El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. (Foto: EFE/Thais Llorca/Archivo)

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció el pasado 28 de julio que firmó una nueva orden ejecutiva, que pide que a partir del 16 de agosto próximo las agencias del Gobierno requieran a todos sus empleados que trabajen de forma presencial estar vacunados contra la COVID-19.

La Orden Ejecutiva 2021-058 fue emitida ante el alza de contagios registrada en los últimos días en la isla, atribuida a la variante Delta, explicó Pierluisi en rueda de prensa.

Indicó que todo funcionario debe estar debidamente vacunado con al menos la primera dosis para el 16 de agosto y haber completado el ciclo en o antes del 30 de septiembre.

Según Pierluisi, 27.000 de 90.000 empleados públicos en 65 agencias públicas no se han vacunado.

«Estamos convencidos de que atacar este virus es por la vía de la vacunación», afirmó.

HABRÁ UN GRUPO EXENTO

No obstante, estarán exentos de la obligación de estar inoculados los empleados cuyo sistema inmune esté comprometido, que son alérgicos a las vacunas o tienen alguna otra contraindicación médica que impida la inoculación. Esto deberá ser certificado por un médico autorizado a ejercer su práctica en Puerto Rico.

Además, el médico deberá certificar la duración de la contraindicación médica. Una vez que la contraindicación cese, la persona deberá cumplir con el requisito de vacunación.

Por otro lado, se permite, a manera de excepción, el no inocularse por motivos religiosos siempre y cuando la vacuna vaya en contra de los dogmas de la religión del empleado.

Para cumplir con esta excepción, el empleado deberá presentar una declaración jurada junto al ministro de la religión o secta que certifique bajo juramento y sujeto a perjurio que por causa de sus creencias religiosas no podrá ser inoculado contra la COVID-19.

LOS NO VACUNADOS TENDRÁN QUE LLEVAR UNA PRUEBA SEMANAL

Estos empleados, sin embargo, tendrán que llevar una prueba molecular o de antígeno de COVID-19 semanalmente, o un resultado positivo con certificación médica diciendo que ya no son contagiosos.

«Lo que queremos es que el Gobierno esté seguro, que no haya posibilidad de contagios en las agencias del Gobierno y que no pongan en riesgo a la población», dijo el gobernador.

En el caso de aquellos empleados que no presenten su certificado de inmunización, el resultado negativo semanal ni el resultado positivo con documentación de recuperación, y que no cumplan con las excepciones detalladas en la Orden Ejecutiva, no podrán acudir a trabajar de forma presencial.

Quienes no puedan o no deseen vacunarse por razones médicas o religiosas podrán acudir a trabajar de forma presencial utilizando las medidas de seguridad correspondientes, lo que incluye el uso de mascarilla, distanciamiento social y cualquier otra que de tiempo en tiempo disponga el Departamento de Salud.

CASI 60 % DE PUERTO RICO ESTÁ VACUNADO

Según detalló Pierluisi, 59,5 % de la población de Puerto Rico está totalmente vacunada.

En cuanto a las personas elegibles para ser vacunadas, que son mayores de 12 años, la proporción alcanza el 67,6 %, mientras que 76,5 % de la población total tiene por lo menos una dosis.

«Aquí en Puerto Rico hemos sido efectivos en el proceso de vacunación», afirmó Pierluisi al mencionar que Puerto Rico se ubica séptimo entre los estados y territorios de Estados Unidos desde el punto de vista de la cantidad de gente vacunada.

«Pese a eso, han subido los contagios», admitió el gobernador, quien no obstante afirmó que las hospitalizaciones y muertes «están bajo control, pero no podemos permitir que suban a números insostenibles».

Pierluisi mencionó además cuatro razones principales para elaborar la nueva orden ejecutiva.

Las primeras tres son el aumento en los contagios a niveles local, nacional e internacional, la necesidad de garantizar la salud pública y la continuidad de los servicios esenciales del Gobierno, y la importancia de contrarrestar la información incorrecta sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas, asegurando que es seguro vacunarse.

La cuarta razón es que existe precedente y base legal para exigir la vacunación, que confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De igual forma, Pierluisi recomendó y autorizó a las corporaciones públicas, a los municipios, a los patrones privados, a la Asamblea Legislativa y a la Rama Judicial tomar medidas similares para garantizar y proteger la vida de todos sus empleados y público que les visita.

En el caso de las personas que deseen entrar a centros comerciales y entidades privadas que atiendan público, recomendó presentar prueba de vacunación o un resultado negativo del coronavirus en las pasadas 72 horas.

«La idea es protegernos y que se vacune todo el que se pueda vacunar. Hay más de 470 centros de vacunación. Tenemos la dicha de que tenemos vacunas por doquier por nuestra relación con el Gobierno de Estados Unidos», enfatizó Pierluisi.

«Para acabar de vencer esta pandemia, este es el paso por seguir. Por encima de todo, el pueblo debe estar unido. Es una responsabilidad de todos de aceptar este reto y propiciar a los que faltan por vacunarse», puntualizó.

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