El Departamento de Seguridad Nacional ha puesto en pausa la compra de almacenes para retener a inmigrantes mientras la agencia examina todos los contratos que se firmaron mientras Kristi Noem era titular de la dependencia, de acuerdo con un alto funcionario.

La revisión se produce pocos días después de que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, fue juramentado al frente de una dependencia que se vio envuelta en varias controversias mientras Noem estaba al frente, aunque también desempeñó un papel fundamental en la agenda de deportaciones a gran escala del presidente Donald Trump.

El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a discutir públicamente el asunto. NBC News fue el primero en informar sobre la suspensión de la compra de almacenes.

El funcionario señaló que también se revisan las compras de almacenes que ya se habían concretado.

Al ser consultado sobre los informes de la suspensión de adquisiciones, el Departamento de Seguridad Nacional señaló en un comunicado que “como ocurre con cualquier transición, estamos revisando las políticas y propuestas de la agencia”.

La agencia también destacó que, durante su audiencia de confirmación, Mullin señaló que quería “trabajar con líderes comunitarios” y “ser buenos socios”.

Mullin heredó un plan de 38.300 millones de dólares para aumentar la capacidad a 92.000 camas mediante la adquisición de ocho centros de detención de gran escala, capaces de albergar entre 7.000 y 10.000 inmigrantes cada uno, así como 16 centros regionales de procesamiento de menor tamaño.

El plan se gestó durante el mandato de Noem, pero no tardó en encontrar una intensa oposición en todo el país por parte de residentes y comunidades que están en contra de la presencia de instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) en sus vecindarios.

Muchos objetaron la presencia del ICE en sus vecindarios por motivos morales, mientras que otros cuestionaron si las instalaciones serían una carga para los recursos locales, como los sistemas de alcantarillado y agua.

Hasta ahora, se han comprado 11 almacenes en Arizona, Georgia, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Pensilvania, Texas y Utah, con un gasto total para el gobierno federal de 1.074 millones de dólares.

Pero hay demandas pendientes en tres de los estados. Además, se ha reducido la capacidad en al menos uno de los almacenes. Los planes iniciales contemplaban que un almacén en Surprise, un suburbio de Phoenix, fuera utilizado como instalación de procesamiento con 1.500 camas, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) ahora planea establecer un límite de 542 camas ocupadas, indicó el alcalde de Surprise, Kevin Sartor, el lunes.

En muchos de los casos, alcaldes, comisionados de condado, gobernadores y legisladores se enteraron de las ambiciones de ICE sólo después de la compra o alquiler de los espacios para retener a inmigrantes, provocando sorpresa y frustración incluso en zonas que han respaldado a Trump.

El plan de almacenes enfrentó obstáculos desde el inicio. Ocho acuerdos se vinieron abajo en lugares como Kansas City, Missouri, después de que los propietarios optaron por no vender.

Ante la presión por la falta de información, Mullin reconoció durante su audiencia de confirmación que había habido problemas.

“Tenemos que proteger al país y vamos a hacerlo», declaró Mullin. «Pero, obviamente, queremos trabajar con líderes comunitarios”.

Mullin, quien asumió el control y expandió el negocio familiar de plomería antes de representar a Oklahoma en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, comentó que “si algo sé es de construcción”.

Señaló que la mayoría de los municipios no tienen capacidad en su infraestructura para desechos y agua.

“Así que es importante que estemos en comunicación con las comunidades y, si tenemos necesidades adicionales, podemos trabajar con las ciudades”, expresó durante su audiencia de confirmación.