En los pasados años, algunos amigos y familiares me han pedido que actúe según mi edad. Me sugieren que reduzca mi actividad en derechos humanos y mis viajes; especialmente mi trabajo con albergues para inmigrantes en la frontera con México, que implica mucho viaje en auto y, la mayoría de las veces, solo. Y sí, he tenido problemas serios con el auto en el camino, incluyendo la avería del motor de mi camioneta en México, donde no existe el servicio Triple AAA. Pero saber que puedo conducir y estar en la carretera abierta, ayudando a activistas y animando a otros a hacer más y hacerlo mejor, llena mi corazón de alegría.
Hay muchos ciudadanos mayores en nuestras comunidades que tienen mucho que ofrecer a nuestras ciudades y a nuestro país. Después de todo, han sobrevivido tiempos realmente asombrosos y, en la mayoría de los casos, pueden ofrecer consejos buenos y sólidos.
No practico golf ni pesca ni hago largas caminatas ni otras actividades maravillosas como hacen algunos adultos mayores. Y también están aquellos que ahora pueden viajar de maneras que no pudieron mientras criaban a sus familias o desarrollaban sus carreras. Me alegra que hagan lo que desean hacer. Pero para muchos allá afuera, quieren y necesitan involucrarse. Existe una gran reserva de personas que son recursos para nuestras comunidades y que pueden trabajar medio tiempo o tiempo completo, a menudo desde sus hogares.
Algunos de ellos tienen la misma edad que el presidente o más. Por ejemplo, María García, una mujer purépecha casada con un hombre tohono o’odham, tiene 95 años y es fundadora del restaurante La Indita en Tucson y de la escuela Himdag Ki en Magdalena, México. Dolores Huerta, cofundadora del Sindicato de Trabajadores Agrícolas junto con César Chávez y fundadora de la increíble Fundación Dolores Huerta, también tiene 95 años. María Boswell, de 90 años, en Santa María, California, sigue impulsando los derechos humanos y es una voz fuerte por los derechos de los inmigrantes. También está la hermana Helen Prejean, de 86 años, autora de Dead Man Walking, quien continúa trabajando para abolir la pena de muerte. Menciono a estas mujeres porque con demasiada frecuencia se olvidan las voces femeninas.
Muchos de nuestros amigos viven en comunidades asistidas donde a menudo reciben con gusto la participación en campañas políticas y el aprendizaje sobre el mundo que intentamos salvar.
Cuando la gente insta a los ciudadanos mayores a “actuar según su edad”, les está pidiendo que guarden silencio y se desvanezcan en las sombras oscuras de la sociedad. Quieren enterrarnos en vida años antes de nuestra muerte, enviándonos al retiro como un viejo caballo de carreras o a un hogar asistido donde no seamos una molestia. Y también hacemos esto con personas con discapacidades graves: las enterramos en vida cuando aún tienen tanto que ofrecer.
Muchos de nosotros criticamos a las personas mayores hasta que un día despertamos y miramos con atención al espejo. Y vimos a alguien que se parecía un poco a nosotros, pero mucho más viejo.
Nuestro Congreso y las legislaturas estatales están llenos de hombres y mujeres cuyas largas vidas y ambiciones políticas les han permitido mantenerse electos, aunque muchas de sus ideas siguen llenas de miedo al futuro y aferradas a actitudes racistas y sexistas. Tenemos suerte de que entre estos funcionarios mayores haya personas que recuerdan que tenemos una Constitución y un Estado de derecho, y que no temen a los nuevos estadounidenses.
Como hijo de padres inmigrantes, no me di cuenta de cuánto habían sufrido para mantenernos vivos y cuánto conocimiento tenían para ofrecer hasta que aprendí a hablar en su primer idioma.
Hay personas asombrosas viviendo cerca de nosotros a quienes deberíamos conocer y, quizás, en el proceso, aprender algo sobre nosotros mismos escuchándolas.
Debemos dejar de enterrar en vida a gente valiosa cuando aún tienen tanto que ofrecer.
La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar y la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, en un margen de diez días en enero, ilustran las luces y sombras que afrontará 2026 en materia climática, con la incertidumbre sobre si se superarán este año los 1,5 grados de calentamiento global.
Según Naciones Unidas, entre 2026 y 2035 será casi inevitable traspasar ese umbral, que toma como referencia los niveles preindustriales.
El regalo de año nuevo será la puesta en marcha el 17 de enero del Tratado de Alta Mar, casi tres años después de su aprobación por Naciones Unidas y tras lograr en septiembre las 60 ratificaciones imprescindibles.
El acuerdo servirá de marco para la creación de Áreas Marinas Protegidas en zonas fuera de la jurisdicción nacional, la realización de evaluaciones de impacto ambiental y la regulación de los recursos genéticos marinos, entre otros aspectos.
Sin que gobiernos y organizaciones medioambientales se hayan puesto aún de acuerdo sobre si la COP30 de Belém fue un paso adelante o atrás, el año que empieza les brindará una nueva oportunidad de buscar puntos en común camino de la COP31, que se reunirá en noviembre en Antalya (Turquía) bajo presidencia australiana.
La hoja de ruta para acabar con los combustibles fósiles, que quedó pendiente en Belém, sobrevolará toda la agenda.
Pero entre las tareas medioambientales que tienen los gobiernos para este año una de las más urgentes es el Tratado Global sobre Plásticos, en el aire tras el fracaso de las negociaciones mantenidas el pasado agosto en Ginebra.
La dimisión del presidente del comité negociador, el ecuatoriano Luis Vayas Valdivieso, aumentó la incertidumbre sobre la manera de resolver el problema del plástico, del que se producen 460 millones de toneladas anuales y el 91 % se filtra al medioambiente, según el foro Global Plastic Action Partnership.
El año 2026 marca el último quinquenio hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, seis de ellos directamente relacionados con el medioambiente. En Abu Dabi se celebrará en diciembre la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua, para acelerar el acceso de toda la población a este recurso.
Estas son las fechas, reuniones y objetivos que marcarán la agenda climática en 2026:
– 2026: Año Internacional de los pastizales y los pastores.
