En una votación cargada de tensión y marcada por una fuerte oposición comunitaria y política, la Junta de Educación del Distrito Escolar de Filadelfia aprobó el cierre de 17 escuelas públicas, como parte de un plan de infraestructura a 10 años estimado en cerca de $3 mil millones. La resolución fue adoptada con una votación de 6–3, tras una reunión que debió trasladarse a formato virtual luego de interrupciones y protestas dentro del recinto.

El plan, impulsado por el superintendente Tony Watlington, incluye, además, la modernización de 169 planteles, la colocalización de seis escuelas y la redistribución de estudiantes. Funcionarios del distrito argumentan que las medidas son necesarias para enfrentar déficits estructurales, edificios subutilizados y condiciones inadecuadas en muchas escuelas.

Fuertes reacciones del Concejo y la comunidad

La decisión generó una ola inmediata de rechazo entre padres, estudiantes, docentes y funcionarios electos. Durante la reunión, varios miembros del Concejo Municipal de Filadelfia interrumpieron el proceso para exigir que se escucharan las voces de las comunidades afectadas y solicitar un aplazamiento de la votación.

Entre ellos, la concejala Quetcy Lozada, representante del Distrito 7 y miembro del Comité de Educación del Concejo, expresó su preocupación por la forma en que se gestionó el proceso y por el impacto que tendrá en los vecindarios vulnerables. Antes de la votación, Lozada solicitó públicamente que la Junta pospusiera la decisión como gesto de buena fe y para permitir un diálogo más profundo con las comunidades.

“La administración, el cuerpo legislativo y el distrito escolar se ven como si estuvieran luchando entre sí”, advirtió Lozada durante una audiencia previa, al señalar que la falta de coordinación y comunicación deteriora la confianza pública y dificulta alcanzar soluciones compartidas.

La concejala subrayó que muchas de las escuelas incluidas en la lista de cierres funcionan como anclas comunitarias, ofreciendo no solo educación, sino también alimentos, apoyo a familias y espacios seguros para niños y jóvenes. En vecindarios como Kensington, que forman parte de su distrito, Lozada ha insistido en que las escuelas “no son solo edificios, sino parte de una familia y un refugio para la comunidad”.

Amenazas legales y próximos pasos

Tras la aprobación del plan, Lozada se sumó a una mayoría del Concejo Municipal que manifestó su firme oposición y dejó abiertas la posibilidad de acciones legales, de una mayor supervisión presupuestaria y de resistencia institucional. Otros concejales también advirtieron que podrían bloquear futuras nominaciones de miembros de la Junta o presentar demandas para frenar el plan.

El Sindicato de Maestros de Filadelfia (PFT) calificó la decisión de imprudente y alertó de que el cierre de escuelas puede convertir sectores de la ciudad en “desiertos educativos”, con consecuencias sociales y económicas a largo plazo.Por su parte, el Distrito Escolar indicó que desarrollará planes de transición y reubicación para los estudiantes afectados y continuará el diálogo con las comunidades, aunque los líderes comunitarios insisten en que la aprobación del plan sin un consenso amplio ha profundizado la desconfianza.

La votación marca un punto de inflexión en la relación entre el Distrito Escolar y el gobierno municipal, y deja claro que la controversia por el cierre de escuelas en Filadelfia está lejos de terminar.