Pensilvania es uno de los 28 estados en un limbo legal tras el fallo de la Corte Suprema sobre el derecho de nacimiento.

Pensilvania es uno de los 28 estados que corren el riesgo de perder la ciudadanía por derecho de nacimiento a la espera de nuevos litigios el próximo mes, tras una decisión de la Corte Suprema emitida el viernes que limita la capacidad de los jueces federales para detener las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump. Esta decisión crea el escenario potencial de que los niños nacidos de algunos padres inmigrantes con un estatus migratorio irregular en estados circundantes puedan ser ciudadanos mientras que los nacidos en Pensilvania no.

El gobernador Josh Shapiro, en un breve comunicado, afirmó que su administración estaba evaluando los próximos pasos.

“Como he demostrado reiteradamente, tanto como fiscal general de Pensilvania como ahora como gobernador, no dudaré en recurrir a los tribunales contra cualquiera que intente arrebatar los derechos constitucionales de los pensilvanos o perjudicar a nuestra Mancomunidad”.

La batalla jurídica sobre el intento del presidente estadounidense Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento está lejos de terminar, a pesar de la gran victoria del Gobierno del republicano el viernes después de que la Corte Suprema limitó los mandamientos judiciales a nivel nacional. Los defensores de los inmigrantes prometen luchar para asegurar que la ciudadanía por nacimiento siga siendo la ley, en un momento en que el presidente intenta eliminar más de un siglo de jurisprudencia.

El fallo del máximo tribunal devuelve a los tribunales inferiores los casos que impugnan la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, el destino final de la política del mandatario sigue siendo incierto.

¿Qué significa la ciudadanía por nacimiento?

La ciudadanía por nacimiento es el principio legal que otorga la nacionalidad de un país a cualquier persona nacida en su territorio, independientemente de la nacionalidad de sus padres.

La ciudadanía por nacimiento convierte a cualquier persona nacida en Estados Unidos en ciudadano estadounidense, incluidos los niños nacidos de madres que están en el país sin autorización.

La práctica se remonta a poco después de la Guerra Civil, cuando el Congreso ratificó la 14ª Enmienda de la Constitución, en parte para asegurar que las personas negras —incluidas las que solían ser esclavos— tuvieran ciudadanía.

«Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos», establece la enmienda.

Treinta años después, Wong Kim Ark, un hombre nacido en Estados Unidos de padres chinos, fue rechazado al intentar reingresar al país después de viajar al extranjero. La demanda que interpuso llevó a la Corte Suprema a dictaminar explícitamente que la enmienda otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus legal de sus padres.

Desde entonces se ha considerado parte intrínseca de la ley estadounidense, con sólo un puñado de excepciones, tales como los casos de hijos nacidos en Estados Unidos de diplomáticos extranjeros.

Trump ha dicho desde hace tiempo que quiere eliminar la ciudadanía por nacimiento

La orden ejecutiva de Trump, firmada en enero, pretende negar la ciudadanía a los niños nacidos de personas que están viviendo en Estados Unidos irregularmente o temporalmente. Forma parte de las medidas enérgicas contra la inmigración por parte del presidente, quien ha dicho que la ciudadanía por nacimiento es un «imán para la inmigración ilegal».

Trump y sus simpatizantes se centran en una frase de la enmienda —»sujeta a su jurisdicción»—, diciendo que significa que Estados Unidos puede negar la ciudadanía a los bebés nacidos de mujeres que están en el país ilegalmente.

Varios jueces federales han dicho que eso no es cierto, y han emitido mandamientos judiciales a nivel nacional que impiden que su orden entre en vigor.

«He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No puedo recordar otro caso en el que la pregunta presentada fuera tan clara como esta. Esta es una orden flagrantemente inconstitucional», declaró el juez federal de distrito John Coughenour en una audiencia este año en su corte de Seattle.

En Greenbelt, Maryland, un suburbio de Washington, la jueza federal de distrito Deborah Boardman escribió: «la Corte Suprema ha rechazado rotundamente y ningún tribunal en el país ha respaldado nunca» la interpretación de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento.

¿Es constitucional la orden de Trump? Los magistrados no lo dijeron

El fallo del máximo tribunal fue una gran victoria para Trump, en el sentido de que limitó la autoridad de un juez individual para emitir mandatos judiciales válidos a nivel nacional. El Gobierno celebró el fallo, considerándolo un control monumental sobre los poderes de los jueces individuales de los tribunales de distrito, quienes, según los partidarios de Trump, quieren usurpar la autoridad del presidente con fallos que bloquean sus prioridades en torno a la inmigración y otros asuntos.

Pero la Corte Suprema no abordó los méritos de la propuesta de Trump para hacer cumplir su orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento.

«El Gobierno de Trump tomó una decisión estratégica, que creo claramente dio sus frutos, de que iban a impugnar no las decisiones de los jueces sobre los méritos, sino sobre el alcance del alivio», explicó Jessica Levinson, profesora de la Facultad de Derecho de Loyola.