– 17 enero: Entra en vigor el Tratado de Alta Mar (Acuerdo sobre la Biodiversidad Biológica Marina de zonas situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional, BBNJ). A lo largo del año debe reunirse la primera Conferencia de las Partes y designarse una sede permanente para el Tratado, entre Valparaíso (Chile) y Bruselas.
– 27 enero: Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, un año después de que el presidente Donald Trump firmase una orden ejecutiva para hacerlo efectivo. Estados Unidos renuncia así a los objetivos de reducción de emisiones y a sus compromisos financieros.
– 28-29 abril: I Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles, en Santa Marta (Colombia). Coorganizada por Países Bajos, buscará la ansiada hoja de ruta para reducir las emisiones.
– 5 junio: Día Mundial del Medioambiente. Los actos de celebración serán en Bakú.
– 15-19 junio: Cumbre Mundial de Cuencas en Río de Janeiro (Brasil), para discutir la gestión de los recursos hídricos.
– 18-30 octubre: Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), en Ereván, para analizar los avances en la implementación del Marco Mundial Kunming-Montreal para detener y revertir la pérdida de biodiversidad.
– Noviembre: 31ª Conferencia de las Partes de la ONU sobre Cambio Climático (COP31), con sede en Antalya (Turquía) y presidencia australiana.
– 2-4 diciembre: Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua, en Abu Dabi, coorganizada por Senegal y Emiratos Árabes Unidos, para acelerar la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento para toda la población en 2030.
No longer constrained by the guardrails the conservative establishment placed on his first presidential stint, Donald Trump has wasted no time trying to live out his authoritarian fantasies.
John Cole
Publicado el 26 de diciembre de 2025 en The Inquirer
El primer año de Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca ha traído solo una sorpresa: la velocidad con la que ha trastornado el Experimento Americano. Esta junta directiva pasó el 2024 advirtiendo sobre los peligros que podría traer una segunda Administración de Trump. Difícilmente se trató de una profecía.
Que Trump fuera elegido en 2016 fue una casualidad; que fuera reelegido en 2024 fue una locura.
Quizás el electorado se dejó llevar por la nostalgia de una América prepandémica — los tres años en los que los peores impulsos de Trump contenidos por su gabinete, y la economía navegó con rapidez siguiendo el rumbo heredado del presidente Barack Obama.
Lamentablemente, el desempeño de Trump en 2025 ha recordado a muchos votantes que su innegable suerte, carisma y bravuconería pueden ser entretenidos, pero la realidad de la gobernanza exige más. El cargo de la Presidencia exige más.
De hecho, es en gran medida el mismo hombre cuya Administración ayudó a dar al mundo una vacuna contra la COVID-19 en tiempo récord antes de ceder ante las teorías de conspiración antivacunas que, en última instancia, costaron vidas estadounidenses.
En lugar de permitir que la inflación continuara disminuyendo y que la economía de los EE. UU. estuviera a la altura de su etiqueta como «la envidia del mundo«, instituyó de manera fortuita y probablemente ilegal aranceles a los socios comerciales globales que equivalen a un impuesto para los consumidores estadounidenses. En lugar de sentarse y atribuirse el mérito de haber reducido la inmigración en la frontera sur, algo que preocupaba a un gran número de votantes, ha perdido el apoyo público mientras agentes federales enmascarados abusan, acosan e intimidan a inmigrantes y ciudadanos por igual.
La legislación distintiva de Trump, la Ley One Big Beautiful Bill, está destinada a hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, todo mientras una clase media en contracción sigue perdiendo la fe en las instituciones de Estados Unidos — algunas de las cuales han aceptado voluntariamente cualquier cosa que Trump exija.
Pero mientras Trump ha fracasado en mejorar la vida de la gente común, ha tenido éxito en enriquecerse a sí mismo, a su familia y a sus compinches. Ha capturado el Departamento de Justicia de los EE. UU. y el FBI, presionándolos para perseguir a sus percibidos enemigos políticos; ha utilizado el Departamento de Seguridad Nacional para implementar políticas de inmigración crueles y como una policía secreta de facto; y ha devastado la posición de Estados Unidos en el mundo al destruir la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional, que ayudaba a generar prestigio, mientras mejoraba la vida de millones de personas en todo el planeta.
La siguiente evaluación de la Presidencia de Trump hasta ahora no es un «se lo dijimos», porque todos estamos juntos en esto. Es un recordatorio de que aquellos de nosotros que valoramos la democracia y el estado de derecho debemos seguir manteniéndonos firmes y resistiendo en defensa de los ideales que impulsaron la fundación de nuestra nación y los derechos y obligaciones codificados en la Constitución.
Mientras termina el 2025 y comienza un nuevo año, no debemos permitir que la avalancha de atropellos nos adormezca ante el hecho de que Trump sigue sin ser apto para el cargo.
Donald Trump and his administration have attacked judges and maligned the courts, while the president has used his pardon power to eliminate accountability for his political allies and business interests. John Cole
ILEGALIDAD PERDONADA
En cuanto a indicadores ominosos de los tiempos adversos que se avecinan, la frase “Abandonen toda esperanza, los que aquí entran” es difícil de superar. Pero el indulto general de Trump a las aproximadamente 1,600 personas involucradas en el ataque al Capitolio queda en un cercano segundo lugar.
Firmado poco después de que asumiera el poder, entre una serie de otras órdenes ejecutivas preocupantes, la clemencia mostrada hacia los insurreccionistas —incluyendo a aquellos que asaltaron brutalmente a oficiales de la ley— demostró que la Administración no tenía interés en la rendición de cuentas de sus aliados políticos ni una preocupación real por el estado de derecho.
Entre los mayores abusos de poder presidencial de Trump se encuentran los indultos a Rudy Giuliani y a decenas de otros acusados de intentar revertir las elecciones de 2020; al donante de campaña y defraudador convicto Trevor Milton; al magnate de las criptomonedas Changpeng Zhao; y al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado a 45 años de prisión por narcotráfico.
Pero, ¿para qué esperar un indulto cuando el presidente puede simplemente presionar a los abogados del Departamento de Justicia para que desestimen el caso de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, o descarten las acusaciones de que el zar de la frontera de Trump, Tom Homan, aceptó 50,000 dólares de agentes del FBI que se hacían pasar por ejecutivos de negocios?
