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Se presenta en la Cámara de Representantes de Pensilvania una ley para ampliar los permisos para eventos en todo el estado

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PR/CP
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El Capitolio del Estado de Pensilvania.

Permitiría a todos los municipios de Pensilvania ampliar la venta de alcohol durante la Copa del Mundo y las celebraciones del aniversario nacional

HARRISBURG, 29 de abril – Mientras Pensilvania se prepara para una ajetreada temporada turística, que incluye importantes celebraciones del 250.º aniversario de los Estados Unidos, la conmemoración del aniversario de la batalla de Gettysburg y la organización de varios partidos de la Copa del Mundo, la representante estatal Johanny Cepeda-Freytiz, demócrata por Berks, ha presentado un proyecto de ley que permitiría a todos los municipios de Pensilvania ampliar sus permisos para la celebración de eventos durante este periodo.

El proyecto de ley, H.B. 2471, replicaría a nivel estatal una legislación bipartidista similar, la Ley 8 de 2026, que permite a los bares de Filadelfia seguir sirviendo alcohol hasta las 4 de la madrugada entre el 11 de junio y el 20 de julio de 2026. La Ley 8 fue firmada por el gobernador Josh Shapiro dos semanas después de su presentación.

«Entre la Copa del Mundo y las celebraciones del 250 aniversario de los Estados Unidos, se espera que solo el sureste de Pensilvania genere entre dos mil y tres mil millones de dólares», afirmó Cepeda-Freytiz. «Sin embargo, el turismo no se limitará únicamente a Filadelfia: los turistas visitarán las zonas de aficionados de la Copa del Mundo en Reading, Scranton y Pittsburgh, además de lugares emblemáticos como Valley Forge y Gettysburg».

“Si estamos proporcionando a un municipio las herramientas necesarias para impulsar su economía local, creo que todos los municipios deberían poder potenciar sus eventos y negocios locales de la misma manera. Nos espera una temporada turística que dará la bienvenida a cientos de miles de visitantes, por lo que debemos actuar para ofrecer la mejor experiencia que cada rincón de Pensilvania pueda brindar.”

Estos permisos permitirían a los negocios que cumplan con los requisitos pagar una cuota de solicitud de $500 para permanecer abiertos y seguir sirviendo alcohol hasta las 4 a. m., en lugar del límite actual de las 2 a. m., con el fin de adaptarse a los partidos de fútbol que se celebran en diferentes zonas horarias.

Esta legislación, similar a la ley ya aprobada para Filadelfia, solo se aplicaría durante el período de un mes que abarca la Copa del Mundo. El proyecto de ley 2471 de la Cámara de Representantes aún no ha sido asignado a una comisión para su consideración.

El hombre acusado de intentar matar a Trump se tomó una foto momentos antes del ataque

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Associated Press
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Esta imagen, contenida en un documento judicial del Departamento de Justicia, del 29 de abril de 2026, muestra a Cole Tomas Allen dentro de su habitación de hotel, el sábado 25 de abril de 2026 en Washington, usando su teléfono móvil para fotografiarse en el espejo. (Foto: AP/Departamento de Justicia)

 El hombre acusado de intentar matar al presidente Donald Trump durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se tomó una foto en la habitación de su hotel apenas unos minutos antes del incidente, equipado con una bolsa de municiones, una funda de arma al hombro y un cuchillo enfundado, manifestaron los investigadores el miércoles en una nueva presentación judicial.

Cole Allen llevaba pantalones negros, una camisa negra y una corbata roja cuando tomó la imagen en su habitación del Washington Hilton, el lugar donde Trump y cientos de periodistas se reunían para la gala la noche del sábado.

El sospechoso de 31 años, residente de Torrance, California, fue detenido cuando pasó corriendo por una barricada de seguridad cerca del salón de baile, lo que provocó un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto encargados de proteger el evento. Él se considera inocente, de acuerdo con su abogado.

El mandatario no resultó herido y su equipo de seguridad lo sacó rápidamente del escenario.

“Cuando eres influyente, van tras de ti. Cuando no eres influyente, te dejan en paz”, dijo Trump, aún con su esmoquin, en la Casa Blanca dos horas después. “Parece que creen que era un lobo solitario”.

Surgieron nuevos detalles en una presentación judicial hecha por los fiscales que quieren que Allen permanezca bajo custodia.

