La controversia sobre el cierre de escuelas en Filadelfia sigue sin resolverse, según padres, maestros, estudiantes y miembros del Concejo Municipal. Desde la tensa reunión del 30 de abril de 2026, cuando la Junta Escolar de Filadelfia votó 6 a 3 para aprobar el plan de instalaciones “Accelerating Opportunity” —un proyecto de 3 mil millones de dólares a diez años que contempla el cierre de 17 escuelas, la fusión de seis más y la modernización de 169 edificios en toda la ciudad—, el Concejo Municipal ha estado trabajando activamente para frenar estos cierres.
El plan original ha sido modificado en tres ocasiones desde su presentación en enero de 2026, reduciéndose desde una propuesta inicial de 20 cierres. El distrito planea aportar 1.1 mil millones de dólares mediante financiamiento de capital, pero los 1.9 mil millones restantes dependen de fondos estatales y asociaciones filantrópicas que aún no han sido aseguradas.
La noticia no fue bien recibida. Durante la votación de la junta esa noche, se decretaron dos recesos; el auditorio en la sede del distrito se sintió menos como un foro público y más como un enfrentamiento. Policías y agentes de seguridad escolar se alineaban contra las paredes. Once miembros del Concejo Municipal se acercaron lo más posible a la junta, elevando la voz. Luego, los miembros de la junta se levantaron y abandonaron la sala. No regresaron. En su lugar, se conectaron por Zoom y la reunión continuó proyectándose en una gran pantalla en el auditorio. La junta votó desde una sala cerrada, a través de una computadora portátil, detrás de puertas cerradas.
A la concejala Quetcy Lozada no le extrañó. “A pesar del ruido, era su responsabilidad permanecer presentes y sentir lo que la gente estaba sintiendo”, afirmó la representante del Distrito 7, quien es conocida por quedarse escuchando a sus constituyentes mucho después de que otros se han ido. Quien tiene años trabajando en la comunidad, no ocultó su decepción.
Los miembros del Concejo Municipal han enfrentado en el pasado multitudes que alzan la voz por temas sensibles como la financiación escolar, la vivienda y la seguridad pública. Pero esto fue distinto. No eran ciudadanos expresando su frustración ante sus representantes electos; eran esos mismos representantes quienes gritaban a la junta escolar, manifestando su frustración y prometiendo resistir.
Rodeados por agentes de seguridad y policía, los concejales insistieron en mantenerse cerca de la junta, no tanto sacudidos por el ruido de la multitud, sino por el silencio de la junta: su negativa a permanecer presente, a seguir negociando y a escuchar en tiempo real los argumentos de once concejales que se habían comprometido públicamente a impedir el cierre de 17 escuelas. La evaluación financiera de la junta había sido expuesta; su respuesta a las preocupaciones de la comunidad, no.
El concejal Isaiah Thomas, representante “at-large” y uno de los más vocales opositores del plan, fue directo en su reacción: “Cualquiera que haya votado a favor debería renunciar”, afirmó. “Puedo asegurarles —añadió— que no votaría para confirmar su regreso a la junta escolar”.
El presidente del Concejo, Kenyatta Johnson, respaldó la postura de sus colegas. Otros miembros reiteraron la advertencia, dejando claro que las reelecciones de los miembros de la junta —que requieren la aprobación del Concejo— no serán automáticas.
El concejal Curtis Jones Jr. actuó rápidamente al presentar una legislación que solicita una auditoría independiente del presupuesto anual del distrito, que asciende a casi 5 mil millones de dólares. Por su parte, la concejala Jamie Gauthier expresó su frustración ante la falta de disposición de la junta para explorar otras opciones y colaborar con la Alcaldía y el Concejo. “¿Cómo vamos a aumentar un dólar a los viajes y aun así cerrar escuelas frente a la comunidad?”, cuestionó.
La votación también puso en riesgo inmediato la propuesta de la alcaldesa Cherelle Parker de aplicar un impuesto de un dólar por viaje en servicios de transporte de Uber. Este impuesto, diseñado para recaudar aproximadamente 50 millones de dólares anuales para financiar la educación, dependía en gran medida de la colaboración entre la Junta y el Concejo, una buena voluntad que se desvaneció el 30 de abril.
Arthur Steinberg, presidente de la Federación de Maestros de Filadelfia, señaló que la decisión de la junta recuerda los cierres de 2013 ordenados por la Comisión de Reforma Escolar designada por el estado, cuyas consecuencias tardaron años en repararse. “Los eventos posteriores a esa decisión provocaron un éxodo masivo de estudiantes y personal, así como una caída en el rendimiento académico”, afirmó.
Andrew Salz, maestro de la escuela secundaria Paul Robeson, lanzó un desafío emotivo a quienes dicen comprender el dolor de la comunidad: “Cuando alguien diga que entiende estos sentimientos, muéstrenme al niño al que consolaron”.
Casey Gleason, padre de familia, fue contundente: “Nos ataron las manos y nos obligaron a aceptar esto”.
Celia Flores Rivera, maestra en Lankenau, habló con calma: “Van a perder buenos maestros, van a perder buenos estudiantes, van a perder mucho apoyo”. Luego hizo una pausa, miró directamente a la cámara y agregó: “Espero que estén satisfechos con este plan”.
Cuando la junta abandonó la sala, Makkah Peterson, estudiante de Lankenau High School —una escuela reconocida y programada para cerrar—, permanecía aún entre los presentes.
Cuando la comunidad no es escuchada, la decisión puede ser legal… pero no será legítima.
