Por el momento la Ciudad no tiene ninguna información sobre posibles autobuses adicionales que vengan a Filadelfia. (Foto: Cortesía/Oficina de prensa de la alcaldía de Filadelfia)
ACTUALIZACION
La Ciudad de Filadelfia proporcionó una actualización sobre los más recientes autobuses con solicitantes de asilo, provenientes de Texas que llegaron a Filadelfia el 10, 14, 17 y 18 de mayo.
La Ciudad informó que son 31 solicitantes de asilo los que llegaron a la estación de la calle 30 el 10 de mayo, de los cuales 26 de ellos fueron transportados y acogidos en las instalaciones de la ciudad en la calle E. Luzerne en el norte de Filadelfia, donde aún viven 11 migrantes que llegaron en buses anteriores. Se informa que todos los que llegaron son de Venezuela.
De los 47 solicitantes de asilo que llegaron a Filadelfia en autobús el 14 de mayo; 38 de ellos fueron transportados a las instalaciones de bienvenida de la ciudad.
Las personas y familias que llegaron el pasado domingo son de Perú, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Guatemala y Brasil. En conmemoración del Día de la Madre, las madres que llegaban fueron recibidas con flores provistas por socios de organizaciones sin fines de lucro.
Hoy, la Ciudad de Filadelfia proporcionó una actualización sobre los buses con solicitantes de asilo de Del Río, Texas y su llegada a Filadelfia, marcando 23 buses totales desde el 16 de noviembre del año pasado.
El miércoles 17 de mayo, aproximadamente 34 solicitantes de asilo viajaron de Texas a Filadelfia en bus. A su llegada a las instalaciones de acogida de la ciudad todos fueron registrados. Muchos de ellos proceden de Perú, Ecuador, Honduras, Guatemala, y Colombia.
Además, un bus adicional llegó el jueves 18 de mayo con unos 46 solicitantes de asilo procedentes de Texas. A su llegada a la estación de la calle 30, 38 de ellos fueron transportados a las instalaciones de acogida de la ciudad. Las personas y familias que llegaron proceden de Colombia, Venezuela, Ecuador, y la República Dominicana.
Hasta la fecha, Filadelfia ha recibido a casi 1.000 solicitantes de asilo y ha seguido desarrollando los esfuerzos de acogida de la ciudad en coordinación con socios sin ánimo de lucro, añadiendo capacidad para la gestión de acogida y casos a través de proveedores contratados.
Por el momento la Ciudad no tiene ninguna información sobre posibles autobuses adicionales que vengan a Filadelfia. (Foto: Cortesía/Oficina de prensa de la alcaldía de Filadelfia)
«Filadelfia dio la bienvenida y ayudó con éxito a cientos de solicitantes de asilo desde el inicio de esta operación el año pasado y planeamos continuar haciéndolo según sea necesario después del final de la aplicación del Título 42», dijo el alcalde Jim Kenney.
«Como habitantes de Filadelfia y como ciudadanos de este país, es nuestra obligación asegurarnos de que todas las personas tengan la oportunidad de buscar una vida más segura y esperanzadora en los Estados Unidos. Estoy orgulloso de que nuestra ciudad sea parte de sus historias y un lugar de refugio para familias y niños».
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el Título 42 se ha utilizado como una herramienta para expulsar a cientos de miles de migrantes a sus países de origen y disuadir la inmigración, incluidos aquellos que huyen de crisis y solicitan asilo.
La Ciudad ha continuado construyendo sobre los esfuerzos de bienvenida en coordinación con socios clave sin fines de lucro, y así agregar capacidad para el manejo de refugios y apoyo de administración de casos a través de mayor cantidad de proveedores contratados.
Por el momento, la Ciudad no tiene ninguna información sobre posibles autobuses adicionales que vengan a Filadelfia; e informa cuáles son los servicios prestados inmediatamente después de su llegada, a las personas que fueron recibidas por la Oficina de Asuntos de Inmigrantes (OIA) de la Ciudad, la Oficina de Manejo de Emergencias (OEM), el Departamento de Salud Pública de Filadelfia, y una variedad organizaciones sin fines de lucro, así como hospitales locales que brindan estos servicios.
Por el momento la Ciudad no tiene ninguna información sobre posibles autobuses adicionales que vengan a Filadelfia. (Foto: Cortesía/Oficina de prensa de la alcaldía de Filadelfia)
* Examen de salud de emergencia, espacio de refugio, comida y agua, servicios jurídicos, servicios sociales, gestión de casos, e interpretación lingüística en el lugar.
