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Nieve y lluvia helada azotarán la costa este de EE. UU. el fin de semana

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La autopista New York Thruway durante una tormenta invernal, el 14 de marzo de 2023, en Albany, Nueva York. (Foto: AP/Hans Pennink/Archivo)

Se espera que un sistema climático invernal que avanza por Estados Unidos azote la costa este el fin de semana con una mezcla de nieve y lluvia helada desde el sur de los Apalaches hasta el noreste, aunque es demasiado pronto para decir exactamente qué áreas recibirán qué tipo de precipitación y cuánto.

Los detalles sobre el avance de la tormenta deberían confirmarse esta semana a medida que el sistema del Pacífico atraviesa Colorado, Nuevo México y Texas antes de avanzar hacia la costa este, dijo Tony Fracasso, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.

“Aún faltan algunos días, por lo que tendremos que determinar la trayectoria de la tormenta: dónde cae la precipitación y cuánto tiempo puede permanecer el aire frío”, dijo el miércoles.

Las principales ciudades de Estados Unidos acostumbradas a inviernos blancos, como Boston, Washington, D.C. y Filadelfia, no recibieron mucha nieve el año pasado debido a la falta de aire frío.

El Servicio Meteorológico Nacional publicó el miércoles en la red social X que la ciudad de Nueva York tiene una baja probabilidad de nieve y aguanieve desde el sábado hasta el domingo, y se esperan nevadas importantes en las áreas al oeste y norte de la ciudad.

A principios de esta semana, el servicio dijo que 2023 sería el año con menos nevadas en la ciudad, con sólo 2,3 pulgadas (6 centímetros) medidos en Central Park.

Solicitan el arresto domiciliario contra Wander Franco por presuntas relaciones con una menor

Wander Franco de los Rays de Tampa Bay, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/SHAWN THEW

Santo Domingo.- El Ministerio Público de la República Dominicana solicitó este miércoles arresto domiciliario e impedimento de salida del país contra el parador en corto de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco, apresado el lunes por supuestamente haber sostenido relaciones íntimas con una menor de edad.

En su solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público también estableció una fianza contra el jugador dominicano de 5 millones de pesos (unos 86.000 dólares), de acuerdo con los documentos depositados en la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente de la provincia Puerto Plata (norte), donde supuestamente ocurrieron los hechos.

Franco, de 22 años, está acusado de explotación sexual y abuso sexual y la sentencia se conocerá el próximo viernes.

En cuanto a la madre de la menor, el órgano persecutor pidió al tribunal que le imponga arresto domiciliario e impedimento de salida del país.

El pelotero fue arrestado el lunes cuando acudió, junto a sus abogados, a la Fiscalía de Puerto Plata, luego de que el 28 de diciembre pasado incumpliera la citación que le formulara la directora nacional del Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia de la Procuraduría General de la República, Olga Diná.

Luego de varias horas de interrogatorio en la Unidad de Atención Integral de Víctimas de Violencia de Género, el pelotero fue dejado detenido, al igual que la madre de la menor de edad con la que supuestamente Franco sostuvo relaciones sexuales.

Franco vio acortada en agosto su temporada regular con los Rays de Tampa Bay, luego de que la Oficina del Comisionado de las Grandes Ligas lo colocara en lista restringida, para más tarde incluirlo en licencia administrativa, tras surgir en las redes sociales imágenes del jugador con una menor de edad.

Hasta su último choque de 2023, su tercera campaña en las Grandes Ligas, Franco había fijado un promedio de bateo de .281, con 17 cuadrangulares, 58 carreras empujadas, 65 anotadas y estafándose 30 bases. Es considerado un gran defensor del campo corto y dispone de un potente brazo y velocidad en sus piernas.

Cuando fue llamado a las Grandes Ligas en 2021 estaba cotizado como el mejor prospecto de todo el béisbol.

En la República Dominicana la relación sexual de un adulto con menores de edad es tipificado como abuso sexual y su pena de cárcel puede llegar hasta los cinco años.

El alivio migratorio humanitario redujo la escasez de mano de obra en EE. UU., indica estudio

Archivo. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Washington.- El alivio migratorio humanitario añadió unos 1,1 millones de trabajadores desde el inicio del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en industrias con grave escasez de mano de obra, indica un estudio divulgado este miércoles.

«Se construyeron más casas, se restablecieron las cadenas de suministro y la industria del turismo pudo atender la demanda en 2023 en gran parte por los alrededor de 1,1 millones de personas” que han recibido ese beneficio desde que Biden llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, afirmó la organización FWD.us, que promueve una reforma migratoria.

