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La periodista Ilia Calderón busca ser la voz de los hispanos en segundo debate republicano

La presentadora del Noticiero Univisión Edición Nocturna, Ilia Calderon. Imagen de archivo. (Foto: EFE/Kena Betancur)

La periodista colombiana Ilia Calderón, presentadora de Noticias Univision y moderadora del segundo debate de las primarias republicanas, ve la oportunidad de convertirse en la voz de los hispanos en el encuentro que se realizará mañana miércoles en Simi Valley, California.

Calderón acompañará a los periodistas Stuart Varney y Dana Perino en la moderación del debate, que se llevará a cabo en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan.

El evento será transmitido en inglés por Fox Business Network y en español por Univision.

«Vamos a tratar de resaltar la responsabilidad y la importancia de los temas que afectan a los hispanos en Estados Unidos», aseguró Calderón en una entrevista con Univision Los Ángeles, y agregó que tiene preguntas respetuosas y sustentadas con cifras.

El segundo debate de las primarias republicanas no contará con el candidato mejor posicionado, el expresidente Donald Trump (2017-2021).

El exmandatario se salta voluntariamente ese encuentro televisado, al igual que lo hizo con el primer debate, para acudir a Detroit y dar su apoyo público a los huelguistas de las fábricas de Ford, General Motors y Stellantis, que buscan mejores condiciones laborales.

Una encuesta de Univision revelada el lunes encontró que Trump arrasa en la intención de voto entre los votantes hispanos republicanos con un 50%, seguido muy de lejos por el gobernador de Florida, Ron DeSantis con un 12 %, el empresario Vivek Ramaswamy con un 9% y el exvicepresidente Mike Pence con 6 %.

Ramaswamy y Pence estarán acompañados del senador Tim Scott y los exgobernadores Nicky Halley (Carolina del Sur) y Chris Christie (Nueva Jersey), y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgam.

Familiares de víctimas del fentanilo piden a la DEA hacer más

El secretario de Justicia de EEUU Merrick Garland, junto con la administradora de la DEA Anne Milgram, con retratos de personas que murieron por drogas, en Washington, el 26 de septiembre de 2023. (Foto: AP/Jose Luis Magana)

Andrea Thomas no sabía ni qué era el fentanilo cuando su hija murió al ingerir media píldora de lo que pensó era un medicamento recetado. Cinco años después, está entre cientos de miles de familias que han perdido a seres queridos en momentos en que Estados Unidos sufre la peor crisis de sobredosis de su historia.

Unas 150 personas de familias que han perdido a seres queridos por ingestión de fentanilo acudieron el martes a la sede de la agencia antidrogas, DEA. Thomas se alegró de que un hombre fue convicto de vender la píldora que mató a su hija Ashley Romero tras una investigación de la DEA, pero insiste en que el gobierno puede hacer mucho más, especialmente en cuanto a la educación.

“Cuando pierdes a un hijo, es algo antinatural. Hay un dolor permanente, que nunca se va”, expresa Thomas. “No vamos a poder mantener fuera a esas drogas, están ya inundando al país. Lo que necesitamos es educación en las escuelas… la prevención será nuestro punto fuerte”.

En un discurso ante la Cumbre de Familias sobre el Fentanilo, el secretario de Justicia, Merrick Garland, declaró que el Departamento de Justicia facilitará unos 345 millones de dólares el año entrante, incluyendo fondos para monitorear jóvenes de alto riesgo y para dar acceso al antídoto contra sobredosis naloxona.

“Sabemos que el fentanilo es un veneno casi invisible, y que muchos que lo toman ni siquiera saben que lo están tomando”, dijo Garland. “Sabemos que nadie —ninguna persona, ninguna familia— puede derrotar esta epidemia solo. Nos necesitamos los unos a los otros”.

También destacó la gran cantidad de casos penales presentados por el Departamento de Justicia y que están avanzando en tribunales desde Missouri a Rhode Island a la ciudad de Nueva York, donde el lunes una tercera persona fue acusada por la muerte de un niñito de 1 año que al parecer estuvo expuesto al fentanilo en un centro de cuidado infantil.