Es parte de la asfixiante hipocresía de la Administración que, mientras afirma con rectitud buscar justicia persiguiendo a personas como el exdirector del FBI James Comey o la fiscal general de Nueva York Letitia James, o etiqueta a todos los inmigrantes indocumentados como criminales, ignora descaradamente el debido proceso; un principio fundamental del sistema legal estadounidense.
Si hay puntos luminosos en un sistema de justicia de EE. UU. en el que la fiscal general opera más como la abogada del presidente que como una servidora del pueblo estadounidense, es que los grandes jurados siguen siendo independientes, negándose a presentar cargos basados en acusaciones inventadas. Y los tribunales —dirigidos por jueces nombrados por presidentes de ambos partidos, incluidos algunos por el propio Trump— siguen siendo un baluarte contra los abusos de la Administración.
AHORROS COSTOSOS
El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) fue la oportunidad de Elon Musk para eliminar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), una agencia a la que calificó de «organización criminal» que debía morir. El hecho de que la pasión del multimillonario tecnológico por eliminar la USAID coincidiera con un punto clave del plan conservador para el segundo mandato de Trump fue, probablemente, bien recibido por la Administración.
Musk, quien gastó 250 millones de dólares para ayudar a elegir a Trump, fue la cara pública de DOGE y prometió eliminar 2 billones de dólares en gasto gubernamental mediante la identificación y eliminación del desperdicio, el fraude y el abuso. Lo que hizo fue traer a un escuadrón de tecnólogos más versados en procesar códigos que en evaluar cuidadosamente los servicios gubernamentales.
El caos que siguió significó no solo el desmantelamiento de la USAID —que, al 22 de diciembre, se estima ha provocado casi 700,000 muertes, más de la mitad de ellas niños, debido a la eliminación de programas de salud y nutrición— sino también el despido o la jubilación anticipada de casi 300,000 empleados federales.
DOGE también canceló más de 2,600 millones de dólares en contratos en los Institutos Nacionales de Salud vinculados a la investigación médica y ensayos clínicos, lo que provocó retrocesos que podrían afectar la salud de los estadounidenses durante generaciones.
¿Cuál fue entonces el resultado de las acciones de DOGE? ¿Cuánto de esos prometidos 2 billones de dólares aparecerá en el lado positivo del balance del Gobierno? Según un análisis del Instituto Cato de tendencia libertaria, DOGE no tuvo un efecto perceptible en la trayectoria del gasto público.
Sí redujo la fuerza laboral federal, con ahorros que podrían ascender a unos 40,000 millones de dólares anuales. Eso suena a mucho menos de lo que parece cuando se considera que equivale al 0.57% de los aproximadamente 7 billones de dólares del gasto de EE. UU.
Donald Trump allowed billionaire Elon Musk to fire hundreds of thousands of government workers as head of the so-called Department of Government Efficiency. It is estimated that DOGE’s dismantling of the U.S. Agency for International Development has already led to the deaths of nearly 700,000 people. John Cole
DECLIVE AUTOINFLIGIDO
Al observar los datos, resultaba más fácil ver por qué la vicepresidenta Kamala Harris no se distanció de las políticas económicas del presidente Biden en su carrera de 2024 hacia la Casa Blanca. Después de todo, tras sufrir la pandemia como el resto del mundo, la economía de los EE. UU. se estaba recuperando más rápido y con más fuerza que la de otras naciones desarrolladas.
Desafortunadamente para Harris, para muchos votantes, la «Bidenomics» no significaba salarios más altos, menor desempleo, ganancias récord en el mercado de valores y que la inflación pospandemia estaba empezando a ceder. Ciertamente no significaba miles de millones en inversión en proyectos de infraestructura o en la producción nacional de semiconductores críticos a través de la Ley CHIPS y Ciencia.
Significaba el alto costo de una docena de huevos.
Trump se aprovechó de las malas vibraciones económicas y prometió bajar los precios desde el primer día si era elegido. Esta era una promesa dudosa bajo cualquier circunstancia. Considerando que las políticas económicas distintivas del presidente —aranceles indiscriminados y deportaciones masivas— estaban destinadas a dañar activamente los precios al consumidor, se trató de una negligencia política.
No es de extrañar, entonces, que la gente haya empezado a desencantarse con la economía de Trump, con las últimas encuestas encontrando que el 57% de los estadounidenses la desaprueban. La gente está preocupada por perder sus empleos, ya que el desempleo ha aumentado, y los niveles de deuda de los hogares están en máximos históricos.
El impacto de los aranceles del presidente, que son impuestos pagados por el importador, no por el exportador, se está sintiendo gradualmente en el precio de los bienes. Mientras tanto, la mano dura de la Administración contra la inmigración, tanto legal como ilegal, está perjudicando a industrias que dependen de la mano de obra inmigrante, incluyendo la construcción, la agricultura y los servicios de salud.
Según la Administración, menos inmigrantes en los puestos de trabajo significan más empleos para los trabajadores nativos, pero hasta ahora, ese resultado no se ha materializado. En cambio, el impacto económico proyectado de la deportación masiva en la fuerza laboral y el mercado de consumo (es decir, menos personas en el país comprando bienes y servicios) podría reducir el producto interno bruto de los EE. UU. entre un 4.2% y un 6.8%, según el American Immigration Council. En el extremo más bajo, eso sería similar al impacto de la Gran Recesión en el PIB.
Trump también prometió reducir los precios de la energía a la mitad en los 18 meses siguientes a su toma de posesión. La creciente demanda de los centros de datos y los continuos esfuerzos de la Administración por retrasar o eliminar proyectos de energía renovable hacen poco probable que pueda cumplir.
Trump dijo infelizmente que sus aranceles significarían que los niños recibirían «dos muñecas en lugar de 30» en Navidad, pero incluso eso puede haber sido optimista, ya que los datos revelan que más estadounidenses dependen de planes de pago a plazos o de «compre ahora y pague después» para cubrir sus compras navideñas.