Este programa permite que ciertas personas ingresen a Estados Unidos y permanezcan temporalmente sin visa de inmigrante o visitante por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo, y se aplica a discreción del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

El Gobierno de Biden ha usado este recurso, creado por ley en 1952, en diversos programas para acoger a afganos, ucranianos, cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

«Con la demanda de mano de obra en niveles sin precedentes tras la pandemia de covid-19, los inmigrantes acogidos en ese alivio han hecho una diferencia sustancial para cubrir la escasez de trabajadores», sostiene el informe.

Y con dos posiciones aún vacantes por cada persona desempleada en Estados Unidos, “estas personas están satisfaciendo una necesidad económica que probablemente poersistirá por años”, añade.

FWD.us calculó que entre 2021 y 2023 el alivio migratorio permitió el ingreso o permanencia en el país de 250.000 trabajadores en la industria de la construcción, 170.000 en el transporte, los almacenes y servicios poúblicos básicos, y otros 150.000 en la hotelería y servicios alimentarios.

Asimismo, 120.000 individuos que recibieron el beneficio en ese periodo están empleados en servicios profesionales y de negocios, otros 120.000 en manufactura, 110.000 en el comercio minoritario y 70.000 en cuidados de la salud y asistencia social.

«Al término de 2023 los inmigrantes con ese beneficio habían contribuido, en conjunto, con un tercio de la merma en puestos de trabajo vacantes para las industrias con escasez de trabajadores», destaca el informe.

De acuerdo con FWD.us, entre quienes han recibido el alivio «hay una gama de talentos y destrezas: miles de carpinteros, trabajadores de la salud y trabajadores fabriles y otros muchos individuos calificados».

A fin de calificar para el alivio migratorio los solicitantes deben contar con un «patrocinador» que ya esté en Estados Unidos, y ha de someterse a una investigación de antecedentes.

México disuelve caravana de migrantes tras comprometerse a entregar documentos de estancia legal

En esta imagen de archivo, migrantes parten de Tapachula, México, el domingo 24 de diciembre de 2023. La caravana comenzó su viaje hacia el norte a través de México pocos días antes de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegue a la Ciudad de México para discutir nuevos acuerdos para controlar el aumento de migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos. (Foto AP/Edgar Hernández Clemente, archivo)

MAPASTEPEC, México (AP) — El gobierno de México disolvió la última caravana de migrantes, que se encontraba desde finales de diciembre en el sureño estado de Chiapas, tras comprometerse a procesar a sus integrantes y otorgarles eventualmente algún tipo de documento que les conceda la estancia legal en el país.

Al informar de los términos del acuerdo al que se llegó con los migrantes, Roberto González López, jefe de la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, explicó que los casos de los extranjeros serán canalizados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que presta servicio de asistencia social.

En esta oportunidad no habrá entrega inmediata de visas humanitarias ni Formas Migratorias Múltiples, como ocurrió con otras caravanas.

Poco después de que se llegó al acuerdo, las autoridades iniciaron el traslado de la mayoría de los migrantes hacia un albergue del DIF ubicado en la aduana de la localidad de Huixtla, cercana a la frontera con Guatemala, en medio de desinformación y confusión.

La hondureña Senia Rodríguez hacía fila junto a su esposo y dos niños para abordar los autobuses, pero no tenía claro el procedimiento ofrecido por las autoridades migratorias.

En la misma situación estaba la salvadoreña Ana Ventura, quien esperaba junto a su esposo y sus tres hijos de 15, 12 y 10 años.

“No sabemos. La mayoría que ya se fue dicen que lo están dando (los documentos), pero saber qué tan cierto sea”, dijo Ventura.

El activista Luis García Villagrán, de la organización local Centro de Dignificación Humana AC — que guiaba al contingente — indicó que, de acuerdo con una respuesta formal del INM, se dará prioridad a las familias y a los grupos vulnerables.

García Villagrán pidió a las autoridades migratorias agilizar los procedimientos para entregar los documentos de estancia legal a los migrantes para que puedan continuar su camino hacia otras ciudades de México o la frontera con Estados Unidos.

“Vamos a esperar que procesen a todos, incluyendo a los solteros, para que luego podamos irnos cada uno”, comentó.

La caravana, formada por unos 6.000 migrantes, partió en Nochebuena desde la localidad de Tapachula, en la frontera con Guatemala, y durante cinco días recorrió unos 100 kilómetros en el estado de Chiapas hasta llegar al poblado de Mapastepc, donde se paró ya con la mitad de sus integrantes.

La movilización coincidió con la reunión celebrada a mediados de la semana pasada entre el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en la capital mexicana para evaluar la crisis migratoria.