Agentes del Servicio Secreto rodean al presidente Donald Trump tras un tiroteo fuera del salón durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el sábado 25 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)

El gobierno dijo que él realizó repetidas comprobaciones en línea para seguir el estado de Trump esa noche, incluida la cobertura en vivo del presidente saliendo de su vehículo en el hotel Hilton. Los investigadores dijeron que correos electrónicos preestablecidos con un archivo adjunto titulado “Apology and Explanation” fueron enviados aproximadamente a las 8:30 p.m.

“Tenía la intención de matar y disparó su escopeta mientras intentaba vulnerar la seguridad y atacar a su objetivo. En pocas palabras, el acusado representa un peligro inusualmente grave para la comunidad si es liberado en espera de juicio. La falta de antecedentes penales del acusado y otras circunstancias personales no alteran esta conclusión”, escribió el subsecretario de Justicia adjunto, Charles Jones.

Una declaración jurada del FBI presentada en el caso el lunes reveló otros detalles sobre la planificación detrás del ataque, y las autoridades alegan que el 6 de abril Allen reservó una habitación para él en el hotel de Washington donde el evento se llevaría a cabo semanas después bajo su habitual estricta seguridad. Viajó en tren de costa a costa desde California la semana pasada y se registró en el Washington Hilton un día antes de la cena, con una habitación reservada para el fin de semana.

La cena apenas había comenzado cuando, según los funcionarios, Allen intentó pasar corriendo por una barricada de seguridad cerca del enorme salón de baile donde había cientos de periodistas y sus invitados, dijeron las autoridades. Traía una escopeta de bombeo calibre 12 que compró el año pasado y una pistola semiautomática calibre .38 que adquirió en 2023, según las autoridades.

Allen resultó herido durante el ataque, pero no recibió un disparo. Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo, pero llevaba un chaleco antibalas y sobrevivió, dijeron los funcionarios.

El Supremo de EE. UU. evalúa el poder de Trump para revocar el amparo migratorio TPS

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EFE
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Activistas y jóvenes inmigrantes se manifiestan este martes frente al Tribunal Supremo de Justicia en Washington (EE. UU.). (Foto: EFE/Lenin Nolly)

 El Tribunal Supremo de EE. UU. sopesa este miércoles si el Gobierno de Donald Trump tiene el poder de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege de la deportación a cerca de 360.000 haitianos y sirios, en un caso que sentará un precedente para todos los favorecidos por ese beneficio migratorio.

Esta es la primera vez que la máxima corte estadounidense escucha una demanda relacionada con el programa TPS, que protege de la deportación y otorga un permiso de trabajo a extranjeros que no pueden regresar a sus países de manera segura debido a una emergencia, como una guerra o un desastre natural.

En concreto, los nueve jueces escucharán la querella contra la decisión de la Administración de Trump de echar abajo el TPS que protege a unos 350.000 haitianos y 6.100 sirios, tras afirmar que el amparo es «contrario al interés nacional» y los inmigrantes podían retornar de manera segura a sus países, según la orden dada el año pasado por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Beneficiarios de ambas nacionalidades acudieron a los tribunales y lograron que jueces federales del Distrito de Columbia y Nueva York se pusieran del lado de los demandantes, aduciendo que Noem violó la ley federal que rige a las agencias administrativas.

Una batalla que afecta a todos los ‘tepesianos’

El caso se ha convertido en un símbolo de la lucha para defender el amparo, promulgado por el Congreso en 1990, que le otorgó al Ejecutivo estadounidense la posibilidad de designar la protección.

“La audiencia de mañana es súper importante porque, aunque en el papel el nombre del caso dice Siria y Haití, la decisión va a impactar a toda la comunidad con TPS», dijo a EFE José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS.

Actualmente, EE. UU. tiene alrededor de 1,3 millones de inmigrantes de 17 países cobijados por el TPS, conocidos popularmente como ‘tepesianos’, y el Gobierno de Trump ha echado abajo a un gran número de los amparos, entre ellos los de los venezolanos, que también mantienen una batalla legal en curso.

Para Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria (CILP) de la Facultad de Derecho de Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y que defenderá el caso ante el Supremo, la Administración Trump “ha destrozado” la ley que otorga el TPS.

Ese Gobierno ha “demonizado” a los beneficiarios y atacado “implacablemente” al propio programa, que ha sido usado por gobiernos republicanos y demócratas, dijo Arulanantham en un comunicado.