El presidente, que había calificado las preocupaciones de asequibilidad de los estadounidenses como una «narrativa falsa» y una «estafa», se retractó en un discurso en horario estelar el 18 de diciembre de la manera más «trumpiana» posible: mintió.
Trump culpó falsamente a los inmigrantes de elevar el costo de la vivienda, afirmó que la gasolina cuesta 2.50 dólares el galón «en gran parte del país» y se atribuyó el mérito de reducciones matemáticamente imposibles del «400, 500 e incluso 600%» en el costo de algunos medicamentos recetados, así como de asegurar 18 billones de dólares en inversiones en los EE. UU.
«La inflación se ha detenido, los salarios han subido, los precios han bajado, nuestra nación es fuerte», dijo Trump.
In his campaign for the president, Donald Trump promised he would lower consumer prices. A dubious pledge under most circumstances was made worse by policies, including the chaotic application of tariffs, that threaten the economy as a whole. John Cole
SENTIMIENTO ANTIESTADOUNIDENSE
A la Administración Trump no le gustan los inmigrantes. Punto.
No le gustan los que cruzaron la frontera ilegalmente en busca de una vida mejor, ni los que huyen de la persecución y buscan asilo en la tierra de las oportunidades. No le gustan los que vienen aquí a estudiar en las universidades de Estados Unidos, ni los que quieren ocupar puestos de trabajo en campos donde no hay suficientes trabajadores nativos.
La Administración busca cualquier excusa —cualquier ejemplo que pueda señalar— para pintar a todos los inmigrantes como violadores, como asesinos, como basura. Cualquier excusa para cerrar la puerta dorada que ha dado la bienvenida a personas de todo el mundo en beneficio de una nación que es tan dinámica como diversa.
Lo que Trump y los etnonacionalistas que lo rodean no logran entender es que Estados Unidos es un ideal; uno tan fuerte que ha mantenido unidos a grupos dispares de personas durante casi 250 años. El secreto del éxito de Estados Unidos es que todos tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
Quizás es por eso por lo que la aplicación de las leyes de inmigración de esta Administración se siente tan errónea para tantos. Por eso está perdiendo apoyo incluso entre quienes votaron por Trump.
Es «antiestadounidense» tener fuerzas gubernamentales fuertemente armadas, enmascaradas y sin rendición de cuentas atropellando los derechos de las personas. Es antiestadounidense enviar a inmigrantes a prisiones de tortura en el extranjero. Es antiestadounidense dar la espalda a los necesitados.
Por eso la gente se está alzando contra las tácticas de Trump. Se están organizando y resistiendo, pacíficamente, contra el secuestro de personas en las calles, contra la intimidación a los vecinos, la separación de familias y las ciudades sacudidas por el caos provocado por el propio Gobierno.
Porque, aunque a la Administración puede que no le gusten los inmigrantes, a Estados Unidos sí.
Donald Trump called the very real threat of climate change a “con job.” His administration’s policies not only ignore efforts to mitigate the problem, they actively seek to make it worse. John Cole
CLIMA DE NEGACIÓN
La preocupación del pueblo estadounidense por la asequibilidad no es, al menos, la mayor «estafa», según Trump. Esa distinción le pertenece al cambio climático, el desafío que define la era de la humanidad y que el presidente ha llamado durante mucho tiempo «un engaño«.
Hablando ante las Naciones Unidas en septiembre, Trump dijo que las predicciones sobre el impacto de un planeta en calentamiento «fueron hechas por personas estúpidas que han costado fortunas a sus países y les han quitado cualquier posibilidad de éxito».
No importa que los efectos del cambio climático ya sean evidentes en el aumento del nivel del mar, el incremento de las temperaturas y los eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, como incendios forestales e inundaciones.
No contento con simplemente ignorar décadas de ciencia que demuestran que las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la actividad humana están afectando negativamente al planeta, la Administración Trump se ha movido rápidamente para desfinanciar la investigación climática, revertir los esfuerzos de mitigación del cambio climático de EE. UU. e impedir el desarrollo de fuentes de energía limpia.
El lunes, el Gobierno suspendió todos los grandes parques eólicos marinos en construcción, citando «riesgos para la seguridad nacional». Fue el ejemplo más reciente de Trump utilizando la burocracia regulatoria para obstaculizar este tipo de proyectos en detrimento tanto del medio ambiente como de los empleos en energías limpias.
Trump y sus aliados en el Congreso también han eliminado los subsidios para paneles solares, turbinas eólicas y vehículos eléctricos, todo ello mientras promueven el uso de combustibles fósiles, incluidos el petróleo, el gas y el carbón.
Si bien las políticas climáticas y energéticas de Trump son un peligro para el mundo entero, las políticas de su Administración también ponen en riesgo a los estadounidenses en sus propios patios traseros. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha dado marcha atrás en múltiples esfuerzos para promover el aire y el agua limpios, incluyendo límites a los contaminantes tóxicos de las centrales eléctricas de carbón, límites de emisión de gases de efecto invernadero de las centrales de carbón y gas, y el retraso en los plazos para que las empresas de servicios de agua eliminen algunos «químicos eternos» del agua potable.
Mientras Trump intenta dejar un legado demoliendo parte de la Casa Blanca para construir un salón de baile de 300 millones de dólares o estampando su nombre en lo alto del Kennedy Center, puede que sea su visión cortoplacista al desmantelar las normas climáticas y ambientales lo que realmente deje una marca para la historia.
Since retaking the White House, Donald Trump has added billions of dollars to his personal wealth, much of it through crypto and other digital currency schemes.John Cole
ENRIQUECIMIENTO DESCARADO
El hombre que una vez no pudo ganar dinero con un casino es 3,400 millones de dólares más rico desde que asumió el cargo el 20 de enero. Lo logró, según se informó en un artículo exhaustivo de David D. Kirkpatrick en el New Yorker, ignorando los conflictos de intereses y comerciando de mal gusto con el prestigio y el poder de la Presidencia de EE. UU. para beneficio personal.
La corrupción es tan flagrante y visible que muchos votantes quizás piensan que esto es normal. Pero, aunque probablemente no haya nada ilegal en lo que se conoce de los negocios del presidente, ni evidencia clara de algún quid pro quo, (intercambio de favores) no hay nada ordinario ni ético en lo que Trump y sus socios están haciendo.
