Foundation in Washington, D.C., say it ultimately would be a bad idea, leaving less money for repairs it is meant to fund and possibly increasing inflation.

But here’s an idea: You first, Gov. Wolf.

Pennsylvania differs from the other states represented in that its gas tax dwarfs theirs. While New Mexico charges just 18.88 cents a gallon on the low end and Michigan sits at 45.12 cents on the high side, Pennsylvania has the third-highest gas tax in the nation at 58.70 cents per gallon. That’s more than three times the federal tax.

“Money saved at the pump translates into dollars back in consumers’ pockets for groceries, childcare, rent and more,” the governors wrote. “… We know it is possible to invest in infrastructure and also provide meaningful relief to consumers at the pump.”

Couldn’t this apply to the state tax as well? Why isn’t what’s good for the federal government something that would work in Harrisburg?

The Detroit Free Press writes that Michigan Gov. Gretchen Whitmer is planning to veto a bill to suspend her state’s gas tax. The National Federation for Independent Business is calling on Colorado to pull its 22-cents-per-gallon gas tax, too. Wisconsin Gov. Tony Evers is pushing back on calls to suspend his state’s tax.

This isn’t just a Democrat or Republican issue. Gas pumps don’t charge less for one party or another. There is no consensus on how to handle the issue among Pennsylvania’s neighbors. To the south, Maryland Gov. Larry Hogan wants to lift his state’s tax, while, to the west, Ohio Gov. Mike DeWine says a suspension of his state’s tax would be a mistake.

But Pennsylvania has the ability to do something other states don’t. It could ease its tax rather than lift it.

If Pennsylvania even temporarily slashed its gas tax by a third, it still would collect more than 35 other states — and be equivalent to what the federal government is being asked to do.

Instead, Wolf is asking Congress to do what Pennsylvania won’t.


Pittsburgh Post-Gazette. March 9, 2022.

Editorial: Pennsylvania can’t afford the death penalty

Ongoing controversy and costly legal challenges provoked by the death penalty, as well as botched executions themselves, are reasons enough for Pennsylvania and 26 other capital punishment states to abolish their death-penalty statutes.

Pennsylvania paused executions in 2015, but the moratorium imposed by Gov. Tom Wolf will expire in less than a year when the term-limited governor leaves office. With roughly 100 prisoners remaining on death row, the clock is ticking for Pennsylvania legislators to act on anti-death penalty bills in the General Assembly.

Partly due to ongoing constitutional challenges and waning public support, states are using the death penalty far less. Annual executions in the United States peaked at 98 in 1999 and steadily decreased to 11 last year.

In late October, during Oklahoma’s first execution since 2015, John Marion Grant, 60, who murdered a prison cafeteria worker, jerked, or convulsed, nearly two dozen times over several minutes as vomit spurted from his mouth and spilled down his neck. In other lethal injections, executioners have struggled for an hour or more to find a suitable vein.

Now, 28 death row prisoners in Oklahoma are challenging in federal court the three-drug cocktail Oklahoma uses for lethal injections.

Last week, the court learned Oklahoma used the wrong drug labels during at least three recent executions. Whether or not the Oklahoma Department of Corrections used the proper drugs in those executions, the labeling snafu highlights the kind of missteps that have become far too frequent. Secrecy continues to shroud where and how states procure lethal injection drugs; executioners work without adequate medical training or national standards. Physicians cannot participate in executions without violating the ethical principles of their profession.

However a federal court in Oklahoma rules on the constitutionally of lethal injections in that state, similar challenges, along with more bungled executions, are practically inevitable in Pennsylvania if the state resumes executions.

Meantime, the state’s death penalty statute remains active. Despite the moratorium on executions, prosecutors have continued to try people under the death-penalty statute — at an enormous cost to taxpayers.

With just three executions since 1976, Pennsylvania spent $1 billion on securing and defending death-penalty convictions, former Pennsylvania Auditor General Eugene DePasquale reported in 2020 — an average of more than $300 million for each execution. Even the most ardent supporter of the death penalty should ask whether the benefits — and in truth there are practically none — are worth the costs. No credible evidence shows executions deter murder or violent crime.

Moreover, since 1972 more than 180 death row prisoners — more than half of them Black — have been wrongly convicted and exonerated of their capital convictions, including 10 in Pennsylvania, reports the Death Penalty Information Center.

Legal and constitutional challenges like those in Oklahoma will continue to entangle the death penalty and exact enormous costs from states. Pennsylvania can no longer afford them.


Lancaster Online. March 10, 2022.

Editorial: Pennsylvania’s top ranking in hate propaganda is alarming. We must fight hate.

We’d like Pennsylvania to be No. 1 in, say, state education funding (it’s not close). Or in national sports championships.

But not in hate propaganda.

This dubious distinction makes us ill.

