Inicio Blog Página 1180

Reportan sobre la calidad del aire en Hunting Park por el incendio

Foto ilustrativa

En respuesta a un gran incendio en la cuadra 500 de West Annsbury Street en Hunting Park, el Departamento de Salud Pública de Filadelfia está advirtiendo a los residentes que eviten el área o traten de permanecer adentro. El Departamento de Salud ha enviado inspectores al área para recolectar muestras de aire para evaluar la calidad del aire y el potencial de cualquier amenaza. En este momento, no se han identificado sustancias peligrosas específicas, y el Departamento está tomando esta medida por precaución.

Los residentes en el área deben tomar precauciones para evitar la exposición innecesaria al humo. El Departamento de Salud recomienda hacer lo siguiente para protegerse y proteger a su familia de la mala calidad del aire:

  • Evite salir al aire libre tanto como sea posible.
  • Si debe salir, evite la actividad excesiva, como trotar o correr, y use una máscara, si está disponible.
  • Cierre todas las ventanas y puertas para minimizar la contaminación del aire en su hogar.
  • Recircule el aire con ventiladores para evitar traer más contaminación del aire a su hogar.

El aire puede ser potencialmente peligroso para grupos sensibles, incluidos niños, personas mayores, personas embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o afecciones cardíacas.

  • Evite las áreas de alta congestión y donde la contaminación del aire puede ser alta (por ejemplo, calles o carreteras principales, áreas con baja circulación).
  • Las personas con enfermedades subyacentes deben controlar los síntomas, como dificultad para respirar, náuseas y mareos. Si se presentan estos síntomas, busque atención médica lo antes posible.

El Departamento de Salud y la Oficina de Manejo de Emergencias continuarán monitoreando la calidad del aire y proporcionarán actualizaciones a medida que estén disponibles. Para obtener más información, visite la cuenta de Twitter de la Oficina de Manejo de Emergencias de Filadelfia y regístrese para recibir alertas de emergencia a través de ReadyPhiladelphia enviando un mensaje de texto con READYPHILA al 888-777 o visitando https://www.phila.gov/ready.

Cuidadoras del hogar de Nueva York piden el fin de las jornadas de 24 horas

Un grupo de mujeres sostienen carteles y pancartas hoy, durante una protesta frente a la Alcaldía de Nueva York (EE. UU.). EFE/Ruth E. Hernández

Decenas de mujeres que cuidan ancianos, enfermos o discapacitados en sus hogares, en su mayoría inmigrantes latinas y asiáticas, celebraron hoy una protesta junto a la Alcaldía de Nueva York para reclamar la aprobación de un proyecto de ley que prevé poner fin a sus jornadas de 24 horas de trabajo.

«No más 24» gritaban con fuerza las mujeres, que sostenían carteles con mensajes a la presidenta del Consejo de la ciudad, Adrienne Adams: «Presidenta, ¿por qué no trabaja un turno de 24 horas?», «Adams, apruebe el proyecto INT-175 ahora».

Asimismo en pancartas denunciaban el dinero que se les debe por las horas trabajadas y no pagadas: «Me deben 235.000 dólares por 8 años trabajando 24 horas».

A las cuidadoras del hogar sólo se les paga 13 horas de salario, aunque trabajen turnos consecutivo de 24 horas, lo que ha ocasionado, según han denunciado, el desarrollado de problemas de salud por los esfuerzos físicos que se ven forzadas a hacer con pacientes que están en cama o por el tiempo que están de pie.

Un hombre sostiene un cartel hoy, durante una protesta frente a la Alcaldía de Nueva York (EE. UU.). (Foto: EFE/Ruth E. Hernández)

El proyecto de ley «No más 24», presentado por el concejal Christopher Marte, de origen dominicano, cuya madre también fue asistenta en el hogar, como muchas inmigrantes, cuenta con el apoyo bipartita para ser aprobado «pero Adams ha rehusado repetidamente llevarlo a votación», de acuerdo con las trabajadoras.

Durante la audiencias pública del proyecto, en que las trabajadoras contaron sus experiencias, aseguraron que si rechazan el turno de 24 horas, la compañía para la que trabajan no vuelve a llamarlas como represalia.

Asimismo, algunas denuncian que han sido despedidas o han sido víctimas de amenazas verbales.

Las trabajadoras presentaron un reclamo al Departamento del Trabajo por el salario no cobrado, que a su vez notificó al empleador de la reclamación y que designará un mediador.

Las hondureñas Leyla Batiz y Rosa Olmo estuvieron entre las mujeres que protestaron hoy.

Batiz dijo a EFE que durante 17 años trabajó este turno largo, por el que le deben más de 42.000 dólares, y que ha desarrollado artritis mientras que Olmo continúa trabajando una jornada de 24 horas cuidando a una persona autista.

Un grupo de mujeres sostienen carteles y pancartas hoy, durante una protesta frente a la Alcaldía de Nueva York (EE. UU.). (Foto: EFE/Ruth E. Hernández)

«Él no duerme, hay que vigilarlo todo el tiempo y ahora yo padezco de insomnio», afirmó la trabajadora, de 55 años, durante la concentración.

