Un hombre sostiene una cruz de madera con una foto del estudiante de 24 años Tony Merlo Sevilla, quien fue asesinado por las fuerzas nicaragüenses en 1998 durante las protestas antigubernamentales, durante una marcha de nicaragüenses exiliados en Costa Rica para protestar contra. (Foto: VOA)

El proyecto de resolución rechaza la legitimidad de las elecciones del domingo y pide a la OEA evaluar la situación en Nicaragua.

WASHINGTON — Ocho países presentaron un proyecto de resolución en la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Nicaragua que rechaza la legitimidad de las elecciones y pide al organismo una evaluación la situación en el país.

El proyecto, que fue introducido por Canadá, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay, será debatido durante las sesiones de la asamblea general, que termina el viernes. Para ser aprobado necesita del sí de 18 de los 34 estados miembros.

El documento sentencia que las elecciones presidenciales que le dieron la reelección por cuarto mandato consecutivo al presidente Daniel Ortega el domingo, “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.

Los países dicen en el proyecto de resolución que Nicaragua ha “ignorado todas las recomendaciones de la OEA” y afirma que las iniciativas diplomáticas llevadas a cabo por el organismo para promover la democracia en el país “no han tenido éxito por haber sido ignoradas” por el gobierno del país.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya mostró el martes su rechazo a los comicios en Nicaragua, calificándolos de “ilegítimos” e instó a los países miembros a “responder” en la Asamblea General a una “clara violación de la Carta Democrática”. En junio Almagro pidió al Consejo Permanente considerar aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que suspendería la participación de Nicaragua en el organismo.

La misión de Nicaragua en la OEA rechazó que se incluyera la situación en su país en el temario de la Asamblea General, calificándolo de una “práctica injerencista” y pidió “respeto” a su “integridad y soberanía nacional”.

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