El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley para dejar de considerar la covid-19 una emergencia nacional.
La norma ya fue aprobada en la Cámara de Representantes, por lo que ahora irá a la mesa del presidente estadounidense, Joe Biden, para que la firme.
Aunque Biden había amenazado con vetar una resolución similar en el pasado, este miércoles aseguró que no se opondrá a la medida, según el medio The Hill.
La Casa Blanca ya había anunciado que a partir del 11 de mayo dejaría de considerar la pandemia una emergencia nacional, lo que implica que el Gobierno pasará a tratar la covid como una enfermedad endémica.
Entonces, la Administración argumentó que este período de gracia hasta mayo evitaría el «caos e incertidumbre en el sistema sanitario» que se produciría de prosperar la iniciativa para poner fin a la emergencia nacional, introducida inicialmente por los republicanos y aprobada hoy en el Senado con apoyo bipartidista.
En diciembre el Congreso ya determinó que las medidas adicionales que formaban parte de la declaración de emergencia, como la financiación adicional para los estados, se irían desmantelando poco a poco.
El director regional de Unicef Garry Conille (i), la directora regional de Save the Children Claudia Uribe (c) y la directora de la oficina regional de Educación de la Unesco Victoria Ward participan en el lanzamiento de la campaña regional "Educación sin límites" hoy, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Carlos Lemos
Ciudad de Panamá.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que más de 3,7 millones de infantes y adolescentes en América Latina y el Caribe corren el riesgo de no recibir educación por ser refugiados o migrantes, dijo este miércoles Garry Conille, director regional del organismo de Naciones Unidas.
«Más de 3,7 millones de niñas, niños y adolescentes en movilidad y forzados a desplazarse, se encuentran en riesgo de exclusión educativa» de acuerdo con estimaciones recientes de Unicef, señaló Conelly en la capital panameña durante el lanzamiento de la campaña regional «Educación sin límites», que aboga por la inclusión educativa de los niños y niñas migrantes.
Conille, exprimer ministro de Haití, resaltó que esta cifra «es el equivalente a más o menos toda la población de Panamá que pudieran no estar asistiendo a la escuela o que si asisten aprenden muy poco».
Reiteró en ese sentido que «son millones y millones que no tienen esta oportunidad, millones y millones de niños y niñas invisibles, silenciosos, que lamentablemente se quedan sin educación, o que aprenden muy poco, por su condición de refugiados y migrantes».
Además, Conille lamentó que América Latina y el Caribe también esté fallando «en calidad y acceso a la educación, ya que, afirmó, «la gran mayoría de niños de menos de diez años en la región no comprenden lo que leen», citando un informe reciente de Unicef, Unesco y el Banco Mundial (BM).
Esta situación se concentra mayormente entre la población de niñas y niños indígenas y los afrodescendientes, así como entre los que viven con discapacidad y los infantes y adolescentes refugiados y migrantes, que igualmente enfrentan «violencia, xenofobia, falta de cupos educativos, trámites complejos en los países destino y falta de medios económicos para seguir estudiando», apuntó.
Conille alertó que la exclusión educativa de la niñez en movilidad puede aumentar en «cuestión de años», y también «la mano de obra no calificada, el desempleo, la criminalidad y la inmigración forzada e irregular en busca de mejores oportunidades» de vida.
Por ello, el director regional de Unicef destacó la importancia de la campaña presentada hoy porque, afirmó, con acciones inclusivas e integradoras como las que promueve «se puede cambiar la vida de millones de niños y niñas, y, por lo tanto, el rumbo de la región».
La campaña «Educación sin límites», lanzada este miércoles en Panamá es liderada por la ONG Save the Children, en conjunto con Unicef, la Plataforma de Coordinación Intergencial para Refugiados y Migrantes, Plan Internacional y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO).
Esta iniciativa parte de la premisa de una «educación más allá de las fronteras» en el sentido de que «el derecho a la educación debe garantizarse sin importar la condición migratoria y ciudadana de las niñas, niños y adolescentes», según sus principios generales.
«Es una campaña para sensibilizar a Gobiernos, a los tomadores de decisiones y al público de que hay una población en movilidad humana de niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso a la escuela», dijo a EFE Victoria Ward, directora regional para América Latina y el Caribe de Save the Children.
Ward indicó que si bien hay Gobiernos que lo están reconociendo y tratando de dar acceso educativo a los infantes y los adolescentes en movilidad, todavía «hay muchas barreras de discriminación, de xenofobia, y (otras) barreras puramente técnicas y burocráticas»
«Entonces tiene que haber un esfuerzo muy fuerte y ampliado, para asegurar que la niñez tenga el derecho a la educación», dijo Ward, quien remarcó que si no se tiene acceso a la escuela para la niñez en movilidad se tendrá una generación de niños, niñas y adolescentes que «estarán perdidos sin la posibilidad de contribuir a la sociedad y de tener vidas más felices».