Las trabajadoras tienen previsto protestar frente a la alcaldía durante los próximos tres días y aseguraron que no se detendrán hasta que no consigan lo que quieren.

Mother charged in son’s death after SUV found at NJ beach

This booking photo provided by the Montgomery County, Pa., District Attorney’s Office shows Ruth DiRienzo-Whitehead. Prosecutors said Wednesday, April 12, 2023, that DiRienzo-Whitehead is charged in Montgomery County with first- and third-degree murder as well as possession of an instrument of crime in the death of her 11-year-old son in southeastern Pennsylvania. She is also awaiting extradition from New Jersey, where she was arrested after her SUV was found in the surf on a beach at the Jersey shore. (Photo: AP/Montgomery County District Attorney’s Office)

HORSHAM, Pa.— A mother has been charged with murder in the death of her 11-year-old son in southeastern Pennsylvania and is awaiting extradition from New Jersey, where she was arrested after her SUV was found in the surf on a beach at the Jersey shore.

Ruth DiRienzo-Whitehead, 50, of Horsham, is charged in Montgomery County with first- and third-degree murder as well as possession of an instrument of crime in the death of Matthew Whitehead, prosecutors said Wednesday.

Prosecutors said the boy’s father found the door to the master bedroom in the couple’s home locked Tuesday morning and his wife and their SUV missing. He then found their son unresponsive in the bed, where he had gone to sleep with his mother. Police were called and declared the boy dead.

An autopsy Wednesday concluded the boy’s death was due to strangulation and the manner of death was homicide.

Prosecutors allege DiRienzo-Whitehead killed her son after he went to sleep at about 9:30 p.m. Monday and then drove the family SUV about 120 miles (193 kilometers) south to Cape May, New Jersey, where she drove the vehicle “into the ocean just off Beach Avenue.»

After the vehicle was no longer operable, she walked to Wildwood Crest, a Cape May borough, where she was taken into custody by Wildwood Crest police and interviewed by Montgomery County detectives and Horsham police, prosecutors said.

Authorities allege in a criminal complaint that DiRienzo-Whitehead told investigators her son had been upset and “crying off and on all day” over the family’s financial difficulties and that she strangled him so he would not have “to grow up with these struggles.”

DiRienzo-Whitehead is being held in Cape May County and will be extradited back to Montgomery County, Pennsylvania for arraignment on the charges, prosecutors said Wednesday. Court documents don’t list an attorney representing her and a message could not be left at a number listed in her name.

A neighbor, Ed Smith, told WFMZ-TV that the boy’s death was “very tragic” and the case was “surprising.”

“Very nice people. Good neighbors,” he told the station. Smith and his wife, Diane, said they have known the boy’s mother for more than four decades.

Quieren evitar muertes y deportaciones expandiendo la vía legal

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, insistió el martes en que los migrantes que traten de llegar a territorio estadounidense deben hacerlo por las «vías legales» que está implementando EE.UU. o, de lo contrario, serán «devueltos» al otro lado de la frontera.

Mayorkas durante su estancia en la capital panameña en encuentro con los cancilleres de Colombia y Panamá trata la crisis migratoria a través de la peligrosa selva del Darién, frontera natural entre los dos países latinoamericanos, aseguró en una entrevista con EFE que no hay alternativa a la vía legal.

«Hay un mensaje muy importante que enviar además del hecho de que estamos construyendo vías legales para que las personas no tengan que arriesgar sus vidas en el Darién y es que estamos haciendo cumplir nuestras leyes en la frontera», remarcó el secretario.

«Es tan trágico ver a las personas arriesgar sus vidas, emprender el peligroso viaje, sufrir el trauma, poner los ahorros de toda una vida en manos de traficantes que solo buscan su propio beneficio, solo para ser devueltos», afirmó Mayorkas, de origen cubano.

La selva del Darién es uno de los pasos fronterizos más peligrosos para la migración irregular, donde a la dureza del trayecto al tener que cruzar ríos crecidos, se suman los ataques de hombres armados, que roban y violan, además de la falta de agua potable al estar contaminada por excrementos y cadáveres.

La mayoría de los migrantes, al salir de la selva exhaustos, sin aliento, repiten una palabra: «arrepentido» de haber tomado esa ruta, llamando a sus compatriotas a elegir otra opción, en vano.

Solo este año se espera que crucen la selva unos 400.000 migrantes, casi el doble de los más de 248.000 que lo hicieron en 2022. Solo en los 3 primeros meses de 2023, cruzaron el Darién unos 87.390 migrantes, 7 veces más que en el mismo periodo de 2022.

«Y esos son los individuos, los seres humanos que sobrevivieron para contar el trauma del viaje. También pensamos en las personas que no lo lograron. Es exactamente por eso que estamos generando vías legales para que puedan venir a los Estados Unidos de una manera segura y ordenada en busca de una vida mejor», explicó.

Mayorkas destacó como «el ejemplo más poderoso del éxito» de esta vía legal la creación de un programa de permisos humanitarios para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, una medida que según reveló recientemente conllevó una reducción del 95 % de arrestos de individuos de estos países en la frontera.