La reunión se produjo tras la llamada telefónica del presidente Joe Biden a su par mexicano el 20 de diciembre para expresarle la preocupación de su gobierno por el creciente flujo de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, donde llegaron a detectarse hasta 12.000 cruces ilegales al día.

Durante el encuentro, las autoridades mexicanas pidieron a Estados Unidos que de prioridad a la reapertura de algunos cruces fronterizos cerrados ante la avalancha de migrantes.

La petición fue atendida días después por Washington, que se comprometió a reanudar a partir del 4 de enero las operaciones en los cruces de Eagle Pass, Texas; San Ysidro en San Diego, California; Lukeville en Arizona y en el puerto peatonal de Morley en Nogales, Arizona, según informó el martes en la noche la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Las industrias mexicanas se vieron afectadas por el cierre temporal de dos cruces ferroviarios con Texas a finales de diciembre, que se llevó a cabo con el argumento de que hubo que reasignar a agentes de la Patrulla Fronteriza para hacer frente al elevado número de entradas al país.

La región registra un flujo migratorio sin precedentes que no ha podido controlarse pese a los intentos de Estados Unidos de abrir nuevos cauces para llegar de forma legal al país, a la vez que endurece las consecuencias de hacerlo de forma irregular.

Más de medio millón de migrantes, muchos de ellos venezolanos, cruzaron este año la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. México detectó más de 680.000 extranjeros en situación irregular de enero a noviembre, según las cifras oficiales. Además, un récord de casi 137.000 personas pidieron refugio en el país.

Editorial Roundup: Pennsylvania

Pennsylvania

Philadelphia Daily News/Inquirer. December 28, 2023

Editorial: Gov. Shapiro should seize the chance to help SEPTA in its time of need

The beleaguered transit agency, which faces a $240 million deficit in 2024, missed out on a chance to win more funding from Harrisburg. Could the governor come to its rescue?

In his first year in office, Gov. Josh Shapiro has cultivated a reputation as a man of action. Few will forget his rapid response to the partial collapse of a section of I-95 in Northeast Philadelphian June, which saw a temporary bridge constructed in just 12 days. It was a stunning display of how effective government can be when it wants to. Commuters and truckers who travel the corridor breathed a sigh of relief.

For Pennsylvania’s public transit users, however, that same sense of urgency and responsibility from state officials has not materialized.

Despite pleas from SEPTA, the commonwealth’s largest public transit agency, the long-delayed state budget deal did not include any increased funding for public transportation.

SEPTA now faces an operating deficit of around $240 million in 2024 and expects to make devastating service cuts, raise fares significantly, and explore more radical options for cost reductions.

While few in Harrisburg strongly opposed more money for public transportation, fewer still strongly supported it. Without explicit advocacy from the governor, SEPTA was left behind over other funding priorities — even though far more people rely on the transit system (about 700,000 riders ) than use the Philadelphia corridor of I-95 (roughly 160,000 drivers ) on a typical day.

SEPTA’s proposed solution to its funding woes was asking legislators to approve an increase in the share of state sales tax revenue devoted to paying for public transportation.

The sales tax itself would not increase, but the Public Transportation Trust Fund — which directs funding to public transit across the state — would receive a greater allocation of the money generated by the sales tax, to 6.4% from 4.4%.

SEPTA’s share, about $190 million, would have helped prevent what are expected to be “draconian service reduction and extraordinary fare increases,” according to SEPTA CEO Leslie S. Richards.

Of course, there is likely no shortage of advisers who will tell Shapiro there is little political upside to supporting transit. After all, the issue was not a major part of his campaign. And for many Pennsylvanians, public transit is simply not part of their daily life. Nor is it for about 45% of Americans, who have no access to public transportation at all.

But despite its consistent underappreciation during state and local budget season, SEPTA is an essential part of the regional economy.

When Philadelphia successfully bids for events like the FIFA World Cup, a papal visit, or a political convention, the transit network is a big part of the picture. While Amazon officials may have ultimately relied on a less-than-objective decision-making process for choosing a home for their new headquarters, Chicago and Philadelphia were strong contenders, largely because of our public transit systems. Even outside the city, access to transit is a key selling point for employers and residents alike.

Shapiro should seize this opportunity to help SEPTA in its time of need. Perhaps the most helpful step the governor could take on the agency’s behalf is to build the trust fund allocation change into his next budget in the spring — and work with the legislature to get the measure passed on time.

SEPTA officials have some leeway before they have to implement and announce cuts. If Shapiro’s next budget includes the funding, the agency might be able to avoid significant service changes and forestall other reductions by raising fares (which haven’t increased in six years ).