Juan Camilo Pinzón, especialista regional de Educación de UNICEF, dijo a EFE que la expectativa que se tiene con esta campaña es la de que muestre que la educación es «un derecho universal que debe cumplirse sin importar el lugar en el mundo en donde se encuentren las niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad».
«Esperamos ver un efecto positivo en la inclusión y matrícula» de niños y niñas migrantes y refugiados, visibilizando la crisis educativa que viven, promoviendo su acceso y permanencia educativa, dando a conocer sus beneficios y también informando a las comunidades de acogida sobre los recursos y mecanismos disponibles para su continuidad educativa, expresó Pinzón.
Fotografía de archivo de personas que caminan por la calle San Sebastián, el 25 de enero de 2023, en el Viejo San Juan (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) informó este jueves que en un periodo de dos años, desde 2020 a 2022, la isla sufrió una baja de 2 % en su población, estimándose en 64.000 habitantes.
Así lo indican los estimados poblacionales al mes de julio de 2022 en comparación con el mismo mes en 2020, de acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos y dado por el IEPR en un comunicado de prensa.
Estas estadísticas hacen referencia al 1 de julio de 2022 e incluyen los estimados de la población total para cada municipio y el cambio poblacional en la década en curso, explicó el IEPR en la nota.
En comparación con el Censo Decenal 2020 con fecha de referencia al 1 de abril de 2020, frente al año más reciente disponible, 1 de julio de 2022, los estimados indican que los cambios en la población de residentes en los municipios oscilaron entre 0,8 a -7,2 %.
El 99 % de los 78 municipios que compone Puerto Rico sufrió una baja en su población. Solo el municipio de Rincón, en la costa noroeste, logró un leve incremento, de un 0,8 %.
Mientras, unos 15 municipios reflejaron una reducción estimada mayor al 3 % en el periodo comparado.
Los cinco municipios con mayores porcentajes de disminución poblacional fueron Guánica (-7,2 %), Loíza (-4,4 %), Guayanilla (-4 %), Ponce (-3,9 %) y Maricao (-3,8 %).
Cuatro de los cinco municipios están localizados en el sur y oeste de Puerto Rico, y Loíza, por su parte, en el noreste.
Asimismo, los cinco municipios con menores porcentajes de disminución poblacional fueron Barranquitas (-0,1 %), Naranjito (-0,1 %), Aibonito (-0,3 %), Isabela (-0,4 %) y Moca (-0,5 %).
Los primeros tres municipios están localizados en la zona central (Barranquitas, Naranjito y Aibonito) y los últimos dos (Isabela y Moca) en la zona oeste de Puerto Rico.
Ante todos estos datos, el gerente sénior de Proyectos Estadísticos del IEPR, Alberto Velázquez Estrada, aseguró que «el patrón de los estimados poblacionales continúa mostrando la tendencia a decrecer».
Puerto Rico, además, se aproxima a cumplir dos décadas -desde 2005- «de ser una población residente cada vez más pequeña pero de composición demográfica distinta».
Pittsburgh Police and paramedics respond to Pittsburgh Central Catholic High School for what turned out to be a hoax report of an active shooter, on Wednesday, March 29, 2023 in the Oakland neighborhood of Pittsburgh. (Photo: AP/Gene J. Puskar)
A spate of threats and false reports of shooters have been pouring into schools and colleges across the country for months, raising concerns among law enforcement and elected leaders.
Schools in Pennsylvania were the latest targeted by so-called swatting. Computer-generated calls on Wednesday made claims about active shooters, but it was all a hoax. One day earlier, nearly 30 Massachusetts schools received fake threats.
School officials are already on edge amid a backdrop of deadly school shootings, the latest Monday at a Christian school in Nashville.
Here is a look at the issues involved:
WHAT IS SWATTING?
Hundreds of cases of swatting occur annually, with some using caller ID spoofing to disguise their number. The goal is to get authorities, particularly a SWAT team, to respond to an address.
An FBI official said in November that they believe the wave of false threats focused on schools may be coming from outside of the country.
Officials said at the time that they had identified calls to about 250 colleges, 100 high schools and several junior high schools just since early June falsely reporting explosive devices being planted at the schools or saying that a shooting was imminent.
The FBI didn’t immediately respond to emails Wednesday from The Associated Press seeking comment, but the threats have continued to accumulate in recent months.
Pittsburgh Police respond to Pittsburgh Central Catholic High School for what turned out to be a hoax report of an active shooter, on Wednesday, March 29, 2023 in the Oakland neighborhood of Pittsburgh. (Photo: AP/Gene J. Puskar)
WHERE ARE SWATTING CALLS HAPPENING?
Few regions of the country have been spared from such calls and the disruptions they cause.
The false calls Wednesday in Pennsylvania led to lockdowns or evacuations in several counties, according to state police. Law enforcement had to take each one seriously no matter how dubious it seemed.