«Ya hemos recibido a miles y miles de personas de esta manera», aseguró. Un programa que puede alcanzar los 30.000 permisos humanitarios al mes, «360.000 personas al año».

EXPANSIÓN DE LAS VÍAS LEGALES

El funcionario estadounidense advirtió además que están «expandiendo» las vías legales, tanto a través de su programa de refugiados como el de los permisos humanitarios a nacionales de esos cuatro países afectados por la inestabilidad económica o política.

«Estaremos revelando en las próximas semanas las vías adicionales que la gente debe tomar» para poder viajar a los Estados Unidos de forma legal, anunció Mayorkas.

El secretario de Seguridad Nacional recordó también que los migrantes tienen a su disposición otras maneras de viajar de forma legal a territorio estadounidense, como los visados para trabajadores de temporada, o para trabajadores agrícolas o no agrícolas por períodos limitados para «ganar dinero de forma lícita y enviar remesas».

Además el mes que viene el Gobierno del presidente Joe Biden levantará el polémico Título 42, una medida sanitaria impuesta por el Gobierno del exmandatario Donald Trump (2017-2021) que permite las expulsiones en caliente de migrantes en la frontera.

«Nos preocupa que pueda haber un aumento en el nivel de migración» por el levantamiento de esa medida, reconoció Mayorkas, pero sus asesores recordaron que seguirá plenamente vigente la base de la ley migratoria del país, que está contemplada en el Título 8.

Durante su encuentro con EFE, Mayorkas estuvo acompañado por Samantha Power, administradora de la agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) y antigua embajadora de EE.UU. ante la ONU, que destacó el importante papel que juegan países que en un principio iban a ser solo de tránsito para los migrantes.

En Colombia, subrayó, están asentados «más de dos millones de venezolanos» y supone «una decisión muy importante y muy loable» el que las autoridades colombianas les hayan ofrecido «un estatus de protección temporal».

«Cuando eso sucedió, USAID se apresuró a apoyar al Gobierno colombiano para establecer ese sistema, el registro, el mecanismo, pero también para apoyar a los venezolanos que entraban para asegurarse de que no sobrecargaban a las comunidades» de acogida, señaló Power, que remarcó que están dedicando «más de 200 millones de dólares al año» a ese cometido y buscan incrementar 34 millones.

La funcionaria estadounidense insistió en que es «responsabilidad» de Estados Unidos el acudir en apoyo de esos países al sur del Darién, como Colombia, pero también Ecuador o Perú, «que están haciendo todo lo posible para absorber a estas poblaciones» de migrantes.

El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, habla con EFE durante una entrevista el 11 de abril 2023, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

EXPERIENCIA DE REFUGIADO

Para Mayorkas, la necesidad de tener que abandonar su país por motivos políticos o económicos no es algo ajeno. Natural de Cuba, llegó con sus padres y hermana a Estados Unidos como «refugiados políticos» cuando era un niño. «Era la segunda vez, por cierto, que mi madre era refugiada», tras haber huido de los nazis en Europa.

«Entiendo muy bien la fragilidad de la vida, la vulnerabilidad de la gente, la importancia de la ayuda humanitaria, y al servicio de esa fragilidad, al servicio de esa vulnerabilidad, generamos vías legales e instamos a la gente a no correr un riesgo tan costoso. Pero también es muy importante recordar que no estamos solos en esto. Que el desafío migratorio que vive nuestra región es un desafío al que debemos responder todos juntos», sentenció.

An emerging threat: Drug mix of xylazine, fentanyl

Dr. Rahul Gupta, the director of the White House Office of National Drug Control Policy, walks outside of the White House, Nov. 18, 2021, in Washington. The U.S. has named a veterinary tranquilizer as an “emerging threat” when it is mixed with the opioid fentanyl, clearing the way for more efforts to stop the spread of xylazine and develop an antidote. The Office of National Drug Control Policy announced the designation Wednesday, April 12, 2023. (Photo: AP/Alex Brandon/File)

The U.S. has named a veterinary tranquilizer as an “emerging threat” when it’s mixed with the powerful opioid fentanyl, clearing the way for more efforts to stop the spread of xylazine.

The Office of National Drug Control Policy announced the designation Wednesday, the first time the office has used it since the category for fast-growing drug dangers was created in 2019.

Dr. Rahul Gupta, director of the drug policy office, said xylazine (pronounced ZAI’-luh-zeen) has become increasingly common in all regions of the country.

It was detected in about 800 drug deaths in the U.S. in 2020 — most of them in the Northeast. By 2021, it was present in more than 3,000 fatalities —with the most in the South — according to a report last year from the Drug Enforcement Administration.

“We cannot ignore what we’re seeing,” Gupta said. “We must act and act now.”

Xylazine was approved for veterinary use in 1971. Sometimes known as “tranq,” it’s been showing up in supplies of illicit drugs used by humans in major quantities in only the last several years.

It’s believed to be added to other drugs to increase profits. Officials are trying to understand how much of it is diverted from veterinary uses and how much is made illicitly.

The drug causes breathing and heart rates to slow down, sometimes to deadly levels, and causes skin abscesses and ulcers that can require amputation. Withdrawal is also painful.