Por ejemplo, el acceso potencial a Trump en su club Mar-a-Lago ahora tiene una cuota de iniciación de 1 millón de dólares (frente a los 100,000 en 2016). En mayo, el presidente organizó una gala en un club de golf de Virginia para los mayores compradores de su meme coin, un token digital intrínsecamente sin valor por el cual los 220 asistentes al evento desembolsaron 148 millones de dólares. Se informa que la empresa, junto con una meme coin aparte de $MELANIA, generó a los Trump 385 millones de dólares netos.
La criptomoneda es donde Trump y su familia están obteniendo las mayores ganancias.
La divisa digital, que puede negociarse sin depender de los bancos para verificar transacciones —o regularlas o reportarlas— ha hecho ganar hasta ahora miles de millones a la familia Trump. Es aquí donde se manifiestan algunos de los conflictos de intereses más descarados, ya que individuos y gobiernos extranjeros con intereses ante Estados Unidos, incluyendo la regulación gubernamental de las propias criptomonedas, han realizado grandes inversiones que terminan en las arcas de Trump.
Poco después de que Trump ganara las elecciones, un multimillonario chino acusado de fraude invirtió 30 millones de dólares en World Liberty Financial, un negocio de criptomonedas de la familia Trump. En mayo, una firma de inversión respaldada por Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, inyectó 2,000 millones de dólares a la compañía.
Mientras los dos hijos de Trump cierran lucrativos tratos comerciales en todo el mundo, la política exterior de Trump parece estar dictada por su afán de fortuna. Un plan para la «Riviera de Gaza» se vinculó al fin de la guerra entre Israel y Hamás, mientras que los acuerdos mineros en Kiev o los negocios en Rusia se han convertido en parte del cálculo en torno a la guerra en Ucrania.
En su poco tiempo de regreso en la Casa Blanca, Trump ha demostrado que la Presidencia de Estados Unidos está abierta al mejor postor.
The U.S. Department of Justice, which seems to otherwise have no trouble doing Donald Trump’s bidding under Attorney General Pam Bondi, continues to drag its feet in releasing the Jeffrey Epstein files mandated by Congress. John Cole
PROTEGIENDO A LOS PODEROSOS
Entre las promesas que Trump hizo en su campaña por la Casa Blanca en 2024, la liberación de los archivos de la investigación sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein debería haber sido la más fácil de cumplir. Sin embargo, más de un año después, hizo falta una ley del Congreso para obligar al Departamento de Justicia a liberar los archivos —o al menos algunos de ellos, aunque sea parcialmente.
Los documentos puestos a disposición recientemente fueron criticados por legisladores y víctimas por estar incompletos y llenos de tachaduras (censurados), y parte del material publicado fue retirado rápidamente debido a preocupaciones no especificadas de la Administración.
Epstein, quien se quitó la vida en 2019 dentro de una celda de una cárcel federal, fue acusado de explotar o abusar de cientos de mujeres y niñas durante décadas, reclutándolas para sus amigos famosos, entre los que se encontraban titanes financieros y líderes políticos.
A pesar de las negaciones del presidente, él y Epstein compartieron una amistad en el pasado, aparentemente unidos por su interés en las mujeres. Existen videos y fotos de ellos juntos, y Trump voló repetidamente en el avión de Epstein (conocido como «el Lolita Express»), aunque el presidente afirmó que «nunca tuvo el privilegio» de visitar la notoria isla de Epstein.
La isla, Little St. James, fue descrita una vez por funcionarios gubernamentales como «el escondite y refugio perfecto para el tráfico de mujeres jóvenes y niñas menores de edad para la servidumbre sexual, el abuso infantil y la agresión sexual».
Los esfuerzos de la Administración Trump por retrasar y ofuscar la información respecto a los archivos siguen siendo una afrenta a la justicia y la decencia. Los sobrevivientes de los horrores perpetrados por Epstein y los ricos y poderosos a los que servía merecen una rendición de cuentas pública de lo que les sucedió, y debe haber responsabilidad para quienes participaron.
Si el presidente no tiene nada que ocultar, si el «privilegio» de hecho nunca fue suyo, entonces ¿de quién era? ¿A quién está protegiendo Trump?
Aumentó a 20 el número de heridos que dejó el descarrilamiento del tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), (sur de México), megaproyecto que conecta los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos y polos industriales, informó este domingo la Secretaría de Marina (Semar). Imagen de archivo. EFE/Luis Villalobos
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que 13 personas murieron y otras 98 resultaron heridas cuando un tren se descarriló en una línea ferroviaria que conecta el océano Pacífico con el Golfo de México.
El Tren Interoceánico, que une los estados de Oaxaca y Veracruz, se salió de las vías el domingo al pasar por una curva cerca del pueblo de Nizanda. El accidente detuvo el tránsito de los trenes en la línea.
“Me informa la Secretaría de Marina que, en el accidente del Tren Interoceánico, lamentablemente fallecieron 13 personas”, publicó Sheinbaum en X, agregando que otras 98 personas están heridas, de las cuales cinco son de gravedad.
Añadió que dio instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación viajen al sitio y brinden asistencia personalmente a las familias.
Más temprano se anunció que había aumentado el número de heridos que dejó el descarrilamiento del tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), megaproyecto que conecta los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos y polos industriales, en el sur de México, informó este domingo la Secretaría de Marina (Semar).
«Hasta el momento se contabilizan 20 personas lesionadas, quienes están siendo trasladadas a hospitales locales para su oportuna atención médica (…) se mantiene un despliegue de apoyo de cinco ambulancias terrestres, una aérea y alrededor de 40 agentes de sanidad naval», apuntó la Semar en un comunicado.
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, indicó que luego de los hechos ocurridos, la institución inició una investigación para conocer las causas de lo sucedido y, para ello, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas.
Previamente, el gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara, en un mensaje en la red social X informó que de manera preliminar se reportaban 15 personas lesionadas, quienes fueron atendidas de forma inmediata, conforme a los protocolos de emergencia, y canalizadas para su valoración médica correspondiente.
