A pesar de la turbulencia entre algunos bancos regionales, el banco central de Estados Unidos reiteró, la semana pasada, su compromiso sólido con retornar la inflación a su meta declarada de 2 por ciento. Con ese propósito, la última reunión del Comité de Mercado Abierto aprobó el noveno aumento consecutivo en la tasa de interés de los fondos federales, en un cuarto de punto porcentual, a un rango de entre 4.75 y 5 por ciento.
El banco central dispone de herramientas diferentes para mantener tanto la estabilidad financiera como la de precios. La estabilidad financiera requiere regulación y supervisión más estricta del sector bancario, junto a ejercer la función del banco central de prestamista de última instancia. Combatir la inflación, demanda, elevar las tasas de interés y reducir la cartera de activos del banco central.
Sin embargo, como resultó evidente la semana pasada, las tasas más elevadas de interés pueden lesionar los activos de los bancos, mientras que los depositantes pueden perderle confianza al sistema bancario. No obstante, como lo describió la semana pasada el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, “apretar las condiciones financieras puede funcionar en la misma dirección que elevar la tasa de interés… Equivalente a un aumento de la tasa o quizás más que eso.” Así lo reconoció el comunicado del banco central, diciendo que los acontecimientos recientes en el sector bancario, “pueden resultar en condiciones crediticias más estrictas para los hogares y las empresas y pesar sobre la actividad económica, las contrataciones y la inflación.”
Pimientos amarillos y rojos del banco de alimentos, fotografía de archivo. EFE/IVAN MEJIA
El costo de los alimentos es la preocupación financiera más apremiante para los estadounidenses, en tanto que el 68 % de ellos teme que no tendrá dinero suficiente para vivir confortablemente al jubilarse, según un sondeo divulgado hoy.
La encuesta de la Universidad Quinnipiac entrevistó a 1.795 adultos en todo el país entre el 9 y el 13 de marzo, para evaluar las preocupaciones financieras de los estadounidenses.
«La inflación persistente, el aumento en las tasas de interés y la volatilidad en los mercados de valores probablemente contribuyen a las preocupaciones acerca de casi todo, desde poner comida en la mesa a recibir cuidado médico», indicó Osman Kilic, profesor en la Escuela de Administración de Empresas de Quinnipiac.
El 22 % de los encuestados mencionó el precio de los alimentos como su mayor preocupación financiera, seguida por los ahorros para jubilarse (18 %), el costo del cuidado de la salud ( 17 %), y el pago de la hipoteca o el alquiler (13 %).
Por grupos de edad, a las personas que tienen entre 18 y 34 años la tribulación mayor es el pago de la hipoteca o el alquiler (23 %), la matrícula universitaria (20 %) y los costos de la comida (19 %).
Quienes tienen edades entre 35 y 49 años el problema financiero mayor es el precio de los alimentos (24 %), los ahorros para jubilarse (17 %) y el pago de la vivienda (15%).
Las personas con edades entre 50 y 64 años mencionan como su preocupación principal el ahorro para jubilarse (25 %), el costo de los alimentos (23%) y el costo del cuidado de la salud (19 %).
Y para los mayores de 65 años el tema que más preocupa es el ahorro para vivir después de la jubilación (26 %), seguido por el costo de los alimentos (22%), y el costo del cuidado médico (20 %).
La encuesta encontró que, con excepción de los cortes en las compras en el supermercado, un 63 % de los entrevistados ha reducido sus comidas en restaurantes, un 62 % ha bajado su gasto en esparcimiento o las idas al estadio, y un 61 % ha arriado velas en los planes de vacación.
Una gran mayoría de estadounidenses (78 por ciento) se opondría a aumentar la edad plena de jubilación para el Seguro Social de 67 a 70 años, mientras que el 17 por ciento lo apoyaría.
Cuando se les preguntó a si apoyarían aumentar la edad plena de jubilación para el Seguro Social a 70 años si eso significara que los beneficios durarían más, los estadounidenses aún se opusieron en un 62%.
Personal de emergencia trabaja en el lugar de una explosión en una fábrica de chocolate en West Reading, Pensilvania, el 25 de marzo de 2023. (Foto: AP/Michael Rubinkam)
La autoridades del Condado Berks, en Pensilvania, han dado a conocer las identidades de siete personas que murieron en el incendio de una fábrica de chocolate de la firma R.M. Palmer en West Reading, la mayoría hispanos.