Public transportation needs a champion in Harrisburg. Like he did with the I-95 collapse, Shapiro should meet the moment.

___

Pittsburgh Tribune-Review. December 31, 2023

Editorial: Who owns Pennsylvania’s historical records?

Pennsylvania’s history is frequently bigger than the state.

From the Liberty Bell and Independence Hall in Philadelphia to the sweeping battlefields of Gettysburg to the remains of Fort Pitt in Pittsburgh, the Keystone State is a rich cache of evidence of what came before.

But it isn’t all buildings and cemeteries. A great deal of the state’s history is information.

Pennsylvania has been the site of centuries of births, deaths, weddings, adoptions, divorces, property sales, incorporation of businesses and more. Millions of people have called the state home, creating a vast number of records.

For historians and genealogists, that could be considered a treasure.

For the state, it is apparently a burden.

In 2008, the Pennsylvania Historic and Museum Commission entered into an agreement with Ancestry.com to digitize a long list of records — everything from prison data and Civil War information to immigration papers and military files. In total, there were 45 terabytes of information.

For context, 45 terabytes is more than 3 billion pages of information, give or take.

If you are a Pennsylvania resident, you can access the information for free on the commission’s website — a way to facilitate interest in tracing ancestry and building family trees, but only if you have an Ancestry account.

If you aren’t a Pennsylvania resident, you need an active Ancestry subscription. Normal prices for that range from $119 for six months to $259 for six months depending on how much and what kind of access is wanted.

That’s not that unusual. Searching for genealogical records can be tedious, expensive or both. Ancestry.com has that down to an easily navigable science, which is what makes it the big dog in genealogy circles. The company was acquired by investment management company Blackstone Inc., in 2020 for $4.7 billion.

But a Spotlight PA story is looking at questions about who owns the records, thanks to a lawsuit by genealogist Alec Ferretti of nonprofit Reclaim the Records. In 2022, he submitted a request for all records turned over to Ancestry. PHMC denied that, saying it had no responsive records, kicking off an appeal to the Office of Open Records that snowballed to Commonwealth Court, which then kicked it back to Open Records.

The problem isn’t that the state doesn’t have records to give. First, there are billions of pages of records, which is a challenge to turn over. Then there is the idea that, while the state owns the records, as public documents, Ancestry is asserting its rights as owner of the proprietary work involved.

This is an issue that might have been avoided if state agencies didn’t seem to approach public records from a standpoint of gatekeeping. The request process can often seem more like an obstacle course than a simple give and take. The Office of Open Records will say “yes” to a request, and another state agency immediately counters to a higher authority.

Agencies like the commission should proactively work with the Office of Open Records instead, finding the best way to make the most records available to the people efficiently and economically.

And, if they could do that, it would be truly history-making.

END

5 Die In Crashes, 300+ Arrested For DUI Over New Year’s Weekend

Photo by Artyom Kulakov. PRXELS

PSP Investigates More than 330 Crashes, Makes Over 320 DUI Arrests during New Year’s Holiday

Harrisburg, PA – The Pennsylvania State Police released their annual New Year’s holiday crash and enforcement report today, which included 326 people arrested for driving under the influence of alcohol or drugs.

Over the three-day period (Dec. 30 – Jan. 1), PSP investigated 336 crashes, in which five people lost their lives and 68 others were injured. Alcohol was a factor in 47 of those crashes.

Troopers also issued:

  • 3,833 speeding citations.
  • 344 citations for failing to wear a seat belt.
  • 56 citations for not securing children in safety seats.

Table 1: New Year’s Weekend Crash Data

YearTotal CrashesFatal CrashesPeople KilledPeople InjuredAlcohol-Related CrashesAlcohol-Related Fatal Crashes
2024 (3 days)3365568471
2023 (3 days)48100108510

Table 2: New Year’s Weekend Enforcement Data

YearDUI ArrestsSpeeding CitationsChild Seat CitationsSeat Belt CitationsOther Citations
2024 (3 days)3263,833563448,125
2023 (3 days)3564,126673787,874

More information on the 2024 New Year’s holiday crash and enforcement report, broken down by troop, is available. These statistics cover only those incidents investigated by the state police and do not include incidents to which other law enforcement agencies responded.

This report reflects PSP’s dedication to ensuring Pennsylvania roads are safe all year round, especially during high-volume travel times like the New Year’s holiday.

For more information on the Pennsylvania State Police, visit psp.pa.gov.