La Ciudad dijo que continuará trabajando con socios comunitarios para organizar la evaluación médica y el seguimiento de cualquier recién llegado que necesite atención de salud.
Los fondos recaudados por el Fondo de Bienvenida se proporcionarán a organizaciones sin fines de lucro en el área de Filadelfia que apoyan a los recién llegados.
Nationalities Services Center y HIAS Pennsylvania se encuentran entre las organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios legales de inmigración a inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo, incluidos nuestros recién llegados.
Casa De Venezuela, Gente De Venezuela, Juntos, New Sanctuary Movement, Catholic Social Services, Aquinas Community Center, PA Immigrant Family Unity Project (PAIFUP), PA Immigration and Citizenship Coalition, Alianza Latina, the Salvation Army, the Wyss Wellness Center, María de los Santos, junto con otras organizaciones, se han venido organizando para darle la ayuda necesaria a los solicitantes de asilo, que se espera sigan llegando.
La Oficina de Asuntos de Inmigrantes (OIA, por sus siglas en inglés) de la Ciudad de Filadelfia y el Fondo de la Alcaldía de Filadelfia han lanzado el Fondo de Bienvenida de Filadelfia, Philadelphia Welcoming Fund – The Philadelphia City Fund (philacityfund.org) donde existe la oportunidad de contribuir a los esfuerzos locales para dar la bienvenida a inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo en Filadelfia, y es la mejor manera de apoyarlos para la ayuda inmediata y a largo plazo.
Fotografía de archivo de una familia de migrantes compuesta de 3 adultos y dos niños centroamericanos que son rescatados por Agentes del Grupo Beta y socorristas de la Cruz Roja mexicana. EFE/Miguel Sierra
Nueve de los 50 migrantes secuestrados en un autobús que fue interceptado en el estado de San Luis Potosí, por presuntos secuestradores, lograron escapar de sus captores y fueron hallados por agentes de policía, informaron este miércoles autoridades del estado de Nuevo León.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León (SSPNL) informó de que de los nueve migrantes hallados, siete son originarios de Venezuela y dos de Honduras.
Los migrantes fueron hallados en una zona rural de la carretera Matehuala-Saltillo en el kilómetros 73 y sus edades oscilan entre 18 y 35 años.
La dependencia reportó que el martes por la tarde agentes de Fuerza Civil encontraron a seis hombres que pedían auxilio en la citada carretera y posteriormente localizaron a tres migrantes más, quienes de inmediato relataron los hechos y les dijeron que pertenecían al grupo de personas que habían secuestradas.
Este miércoles, el encargado del despacho de la Fiscalía de Nuevo León, Pedro Arce, declaró a medios que en el estado «solamente se realizó el hallazgo del autobús en la cual viajaban los 50 migrantes y dos choferes», además de brindar apoyo a 9 migrantes que escaparon de los captores y que fueron hallados en una carretera.
Arce compartió a medios que el GPS de la unidad de pasajeros confirmó que los sucesos ocurrieron en San Luis Potosí.
Esto luego que la noche del martes, la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí sostuvo que la privación ilegal de la libertad de los 50 migrantes sucedió en el estado de Nuevo León.
Arce confirmó que del grupo de 50 migrantes secuestrados, nueve, siete venezolanos y dos hondureños, lograron escapar de los secuestradores y se les brindó ayuda en Nuevo León luego de que fueron ubicados en el municipio de Doctor Arroyo, en los límites entre Nuevo León y San Luis Potosí.
Este miércoles, en su conferencia diaria, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se está atendiendo el secuestro de los 50 migrantes en la carretera federal 57, en Matehuala, San Luis Potosí.
Para ello señaló que la Guardia Nacional puso en marcha un operativo para dar con el paradero de los migrantes y dijo que posiblemente estos hechos estén vinculados al secuestro de 121 migrantes, que ocurrió a inicios de abril en la misma región.
Debra Long walks near the tombstone of her son, Randy Long, in Poughkeepsie, N.Y., April 19, 2023. An AP examination of data from 23 states shows that Black people are disproportionately denied aid from programs that reimburse victims of violent crime. (Photo: AP/Seth Wenig)
The cold formality of the letter is seared in Debra Long’s memory.
It began “Dear Claimant,” and said her 24-year-old son, Randy, who was fatally shot in April 2006, was not an “innocent” victim. Without further explanation, the agency that assists violent-crime victims and their families, known then as the New York Crime Victims Board, refused to help pay for his funeral.
Randy was a father, engaged to be married and studying to become a juvenile probation officer when his life was cut short during a visit to Brooklyn with friends. His mother, angry and bewildered by the letter, wondered: What did authorities see — or fail to see — in Randy?