Por su parte, Megan Hauptman, abogada del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP), advirtió que EE.UU. está en medio de una campaña masiva para despojar de su estatus legal a quienes lo poseen y deportarlos a situaciones de peligro.

El llamado al Supremo

Más de 600 inmigrantes amparados por el TPS viajaron desde diferentes rincones del país para asistir a la audiencia, y unos podrán ingresar a máxima corte mientras otros harán presencia afuera, donde se espera que se manifiesten.

“Este día es muy importante para mostrar unidad, porque no son solo los inmigrantes de Siria o Haití los afectados, seremos todos los deportados”, dice a EFE el salvadoreño José Urias, beneficiario del TPS, que viajó desde Massachusetts.

Urias se ha movilizado para defender el amparo desde el 2017, cuando Trump quiso echar abajo el TPS de seis países, entre ellos El Salvador. «Ya ganamos una vez, lo podemos volver a hacer», dice el inmigrante, que ha residido por más de 30 años en el país.

En este sentido, Hauptman advierte que poner fin al TPS sería “el mayor esfuerzo de ‘desdocumentación’ en la historia de Estados Unidos” y que, si el Supremo da luz verde al Gobierno Trump, este no se detendrá en sus esfuerzos y buscará eliminar otros programas migratorios.

Para Arulanantham, la pregunta para la Corte Suprema, de mayoría conservadora, es sencilla: ¿defenderá el Estado de derecho o permitirá que la Administración Trump lo destruya?”.

¿Síndrome del impostor o un verdadero impostor? Claves para identificar la diferencia

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Cristina en tu esquina
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Imagen conceptual del síndrome del impostor, un fenómeno psicológico en el que personas capacitadas dudan de sus logros y temen ser “descubiertas” como incompetentes, a pesar de contar con la preparación necesaria. (Imagen generada con IA)

En el trabajo, la escuela o incluso en espacios comunitarios, cada vez es más común escuchar a personas decir que se sienten como “un fraude”, aun cuando cuentan con la preparación y la experiencia necesarias. A este fenómeno se le conoce como síndrome del impostor. Sin embargo, no debe confundirse con el verdadero impostor: una persona que conscientemente finge capacidades, credenciales o experiencias que no posee.

Aunque ambos conceptos utilizan la palabra “impostor”, no son lo mismo, ni tienen las mismas causas ni consecuencias.

¿Qué es el síndrome del impostor?

El síndrome del impostor es un patrón psicológico en el que personas capaces y preparadas dudan de sus logros, sienten que no merecen su éxito y viven con el miedo constante de ser “descubiertas” como incompetentes, a pesar de evidencias objetivas de su desempeño.

Señales frecuentes del síndrome del impostor:

  • Minimiza sus logros (“Tuve suerte”, “No era tan difícil”).
  • Atribuye el éxito a factores externos, no a su esfuerzo o talento.
  • Siente ansiedad ante evaluaciones o ascensos.
  • Trabaja en exceso para “compensar” una supuesta falta de capacidad.
  • Acepta críticas con facilidad, incluso cuando son injustas.
  • Generalmente sí cumple con sus responsabilidades y objetivos.

Estas personas no engañan a otros: se engañan a sí mismas. El conflicto ocurre a nivel interno.

¿Quién es un verdadero impostor?

Un verdadero impostor es alguien que deliberadamente finge conocimientos, habilidades o credenciales para obtener un beneficio personal, económico o de poder. En este caso, sí existe engaño consciente hacia los demás.

Señales de un verdadero impostor:

  • Miente sobre títulos, certificaciones o experiencia laboral.
  • Evade tareas técnicas o responsabilidades clave.
  • Da explicaciones vagas o contradictorias.
  • Traslada constantemente la culpa a otros.
  • Evita evaluaciones claras de su desempeño.
  • Se enfoca más en aparentar que en aprender.
  • Puede reaccionar de forma defensiva o agresiva cuando se le cuestiona.

Aquí no hay inseguridad genuina, sino estrategias para ocultar la falta real de preparación.

Diferencias clave entre ambos

La principal diferencia está en la intención y la realidad.

  • La persona con síndrome del impostor sí tiene las competencias, pero no las reconoce.
  • El verdadero impostor no las tiene, pero actúa como si las tuviera.