Police in Pittsburgh, for instance, searched every room at Central Catholic High School, even after getting word that a report of people being hurt inside wasn’t true within a minute, said Thomas Stangrecki, the interim police chief.
“We treated it as a real incident,” Stangrecki said. Another threat at a nearby Catholic school had worried parents gathered outside.
In Iowa, so many schools were targeted earlier this month that Gov. Kim Reynolds complained at a news conference about the toll it was taking to confirm the terror-inducing calls are fake.
“It’s what no governor, it’s what no parent or anybody — superintendent, teachers, kids — want to hear,” Reynolds said. “And we’re grateful and just so thankful that is what it was.”
And in Minnesota, the state’s Bureau of Criminal Apprehension issued a warning last month after fake calls forced eight schools into lockdown over two days.
Pittsburgh Police and paramedics respond to Pittsburgh Central Catholic High School for what turned out to be a hoax report of an active shooter, on Wednesday, March 29, 2023 in the Oakland neighborhood of Pittsburgh. (Photo: AP/Gene J. Puskar)
DO FAKE THREATS HINDER RESPONSE TO REAL SHOOTINGS?
Authorities are grappling with the false alarms in a country where mass shooters have killed hundreds of people throughout history. Shooters have attacked in places like stores, theaters and workplaces, but it is in schools and colleges where the carnage reverberates perhaps most keenly.
At U.S. schools and colleges, 175 people have been killed in 15 mass shootings that resulted in the deaths of four or more people, not including the perpetrator — from 1999′s Columbine High School massacre to Monday’s shooting in Nashville, Tennessee. That’s according to a database compiled by The Associated Press, USA Today and Northeastern University, in addition to other AP reporting.
Pittsburgh Police and paramedics respond to Pittsburgh Central Catholic High School for what turned out to be a hoax report of an active shooter, on Wednesday, March 29, 2023 in the Oakland neighborhood of Pittsburgh. (Photo: AP/Gene J. Puskar)
DO EVEN FALSE THREATS POSE A RISK?
Such calls have proven dangerous and even outright deadly.
In 2017, a police officer in Wichita, Kansas, shot and killed a man while responding to a hoax emergency call. Just this month, the city agreed to pay $5 million to settle a lawsuit, with the money to go to the two children of 28-year-old Andrew Finch.
The hoax call that led to his death began as a feud between two online gamers. One of the gamers recruited Tyler Barriss to “swat” the other gamer. But the address used was old, leading police to Finch, who was not involved in the dispute or playing the video game.
Barriss was sentenced to 20 years in federal prison, while the other two gamers were sentenced to 15- and 18-month terms.
Police in Maryland also shot a 20-year-old Maryland man in the face with rubber bullets after a fake hostage situation was reported at his home.
The FBI in Pittsburgh nodded to the risk, noting in a statement about the school threat cases that it “takes swatting very seriously because it puts innocent people at risk.”
Ana Marina López, esposa del migrante guatemalteco Bacilio Sutuj Saravia, una de las víctimas de un incendio en un centro de detención de migrantes en México, llora durante una entrevista en su casa en San Martín Jilotepeque, Guatemala, el miércoles 29 de marzo de 2023. El gobierno mexicano ha publicado una lista de víctimas que no especifica si se encuentran entre los 39 muertos o las más de dos docenas de heridas. (Foto: AP/Moisés Castillo)
La última vez que Ana Marina López supo de su marido, el migrante guatemalteco de 51 años dijo a su familia que había sido detenido por agentes mexicanos de inmigración en la frontera entre México y Estados Unidos.
Eso fue dos días antes de que un incendio en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez se cobrara al menos 39 vidas y dejara más de dos docenas de heridos.
Su nombre apareció más tarde en una lista del gobierno de víctimas del fuego, que no especificaba si estaba entre los muertos o los hospitalizados. Eso ha dejado a López y sus hija, en su pequeña localidad de Guatemala, aferradas a la esperanza de que pueda seguir vivo.
Y no son las únicas.
Mientras las imágenes del devastador incendio acaparaban los noticieros y medios sociales, familias repartidas por América sufren la agonía de esperar noticias de sus seres queridos. El dolor y la incertidumbre de los familiares subraya cómo los efectos de la migración se extienden mucho más allá de las personas que se embarcan en el peligroso viaje al norte, tocando las vidas de gente en toda la región.
En Juárez, México, una mujer venezolana esperaba noticias de su hermano, sedado e intubado en un hospital. En Honduras, varias familias vieron conmocionadas los videos de guardias que huían de la creciente humareda y las llamas en el centro migratorio.
Y en Guatemala, López sostenía una fotografía de su esposo con un sombrero vaquero, sin saber si estaba vivo o muerto.
“No puede pasar así. Ellos son personas, son humanos”, dijo. «Yo lo que pido es justicia, que ellos no son animales para que los traten así”.
Se sabía poco sobre la causa del incendio del lunes, y las autoridades investigaban a ocho personas, incluido un migrante, que podrían haberlo iniciado.
