Yaquelin Vasques se puso nerviosa cuando su esposo, José Acosta, le dijo que iba a aceptar un trabajo de construcción cerca de Springdale.

La pareja tomaba precauciones mientras Acosta, un migrante sin permisos hondureño, esperaba la resolución de su solicitud para su “green card”, la tarjeta de residencia permanente para inmigrantes.

“Yo le decía: ‘¡Ay, amor! He oído tantas cosas sobre la zona de Springdale’”, dijo Vasques durante una entrevista en julio en su casa en el condado de Beaver, a más de 48 kilómetros (30 millas) de distancia.

El municipio de Springdale fue durante mucho tiempo un suburbio tranquilo de 2,6 kilómetros cuadrados (una milla cuadrada) dominado por una central eléctrica, pero en los últimos 12 meses se ha convertido en un foco de tensión local sobre dos de los temas más polémicos en Estados Unidos: los centros de datos y la aplicación de las leyes de inmigración.

Acosta fue detenido por la policía de Springdale alrededor de las 9 de la mañana del 2 de julio, cuando estaba sentado en su camioneta estacionada frente a una obra en Harmar, según Vasques. Ella rastreó la ubicación de su teléfono hasta el edificio del ayuntamiento de Springdale, donde confrontó a un agente, quien le informó de que su esposo había sido arrestado por una infracción de tráfico y estaba siendo trasladado a la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Pittsburgh.

Acosta había vivido en el país desde 2018 sin incidentes, salvo una parada de tráfico en 2023, hasta ahora.

“Si la suerte está de nuestro lado, podría regresar a casa en dos, tal vez tres años”, dijo esta madre de tres hijos.

Vasques los cría sola desde que su esposo fue detenido en Harmar por el ICE y la policía del municipio de Springdale el 2 de julio. “No soy la única. Hay mucha gente pasando por lo mismo”, subrayó el 14 de julio en su casa.

Acosta es una de las varias personas arrestadas en esas operaciones conjuntas desde que el municipio firmó un acuerdo formal de grupo de trabajo, conocido como 287(g), en noviembre. Eso y un polémico centro de datos cuya construcción está prevista a escasa distancia de viviendas familiares, han desencadenado desde febrero protestas callejeras, concentraciones frente a la sede del gobierno municipal y la detención de un residente mientras intervenía en el podio de oradores públicos.

Ante esa reacción adversa, dos organizaciones comunitarias —Indivisible Allegheny Valley y Save Allegheny Valley Environment, o SAVE— han surgido como los principales motores de la oposición.

Springdale es uno de los 130 municipios del condado de Allegheny encargado de gestionar las calles, los parques y la seguridad pública. Si bien sus defensores sostienen que una administración local reducida fomenta una mayor capacidad de respuesta, la coincidencia de un centro de datos y una ofensiva contra la inmigración ha puesto a prueba la capacidad de este pueblo, con dirigentes mayoritariamente voluntarios, para mantener su sentido de comunidad y preservar la confianza en sus líderes en medio de corrientes nacionales polarizantes.

“En Springdale, pasar de un lugar donde no ha habido mucha actividad a tener todo este movimiento de organización (en torno al ICE y los centros de datos)… no sé cuál es la conexión, pero creo que existe”, dijo la residente Amy Sarno, miembro de la Junta Escolar Allegheny Valley y voluntaria de la filial de Indivisible.

“La transparencia y el debate han brillado por su ausencia en nuestro concejo municipal”, opinó otro residente, Matt Lang.

Las autoridades de Springdale no respondieron a las múltiples solicitudes de comentarios realizadas por teléfono, correo electrónico y en persona.

