Organizaciones piden a Shapiro medidas para proteger comunidades inmigrantes

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Una coalición de 95 organizaciones pide poner fin a la colaboración estatal con ICE y ampliar las protecciones para las familias inmigrantes

Una coalición de 95 organizaciones, entre ellas grupos sin fines de lucro, congregaciones religiosas y empresas de todo el estado, instó al gobernador Josh Shapiro a tomar medidas ejecutivas inmediatas para proteger a las comunidades inmigrantes y poner fin a la colaboración del estado con las autoridades federales de inmigración.

El llamado se realizó a través de una carta abierta entregada a la Administración Shapiro el 18 de diciembre, en el marco del Día Internacional del Migrante, por la Pennsylvania Immigration Coalition. La misiva fue firmada por organizaciones sin fines de lucro de Pensilvania y de alcance nacional, así como por congregaciones y empresas que representan comunidades desde Pittsburgh hasta Filadelfia y zonas rurales de todo el estado.

En la carta, los defensores de los derechos de los inmigrantes solicitaron al gobernador que utilice su autoridad ejecutiva para detener la cooperación existente entre las agencias estatales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), y para implementar nuevas protecciones administrativas para las personas inmigrantes que viven en Pensilvania.

Entre las medidas solicitadas se incluyen eliminar el acceso de ICE a las bases de datos estatales sin órdenes judiciales, poner fin a la aplicación de las detenciones migratorias (detainers) a nivel estatal y prohibir los arrestos migratorios en instalaciones estatales sin una orden judicial. La carta también insta al gobernador a respaldar la legislación que permitiría licencias de conducir para todas las personas, dar una bienvenida pública a refugiados y solicitantes de asilo y reunirse directamente con organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

La coalición destacó las contribuciones económicas y sociales de las comunidades inmigrantes, señalando que estas aportan más de 523 millones de dólares anuales en impuestos estatales. Al mismo tiempo, la carta advierte que la colaboración entre los sistemas estatales y la aplicación federal de las leyes migratorias ha generado miedo, inestabilidad y daños dentro de las comunidades inmigrantes.

Según los defensores, el impacto va más allá de las familias inmigrantes y afecta a granjas, escuelas, sistemas de salud, pequeños negocios y economías locales en todo Pensilvania.

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