Cuando el esposo de López, Bacilio Sutuj Saravia, salió en su viaje al norte a mediados de marzo, le dijo que iría a México por turismo. Sutuj, que gestionaba un pequeño negocio de transportes con dos camionetas, espero hasta estar en México para decirle que su intención era cruzar a Estados Unidos para ver a su hija y dos hijos.
Una foto enmarcada del migrante guatemalteco Bacilio Sutuj Saravia, una de las víctimas de un incendio en un centro de detención de migrantes en México, en un banco en la casa familiar en San Martín Jilotepeque, Guatemala, el miércoles 29 de marzo de 2023. El gobierno mexicano ha publicado una lista de víctimas que no especifica si se encuentran entre los 39 muertos o las más de dos docenas de heridos. (Foto: AP/Moisés Castillo)
Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad. Al bajar de un autobús el sábado en la estación de Ciudad Juárez, agentes de inmigración le detuvieron.
López se enteró del incendio por los reportes en televisión. Sus hijos no habían podido contactar con Sutuj tras una breve llamada el sábado diciendo que le habían atrapado.
Ana Marina López, esposa del migrante guatemalteco Bacilio Sutuj Saravia, una de las víctimas de un incendio en un centro de detención de migrantes en México, sostiene una foto de su esposo junto a su hija Silvia, durante una entrevista en San Martín Jilotepeque, Guatemala, el miércoles 29 de marzo de 2023. El gobierno mexicano ha publicado una lista de víctimas que no especifica si se encuentran entre los 39 muertos o las más de dos docenas de heridos. (Foto: AP/Moisés Castillo)
«Que estén las autoridades allí vigilándolos y cuidándolos, no que los dejen encerrados y huyan y (los dejen) calcinando, eso sí me duele”, lamentó López.
En las montañas salpicadas de plantaciones de café en el oeste de Honduras, tres familias horrorizadas por el video de las cámaras de seguridad esperan confirmación sobre el destino de sus hijos. Los tres amigos salieron juntos hacia Estados Unidos desde su pequeña localidad de Protección. Como muchos en esa zona rural, los hombres esperaban trabajar y enviar dinero para mantener a sus familias.
Silvia Sutuj, hija del migrante guatemalteco Bacilio Sutuj Saravia, que estaba en un centro de detención de migrantes en México que sufrió un incendio, es consolada por un vecino en su casa de San Martín Jilotepeque, Guatemala, el miércoles 29 de marzo de 2023. El gobierno mexicano ha publicado una lista de víctimas que no especifica si se encuentran entre los 39 muertos o las más de dos docenas de heridos. (Foto: AP/Moisés Castillo)
Conocieron a un contrabandista en San Pedro Sula, un importante punto de salida en el norte de Honduras, que les llevó a México.
El martes, los nombres de los tres hombres -Dikson Aron Córdova, Edin Josue Umaña and Jesús Adony Alvarado- estaban en la lista de víctimas, sin detalles sobre si seguían con vida.
“Es duro, pues estos golpes, no, son insoportables, aunque uno quiere ser fuerte”, dijo José Córdova Ramos, padre de Córdova, de 30 años. Las familias esperaban a recibir noticias, señaló.
Su preocupación se veía acompañada de indignación al ver cómo los guardias corrieron de las llamas y el denso humo que envolvía con rapidez a los migrantes.
Otro padre encadenaba las preguntas. ¿Quién inició el fuego? ¿Cómo consiguieron algo que prendiera? ¿Acaso un guardia le dio un encendedor a alguien que estaba dentro?
“Ellos no quisieron hacer nada», dijo José Córdova de los guardias.
En Ciudad Juárez, junto a la frontera con Estados Unidas, Stefany Arango Morillo, estudiante de enfermería de 25 años, se quedó con el mismo nudo en el estómago.
Ella y su hermano Stefan Arango Morillo, ambos padres solteros, emigraron en febrero desde su ciudad en el norte de Venezuela, Maracaibo, dejando con su madre a tres niños pequeños entre los dos, con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos.
Stefany Arango Morillo, migrante de Maracaibo, Venezuela, a la derecha, habla con familiares por celular desde un hospital público en Ciudad Juárez, México, el miércoles 29 de marzo de 2023. Arango Morillo les da información sobre su hermano, Stefan Arango Morillo, que sufrió lesiones graves por inhalación de humo cuando estaba internado en un centro de detención de migrantes que se incendió en Ciudad Juárez. (Foto: AP/Morgan Lee)
Los hermanos se sumaron al creciente número de venezolanos que pone rumbo a Estados Unidos y cruzaron siete países en un mes hasta llegar a la ciudad fronteriza mexicana.
Juntos, cada día trataron sin éxito de registrarse en una app para pedir una cita y solicitar asilo en Estados Unidos.
Pero su viaje tuvo un abrupto final el lunes, cuando Stefan fue detenido por las autoridades mexicanas de inmigración y encerrado en el centro que horas más tarde se convertiría en un infierno.