De Rachel Carson al centro de datos Dynamo

Springdale entró en declive a medida que la desindustrialización azotó el oeste de Pensilvania, y redujo su población desde un máximo de unos 5.600 habitantes en 1960 a poco más de 3.000 en la actualidad. Aunque algunas empresas industriales clave, como PPG y Greco Steel, aún producen pintura y materiales de construcción, esta localidad ribereña del valle de Allegheny carece de bancos o supermercados, y el corredor comercial de la calle Pittsburgh está salpicado de numerosos locales vacíos.

Más arriba, en la avenida Marion, la rústica casa de madera donde nació Rachel Carson —icono del ecologismo—, en 1907, refleja la tensa relación entre la naturaleza y la industria que marcó a Springdale mucho antes de que surgieran los problemas actuales.

El nombre de Carson figura en el parque ribereño cercano y en una ruta de senderismo que se extiende a lo largo de 72,5 kilómetros (45 millas) por el valle del Allegheny. Los detractores del centro de datos suelen invocar su legado en su lucha contra Dynamo DC, el desarrollador de centros de datos financiado por firmas de inversión que operan desde la Ciudad de Nueva York.

Debbie Sigmund, recaudadora de impuestos electa y una de las presbíteras de la Iglesia Presbiteriana Unida de Springdale, cree que el municipio podría hacer más para aprovechar el legado de Carson. Sigmund, de 67 años, ayudó a fundar el grupo Springdale Team of Active Residents, o STAR, en 2008, cuando sintió que su localidad había tocado fondo.

“Teníamos miedo”, expresó. “En la calle principal había muy poco movimiento”.

Durante una reunión en junio, el comité debatió sobre la oportunidad de obtener fondos para remodelar la calle principal, especuló sobre si algún restaurador emprendedor se haría cargo de la iglesia metodista abandonada y escuchó a un recién graduado de una escuela de cocina exponer sus planes para abrir una panadería.

Sigmund contó que intenta mantenerse al margen de la habitual “política de pueblo pequeño” y declinó hacer comentarios sobre el centro de datos y otros temas polémicos.

Su difunto esposo, su padre y su abuelo trabajaron en la central eléctrica de Cheswick, que cerró en 2022. Si bien algunos criticaban la contaminación del aire causada por la última central de carbón del condado, Sigmund consideró su cierre como otro golpe para la comunidad. El terreno de 20,2 hectáreas (50 acres) fue adquirido en noviembre por Dynamo DC.

Sigmund enfatizó que su lucha por Springdale a veces se siente como una batalla perdida, aunque éxitos como la llegada del pub y cervecería Leaning Cask, hace unos 10 años, y los planes para la nueva panadería le dan esperanzas. Cree que su pueblo tiene muchos activos que aprovechar, y que podría sacar mejor partido de su zona a orillas del río.

“Los pueblos ribereños están pasando por dificultades”, dijo. “Mientras podamos mantener la comunidad tal como es y dar pequeños pasos para mejorarla, eso es todo a lo que podemos aspirar”.

Lang, de 32 años, compró su casa en Springdale en 2024, antes de saber que había planes para un centro de datos. Apuntó que su decisión se debió en parte al potencial de crecimiento que vio en el pueblo.

“Demolieron la central eléctrica y se hablaba de acondicionar la zona ribereña para actividades recreativas. Eso me entusiasmó también”, contó.

Ahora, a este nuevo propietario le preocupa que el valor de las viviendas pueda caer.

Votación sobre centro de datos divide al pueblo

Lang comenzó a asistir a las reuniones municipales el otoño pasado para conocer a su comunidad y participar en las iniciativas cívicas. Tras escuchar los planes para el centro de datos en su segunda visita, empezó a organizar pequeñas protestas frente al edificio del ayuntamiento.

Para cuando se votaron los planes en diciembre, el auditorio solía llenarse de residentes que cuestionaban el beneficio que el proyecto aportaría a la comunidad.

Más de una docena de personas expresaron su preocupación por el ruido, la contaminación y el consumo de energía, pero seguidamente cinco de los siete concejales votaron a favor en medio de abucheos y burlas.