Según el informe las autopsias preliminares indican que las siete personas murieron como resultado de lesiones sufridas en la explosión.
Las víctimas fueron identificadas como Xiorky D. Núnez, de 30 años; Diana M. Cedeño, de 44; Judith López Morán, de 55; Domingo Cruz, de 60, Susan H. Halvonik, de 63; Michael D. Breedy, de 62, y Amy S. Sandoe, de 49, todos ellos residentes en Pensilvania.
El médico forense del condado Berks, John Fielding, quien dio a conocer las identidades dijo que el trámite se había prolongado porque él quiso llevar a cabo el trabajo de manera honorable.
Los residentes en Reading y West Reading preparan una vigilia en memoria de los fallecidos que se realizará mañana, viernes, al anochecer en la Estación de Bomberos de West Reading.
La alcadesa de West Reading, Samantha Kaag, invitó a la comunidad y a los dirigentes religiosos del área para que participen en la vigilia y «hablen de la importancia de unidad y apoyo de la comunidad en momentos trágicos como éste».
El alcalde de Reading, Eddie Morán, dijo que «la activista local Shakya Yarira Del Río tuvo la iniciativa de un acto de la comunidad unida tras este evento acongojante. Necesitamos el duelo, el honor y el apoyo de unos a otros».
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte continúa su examen de un gasoducto en busca de rajaduras y otros daños en la investigación de las causas de la explosión de gas natural.
La explosión destruyó totalmente un edificio, la fábrica de la compañía chocolatera y dañó otro en las inmediaciones.
El suceso ocurrió en una calle muy concurrida llena de cafés, heladerías y restaurantes de West Reading, un distrito de unos 4.500 habitantes que se encuentra a unos 100 kilómetros al noroeste de Filadelfia. .
La explosión causó una columna de llamas y polvo en el aire visible desde varios kilómetros y el temblor se sintió en varias manzanas a la redonda, según testigos.
Colectivos feministas marchan durante una protesta contra las desapariciones y feminicidios en la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez
Guadalajara (México).- En seis años el número de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en México creció a casi el triple, de acuerdo con un estudio divulgado este jueves por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
En 2015 se registraron 1.043 casos anuales de mujeres y menores desaparecidas y no localizadas, mientras que hasta el 31 de diciembre de 2021 la cifra era de 2.729 casos, afirmó Patricia Morales, una de las autoras del estudio financiado por el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer.
Para la investigación, las autoras revisaron datos de ocho estados del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Secretaría de Gobernación y el Informe de Incidencia Delictiva contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de entrevistas con organizaciones involucradas al tema de desaparición.
El informe se publica mientras México superó en 2022 la cifra histórica de más de 100.000 personas desaparecidas desde que hay registro.
Uno de los hallazgos relevantes del estudio es que el rango de edad con más casos de desaparición forzada es entre los 15 y 19 años seguido del de 20 a 25 años, lo que indica que este delito está relacionado con otros como el de trata de mujeres y niñas, feminicidio y secuestro.
Aunque Jalisco es el estado que mayor cantidad de casos de desaparición concentra en todo el país, las mujeres no localizadas son una de cada diez casos de desapariciones en general, mientras que en el Estado de México las 5.722 mujeres no localizadas representan un 44,12 % del total de las desapariciones.
Los cinco municipios con más casos de mujeres desaparecidas a finales de 2020 eran Guadalajara (Jalisco) con 550 casos, Monterrey (Nuevo León) con 478 casos, Zapopan (Jalisco) con 360, Puebla (Puebla) con 355 y Toluca (Estado de México) con 326.
El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley para dejar de considerar la covid-19 una emergencia nacional.
La norma ya fue aprobada en la Cámara de Representantes, por lo que ahora irá a la mesa del presidente estadounidense, Joe Biden, para que la firme.
Aunque Biden había amenazado con vetar una resolución similar en el pasado, este miércoles aseguró que no se opondrá a la medida, según el medio The Hill.