Mientras uno necesita apoyo emocional, mentoría y validación, el otro necesita límites claros, verificación de credenciales y rendición de cuentas.

¿Por qué es importante distinguirlos?

Confundir ambos conceptos puede generar injusticias. A personas con síndrome del impostor se les puede exigir más de lo necesario o etiquetar erróneamente como incompetentes, lo que afecta su salud mental. En cambio, no detectar a un verdadero impostor puede provocar daños laborales, administrativos o incluso legales.

Además, el síndrome del impostor afecta con mayor frecuencia a mujeres, personas inmigrantes, minorías raciales y primeras generaciones profesionales, especialmente en entornos donde históricamente han sido excluidas.

¿Qué hacer en cada caso?

  • Ante el síndrome del impostor: fomentar espacios seguros, mentoría, retroalimentación objetiva y reconocimiento del logro.
  • Ante un verdadero impostor: verificar información, documentar inconsistencias y aplicar procesos institucionales adecuados.

Reconocer la diferencia no solo es un ejercicio psicológico, sino también un paso hacia entornos más justos, honestos y humanos.

*Cristina en tu esquina es una columna escrita por una psicóloga, enfocada en brindar orientación práctica sobre salud mental, bienestar emocional y dinámicas humanas en la vida cotidiana.

Familiares de peruanos reclutados por Rusia exigen repatriación tras ser enviados a guerra

Por
EFE
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Familiares de ciudadanos peruanos que están en la guerra en Ucrania participan en una reunión en Lima (Perú). (Foto: EFE/Paula Bayarte)

Familiares de alrededor de 130 peruanos pidieron al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú que les ayude a repatriar a sus allegados, que según relatan, firmaron en las últimas semanas contratos para trabajar en puestos de seguridad en Rusia y ahora se encuentran presuntamente en el frente de la guerra en Ucrania.

La defensa legal de las familias, que en algunos casos llevan más de un mes sin poder hablar con sus parientes, organizaron este martes una convocatoria en Lima para reunir información y firmar una carta conjunta dirigida al canciller, para que inicie negociaciones con Rusia para poder repatriar a sus seres queridos.

Los familiares lucían angustiados, con sus cubiertos por mascarillas e incluso gorras y gafas de sol para no ser reconocidos y relataron entre lágrimas que sus allegados les están pidiendo ayuda para salir de las bases militares rusas porque, tras un entrenamiento, les mandan a la primera línea.

Kimberly relata que su padre, miembro en retiro de la Fuerza Aérea de Perú (FAP), partió a Rusia hace más de un mes y, tras días sin comunicación, le mandó este lunes un mensaje de auxilio porque estaba recibiendo maltrato y en cinco días le enviaban a la batalla.

«Solicitamos a la Cancillería que inicie acciones diplomáticas, que curse una nota diplomática a la Federación Rusa para que pueda rendir declaraciones respecto a los peruanos que han sido alistados, debido a que muchos de ellos han sido reclutados de manera ilegal», aseveró el abogado Percy Salinas.

Asimismo, la también abogada Angie Mendoza sostuvo que estos ciudadanos han sido mayormente reclutados a través de redes sociales o por contactos de su promoción militar o policial para trabajar supuestamente como parte de la protección civil rusa o para puestos como mecánicos y transportistas.

Una mujer muestra la fotografía de su esposo, un ciudadano peruano que está en la guerra en Ucrania, durante una reunión en Lima (Perú). (Foto: EFE/Paula Bayarte)

Los abogados expusieron que, a personas de bajos ingresos o desempleadas les prometen, un pago «atractivo» de entre 20.000 y 30.000 dólares cuando lleguen a Rusia y un salario de alrededor de 3.000 dólares mensuales, cantidades que familiares apuntan que no han recibido.

«Esto constituye un presunto delito de trata a personas agravado. Tenemos alrededor de 130 familiares, pero esto está creciendo porque gracias al apoyo de la prensa muchas más familias nos están contactando», dijo Salinas al añadir que las familias ya han denunciado ante la Policía lo ocurrido.

En este sentido, el abogado dijo que este mismo martes han recibido la noticia de que hay un grupo de 250 personas de distintas provincias del país en la misma situación.

Destacó que reclutadores se han desplazado a distintas regiones de Perú, especialmente donde hay minería ilegal y hay personas expertas en seguridad y explosivos.