Muerte del líder adjunto de Hamás en Beirut aumenta riesgo de que se extienda la guerra de Gaza

Palestinos protestan contra la muerte del líder de Hamás Saleh al-Arouri, cerca de Ramala, el 3 de enero de 2024. (Foto: VOA)

La muerte del dirigente de Hamás Saleh al-Arouri en un ataque con dron en Beirut ha aumentado el riesgo potencial de que la guerra en Gaza se extienda más allá de la Franja. Cientos de palestinos salieron a las calles de Ramala y otras ciudades de Cisjordania para condenar la muerte de Arouri. 

Israel mató el martes al dirigente adjunto de Hamás Saleh al-Arouren un ataque con dron en Beirut, capital de Líbano, según fuentes de seguridad libanesas y palestinas, lo que aumenta el riesgo potencial de que la guerra en Gaza se extienda mucho más allá del enclave palestino.

Arouri, de 57 años, es el primer alto dirigente político de Hamás muerto desde que Israel lanzó una demoledora ofensiva aérea y terrestre contra el grupo hace casi tres meses, tras su asalto de choque y su incursión en ciudades israelíes.

El grupo libanés Hizbulá, aliado de Hamás y fuertemente armado, ha estado intercambiando fuego casi a diario con Israel a través de la frontera sur de Líbano desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre.

El líder de Hizbulá, Hassan Nasrallah, ha advertido a Israel de que no lleve a cabo ningún asesinato en suelo libanés, prometiendo una «reacción severa».

Hizbulá dijo el martes que había atacado con misiles a un grupo de soldados israelíes en los alrededores de Marj, tras la muerte de Arouri.

Israel acusa desde hace tiempo a Arouri de ataques letales contra sus ciudadanos, pero un responsable de Hamás dijo que también estaba «en el centro de las negociaciones» llevadas a cabo por Qatar y Egipto sobre el resultado de la guerra de Gaza y la liberación de los rehenes israelíes en poder de Hamás.

Israel no confirmó ni negó haber llevado a cabo el ataque, pero su portavoz militar, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que las fuerzas israelíes estaban en un alto estado de preparación y listas para cualquier escenario.

«Lo más importante que hay que decir esta noche es que estamos centrados y seguimos centrados en la lucha contra Hamás», dijo cuando un periodista le preguntó por las informaciones sobre la muerte de Arouri.

 El líder de Hamás, Saleh al-Arouri, habla en una conferencia de prensa en El Cairo, el 12 de octubre del 2017. (Foto: VOA)

«Esperando el martirio»

Israel había acusado a Arouri, cofundador del ala militar de Hamás, las Brigadas Izz-el-Deen al Qassam, de ordenar y supervisar durante años los ataques de Hamás en Cisjordania, ocupada por Israel.

«Estoy esperando el martirio y creo que he vivido demasiado», dijo Arouri en agosto de 2023, en alusión a las amenazas israelíes de eliminar a dirigentes de Hamás, ya sea en Gaza o en el extranjero.

Nasser Kanaani, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, uno de los principales partidarios de Hamás y Hezbolá, dijo que la muerte de Arouri «encendería sin duda otra oleada en las venas de la resistencia y la motivación para luchar contra los ocupantes sionistas, no sólo en Palestina, sino también en la región y entre todos los buscadores de la libertad del mundo».

Cientos de palestinos salieron a las calles de Ramala y otras ciudades de Cisjordania para condenar la muerte de Arouri, coreando: «¡Venganza, venganza, Qassam!»

Protestas en Ramala contra la muerte de uno de los líderes de Hamás, Saleh al-Arouri, el 2 de enero de 2024. (Foto: VOA)

Hospital Al Shifa

La guerra de Gaza se desencadenó el 7 de octubre con un ataque transfronterizo de Hamás contra ciudades israelíes en el que, según Israel, murieron 1.200 personas y unos 240 rehenes fueron devueltos a Gaza.

El Ministerio de Sanidad de Gaza dijo que en las últimas 24 horas habían muerto 207 personas, lo que eleva a 22.185 el total de víctimas mortales palestinas registradas en casi tres meses de guerra en Gaza.

Israel afirma que intenta evitar daños a los civiles y culpa a Hamás de incrustar combatientes entre ellos, acusación que Hamás niega.

El ataque israelí contra el hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza el pasado noviembre avivó la alarma mundial por la suerte de los civiles y pacientes que se encontraban en su interior.

Israel afirmó que Hamás utilizaba túneles bajo el hospital como cuartel general y que utilizaba a sus pacientes como escudos.

Un responsable estadounidense dijo el martes, citando información desclasificada de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que las agencias de espionaje estadounidenses habían calculado que Hamás y la Yihad Islámica habían utilizado Al Shifa para comandar fuerzas y retener a algunos rehenes, pero que lo habían evacuado en su mayor parte antes de que entraran las tropas israelíes.

