Una persona es detenida en medio de protestas contra la ofensiva de detención de inmigrantes en Minneapolis el 13 de enero del 2026. (Foto: AP/Adam Gray)
For many decades, we have seen the immigration system carry out actions that have cost the lives of many innocent immigrants. And over the past three decades, we have witnessed people seeking asylum being sent back to their home countries, only to be killed by drug traffickers, governments, gangs, or, in many cases, by their own spouses.
Today we are shocked by the execution of two white U.S. citizens, Renee Nicole Good and Alex Pretti, both 37 years old, at the hands of ICE. In fact, many other racialized minorities have been seriously injured or killed due to recent practices by the Department of Homeland Security.
Not to mention those who die while crossing the border or are killed by extreme weather or by border agents. It has been reported that some agents have raped immigrants before taking their lives. These immigrants are not coming here to visit Disney; they are fleeing violence and extreme poverty. They cross the border without documents because the so‑called legal process is so limited and economically out of reach for most, even though they end up paying smugglers for years.
These individuals arrive in the United States in search of freedom and willing to work for near‑slave wages and under deplorable working conditions that our own citizens would not accept.
On October 12, 2012, José Antonio Elena Rodríguez was shot ten times in the back and head by Border Patrol agent Lonnie Swartz. Swartz claimed his life was in danger — a lie — and shot this innocent boy by firing deadly bullets into Mexico.
Cases like this, as well as others committed by border agents, are rarely prosecuted. José Antonio’s killing sparked the formation of the Border Murder Victims Network. Many others have been killed in situations where there were no witnesses or cameras. Ongoing efforts to shed light on these cases have been led by José Antonio’s mother and grandmother, along with many community activists.
On the 10th of every month, the Network gathers with activists at the site where José Antonio was killed and demands justice for him and all victims.
There are also inhumane practices occurring inside immigrant detention centers, and deaths that seem to go unnoticed.
What we are seeing in Minnesota, Chicago, and elsewhere is a policy driven by racism and far‑right extremism. And what makes it worse is that this level of violence is being encouraged by the White House.
Finally, it seems that some changes may come to ICE, but the core policy and practices remain intact. Abusers and killers are not being investigated or prosecuted as they should be.
Politically, these harsh immigration practices will likely hurt more than a handful of officials seeking reelection. Voters will certainly scrutinize the economy and their healthcare coverage when they head to the polls, but they will also remember ICE’s violence.
They will also remain shocked by the fact that our government immediately labeled the two white individuals killed as terrorists, even though the footage clearly showed they were executed.
We must demand a full investigation of the Department of Homeland Security and freeze its funding until this critical process is completed.
We must act now to save lives — and to save our democracy.
Manifestantes protestan contra las redadas migratorias el domingo 18 de enero de 2026, en Minneapolis. (Foto: AP/Yuki Iwamura)
Durante muchas décadas hemos visto que el sistema de inmigración ha implementado acciones que han costado la vida de muchos inmigrantes inocentes. Y en las últimas tres décadas hemos visto a personas que buscan asilo ser enviadas de regreso a sus países de origen para ser asesinadas por narcotraficantes, gobiernos, pandillas o, en muchos casos, por sus propios cónyuges.
Por eso hoy estamos conmocionados por la ejecución de dos ciudadanos estadounidenses blancos, Renee Nicole Good y Alex Pretti, ambos de 37 años de edad, a manos del ICE. De hecho, ha habido muchas otras personas de minorías racializadas que han resultado gravemente heridas o muertas a causa de prácticas recientes del Departamento de Seguridad Nacional.
Sin mencionar que muchos mueren cruzando la frontera o son asesinados por las inclemencias del clima y/o por los guardias fronterizos. Se ha denunciado que algunos guardias han violado a inmigrantes antes de quitarles la vida. Estos inmigrantes no vienen para ir a Disney, sino que huyen de la violencia y de pobreza extrema. Cruzan la frontera sin documentos porque el llamado proceso legal es tan limitado y económicamente inalcanzable para la mayoría, aunque terminan pagando durante años a los coyotes.