Expuso que tienen confirmadas ocho muertes de peruanos, pero agregó que en los últimos días Ucrania ha desplegado drones en la primera línea y un herido que está en el hospital les ha comunicado que el panorama es mucho más dramático.

«En la zona de batalla, hay cientos de cuerpos de personas muertas que son latinos, porque no solo hay de nacionalidad peruana: hay colombianos, ecuatorianos, mexicanos, brasileños, panameños, cubanos… Y están tirados los cuerpos ahí, y en una situación de guerra nadie los va a recoger», adujo Salinas.

La pasada semana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú reportó haber facilitado la repatriación de cuatro peruanos desde Moscú y uno desde Polonia tras haber combatido en las filas de cada uno de los respectivos bandos, y mantiene abiertas las líneas de comunicación para brindar asistencia y asesoría a otros casos similares.

Hasta el momento, la Embajada de Rusia en Perú no se ha pronunciado públicamente sobre estas denuncias que llevaron a los familiares a realizar la pasada semana un plantón frente a la sede diplomática.

Mexicano se declara culpable de hacerse pasar por agente fronterizo para afectar deportaciones

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Associated Press
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La insignia de la Patrulla Fronteriza en la chaqueta de Gregory Bovino, director de agentes de la Patrulla Fronteriza para el sector de El Centro, antes de una entrevista con The Associated Press, el 25 de agosto de 2025, en Los Ángeles. (Foto: AP/Jae C. Hong/Archivo)

Un mexicano que viven Estados Unidos se declaró culpable de hacerse pasar por un agente de la Patrulla Fronteriza y de seguir a agentes federales de inmigración para distraerlos mientras realizaban misiones de control migratorio en el sur de California.

Jaime Ernesto Álvarez González admitió que el pasado 8 de enero siguió a un agente de la Patrulla Fronteriza mientras conducía por un vecindario de San Diego, según la fiscalía federal para el Distrito Sur de California.

Los fiscales indicaron que la camioneta Ford F-150 de color negro de Álvarez González –un modelo que también es utilizado por agentes federales encubiertos– llevaba un portaplacas con la leyenda “federal truck” (camioneta federal) en letras pequeñas, aunque la palabra “federal” estaba mal escrita. Colocó una calcomanía de la Patrulla Fronteriza en el parabrisas y antenas de radio de comunicaciones que no funcionaban en el techo, según la denuncia. Del espejo retrovisor colgaban unas esposas.

El agente abortó su misión cuando vio que Álvarez González lo seguía, creyendo falsamente que otros agentes se reportarían al lugar del incidente, de acuerdo con la fiscalía federal.

Cuando los verdaderos agentes confrontaron a Álvarez González, él les “gritó obscenidades y exigió que los agentes se retiraran de la comunidad de Linda Vista”, indicaron los fiscales. En un momento dado llegaron otros tres vehículos y comenzaron a hostigar a los agentes y perseguirlos por la autopista.

Según la fiscalía, Álvarez González había hecho un video en el que decía que buscaba a agentes federales que trabajaban en operativos migratorios y que había traído a sus “refuerzos”. También tenía una placa falsa del FBI.

Se declaró culpable de un cargo de suplantación de un agente federal y de tres cargos de posesión ilegal de armas de fuego. Su defensor público federal no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

Álvarez González permaneció en Estados Unidos una vez que expiró su visa de turista, con la cual ingresó al país hace varias décadas, informó la fiscalía federal.

US green card approvals drop by half as immigration arrests surge

Por
EFE
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(FILE). A general view of the Department of Homeland Security Seal at the Immigration and Customs Enforcement (ICE) headquarters during a protest calling for the release of arrested Palestinian student protester Mahmoud Khalil in Washington, DC, US. Mar. 14, 2025. EFE/EPA/GRAEME SLOAN

The number of new US permanent residency permits, known as green cards, has fallen by nearly half since the start of President Donald Trump’s second term, while immigration arrests have sharply increased, the conservative Cato Institute said on Tuesday.

In a report, the Institute said that the Department of Homeland Security has suspended processing for many green card applications, a move that has allowed Immigration and Customs Enforcement to increase arrests of immigrants who previously had or were seeking legal status.

Those affected include refugees, people granted humanitarian parole, and spouses of US citizens, the report’s author, David J. Bier, said.

The United States approved about 34,000 green cards in January, down from 65,000 in the same month a year earlier, when Trump returned to office, according to the report, which is based on data from US Citizenship and Immigration Services.