La Casa Blanca ya había anunciado que a partir del 11 de mayo dejaría de considerar la pandemia una emergencia nacional, lo que implica que el Gobierno pasará a tratar la covid como una enfermedad endémica.
Entonces, la Administración argumentó que este período de gracia hasta mayo evitaría el «caos e incertidumbre en el sistema sanitario» que se produciría de prosperar la iniciativa para poner fin a la emergencia nacional, introducida inicialmente por los republicanos y aprobada hoy en el Senado con apoyo bipartidista.
En diciembre el Congreso ya determinó que las medidas adicionales que formaban parte de la declaración de emergencia, como la financiación adicional para los estados, se irían desmantelando poco a poco.
El director regional de Unicef Garry Conille (i), la directora regional de Save the Children Claudia Uribe (c) y la directora de la oficina regional de Educación de la Unesco Victoria Ward participan en el lanzamiento de la campaña regional "Educación sin límites" hoy, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Carlos Lemos
Ciudad de Panamá.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que más de 3,7 millones de infantes y adolescentes en América Latina y el Caribe corren el riesgo de no recibir educación por ser refugiados o migrantes, dijo este miércoles Garry Conille, director regional del organismo de Naciones Unidas.
«Más de 3,7 millones de niñas, niños y adolescentes en movilidad y forzados a desplazarse, se encuentran en riesgo de exclusión educativa» de acuerdo con estimaciones recientes de Unicef, señaló Conelly en la capital panameña durante el lanzamiento de la campaña regional «Educación sin límites», que aboga por la inclusión educativa de los niños y niñas migrantes.
Conille, exprimer ministro de Haití, resaltó que esta cifra «es el equivalente a más o menos toda la población de Panamá que pudieran no estar asistiendo a la escuela o que si asisten aprenden muy poco».
Reiteró en ese sentido que «son millones y millones que no tienen esta oportunidad, millones y millones de niños y niñas invisibles, silenciosos, que lamentablemente se quedan sin educación, o que aprenden muy poco, por su condición de refugiados y migrantes».
Además, Conille lamentó que América Latina y el Caribe también esté fallando «en calidad y acceso a la educación, ya que, afirmó, «la gran mayoría de niños de menos de diez años en la región no comprenden lo que leen», citando un informe reciente de Unicef, Unesco y el Banco Mundial (BM).
Esta situación se concentra mayormente entre la población de niñas y niños indígenas y los afrodescendientes, así como entre los que viven con discapacidad y los infantes y adolescentes refugiados y migrantes, que igualmente enfrentan «violencia, xenofobia, falta de cupos educativos, trámites complejos en los países destino y falta de medios económicos para seguir estudiando», apuntó.
Conille alertó que la exclusión educativa de la niñez en movilidad puede aumentar en «cuestión de años», y también «la mano de obra no calificada, el desempleo, la criminalidad y la inmigración forzada e irregular en busca de mejores oportunidades» de vida.
Por ello, el director regional de Unicef destacó la importancia de la campaña presentada hoy porque, afirmó, con acciones inclusivas e integradoras como las que promueve «se puede cambiar la vida de millones de niños y niñas, y, por lo tanto, el rumbo de la región».
La campaña «Educación sin límites», lanzada este miércoles en Panamá es liderada por la ONG Save the Children, en conjunto con Unicef, la Plataforma de Coordinación Intergencial para Refugiados y Migrantes, Plan Internacional y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO).
Esta iniciativa parte de la premisa de una «educación más allá de las fronteras» en el sentido de que «el derecho a la educación debe garantizarse sin importar la condición migratoria y ciudadana de las niñas, niños y adolescentes», según sus principios generales.
«Es una campaña para sensibilizar a Gobiernos, a los tomadores de decisiones y al público de que hay una población en movilidad humana de niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso a la escuela», dijo a EFE Victoria Ward, directora regional para América Latina y el Caribe de Save the Children.
Ward indicó que si bien hay Gobiernos que lo están reconociendo y tratando de dar acceso educativo a los infantes y los adolescentes en movilidad, todavía «hay muchas barreras de discriminación, de xenofobia, y (otras) barreras puramente técnicas y burocráticas»
«Entonces tiene que haber un esfuerzo muy fuerte y ampliado, para asegurar que la niñez tenga el derecho a la educación», dijo Ward, quien remarcó que si no se tiene acceso a la escuela para la niñez en movilidad se tendrá una generación de niños, niñas y adolescentes que «estarán perdidos sin la posibilidad de contribuir a la sociedad y de tener vidas más felices».