Estas personas llegan a Estados Unidos en busca de libertad y dispuestas a trabajar por salarios de esclavitud y bajo condiciones laborales deplorables que nuestros propios ciudadanos aceptan.
El 12 de octubre de 2012, José Antonio Elena Rodríguez fue baleado diez veces por la espalda y en la cabeza por el guardia fronterizo Lonnie Swartz. Swartz afirmó que su vida estaba en peligro, lo cual fue una mentira; por lo tanto, disparó contra este niño inocente, lanzando balas mortales hacia México.
Estos casos, al igual que otros cometidos por guardias fronterizos, raramente son litigados. El asesinato de José Antonio fue la chispa que llevó a la formación de la coalición Border Murder Victims Network. Hay muchos que han sido asesinados por guardias fronterizos en situaciones donde no hubo testigos ni cámaras. Los esfuerzos continuos por visibilizar estos hechos fueron encabezados por la madre y la abuela de José Antonio, junto con muchos otros activistas comunitarios.
El día 10 de cada mes, la Red reúne a otros activistas en el lugar donde José Antonio fue asesinado y exige justicia para él y para todos los demás.
También existen tratos inhumanos hacia los inmigrantes en los centros de detención y muerte que parecen pasar desapercibidos.
Lo que estamos viendo en Minnesota, Chicago y otros lugares es una política impulsada por el racismo y la locura de la derecha radical. Y lo que lo hace aún peor es que este nivel de violencia está siendo alentado por la Casa Blanca.
Y finalmente, parece que habrá algunos cambios en el ICE, pero la política o la práctica no está siendo modificada. Y los asesinos y abusadores no son investigados ni procesados como se debiera.
Políticamente, estas duras prácticas migratorias probablemente perjudicarán a más de un puñado de personas que buscan ser reelegidas. Quienes votan también analizarán la economía y su cobertura de salud cuando acudan a las urnas, pero sin duda recordarán la violencia del ICE.
También seguirán impactados por el hecho de que nuestro gobierno haya calificado inmediatamente como terroristas a las dos personas blancas asesinadas, a pesar de que las cámaras captaron claras ejecuciones.
Debemos exigir una investigación completa del Departamento de Seguridad Nacional y congelar su financiamiento hasta que se complete este proceso tan importante.
Debemos actuar ahora para salvar vidas y nuestra democracia.
Directora de la División de las Américas de Human Rights, Juanita Goebertus, en Lima (Perú). (Foto: EFE/Paolo Aguilar/Archivo)
La influencia política y retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha contribuido a un deterioro de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, donde varios gobiernos han cometido abusos contra migrantes y ciudadanos propios, o han utilizado las políticas de Washington como justificación para reforzar prácticas represivas, advirtió Human Rights Watch (HRW).
En su Informe Mundial 2026, la organización señala que, durante el primer año del nuevo mandato de Trump, algunos países de la región violaron los derechos de personas extranjeras a instancias directas de la administración estadounidense, mientras que otros profundizaron políticas de seguridad basadas en detenciones masivas, militarización y uso excesivo de la fuerza.
“El impacto de la administración Trump ha sido indudablemente negativo en América Latina y el Caribe”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, quien subrayó que, pese a ello, los gobiernos de la región siguen siendo responsables de defender la democracia y los derechos fundamentales, independientemente de quién gobierne en Washington.
El informe destacó que Estados Unidos recortó de manera significativa la ayuda exterior destinada a organizaciones de derechos humanos y medios independientes, mientras que países como El Salvador, Perú y Ecuador aprobaron leyes que permiten el cierre arbitrario de organizaciones civiles y medios de comunicación, debilitando los contrapesos democráticos.
HRW también criticó lo que considera una doble vara de la política exterior estadounidense, que ha condenado reiteradamente las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero ha ignorado abusos graves en países aliados como El Salvador, Ecuador y Perú.
