La situación del consumo de drogas en Estados Unidos ha impactado a la comunidad hispana
Cada vez más ciudades de Estados Unidos huelen a cannabis. También las carreteras y las áreas rurales. La presencia de droga en espacios públicos aumenta.
Todo comenzó con el uso terapéutico de drogas: medicamentos para el dolor recetados legítimamente dejaron millones de adictos a todo tipo de sustancias legales e ilegales.
Cuando se habla de “crisis de drogas” en Estados Unidos, se hace referencia a opioides (analgésico, heroína y fentanilo). Sin embargo, su uso viene acompañado del de estimulantes (metanfetamina y cocaína). Es lo que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) llaman “uso de polisustancias”.
¿Agrava una cruzada contra la droga la existencia de más droga? La cara y la cruz de la legalización.
La sociedad ha aceptado el consumo de la marihuana –como ya hizo con el alcohol–. El criterio político –en uno y otro caso– es que se prefiere respetar los derechos del individuo, y eso significa el derecho de las personas al consumo de drogas legales.
En veinticuatro estados del país la marihuana recreativa es legal
La cara de la moneda que la legalización de ciertas drogas conlleva es el establecimiento de unos impuestos que generan ingresos a las arcas públicas y el respeto del derecho personal, además del desarrollo económico generado por el tejido empresarial en torno al producto.
La cruz, el aumento del gasto público en programas de prevención, recuperación, salud, seguridad y, sobre todo, el coste de vidas unido a la facilidad de dar el siguiente paso a consumir otro tipo de drogas de forma ilegal.
A los peligros de la droga se unen los perjuicios añadidos para los hispanos, por el riesgo de la discriminación y la exclusión social, al que llevan creencias erróneas por generalizaciones que han incendiado un ambiente antinmigrante: “Cuando México nos manda gente, no nos mandan a
los mejores. Nos mandan gente con un montón de problemas, que nos traen drogas, crimen, violadores…» (Palabras del lanzamiento de la campaña electoral de Donald Trump en 2015).
LA ESCALADA
Una de las principales causas de muerte de los estadounidenses de 18 a 45 años es la intoxicación por drogas –indican los CDC–.
“Estamos experimentando la crisis de intoxicación por drogas más grave en la historia de nuestro país, impulsada principalmente por la propagación de drogas ilícitas que contienen fentanilo. Los delincuentes del tráfico de drogas…, están inundando nuestras calles con este veneno a un ritmo alarmante”, dijo el agente especial Jared Forget de la División de Washington de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) el pasado septiembre en Charlottesville, VA al concluir la operación de la DEA Rock.
Forget añadió que la droga y las armas de fuego incautadas provenían de fuera del estado de Virginia, de lugares como California y que muchas de las transacciones pudieran estar vinculadas a los cárteles mexicanos, quienes, por cierto, se abastecen de su armamento procedente de Estados Unidos.
La producción de fentanilo ilegal, la desarticulación de los cárteles implicados en su producción y la supresión de las rutas de distribución hacia Estados Unidos son temas abordados por el presidente Joe Biden con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador en cada una de sus reuniones. También en el reciente encuentro en San Francisco entre Biden y el presidente chino Xi Jinping se ha establecido una alianza destinada a mitigar la producción ilegal de fentanilo.
Según Bloomberg, el acuerdo entre Estados Unidos y China incluye el compromiso chino de tomar medidas contra las empresas que fabrican precursores de fentanilo (las materias primas utilizadas en la producción del letal opioide) y que, desde China son exportados a México, donde se produce el fentanilo que luego es transportado y distribuido en Estados Unidos.
Este acuerdo llega en un momento en el que la crisis del fentanilo ha aumentado. El informe de los CDC indica que la sobredosis de esta droga causó 70,601 muertes de estadounidenses en 2021, cifra que tiende a aumentar.
En los últimos cinco años las muertes vinculadas a la cocaína se han duplicado. Las debidas a la sobredosis de metanfetaminas se han triplicado.
En 2022, la DEA incautó más de 58 millones de pastillas falsas que contenían fentanilo y más de 13,000 libras de fentanilo en polvo. Esta cantidad representa aproximadamente 387.6 millones de dosis potencialmente mortales de fentanilo.
La situación es tan alarmante que, al inicio del presente curso escolar, la División de Washington de la DEA instó a las familias a tener conversaciones abiertas sobre los peligros de la experimentación y el uso de drogas, algo que no discrimina edad, género o ubicación, y afecta a todos, incluidos los niños en la escuela.