“It felt racial. It felt like they saw a young African American man who was shot and killed and assumed he must have been doing something wrong,” Long said. “But believe me when I say, not my son.”
In this April 19, 2023 photo, Debra Long of Poughkeepsie, N.Y., holds the letter that explains why she was initially denied reimbursement for the funeral of her son, Randy Long, who was murdered in 2006. An AP examination of data from 23 states shows that Black people are disproportionately denied aid from programs that reimburse victims of violent crime. (Photo: AP/Seth Wenig)
Debra Long had bumped up against a well-intentioned corner of the criminal justice system that is often perceived as unfair.
Every state has a program to reimburse victims for lost wages, medical bills, funerals and other expenses, awarding hundreds of millions in aid each year. But an Associated Press examination found that Black victims and their families are disproportionately denied compensation in many states, often for subjective reasons that experts say are rooted in racial biases.
The AP found disproportionately high denial rates in 19 out of 23 states willing to provide detailed racial data, the largest collection of such data to date. In some states, including Indiana, Georgia and South Dakota, Black applicants were nearly twice as likely as white applicants to be denied. From 2018 through 2021, the denials added up to thousands of Black families each year collectively missing out on millions of dollars in aid.
Debra Long looks through documents about the murder of her son, Randy Long, and photographs from his life, at her home in Poughkeepsie, N.Y., April 19, 2023. An AP examination of data from 23 states shows that Black people are disproportionately denied aid from programs that reimburse victims of violent crime. (Photo: AP/Seth Wenig)
The reasons for the disparities are complex and eligibility rules vary somewhat by state, but experts — including leaders of some of the programs — point to a few common factors:
— State employees reviewing applications often base decisions on information from police reports and follow-up questionnaires that seek officers’ opinions of victims’ behavior — both of which may contain implicitly biased descriptions of events.
— Those same employees may be influenced by their own biases when reviewing events that led to victims’ injuries or deaths. Without realizing it, a review of the facts morphs into an assessment of victims’ perceived culpability.
— Many state guidelines were designed decades ago with biases that benefited victims who would make the best witnesses, disadvantaging those with criminal histories, unpaid fines or addictions, among others.
As the wider criminal justice system — from police departments to courts — reckons with institutional racism in the aftermath of the police killing of George Floyd, compensation programs are also beginning to scrutinize how their policies affect people of color.
“We have this long history in victims services in this country of fixating on whether people are bad or good,” said Elizabeth Ruebman, an expert with a national network of victims-compensation advocates and a former adviser to New Jersey’s attorney general on the state’s program.
Debra Long looks through documents about the murder of her son, Randy Long, and photographs from his life, at her home in Poughkeepsie, N.Y., April 19, 2023. An AP examination of data from 23 states shows that Black people are disproportionately denied aid from programs that reimburse victims of violent crime. (Photo: AP/Seth Wenig)
As a result, Black and brown applicants tend to face more scrutiny because of implicit biases, Ruebman said.
In some states examined by AP, such as New York and Nebraska, the denial rates for Black and white applicants weren’t too far apart. But the data revealed apparent bias in other ways: While white families were more likely to be denied for administrative reasons, such as missing deadlines or seeking aid for crimes that aren’t covered, Black families were more likely to be denied for subjective reasons, such as whether they may have said or done something to provoke a violent crime.
In Delaware, where Black applicants accounted for less than half of the compensation requests between 2018 and 2021 but more than 63% of denials, officials acknowledged that even the best of intentions are no match for systemic bias.
At her home in Poughkeepsie, N.Y., on April 19, 2023, Debra Long reflects on her years-long effort to get reimbursed by the state for the funeral of her murdered son, Randy Long. An AP examination of data from 23 states shows that Black people are disproportionately denied aid from programs that reimburse victims of violent crime. (Photo: AP/Seth Wenig)
“State compensation programs are downstream resources in a criminal justice system whose headwaters are inextricably commingled with the history of racial inequity in our country,» Mat Marshall, a spokesman for Delaware’s attorney general wrote in an email. “Even race-neutral policy at the programmatic level may not accomplish neutral outcomes under the shadows that race and criminal justice cast on one another.”
The financial impact of a crime-related injury or death can be significant. Out of pocket expenses for things like crime scene cleanup or medical care can add up to thousands of dollars, prompting people to take out loans, drain savings or rely on family members.
After Randy was killed, Debra Long paid for his funeral with money she had saved for a down payment on her first house. Seventeen years later, she still rents an apartment in Poughkeepsie, New York.