El documento alertó además sobre el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela a inicios de 2026, que, según la organización, podría fortalecer al gobierno represivo venezolano y responder a intereses políticos y comerciales de Washington.
HRW instó a los gobiernos latinoamericanos a oponerse a los ataques marítimos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, que han causado la muerte de más de 120 personas, lo que podría constituir ejecuciones extrajudiciales bajo el derecho internacional.
En el ámbito migratorio, el informe documentó abusos generalizados contra personas deportadas desde Estados Unidos, mientras que Panamá y Costa Rica detuvieron arbitrariamente a ciudadanos de terceros países.
El Salvador sometió a venezolanos deportados a desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, y la República Dominicana intensificó la deportación de haitianos hacia contextos de alto riesgo, en posible violación del derecho internacional.
Crimen organizado, una amenaza
La expansión del crimen organizado es identificada como una de las principales amenazas a los derechos humanos en la región. El caso más extremo es Haití, donde grupos criminales controlan el 90 % de Puerto Príncipe.
En países como Brasil, México, Colombia y Ecuador, las respuestas estatales han incluido operativos letales, ampliación de facultades de inteligencia y suspensión prolongada de derechos fundamentales
En México, HRW señala que el Gobierno ha combinado el fortalecimiento de la inteligencia con medidas que abren la puerta a detenciones masivas, como la ampliación de la prisión preventiva obligatoria. En Brasil, una redada policial en Río de Janeiro dejó 122 personas muertas, mientras que en Colombia, durante la implementación de la estrategia de “paz total”, grupos armados ampliaron su control territorial.
Pese al panorama adverso, HRW subraya que periodistas y organizaciones de derechos humanos siguen siendo un bastión clave para la defensa de la democracia, aunque operan en un entorno cada vez más hostil. La organización llamó a los gobiernos de la región a respaldar su labor, en lugar de criminalizarla o restringirla.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (d), y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, posan en la pista de aterrizaje tras llegar para asistir a una reunión en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage (Estados Unidos). EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/Archivo)
A los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, se les acaba el tiempo para salvar el START III, el último tratado de desarme nuclear vigente entre ambas potencias.
La expiración del Tratado de Reducción de Armamento Estratégico dejará al mundo sin sistema de control de armamento nuclear por primera vez desde 1972, cuando la Unión Soviética y EE. UU. firmaron el SALT.
Los expertos de ambos bandos temen, dado el antagonismo entre Rusia y Occidente provocado por la guerra en Ucrania, que el planeta regrese a la situación de inestabilidad estratégica que condujo a la Crisis de Cuba (1961), en la que el mundo estuvo «a un minuto» de la Tercera Guerra Mundial.
El START III o Nuevo START fue firmado por los entonces presidentes ruso, Dmitri Medvédev, y estadounidense, Barack Obama, el 8 de abril de 2010 en Praga y renovado en febrero de 2021 por otros cinco años.
Trump no responde a la propuesta de Putin
Ante la negativa de EE. UU. a negociar, Putin propuso en septiembre de 2025 prolongar por un año los límites contemplados por el tratado: un máximo de 1.550 cabezas nucleares, 700 misiles balísticos y 800 sistemas de lanzamiento para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.
Putin, quien llamó a EE. UU. a mantener la paridad nuclear, calificó de paso «erróneo» y «corto de miras» desde «muchos puntos de vista» una posible renuncia definitiva de EE. UU. al tratado.
«La respuesta oficial de los americanos nunca llegó», constató hoy Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin.
En realidad, Trump, que mostró reacio desde su retorno a la Casa Blanca a firmar un nuevo START -considerado el tratado de desarme más amplio jamás firmado- sin la participación de China, nunca aceptó la supuesta rama de olivo rusa.
Primero, dijo que la parecía una «buena idea», pero en su última declaración al respecto el pasado 8 de enero al New York Times lo dejó bien claro: «Si expira, pues que expire».