Los bombardeos israelíes han sumido a los 2,3 millones de habitantes de Gaza en un desastre humanitario en el que miles de personas han quedado en la indigencia y amenazadas por la hambruna debido a la falta de suministros alimentarios.

Palestinos desplazados, que huyeron de los bombardeos israelíes, se refugian en campamentos como el de la foto en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 3 de enero de 2024. (Foto: VOA)

Hamás responde a la propuesta de alto al fuego

Poco antes de la muerte de Arouri, el líder supremo de Hamás, Ismail Haniyeh, que también tiene su base fuera de Gaza, dijo que el movimiento había dado su respuesta a una propuesta egipcio-qatarí de alto el fuego.

Reiteró que las condiciones de Hamás implicaban «un cese completo» de la ofensiva israelí a cambio de nuevas liberaciones de rehenes.

Israel cree que quedan 129 rehenes en Gaza después de que algunos fueran liberados durante una breve tregua a finales de noviembre y otros murieran durante ataques aéreos e intentos de rescate o huida.

Israel ha prometido seguir luchando hasta acabar con Hamás, pero no está claro qué planea hacer con el enclave en caso de lograrlo, ni dónde queda la perspectiva de un Estado palestino independiente.

En Washington, el Departamento de Estado denunció como «incendiarias e irresponsables» las declaraciones de los ministros del gabinete israelí Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir en las que abogaban por el reasentamiento de palestinos fuera de Gaza.

Estas declaraciones ponen de manifiesto el temor de algunos sectores del mundo árabe a que Israel quiera expulsar a los palestinos de las tierras en las que imaginan un futuro Estado, repitiendo así la desposesión masiva de palestinos que se produjo cuando se creó Israel en 1948.

In 2024, Shapiro faces calls for billions for schools, a presidential election and wary lawmakers

Governor Josh Shapiro joined Meek Mill and the REFORM Alliance, Speaker Joanna McClinton, Sen. Lisa Baker, legislative leaders, and reform advocates for a ceremonial bill signing celebrating landmark probation reform and clean slate legislation that won bipartisan support and was signed by the Governor to make our Commonwealth more fair for all Pennsylvanians. Pictured here is a moment from the event.

HARRISBURG, Pa. (AP) — In 2024, Democratic Gov. Josh Shapiro could face a more complicated sophomore year in charge of Pennsylvania after his first year brought a highway collapse, a budget stalemate and friction with allies and adversaries as he navigated the battleground state’s political divides.

He is under pressure to respond to a court ruling that Pennsylvania’s system of public school funding unconstitutionally discriminates against poorer districts.

His administration must also oversee a presidential election that, four years ago, was marred by a barrage of right-wing conspiracy theories, Donald Trump-allied efforts in court to overturn it and threats against election administrators.

And Shapiro, viewed nationally as a rising political star, must navigate the nation’s only politically divided legislature in which allies and adversaries alike are wary of him.

In his first year in office, Shapiro showed himself to be a low-key operator who took a hands-off approach in the statehouse and attempted to avoid political fights he might not win.

He often emphasized the need to gain approval from both the Democratic-controlled House and the Republican-controlled Senate, and focused more on what his administration accomplished — what he called a “get stuff done” administration — rather than farther-reaching agenda items that are stuck in partisan stalemate.

In 2024, Shapiro will have little runway to show how he’ll handle calls from public school advocates to propose billions of new dollars for the poorest public schools.

“I’m very mindful of the Commonwealth Court decision and that we need to have more equity in our system. I’m also very mindful that someone has to pay for that,» Shapiro told The Associated Press in a recent interview in his office.

A compromise deal may require Democrats to accept something they just defeated: a new $100 million taxpayer-paid voucher program to subsidize tuition at private and religious schools.

Republican lawmakers are wary of ramping up public-school spending by billions of dollars. But they are in step with Shapiro in pushing for a voucher program — a position that made Shapiro unique among Democratic governors in the U.S.

In the fall, Shapiro’s administration will be nationally watched for how it runs the presidential election, when Pennsylvania is yet again expected to be pivotal to the White House stakes.

The state remains in Trump’s crosshairs after he and Republican allies tried to overturn Biden’s 2020 victory there and Trump declared that “ bad things ” happen in Philadelphia.

Last month in Iowa, Trump told supporters to “guard the vote” and to “go into” Detroit, Philadelphia and Atlanta to “watch those votes when they come in.”

Shapiro — who as attorney general played a central role in defending Pennsylvania’s 2020 election against Republican efforts in court to overturn it — said administration officials have been meeting for months.

They are preparing on legal, law enforcement and election administration fronts “to administer an election that everyone, regardless of your choice of candidate, can have faith in,” Shapiro told AP. “That is one of our most serious responsibilities.”

