Mientras la sequía agrava el racionamiento de agua en Puerto Rico, líderes comunitarios locales piden ayuda urgente.

Filadelfia, PA – Puertorriqueños y aliados se reunieron el 13 de agosto en la esquina noreste del Ayuntamiento de Filadelfia para exigir acción federal ante una severa sequía y los problemas persistentes del sistema de agua de Puerto Rico, que están dejando a numerosas comunidades enfrentando interrupciones recurrentes del servicio y racionamientos de hasta 48 horas.

La actividad fue organizada por la Puerto Rican Professionals Network y contó con el apoyo de una coalición integrada por Asociación Puertorriqueños en Marcha (APM), Ceiba, Concilio, Congreso de Latinos Unidos, Esperanza, LULAC Pennsylvania, Philly Boricuas, Taller Puertorriqueño y varios funcionarios electos.

Los organizadores destacaron la falta de acceso a una necesidad básica para la población puertorriqueña. Las personas necesitan agua para beber, cocinar, bañarse, lavar ropa, limpiar utensilios, descargar los inodoros y realizar sus actividades diarias. Para los adultos mayores y las personas con discapacidades, la ausencia de agua potable también puede significar cargar recipientes pesados bajo condiciones de calor extremo.

“Estamos pidiendo el apoyo básico y la infraestructura a la que todo ciudadano tiene derecho”, expresó la concejala Quetcy Lozada ante los asistentes. “Pablo José Hernández, comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., exhortó públicamente a la gobernadora González-Colón a solicitar formalmente una respuesta federal de emergencia inmediata a principios de este mes. La gobernadora evadió la responsabilidad inmediata, como ha hecho anteriormente”.

La emergencia relacionada con el agua en Puerto Rico se ha intensificado rápidamente este verano. Miles de personas en sectores de San Juan, Carolina, Canóvanas, Loíza, Juncos, Gurabo y Trujillo Alto han sido sometidas a horarios rotativos que pueden dejarlas sin agua corriente durante períodos de hasta 48 horas. Estos siete municipios dependen en gran medida del embalse Carraízo y de la planta de filtración Sergio Cuevas.

La sequía es real y severa. Funcionarios federales encargados del monitoreo de sequías han reportado déficits generalizados de lluvia en Puerto Rico tras una marcada disminución de precipitaciones durante mayo, junio y julio. San Juan registró el julio más seco de su historia, mientras que los pronósticos federales advierten sobre lluvias por debajo de lo normal y temperaturas superiores al promedio. Además, se espera que el fortalecimiento del fenómeno de El Niño reduzca parte de la actividad tropical que normalmente aporta lluvia a la isla.

Sin embargo, los oradores en Filadelfia recordaron repetidamente que el problema no puede atribuirse únicamente al clima.

“Lo que estamos viendo hoy es una crisis humanitaria agravada por un desastre natural: la sequía”, dijo Maridarlyn González, directora estatal de LULAC en Pensilvania. “Pero el verdadero culpable no es el clima. Son la infraestructura inadecuada, décadas de mantenimiento pospuesto y la falta de supervisión gubernamental”.

Esa preocupación precede a la sequía actual.

La American Society of Civil Engineers otorgó una calificación de D a la infraestructura de agua potable de Puerto Rico en su informe de infraestructura de 2019. En ese momento, la organización determinó que aproximadamente el 59 % del agua tratada se perdía como “agua no facturada”, una categoría que incluye fugas físicas, medidores inexactos y consumo no autorizado.

El gobierno de Puerto Rico ha tomado algunas medidas de emergencia y sostiene que importantes inversiones en infraestructura están en marcha. La gobernadora Jenniffer González-Colón activó la Guardia Nacional de Puerto Rico en junio para ayudar en la distribución de agua. A principios de este año, su administración anunció la culminación de un importante proyecto de dragado en Carraízo destinado a recuperar capacidad de almacenamiento. Además, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ha avanzado trabajos de rehabilitación en la planta de filtración Sergio Cuevas como parte de un programa más amplio de mejoras de capital.

Aun así, el racionamiento de este verano ha intensificado las preguntas sobre cuán rápido esas inversiones están beneficiando a las familias.

“Cuando hablamos de la crisis del agua en Puerto Rico, no podemos hablar solamente de infraestructura, embalses y gobiernos”, afirmó Mónica Parrilla, de NACOPRW Filadelfia (National Conference of Puerto Rican Women Philadelphia Chapter). “Tenemos que hablar de nuestra gente”.

La coalición de Filadelfia solicita una declaración federal de emergencia, asistencia técnica e infraestructura inmediata por parte del gobierno federal, una implementación más rápida de los proyectos ya financiados, mayor transparencia sobre los fondos federales destinados al sistema de agua y protecciones para los residentes vulnerables afectados por el racionamiento.