It does, however, make clear why the Lancaster County Local Journalism Fund, an initiative seeded and supported by The Steinman Foundation, is funding Carter Walker’s investigative reporting. (The Steinman Foundation is a local, independent family foundation that was funded by the companies that make up Steinman Communications; those companies include LNP Media Group.)

The hate propaganda disseminated in Lancaster County and across the commonwealth is not just a threat to minority and marginalized groups, but to democracy. As the Southern Poverty Law Center notes, the “reactionary and racist beliefs that propelled a mob” into the U.S. Capitol on Jan. 6, 2021, have “coalesced into a political movement that is now one of the most powerful forces shaping politics in the United States.”

That should worry us all.

As Walker reported, the ADL report “linked most of the propaganda to groups like the Keystone Nationalist Active Club, the New Jersey European Heritage Association, White Lives Matter and Keystone United. … The most active group by far in Pennsylvania was Patriot Front, a Texas-based white nationalist group whose recruiting in Lancaster County and surrounding areas was the subject of an LNP ‘ LancasterOnline story last month.”

We wrote an editorial Feb. 13 in response to that article, explaining why even a relatively small number of right-wing men cosplaying as fascists in Lancaster County should spark alarm. We also explained why we believe stickers spreading hate propaganda are a problem.

They “declare a group’s presence,” we wrote. “They seek to attract others to the group’s abhorrent cause. They test a community’s tolerance for the white supremacist beliefs the group is trying to perpetuate.”

Not everyone was convinced.

Michael D. Witmer, a West Hempfield Township resident who taught history at Millersville University, Alvernia University and HACC, wrote a column Feb. 23 accusing us of being divisive, unnecessarily alarmist and “afflicted with a sense of ‘historical guilt’ ” that approached self-loathing.

In a March 2 letter to the editor, Chris Beiler of Akron called Witmer’s argument that Patriot Front shouldn’t be taken seriously because of its relatively small presence here “absurd.” Asked Beiler: “At what size should a malignant tumor be removed?”

Indeed.

For many of us, this isn’t an academic debate.

As the Southern Poverty Law Center points out, the scapegoating of Asian Americans for COVID-19 has led to violent attacks on members of that community. Public health officials, lawmakers, election administrators and even school board members have been targeted for violence. Hate groups have encouraged and exploited the ferocious backlash to the 2020 protests over George Floyd’s murder.

And, according to Jonathan Greenblatt, the ADL’s chief executive officer, “violent antisemitic assaults are on the rise,” even as white supremacist groups “are dialing-up their hateful rhetoric against Jews and canvassing entire communities with hate literature.”

For all these reasons, fighting “hate in Pennsylvania has never been more important,” Andrew Goretsky, regional director for ADL Philadelphia, said.

The ADL database shows that 425 of the instances of hate propaganda in Pennsylvania were attributed to Patriot Front, Walker noted. “The number is possibly an undercount, as Patriot Front claims on its social media pages that its members posted over 600 pieces of propaganda in the state last year.

“An LNP analysis of photos posted online by Patriot Front and cross referenced with the ADL database found there were at least 611 instances of the group’s members posting propaganda in the state in 2021.”

While this propaganda is often rendered in language that is not overtly hateful, private and public chats from groups such as Patriot Front, White Lives Matter and the Keystone Nationalists reveal members using antisemitic language or expressing adulation for Adolf Hitler and Nazi Germany, Walker reported.

“Hate starts with white supremacist propaganda and hate propaganda, but it then escalates from there into more criminal behavior,” Goretsky said.

This is evident in the sharp increase in hate crimes in Pennsylvania in 2021, Walker reported. According to data maintained by the Pennsylvania State Police, 255 such crimes were reported last year — more than any other year since cases first were tracked in 1997, and nearly as many as the previous three years combined.

Walker reported that the state police data show that the majority of offenders in those cases were white. The documented hate crimes include a February 2021 incident in which a Mount Joy man threw Molotov cocktails at the home of neighbors, whom he described as “the Mexicans,” according to a police report, as well as a September 2021 incident in which a man in Pittsburgh entered a synagogue and shouted antisemitic remarks, Walker noted.

During a stop in Lancaster County last Thursday, Gov. Tom Wolf said the commonwealth’s top ranking in hate propaganda is “not who we are.”

“This can’t be who we are,” Wolf said. “Pennsylvania was founded as a commonwealth, as a place which was open to folks from every religious background and any part of the world.”

Living up to that heritage will require action. We cannot dismiss reports of hate group activity as insignificant and idly wait until hatred turns into violence before we pay it heed. We cannot allow hate propaganda to become a normalized part of the scenery here. We must oppose hatred and report any tangible signs of it in our public spaces. And, in our private lives, we may need to take uncomfortable stands against racist, homophobic and anti-Semitic language.

If the prevalence of hate propaganda in Pennsylvania doesn’t truly reflect who we are, we must prove it.


Altoona Mirror. March 12, 2022.

Editorial: As gas prices rise, remember local tourism

To resurrect a well-worn phrase, many people of this region are “screaming bloody murder” over the escalating price of gasoline and heating oil.