Varios miembros emitieron su voto a regañadientes y argumentaron que no podían oponerse sin arriesgarse a una demanda costosa, dado que el promotor inmobiliario había cumplido con los requisitos de urbanización.

“La comunidad no sobreviviría a una demanda en contra”, afirmó la concejal Dolly Stephens antes de votar a favor. “Tenemos las cosas delineadas y, si no votamos que sí, perderemos todo eso y ellos vendrán de todos modos”.

Meyer ha elaborado un modelo de urbanización para ayudar a los municipios de Pensilvania a redactar sus propias ordenanzas, y la oficina de sostenibilidad del condado de Allegheny trabaja en su propia versión.

“Ahora es una carrera contra los promotores”, dijo Meyer. “Y en ocasiones los promotores les están ganando la partida a los municipios”.

Dynamo DC sostiene que las instalaciones, de 60.600 metros cuadrados (652.300 pies cuadrados), beneficiarán a este pueblo de 3.000 habitantes al generar entre 80 y 100 empleos permanentes y aportar millones de dólares anuales en impuestos al municipio y al distrito escolar. La empresa modificó el diseño para reducir el ruido y mejorar la estética de sus instalaciones.

“Lo que hemos tratado de hacer es mostrar a la gente que estamos dispuestos a realizar inversiones adicionales para mitigar el ruido”, expresó Brian Regli, consultor de Dynamo DC, durante una entrevista en una jornada de puertas abiertas al centro de datos en junio.

Regli declinó conceder una entrevista para este reportaje.

Lang dijo que le impresionaría que cumplieran su promesa de reciclar el agua en lugar de extraer constantemente nuevos suministros del río.

Además, en general, tiene dudas sobre cuestiones clave como el número de generadores, el nivel de ruido y las fuentes de energía.

“Si lograran resolver muchos de los problemas planteados, (el centro de datos) podría ser un buena agregado”, añadió. “Sin esas respuestas, no me siento cómodo con que se instale justo a nuestro lado».

Detenciones migratorias generan temor y activismo

Cuando se calmó el revuelo en torno al centro de datos, tras la votación de diciembre, la inquietud por las actividades del ICE se disparó a raíz de una detención en febrero.

Con el alegato de una infracción de tráfico menor, la policía municipal detuvo a Randy Córdova Flores, quien carece de antecedentes penales conocidos, y lo entregó al ICE.

Córdova Flores, un hombre peruano con un caso de inmigración en trámite, pasó cuatro meses en el Centro de Procesamiento Moshannon Valley del ICE antes de que su familia iniciara una costosa batalla legal que resultó en su liberación bajo fianza del centro de detención del condado de Clearfield. Córdova Flores tiene dos hijos en el distrito escolar Allegheny Valley, que abarca las localidades de Springdale, Cheswick y Harmar.

Cuando Yaquelin Vasques se enteró, la mañana del 2 de julio, de que su esposo estaba bajo custodia federal, llamó a Frontline Dignity, un grupo local que capacita a voluntarios para responder a los arrestos realizados por el ICE mediante la documentación de la conducta de los agentes y para ofrecer apoyo al detenido o a sus seres queridos.

Una de las voluntarias que se reunió con ella, Judah Marroquin —residente en Springdale—, ayudó a Vasques a recoger la camioneta pickup de su esposo y la acompañó en auto hasta la oficina local del ICE en South Side. Marroquin tiene dos hijos en edad escolar con Carlos, su esposo guatemalteco.

“No me siento sola”, dijo Vasques al referirse al apoyo que ha recibido de personas de toda la región desde entonces.

Vasques añadió que quiere respuestas sobre por qué la policía de Springdale operaba en Harmar, a dos localidades de distancia.