Stefany buscó con desesperación a su hermano de 32 años, temiendo lo peor cuando recibió un mensaje de texto de su celular desde un hospital privado. Estaba vivo, pero sus lesiones por la inhalación de humo le hacía casi imposible hablar.
En el hospital, la salud de Stefan empeoró y el hombre, que aspira a ser profesor de educación física, fue trasladado a la sala de urgencias del hospital con un brote de tos.
Horas más tarde, su hermana se abrió paso en el abarrotado hospital y le dio un beso en la frente poco antes de que le sedaran e intubaran.
“Es muy juguetón, tiene su carácter fuerte”, dijo.
En la sala de espera del hospital, ella lloraba mientras llamaba a su familia en Venezuela para dar la noticias. Pero mientras esperaba, se aferra a la esperanza de poder llevarle de vuelta a casa.
“Esta es como una lección de vida”, dijo Stefany. «Y créame que sé que tengo fe de que mi hermano va a salir de allí y además seguir luchando por nuestro sueño”.
Autos pasan ante el edificio del Servicio Federal de Seguridad en la Plaza Lubyanskaya en Moscú, Rusia, el lunes 24 de julio de 2017. (Foto: AP/Archivo)
La principal agencia de seguridad rusa arrestó a un periodista estadounidense del Wall Street Journal por cargos de espionaje, la primera vez que un corresponsal de Estados Unidos era encarcelado por acusaciones de espionaje desde la Guerra Fría. El diario niega las acusaciones.
Evan Gershkovich fue detenido en la ciudad de Ekaterimburgo, en los Urales, cuando supuestamente intentaba obtener información clasificada, según anunció el jueves el Servicio Federal de Seguridad (FSB), la agencia heredera del KGB.
El servicio alegó que Gershkovich “estaba actuando bajo las órdenes de Estados Unidos para recopilar información sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar-industrial ruso que constituye un secreto de Estado”.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas el miércoles: “No se trata de una sospecha, se trata del hecho de que lo atraparon in fraganti”.
The Wall Street Journal negó “vehementemente las acusaciones del FSB y reclama la liberación inmediata de nuestro confiable y dedicado reportero, Evan Gershkovich”, agregando: “Nos plantamos en solidaridad con Evan y su familia”.
La detención se produjo en medio de agrias tensiones entre Moscú y Washington por la guerra en Ucrania y mientras el Kremlin intensifica su persecución a activistas opositores, periodistas independientes y grupos de la sociedad civil. No se había visto una campaña de represión del gobierno tan amplia desde la era soviética.
Una corte rusa condenó esta semana a un padre soltero por unas publicaciones en medios sociales críticas con la guerra en Ucrania y lo sentenció a dos años de prisión mientras su hija, de 13 años, fue enviada a un orfanato.
Gershkovich es el primer periodista estadounidense arrestado por cargos de espionaje en Rusia desde 1986, cuando Nicholas Daniloff, corresponsal en Moscú de U.S. News and World Report, fue detenido por el KGB. Fue liberado sin cargos 20 días después en un intercambio por un empleado de la delegación soviética ante Naciones Unidas, que había sido arrestado por el FBI.
El FSB no dijo cuándo se había producido la detención. Si es condenado por espionaje, Gershkovich podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.
En una audiencia el jueves, un tribunal de Moscú dictaminó rápidamente mantener a Gershkovich tras las rejas en espera de la investigación, según el canal oficial Telegram de los tribunales de la capital.
No hubo comentarios públicos inmediatos de Washington, aunque un funcionario indicó que el gobierno ya estaba al tanto de la situación y esperaba más información de Rusia.
El reportero cubre Rusia, Ucrania y otras antiguas naciones soviéticas como corresponsal de la oficina en Moscú del Wall Street Journal.
El FSB indicó que tenía una acreditación del Ministerio ruso de Exteriores para trabajar como periodista, aunque la vocera del Ministerio ruso de Exteriores María Zajárova dijo que estaba utilizando sus credenciales de periodista como tapadera para “actividades que no tienen nada que ver con el periodismo”.
El reportero habla ruso con fluidez y había trabajado antes para la agencia francesa Agence France-Presse y The New York Times. Su último reporte desde Moscú, publicado esta semana, se centraba en la desaceleración de la economía rusa bajo las sanciones occidentales impuestas después de que las tropas rusas entraran en Ucrania el año pasado.
La detención de Gershkovich se produjo tras un intercambio en diciembre en el que la jugadora de la WNBA Brittney Griner, fue liberada tras 10 meses entre rejas a cambio del traficante ruso de armas Viktor Bout.
Otro estadounidense, Paul Whelan, un directivo de seguridad corporativa de Michigan, está encarcelado en Rusia desde diciembre de 2018 por cargos de espionaje que su familia y el gobierno de Estados Unidos tachan de infundados.