Paperwork and letters relating to the case of Randy Long, who was murdered in 2006, are shown by his mother, Debra Long, in Poughkeepsie, N.Y., April 19, 2023. An AP examination of data from 23 states shows that Black people are disproportionately denied aid from programs that reimburse victims of violent crime. (Photo: AP/Seth Wenig)
Thousands of people are denied compensation every year for reasons having nothing to do with the crime itself. They are denied because of victims’ behavior before or after a crime.
Applicants can be denied if police or other officials say they failed to cooperate with an investigation. That can inadvertently harm people who are wary of retribution for talking to police, or people who don’t have information. A Chicago woman who was shot in the back was denied for failing to cooperate even though she couldn’t identify the shooter because she never saw the person.
And compensation can be denied merely based on circumstantial evidence or suspicions, unlike the burden of proof that is necessary in criminal investigations.
Paperwork and letters relating to the case of Randy Long, who was murdered in 2006, are shown by his mother, Debra Long, in Poughkeepsie, N.Y., April 19, 2023. An AP examination of data from 23 states shows that Black people are disproportionately denied aid from programs that reimburse victims of violent crime. (Photo: AP/Seth Wenig)
Many states deny compensation based on a vaguely defined category of behavior — often called “contributory misconduct” — that includes anything from using an insult during a fight to having drugs in your system. Other times people have been denied because police found drugs on the ground nearby.
In the data examined by AP, Black applicants were almost three times as likely as applicants of other races to be denied for behavior-based reasons, including contributory misconduct.
“A lot of times it’s perception,” said Chantay Love, the executive director of the Every Murder is Real Healing Center in Philadelphia.
Love rattles off recent examples: A man killed while trying to break up a fight was on parole and was denied compensation, the state reasoned, because he should have steered clear of the incident; another was stabbed to death, and the state said he contributed because he checked himself out of a mental-health treatment facility a few hours earlier against a doctor’s advice.
Debra Long looks through documents about the murder of her son, Randy Long, and photographs from his life, at her home in Poughkeepsie, N.Y., April 19, 2023. An AP examination of data from 23 states shows that Black people are disproportionately denied aid from programs that reimburse victims of violent crime. (Photo: AP/Seth Wenig)
Long scoured the police account of her son’s shooting. She called detectives and pleaded to know if they had said anything to the compensation program that would have implicated her son in some kind of a crime. There was nothing in the report. And detectives said they hadn’t submitted any additional information.
Every chance Long got, she reminded detectives and the state officials reviewing her claim that Randy had never been in trouble with the police. She wanted them to understand the injustice was also being felt by Randy’s then-toddler son, who would only know his father through other people’s memories.
Long kept information about her son’s case in a box near her kitchen. As more than 20 notebooks full of conversations with detectives piled up, Long tucked the state’s rejection letter inside a folder so she wouldn’t lose it, but also so she didn’t have to see it every time she searched for something.
“What plays in their mind is that their loved one wasn’t important,” said Love of the Philadelphia-based advocacy group. “It takes the power away from it being a homicide, and it creates a portion of blame for the victim.”
In recent years, several states and cities have changed eligibility rules to focus less on victims’ behavior before or after crimes.
In Pennsylvania, a law went into effect in September that says applicants cannot be denied financial help with funerals or counseling services because of a homicide victim’s behavior. In Illinois, a new program director has retrained employees on ways unconscious bias can creep into their decisions. And in Newark, New Jersey, police have changed the language they use in reports to describe interactions with victims, leading to fewer denials for failure to cooperate.
Xia’la Long looks at the tombstone of her uncle, Randy Long, who was murdered in 2006, while posing for a photo at a cemetery in Poughkeepsie, N.Y., April 19, 2023. An AP examination of data from 23 states shows that Black people are disproportionately denied aid from programs that reimburse victims of violent crime. (Photo: AP/Seth Wenig)
Long, who now works as a victims advocate, was in a training session in 2021 when a speaker began praising New York state’s compensation program. Long tried to stay quiet and get through the training session, but couldn’t. She told the group about her experience and the weight of the letter.
An Office of Victims Services employee approached Long after the meeting. She told Long the program had undergone an overhaul. There were no longer five board members who could make subjective decisions about claims. The program was now operating as a division, and there had been a cultural shift within the agency in the last decade including an increased focus to reach victims of color. She convinced Long to resubmit her claim.
Xia’la Long kisses her uncle Randy Long’s tombstone while posing for a picture for her mother, Tamara Long, and grandmother, Debra Long, in Poughkeepsie, N.Y., April 19, 2023. An AP examination of data from 23 states shows that Black people are disproportionately denied aid from programs that reimburse victims of violent crime. (Photo: AP/Seth Wenig)
A few weeks later, and nearly 15 years after Randy was buried, Long’s application was approved and the state sent her a check for $6,000 — the amount she would have received back in 2006. She used part of that money to help Randy’s son, who is now in college, pay for summer classes.