Lozada dirigió parte de su mensaje a los senadores federales de Pensilvania, John Fetterman y Dave McCormick, exhortándolos a utilizar su influencia sobre las políticas federales, el financiamiento para desastres y la supervisión de emergencias relacionadas con Puerto Rico.

“Esto no puede reducirse a política partidista”, dijo Lozada. “La dignidad humana no tiene partido y la responsabilidad de proteger a los ciudadanos estadounidenses no debe depender de si viven en Filadelfia, Pensilvania, o en San Juan, Puerto Rico. Somos ciudadanos estadounidenses. No estamos pidiendo trato especial. Estamos pidiendo que nuestro gobierno cumpla con su responsabilidad hacia su gente”.

Rafael Álvarez Febo, cofundador de Puerto Rican Professionals Network y anfitrión del evento, fue aún más directo en su frustración.

“Es ridículo que vivamos en Estados Unidos, el país más rico del mundo, que envía miles de millones de dólares para financiar guerras, pero no para rehabilitar infraestructura”, expresó. “Nuestros impuestos se utilizan para construir salones de baile y no para tuberías. Esa es la realidad. Tenemos un gobierno que no nos respeta. Que cree que somos estúpidos”.

La presión para lograr la intervención federal también está aumentando en Washington. El 14 de agosto, un día después de la concentración en Filadelfia, el comisionado residente Pablo José Hernández anunció que él y 25 miembros del Congreso habían solicitado a González-Colón que presentara formalmente una petición al presidente Donald Trump para una declaración federal de desastre mayor.

Bajo la Ley Stafford, esa solicitud debe provenir de la gobernadora. De ser aprobada, la declaración podría abrir la puerta a asistencia adicional de FEMA, fondos de respuesta de emergencia y apoyo federal para la infraestructura afectada.

Para los organizadores en Filadelfia, ese proceso federal demuestra la importancia de la diáspora.

“Pensilvania tiene la fortuna de contar con una gran concentración de puertorriqueños”, dijo Will González, director ejecutivo de Ceiba. “Con eso viene una responsabilidad, y estamos aquí asumiéndola para alzar la voz por nuestro pueblo”.

Los puertorriqueños que viven en la isla son ciudadanos estadounidenses, pero no pueden votar por el presidente en las elecciones generales y no cuentan con representación con voto en el Senado de Estados Unidos. Aunque el comisionado residente puede presentar legislación y participar en comités del Congreso, no puede votar en la aprobación final de proyectos en la Cámara de Representantes.

Vanessa María Graber, cofundadora de Philly Boricuas, sostuvo que ese desequilibrio político genera una responsabilidad adicional para los puertorriqueños que viven en los estados.

“Los puertorriqueños en Puerto Rico no pueden votar por el presidente. Carecen de representación con voto en el Senado y en la Cámara de Representantes de Estados Unidos”, dijo Vanessa. “Por eso debemos ser su voz”.

También vinculó la manifestación con la larga historia de organización comunitaria puertorriqueña en Filadelfia, recordando la marcha Sin Colonias de 1976 y los esfuerzos de recaudación y ayuda realizados tras los huracanes María y Fiona, así como los terremotos ocurridos en el sur de Puerto Rico.

“No olviden nuestra historia”, expresó Vanessa. “Y no olviden quiénes somos y todo lo que somos capaces de lograr”.

Julia Rivera, cofundadora de Puerto Rican Professionals Network, señaló que esa responsabilidad también debe incluir el apoyo a las organizaciones que ya están trabajando directamente en Puerto Rico.

“Como diáspora, tenemos una responsabilidad importante de escuchar a las personas y organizaciones que ya están haciendo el trabajo en el terreno, seguir el liderazgo de las comunidades locales y respaldar con recursos los esfuerzos que ya existen”, dijo Julia.

Rivera destacó el programa Agua Segura de Plenitud PR, que promueve la seguridad hídrica y la sostenibilidad mediante la captación de agua de lluvia, sistemas de filtración, educación y fortalecimiento de la resiliencia comunitaria.

“Nuestra defensa como diáspora, con poder real de voto y representación, es invaluable”, afirmó Julia, “pero estoy aquí para recordarles que nuestro apoyo financiero y nuestro capital social pueden ser igual de impactantes”.

Los lectores interesados en apoyar a Plenitud PR y sus iniciativas de seguridad hídrica y resiliencia comunitaria pueden hacer donaciones directamente en plenitudpr.org/donate.

Al concluir la actividad, los organizadores exhortaron a los asistentes a comunicarse con los miembros del Congreso, continuar difundiendo información sobre la crisis, invitar a organizaciones y empleadores a unirse al esfuerzo, apoyar a grupos confiables que trabajan directamente en el acceso al agua en Puerto Rico y mantenerse activos después de terminada la manifestación.

Para Vanessa, el mensaje final se resumió en una frase que los puertorriqueños han hecho suya durante desastres y momentos de abandono gubernamental:

“El pueblo salva al pueblo.”