At the same time, ICE detained more than 38,000 migrants in January, compared with 12,348 in January 2025, the report said.

“This is a deliberate effort to boost ICE arrests by thwarting people’s efforts to stay on the right side of the law,” Bier said.

He attributed the drop in approvals in part to policies that block immigrants already in the country, including refugees and humanitarian parole recipients, from adjusting their status to permanent residency.

Family-sponsored green card approvals have also declined by about 20 percent since the start of Trump’s current term, the report found.

Bier also cited a December order by Trump that halted immigration processing for 19 countries, including Cuba and Venezuela. The policy has since been expanded to 40 countries, including Nicaragua.

The report argues that the decline in green card approvals is linked to the administration’s broader deportation strategy, which relies on limiting immigrants’ access to legal status.

“The suspension of various green card pathways has permitted ICE to increase arrests of people who would otherwise have had legal status or been protected against arrest,” Bier said.

“Removing their legal status is a necessary precondition for removing people from the country,” Bier added.

Jueza rechaza demanda del Departamento de Justicia contra Arizona por acceso a padrón electoral

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Associated Press
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Una jueza federal desestimó el martes una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Arizona, en la que la agencia buscaba acceder a los registros detallados de votantes del estado; se trata del más reciente revés legal en un esfuerzo a nivel nacional por parte del gobierno de Trump.

La jueza de distrito Susan Brnovich, designada por Trump, escribió que la lista estatal de registro de votantes de Arizona “no es un documento sujeto a solicitud por parte del secretario de Justicia” conforme a la ley federal. La jueza desestimó la demanda con perjuicio porque, según escribió, “una enmienda sería legalmente inútil”.

La desestimación de la demanda en Arizona se suma a una serie de fallos contra el Departamento de Justicia en casos similares presentados en otros estados. El Departamento de Justicia ha demandado al menos a 30 estados y al Distrito de Columbia con el objetivo de obligar a la entrega de datos detallados de votantes, que incluyen fechas de nacimiento, direcciones, números de licencia de conducir y números parciales del Seguro Social.

Además de Arizona, los jueces han rechazado esos intentos en Rhode Island, California, Massachusetts, Michigan y Oregon. En Georgia, un juez desestimó una demanda del Departamento de Justicia porque se presentó en la ciudad equivocada, lo que llevó al gobierno a volver a presentarla en otro lugar.

El Departamento de Justicia demandó en enero al secretario de estado de Arizona, Adrian Fontes, por no cumplir con su solicitud de entregar la información detallada de los votantes.

“Este momento es una victoria para la privacidad de los votantes”, afirmó Fontes en un comunicado. “Nunca cumpliré con solicitudes ilegales que pongan en peligro a los votantes de Arizona”.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Al menos 13 estados han proporcionado o prometido proporcionar sus listas detalladas de registro de votantes al departamento, según el Brennan Center y reportes de The Associated Press; dichos estados son Alaska, Arkansas, Indiana, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Wyoming.

Las autoridades federales sostienen que necesitan los datos de los votantes para garantizar que los estados cumplan con las leyes electorales federales relacionadas con el mantenimiento del padrón electoral. En el caso de Rhode Island, un abogado del Departamento de Justicia reconoció que la agencia buscaba información del registro de votantes sin tachaduras para poder compartirla con el Departamento de Seguridad Nacional y verificar el estatus de ciudadanía.

Funcionarios demócratas y algunos republicanos han objetado las solicitudes y afirmaron que esa exigencia viola leyes de privacidad estatales y federales

Pennsylvania court grants public access to voting data in dispute from 2020 election’s aftermath

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Associated Press
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(Photo: File)

HARRISBURG, Pa. Pennsylvania’s high court ruled Tuesday that spreadsheets of raw data associated with every ballot are public records, providing access to the “cast vote records” that had been requested by an election researcher hired by the Trump Administration last year.

The Democratic-majority Supreme Court said its unanimous decision was a way to “satisfy the voting public that our elections are safe, secure and accurate» while preserving the state constitution’s requirement that votes remain secret.

The Lycoming County elections director in Williamsport had denied Heather Honey’s request for digital copies from the 2020 presidential election, saying that would amount to letting her review the contents of a ballot box, one vote at a time. Cast vote records are created when a voter’s choices are made electronically or scanned.