“It’s not about the monetary amount,” Long said. “It was the way I felt I was treated.”
El proyecto lleva el título Ley de Niños de Estados Unidos, y cuenta con el patrocinio del senador Álex Padilla, quien preside el Subcomité de Inmigración en la cámara alta, y el representante Ami Bera, ambos demócratas de California. Fotografía de archivo. (Foto: EFE/Beatriz Limón)
Un grupo de legisladores demócratas presentó en el Congreso este miércoles un proyecto de ley para dar amparo a unos 250.000 «soñadores documentados» que encaran la deportación.
«Estos adultos jóvenes son criados y educados en Estados Unidos y merecen una forma de quedarse aquí», afirmó en una conferencia de prensa Deborah Ross, representante de Carolina del Norte y miembro del Subcomité de Inmigración en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.
El proyecto lleva el título Ley de Niños de Estados Unidos, y cuenta con el patrocinio del senador Álex Padilla, quien preside el Subcomité de Inmigración en la cámara alta, y el representante Ami Bera, ambos demócratas de California.
La iniciativa, presentada sin éxito en períodos legislativos anteriores, se refiere a inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos con visas de largo plazo vinculadas a las visas temporales de empleo de sus padres o madres.
Algunas de esas visas no dan paso a la obtención de la ciudadanía estadounidense por lo cual, cuando cumplen 21 años de edad, estos inmigrantes deben ser deportados.
Llamados por ello «soñadores documentados», estos jóvenes resultan excluidos de las políticas adoptadas o propuestas a favor de los «soñadores», esto es los inmigrantes llegados ilegalmente al país cuando eran menores de edad y que, técnicamente, son indocumentados.
El Gobierno del expresidente Barack Obama estableció en 2012 el programa conocido como DACA, que difirió la deportación de los «soñadores indocumentados».
A comienzos de 2017 el entonces presidente de EE. UU. Donald Trump canceló el programa y desde entonces, los inmigrantes amparados por DACA han quedado en un limbo mientras continúan las querellas en tribunales.
El proyecto de ley presentado hoy propone una senda a la residencia permanente para los migrantes traídos al país como dependientes de las visas de sus padres o madres, y que además han tenido ese estatus legal por diez años y se han graduado de una universidad estadounidense.
Un grupo de investigadores ha descubierto un tipo de célula cerebral que genera apetito cuando existe un exceso de energía en el cuerpo, como le sucede a las personas obesas.
El hallazgo, publicado este miércoles en la revista especializada Cell Metabolism, identifica que estas células no solo producen una molécula que estimula el hambre, sino que hacen al cerebro más sensible a estos estímulos.
Así, una persona con un exceso de grasa sentirá un mayor apetito que una más delgada.
Los investigadores esperan que este descubrimiento ayude a desarrollar medicamentos dirigidos específicamente a bloquear estos receptores en el cerebro, lo que haría más efectivos los tratamientos para perder peso.
Según explicó el principal autor del estudio, Herbert Herzog, en un comunicado, nuestro cerebro está «programado para resistir la (…) pérdida de peso, que considera una amenaza a nuestra supervivencia».
Herzog calificó el mecanismo descubierto de «círculo vicioso», ya que impide al cuerpo equilibrar su consumo de energía y su acumulación.
El equipo de investigadores forma parte del Instituto Garvan de Investigación Médica, situado en la localidad australiana de Darlinghurst, un suburbio de Sídney.
La concejala Quetcy Lozada, con parte de su grupo de apoyo, el pasado fin de semana a las visperas de las elecciones primarias en Filadelfia. RRSS
Resultados del Concejo Municipal del Distrito, Lozada y Phillips mantienen sus posiciones
Los titulares ganaron fácilmente en dos de las contiendas distritales del Concejo Municipal disputadas de Filadelfia en las primarias de mayo, pero un tercero aún estaba enfrascado en una reñida batalla el miércoles por la mañana.
En todos los demás distritos, un solo candidato se presentó sin oposición, y en todos menos en el Distrito 10 del noreste de Filadelfia, es probable que estos ganadores de las primarias no enfrenten rivales en las elecciones generales de noviembre.
Los concejales Quetcy Lozada en el Distrito 7 y Anthony Phillips en el Distrito 9 mantuvieron sus asientos recién adquiridos. Cada uno ha estado en el cargo solo unos meses, luego de ganar las elecciones especiales en noviembre.