Previamente, en un comunicado, la Secretaría de Marina indicó que el CIIT señaló que «se registró un evento ferroviario» a la altura de la comunidad zapoteca Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca, sobre la Línea Z, «en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros».
La Línea Z recorre de Veracruz a Salina Cruz y tiene 212 kilómetros de extensión.
Tras el accidente, en un primer informe, las autoridades no precisaron si había personas afectadas o no.
En ese sentido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un mensaje en redes sociales, dijo: «Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), IMSS-Bienestar y el Gobierno del estado (de Oaxaca). Conforme tengamos más datos ampliaremos la información».
La Semar apuntó en un reporte publicado en redes sociales que «se presentó el descarrilamiento de la máquina principal».
Además, explicó que desde el primer momento atendió de manera inmediata a las personas usuarias y se mantenía en coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente.
Con esta nueva vía de comunicación, México busca impulsar el comercio internacional al unir Asia con la costa este de Estados Unidos y Europa a través de ese paso, el punto más estrecho del país que conecta el Pacífico con el Atlántico, y a competir con el Canal de Panamá.
Josh Allen (17), de los Bills de Buffalo, anota un touchdown durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Eagles de Filadelfia, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Buffalo, Nuava York. (AP Foto/Gene J. Puskar)
ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Josh Allen lanzó un intento de conversión de dos puntos desviado del receptor abierto, Khalil Shakir, en la parte trasera de la zona de anotación con cinco segundos restantes, y los Eagles de Filadelfia se mantuvieron para una victoria de 13-12 sobre los Bills de Buffalo el domingo.
Dallas Goedert atrapó un pase de touchdown de una yarda, Jake Elliott acertó goles de campo de 28 y 47 yardas, y los campeones del Super Bowl, los Eagles, apenas evitaron desperdiciar una ventaja de 13-0 en el cuarto período. El apoyador Jalyx Hunt tuvo dos de las cuatro capturas de Filadelfia y lideró al equipo con tres golpes al quarterback.
El tackle defensivo Jalen Carter hizo una contribución importante en su regreso tras perderse tres juegos por lesiones en ambos hombros. Carter levantó la mano para bloquear el intento de punto extra de Michael Badgley después de la carrera de touchdown de dos yardas de Allen con 5:11 restantes.
Allen anotó un acarreo personal en cuarta y un gol para acercar a los Bills a un punto con cinco segundos restantes. Los Bills pensaron que tenían un touchdown una jugada antes, pero Dawson Knox fue declarado corto de la línea de gol después de una revisión de repetición.
En lugar de jugar para el tiempo extra, el entrenador Sean McDermott optó por ir por dos puntos. Allen retrocedió en la bolsa de protección y tenía un defensivo en su cara cuando soltó un pase que estaba a unos 30 centímetros de Shakir. Los Bills intentaron una patada corta que Goedert recuperó.
Los campeones de la División Este de la Conferencia Nacional, los Eagles (11-5), tienen asegurado al menos el tercer puesto de la NFC al entrar en los playoffs.
Buffalo (11-5), que aseguró un lugar en la postemporada la semana pasada, cayó al puesto número siete en la Conferencia Americana. Nueva Inglaterra aseguró su primer título de la AFC Este desde 2019 con la derrota de los Bills.
Classmates of the 43 missing students from Ayotzinapa participate in a demonstration this Saturday in Chilpancingo (Mexico). Dec. 27, 2025. EFE/ José Luis De La Cruz
Chilpancingo, Mexico — Mexican students demanded on Saturday that the federal government honor its commitments to the parents of the 43 Ayotzinapa students who disappeared in 2014, during a protest in the city of Iguala, in the southern state of Guerrero.
Members of the Federation of Socialist Peasant Students of Mexico (FECSM) and the Democratic Bloc of Organizations gathered for what organizers described as the final protest of 2025, marking 11 years and three months since the students vanished.
The demonstrators traveled by bus to several sites where three Ayotzinapa students were killed during the night of Sept. 26–27, 2014.
The T-shirt of one of the classmates of the 43 missing students from Ayotzinapa participating in a demonstration this Saturday in Chilpancingo (Mexico). Dec. 27, 2025. EFE/ José Luis De La Cruz
At the industrial zone where the body of Julio César Mondragón Fontes was found, the students laid floral wreaths and held a rally criticizing successive governments for failing to clarify the case.
They later moved to the Periférico area, where Julio César Ramírez Nava and Daniel Solís Gallardo were killed when students were attacked by gunmen linked to the criminal group Guerreros Unidos, according to federal authorities.
Criticism of government inaction
During the protest, students urged Mexican President Claudia Sheinbaum to fulfill her pledge to investigate the case and determine the whereabouts of the missing students.
“We will continue to raise our voices until those promises are fulfilled,” one demonstrator said.
Another student criticized former Mexican president Andrés Manuel López Obrador (2018–2024), accusing his administration of halting investigations once they reached the Mexican military.
“They refuse to hand over 800 pages of documents that could clarify the case,” said a student who requested anonymity. “If those files were released, we could know what happened to our comrades.”
Compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa colocan un arreglo floral durante una manifestación este sábado, en Chilpancingo (México). EFE/ José Luis De La Cruz
A case that remains unresolved
Students also accused previous administrations of attempting to conceal the truth through the so-called “historic truth” presented under former Mexican president Enrique Peña Nieto (2012–2018).
“That’s why we demand that the president give priority to this case,” another student said. “She is giving more importance to the World Cup than to Ayotzinapa.”
Protesters highlighted the toll on the victims’ families.
On Dec. 4, 2025, Genoveva Sánchez Peralta, mother of the disappeared student Israel Caballero Peralta, died, bringing to seven the number of parents who have passed away without learning their children’s fate.
The Ayotzinapa case remains one of Mexico’s most emblematic human rights cases. According to official data, more than 133,000 people are currently missing in the country, underscoring the scale of the crisis.
Miles de vuelos han sido cancelados o retrasados en EE.UU., en plena temporada navideña, debido a las tormentas invernales que azotan varias regiones del país este fin de semana.