While it’s often used in conjunction with opioids, including fentanyl and related illicit lab-made drugs, it’s not an opioid. And there are no known antidotes.

Gupta said his office is requesting $11 million as part of its budget to develop a strategy to tackle the drug’s spread. Plans include developing an antidote, learning more about how it is introduced into illicit drug supplies so that can be disrupted, and looking into whether Congress should classify it as a controlled substance.

Gupta said it needs to be available for veterinary uses even amid crackdowns on the supply used by people. He also said systems to detect the drug and data about where it’s being used need to be improved.

The drug is part of an overdose crisis plaguing the U.S.

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention estimates that more than 107,000 people died from overdoses in the 12 months that ended Nov. 30, 2022. Before 2020, the number of overdose deaths had never topped 100,000.

Most of the deaths were linked to fentanyl and other synthetic opioids. Like xylazine, they’re often added to other drugs — and users don’t always know they’re getting them.

EE. UU. designa al fentanilo adulterado con xilacina como «amenaza emergente»

Funcionarios pasan junto a imágenes de drogas ilegales afuera del Edificio Federal Edward R. Roybal, el jueves 13 de mayo de 2021 en Los Ángeles, EE. UU. (Foto: VOA)

La administración del presidente Joe Biden continúa su lucha contra lo que llama «crisis de opioides», causantes de cientos de muertes por sobredosis de drogas en el país.

El gobierno de Estados Unidos ha declarado como «emergencia emergente» al fentanilo adulterado con xilacina, un tranquilizante no opioide de uso veterinario, asociado de manera creciente con muertes por sobredosis en el país, informó este miércoles la Casa Blanca.

La designación se produce «después de una cuidadosa revisión del impacto de la xilacina en la crisis de los opioides, incluido su papel cada vez mayor en las muertes por sobredosis en todas las regiones de EE. UU.», detalla el comunicado.

La administración del presidente Joe Biden anunció este martes una nueva estrategia en la lucha contra el fentanilo, dentro de la que está tomando pasos cada vez más firmes para identificar y cerrar lagunas legales sobre las clasificaciones de las drogas como sustancias prohibidas.

“Como médico, estoy profundamente preocupado por el impacto devastador de la combinación de fentanilo y xilazina, y como asesor de políticas de drogas del presidente Biden, estoy inmensamente preocupado por lo que significa esta amenaza para la nación”, dijo el director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca, el doctor Rahul Gupta.

En el comunicado, el doctor Gupta explicó que este elevado riesgo es lo que ha llevado a la administración a utilizar «esta autoridad de designación por primera vez desde que se aprobó en el Congreso en 2018».

“Al declarar la combinación de xilacina con fentanilo como una amenaza emergente, estamos siendo proactivos en nuestro enfoque para salvar vidas y crear nuevas herramientas para funcionarios de salud pública y seguridad pública y comunidades en todo el país», indicó el director del ONDCP.

Según datos de la Administración de Control de Drogas (DEA), entre 2020 y 2021, las muertes por sobredosis de xilacina positiva aumentaron un 1.127 % en el sur estadounidense, un 750 % en el oeste, más del 500 % en el medio oeste y más del 100 % en el noreste.

La Casa Blanca afirma que «si bien las cifras nacionales de muertes por sobredosis se han nivelado o disminuido durante siete meses consecutivos, la xilacina está complicando los esfuerzos para revertir las sobredosis de opioides con naloxona y amenaza el progreso que se está logrando para salvar vidas y abordar la crisis de los opioides».

Tras la declaración pública de hoy, Washington tomará medidas para publicar una respuesta de todo el gobierno que incluirá trabajo sobre pruebas de xilacina, tratamiento y protocolos de atención de apoyo, sistemas de datos completos, estrategias para reducir el suministro ilícito e investigación rápida sobre las interacciones entre xilacina y fentanilo.

«A los padres, seres queridos, líderes comunitarios y aquellos afectados por el uso de xilacina: quiero que sepan que la ayuda está en camino”, aseguró el doctor Gupta.

Bajan 4,06 % ventas de vehículos en Puerto Rico en marzo de 2023 ante 2022

Archivo. EFE/EPA/ANDY RAIN

Las ventas de vehículos en Puerto Rico en marzo pasado disminuyeron un 4,06 % en comparación con el mismo mes en 2022, informó este miércoles el Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA), organización que representa la industria automotriz local.

Así, el mes de marzo finalizó con un total de 10.732 unidades vendidas en Puerto Rico, en contraste con las de ese mismo mes el año pasado con 11.186, lo que representa una disminución de 4,06 %, explicó GUIA en un comunicado de prensa.

Varios de los segmentos que obtuvieron un impacto negativo en el mes fue el de deportivos, con una disminución en comparación con el mismo mes el pasado año de 46,58 %, seguido por el de pickups compactos (-40,56 %); los sedanes sub-compactos (-39,88 %), y los sedanes compactos, con una disminución de 38,82 %.

Sin embargo, el segmento de vanes comerciales tuvo un aumento de un 509,30 %, seguido por el de SUV full size con una subida de 113,04 %.

El acumulado del primer trimestre asciende a 29.546 unidades, reflejando una brecha de – 9,67 % contra las 32.710 unidades vendidas en el mismo periodo del año anterior.