“Nuestros ciudadanos, particularmente la generación más joven, están expuestos a un suministro de drogas ilegales que es más peligroso que nunca, lo que subraya la necesidad de que los padres, cuidadores, estudiantes y educadores comprendan los riesgos del uso de sustancias y tomen las medidas adecuadas para que se mantengan protegidos. Es esencial que todos entiendan que una sola pastilla puede ser fatal. Una pastilla puede matar”, indica el agente Forget. Dos miligramos de fentanilo son potencialmente mortales y seis de cada 10 píldoras analizadas en los laboratorios de la DEA contienen una dosis potencialmente letal.
“Lo que pasa en la ‘yarda’ del vecino termina afectándonos”. Lo que ocurre alrededor del estado en el que vivimos nos impacta.
EL FALSO TRATAMIENTO
La escalada del consumo de drogas y el correlacionado aumento de su tráfico, tiene a la base en buena parte, los problemas de salud mental agudizados durante la pandemia. Los dispensarios de marihuana para uso medicinal han proliferado pero sus beneficios han sido ampliamente cuestionados.
En el caso de Pensilvania, está rodeada por estados donde el cannabis es legal para su consumo para adultos (cinco de seis), tiene consecuencias
Mientras para los defensores de la legalización del uso recreativo de la marihuana en Pensilvania, su aprobación traería unos ingresos que el estado necesita y que, en la actualidad, se escapan hacia los estados aledaños; además evitaría que los consumidores –de cualquier edad– comprasen en mercados ilegales.
Los detractores defienden que los consumidores continuarán acudiendo a mercados ilegales y que, la legalización de la marihuana será una vía para crear adictos que fácilmente pasen a consumir otras sustancias más letales e ilegales. También defienden el balance económicamente negativo para el estado. A la vista de informes económicos como el presentado por estados como Colorado –en el cual el uso del cannabis es legal desde 2012– los ingresos producidos por la legalización son mucho más bajos de lo previsto, y, en cambio los gastos generados por partidas como aumento de delitos, de accidentes e inseguridad en las carreteras provocado por conductores que dan positivo a la prueba de marihuana se dispararon al alza (estudio realizado por el “National Institutes of Health”). Pero además se ha comprobado que lejos de ser un tratamiento para la depresión, y la ansiedad, el consumo de marihuana empeora los síntomas y hasta eleva el riesgo de brotes psicóticos y suicidio.
El consumo de drogas a nivel local y cómo puede impactar a las familias hispanas una decisión incorrecta
Delaware aprobó la utilización de la marihuana para uso recreativo. El Primer Estado ha pasado años debatiendo acerca de la legalización de la marihuana para uso recreativo y la creación de una industria regulada en torno a ella en el estado.
La “Delaware Marijuana Control Act”, fue aprobada por los legisladores estatales la pasada primavera, con el fin de crear un marco legal para la industria de la marihuana. El gobernador Carney, firmó en abril la autorización de la marihuana para usos recreativos, siguiendo los pasos de otros estados.
Pero el consumo de droga y sus consecuencias ya era un problema en Delaware desde hacía tiempo.
La “Prescription Opioid Settlement Distribution Commission” copresidida por la vicegobernadora de Delaware Bethany Hall-Long y la fiscal general Kathy Jennings, es un grupo independiente de líderes que colaboran en la creación y defensa de políticas públicas que garanticen que los recursos de los acuerdos sobre opioides de Delaware vayan exacta y exclusivamente a donde se necesitan.
Así se brinda a las personas con adicción “una mayor oportunidad de recuperación a largo plazo y la capacidad de prosperar en todos los aspectos de la vida”, señaló Hall-Long al inaugurar unas viviendas remodeladas con fondos facilitados por la comisión y gestionadas por Central YMCA a quien la vicegobernadora agradeció “ayudarnos a combatir la crisis de opioides”.
“Cuando alguien está en recuperación y lucha contra el uso de sustancias, es fundamental que hagamos todo lo posible para brindarle los recursos necesarios para que tenga éxito durante todo el proceso de recuperación” opina Hall-Long.
El debate en los municipios de Delaware
La ley aprobada en Delaware permite fumar marihuana en lugares privados (no en los públicos) y contiene ciertas limitaciones (horarios y distancia entre los negocios dedicados a la marihuana). Las regulaciones no estarán finalizadas hasta el próximo verano y permite que los ayuntamientos puedan promulgar sus propias ordenanzas –siempre que no entren en conflicto con la regulación estatal– estando autorizados a prohibir la venta, cultivo y manufactura dentro de los límites de la ciudad.
El debate está servido. Mientras ciertos municipios (Milford, Dover…) abogan a favor, las ciudades costeras (Dewey Beach, Bethany Beach, Rehoboth Beach –localidad donde Biden tiene su segunda residencia– , Ocean View y Fenwick Island), todas ellas localidades turísticas en las que abundan residencias de vacaciones de familias de clase media alta y alta, han acordado prohibir la venta de marihuana y la realización de actividades empresariales relacionadas con ella en sus términos municipales.