Jeanne Cavelier, directora en Europa Oriental y Asia Central del grupo de libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, dijo que Gershkovich era el primer periodista extranjero detenido en Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania.
“Parece una medida de represalia de Rusia contra Estados Unidos, de modo que estamos muy alarmados porque probablemente es una forma de intimidar a todos los periodistas occidentales que intentan investigar aspectos de la guerra sobre el terreno en Rusia”, dijo Cavelier a The Associated Press. “Las potencias occidentales deberían pedir de inmediato aclaraciones sobre los cargos, porque hasta donde nosotros sabemos sólo estaba haciendo su trabajo como periodista”.
El periodista ruso Dmitry Kolezev dijo en la app de mensajería Telegram que había hablado con Gershkovich antes de su viaje a Ekaterimburgo.
“Se preparaba para el trabajo periodístico habitual, aunque algo peligroso en las circunstancias actuales”, escribió Kolezev. Señaló que el reportero estadounidense le había pedido contactos de periodistas locales y funcionarios en la zona para organizar entrevistas.
El exministro Gonzalo Castillo (Obras Públicas) es trasladado a la audiencia para conocer las medidas de coerción a los 20 imputados en la supuesta gran red de corrupción, conocida como Calamar, hoy, en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional de Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría
Santo Domingo.- El tribunal dominicano que continuó este miércoles la audiencia para conocer de las medidas de coerción contra tres ministros del Gobierno dominicano pasado y otros acusados de supuesta corrupción, decidió aplazar el proceso para el viernes próximo.
La tercera audiencia sobre el caso concluyó tras 10 horas de lectura del expediente acusatorio por parte del Ministerio Público contra 20 apresados, entre los que sobresalen los extitulares de Obras Públicas y antiguo candidato presidencial Gonzalo Castillo, Donald Guerrero (Hacienda) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia).
La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional Kenya Romero dispuso que el viernes los fiscales concluyan la acusación, para dar paso a las defensas de los acusados. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para los imputados, que se encuentran arrestados desde el 18 de marzo.
«Hemos concluido en un 95 % la presentación de solicitud de medidas de coerción de un total de 2.120 páginas y el viernes concluiremos con este proceso, para el que disponemos de más de 1.700 pruebas y 65 testigos», dijo el fiscal Melvin Romero a los periodistas tras concluir la audiencia.
Romero aseguró que las pruebas contra los acusados son «superabundantes» y que el Ministerio Público también solicita al tribunal que otorgue al expediente la categoría de complejidad jurídica.
Además de los exministros, entre los detenidos figuran el antiguo contralor general de la República Daniel Omar Caamaño, el que fuera director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, los antiguos directores de Casinos y Juegos de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández y el abogado y economista Ángel Lockward.
La Procuraduría General de la República anunció el 18 de marzo el arresto de veinte personas por sus presuntos vínculos con una red de corrupción administrativa que afectó a varias instituciones.
El abogado Luis Rivas, uno de los defensores del exministro Castillo, afirmó que este está «muy tranquilo» y que «confía» en la justicia dominicana.
«El Ministerio Público no ha presentado una sola vinculación de nuestro defendido con respecto a las imputaciones del expediente de acusación. No hay justificación para su arresto y cuando llega nuestro turno a estrado solicitaremos su libertad pura y simple», dijo el letrado a los periodistas.
Desde el ahora opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), formación a la que pertenece la mayoría de imputados, se ha denunciado una politización del caso, extremo que niega el Ministerio Público.
Hoy mismo, en una entrevista a una televisión local, el secretario general del PLD, Charles Mariotti, acusó al Ministerio Público de «persecución selectiva» en contra de su formación política.
Muchos activistas, de todas las tendencias y pelambres habían sido invitados a Denver, a una escuela católica, para dar la bienvenida a los trabajadores de la uva de Delano. El volante anunciaba que vendría un autobús lleno de trabajadores que se unirían a otros partidarios del boicot en las ciudades clave de todo el país.
Muchos se mostraron escépticos de que traer a estos trabajadores pudiera significar una diferencia. Después de todo, solo eran trabajadores agrícolas que se habían declarado en huelga. No eran organizadores comunitarios bien financiados ni formados.
Más tarde supimos que incluso, muchos nunca habían salido de California… estos sí que eran verdaderos campesinos y trabajadores agrícolas.
Yo había conducido a través de mucho tráfico desde Boulder hasta Denver. El tráfico estaba detenido, ya que cientos de personas se nos habían adelantado y obstruían las calles que conducían al auditorio de la escuela.
Cuando llegué, al lado de la escuela había un autobús azul y rojo, desgastado por el tiempo, con placas de California. Quería abordar el autobús y saludar a los trabajadores agrícolas, pero ya había una pequeña multitud apiñada en su puerta y esto parecía imposible.