Este sábado, más de 7.000 vuelos fueron cancelados en el país según datos del portal FlightAware. Los aeropuertos que sufrieron un mayor impacto fueron los que sirven al área metropolitana de la ciudad de Nueva York (John F. Kennedy, LaGuardia y Newark) y el aeropuerto internacional de Boston, al noreste del país.
En Nueva York cayeron 10 centímetros de nieve, dentro del rango pronosticado de 10 a 20 centímetros entre el viernes y el sábado. Sin embargo, zonas de Long Island registraron entre 17,7 y 19 centímetros.
Tras la primera gran tormenta de esta temporada, que causó atascos en las carreteras del noreste y perturbó los vuelos en las fechas en que más viajeros pasan por los aeropuertos del país, un segundo sistema invernal amenaza a la región del mediodía, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés).
Se prevé que la tormenta se intensifique el domingo, antes de avanzar por la región de los Grandes Lagos el lunes.
«Se espera que este sistema venga acompañado de numerosos peligros invernales a partir de mañana por la noche, entre ellos condiciones de ventisca y acumulaciones de nieve de más de 30 centímetros en zonas del Alto Medio Oeste y de los Grandes Lagos», detalló el NWS.
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), la agencia gubernamental que supervisa la seguridad del tráfico aéreo, pronosticó el pasado lunes que esta temporada de fiestas romperá récords en la cantidad de pasajeros, con más de 44 millones de personas.
La agencia indicó que espera que el mayor volumen de pasajeros se registre el domingo 28 de diciembre, con unos 2,86 millones de viajeros, seguido por los días 19, 20, 21, 27 y 29 de diciembre.
People hold signs during a pro-abortion demonstration held in La Rogativa Plaza, located in front of the Government House in San Juan, Puerto Rico. Dec. 22, 2025. EFE/Thais Llorca
San Juan.— Feminist groups in Puerto Rico are mobilizing against a new law recognizing the unborn as a natural person, warning it could threaten abortion rights despite privacy protections.
The legislation was enacted this week by Governor Jenniffer González and has led to strong reactions from activists, legal experts, and medical professionals.
Alondra del Mar Hernández, an Afro-feminist lawyer and member of Aborto Libre Puerto Rico, said the law could become “a tool of manipulation” against women, particularly by men.
“This is going to be used as a mechanism of control,” Hernández told EFE, adding that the measure signals a move toward the “criminalization” of people who can become pregnant.
The law amends Puerto Rico’s Civil Code to clarify that a human being in gestation, including at any stage of pregnancy within the womb, is recognized as a natural person.
According to Hernández, this could allow the unborn to become beneficiaries of labor and property rights, including inheritance and donations.
Since the United States Supreme Court overturned Roe v. Wade in Jun. 2022, multiple bills seeking to restrict abortion have been introduced in Puerto Rico, though none had previously succeeded.
Legal experts stress that while abortion is no longer a federal constitutional right, it remains protected in Puerto Rico under the island’s constitutional right to privacy.
Parallels with restrictive US states
Patricia Otón, also a lawyer and member of Aborto Libre Puerto Rico, criticized the bill’s rapid approval without public hearings, saying it affects “multiple areas of law” without proper analysis.
“This kind of legislation already exists in several US states, particularly in the South, where abortion laws are most restrictive,” Otón said.
She cited Georgia’s LIFE Act, which grants legal personhood to the unborn, as well as similar statutes in Ohio and Texas.
Senator María de Lourdes Santiago of the Puerto Rican Independence Party (PIP) warned that the law is intended to “add another step on the path toward making women’s right to decide illegal.”
Before the law was signed, more than 320 doctors and healthcare professionals urged Governor González to reject the bill, warning it posed “a risk to the lives of women and pregnant people” by delaying urgent medical decisions.
Limited access and poor maternal care
Although abortion remains legal in Puerto Rico, Hernández noted that access is limited due to high costs and a shortage of clinics; only four exist, all located in the metropolitan area.
Mayra Díaz, director of the anti-racist organization Colectivo Ilé, said conditions for pregnancy and childbirth on the island are “terrible,” citing a lack of delivery rooms across many of Puerto Rico’s 78 municipalities, including Vieques.
“There is widespread obstetric violence,” Díaz said, referring to physical and psychological abuse during childbirth, a phenomenon recognized by the World Health Organization (WHO) since 2014.
Díaz criticized lawmakers for prioritizing punitive measures instead of policies that genuinely protect life. “Of all the things that could be legislated to defend life, they choose to continue criminalizing people who can become pregnant,” she said.
Mayor Cherelle L. Parker speaks during her State of the City address, highlighting progress in public safety, housing, education, and her “One Philly” vision for Philadelphia’s future.
PHILADELPHIA — Mayor Cherelle L. Parker delivered her second State of the City address on December 19, 2025, at Temple University’s Performing Arts Center, outlining key accomplishments from her administration’s second year and presenting an ambitious vision for 2026. Throughout her remarks, Parker emphasized her administration’s priorities of public safety, housing, education, and economic opportunity.
Speaking before a large audience of City employees, labor leaders, elected officials, and community stakeholders, Parker declared that “the State of our City is strong and good, and we are moving in the right direction.” She reaffirmed her “One Philly” vision, stressing unity, accountability, and action. The mayor also introduced the “One Philly Plan to End Street Homelessness,” a new initiative developed in partnership with Jefferson University aimed at addressing homelessness across Philadelphia. “Don’t listen to what we say,” Parker told the audience. “Watch what we do.”
According to the mayor, the overarching goal is to make Philadelphia safer, cleaner, and more inclusive. The 2025 State of the City Report, released alongside the address, highlights reductions in violent crime, notable quality-of-life improvements, and targeted investments across the city. One of the report’s most significant findings is a decline in homicides and shootings, bringing Philadelphia close to a 50-year low. Parker credited these outcomes to a comprehensive public safety strategy focused on prevention, intervention, and enforcement, along with a $25 million investment in community-based violence prevention programs.
Education was another major focus of the address. Funding for before- and after-school programs now reaches 40 public and charter schools through the Extended Day, Extended Year initiative. The City has invested $35 million in support of the program, which currently serves approximately 12,000 students.