Koontz, el portavoz del ICE, explicó que el grupo de trabajo conjunto de Springdale y el ICE “se encontró con un Jeep negro que no señalizó correctamente un giro” y procedió a parar el vehículo, y fue cuando arrestaron a Acosta en Harmar. Fue puesto bajo custodia poco después de que los ocupantes “salieran del vehículo y huyeran hacia una zona boscosa cercana”, escribió Koontz.

Koontz no respondió a más preguntas sobre la jurisdicción del departamento de Springdale fuera de su propio municipio ni sobre el alcance de su colaboración con el ICE.

El jefe de policía de Springdale, Derek Dayoub, no respondió a las solicitudes de entrevista realizadas tanto por teléfono como en persona.

David Harris, profesor de derecho especializado en seguridad pública, explicó que la policía de Springdale no tendría jurisdicción para operar en un municipio vecino a menos que ambos cuerpos policiales cuenten con un acuerdo claro al respecto. Agregó que la policía de Springdale podría alegar que colaboraba con el ICE, que al ser una agencia federal tiene jurisdicción en cualquier municipio.

“Si solo estaban deteniendo a personas en el marco de la aplicación rutinaria de la ley penal, eso sería un problema”, sostuvo Harris. “Hay que plantear preguntas muy precisas sobre lo que (la policía de) Springdale estaba haciendo allí”.

Los departamentos de policía locales que colaboran con el ICE pueden calificar para diversos incentivos económicos una vez que están “operativos”. Springdale no presentó ningún comprobante ni registro de tales beneficios en respuesta a una solicitud presentada en febrero por Public Source, un medio digital, no partidista y sin fines de lucro, al amparo de la Ley de Derecho a Saber de Pensilvania. La oficina del sheriff del condado de Butler, por ejemplo, facturó a la agencia federal cerca de 200.000 dólares por colaborar en 71 detenciones hasta el mes de marzo.

“Que yo sepa, el ICE no patrulla activamente el municipio de Springdale”, notificó.

El 23 de julio, un periodista de Public Source vio a agentes de la policía de Springdale y del ICE sacar a dos hombres de una furgoneta blanca en la calle Freeport Road, en Harmar. Los esposaron y los condujeron hasta vehículos policiales de Springdale.

Jason Domaratz, jefe de policía de Harmar, dijo que su departamento no tiene ningún acuerdo con el ICE y que solo intervendrá si se le solicita ayuda.

“Yo no me meto en esas tonterías”, manifestó.

Domaratz añadió que el acuerdo de Springdale con el ICE les otorga el derecho a operar en Harmar cuando colaboran en detenciones federales.

“¿Me gusta? No”, subrayó. “A mis agentes ni siquiera se les permite salir del municipio. Si necesitan comer algo y no lo tenemos en el pueblo, tienen que traerlo en una bolsa de papel”.

Marroquin no se involucró en la política local hasta la detención de Córdova Flores a principios de este año. Aunque su esposo ya tiene la ciudadanía estadounidense, ella —que es blanca— teme que eso no lo proteja de posibles problemas con los agentes de inmigración, así que la pareja ha acordado que él no conducirá en Springdale mientras esté vigente el programa 287(g).

La oposición deriva en detenciones

Las protestas estallaron en las semanas posteriores a la detención de Córdova Flores, incluida una en la que un partidario del ICE que pasaba por allí, detuvo su auto para enfrentarse al manifestante Ian Hill, residente de Springdale, quien sostenía un palo. El partidario del ICE golpeó a otro manifestante. Un video del incidente, publicado por TribLIVE, un medio digital de Pensilvania, muestra que Hill no golpeó ni fue golpeado.

No obstante, fue acusado de agresión simple casi tres meses después del incidente.

A Hill también se le acusó de amenazas terroristas por comentarios que publicó en las redes sociales. Todos los cargos fueron retirados posteriormente.