El Departamento de Justicia ha presentado cargos contra 23 presuntos miembros del cártel mexicano de Sinaloa y hace pocos días logró la extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Guzmán López se ha declarado inocente de los cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero, y en una carta con sus hermanos se quejó de que los convirtieron “en chivos expiatorios”.

La DEA, entretanto, se ha concentrado en los cárteles de Sinaloa y Jalisco al considerar que son los mayores responsables de la introducción de fentanilo en Estados Unidos, declaró la administradora de esa agencia, Anne Milgram.

“El fentanilo lo cambió todo”, expresó Milgram. “Nos enfrentamos a una amenaza que está en constante crecimiento. Nunca ha sido tan mortífera y peligrosa”.

El fentanilo es un opioide sintético que es exponencialmente más adictivo que la heroína, y es actualmente la principal causa de muerte entre estadounidenses de entre 18 y 49 años. Apenas 2 miligramos de la droga pueden ser fatales.

Cuesta menos de un centavo de dólar comprar los ingredientes necesarios para elaborar una dosis letal de fentanilo, por lo cual su accesibilidad es “virtualmente ilimitada”, expresó Milgram.

La droga con frecuencia es mezclada con medicamentos legales o comprimida en píldoras médicas falsificadas, como la oxicodona. Algunas personas ingieren fentanilo sin saberlo.

Más de 100.000 personas han muerto por sobredosis de drogas en Estados Unidos desde 2020, de las cuales unas dos terceras partes son por fentanilo. El saldo de muertes es más de 10 veces la cantidad de muertes por drogas que había en 1988, cuando la epidemia del crack estaba en su peor momento.

Una jueza desestima todos los cargos del policía que mató al puertorrqueño Eddie Irizarry

Philadelphia police officer Mark Dial, center, arrives at the Juanita Kidd Stout Center for Criminal Justice in Philadelphia, Tuesday, Sept. 19, 2023, with attorneys for a bail hearing. Brian McMonigle is at left and at right is Fortunato Perri. Dial, a Philadelphia police officer charged in the shooting death of a driver last month is back in custody following the revocation of his bail after prosecutors challenged the constitutionality of his release.(Alejandro A. Alvarez/The Philadelphia Inquirer via AP)

La noticia corrió como pólvora en los medios de información y ha generado la indignación de la comunidad predominantemente latina, que vive en el barrio al norte de Filadelfia, donde hace poco más de un mes, Mark Dial, matara con 6 tiros a su coetáneo Eddie Irizarry.

La jueza Wendy Pew desestimó todos los cargos, incluido un cargo de asesinato, contra un oficial de policía de Filadelfia que disparó y mató al joven puertorriqueño quien estaba estacionado y presuntamente tenía un arma blanca.

El juez dio razón a los abogados defensores que dijeron que el oficial podría haber temido por su vida. El juez municipal falló después de que una sala llena de policías y familiares de Irizarry observara unos 20 minutos de un video desgarrador de la breve parada de tráfico que provocó la muerte del joven de 27 años.

La defensa argumentó que el oficial Mark Dial actuó en defensa propia cuando disparó su arma a corta distancia a través de la ventana del lado del conductor del automóvil de Irizarry el 14 de agosto.

El compañero de Dial, el oficial Michael Morris, testificó que vio al conductor sosteniendo un cuchillo con un mango de metal negro que podría haber parecido una pistola. Dijo que Irizarry sostenía el cuchillo contra su pierna y comenzó a levantarlo mientras Dial se acercaba al auto, que se había detenido en sentido contrario en una calle residencial de sentido único.

“Grité que tenía un cuchillo”, testificó Morris el martes en la audiencia preliminar de Dial. El abogado defensor Brian McMonagle instó a la jueza Wendy Pew a retirar todos los cargos, que incluían homicidio involuntario, opresión oficial y otros cuatro cargos. “Está disparando mientras intenta ponerse a cubierto”, dijo McMonagle ante el tribunal el martes, y agregó que los cargos nunca deberían haber sido presentados por el fiscal de distrito Larry Krasner. «Estoy 100% de acuerdo con usted», respondió la jueza mientras desestimaba el caso por falta de pruebas.