Housing also featured prominently. Parker highlighted her $2 billion Housing Opportunities Made Easy (H.O.M.E.) plan, the largest housing proposal in the City’s history, aimed at building, repairing, or restoring 30,000 housing units. In partnership with the Philadelphia Housing Authority, the broader goal is to develop 50,000 units, including deeply affordable housing for low-income residents.
Neighborhood revitalization efforts were also underscored. According to City officials, programs such as Taking Care of Business have reduced litter along commercial corridors by half since 2022 and resulted in more than 94,000 quality-of-life actions in 2025. These actions include block cleanups, vacant lot maintenance, pothole repairs, and expanded twice-a-week trash collection.
During the address, Mayor Parker paused to sign Executive Order No. 7-25, formally committing the City to ending street homelessness. The order directs the Office of Homeless Services to facilitate and financially support the operation of 1,000 new shelter beds by January 31, 2026. This initiative builds on the recent opening of Riverview Wellness Village, a comprehensive recovery facility that provides housing, treatment, and supportive services in a single location.
Looking ahead, Parker emphasized preparations for a transformative 2026, including the celebration of the 250th Anniversary of the United States, more than $120 million in infrastructure investments, and the hosting of major global events such as the FIFA World Cup and the MLB All-Star Game. She also announced a free New Year’s Eve celebration on the Benjamin Franklin Parkway, headlined by LL Cool J and DJ Jazzy Jeff.
This content is a part of Every Voice, Every Vote, a collaborative project managed by The Lenfest Institute for Journalism. Lead support for Every Voice, Every Vote in 2024 and 2025 is provided by the William Penn Foundation with additional funding from The Lenfest Institute for Journalism, Comcast NBC Universal, The John S. and James L. Knight Foundation, Henry L. Kimelman Family Foundation, Judy and Peter Leone, Arctos Foundation, Wyncote Foundation, 25th Century Foundation, and Dolfinger-McMahon Foundation. To learn more about the project and view a full list of supporters, visit www.everyvoice-everyvote.org. Editorial content is created independently of the project’s donors.
VENURE SIRIWARDANE/Pittsburgh’s Public Source Pittsburgh’s Public Source
Allegheny County will use a controversial legal tool for involuntary mental health care in the community starting Jan. 1, according to a letter county officials sent Tuesday to the state’s Office of Mental Health and Substance Abuse Services. Called assisted outpatient treatment (AOT), it’s a law that no other Pennsylvania county has been able to successfully implement since state lawmakers voted for it in 2018.
The county developed its AOT plan based on research evidence, advice from local and national experts, and collaboration with partners across county government, wrote Erin Dalton, director of the county’s Department of Human Services, in the letter addressed to Deputy Secretary Jennifer Smith.
Dalton and other human services officials explained the county’s reasoning during an interview on Tuesday with Pittsburgh’s Public Source.
“We’ve concluded that the risks of doing nothing are higher than the risk of trying this, and (I) think we’ve put a number of safeguards in place” to mitigate the harm that involuntary treatment can cause, she said.
Officials were motivated to act by “people’s calls for something at a lower threshold of risk than danger to self or others,” Dalton added, referring to the legal requirements for involuntary hospitalization, known as 302 commitments. In a paper published in July, a team of researchers — including one based at the Department of Human Services — established a causal link between 302s in Allegheny County and harm a person experiences after they’re discharged, including being charged with a violent crime and dying of suicide or overdose.
They don’t want “to wait and watch their loved ones decompensate in that way or wait for something more challenging to happen.”
The county will establish an advisory group to monitor implementation and review progress through 2026, according to the letter. Confirmed members include a former U.S. Attorney for the Western District of Pennsylvania, the director of a local court watch program, an unidentified psychiatrist, two academic experts, a disability rights attorney, and the director of a major provider of shelter services in the county.
One member, Nev Jones, an associate professor of social work at the University of Pittsburgh and one of the fiercest critics of the county’s AOT plan, said she’s “not surprised” by the county’s decision to implement the law. She pointed to a nationwide shift in recent years toward strengthening involuntary mental health practices, compounded by an executive order issued by President Donald Trump in July that aims to institutionalize unhoused people who have mental illnesses, substance use disorders, or both.
The announcement follows a lengthy stakeholder engagement process, driven in part by a Public Source investigation this year of involuntary treatment here and in other jurisdictions. Almost exactly a year ago, the county quietly informed the state that it would implement the state’s AOT statute by Sept. 1. After an inquiry from Public Source in April, officials from the county’s Department of Human Services said the county was “still in exploration” and hadn’t made a decision yet.
At the time, news of the county’s interest in AOT inspired hope among the law’s advocates — including some family members of people with serious mental illness — who had long pushed for more forceful intervention to help those who resist treatment before they reach a crisis point.
And it triggered outcry from critics of AOT, including clinical and academic experts who said involuntary care can destroy a patient’s trust in the public mental health system and has serious implications for the civil rights and individual autonomy of some of the most vulnerable people in the county.
The county’s initial Sept. 1 deadline passed as it continued to engage with stakeholders and convened a working group that included officials across county government, including the Court of Common Pleas, the Office of the Public Defender — which will represent those facing AOT petitions — and others. It also consulted with officials from other jurisdictions with existing AOT programs, including those in California and New York state, which enacted the nation’s first AOT statute, Kendra’s Law, in 1999.
AOT is a legal mechanism for involuntarily treating people with serious mental illness without hospitalizing them. The law states “any responsible party” can file an AOT petition, which starts a civil court procedure. During a hearing, a judge may order a person to undergo treatment in the community, which typically includes psychiatric medication, but can also include therapy and other wraparound services. The statute bars courts from holding someone in contempt or issuing penalties for not following their treatment plan, which makes the law difficult to enforce. Some experts called it “toothless.”
In a May letter, nearly 80 county residents and experts from across the country urged County Executive Sara Innamorato and County Council members to “challenge” the Department of Human Services’ intention to implement AOT and demanded “robust transparency and accountability, including third-party evaluation … and engagement with those directly impacted” if implementation moved forward.
This story was originally published by Pittsburgh’s Public Source and distributed through a partnership with The Associated Press.