In this free nation, they have a right to express their views and complain, although they should take care to ensure their opinions are built upon accuracy, fairness and acknowledgment of the proverbial bigger picture.

For now, there should be agreement that only Russian President Vladimir Putin is the one responsible for the pain at area gasoline pumps. If he had not ordered the invasion of Ukraine, gas prices might have remained relatively stable, at least when stacked against the situation that exists at present.

However, there are numerous ways to make that gasoline-pump “pain” seem negligible or even non-existent, and people of this region should “drive up” to the opportunity to try them. Some examples:

(asterisk) Every year on Black Friday, the Mirror urges area residents to shop locally, both for the benefit of area merchants and themselves. Consider how much money people here could save by making their purchases at local stores and avoiding having to buy extra gasoline or vehicle maintenance services as a result of shopping elsewhere.

(asterisk) If the Ukraine situation drags on and America’s oil-based prices continue to rise, or merely remain high, much savings could be realized by avoiding a trip to Pittsburgh for a Pirates game — assuming that baseball’s current labor dispute will be resolved in coming weeks. Attending an Altoona Curve game, where ticket prices are lower and the trip to the ballpark will be much shorter and less costly, is a worthy savings option.

(asterisk) Most people don’t mind plunking down money for state lottery tickets, but if those people chose to forgo buying several tickets a week, the money they would save might fully cover the increased cost for needed fuel.

(asterisk) Many people enjoy trying their luck at casino slot machines and/or table games such as poker and blackjack. A source of savings for those not willing to give up this recreational activity would be to patronize casinos closer to home and perhaps scale back some betting. The casinos closer to home and the players both would be winners.

(asterisk) Be more savings-minded about water and electricity consumption, as well as about whatever heating fuel is used. Significant savings could accumulate rapidly.

(asterisk) Remember, tourism begins at home. There are many things to enjoy here without having to empty a tank of gas or pay exorbitant admission or participation fees. Area tourism agencies should focus on that message.

These are only a handful of ways to beat the higher prices at the gasoline pumps and at the heating oil distributor’s office during this presumably temporary, albeit dangerous, time.

Every American doing his or her part to circumvent the “pain” in question should be regarded as expressing confidence in this country’s ability to defeat tyranny.

Such efforts to get around the higher gasoline and oil costs would be reminiscent of how Americans living during WWII had to sacrifice while rationing of certain items was in effect, and how people mobilized in other productive ways on behalf of the war effort. Americans can and will continue to “scream bloody murder” about the escalating gasoline prices, but even those purportedly sky-high prices would seem like a bargain someday if Putin were permitted to run rampant

Los contagios y las muertes por la covid-19 bajan en América, excepto en el Caribe

Una persona se realiza una prueba para detectar la covid-19, en la estación de transporte de albrook, en Ciudad de Panamá, en una fotografía de archivo. (Foto: EFE/Carlos) Lemos

Washington, EE.UU.- Los contagios de la covid-19 descendieron durante la última semana en todo el continente americano excepto en el Caribe, donde también aumentaron las muertes por esta enfermedad, explicó este miércoles el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa.

Durante la rueda de prensa semanal de este organismo, Barbosa detalló que América registró 901.000 nuevos contagios, un 19 % menos que la semana anterior, pero en el Caribe y en las islas del Atlántico aumentaron un 56,6 %.

Además, hubo 15.523 decesos en todo el continente, una caída del 18,4 % respecto a la semana pasada, pero en el Caribe se incrementaron un 6,9 %.

En total, América ha detectado 149 millones de casos y 2,6 millones de muertes desde que comenzó la pandemia de la covid-19 hace dos años.

«Los contagios y las muertes por covid-19 están bajando en gran parte de nuestra región, pero todavía hay demasiados casos y decesos registrados, un claro indicador de que la transmisión no está todavía bajo control», dijo el subdirector de la OPS.

Barbosa advirtió de que en la última semana los contagios aumentaron en el Pacífico Occidental (28,9 %), en África (12,3 %) y en Europa (2 %), por lo que pidió a los países americanos estar en alerta.

El subdirector de la OPS subrayó que esta enfermedad «pone especialmente en riesgo» a las personas no vacunadas e hizo un llamamiento para que los Gobiernos «mantengan sus esfuerzos» para expandir la vacunación.

Celebró que las Islas Caimán, Puerto Rico y Chile ya han vacunado al 90 % de su población, y que «muchos países» de América se acercan a la meta del 70 % de cobertura que puso la OPS para junio de 2022.

Aunque no los citó, dijo que 21 países americanos han vacunado ya a la mitad de su población.

Asimismo, Barbosa expresó preocupación por los rezagos en la vacunación contra la polio, el sarampión, la rubéola y la difteria debido a los esfuerzos que ha requerido el combate contra la covid-19.

Señaló especialmente que la vacunación contra la polio en los países americanos ha retrocedido a niveles de 1994.