Pennsylvania election law provides wide public access to county election records, except for the contents of ballot boxes and voting machines and records of assisted voters. Lycoming Voter Services had argued its scanners and tabulators constitute voting machines and the cast vote records are the contents of ballot boxes.

As Honey did not live and vote in Lycoming County, she was succeeded in the litigation by three Williamsport area residents — a local businessman, a retired state trooper and Republican state Rep. Joe Hamm.

Their lawyer, Thomas Breth, said the data will allow people to review what happened in the hotly contested 2020 election.

“In short, it’s not solely about the past,” Breth said. “It’s about the future. This significantly improves election integrity moving forward in the Commonwealth of Pennsylvania.”

Lycoming elections chief Forrest Lehman said Tuesday he does not believe the records, which contain randomized data, will reveal any secret ballot information and that he is ready to provide the records upon request.

“The court made its decision, and anybody who wants it can have at it,” Lehman said.

The Supreme Court ruled that the cast vote records “are spreadsheets of raw data pulled from the cast ballots. They are not the physical ballots contained in the ballot box.” Therefore, they are public records, the justices concluded: “This interpretation does not destroy the secrecy of the vote any more than a tally of all votes from a specific election.”

The high court said it was only ruling in the Lycoming County matter and said it was possible that other counties do not sufficiently randomize the data. “Whether the Election Code requires disclosure of CVRs that clearly link the contents of a ballot with personally identifying data is not before us,» wrote Justice Daniel McCaffery.

Breth dismissed that possibility, saying the state’s current election equipment standards require safeguards to protect voter identity.

Una corte de apelaciones falla en contra de política de Trump de detención de migrantes

Por
EFE
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Migrantes detenidos son llevados por miembros de la Patrulla Fronteriza estadounidense a un vehículo, junto al muro fronterizo en El Paso, Texas (EE. UU). (Foto: EFE/ Jonathan Fernández)

 Una tribunal de apelaciones en Estados Unidos falló en contra de la política del Gobierno de Donald Trump que instruye a las autoridades a detener sin posibilidad de fianza a los migrantes que detienen en el país.

De manera unánime, los tres jueces del tribunal del Segundo Circuito, en Nueva York, rechazaron la interpretación que el Gobierno le está dando a la ley migratoria, forzando a las personas que son arrestadas por las autoridades migratorias a permanecer detenidas mientras se resuelven sus casos, un proceso que puede durar meses o incluso años.

En el fallo, los jueces señalaron que, aceptar esa política, supondría «el mandato más amplio de detención masiva sin derecho a fianza en la historia de nuestro país para millones» de migrantes.

«La interpretación del gobierno (…) provocaría un impacto sísmico en nuestro sistema de detención migratoria y en la sociedad, al poner bajo presión una infraestructura de detención ya saturada, encarcelar a millones de personas, separar familias y desestabilizar comunidades», explicó el tribunal.

Bajo las nuevas políticas de Trump, adoptadas el año pasado, cualquier persona que entró de manera irregular a EE. UU. está sujeta a ser detenida sin fianza, sin importar cuánto tiempo ha estado en el país.

Esto supuso un cambio importante respecto a cómo se ha funcionado ese ley en el pasado, ya que solo aplicaba para las personas que eran detenidas en los puertos de entrada, por ejemplo en la frontera sur, o quienes eran consideradas una amenaza a la seguridad pública.

Como consecuencia de esta nueva interpretación, paralela a la campaña de arresto masivo de migrantes en el interior del país, la cantidad de personas en detención migratoria ha alcanzado máximos históricos.

En enero de este año, el Gobierno mantuvo detenidos a más de 70.700 migrantes, la cifra más alta de la que se tenga récord.

La situación ha llevado a que miles de migrantes en todo el país hayan presentado recursos de habeas corpus en cortes federales para pedir su liberación: en un promedio de 200 nuevos casos al día, la mitad de ellos en California y Texas, según datos recopilados por el medio ProPublica.

La decisión de la corte de Nueva York hoy, sin embargo, solo aplica a los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont, que están bajo la jurisdicción del tribunal.

Otras cortes de apelaciones en otras partes del país, incluyendo el quinto circuito (Texas, Luisiana, Misisipi), y el octavo circuito (Arkansas, Iowa, Minesota, Misuri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur) han fallado a favor de la política de detención mandatario, en casos separados.

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