En lugar de eso, me desvié para entrar, buscando un lugar desde donde pudiera ver a todos los trabajadores agrícolas y a su líder, César Chávez, una vez que entraran. Sabía que entrarían por la parte trasera derecha del pasillo y se dirigirían al frente de la sala, y yo estaba en un buen lugar desde donde dominaba todo.
Tenía un abrigo largo y me había movido a una posición clave, tal como lo habría hecho un guardia de seguridad. La sala estaba llena y vibraba con anticipación, allí había líderes chicanos, panteras negras, voceros sindicales, líderes religiosos y muchos estudiantes.
¿Quién podía creer que traer trabajadores agrícolas regulares podría revitalizar el boicot?
Muchos de estos trabajadores, descubrimos más tarde, a duras penas hablaban inglés. ¡Estos eran verdaderos trabajadores de la uva!, que habían dejado todo atrás, muchos perdiendo sus humildes hogares y algunos nunca regresarían a California. Estaban arriesgándolo todo para potenciar el Boicot a la uva y presionar para obtener un contrato sindical.
Vi a muchos activistas de la zona a quienes conocía, y éramos todos como espectadores allí, observando este evento tan impresionante. De repente hubo un crujido en la puerta trasera… Y ahí estaban los trabajadores, haciendo fila para entrar y encontrarse con los cientos que nos habíamos reunido para darles la bienvenida a Denver.
Mientras eran conducidos por César y algunos líderes sindicales, la audiencia comenzó a cantar la bienvenida, poniéndose de pie y aplaudiendo fuertemente con gritos de ¡viva la huelga!
Me sorprendió ver a estos trabajadores agrícolas que se parecían mucho a mis padres y a los padres de los otros trabajadores con los que trabajé en mi juventud. Su ropa era de clase humilde de trabajadores estadounidenses; sin trajes, sin corbatas, sin maletines ejecutivos.
Cesar y la UFW estaban corriendo un gran riesgo y haciendo una gran apuesta de que estos trabajadores podrían hacer la diferencia. Después de muchos discursos, nos presentaron a Juanita y Alfredo Herrera, quienes liderarían el boicot en Denver. Juanita dio un discurso cálido y cercano, en español, remarcando lo felices que estaban ella, su esposo y sus dos hijos de estar en Colorado.
César se había dado cuenta de que, al tener recolectores de uva reales, podrían convencer al público de por qué deberían apoyar el boicot. Ellos podían hablar de las largas horas de trabajo sin baños, sin momentos de descanso, sin protección contra pesticidas, sin licencias por enfermedad… podrían detallar el arduo trabajo que se realizaba y por qué los trabajadores necesitaban de un contrato.
Para nuestra sorpresa, la idea funcionó. El público confió en esos trabajadores y les dio el apoyo que necesitaban, y trabajó con ellos para reducir o detener la compra de uvas en muchas tiendas. Estos huelguistas de la uva se ganaron el corazón de todos los que creían en la justicia y la libertad.
No fue fácil, e implicó un trabajo duro, de horas y días, en el que a menudo fueron atacados durante los piquetes; fueron insultados con los peores adjetivos y algunas veces, incluso arrestados.
Estos trabajadores aprendieron allí cómo interesar, organizar y motivar a la gente para que los apoyara en su histórico boicot a las plantaciones de uva. Con su esfuerzo ayudaron a crear la presión para obligar a los productores a negociar y firmar contratos legales.
César Chávez, Dolores Huerta y la UFW supieron cómo usar la voz y el espíritu de los trabajadores de base, y cómo podían impulsar un movimiento liberador hacia el futuro.
Un abogado del sur de Florida (EE.UU.) que se dedica a «representar sobrevivientes de delitos sexuales» fue arrestado y debe comparecer en una corte federal tras un registro en su vivienda, donde agentes del FBI descubrieron miles de archivos descargados con pornografía infantil, informó este miércoles la Fiscalía.
Michael T. Dolce, de 53 años, un abogado de West Palm Beach, al norte de Miami, comparecerá mañana jueves en un tribunal federal de la mencionada ciudad para su primera comparecencia judicial, indicó este miércoles en un comunicado la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.
Dolce enfrenta múltiples cargos por posesión de pornografía infantil.
El medio Local 10 del sureste de Florida dio a conocer que, en base a su perfil de Linkedin, Dolce es socio de la firma de abogados Cohen Milstein, en Palm Beach Gardens, y jefe del equipo de abuso sexual, tráfico sexual y abuso doméstico del bufete.
En su perfil de la mencionada red social se detalla que se trata de un «abogado litigante y activista político de gran prestigio (…) que se dedica a representar a sobrevivientes de delitos sexuales, incluidas víctimas infantiles y adultas, y sobrevivientes adultos de abuso sexual infantil».
Según la declaración jurada divulgada por la Fiscalía, el pasado 15 de marzo agentes del FBI ejecutaron una orden de allanamiento en el apartamento de Dolce en West Palm Beach.
Allí descubrieron que el abogado «descargaba activamente pornografía infantil utilizando un software peer-2-peer».