«La industria sigue experimentando inestabilidad de inventario, pero ya reflejando algunas mejorías en comparación el pasado año, y con una visibilidad de recuperación leve de cara al próximo trimestre del año», dijo José R. Ordeix, presidente de GUIA, en un comunicado de prensa.

GUIA es una organización independiente, sin fines de lucro, que se creó en 2006 con el fin de atender asuntos que atañen directamente a la industria automotriz, así como asuntos relacionados a la economía general de Puerto Rico.

La actriz Amanda Bynes dada de alta tras semanas en un hospital psiquiátrico

Fotografía de archivo de la actriz estadounidense Amanda Bynes. EFE/PAUL BUCK

La actriz Amanda Bynes abandonó este martes el hospital psiquiátrico del sur de California (EE. UU.) en el que había sido ingresada el mes pasado debido a una nueva recaída en los problemas de salud mental que lleva sufriendo en los últimos años.

Tras el alta hospitalaria, la exactriz infantil, de 37 años, continuará recibiendo atención ambulatoria para evitar una eventual recaída, informó este miércoles la cadena NBC News, que citó fuentes cercanas a la artista.

Amanda «no ha estado en contacto con su familia durante bastante tiempo”, dijo la fuente de NBC News cuando la cadena de televisión informó el pasado 20 de marzo de que la estrella de las películas «Easy A» o «Hairspray» se encontraba ingresada en el psiquiátrico.

El medio especializado TMZ informó de que Amanda Bynes fue hospitalizada después de que el mes pasado fuese vista cerca del centro de Los Ángeles deambulando desnuda por las calles, temprano en la mañana, y de que pidiese ayuda a un conductor al que dijo que estaba sufriendo un brote psicótico, quien llamó a la policía.

Según TMZ, la actriz vivirá en su propia casa, como estaba antes de la hospitalización, y mantendrá gran parte de la independencia que consiguió tras nueve años de tutela.

La actriz ya había sido hospitalizada hace casi un año después de que un juez la liberase del fallo por el cual desde 2013 su patrimonio, calculado en unos 6 millones de dólares, era gestionado por un fideicomiso. Su padre, Rick Bynes, que había sido nombrado fideicomisario, y su madre, Lynn, que estaba a cargo de los asuntos médicos y personales de su hija, apoyaron la petición de la exestrella infantil de recuperar la tutela de sus bienes.

La joven actriz ha tenido problemas de consumo de drogas, que ella misma reconoció en una entrevista con la revista Paper en 2018.

Bynes alcanzó el estrellato siendo muy joven en series para el público infantil y juvenil como «The Amanda Show», «All That» o «What I Like About You».

Dio el salto al cine con películas como «Big Fat Liar» (2002), «What a Girl Wants» (2003), «Lovewrecked» (2005), «She’s the Man» (2006) o «Hairspray» (2007), pero en 2010 anunció que a sus 24 años se retiraba del mundo de la actuación.

Desde entonces ha pasado por dificultades de diverso tipo desde problemas con la ley a crisis de salud mental y de adicciones.

NPR se sale de Twitter por aviso “financiado por gobierno”

El logo de Twitter en la sede de la empresa en San Francisco, el 8 de diciembre de 2022. (Foto AP /Jeff Chiu)

La Radio Pública Nacional (NPR) se salió de Twitter luego de la decisión de esa red social propiedad de Elon Musk de colocarle etiquetas que, según la emisora, vulneran su credibilidad.

“Las cuentas corporativas de NPR ya no estarán disponibles en Twitter debido a que esa plataforma está tomando acciones que vulneran nuestra credibilidad al implicar falsamente que no somos editorialmente independientes”, declaró la emisora en un comunicado el miércoles.

La semana pasada, Twitter empezó a colocarle a la cuenta corporativa de NPR la etiqueta de “medio de comunicación estatal”, símbolo también usado para identificar a medios controlados o muy influenciados por regímenes autoritarios. Twitter luego cambió el aviso a “medio financiado por gobierno” y se lo dio también a la BBC.

“No vamos a ofrecer nuestro periodismo en plataformas que han demostrado un interés por socavar nuestra credibilidad y la comprensión del público de nuestra independencia editorial”, dice la declaración de NPR.

La jefa de comunicaciones de NPR, Isabel Lara, dijo en un email que “los periodistas de NPR y sus empleados decidirán por su cuenta si desean permanecer en la plataforma, igual que las emisoras miembro de NPR, ya que son independientes”.

NPR sí recibe fondos del gobierno estadounidense a través de subsidios a agencias y departamentos federales, así como de la Corporation for Public Broadcasting. Pero ese dinero es menos del 1% del presupuesto de la emisora, según la compañía.

Editorial Roundup: Pennsylvania

storm

LNP/LancasterOnline. April 9, 2023

Editorial: U.S. Sen. Fetterman’s transparency about his mental health issues will do a lot of good

Fetterman’s Senate campaign staff was not very transparent about the stroke that took him off the campaign trail for much of last summer.

His detailed medical records were not released. Voters didn’t learn about the lingering auditory processing issues caused by the stroke until September.