La oficina de Krasner prometió apelar para intentar restablecer los cargos, incluido el cargo de asesinato. Los familiares de Irizarry parecieron atónitos y angustiados por el fallo de la jueza.

«Vamos a seguir luchando por la justicia, porque eso estuvo mal», dijo Aracelis Brown, de 28 años, prima de la víctima.

Morris dijo que los oficiales comenzaron a seguir a Irizarry después de que pasó a toda velocidad por un carril para bicicletas y dobló una esquina. No encendieron luces ni sirenas, pero enviaron información sobre el vehículo. Morris dijo que no estaba seguro de si recibieron alguna información por radio de la policía.

Las imágenes de la cámara corporal de la policía muestran que Dial le disparó a Irizarry unos siete segundos después de salir de una camioneta de la policía y caminar hacia su auto. Disparó un total de seis balas.

Sentado en la mesa de la defensa, el policía Dial se secó los ojos con un pañuelo de papel mientras los fiscales reproducían el video del tiroteo fatal desde la cámara corporal de los oficiales.

Krasner había calificado los videos de las cámaras corporales de Morris y Dial como “pruebas cruciales en el caso”, diciendo que “hablan por sí solos”. El departamento de policía tuvo que retractarse de las declaraciones iniciales que decían que Dial disparó al conductor fuera del vehículo después de que “se abalanzó” contra la policía con un cuchillo. Dial, miembro de la fuerza durante cinco años, había sido suspendido con la intención de despedirlo después de que los funcionarios dijeran que se negó a cooperar con los investigadores.

 “Estás sentado aquí diciéndome que estaba tratando de abalanzarse sobre ti. Él no estaba. Estaba encerrado en el coche. Así que no había manera de que pudiera llegar hasta ustedes, y aun así ustedes se sintieron amenazados y le dispararon”, dijo Brown, el primo, quien atribuyó el fallo del juez a “favoritismo” hacia la policía.

Los abogados defensores señalaron que incluso el detective que había solicitado una orden de arresto contra Dial pidió que el cargo principal fuera homicidio voluntario, no asesinato. La fianza de un millón de dólares para que Dial estuviera libre había sido revocada hace una semana, después de que los fiscales argumentaran que los cargos lo hacían no elegible para ser liberado, sin embargo, al cambiar los cargos, ahora puede pelear su caso en libertad.

Se lanzó una convocatoria para manifestarse esta tarde a las 5:30 en contra del fallo de la Jueza Pew, enfrente de las instalaciones de la alcaldía de Filadelfia.

Judge dismisses charges against Philadelphia police officer in fatal traffic-stop shooting

El exagente de la policía de Filadelfia, Mark Dial, se entregó a las autoridades para enfrentar cargos por el asesinato de Eddie Irizarry.

 A judge dismissed all charges, including a murder count, against a Philadelphia police officer who shot and killed a driver who had a knife, agreeing with defense lawyers who said the officer could have feared for his life.

The municipal judge ruled after a courtroom packed with police and relatives of Eddie Irizarry watched about 20 minutes of harrowing video of the brief traffic stop that led to the death of the 27-year-old. The defense argued that Officer Mark Dial acted in self-defense when he fired his weapon at close range through the rolled-up driver’s side window of Irizarry’s sedan on Aug. 14.

Dial’s partner, Officer Michael Morris, testified that he saw the driver holding a knife with a black metal handle that could have looked like a gun. He said Irizarry was holding the knife against his leg and started to raise it as Dial approached the car, which had stopped the wrong way on a one-way residential street.

“I screamed that he had a knife,” Morris testified Tuesday at Dial’s preliminary hearing.

Defense lawyer Brian McMonagle urged Judge Wendy Pew to drop all charges, which included manslaughter, official oppression and four other counts.

“He is firing while trying to take cover,” McMonagle said in court Tuesday, adding that the charges never should have been filed by District Attorney Larry Krasner.

“I agree with you 100%,» the judge replied as she threw out the case for a lack of evidence. Krasner’s office vowed to appeal to try to reinstate the charges, including the murder charge.