Juan Camilo Pinzón, especialista regional de Educación de UNICEF, dijo a EFE que la expectativa que se tiene con esta campaña es la de que muestre que la educación es «un derecho universal que debe cumplirse sin importar el lugar en el mundo en donde se encuentren las niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad».
«Esperamos ver un efecto positivo en la inclusión y matrícula» de niños y niñas migrantes y refugiados, visibilizando la crisis educativa que viven, promoviendo su acceso y permanencia educativa, dando a conocer sus beneficios y también informando a las comunidades de acogida sobre los recursos y mecanismos disponibles para su continuidad educativa, expresó Pinzón.
Fotografía de archivo de personas que caminan por la calle San Sebastián, el 25 de enero de 2023, en el Viejo San Juan (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) informó este jueves que en un periodo de dos años, desde 2020 a 2022, la isla sufrió una baja de 2 % en su población, estimándose en 64.000 habitantes.
Así lo indican los estimados poblacionales al mes de julio de 2022 en comparación con el mismo mes en 2020, de acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos y dado por el IEPR en un comunicado de prensa.
Estas estadísticas hacen referencia al 1 de julio de 2022 e incluyen los estimados de la población total para cada municipio y el cambio poblacional en la década en curso, explicó el IEPR en la nota.
En comparación con el Censo Decenal 2020 con fecha de referencia al 1 de abril de 2020, frente al año más reciente disponible, 1 de julio de 2022, los estimados indican que los cambios en la población de residentes en los municipios oscilaron entre 0,8 a -7,2 %.
El 99 % de los 78 municipios que compone Puerto Rico sufrió una baja en su población. Solo el municipio de Rincón, en la costa noroeste, logró un leve incremento, de un 0,8 %.
Mientras, unos 15 municipios reflejaron una reducción estimada mayor al 3 % en el periodo comparado.
Los cinco municipios con mayores porcentajes de disminución poblacional fueron Guánica (-7,2 %), Loíza (-4,4 %), Guayanilla (-4 %), Ponce (-3,9 %) y Maricao (-3,8 %).
Cuatro de los cinco municipios están localizados en el sur y oeste de Puerto Rico, y Loíza, por su parte, en el noreste.
Asimismo, los cinco municipios con menores porcentajes de disminución poblacional fueron Barranquitas (-0,1 %), Naranjito (-0,1 %), Aibonito (-0,3 %), Isabela (-0,4 %) y Moca (-0,5 %).
Los primeros tres municipios están localizados en la zona central (Barranquitas, Naranjito y Aibonito) y los últimos dos (Isabela y Moca) en la zona oeste de Puerto Rico.
Ante todos estos datos, el gerente sénior de Proyectos Estadísticos del IEPR, Alberto Velázquez Estrada, aseguró que «el patrón de los estimados poblacionales continúa mostrando la tendencia a decrecer».
Puerto Rico, además, se aproxima a cumplir dos décadas -desde 2005- «de ser una población residente cada vez más pequeña pero de composición demográfica distinta».
Pittsburgh Police and paramedics respond to Pittsburgh Central Catholic High School for what turned out to be a hoax report of an active shooter, on Wednesday, March 29, 2023 in the Oakland neighborhood of Pittsburgh. (Photo: AP/Gene J. Puskar)
A spate of threats and false reports of shooters have been pouring into schools and colleges across the country for months, raising concerns among law enforcement and elected leaders.
Schools in Pennsylvania were the latest targeted by so-called swatting. Computer-generated calls on Wednesday made claims about active shooters, but it was all a hoax. One day earlier, nearly 30 Massachusetts schools received fake threats.
School officials are already on edge amid a backdrop of deadly school shootings, the latest Monday at a Christian school in Nashville.
Here is a look at the issues involved:
WHAT IS SWATTING?
Hundreds of cases of swatting occur annually, with some using caller ID spoofing to disguise their number. The goal is to get authorities, particularly a SWAT team, to respond to an address.