En el Distrito 7 del norte de Filadelfia, que cubre partes de Fairhill, Kensington, Hunting Park, Feltonville, Frankford y Juniata Park, Lozada ganó con el 60% de los votos sobre su retador Andrés Celin. Quetcy, quien tiene una gran trayectoria generacional en esa área de la ciudad, asumió el escaño recientemente después de ganar una elección especial en noviembre pasado para reemplazar a su exjefa, María Quiñones Sánchez, quien renunció para lanzar una campaña para la alcaldía, que interrumpió el 9 de abril, y después le diera su apoyo a Cherelle Parker, quien resultara la ganadora de las primarias.
El escaño del distrito 9 del noroeste de Filadelfia que quedó vacante cuando Cherelle Parker renunció para postularse para alcaldesa fue el objetivo de una contienda tripartita, en la que el titular relativamente nuevo Phillips ganó el 63 % de los votos, mientras que los contendientes James Williams e Yvette Young obtuvieron el 10 % y el 26 % de los votos. %, respectivamente. Representará a Burholme, East Mount Airy, West Oak Lane, East Oak Lane, Lawncrest, Lawndale, Olney y Oxford Circle.
En el Distrito 8, sin embargo, la titular de tres mandatos Cindy Bass mostró el 50,5% de los votos el miércoles por la mañana, en comparación con el 49,3% del organizador sindical Seth Anderson-Oberman, una diferencia de menos de 300 votos.
El distrito abarca partes del norte de Filadelfia, así como los vecindarios de Chestnut Hill, Mount Airy, Germantown, Nicetown, Tioga y Logan en el noroeste de Filadelfia.
En el Distrito 5 de North Central Philly, donde el presidente del consejo Darrell Clarke dejará el cargo después de más de cuatro décadas, una campaña por escrito de Robin Aluko no logró hacer mella en la candidatura de Jeffery «Jay» Young, quien obtuvo el 94 %. del voto
Los mandatos de los miembros del consejo son de cuatro años, sin límite en el número de mandatos que un miembro puede servir.
En el Distrito 7, según reporta WHYY, en el Centro Recreativo McVeigh en Kensington, los votantes parecían divididos entre Lozada y Celin. La residente Roz López, que llegó a votar con su hija y su nieta, dijo que siente que Quinoñes-Sánchez decepcionó a los residentes de Kensington al no abordar los mercados de drogas al aire libre en el vecindario, y le preocupa que Quetcy continúe con esa inacción.
“Quinoñes estuvo presente, pero no cumplió con el seguimiento, y no me refiero a eso”, dijo López.
Ella espera que quien gane diga no a los sitios de inyección supervisada. “Continúa permitiendo el mal comportamiento”, dijo, y en su lugar pidió hogares de recuperación.
Maria, ha defendido en repetidas ocasiones, que la situación que se vive en el distrito que representó por casi 15 años, se origina en el abandono sistémico de la Ciudad, y a las políticas que justamente ella intentaba cambiar y fueron las que la motivaron a correr por la alcaldía.
Quecy, creció en Hunting Park y ahora vive en Northwood. Su propuesta de “Plan Marshall de Estabilización y Recuperación” para Kensington y la ciudad incluye una mayor presencia policial en el distrito.
Aunque Quetcy se describe a sí misma como un poco más conservadora que su predecesora, aún se considera progresista. Además de su década como jefa de personal de Quiñones Sánchez, ha trabajado como directora de participación comunitaria para DA Larry Krasner y, desde 2020, como vicepresidenta de organización y participación comunitaria en el proveedor de servicios sociales Esperanza.
Quetcy aseguró una fácil victoria en las elecciones especiales de noviembre pasado, y ahora inclusive ha tenido como aliado al representante Angel Cruz, quien fuera contrincante en el pasado. Quetcy sigue ganando más apoyo general de los líderes demócratas. Para esta elección, Lozada obtuvo el respaldo del Comité de la Ciudad Democrática y del grupo de defensa urbanista 5th Square.
Andres Celin, quien obtuvo el 40% de las preferencias contra Lozada, es un educador y trabajador social de 34 años que una vez trabajó como director de extensión de la exmiembro del Concejo Helen Gym. El se presenta como un organizador comunitario. Celin propuso la expansión de las unidades móviles de crisis no policiales.
Ante el cuestionamiento de miembros de la comunidad de Kensington, ambos candidatos expresaron su oposición a los sitios de inyección supervisados sin el apoyo de la colectividad, sin embargo, hay registro de que Celin cambio su postura, ya que el cómo su mentora los consideraba como parte de las soluciones para la crisis del uso de opioides en este gran mercado de droga abierto en Kensington.