Irizarry’s relatives appeared stunned and distraught by Pew’s ruling.

“We are going to continue to fight for justice, because that was wrong,» said Aracelis Brown, 28, the victim’s cousin.

Morris said the officers started following Irizarry after he sped past them in a bike lane and rounded a corner. They did not put their lights and sirens on, but sent in information about the vehicle. Morris said he was not sure if they received any information back for police radio.

Police bodycam footage shows Dial shot Irizarry about seven seconds after getting out of a police SUV and walking over to his car. He fired a total of six rounds.

Sitting at the defense table, Dial dabbed his eyes with a tissue as prosecutors played video of the fatal shooting from the officers’ body-worn camera. Krasner had called bodycam videos from Morris and Dial “crucial evidence in the case,” saying they “speak for themselves.”

The police department had to backtrack from initial statements that said Dial shot the driver outside the vehicle after he “lunged at” police with a knife. Dial, a five-year member of the force, had been suspended with the intent to dismiss after officials said he refused to cooperate with investigators.

“You’re sitting here telling me that he was trying to lunge at you. He was not. He was locked in the car. So there was no way that he could get to you guys, and yet you still felt threatened and shot at him,” said Brown, the cousin, who ascribed the judge’s ruling to “favoritism” toward police.

Defense lawyers noted that even the detective who had sought a warrant for Dial’s arrest asked that the top charge be voluntary manslaughter, not murder.

Dial’s bail had been revoked this month after prosecutors argued the charges made him ineligible for release. He was expected to be released sometime Tuesday.

Temple University chancellor to take over leadership amid search for new president

(Foto: Archivo)

PHILADELPHIA.— Temple University says former president and current chancellor Richard Englert will take over temporarily as president following the death last week of then-acting president JoAnne Epps.

Englert serve as a “transitional leader” to carry on the work Epps started “and provide a steady hand of leadership while the search for Temple’s next chief executive continues,» the Philadelphia university said in an announcement Tuesday.

From 2016 to 2021, Englert served as Temple president, and earlier stepped in as acting president during a nearly half- century career at the university.

The school said it hopes to announce the choice of the next president in spring 2024.

Epps died a week ago at 72 after falling ill on stage at a memorial event, after which the “acting” designation was removed from her title in recognition of her contributions during her brief tenure. The following day saw an outpouring of affection on the university’s campus where flags were flown at half-staff and dozens gathered to remember her.

Temple’s former law school dean and provost took over in April from Jason Wingard, Temple’s first Black president who had led the 33,600-student university since July 2021. His resignation in March came shortly before a no-confidence vote by the faculty union, with members citing concerns over falling enrollment, financial issues and labor disputes.

Following her predecessor’s tumultuous tenure, Epps had vowed to focus on enrollment as well as safety amid an uptick in crime near the north Philadelphia campus. She told The Philadelphia Inquirer, which reported enrollment was down 14% since 2019, that she believed she was selected in part for her ability to «calm waters.”

Capitol rioter who trained for a ‘firefight’ with paintball gets over four years in prison

Violent insurrectionists loyal to President Donald Trump breach the U.S. Capitol in Washington, Jan. 6, 2021. A California man whom prosecutors say was fixated on arresting Democratic leaders and training for combat with paintball fights after the 2020 presidential election was sentenced on Tuesday, Sept. 26, 2023, to more than four years in prison for his role in the U.S. Capitol riot. Edward Badalian planned for weeks before he and a friend traveled from Los Angeles to Washington, D.C., and joined a mob in storming the Capitol on Jan. 6, 2021, according to prosecutors. (Photo: AP/John Minchillo/File)

A California man whom prosecutors say was fixated on arresting Democratic leaders and training for combat with paintball fights after the 2020 presidential election was sentenced on Tuesday to more than four years in prison for his role in the U.S. Capitol riot.

Edward Badalian planned for weeks before he and a friend traveled from Los Angeles to Washington, D.C., and joined a mob in storming the Capitol on Jan. 6, 2021, according to prosecutors. They said Badalian organized group paintball sessions to train for a “firefight” and fantasized about meting out “vigilante justice» against politicians he believed to be “traitors.”