An FBI official said in November that they believe the wave of false threats focused on schools may be coming from outside of the country.
Officials said at the time that they had identified calls to about 250 colleges, 100 high schools and several junior high schools just since early June falsely reporting explosive devices being planted at the schools or saying that a shooting was imminent.
The FBI didn’t immediately respond to emails Wednesday from The Associated Press seeking comment, but the threats have continued to accumulate in recent months.
Pittsburgh Police respond to Pittsburgh Central Catholic High School for what turned out to be a hoax report of an active shooter, on Wednesday, March 29, 2023 in the Oakland neighborhood of Pittsburgh. (Photo: AP/Gene J. Puskar)
WHERE ARE SWATTING CALLS HAPPENING?
Few regions of the country have been spared from such calls and the disruptions they cause.
The false calls Wednesday in Pennsylvania led to lockdowns or evacuations in several counties, according to state police. Law enforcement had to take each one seriously no matter how dubious it seemed.
Police in Pittsburgh, for instance, searched every room at Central Catholic High School, even after getting word that a report of people being hurt inside wasn’t true within a minute, said Thomas Stangrecki, the interim police chief.
“We treated it as a real incident,” Stangrecki said. Another threat at a nearby Catholic school had worried parents gathered outside.
In Iowa, so many schools were targeted earlier this month that Gov. Kim Reynolds complained at a news conference about the toll it was taking to confirm the terror-inducing calls are fake.
“It’s what no governor, it’s what no parent or anybody — superintendent, teachers, kids — want to hear,” Reynolds said. “And we’re grateful and just so thankful that is what it was.”
And in Minnesota, the state’s Bureau of Criminal Apprehension issued a warning last month after fake calls forced eight schools into lockdown over two days.
Pittsburgh Police and paramedics respond to Pittsburgh Central Catholic High School for what turned out to be a hoax report of an active shooter, on Wednesday, March 29, 2023 in the Oakland neighborhood of Pittsburgh. (Photo: AP/Gene J. Puskar)
DO FAKE THREATS HINDER RESPONSE TO REAL SHOOTINGS?
Authorities are grappling with the false alarms in a country where mass shooters have killed hundreds of people throughout history. Shooters have attacked in places like stores, theaters and workplaces, but it is in schools and colleges where the carnage reverberates perhaps most keenly.
At U.S. schools and colleges, 175 people have been killed in 15 mass shootings that resulted in the deaths of four or more people, not including the perpetrator — from 1999′s Columbine High School massacre to Monday’s shooting in Nashville, Tennessee. That’s according to a database compiled by The Associated Press, USA Today and Northeastern University, in addition to other AP reporting.
Pittsburgh Police and paramedics respond to Pittsburgh Central Catholic High School for what turned out to be a hoax report of an active shooter, on Wednesday, March 29, 2023 in the Oakland neighborhood of Pittsburgh. (Photo: AP/Gene J. Puskar)
DO EVEN FALSE THREATS POSE A RISK?
Such calls have proven dangerous and even outright deadly.
In 2017, a police officer in Wichita, Kansas, shot and killed a man while responding to a hoax emergency call. Just this month, the city agreed to pay $5 million to settle a lawsuit, with the money to go to the two children of 28-year-old Andrew Finch.
The hoax call that led to his death began as a feud between two online gamers. One of the gamers recruited Tyler Barriss to “swat” the other gamer. But the address used was old, leading police to Finch, who was not involved in the dispute or playing the video game.
Barriss was sentenced to 20 years in federal prison, while the other two gamers were sentenced to 15- and 18-month terms.
Police in Maryland also shot a 20-year-old Maryland man in the face with rubber bullets after a fake hostage situation was reported at his home.
The FBI in Pittsburgh nodded to the risk, noting in a statement about the school threat cases that it “takes swatting very seriously because it puts innocent people at risk.”
Ana Marina López, esposa del migrante guatemalteco Bacilio Sutuj Saravia, una de las víctimas de un incendio en un centro de detención de migrantes en México, llora durante una entrevista en su casa en San Martín Jilotepeque, Guatemala, el miércoles 29 de marzo de 2023. El gobierno mexicano ha publicado una lista de víctimas que no especifica si se encuentran entre los 39 muertos o las más de dos docenas de heridas. (Foto: AP/Moisés Castillo)
La última vez que Ana Marina López supo de su marido, el migrante guatemalteco de 51 años dijo a su familia que había sido detenido por agentes mexicanos de inmigración en la frontera entre México y Estados Unidos.
