Los residentes de cinco estados del Estados Unidos que reciben ayuda gubernamental para pagar alimentos no podrán usar sus beneficios para comprar refrescos, dulces y otros productos a partir del jueves.
Indiana, Iowa, Nebraska, Utah y Virginia Occidental son los primeros de al menos 18 estados en implementar exenciones que prohíben la compra de ciertos alimentos a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por sus iniciales en inglés).
La medida es parte de un esfuerzo del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, para que los estados eliminen alimentos considerados poco saludables del programa federal de $100 mil millones –conocido como cupones para alimentos– que beneficia a 42 millones de estadounidenses.
«No podemos continuar con un sistema que obliga a los contribuyentes a financiar programas que enferman a las personas y luego pagar una segunda vez para tratar las enfermedades que esos mismos programas ayudan a crear», señaló Kennedy en un comunicado dado a conocer este mes.
La campaña tiene como objetivo reducir enfermedades crónicas, como la obesidad y la diabetes, que están asociadas con bebidas azucaradas y otros dulces, una de las principales metas de Kennedy para Hacer a Estados Unidos Saludable de Nuevo.
Expertos en la industria minorista y políticas de salud dijeron, sin embargo, que los programas estatales de SNAP –que ya enfrentan una enorme presión debido a los drásticos recortes presupuestarios– no están preparados para los complejos cambios, no cuentan con listas completas de los alimentos afectados y enfrentan desafíos técnicos en el punto de venta que varían según el estado y la tienda. Además, las investigaciones siguen arrojando resultados mixtos en lo referente a si restringir las compras con el programa SNAP mejora la calidad de la dieta y la salud.
La Federación Nacional de Minoristas pronosticó filas más largas en las cajas y más quejas de los clientes a medida que los beneficiarios de SNAP descubran qué alimentos quedaron afectados por las nuevas exenciones.
«Es un desastre en ciernes de personas rechazadas mientras tratan de comprar alimentos», dijo Kate Bauer, experta en nutrición de la Universidad de Michigan.
Un informe de la Asociación Nacional de Tiendas de Comestibles y otros grupos comerciales de la industria estima que implementar las restricciones de SNAP le costaría a los minoristas del país 1.600 millones de dólares en un principio y otros 759 millones cada año.
«Castigar a los beneficiarios de SNAP significa que todos pagamos más en la tienda de comestibles», aseguró Gina Plata-Nino, directora de SNAP para el grupo de defensa contra el hambre Food Research & Action Center.
Las exenciones representan un cambio a las políticas federales que se implementaron por primera vez en 1964 y fueron autorizadas posteriormente en la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008, la cual indicaba que podían usarse los beneficios de SNAP para «cualquier alimento o producto alimenticio para consumo humano», excepto alcohol y alimentos calientes listos para comer. La ley también dice que no se puede pagar tabaco con SNAP.
Legisladores han propuesto en ocasiones anteriores detener el uso de SNAP para pagar carnes caras como el filete o los llamados alimentos chatarra, como papas fritas y helado.
Pero las solicitudes de exención previas fueron rechazadas basándose en investigaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus iniciales en inglés) que concluían que las restricciones serían costosas y difíciles de implementar, y que podrían no cambiar los hábitos de compra de los beneficiarios ni reducir problemas de salud como la obesidad.
Pero en el segundo mandato del presidente Donald Trump se ha alentado, e incluso incentivado, a los estados a buscar exenciones –y han respondido.
«Este no es el típico programa de salud pública de talla única», dijo el gobernador de Indiana, Mike Braun, al anunciar la solicitud de su estado. «Nos enfocamos en las causas de raíz, la información transparente y los resultados reales».
Las cinco exenciones estatales que entran en vigor el 1 de enero afectan a aproximadamente 1,4 millones de personas. Utah y Virginia Occidental prohibirán el uso de SNAP para comprar refrescos y bebidas gaseosas, mientras que Nebraska prohibirá refrescos y bebidas energéticas. Indiana se enfocará en bebidas gaseosas y dulces. En Iowa, que tiene las reglas más restrictivas hasta la fecha, los límites de SNAP afectan a los alimentos gravables, incluidos refrescos y dulces, pero también ciertos alimentos preparados.
«La lista de artículos no proporciona suficiente información específica para preparar a un beneficiario de SNAP para que vaya a la tienda», señaló Plata-Nino en un blog. «Muchos artículos adicionales, incluidos ciertos alimentos preparados, también estarán prohibidos, aunque no están claramente identificados en el aviso».
Marc Craig, de 47 años y residente de Des Moines, dijo que ha estado viviendo en su automóvil desde octubre. Comentó que con las nuevas exenciones le será más difícil tomar la decisión de cómo usar los 298 dólares en beneficios de SNAP que recibe cada mes, además de que aumentarán el estigma que siente en la caja registradora.
«Tratan a las personas que reciben cupones para alimentos como si no fuéramos personas», declaró Craig.
Las exenciones de SNAP tendrán una duración de dos años, con la opción de extenderlas por tres años más, según el Departamento de Agricultura. Se requiere que cada estado evalúe el impacto de los cambios.
Anand Parekh, director de políticas de la facultad de Salud Pública de la Universidad de Michigan, dijo que a los expertos en salud les preocupa que las exenciones ignoren factores más amplios que afectan la salud de los beneficiarios de SNAP.
«Esto no resuelve los dos problemas fundamentales, que son que los alimentos saludables en este país no son asequibles y los alimentos poco saludables son baratos y ubicuos», puntualizó.