“He trained, collected weapons, and traveled across the country for the riot, with the goal of arresting and ‘violently removing’ politicians he disagreed with,” prosecutors wrote in a court filing.

U.S. District Judge Amy Berman Jackson sentenced Badalian, 29, of Panorama City, California, to four years and three months of incarceration, according to a Justice Department news release.

The same judge convicted Badalian of Capitol riot charges in April after hearing trial testimony without a jury. His convictions include a felony count of conspiring to obstruct an official proceeding — the Jan. 6 joint session of Congress for certifying President Joe Biden’s electoral victory over Donald Trump.

One of Badalian’s travel companions and co-defendants, Daniel Rodriguez, was sentenced to more than 12 years in prison for his role in the attack. Rodriguez pleaded guilty to driving a stun gun into the neck of a police officer who was dragged into the crowd and beaten by other rioters.

Prosecutors recommended a prison sentence of 10 years and one month for Badalian, who has worked as a cabinet assembler.

Badalian created a Telegram group chat called “PATRIOTS 45 MAGA Gang” for he and other Trump supporters leading up the 2020 presidential election. He and Rodriguez used the forum to plan for “a violent revolution in which they personally planned to be at the forefront of a fight to overthrow government leaders they identified as traitors and tyrants,” prosecutors said.

On Dec. 21, 2020, Badalian posted that “we need to violently remove traitors and if they are in key positions rapidly replace them with able bodied Patriots.”

After the election, Badalian repeatedly encouraged others in the group chat to prepare for war by playing paintball, according to prosecutors.

“We need to know how to fight together while under fire,” he posted.

When another Telegram group member asked what he was training for, Badalian replied, “a firefight with armed terrorists.”

«For millions of Americans, paintball is a harmless form of entertainment and recreation. But that’s not how Badalian saw it,» prosecutors wrote in a court filing.

After Jan. 6, FBI agents questioned Rodriguez about the paintball sessions. He said Badalian was “probably using it as an excuse to go train or get in shape.”

«I tried listening to him and, like, he’d be like, ‘Okay, I’ll cover you. Go.’ And I remember one time I just — he’s like, go. And then as soon as I put my head up, I got shot in my face. So I’m like, okay. It’s not going to work,» Rodriguez told the agents, according to a transcript.

Badalian stayed with Rodriguez and others at an Airbnb home in Arlington, Virginia, on the eve of the riot. On Jan. 6, the group went to Washington for Trump’s “Stop the Steal” rally near the White House. After listening to Trump’s speech, Badalian and Rodriguez parted ways as they approached the Capitol and joined the mob’s attack.

Badalian entered the Capitol through a broken window. Police forced him out of the building about four minutes later.

On his way back to California, Badalian was interviewed about Jan. 6 under the pseudonym “Turbo” on Infowars, the website operated by conspiracy theorist Alex Jones. Another person on the show accidentally referred to him by his real first name.

Badalian was arrested in Los Angeles in November 2021.

Defense attorney Robert Helfend said Badalian didn’t engage in any violence or property destruction during his “4-minute misadventure” inside the Capitol.

“He did not suit up for combat nor did he carry a weapon,” Helfend wrote in a court filing.

Badalian believed Trump’s baseless claims about a stolen election. Badalian trusted Trump as a “dominant male” figure after growing up without his father, who moved to Russia when his son was 8 years old, according to his lawyer.

«Having no other trusted and overriding male in his life, Mr. Badalian believed Trump’s lies,» Helfend wrote.

More than 1,100 people have been charged with Jan. 6-related federal crimes. More than 650 have been sentenced, with approximately two-thirds receiving a term of incarceration ranging from three days to 22 years, according to an Associated Press review of court records.

A third defendant charged with Badalian and Rodriguez is a fugitive.

Biden hace historia como primer presidente de EE. UU. en sumarse a unos piquetes

(Foto: EFE/Yuri Gripas /POOL world rights)

El presidente estadounidense, Joe Biden, hizo historia este martes al convertirse en el primer mandatario en activo del país en sumarse a unos piquetes en defensa de mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector de la automoción.