The former lieutenant governor has chosen a different — much more candid — approach regarding his mental health struggles.

When he checked himself into Walter Reed, his chief of staff revealed in a statement that Fetterman had “experienced depression off and on throughout his life,” but it had become “severe in recent weeks.”

And the news release about his discharge from Walter Reed noted the use of medication therapies to treat his depression. It also noted his improved mood, “brighter affect and improved motivation, self-attitude, and engagement with others” as those and other therapies began to have an effect.

We learned that Fetterman had “expressed a firm commitment to treatment over the long term.”

We also learned that hearing tests had identified Fetterman’s significant hearing loss and that he was fitted with hearing aids. This revelation was in itself a public service. Research has shown that hearing loss can increase a person’s risk of developing a mental health disorder such as depression. And men, in particular, often are unwilling to wear hearing aids.

In the statement, Fetterman expressed gratitude to his treatment team at Walter Reed. “The care they provided changed my life. … I want everyone to know that depression is treatable, and treatment works. This isn’t about politics — right now there are people who are suffering with depression in red counties and blue counties. If you need help, please get help.”

This transparency may do more good than any legislation Fetterman ever will see passed in the Senate.

According to Johns Hopkins Medicine, an estimated 26% of Americans ages 18 and older — about 1 in 4 adults — suffers from a diagnosable mental health disorder in a given year.

More than half of adults with a mental illness do not receive treatment, and nearly 60% of youths with major depression do not receive any mental health treatment, Mental Health America tells us. While mental health disorders are common, they are often not diagnosed; this leads to the kind of quiet despair with which Fetterman wrestled for years.

As was widely reported in articles about Fetterman, depression affects about a third of stroke survivors. Now, hopefully, more family members of stroke victims will know to watch carefully for signs of depression in their loved ones.

A previous history of depression — which Fetterman had — is a predictor of post-stroke depression, Dr. Nada El Husseini, an associate professor of neurology at Duke University, told the American Heart Association.

Research has shown that men often are reluctant to seek treatment for mental health disorders, including major depression.

According to Mental Health America, more than 6 million men in the United States suffer depression each year, but male depression often goes undiagnosed, and men often downplay their symptoms. Social norms — including the expectation that they should just “man up” — discourage men from seeking help.

Fetterman has dispelled the notion that men should shoulder their mental health burdens silently.

He’s not the first to have done so, of course. Actor Dwayne (“The Rock”) Johnson publicly disclosed his mental health struggles several years ago, and tweeted in April 2018 that “depression never discriminates. Took me a long time to realize it but the key is to not be afraid to open up. Especially us dudes have a tendency to keep it in. You’re not alone.”

But Fetterman’s candor, especially in an interview with CBS “Sunday Morning” anchor Jane Pauley last Sunday, has been impressive.

He revealed that in the weeks after his election to the Senate, he had “stopped leaving my bed. I had stopped eating. I was dropping weight. I had stopped engaging some of the, most things that I love in my life.” Including family time.

He recalled an “incredibly sad moment” when his 14-year-old son couldn’t understand why he wouldn’t get out of bed. He spoke emotionally of his sadness at checking himself into Walter Reed on that son’s birthday. He wasn’t harming himself, but he said he felt “indifferent” to living.

Now, after treatment, he told Pauley, he feels hopeful for “the first time. … It’s a strange feeling for me to have.”

We wish everyone experiencing mental health issues had access to the intensive inpatient treatment Fetterman, as a senator, received at Walter Reed. We hope Fetterman takes that on as a legislative goal.

In the meantime, help is available, so please seek it if you need it.

If your employer has an employee assistance program, be assured that it is against federal law for that program to disclose to your employer any information you share, unless you give your signed consent.

If your employer does not have an employee assistance program, Mental Health America of Lancaster County may be able to help. Call 717-397-7461 or email mha@mhalancaster.org for information. The Steinman Foundation has worked with that nonprofit to provide mental health services to families in Lancaster County since the pandemic. (The Steinman Foundation is a local, independent family foundation that was funded by the companies that make up Steinman Communications; those companies include LNP Media Group.)

Also, the Touchstone Foundation offers assistance toward copays or deductibles on mental health services for youth, children and parents of dependent children who live in Lancaster County and have financial need. The Steinman Foundation also provides funding for that program. Learn more at touchstonefound.org or by calling 717-397-8722.

Resources also may be available to you through the county’s mental health program; call 717-393-0421.

And please know that there is absolutely no shame in seeking mental health treatment.

GET HELP

This editorial mentions mental health issues. If you or someone you know is in crisis and needs immediate help, contact the following organizations:

— National Suicide Prevention Lifeline, suicidepreventionlifeline.org, 800-273-8255. (Also, 988 has launched nationally as the new three-digit dialing code that will route callers to the National Suicide Prevention Lifeline.)

— Those who are deaf or hard of hearing can contact the National Suicide Prevention Lifeline via TTY at 800-799-4889.

— Lancaster Crisis Intervention, 717-394-2631.

— If you are LGBTQ: thetrevorproject.org/get-help.


