El Paso, Texas. — Migrantes en la frontera de México con Estados Unidos buscaban cobijo del frío el miércoles de madrugada, mientras las restricciones estadounidenses que impidieron que mucha gente pidiera asilo se mantenían más allá de la fecha prevista.

Una medida conocida como Título 42, puesta en marcha durante la pandemia para frenar los cruces fronterizos, iba a expirar el miércoles, y el gobierno federal se opuso a un esfuerzo de algunos estados de tendencia conservadora para mantener dicha restricción. Pero horas antes de que estuviera a punto de expirar, la administración del presidente Joe Biden pidió a la Corte Suprema que no la eliminara antes de Navidad.

Poco después de la medianoche, cuando habría terminado la vigencia del Título 42, todo estaba tranquilo en las orillas del Río Bravo en El Paso, donde estaba desplegada la Guardia Nacional. Cientos de personas se habían congregado junto a la alambrada de cuchillas colocada por la Guardia Nacional de Texas, pero se marcharon por la tarde cuando las autoridades estadounidenses les dijeron que acudieran a una puerta para ser procesados en grupos pequeños.

Una mujer entre la multitud de la ribera se puso de parto y recibió asistencia de agentes de la Patrulla Fronteriza, indicó la sargento de primera Suzanne Ringle. Había muchos niños entre la multitud, añadió.

En Ciudad Juárez, México, al otro lado de la frontera desde El Paso, cientos de migrantes seguían haciendo fila con la esperanza de que se retirasen las restricciones y pudieran pasar.

En Tijuana, donde se estimaba que 5.000 migrantes se alojaban en más de 30 refugios y muchos más arrendaban cuartos y apartamentos, la frontera estaba tranquila el martes por la noche, cuando circularon las noticias entre los aspirantes a solicitar asilo de que nada había cambiado. Varios muros coronados por alambre de cuchillas de casi 10 metros (30 pies) de altura colocados a lo largo de la frontera con San Diego convertían la zona en un desafío para los cruces ilegales.

Amparándose en las restricciones, las autoridades expulsaron a solicitantes de asilo que estaban en Estados Unidos en 2,5 millones de ocasiones y rechazaron casi a todos los que pidieron asilo en la frontera con el argumento de impedir los contagios de COVID-19, según una norma de salud pública llamada Título 42. Tanto Estados Unidos como el derecho internacional garantizan el derecho a pedir asilo.

El gobierno federal también pidió al tribunal que rechace los intentos de último minuto de parte de un grupo de estados de tendencia conservadora por mantener la medida. Admitió que poner fin a las restricciones probablemente provocaría “trastornos y un aumento temporal de cruces fronterizos ilegales”, pero puntualizó que la solución no es extender la orden de forma indefinida.

Debido a que una decisión al respecto podría darse hasta el último momento, la presión se ha estado acumulando en las comunidades de ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México.

En El Paso, Texas, el alcalde demócrata, Oscar Leeser, advirtió que los albergues de Ciudad Juárez se encuentran a su máxima capacidad, con unos 20.000 migrantes dispuestos a cruzar a Estados Unidos.

En un momento dado, el martes por la noche se permitió que algunas personas entraran en grupos a través de una puerta en el muro entre los dos puentes que conectan el centro de El Paso con Ciudad Juárez, lo que no es inusual en ese punto de la frontera. La noticia de que se había abierto la puerta hizo que cientos de personas corrieran por las orillas de concreto del Río Bravo, dejando atrás hogueras humeantes.

La ciudad texana tomó medidas para ampliar su capacidad para recibir a más gente y adaptó edificios grandes como albergues, mientras que la Cruz Roja puso a disposición 10.000 catres. Las autoridades locales también esperan aliviar la presión sobre los albergues de la zona mediante el traslado de migrantes a otras ciudades grandes de Texas y de estados aledaños, acercándolos a familiares o patrocinadores en coordinación con organizaciones sin fines de lucro.

“Seguiremos preparados para lo que venga”, señaló Leeser.