El mandatario demócrata, que presume de ser el más prosindicalista de todos los líderes que han ocupado la Casa Blanca, acudió a Detroit (Míchigan) invitado por el presidente del sindicato United Auto Workers (UAW), Shawn Fain.

Su viaje precede al que efectuará este miércoles también a Míchigan su predecesor, el republicano Donald Trump (2017-2021), que con su presencia allí se salta el debate celebrado a esa misma hora (las 01.00 GMT del jueves) en California por los precandidatos conservadores a las presidenciales de 2024.

Este segundo desplazamiento, en cambio, no ha sido respaldado por el movimiento sindical.

Biden llegó a Detroit hacia las 12.00 hora local (16.00 GMT) y fue recibido en el aeropuerto por el propio Fain, que se hizo con el liderazgo del sindicato a principios de año y que por primera vez en la historia de la automoción estadounidense ha convocado una huelga simultánea en plantas de Ford, Stellantis y General Motors (GM), conocidos como los Tres Grandes de Detroit.

Con un megáfono, gorra y ropa informal, Biden se dirigió a los huelguistas: «Vosotros salvasteis la industria de la automoción. Hicisteis un montón de sacrificios. Las empresas estaban en problemas. Ahora les va increíblemente bien y, sabed qué, a vosotros también debería», dijo entre aplausos.

«Wall Street no levantó este país. Lo hizo la clase media. Lo hicieron los sindicatos. Eso es un hecho. Continuemos. Merecéis lo que habéis ganado. Y habéis ganado muchísimo más de lo que estáis siendo pagados», añadió Biden.

En declaraciones anteriores, ya había subrayado que tenía la esperanza de que las respectivas negociaciones lleguen a buen puerto y había destacado que los empleados merecen una parte «justa» de los beneficios que ayudaron a crear.

«Hoy el enemigo no es un país extranjero a miles de millas. Está justo aquí en nuestra propia zona. Es la avaricia corporativa», recalcó por su parte Fain, para quien la manera de derrotar esa avaricia es mantenerse unidos.

«Los directivos creen que el futuro les pertenece. Pertenece a los trabajadores del automóvil. Nosotros hacemos el verdadero trabajo. Nosotros tenemos el poder», añadió el sindicalista.

UAW comenzó su parón el 15 de septiembre en una planta de cada uno de esos fabricantes y la semana pasada la amplió a otros 38 centros de producción de Stellantis y General Motors ante la falta de avance en las negociaciones con estos últimos.

«Cerraremos los centros de distribución de GM y Stellantis hasta que esas dos compañías recuperen el sentido y acudan a la mesa con una oferta seria», declaró la semana pasada un combativo Fain, cuyo sindicato representa a unos 400.000 trabajadores en Estados Unidos, de los que unos 145.000 forman parte de GM, Stellantis y Ford.

La UAW reclama aumentos salariales de un 40 % distribuidos en los próximos cuatro años, la eliminación de las diferencias salariales entre los trabajadores de plantas de las mismas empresas, mayores garantías de seguridad laboral y recuperar las ayudas que tuvieron hasta 2009 para compensar el aumento del coste de la vida.

Senador Menéndez no renunciará al escaño y dice que será exonerado de su «mayor batalla»

El senador Robert Menéndez. Imagen de archivo. EFE/ Adriana Thomasa

El senador demócrata Bob Menéndez dejó claro hoy que no renunciará a su cargo en el Senado federal, tras ser acusado por segunda ocasión en su carrera política de corrupción, aunque reconoce «la gravedad» de la que será «mi mayor batalla hasta hoy en día».

«Por ahora seguiré centrado en hacer el trabajo que hago todos los días, incluido hacer todo lo posible para evitar que cierre el Gobierno» (por bloqueo de fondos), dijo el senador, electo por Nueva Jersey, en una abarrotada conferencia de prensa en la que aseguró que será «exonerado» de los cargos.

A quienes han pedido que renuncie a su cargo alegando que he perdido la confianza de los votantes de Nueva Jersey, el veterano político (69 años) les aseguró que «no podrían estar más equivocados».