Pittsburgh Post-Gazette. April 8, 2023

Editorial: Drop death penalty: Lengthy trial, appeals of synagogue mass shooter would delay justice and traumatize survivors

The U.S. Department of Justice should respect the wishes of some of the survivors of the mass shooting at a Squirrel Hill synagogue and withdraw its request for the death penalty. A death-penalty trial for the Oct. 27, 2018, massacre of 11 Jewish worshipers would delay justice and drag congregants and their community through years of anguish.

In securing a death-penalty conviction and defending it on appeals, the government would, in effect, re-enact the worst case of anti-Semitic violence in U.S. history through witness testimony, media coverage and appeals that could continue for up to 20 years.

Congregation Dor Hadash has urged U.S. Attorney General Merrick Garland to abandon the government’s quest for the death penalty and accept a plea deal for a mandatory life sentence, including an agreement with defense attorneys that the accused 50-year-old killer would waive his right to appeals. For the government to disregard the yearning of congregants to heal in peace would be callous and cruel, and violate the sacred tenets of the faith that has sustained them.

Justice has already been delayed for too long. The trial is scheduled to start with jury selection on April 24, four and a half years after the murders. Some delays were unavoidable, such as the retirement of U.S. Judge Donetta Ambrose in 2022. Now, however, the chief impediment to a timely salve of justice is the Justice Department’s unreasonable demand for the death penalty.

Death-penalty trials require more expert witnesses, investigations and evaluations. They contain automatic rights to appeal. Jury selection is more complex. These and other procedural protections apply to all defendants in capital cases. Without them, innocent people would die. Since the United States re-instated the death penalty in 1976, more than 180 death-row prisoners have been exonerated due to wrongful convictions, including 11 in Pennsylvania.

Death penalty arbitrary

The government’s call for the death penalty in the case of the Pittsburgh synagogue shooter is arbitrary and immoral. During the 2020 campaign, President Joe Biden pledged to end the federal death penalty, and his Justice Department has not sought it in cases similar to the murders at Tree of Life synagogue. In January, for example, federal prosecutors did not seek the death penalty for a man accused of killing 23 people in a racist attack at a Texas Walmart in 2019.

Even the most ardent supporters of a federal death penalty would agree that it needs to be applied with consistent standards. The U.S. Justice Department has none. Mr. Biden’s call for ending the federal death penalty now appears to have been nothing more than a campaign tactic to shore up support among progressive Democrats.

Capital punishment, a futile and medieval cry for vengeance, is on its way out. Given the practical, moral, economic and social problems with the death penalty, seven states have abolished it since 2009, bringing the total number of states without a death penalty to 23.

Pennsylvania has a death-penalty statute, but the state placed a moratorium on executions in 2015. In February, newly elected Gov. Josh Shapiro, a former death penalty supporter, called on state legislators to abolish the death penalty. In doing so, he cited, among other events, his conversations with the Jewish survivors of the mass shooting in Pittsburgh who opposed the death penalty.

Agonizing publicity

A high-profile trial would give the accused killer a sickening notoriety that would unleash extraordinary pain. In a March 18 editorial on the 10.27 Healing Partnership at the Jewish Community Center of Greater Pittsburgh, sources asked the newspaper’s editorial page editor to omit the name of the accused shooter to avoid sensationalizing, promoting or validating him. (The newspaper did not name the shooter and has not done so here.) Given that level of sensitivity to any notoriety given the shooter, the government should consider the effects on the victims from the overwhelming publicity of a sensational and lengthy death-penalty trial.

For the sake of those who have suffered most, we beg the Justice Department to withdraw its call for the death penalty. Far better that it accept a plea deal for a mandatory life sentence and let the accused killer languish in an anonymous cell for the remainder of his days. If he ever grows a conscience — and he might — the enormity of his deeds will curse his every breath and confine him to a living hell, far worse than any death sentence.


Pittsburgh Tribune-Review. April 8, 2023

Editorial: Pa. Legislature should see Tennessee expulsions as cautionary tale

The Pennsylvania Legislature is no stranger to dissension.

The state isn’t Democratic or Republican, after all. It isn’t even a muddled, muted purple. It is a patchwork of red and blue by county and city. That pattern is repeated in the House and Senate chambers.

And that can lead to mulish opposition. It can mean obstinate obstruction. It can even result in explosive outbursts during legislative sessions.

That has happened more than once in Harrisburg.

In June 2019, state Sen. Katie Muth, D-Montgomery County, continued to loudly read a constituent’s letter over the objections of then-Senate Majority Leader Jake Corman, who shouted his protests to then-Lt. Gov. John Fetterman. That ugly and chaotic exchange made national news.

On Jan. 5, 2021, another outburst came when Fetterman and Corman clashed over the seating of Jim Brewster when now-Westmoreland County District Attorney Nicole Ziccarelli was contesting the vote count in their close race for the 45th District.

But in Tennessee on Thursday, three Democratic House members were put up for expulsion, charged with participating in a “disorderly” demonstration with throngs of young protesters in the wake of The Covenant School shooting in Nashville. Two of them — the two youngest members of the House, both men of color — were voted out. The third — a white woman and former teacher — survived by one vote.

