Informes de prensa reportan que el presupuesto 2025–26 recién aprobado para Pensilvania incorpora discretamente dos cambios importantes en créditos fiscales; un modesto crédito estatal al ingreso del trabajo y un crédito revisado para vivienda asequible. Los dos han levantado ampolla y han despertado un fuerte debate bipartidista y, en las redes, los usuarios hacen análisis crítico de sus efectos.

El elemento más visible para los hogares es el nuevo Working Pennsylvanians Tax Credit (WPTC). Inspirado en el crédito federal Earned Income Tax Credit (EITC), la versión estatal se aplicará de forma automática a quienes reclamen el beneficio federal, el cual se fija en el 10% de ese monto, con un reembolso máximo estatal cercano a los 805 dólares. Las autoridades estatales estiman que la medida ofrecerá alrededor de 193 millones de dólares en alivio fiscal a unos 940.000 residentes de bajos ingresos a partir de la próxima temporada de impuestos.

Los demócratas destacan el WPTC como una herramienta concreta contra la pobreza que devuelve dinero directamente a las manos de familias trabajadoras. Expertos y organizaciones que luchan contra la pobreza afirman que cualquier crédito estatal reembolsable basado en el EITC genera seguridad económica y, además, dinamiza el consumo en el comercio local. Sin embargo, muchos defensores históricamente han propuesto un crédito estatal más robusto, que podría oscilar entre el 10% y el 25% del crédito federal, y esto es lo que alimenta una de las críticas actuales, ya que para algunos, la nueva versión es un paso demasiado cauteloso o “tibio”, es decir, muy limitado frente al aumento real del costo de vida.

Y esa cautela alimenta las críticas desde ambos bandos. Algunos progresistas consideran que un reembolso del 10% es insuficiente; que es un gesto más simbólico que en verdad transformador, mientras que sectores conservadores rechazan la creación de cualquier crédito reembolsable por razones fiscales. Para otros críticos, la cifra del 10% resulta prácticamente satírica, una medida que parece más un gesto político que una solución estructural. De otra parte, quienes la respaldan argumentan que se trata de un enfoque fiscalmente responsable que podría ampliarse más adelante cuando haya mejores condiciones.

El presupuesto también modifica el Affordable Housing Tax Credit, incorporando enmiendas que amplían el radio de quiénes pueden comprar créditos y cómo se recauda el financiamiento: ahora podrán venderse a inversionistas mediante un proceso de puja o subasta, y lo recaudado se destinará a un fondo administrado por la PHFA, que a su vez otorgará subvenciones a los desarrolladores. Sus defensores sostienen que esta reestructuración movilizaría capital privado con mayor rapidez y ampliaría la construcción y la restauración de vivienda asequible. Sus detractores temen que haya una mayor complejidad, menor transparencia y un riesgo de que el modelo de subasta no dirija recursos a los proyectos más necesitados.

Las consecuencias prácticas son distintas. El WPTC supone un alivio inmediato a los hogares, aunque el crédito promedio será mucho menor al máximo, mientras que el crédito de vivienda apuesta a un efecto de largo plazo mediante incentivos de mercado. En otras palabras, el primero es una herramienta redistributiva directa; el segundo, una medida indirecta cuyo impacto podría tardar años en hacerse realidad en los vecindarios.

Finalmente, el presupuesto incluye un polémico giro energético: la retirada de Pensilvania de la Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI), un programa multiestatal de límites y comercio de emisiones. La decisión, impulsada por legisladores conservadores, fue celebrada por sectores empresariales como un freno a posibles sobrecostos energéticos; pero en contraste, algunas organizaciones ambientales han advertido que la salida debilita un mecanismo ya probado para reducir emisiones y financiar proyectos de eficiencia energética. Esta retirada refleja cómo la política climática y fiscal continúa moldeando y, de algún modo, complicando el enfoque estatal sobre pobreza, vivienda y energía.

En resumen, los cambios en los créditos fiscales muestran un doble impulso: alivio inmediato, aunque limitado, para trabajadores de bajos ingresos, y una apuesta algo más compleja y orientada al mercado para ampliar la oferta de vivienda. La cuestión principal; es decir, si estas medidas serán suficientes o son solo un primer capítulo en un debate más amplio, queda ahora en manos de los contribuyentes, los gobiernos locales y los desarrolladores, que son quienes deberán lidiar con sus efectos en los próximos años.