Eso fue dos días antes de que un incendio en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez se cobrara al menos 39 vidas y dejara más de dos docenas de heridos.
Su nombre apareció más tarde en una lista del gobierno de víctimas del fuego, que no especificaba si estaba entre los muertos o los hospitalizados. Eso ha dejado a López y sus hija, en su pequeña localidad de Guatemala, aferradas a la esperanza de que pueda seguir vivo.
Y no son las únicas.
Mientras las imágenes del devastador incendio acaparaban los noticieros y medios sociales, familias repartidas por América sufren la agonía de esperar noticias de sus seres queridos. El dolor y la incertidumbre de los familiares subraya cómo los efectos de la migración se extienden mucho más allá de las personas que se embarcan en el peligroso viaje al norte, tocando las vidas de gente en toda la región.
En Juárez, México, una mujer venezolana esperaba noticias de su hermano, sedado e intubado en un hospital. En Honduras, varias familias vieron conmocionadas los videos de guardias que huían de la creciente humareda y las llamas en el centro migratorio.
Y en Guatemala, López sostenía una fotografía de su esposo con un sombrero vaquero, sin saber si estaba vivo o muerto.
“No puede pasar así. Ellos son personas, son humanos”, dijo. «Yo lo que pido es justicia, que ellos no son animales para que los traten así”.
Se sabía poco sobre la causa del incendio del lunes, y las autoridades investigaban a ocho personas, incluido un migrante, que podrían haberlo iniciado.
Cuando el esposo de López, Bacilio Sutuj Saravia, salió en su viaje al norte a mediados de marzo, le dijo que iría a México por turismo. Sutuj, que gestionaba un pequeño negocio de transportes con dos camionetas, espero hasta estar en México para decirle que su intención era cruzar a Estados Unidos para ver a su hija y dos hijos.
Una foto enmarcada del migrante guatemalteco Bacilio Sutuj Saravia, una de las víctimas de un incendio en un centro de detención de migrantes en México, en un banco en la casa familiar en San Martín Jilotepeque, Guatemala, el miércoles 29 de marzo de 2023. El gobierno mexicano ha publicado una lista de víctimas que no especifica si se encuentran entre los 39 muertos o las más de dos docenas de heridos. (Foto: AP/Moisés Castillo)
Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad. Al bajar de un autobús el sábado en la estación de Ciudad Juárez, agentes de inmigración le detuvieron.
López se enteró del incendio por los reportes en televisión. Sus hijos no habían podido contactar con Sutuj tras una breve llamada el sábado diciendo que le habían atrapado.
Ana Marina López, esposa del migrante guatemalteco Bacilio Sutuj Saravia, una de las víctimas de un incendio en un centro de detención de migrantes en México, sostiene una foto de su esposo junto a su hija Silvia, durante una entrevista en San Martín Jilotepeque, Guatemala, el miércoles 29 de marzo de 2023. El gobierno mexicano ha publicado una lista de víctimas que no especifica si se encuentran entre los 39 muertos o las más de dos docenas de heridos. (Foto: AP/Moisés Castillo)
«Que estén las autoridades allí vigilándolos y cuidándolos, no que los dejen encerrados y huyan y (los dejen) calcinando, eso sí me duele”, lamentó López.
En las montañas salpicadas de plantaciones de café en el oeste de Honduras, tres familias horrorizadas por el video de las cámaras de seguridad esperan confirmación sobre el destino de sus hijos. Los tres amigos salieron juntos hacia Estados Unidos desde su pequeña localidad de Protección. Como muchos en esa zona rural, los hombres esperaban trabajar y enviar dinero para mantener a sus familias.