The election is likely to be close.

Complicating it is a state law that prohibits counties from processing mail-in ballots before Election Day — raising the specter of another drawn-out count in Pennsylvania like the one in 2020 that gave a window to Trump-inspired conspiracy theories and false claims.

Nearly every other state allows mail-in ballots to be processed before Election Day. In Pennsylvania, Republican lawmakers have refused to allow it without attaching other election-related changes that Democrats oppose.

For his part, Shapiro’s administration ably responded to the collapse of a critical section of Interstate 95 in Philadelphia and the derailment of tanker cars carrying toxic chemicals just over the Ohio-Pennsylvania state border.

Still, getting deals in the statehouse wasn’t necessarily Shapiro’s strong suit.

A budget deal Shapiro struck with Republican lawmakers ran into solid opposition from Democrats. Shapiro then angered Republicans when he backed off it, precipitating a stalemate over spending that normally gets done in June.

Lawmakers and Shapiro last month wrapped up the last loose ends by greatly expanding subsidies for child care and private schools, among other things.

But Shapiro’s hands-off approach in the statehouse drew complaints from both sides. Shapiro chalks up such complaints to finger-pointing over partisan food fights.

“I don’t run the Legislature, right?» Shapiro told reporters at a news conference last month. «I mean, we are separate branches of this government. … Our Legislature has to figure out how to show up to work and then they’ve got to figure out how to work together.”

He will enter 2024 as the only governor in the U.S. with a politically divided Legislature after a Democratic victory in Virginia’s House.

Even so, for Shapiro, it may be a benefit: House Democrats block Republican bills that Shapiro might otherwise veto, while Senate Republicans block Democratic bills that are too progressive for Shapiro’s political instincts.

Shapiro brushes off that suggestion.

“I’m kind of dealing with the cards I’ve been dealt,» Shapiro told the AP. “I’ve just really focused on finding those areas where I can find common ground between the two leaders, right, in the Senate and the House, and see where we can find those points of intersection that allow me to put something forward that we can accomplish.»

Biden’s kicking off 2024 by delving into some of the country’s darkest moments

President Joe Biden speaks at the Wisconsin Black Chamber of Commerce, Wednesday, Dec. 20, 2023, in Milwaukee. (Photo: AP/Morry Gash)

President Joe Biden is starting the campaign year by evoking the Revolutionary War to mark the third anniversary of the deadly insurrection at the U.S. Capitol and visiting the South Carolina church where a white gunman massacred Black parishioners — seeking to present in the starkest possible terms an election he argues could determine the fate of American democracy.

On Saturday, Biden will travel to near Valley Forge, Pennsylvania, where George Washington and the Continental Army spent a bleak winter nearly 250 years ago. There, he’ll decry former President Donald Trump for the riot by a mob of his supporters who overran the Capitol in an attempt to overturn the 2020 presidential election.

Two days later, the president will visit Mother Emanuel AME Church in Charleston, where nine people were shot and killed in a June 2015 white supremacist attack.

Biden’s kicking off 2024 by delving into some of the country’s darkest moments rather than an upbeat affirmation of his record is meant to clarify for voters what his team sees as the stakes of November’s election. During both events, he will characterize his predecessor as a serious threat to the nation’s founding principles, arguing that Trump — who has built a commanding early lead in the Republican presidential primary — will seek to undermine U.S. democracy should he win a second term.

“We are running a campaign like the fate of our democracy depends on it, because it does,” Biden reelection campaign manager Julie Chavez Rodriguez said on a conference call with reporters.

Trump, who faces 91 criminal charges stemming from his efforts to overturn his loss to Biden and three other felony cases, argues that Biden and top Democrats are themselves seeking to undermine democracy by using the legal system to thwart the campaign of his chief rival.

“Joe Biden and his allies are a real and compelling threat to our Democracy,” Trump campaign senior advisers Chris LaCivita and Susie Wiles wrote in a memo this week. “In fact, in a way never seen before in our history, they are waging a war against it.”

Biden’s channeling of personal grief and national traumas, often into calls for action, has become his political calling card. Tragedies have defined the president’s own life, from the 1972 car crash that killed his first wife and infant daughter to his son Beau’s death from brain cancer at age 46 in 2015.

In 2020, Biden won the White House by promising to heal the “soul of the nation” after he said that seeing hate groups marching in Charlottesville, Virginia, with torches and swastikas in 2017 propelled him to run.

Rather than promising to bridge the nation’s partisan divide as he did four years ago, Biden will instead stress how Trump and top supporters of his “Make America Great Again” movement pose existential threats.