La secretaria de Justicia Pam Bondi les dijo a periodistas en la Casa Blanca que el Gobierno está «muy confiado» en que la Corte Suprema finalmente se pondrá de su lado en cuanto a los méritos del caso.

Hay interrogantes e incertidumbre en torno a los próximos pasos

Los jueces devolvieron los casos que impugnan la política de ciudadanía por nacimiento a los tribunales inferiores, donde los jueces tendrán que decidir cómo adaptar sus mandamientos para cumplir con el nuevo fallo. La orden ejecutiva sigue bloqueada al menos por 30 días, lo que les da tiempo a los tribunales inferiores y a las partes interesadas para dilucidar los próximos pasos a seguir.

El fallo de la Corte Suprema deja abierta la posibilidad de que los grupos que impugnan la política aún puedan obtener remedio a nivel nacional a través de demandas colectivas, e intentar obtener la certificación de que se trata de una demanda colectiva a nivel nacional. Dentro de las horas posteriores al fallo, se habían presentado dos demandas colectivas en Maryland y Nueva Hampshire con las que se pretende bloquear la orden de Trump.

Pero obtener remedio a nivel nacional a través de una acción jurídica colectiva es difícil, ya que a lo largo de los años los tribunales han puesto obstáculos para hacerlo, observó Suzette Malveaux, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington y Lee.

La jueza Sonia Sotomayor, quien escribió la opinión disidente de la Corte Suprema, instó a los tribunales inferiores a «actuar rápidamente sobre tales solicitudes de remedio, y a adjudicar los casos tan pronto como puedan con el fin de permitir la pronta revisión por parte de esta Corte» en casos «que impugnan políticas tan flagrantemente ilegales y dañinas como la Orden de Ciudadanía».

Los opositores a la orden de Trump advirtieron que habría un mosaico de políticas distintas en todo el país, lo que llevaría al caos y la confusión, sin un remedio a nivel nacional.

«La ciudadanía por nacimiento ha sido una ley constitucional establecida durante más de un siglo», manifestó Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y directora general de Global Refuge, una organización sin fines de lucro que apoya a refugiados y migrantes. «Al negar a los tribunales inferiores la capacidad de hacer cumplir ese derecho de manera uniforme, la Corte ha invitado al caos, la desigualdad y el miedo».

Varias naciones tienen aplican el derecho de ciudadanía por nacimiento

Varios países, incluyendo Canadá y México, también aplican el principio de jus soli (“derecho de suelo”), lo que permite a cualquier persona nacida en su territorio obtener la nacionalidad de manera automática.

En el mundo, la ciudadanía por nacimiento (jus soli) sin restricciones no es la norma, pero en la mayoría de los países de América otorgan ciudadanía automática a cualquier persona nacida en su territorio.

Muchos países en Europa, por ejemplo, España, Francia y Portugal, imponen condiciones como la residencia legal de al menos uno de los padres o la permanencia del niño en el país durante un período prolongado.

Según información actualizada de 2025, los países que otorgan ciudadanía por nacimiento sin condiciones (jus soli irrestricto) incluyen principalmente naciones del continente americano y algunas en Oceanía, África y Asia. Aquí tienes una lista destacada:

América del Norte y del Sur

• Estados Unidos
• Canadá
• México
• Brasil
• Argentina
• Chile
• Uruguay
• Paraguay
• Perú
• Colombia
• Ecuador
• Bolivia
• Venezuela

América Central y el Caribe

• Costa Rica
• El Salvador
• Guatemala
• Honduras
• Nicaragua
• Panamá
• Barbados
• Jamaica
• Trinidad y Tobago
• Dominica
• Granada
• Santa Lucía
• San Vicente y las Granadinas
• San Cristóbal y Nieves
• Belice

África

• Lesoto (sin restricciones)
• Tanzania, Túnez, Benín (con restricciones: al menos uno de los padres debe ser residente legal)

Asia y Oceanía

• Fiyi
• Kiribati
• Tuvalu

Estos países otorgan la ciudadanía automáticamente a cualquier persona nacida en su territorio, independientemente del estatus migratorio de los padres, salvo excepciones como hijos de diplomáticos.

 Países que han cambiado sus leyes de ciudadanía

En las últimas décadas, varios países han restringido o eliminado el jus soli irrestricto:

• República Dominicana (2013): Abolió la ciudadanía por nacimiento y estableció que solo los hijos de ciudadanos dominicanos pueden obtenerla. Esto dejó apátridas a miles de personas, principalmente de ascendencia haitiana.
• Irlanda (2004): Puso fin al jus soli tras un referéndum en el que el 79% de los votantes apoyaron que al menos uno de los padres deba ser ciudadano o residente legal.
• Pakistán (2024): Reformó su ley para exigir que al menos uno de los padres sea ciudadano o residente legal, o que el niño haya vivido en el país por una década.

Con información de AP