Silvia Sutuj, hija del migrante guatemalteco Bacilio Sutuj Saravia, que estaba en un centro de detención de migrantes en México que sufrió un incendio, es consolada por un vecino en su casa de San Martín Jilotepeque, Guatemala, el miércoles 29 de marzo de 2023. El gobierno mexicano ha publicado una lista de víctimas que no especifica si se encuentran entre los 39 muertos o las más de dos docenas de heridos. (Foto: AP/Moisés Castillo)
Conocieron a un contrabandista en San Pedro Sula, un importante punto de salida en el norte de Honduras, que les llevó a México.
El martes, los nombres de los tres hombres -Dikson Aron Córdova, Edin Josue Umaña and Jesús Adony Alvarado- estaban en la lista de víctimas, sin detalles sobre si seguían con vida.
“Es duro, pues estos golpes, no, son insoportables, aunque uno quiere ser fuerte”, dijo José Córdova Ramos, padre de Córdova, de 30 años. Las familias esperaban a recibir noticias, señaló.
Su preocupación se veía acompañada de indignación al ver cómo los guardias corrieron de las llamas y el denso humo que envolvía con rapidez a los migrantes.
Otro padre encadenaba las preguntas. ¿Quién inició el fuego? ¿Cómo consiguieron algo que prendiera? ¿Acaso un guardia le dio un encendedor a alguien que estaba dentro?
“Ellos no quisieron hacer nada», dijo José Córdova de los guardias.
En Ciudad Juárez, junto a la frontera con Estados Unidas, Stefany Arango Morillo, estudiante de enfermería de 25 años, se quedó con el mismo nudo en el estómago.
Ella y su hermano Stefan Arango Morillo, ambos padres solteros, emigraron en febrero desde su ciudad en el norte de Venezuela, Maracaibo, dejando con su madre a tres niños pequeños entre los dos, con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos.
Stefany Arango Morillo, migrante de Maracaibo, Venezuela, a la derecha, habla con familiares por celular desde un hospital público en Ciudad Juárez, México, el miércoles 29 de marzo de 2023. Arango Morillo les da información sobre su hermano, Stefan Arango Morillo, que sufrió lesiones graves por inhalación de humo cuando estaba internado en un centro de detención de migrantes que se incendió en Ciudad Juárez. (Foto: AP/Morgan Lee)
Los hermanos se sumaron al creciente número de venezolanos que pone rumbo a Estados Unidos y cruzaron siete países en un mes hasta llegar a la ciudad fronteriza mexicana.
Juntos, cada día trataron sin éxito de registrarse en una app para pedir una cita y solicitar asilo en Estados Unidos.
Pero su viaje tuvo un abrupto final el lunes, cuando Stefan fue detenido por las autoridades mexicanas de inmigración y encerrado en el centro que horas más tarde se convertiría en un infierno.
Stefany buscó con desesperación a su hermano de 32 años, temiendo lo peor cuando recibió un mensaje de texto de su celular desde un hospital privado. Estaba vivo, pero sus lesiones por la inhalación de humo le hacía casi imposible hablar.
En el hospital, la salud de Stefan empeoró y el hombre, que aspira a ser profesor de educación física, fue trasladado a la sala de urgencias del hospital con un brote de tos.
Horas más tarde, su hermana se abrió paso en el abarrotado hospital y le dio un beso en la frente poco antes de que le sedaran e intubaran.
“Es muy juguetón, tiene su carácter fuerte”, dijo.
En la sala de espera del hospital, ella lloraba mientras llamaba a su familia en Venezuela para dar la noticias. Pero mientras esperaba, se aferra a la esperanza de poder llevarle de vuelta a casa.
“Esta es como una lección de vida”, dijo Stefany. «Y créame que sé que tengo fe de que mi hermano va a salir de allí y además seguir luchando por nuestro sueño”.
Autos pasan ante el edificio del Servicio Federal de Seguridad en la Plaza Lubyanskaya en Moscú, Rusia, el lunes 24 de julio de 2017. (Foto: AP/Archivo)
La principal agencia de seguridad rusa arrestó a un periodista estadounidense del Wall Street Journal por cargos de espionaje, la primera vez que un corresponsal de Estados Unidos era encarcelado por acusaciones de espionaje desde la Guerra Fría. El diario niega las acusaciones.
Evan Gershkovich fue detenido en la ciudad de Ekaterimburgo, en los Urales, cuando supuestamente intentaba obtener información clasificada, según anunció el jueves el Servicio Federal de Seguridad (FSB), la agencia heredera del KGB.