If there wasn’t already dissension between left and right in Tennessee, between guns, abortion and LGBTQ issues, this has pushed the idea of not just fighting political opposition but kicking them out of the conversation. The GOP lawmakers insist the move was just about rules of decorum, not debate.

Now, there are questions about whether what happened in that state House could spread to others.

Pennsylvania has removed lawmakers in the past — rarely. However, when it has happened, it has generally been because of criminal activity. We should all agree that is appropriate.

But the Keystone State should never be ashamed of having differing opinions. It should never seek to squelch the thoughts of the other side.

Our government is built on not just the representation of the people but also on the exchange, development and full-throated debate of ideas. It makes the laws better and the state better. It even makes the parties better.

We don’t want shouting matches and disrespect. We don’t want disregard of the rules. But the rules encourage everyone having a say and everyone participating in the process. The Pennsylvania Legislature — and every government body in the state — should watch what happened in Tennessee and resolve to be better.


Uniontown Herald-Standard. April 9, 2023

Editorial: Non-compete agreements should be eliminated

A couple of years ago, state Sen. Camera Bartolotta was championing a measure that would do away with noncompete agreements for individuals who work in radio or television in Pennsylvania. The Carroll Township Republican believed that career opportunities and wage growth are stifled when on-air or production personnel are tethered to one outlet or one market for a fixed period of time after a job ends.

The bill made a lot of sense. But the whole idea needs to be taken a step further — workers in all industries in all states should not be locked into noncompete agreements.

That could very well happen if a new rule being considered by the Federal Trade Commission (FTC) takes effect. The FTC announced the proposed change in January and public comment is being taken through April 19. The agency argues that doing away with unfair deals that prevent employees from moving on to greener pastures will jump-start wage growth, mobility and opportunity. It’s a solid argument, but it’s also a matter of fundamental fairness: In a free-market economy, where most employees offer their skills, time and labor to an employer, they should be able to make their services available to someone else offering better compensation or conditions.

After all, most employers have the right to hire and fire at will. Brendan Lynch, an employment attorney at Community Legal Services of Philadelphia, put it this way in the Pennsylvania Capital-Star: “The one benefit to workers for at-will employment is the freedom to leave a job and seek work anywhere else. The huge increase in noncompetes takes away even that illusion of parity: workers can be fired at any time, without cause, but new jobs in their fields are off- limits.”

Proponents of noncompete agreements say they have invested time and money in training and talent, and don’t want to see it poached. But rather than being confined to industries like software engineering or sales, where employers might have a legitimate desire to hold onto their trade secrets, noncompete agreements have been used for hairdressers, janitors, nurses, veterinarians, warehouse workers and fast-food workers. Of the 18% of U.S. workers who are subject to noncompete agreements, 30% work for less than $13 per hour. The FTC has estimated that noncompete clauses prevent 30 million American workers from putting $300 billion in their wallets.

A better course of action for employers would be to use or strengthen nondisclosure agreements, rather than put employees in a position where they could be penalized if they seek work in the same field elsewhere.

Also, according to Silas Russell, the political director of SEIU Healthcare Pennsylvania, “The best way for an employer to keep a worker is to offer wages and benefits those workers deserve, not threaten to sue them for seeking a better opportunity.”


Wilkes Barre Citizens’ Voice. April 10, 2023

Editorial: State policy penalizes working class

Pennsylvania lawmakers regularly give away the store to wealthy interests. The theory is that it’s necessary to compete with neighboring states for development that benefits everyone through economic activity and job creation.

Perhaps the flagship example is the $6 billion Shell petrochemical refinery in Beaver County that the state government has subsidized with a record $1.7 billion in tax credits.

If that model works, though, lawmakers need to explain the finding by the government’s nonpartisan Independent Fiscal Office that low-income Pennsylvania workers are paid less and taxed more than their counterparts in surrounding states.

That flows from state policy. Pennsylvania is the only state in the Northeast that continues to cling to the $7.25 hourly minimum wage that Congress implemented in 2009. New Jersey’s hourly minimum wage is $14 and New York’s is $15. And a New York Federal Reserve study conducted several years ago demonstrated that the higher New York wage has not adversely affected businesses in New York that border Pennsylvania.

Pandemic-induced labor shortages have put upward pressure on wages, but the higher minimums elsewhere mean that thousands of Pennsylvanians still work for much less than their counterparts with comparable jobs in surrounding states.

And the state government, which has begun a multi-year plan to reduce the corporate net income tax by more than 50%, from 9.99% to 4.9%, continues to maintain a flat personal income tax rate that penalizes low-income workers.

The flat personal income tax rate is 3.07%, which is toward the lower end of the range among the 43 states and the District of Columbia that impose such taxes. But because the Pennsylvania rate is flat, the effective tax rate for working class people in New York, New Jersey, Delaware, Maryland, West Virginia and Ohio is lower, according to the IFO.

Democratic state Sen. Art Haywood of Montgomery County asked for the study. As he put it, “Pennsylvania punishes those earning under $30,000 with the highest taxes and lowest minimum wage.”

Lawmakers compound that injustice by failing to fairly fund public schools and badly shortchanging higher education.

When pondering economic policy, legislators need to include a bottom-up perspective before relentlessly passing incentives from the top, down.

END