La fiscalía federal para el distrito sur de Nueva York acusó al senador Menéndez, de origen cubano, y a su esposa Nadine Arslanian de haber aceptado miles de dólares en sobornos a cambio de usar su influencia política para «proteger y enriquecer a empresarios y beneficiar al Gobierno de Egipto», lo que ha negado el político.

También han sido acusados en este caso Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes, escritos por la Fiscalía como socios y empresarios.

Menéndez quis desvincular los fondos presuntamente recibidos de Egipto de sus posturas políticas, y dijo que en sus 30 años como congresista o senador «siempre he trabajado para responsabilizar a esos países, incluido Egipto, por los abusos de los derechos humanos y la represión de la ciudadanía.

Los sobornos, según la Fiscalía, que presuntamente recibió la familia Menéndez desde al menos 2018 hasta 2022 fueron: dinero en efectivo, oro, pagos de una hipoteca, un trabajo en el que se exigía una presencia casi nula para Nadine y un vehículo Mercedes-Benz.

Menéndez, que busca la reelección en 2024 y que no contestó preguntas, aseguró que la acusación son «solo acusaciones» y que cuando se presenten todos los hechos en un eventual juicio, «no sólo seré exonerado sino que seguiré siendo senador federal por Nueva Jersey».

Tras la acusación, Menéndez renunció a la presidencia del poderoso Comité de Relaciones Exteriores y hoy dejó claro que continuará en el cargo al que llegó en 2006 a la Cámara Alta, tras haber sido miembro de la Cámara de Representantes de EE. UU.

La Fiscalía aseguró que en un registro en la residencia del senador hallaron «aproximadamente 500.000 dólares en efectivo, metidos en sobres y armarios» y que «parte del dinero estaba metido en los bolsillos de una chaqueta».

Menéndez aseguró que ese dinero procede de su cuenta personal, de los ingresos que ha generado «legalmente» y que mantiene efectivo en su hogar «para emergencias» y debido «a la historia de mi familia» que ha sufrido confiscaciones en Cuba.

El senador hizo hincapié en que estaba rodeado de constituyentes porque reconocen el trabajo que ha hecho, y acto seguido enumeró una larga lista de proyectos que ha apoyado como acceso a cobertura médica o la reducción del coste de medicamentos.

«Están aquí porque a lo largo de mi carrera, y puede que a algunos no les gusten las posiciones que he adoptado, me he opuesto a los regímenes autoritarios de Irán y su deseo de lograr armas nucleares para Cuba, al autoritarismo en Turquía, Venezuela, Rusia y en todos los países del mundo donde los derechos humanos y la democracia se han visto amenazados», afirmó, y continuó enumerando posiciones que ha adoptado son respecto a temas candentes.

Esta es la segunda acusación de corrupción que enfrenta Menéndez en diez años .

Autor del tiroteo de El Paso (EE. UU.) indemnizará con 5 millones de dólares a las víctimas

Imagen de archivo. EFE/EPA/LARRY W. SMITH

Patrick Crusius, un hombre blanco que mató a 23 personas en un ataque racista contra hispanos en un Walmart de El Paso (Texas, EE. UU.) en 2019, accedió este lunes a pagar 5 millones de dólares como indemnización a las víctimas y sus familias.

El juez David Guaderrama del tribunal federal del distrito oeste de Texas aprobó este lunes la cantidad de la indemnización en un documento judicial, al que accedió EFE.

En concreto, Crusius indemnizará a las víctimas con algo más de cinco millones de dólares, exactamente 5.557.005,55 dólares.

Crusius confesó después de su arresto haber publicado un manifiesto con proclamas antiinmigrantes y de nacionalismo blanco, y reconoció que su ataque había sido dirigido a mexicanos.

El tiroteo se produjo en un centro comercial Walmart de la ciudad fronteriza de El Paso al que suelen acudir a comprar muchos ciudadanos mexicanos.

El pasado 7 de julio Crusius fue sentenciado a 90 cadenas perpetuas consecutivas por ese ataque, luego de haberse declarado culpable en febrero pasado de 90 cargos federales de asesinato y crímenes de odio, a cambio de lo cual el Gobierno estadounidense no pidió la pena de muerte.