The president’s reelection campaign has publicized Trump’s repeating rhetoric used by Adolf Hitler when he suggested that immigrants entering the U.S. illegally are “poisoning the blood of our country,” as well as the former president joking that he’d only seek to serve as a dictator on the first day of his second term.

“The leading candidate of a major party in the United States is running for president so that he can systematically dismantle and destroy our democracy,» said Biden campaign communications director Michael Tyler.

Even if another Republican beats Trump in the GOP primary, Biden’s reelection argues the victor would be similar enough to the former president that the campaign’s themes would change little.

“Anybody who wins the MAGA Republican nomination is going to have done so by hard-tacking to the most extreme positions that we have seen in recent American history,” Tyler said.

A majority of Americans are concerned about the future of democracy in the upcoming election — though they differ along party lines on whom poses the threat.

The Biden campaign also promised it would be “out in full force” to mark the Jan. 22 anniversary of Roe v. Wade, the Supreme Court decision that legalized abortion nationwide for nearly 50 years, before the high court overturned the ruling in June 2022.

Biden’s team has argued that abortion access and democracy are intertwined in the upcoming election — building on the president’s warnings about Trump and “MAGA extremists” that helped Democrats defy historical precedent by retaining control of the Senate and only narrowly losing the House majority to Republicans in the 2022 midterms.

Fuente AP: Inteligencia de EE. UU. confía en que insurgentes utilizaron hospital de Gaza en su campaña

En esta imagen de archivo, soldados israelíes muestran a reporteros el túnel subterráneo hallado bajo el hospital de Shifa, en la Ciudad de Gaza, el 22 de noviembre de 2023. (AP Foto/Victor R. Caivano, archivo)

Zeker Miller

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos está “seguro” de que los grupos insurgentes palestinos utilizaron el mayor hospital de Gaza para retener a “al menos unos pocos” rehenes durante su sangriento ataque del 7 de octubre sobre el sur de Israel y para albergar infraestructura de mando, según una evaluación de los servicios de inteligencia estadounidenses desclasificada el martes y compartida por un funcionario del país.

La evaluación ofrece el respaldo más firme de Washington a las afirmaciones israelíes acerca del complejo del hospital de Shifa, que fue allanado por las fuerzas de Israel en noviembre en una operación criticada por organizaciones humanitarias globales y por algunos miembros del partido del presidente Joe Biden. Sin embargo, la información difundida no respalda totalmente algunas de las acusaciones más significativas de Israel, como que servía de punto central para las actividades de Hamás y Yihad Islámica Palestina. El funcionario estadounidense compartió el reporte bajo condición de anonimato.

“La Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos confía en su juicio sobre este asunto y ha corroborado de forma independiente la información acerca del uso del complejo hospitalario por parte de Hamás y YIP para varios propósitos relacionados con su campaña contra Israel”, apunta el informe. Además, indica que cree que los grupos “utilizaron el complejo del hospital de al-Shifa y lugares situados debajo de él para albergar infraestructura de mando, ejercer ciertas actividades de mando y control, almacenar algunas armas y retener a al menos unos pocos rehenes».

Estados Unidos cree que los miembros de Hamás se marcharon del lugar días antes de que Israel asaltó el complejo el 15 de noviembre y destruyeron documentos y aparatos electrónicos sensibles antes de que las tropas entrasen en las instalaciones.

Los funcionarios estadounidense ya habían apuntado previamente a información de inteligencia clasificada, obtenida independientemente de los israelíes, para respaldar la operación de su aliado.

“Puedo confirmarles que tenemos información de que Hamás y Yihad Islámica Palestina usan algunos hospitales en la Franja de Gaza, incluyendo el de al-Shifa, y los túneles bajo ellos, para ocultar y respaldar sus operaciones militares y retener a los rehenes”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, a reporteros un día antes de la entrada de las tropas israelíes al complejo.

Los hospitales de Gaza han jugado un papel central en las narrativas enfrentadas en torno a una guerra en la que, según el Ministerio de Salud gazatí, dirigido por Hamás, han muerto 22.100 personas — aunque no diferencia entre civiles y combatientes. Los hospitales cuentan con una protección especial en virtud de las leyes internacionales de la guerra, pero pueden perderla si se demuestra que se utilizan con fines militares.

Antes de allanar el hospital, el ejército israelí presentó una detallada maqueta en 3D del hospital de Shifa que mostraba una serie de instalaciones subterráneas que, según dijo, formaban parte de un elaborado centro de mando y control de Hamás bajo el mayor centro sanitario del enclave. El ejército no ha presentado aún ninguna infraestructura tan amplia y desarrollada como el supuesto centro.