El servicio alegó que Gershkovich “estaba actuando bajo las órdenes de Estados Unidos para recopilar información sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar-industrial ruso que constituye un secreto de Estado”.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas el miércoles: “No se trata de una sospecha, se trata del hecho de que lo atraparon in fraganti”.
The Wall Street Journal negó “vehementemente las acusaciones del FSB y reclama la liberación inmediata de nuestro confiable y dedicado reportero, Evan Gershkovich”, agregando: “Nos plantamos en solidaridad con Evan y su familia”.
La detención se produjo en medio de agrias tensiones entre Moscú y Washington por la guerra en Ucrania y mientras el Kremlin intensifica su persecución a activistas opositores, periodistas independientes y grupos de la sociedad civil. No se había visto una campaña de represión del gobierno tan amplia desde la era soviética.
Una corte rusa condenó esta semana a un padre soltero por unas publicaciones en medios sociales críticas con la guerra en Ucrania y lo sentenció a dos años de prisión mientras su hija, de 13 años, fue enviada a un orfanato.
Gershkovich es el primer periodista estadounidense arrestado por cargos de espionaje en Rusia desde 1986, cuando Nicholas Daniloff, corresponsal en Moscú de U.S. News and World Report, fue detenido por el KGB. Fue liberado sin cargos 20 días después en un intercambio por un empleado de la delegación soviética ante Naciones Unidas, que había sido arrestado por el FBI.
El FSB no dijo cuándo se había producido la detención. Si es condenado por espionaje, Gershkovich podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.
En una audiencia el jueves, un tribunal de Moscú dictaminó rápidamente mantener a Gershkovich tras las rejas en espera de la investigación, según el canal oficial Telegram de los tribunales de la capital.
No hubo comentarios públicos inmediatos de Washington, aunque un funcionario indicó que el gobierno ya estaba al tanto de la situación y esperaba más información de Rusia.
El reportero cubre Rusia, Ucrania y otras antiguas naciones soviéticas como corresponsal de la oficina en Moscú del Wall Street Journal.
El FSB indicó que tenía una acreditación del Ministerio ruso de Exteriores para trabajar como periodista, aunque la vocera del Ministerio ruso de Exteriores María Zajárova dijo que estaba utilizando sus credenciales de periodista como tapadera para “actividades que no tienen nada que ver con el periodismo”.
El reportero habla ruso con fluidez y había trabajado antes para la agencia francesa Agence France-Presse y The New York Times. Su último reporte desde Moscú, publicado esta semana, se centraba en la desaceleración de la economía rusa bajo las sanciones occidentales impuestas después de que las tropas rusas entraran en Ucrania el año pasado.
La detención de Gershkovich se produjo tras un intercambio en diciembre en el que la jugadora de la WNBA Brittney Griner, fue liberada tras 10 meses entre rejas a cambio del traficante ruso de armas Viktor Bout.
Otro estadounidense, Paul Whelan, un directivo de seguridad corporativa de Michigan, está encarcelado en Rusia desde diciembre de 2018 por cargos de espionaje que su familia y el gobierno de Estados Unidos tachan de infundados.
Jeanne Cavelier, directora en Europa Oriental y Asia Central del grupo de libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, dijo que Gershkovich era el primer periodista extranjero detenido en Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania.
“Parece una medida de represalia de Rusia contra Estados Unidos, de modo que estamos muy alarmados porque probablemente es una forma de intimidar a todos los periodistas occidentales que intentan investigar aspectos de la guerra sobre el terreno en Rusia”, dijo Cavelier a The Associated Press. “Las potencias occidentales deberían pedir de inmediato aclaraciones sobre los cargos, porque hasta donde nosotros sabemos sólo estaba haciendo su trabajo como periodista”.
El periodista ruso Dmitry Kolezev dijo en la app de mensajería Telegram que había hablado con Gershkovich antes de su viaje a Ekaterimburgo.
“Se preparaba para el trabajo periodístico habitual, aunque algo peligroso en las circunstancias actuales”, escribió Kolezev. Señaló que el reportero estadounidense le había pedido contactos de periodistas locales y funcionarios en la zona para organizar entrevistas.