El estado desplegó esta semana a elementos de la Guardia Nacional de Texas en El Paso, donde utilizaron alambre de púas para cubrir una apertura en la valla fronteriza en los márgenes del río Grande (o Bravo), la cual se convirtió en un cruce popular en los últimos días para los migrantes que vadearon las aguas poco profundas para acercarse a los funcionarios de inmigración. Los agentes usaron un altavoz para anunciar en español que es ilegal cruzar por ese punto.

Texas anunció el envío de 400 miembros de la Guardia Nacional a la ciudad fronteriza luego de que las autoridades locales declararon un estado de emergencia. Leeser dijo que la declaratoria era con el objetivo principal de proteger a los migrantes vulnerables, aunque un comunicado de la Guardia Nacional de Texas señaló que el despliegue incluyó fuerzas utilizadas para “repeler y enviar de regreso a los inmigrantes ilegales”.

En San Diego, una sensación de normalidad regresó al cruce fronterizo de mayor actividad del país a pesar de la incertidumbre. La Cámara de Comercio de San Ysidro indicó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) les informó que la mitad occidental del enorme cruce peatonal, la parte más moderna, reabriría para quienes viajan a Estados Unidos a partir del miércoles a las 6 de la mañana. Los carriles, que llevan a un lujoso centro comercial, han estado cerrados a casi todos los migrantes desde principios de 2020 para facilitar el procesamiento del Título 42.

La reapertura se produce “justo a tiempo para los compradores de último minuto, quienes visitan a sus familiares y para aquellos que trabajan durante las festividades”, escribió la cámara a sus integrantes. Indicó que desconocía cuándo se reabriría la zona para quienes viajan a México desde Estados Unidos.

Activistas por los derechos de los migrantes han dicho que las restricciones del Título 42, impuestas en disposiciones de una ley de salud de 1944, van en contra de las obligaciones nacionales e internacionales con las personas que huyen hacia Estados Unidos para escapar de la persecución, y que el pretexto es obsoleto debido a las mejoras en los tratamientos para combatir al coronavirus. Los activistas interpusieron una demanda para poner fin al uso del Título 42. Un juez federal avaló su argumento en noviembre pasado y fijó el 21 de diciembre como fecha para terminar con el uso de la norma.

Los estados de tendencia conservadora argumentaron que el aumento en el número de inmigrantes repercutiría en servicios como la seguridad pública y la atención médica, y advirtieron de una “calamidad sin precedentes” en la frontera sur. Dijeron que el gobierno federal no cuenta con un plan para lidiar con el aumento de migrantes.

El gobierno federal se opuso a la apelación e informó el martes al tribunal que ha destinado más recursos a la frontera sur en preparación para el fin del Título 42. Esto incluye más coordinadores de procesamiento de la Patrulla Fronteriza, un reforzamiento de la vigilancia y más seguridad en los puertos de entrada, de acuerdo con el gobierno de Biden.

Actualmente hay unos 23.000 agentes desplegados en la frontera sur, según la Casa Blanca.

“La solución a ese problema de inmigración no puede ser prorrogar indefinidamente una medida de salud pública que todos reconocen ahora que ha superado su justificación de salud pública”, escribió el gobierno en su solicitud al máximo tribunal.

Sin embargo, el gobierno federal también pidió a la Corte Suprema que le diera algo de tiempo para prepararse en caso de que permita que se levanten las restricciones al asilo. Si la Corte Suprema toma una decisión antes del viernes, el gobierno quiere que las restricciones continúen en vigor hasta el final del día 27 de diciembre. En caso de que la corte tome una determinación el viernes o después de esa fecha, el gobierno quiere que las restricciones sigan vigentes hasta el segundo día hábil posterior a la orden.

En un albergue afiliado a una organización religiosa en El Paso, a unas cuadras de la frontera, el reverendo Michael Gallagher dijo que los líderes religiosos locales han intentado recaudar recursos y adaptar espacios disponibles. El martes, un gimnasio de la iglesia del Sagrado Corazón albergó a 200 migrantes, en su mayoría mujeres y niños. Docenas de personas dormían en la calle delante de la iglesia el miércoles de madrugada.

Las restricciones de Título 42 aplican a todas las nacionalidades, pero se han ejercido en mayor medida a los migrantes de países a los que México acepta recibir tras ser expulsados por Estados Unidos: Guatemala, Honduras, El Salvador, y más recientemente Venezuela, además de México.