Días antes de que Hill fuera acusado y encarcelado, la policía de Springdale arrestó por la fuerza al residente William “Danny” Rosenmund cuando se encontraba en el podio de oradores durante una reunión pública el 21 de abril. Rosenmund, quien intervenía habitualmente en esas reuniones, había cuestionado en repetidas ocasiones el acuerdo de Springdale con el ICE desde que se negoció a finales de 2025, y criticó a los funcionarios municipales por autorizarlo sin someterlo a votación pública.

Harris añadió que no tiene los conocimientos jurídicos suficientes para determinar si la ley exigía una votación pública.

“Lo que me parece evidente es que debió haber sido (un proceso) público de todos modos”, dijo, y destacó la necesidad de generar confianza entre los residentes dado el mayor escrutinio sobre la aplicación de las leyes de inmigración desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.

“La labor policial tiene que tener el apoyo de la comunidad”, enfatizó.

Rosenmund hablaba sobre cuestiones policiales y criticaba lo que describió como una falta de transparencia cuando los agentes de Springdale lo jalaron, lo apartaron del podio y lo derribaron al suelo. Ahora, enfrenta siete cargos penales, entre ellos resistencia a la autoridad y dos delitos de agresión agravada. Su audiencia fue aplazada después de que la fiscalía descubriera un video que desmentía la afirmación del ayuntamiento de que había hablado más allá de los tres minutos asignados.

Vibraciones sin representación

Norman DeLay intentó intervenir en una reunión del concejo de Springdale.

DeLay, de 57 años, contó que se mudó a Cheswick en busca de una vida tranquila tras una larga carrera militar que lo llevó a participar en “todos los conflictos importantes de Estados Unidos desde la invasión de Panamá” en 1989.

La línea divisoria entre Cheswick y Springdale recorre la avenida South Duquesne, la tranquila calle cerrada donde DeLay vive con su esposa e hijas. En el lado de Cheswick, una hilera de casas bien cuidadas de una sola planta se alza tras céspedes verdes y recortados. En el lado de Springdale se encuentra el terreno de 20,2 hectáreas (50 acres) destinado ahora a albergar el centro de datos.

Su etapa como miembro del cuerpo de Rangers del Ejército le dejó un trastorno de estrés postraumático que a veces se desencadena con los fuegos artificiales y otros ruidos fuertes. No obstante, desde su porche encuentra consuelo cuando observa la fauna que pasta y revolotea por el antiguo emplazamiento industrial, donde ha vuelto a crecer un manto de vegetaciones bajas distintas tras la demolición de la central eléctrica. Él y sus hijas tienen nombres para los ciervos —Thelma y Louise— y para los tres cuervos —Huey, Lewy y Dewy— que aparecen por allí casi todas las tardes.

“Es algo que no quieres perder, ¿sabes?”. manifestó.

DeLay contó que fue a una reunión del concejo el otoño pasado para expresar su oposición a los planes, pero le informaron que no podía hablar por no ser residente de Springdale.

Ahora busca mudarse con su familia a una zona rural de Tennessee.

“Me mudé aquí porque sufro de trastorno de estrés postraumático”, contó. “Espero haberme ido de aquí antes de que lo construyan”.

Tyler Bonatesta, de 31 años, compró la antigua casa de sus padres en Cheswick con la intención de criar allí a su familia.

“Me imaginaba estar al aire libre con nuestro hijo”, dijo. “Teníamos un jardín grande. Se podía jugar a la pelota fuera”.

Al igual que DeLay, se preocupó al enterarse del centro de datos e intentó hablar en el concejo, pero no se lo permitieron.

“Me parece una locura que no hayamos tenido voz ni voto en el asunto”, agregó.

“Es un riesgo demasiado grande y, esencialmente, nos están obligando a abandonar nuestro hogar”, declaró.

Tras la votación de diciembre, él y su esposa, Danielle, decidieron poner su casa a la venta y aceptaron una oferta en julio.