«Cerca de 2.000 imágenes y videos de pornografía infantil fueron recuperados de sus dispositivos», informa el comunicado.
Según una denuncia penal federal citada por Local 10, las imágenes y los videos mostraban a niñas de hasta 5 años.
Este caso se presentó como parte del Proyecto Niñez Segura (PSC, siglas en inglés), una iniciativa nacional lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia estadounidense «para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil».
John D'Amico, Supervising Editorial Producer for The News Movement (TNM), a social media news operation re-imagined for Gen-Z consumers, left, reviews video with reporter Kimberly Avalos, Wednesday, March 1, 2023, in New York. TNM uses a staff of reporters with an average age of 25 to make tailored news content for sites like TikTok, Instagram, YouTube and Twitter. (Photo: AP/Bebeto Matthews)
If young people are spending so much time on social media, it stands to reason that’s a good place to reach them with news.
Operators of the News Movement are betting their business on that hunch. The company, which has been operating for more than a year, hopes to succeed despite journalism being littered with years of unsuccessful attempts to entice people in their 20s to become news consumers.
The brainchild of former Dow Jones executives, the News Movement is using a staff of reporters with an average age of 25 to make tailored news content for sites like TikTok, Instagram, YouTube and Twitter.
“You really have to stay humble and stay open to different trends and ideas,” said Ramin Beheshti, president and a founder of the organization with former Dow Jones CEO Will Lewis. “We’ve built a newsroom that reflects the audience that we’re trying to go after.”
Among the newsrooms the company is producing TikTok videos for is The Associated Press. The AP has provided office space for the company and Lewis is vice chairman of its board of directors.
Some of the content would startle a news traditionalist.
Recognizing his friends appreciated calming videos, one staff member created an “explainer” on the midterm elections for Snapchat that used video of a horse being groomed, pizza being made and flowers growing while an offscreen voice discusses politics.
In “Get Ready with Me,” two women prepare for work while talking about some things in the news.
There are more typical offerings: video of the earthquake in Turkey, for example, and reports on President Biden’s proposals on abortion and social media. Explainer stories take a step back to tell people why something is news.
Some stories aren’t really news at all, but stem from personal experience. One New York-based journalist who wondered why police didn’t immediately jump onto subway tracks to save someone who fell looked into it to find they were working to stop trains.
Curious about why stories about odd things done by Florida residents are a staple of news coverage, a staff member made a TikTok video showing that it’s partly because police there often release photos and details about incidents faster than other states.
There’s also relatable content that provides a service, of a sort: asking young people on the street some of the excuses they’ve used to break a date.
“News isn’t always what you think it is,” said Jessica Coen, U.S. executive editor, who’s had leadership roles at Mashable, Morning Brew and The Cut.
The News Movement is not trying to be an aggregator, and cover every headline, Coen said. “We’re trying to cover issues where we can provide context and clarity,” she said.
Story formats differ to reflect where they are placed. Most TikTok videos are about a minute, while a meaty YouTube piece about women’s safety and how London police react to assault cases ran for nearly 14 minutes.
Some 60% of people in Gen Z, or young adults up to their mid-20s, say they get news through social media, according to a study by Oliver Wyman and the News Movement. Other studies show people in Gen Z have a lower opinion of traditional news outlets than their elders.
Given this, the News Movement believes that efforts by news organizations to entice young people to their own sites or apps are tough sells.
“News shouldn’t feel like work,” Beheshti said. “It should be part of your daily consumption.”
One person who sampled some of the News Movement’s TikTok stories offered a mixed review, saying they often seemed to emphasize flash over substance. They need to “read the room” better, said Gabriel Glynn-Habron, a 21-year-old college student from Asheville, N.C. who is studying journalism.
“I do appreciate the effort,” he said. “It’s part of what the news media should do more — just show the effort.”
Often, those who try to appeal to young people are unsuccessful because they really don’t understand who they’re trying to reach, said Linda Ellerbee, whose “Nick News” programs for the Nickelodeon network in the 1990s offered a template for success. It’s a mistake to think Gen Z is apathetic; the generation led the way in protesting George Floyd’s death at the hands of police, she said.
“Most attempts to try to deliver news to young people fail because they underestimate the intelligence of their audience,” Ellerbee said. “They talk down to them. They assume that because they’re young, they’re dumb.”
One place where Ellerbee and the News Movement agree is in how many people are frustrated by traditional news because they feel like they’re getting only a piece of a story, or dipping in to a movie somewhere in the middle. That argues for more explainers.
The company’s research found that while young news consumers fact-check information more readily than older peers, they’re also more susceptible to believing misinformation.
Since news is shaky as a business, the News Movement has made diversification a part of its model from the start. It will work with traditional news organizations and help them build social media teams.
The News Movement advises brands on how to reach young consumers and has bought the Recount, which makes video content about American politics for social media and continues to operate as a separate unit.
“We can’t have one way of making money,” Beheshti said.
