El Salón de Baile de la Casa Blanca, una de las principales prioridades y batallas legales para el presidente Donald Trump, toma forma a medida que pasan las semanas gracias al trabajo de obreros que en su mayoría son de la comunidad hispana, un colectivo criticado a lo largo de los años por el republicano y uno de los más perjudicados por su agresiva política migratoria.
Con la popularidad en mínimos a pocas semanas de las elecciones legislativas, el Salón de Baile sigue entre las principales obsesiones del mandatario, quien aprovecha cualquier aparición para sacar el tema a colación e insistir en la necesidad de que la residencia presidencial cuente con un espacio capaz de acoger a cientos de personas en banquetes de Estado y otros grandes eventos.
Las obras comenzaron en septiembre de 2025 con la controvertida demolición de la ya desaparecida Ala Este de la Casa Blanca y, tras varios intentos por paralizarlas, continúan desde hace un mes con el aval del Tribunal Supremo, que llegó a paralizar los trabajos temporalmente por las dudas legales planteadas desde instancias inferiores.
Una obra en la que se habla español
El cruce de la calle 15 con la avenida de Pensilvania, donde se encuentra una de las salidas de servicio de la Casa Blanca, se convierte tarde tras tarde en el escenario idóneo para confirmar que casi todas las conversaciones de los trabajadores que levantan sin descanso el Salón de Baile transcurren en español.
«Lo único que podemos decir es que las obras avanzan», aseguró de manera esquiva a EFE un grupo de estos empleados, que evitó precisar su nacionalidad e insistió en que no se les permite revelar ningún detalle por una cuestión de seguridad nacional.
Aún temerosos, regresan a casa con los cascos en la cabeza y ataviados con la ropa de colores fluorescentes que los acredita como los responsables de dar forma, bajo la órdenes generales de la constructora Clark, a este deseo del presidente.
Trump, cuyas medidas de deportación en masa han afectado a hispanos que trabajaban en sectores como la construcción, la agricultora o la hostelería, donde son mano de obra esencial en Estados Unidos, cerró el mes de la Herencia Hispana la semana pasada con un acto en el que animó a los asistentes a visitar las obras del «mejor Salón de Baile jamás construido».
«Van a ser el primer grupo que visite las instalaciones, así que tengan cuidado. No vayan a caerse, porque es una caída peligrosa», indicó el republicano, antes añadir en tono sarcástico que no estaba excesivamente preocupado porque «solo un hispano puede sobrevivir a una caída así».
Los salvadoreños, motor de la construcción en Washington
Según estimaciones del Economic Policy institute, hasta un millón y medio de trabajadores de la construcción están en riesgo de ser deportados, lo que representa entre el 13 % y el 14 % de la fuerza laboral en el sector, aunque el porcentaje se eleva hasta el 33% dependiendo de la especialidad dentro del gremio.
Ha sido justamente gran parte de la comunidad salvadoreña la que ha vivido pendiente de un hilo en los últimos tiempos debido a que estaba previsto que el Estatus de Protección Temporal (TPS), que beneficia y garantiza que unos 170.000 salvadoreños puedan vivir en Estados Unidos, expirara el pasado 9 de septiembre sin que el Gobierno Trump lo extendiera.
Lo dicho por distintos representantes del Gobierno Federal, incluyendo el zar de la frontera, Tom Homan, apuntaba en esa dirección pero el mismo 9 de septiembre la Casa Blanca anunció que se realizará un anuncio «en el momento oportuno» sobre el TPS de los salvadoreños, que aunque conservan de momento su protección van a seguir en vilo.
Paradójicamente, la mayor parte de los salvadoreños que viven en el país norteamericano con esa protección, unos 32.000, residen en torno al área metropolitana de Washington, y de ellos, al menos unos 8.000 trabajaban en la construcción en 2024, según datos de la ONG National Immigration Forum y de las encuestas del Censo de Estados Unidos.