Fiscales de Texas planean llevarlo nuevamente a juicio por el mismo tiroteo en un proceso estatal en el que buscarán la pena capital.

Policías “espantan” a migrantes en norte de México, mientras civiles les llevan alimentos

Un migrante corre ante la presencia de operativos de patrullaje en la frontera con Estados Unidos en Ciudad Juárez (México). EFE/Luis Torres

Mientras que el Gobierno municipal de Juárez y Migración montaron un operativo para “espantar” a los migrantes que se acercan al Río Bravo para evitar que acampen y crucen ilegal a Estados Unidos, decenas de civiles acuden a ofrecer agua y comida a cerca de 700 migrantes que están en un campamento en el lado estadounidense, esperando a ser procesados.

En un recorrido de EFE, durante los operativos realizados por la policía municipal de Juárez y el Instituto Nacional de Migración (INM), los migrantes no son arrestados, solo les piden que se retiren del río, mientras algunos son convencidos de subir a las patrullas para llevarlos a los albergues.

Este viernes, el comisionado de Migración, Francisco Orduño, se reunió con el alcalde de Juárez, Cruz Pérez, y con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para formular estrategias para enfrentar la crisis migrante que azota a la fronteriza ciudad mexicana.

Entre los acuerdos que tomaron en Ciudad Juárez, epicentro de la crisis migratoria en el norte del país, está el de retirar a los migrantes de la zona del río en el lado mexicano, donde habían formado campamentos de hasta 300 personas, y donde se encontraban expuestos a secuestros y asaltos.

Ayer EFE documentó uno de estos operativos en donde agentes ministeriales y migración les piden que se retiren de la zona del río Bravo, mientras que la mayoría se retira por poco tiempo, pues en cuanto se van las patrullas regresan a sus concentraciones.

A tres kilómetros de donde suceden los operativos, pero del lado estadounidense del río Bravo, hay un campamento con cerca de 700 migrantes, muchos de los cuales llevan más de 72 horas sin abasto regular de agua y comida.

Hasta ahí han llegado decenas de civiles de la fronteriza Ciudad Juárez con ayuda humanitaria, principalmente agua y alimentos colectados entre la población.

“El hecho de vivir en un lugar fronterizo a mí me ha hecho ver muchas personas en situación de migración”, dijo Mónica Rangel, quien reunió fondos con algunos amigos para comprar agua y llevarlas a los migrantes ubicados en el campamento cercano a la puerta 36.

Rangel recordó que ha visto a los migrantes pasar hambre, frío, en tanto sobreviven sin ropa. “Quisiéramos dar la mayor ayuda que se pueda, sabemos que pasan mucha hambre, desde todas las historias que te platican, pasando la selva, la Bestia y todo esto”, agregó.

Exigió a las autoridades mexicanas que, por lo menos, existan lugares dignos, pues hace mucho calor y los migrantes se están deshidratando.

Claudia Gutiérrez, predica la palabra de Dios entre los migrantes, pero también les da de comer.

“Trajimos agua y sándwiches (…) nuestra comunidad tiene que comprenderlos porque somos padres que también tenemos hijos, yo me pongo en el lugar de ellos, sería muy triste que nuestros hijos murieran en el desierto”, expresó.

Mientras tanto, en el campamento de unos 700 migrantes, ubicado frente a la puerta 36 del muro fronterizo, la ayuda llega en manos de civiles juarenses.

“Nosotros mismos nos estamos matando, cómo es posible que un refresco se venda en 150 pesos, eso es una locura”, dice Mauro Reyes, un migrante venezolano que está acampando desde hace dos días en la frontera norte del país, pero del lado estadounidense.

“No hay ni una sombra, estás en el sol, entonces te da hambre, te da frío, te da sueño, te da calor. Tú vas y te quieres comprar un agua a 50 pesos, está a 70 pesos, entre nosotros mismos nos estamos matando”, lamentó Reyes, mientras recibía ayuda de una de las organizaciones civiles que acuden a esta parte de la división entre México y EE. UU. para ayudar a migrantes.