Los líderes de las comunidades costeras han compartido temores de seguridad y el deseo de limitar el olor en público. “La seguridad es lo primero sobre los derechos individuales, por lo que no se pueden infringir los derechos de otra persona que está a tu lado”, dice Williams Stevens, alcalde de Dewey Beach.
Millsboro, Dagsboro y Middletown han impuesto prohibiciones en el negocio de la marihuana, al igual que piensa hacer Seaford.
En Newark esperan a ver las regulaciones estatales antes de actuar. Las regulaciones para el manejo de establecimientos de marihuana no estarán finalizadas hasta el verano.
En Georgetown, capital del condado de Sussex (el mismo condado en el que están muchas de las localidades costeras que han optado por la prohibición), el Concejo de la ciudad envió a la Comisión de Planificación en noviembre un borrador redactado por el administrador y el alcalde de la ciudad, en el sentido de permitir un número limitado de lugares de venta, cultivo, manufacturación y prueba de marihuana dentro de los límites de la ciudad.
En el borrador se propone el permiso del establecimiento de locales para venta en el corredor comercial de la autopista, justo el mismo distrito en que están permitidos los dispensarios de marihuana médica (y que están dentro de los límites de la ciudad).
El alcalde, antiguo policía, justifica la presentación del borrador como medida para “tener todo bajo control”.
“Me molestó cuando lo aprobaron, por el simple hecho de que aquí tenemos la ‘pallet village’ donde nosotros estamos intentando alejar a la gente de las drogas y entonces el estado lo hace bueno y aprueba una droga que no debería ser legal. Todo el mundo dice que la marihuana no es nada. Bueno la marihuana lleva a otras drogas. He visto en mis 25 años como policía cómo la gente fue de la marihuana a otras avenidas de cocaína y heroína”, señala West.
La villa a la que se refiere el alcalde de Georgetown como “pallet village” es un proyecto piloto de viviendas de transición para personas sin hogar dentro de la ciudad. Acceden personas que vivían en campamentos clandestinos en los bosques de las afueras de la ciudad. Fue inaugurado oficialmente en agosto y de resultar exitoso pretende replicarse en otras ciudades del estado.
Uno de los motivos que llevaron a un número significativo de residentes de la villa a quedarse sin hogar fueron precisamente las adicciones y/o sus consecuencias.
“Estamos tratando con algunas personas con desafíos reales y profundos por el uso de sustancias, y realmente necesitan apoyo adicional», decía la gerente del proyecto Trish Hill después de que un residente sufriera una sobredosis en el área la primera semana.
La aprobación de una ordenanza municipal favorable a la marihuana no parece a priori lo más recomendable para apoyar el proyecto que está experimentando la ciudad ni para la seguridad de una ciudad que según estadísticas de Neighborhood Scout tiene una tasa de criminalidad de 43 por cada mil residentes.
Según los datos del censo, un 39.3% de la población de la ciudad es hispana, muchos de ellos, niños que acuden a las escuelas de la ciudad. Para el curso escolar 2023-2024 siete escuelas públicas sirven en la ciudad a 7,104 estudiantes, además de una escuela privada y un colegio comunitario.
Los niños hispanos son mayoría en muchas de esas escuelas. Por ejemplo, en Georgetown Elementary School un 55% de estudiantes son hispanos, Georgetown Middle School 65.9% y North Georgetown Elementary School 76%. Las tres escuelas están dentro de los límites de la ciudad.
El número de consumidores de drogas aumentó un 23% en una década
¿Qué traería para Georgetown la aprobación de una ordenanza municipal regulatoria de la industria de la marihuana en lugar de su prohibición? Y, sobre todo, ¿qué precio pagaría su población más vulnerable, buena parte de ella hispana y en especial niños?
El alcalde de Georgetown, estima que: “Va a ser una ley federal que la marihuana sea aceptable, ¿por qué no ir adelante poniendo algunas reglas y regulaciones que sabemos que podemos controlar?”.
Delaware ya huele a marihuana y se incrementa el gasto en programas –también bilingües– para esquivar el abuso de drogas y paliar sus efectos. ¿Ocurrirá igual en el resto de los estados en los que se debate la legalización de la marihuana? El tiempo dará y quitará razones, sin embargo, una decisión gubernativa incorrecta se cobrará y/o impactará negativamente vidas, muchas de ellas serán vidas de hispanos; muchas de ellas en condiciones de vulnerabilidad, y que tienen más dificultades en el acceso a la información y a la salud.