Este reporte es parte de Every Voice, Every Vote, un proyecto colaborativo administrado por el Instituto Lenfest de Periodismo. El apoyo principal lo proporciona la Fundación William Penn con fondos adicionales del Instituto Lenfest, Peter y Judy Leone, la Fundación John S., James L. Knight, Harriet y Larry Weiss y la Fundación Wyncote, entre otros. Para obtener más información sobre el proyecto y ver una lista completa de colaboradores, visite www.everyvoice-everyvote.org El contenido editorial se crea independientemente de los donantes del proyecto.
Cherelle Parker fue hospitalizada el martes por una emergencia dental y no pudo subir al escenario en su propia fiesta de la victoria, un final inesperado para un resultado histórico en las primarias demócratas para la alcaldía.
Un portavoz de la campaña, Aren Platt, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico después de la medianoche que Parker “tenía un problema dental reciente que requería atención médica inmediata esta noche” y estaba recibiendo atención en la Universidad de Pensilvania.
“Cherelle espera celebrar con todos sus amigos y simpatizantes y agradece a todo Filadelfia por hacer historia esta noche”. dijo Platt.
Parker le dijo más temprano ese día al The Inquirer, que tuvo una cirugía dental de emergencia el viernes para que le sacaran un diente. Dijo que en febrero se enteró de que necesitaba que le sacaran un diente, pero lo pospuso para concentrarse en la campaña. Sin embargo, no llegó al día de las elecciones y se lo quitaron el viernes.
Más temprano en la noche, Ryan Boyer, quien dirige el Consejo de Oficios de Construcción y Construcción y fue un partidario clave de Parker, había dicho que Parker estaba deshidratada.
“Ella estará lista para hablar mañana. Ella está bien”, dijo Boyer.
La celebración continuó sin ella en el salón del sindicato de trabajadores en el norte de Filadelfia, mientras los seguidores bailaban con ropa de color naranja brillante del Team Parker.
Parker, la primera mujer en ganar la nominación demócrata a la alcaldía de Filadelfia, y probablemente se convertiría en la primera alcaldesa de la ciudad, había mantenido una agenda apretada en el período previo a las elecciones.
Más temprano ese día votó en su lugar de votación en East Mount Airy con su hijo de 10 años, Langston. Posó con políticos en el Famous Fourth Street Deli, un popular lugar político para charlar al mediodía.
Ella tuiteó “Me siento increíblemente honrada de haber ganado la nominación demócrata esta noche… Ha sido un largo camino, y ver el trabajo incansable de mi equipo de campaña, simpatizantes y familia dando frutos es una lección de humildad. Espero con ansias que llegue noviembre y reunir a nuestra ciudad como su alcalde número 100”.
This combo from photos provided by Philadelphia Dept. of Prisons shows from left, Nasir Grant, left, and Ameen Hurst. Authorities searched Tuesday, May 9, 2023, for two inmates, one accused of killing four people, who were gone from a Philadelphia prison for nearly 19 hours before officials knew they were missing. Hurst, 18, and Grant, 24, escaped from the Philadelphia Industrial Correctional Center around 8:30 p.m. Sunday by cutting a hole in a fence surrounding a recreation yard, the Philadelphia Department of Prisons said. (Photo: AP/Philadelphia Dept/of Prisons)
PHILADELPHIA. — An escaped inmate has been recaptured Wednesday morning in Pennsylvania after breaking out of a prison where he had been held on charges of killing four people.
It was the second of two inmates apprehended after escaping from a Philadelphia prison earlier this month, authorities said.
City police Commissioner Danielle Outlaw said Ameen Hurst, 18, was arrested by U.S. Marshals in the city’s West Philadelphia section, but further details on the capture were not immediately disclosed.
Hurst and Nasir Grant, 24, escaped from the Philadelphia Industrial Correction Center on May 7 by cutting a hole in a fence surrounding a recreation yard, the Philadelphia Department of Prisons has said. The two men were gone for nearly 19 hours before officials knew they were missing.
While Hurst had been charged with four counts of murder, Grant was being held on conspiracy drug charges and conspiracy weapons charges. Officials have said the inmates were housed in the same unit, but different cells.
Grant was arrested Thursday night after members of a fugitive task force who were conducting surveillance in an area of North Philadelphia saw him leave a residence dressed as a woman. He was stopped in a car nearby and arrested without incident.
Three people have been charged with aiding the men in their escape.
Cherelle Parker, una demócrata con una larga historia política en Pensilvania, ganó las primarias para la alcaldía de Filadelfia el martes, lo que probablemente la convertirá en la alcaldesa número 100 de la ciudad y la primera mujer en desempeñar el cargo.
