La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico ha presentado el marco de referencia que detalla las líneas generales para reestructurar aproximadamente 35.000 millones de dólares de deuda en la isla además de 50.000 millones en deuda de pensiones, que puede llevar a un recorte de estas.
El plan enmendado, presentado ante la Corte de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, provee un camino para salir de la quiebra este año y sienta las bases para la recuperación y el crecimiento económico de Puerto Rico, de acuerdo con la JSF.
Además, considera que reduce de manera «sustancial» la deuda y los pagos del servicio de la deuda del Gobierno de Puerto Rico, y aún más cuando se compara con el anterior Plan de Ajuste radicado en febrero de 2020.
Los términos del plan enmendado reflejan los efectos acumulativos de la pandemia, la recesión en curso y varios desastres naturales de los últimos años en Puerto Rico y su economía.
«El Plan de Ajuste es un paso hacia adelante para la recuperación, estabilidad y prosperidad de Puerto Rico. Este plan reduce de manera sustancial la carga del pago de la deuda a futuras generaciones, estabiliza y protege las pensiones que han sido mal administradas durante tanto tiempo y afirma los acuerdos de negociación colectiva de los trabajadores gubernamentales», dijo el presidente de la JSF, David Skeel, en un comunicado.
En un comunicado, el gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, indica que los términos económicos del plan «incluyen muchos aspectos positivos para Puerto Rico», si bien «aún incluye un recorte a las pensiones de los servidores públicos de aproximadamente 8,5 % para aquellos pensionados que reciban más de 1.500 dólares mensuales».
«Mi Administración ha sido enfática en que este recorte a las pensiones no es razonable y tampoco es necesario para confirmar el Plan de Ajuste, por lo que así lo dejaremos establecido en el proceso de confirmación ante el Tribunal de Título III», concluyó.
Los elementos principales del plan incluyen la reestructuración de la deuda del Gobierno central, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y el Sistema de Retiro de Empleados (SRE); las reclamaciones contra el Estado Libre Asociado, basadas en ingresos histórica y condicionalmente apropiados a ciertas instrumentalidades; y las reclamaciones generales no garantizadas contra el Estado Libre Asociado, la AEP y el SRE.
El plan reduce la deuda pendiente del Estado Libre Asociado y otras reclamaciones en casi 80%, de 35.000 millones a 7.400 millones en nueva deuda de bonistas de obligación general (GO).
Asegura un servicio de deuda anual sostenible y asequible de menos del 8% de los ingresos de origen propio del año fiscal 2020 al reducir el servicio máximo de deuda anual de hasta 4.200 millones de dólares a 1.500 millones, y pone a disposición más de 3.000 millones por año para los servicios que necesita el pueblo de Puerto Rico.
Asimismo, reduce los pagos totales del servicio de la deuda del Gobierno en más de 60 %, de 90.400 millones a 34.100 millones, con un ahorro de unos 60.000 millones en pagos de servicio a la deuda.
Los poseedores de más de 13.000 millones de bonos han firmado ahora el Acuerdo de Apoyo al Plan de GO y de la Autoridad de Edificios Públicos, lo cual representa más del 70 % de los reclamos agregados de GO y la AEP.
El acuerdo con los retirados reestructura la deuda de pensiones para permitir su sostenibilidad a largo plazo, al tiempo que garantiza que más del 80 % de los jubilados no tengan ninguna reducción, asegura la JSF.
Por último, las reducciones previstas a las pensiones pueden restablecerse si las finanzas públicas superan al Plan Fiscal en 100 millones o más en cualquier año dado; el 10 del exceso se asignaría a los retirados para compensar por la cantidad de reducción a su pensión.
Si las finanzas del Gobierno superan el Plan Fiscal en 100 millones o más en cualquier año dado, el 25 % del exceso se asignaría a los empleados elegibles, de manera que se incentiva a los empleados a ayudar al Gobierno a trabajar de manera más eficiente.