Conflictos locales, repercusiones más amplias

“Todos estos impactos son regionales, pero la autoridad competente es municipal”, dijo Courtney Ehrlichman, directora ejecutiva de CONNECT. “Esos efectos no se detienen en los límites del ayuntamiento, pero la participación pública sí … Puedes vivir a 120 metros (400 pies) de un proyecto y no tener derecho a opinar, o vivir a 1,6 kilómetros (1 milla) y sí poder hablar”.

Ehrlichman agregó que la brecha de participación no es culpa de ningún municipio en particular, pero señaló un problema regional derivado de la aparición de centros de datos, que plantean nuevos desafíos para las normativas de urbanización, que son antiguas.

“Si la unidad de toma de decisiones es más pequeña que la zona de impacto, siempre habrá alguien que se quede fuera de la mesa de negociación”, dijo.

DeLay, quien es bombero voluntario del Departamento de Bomberos Voluntarios de Frazer, refirió que suele acudir a emergencias en Springdale en virtud de su acuerdo de ayuda mutua. Este es solo un ejemplo de cómo las comunidades están interconectadas, agregó.

“Es como un taburete de tres patas”, expuso DeLay sobre Springdale, Cheswick y Harmar. “No podría mantener el equilibrio con solo dos patas”.

Los opositores al municipio convergen

Como el primer plan para un centro de datos aprobado en el condado de Allegheny, el proyecto de Springdale ha despertado el interés y la preocupación en toda la región.

SAVE se reúne semanalmente en From Italy, una pizzería situada en el extremo este del municipio, cuya su fachada está pintada con bloques de colores verde, blanco y naranja. A las citas, que congregan a unos 30 asistentes habituales la mayoría de las semanas, han acudido investigadores de la Universidad de Pittsburgh y un excomisionado de Upper Burrell preocupado por el centro de datos proyectado en su localidad. Tom Bailey, uno de los líderes, reside en Penn Hills, al otro lado del río.

“Sí espero que, al alzar la voz, podamos ayudar a otras comunidades a prepararse para la llegada de centros de datos o a oponerse a ellos de ser necesario”, dijo Lang.

Desde la aprobación del concejo en diciembre, SAVE ha centrado su atención en el condado de Allegheny, que debe aprobar el plan de desarrollo urbanístico del centro de datos y otorgarle varios permisos.

“No creo que pensaran que Springdale los iba a confrontar”, opinó Cathy Mager, que reside desde siempre en Springdale y es miembro de SAVE. Espera encontrar la manera de frenar el proyecto antes de que comience la construcción.

“Vamos a intentar realizar acciones no solo en beneficio de la comunidad vulnerable, sino de toda la comunidad en su conjunto, añadió.

Una de las presentes, Brittany Jackson, expresó que la falta de claridad respecto a las actuaciones del ICE y de la policía le generaba inseguridad al ser una persona no blanca.

“Queremos transparencia”, agregó Jackson. “No me siento segura porque desconozco qué está sucediendo”.

Otras dos personas pidieron al municipio que transmitiera las reuniones en línea para que más personas participaran.

“Estamos en 2026. Si apostamos por la transparencia y por publicar todo en línea, realizar una transmisión en vivo es algo muy sencillo de hacer”, dijo Kaitlin Mueller.

Patrick Bono, el nuevo administrador de Springdale, informó que ya actualiza el sitio web y que facilitará el acceso a los informes públicos y a las actas de las reuniones.

“Estoy trabajando en ese objetivo de transparencia para usted y para todos en el municipio”, respondió dirigiéndose a Jackson.

Antes de la intervención del público, Mike Ziencik, presidente del concejo, mencionó que se había debatido la posibilidad de eliminar el límite de tres minutos para las intervenciones ciudadanas. Sin embargo, por ahora, el reloj con indicador LED verde situado sobre el estrado comienza a correr en cuanto se activa el micrófono.

“No le interrumpiremos. No le miraremos como si tuviera un tercer ojo”, dijo Ziencik. «Le daremos sus tres minutos completos”.