Parker, de 50 años, quien se desempeñó durante 10 años como representante estatal del noroeste de Filadelfia antes de su elección para el concejo municipal en 2015, se afirmó a sí misma como una líder cuya experiencia en el gobierno le permitiría abordar los grandes problemas de seguridad pública y calidad de vida en la sexta ciudad más grande de la nación.
Se enfrentará al republicano David Oh en las elecciones generales del 7 de noviembre.
Parker venció a otros ex concejales de la ciudad que renunciaron a sus asientos para lanzar sus campañas. Parker se comprometió durante sus eventos proselitistas, a “detener la sensación de anarquía que azota a nuestra ciudad” poniendo a cientos de oficiales más en las calles para participar en la vigilancia comunitaria. Parker presionó para que los oficiales usaran todas las herramientas legales, incluida la detención de alguien cuando tienen “una causa justa y una sospecha razonable”.
Recibió el apoyo de miembros de la delegación de Filadelfia en la Cámara, así como de miembros del Congreso. También estaba respaldada por sindicatos y varios distritos de la ciudad, y el actual alcalde, Jim Kenney, dijo que había emitido su voto por ella.
La nominada era esperada en su casa de campaña para dirigirse a sus seguidores, pero con el lugar lleno de gente y prensa, avisaron que Parker habia tenido una emergencia, sin especificar de que tipo, y que no se presentaría a festejar. Sin embargo minutos despues salió este agradeciemiento en su cuenta de Twitter.
Heather Boyd, Democratic candidate for Pennsylvania House of Representatives, votes at her polling place, Christ's Community Church, Tuesday, May 16, 2023, in Drexel Hill, Pa. (Photo: AP/Matt Slocum)
HARRISBURG, Pa. — Democrats maintained their narrow Pennsylvania House majority Tuesday by winning a special election and along with it continued control over how the chamber will handle abortion, gun rights and election law legislation.
Heather Boyd won a seat in the Philadelphia suburbs, beating Republican Katie Ford for a vacancy created by the resignation of Democratic Rep. Mike Zabel. Zabel quit the Legislature in March, shortly after a lobbyist accused him of sexually harassing her.
Boyd is a former congressional and state legislative aide. Her district was once Republican but has given solid margins to Democratic candidates in recent elections. Her win gives Democrats 102 seats, the minimum needed to control the agenda in the 203-member House. The state Senate has a Republican majority.
The Democrats’ victory in the Delaware County district means first-term Democratic Gov. Josh Shapiro will have at least one chamber to aid his agenda going into the final month of budget negotiations. The result could also affect a proposed constitutional amendment limiting abortion rights that legislative Republicans are one House floor vote away from putting before voters as a referendum.
Reflecting the stakes, President Joe Biden endorsed fellow Democrat Boyd on Monday, calling her “an experienced public servant who will protect a woman’s right to make her own health care decisions, stand up for common sense gun safety laws and expand access to voting rights.”
Shapiro cut an ad focusing on the abortion issue for Boyd, who reported raising more than $1.3 million, including more than $1 million in in-kind advertising from the House Democrats’ campaign arm and the Democratic Party. Ford reported raising about $146,000, more than half of which came from the House Republicans’ campaign arm.
Boyd emphasized protection of abortion rights, drawing a contrast with Ford, who is personally against abortion but says she did not want to change existing state law. Republicans had hoped to regain the majority, in part, to advance the proposed constitutional amendment that says the Pennsylvania Constitution does not guarantee any rights relating to abortion or public funding of abortions.
Ford criticized Boyd, who has been a leading Democratic Party official in Delaware County, for not doing more in response when she learned about the allegations against Zabel. Boyd said she respected the lobbyist’s request for confidentiality about her claim that Zabel caressed her leg while they discussed legislation outside the Capitol in 2018 and did not stop when she moved away from him.
“Common sense says that if someone comes to you and says that they’re being sexually harassed, you do something about it,” Ford said during a televised debate. “You don’t just let it go.” Boyd responded that she did not endorse or support Zabel after hearing of the lobbyist’s account, and says she tried unsuccessfully to find someone to run against Zabel.
Republicans entered the 2022 election with a 113-90 advantage in the state House, but Democrats flipped a net of 12 seats in November, barely enough to claim majority status after 12 years and elect one of their own as speaker.
Stender, a Shikellamy school board member, firefighter and former EMT, was endorsed by former Rep. Lynda Schlegel Culver, the Republican who represented the district before winning a state Senate special election earlier this year. Stender beat Democrat Trevor Finn, a Montour County commissioner. The district also includes part of Northumberland County.