«Simplemente haremos un acuerdo mejor», añadió desafiante.
Trump no puede salvar el START III propiamente dicho -su antecesor, Joe Biden, lo prolongó dos días antes de su expiración el 3 de febrero de 2021-, ya que el tratado no admite más extensiones, pero sí mantener la estabilidad estratégica justo cuando el mundo vive una nueva era de rearme.
Descontrol nuclear
Poco importa que el Kremlin advirtiera a Trump que la firma de un nuevo tratado de desarme será un proceso «largo» y «difícil».
Y es que tanto China, que tiene en torno al 10 % del potencial de disuasión nuclear de rusos y estadounidenses, como Francia y el Reino Unidos, se oponen a firmar un futuro tratado de reducción de armas estratégicas.
Precisamente, Putin habló el miércoles por videoconferencia con el líder chino, Xi Jinping, conversación durante la que aseguró que «en el marco de las crecientes turbulencias en el mundo, la cooperación en política exterior entre Moscú y Pekín sigue siendo un importante factor estabilizador».
Los expertos temen que Rusia y EE. UU., que cumplieron con los límites impuestos por el START el 5 de febrero de 2018, dupliquen en los próximos meses el despliegue de cabezas nucleares.
«A no ser que ambos países acuerden mantener los límites de sus fuerzas, el mundo entrará en una fase de potencialmente incontenible escalada nuclear, que será más compleja que la carrera armamentista de la Guerra Fría dadas las dinámicas de la expansión nuclear de China y las desestabilizadoras tecnologías emergentes», advierte la organización estadounidense Nuclear Threat Initiative.
Según fuentes estadounidenses, ambas potencias cuentan con 5.459 (Rusia) y 5.177 (EE. UU.) cabezas nucleares, respectivamente, aproximadamente el 87 % del total mundial, pero seis veces menos que antes de la firma del primer START en julio de 1991, en el ocaso de la Guerra Fría.
«No quiero decir que esto signifique (…) que vaya a empezar una guerra nuclear. Pero, de todas formas, esto debe ponernos en alerta (…) Cuando existe un acuerdo así, hay confianza. Y cuando no lo hay, significa que la confianza ha desaparecido (…) Es mejor que no haya ningún START IV que un acuerdo que encubra la desconfianza mutua y provoque una carrera armamentista en otros países», dijo Medvédev.
Las cartas boca arriba
Los críticos del tratado recuerdan que Putin ya suspendió la aplicación del acuerdo, aunque no llegó a denunciarlo, el 21 de febrero de 2023, debido al apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania.
Por ello, en realidad, los especialistas occidentales no pueden inspeccionar las instalaciones rusas desde hace casi dos años, justo cuando Moscú ha desplegado armas nucleares tácticas en Bielorrusia, que ha habilitado los viejos silos soviéticos.
Además, aducen sus detractores, Rusia ha realizado en los últimos ensayos con armamento de nueva generación que no está limitado por el START III.
Es el caso del sumergible atómico no tripulado Poseidón; del misil de crucero de largo alcance con propulsión nuclear Burevéstnik y del misil balístico hipersónico Oréshnik, empleado ya en Ucrania.
El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí dirigido al campamento de Ghaith, que alberga a personas desplazadas, en la zona de Al Mawasi, al oeste de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en una imagen del 31 de enero de 2026. (Foto: EFE/HAITHAM IMAD)
Los muertos en la ola de ataques lanzada desde la noche del martes por el Ejército israelí en Gaza ascienden a 21 personas, de las cuales 6 son niños, según la última información del Hospital Nasser del enclave, que registró dos niños de 12 años fallecidos en los últimos bombardeos en el sur de la Franja.
Según informaron a EFE fuentes de dicho hospital, los últimos ataques en Al Mawasi, dentro de la gobernación sureña de Jan Yunis, causaron un total de tres muertos: dos niños de 12 años y un paramédico de la Media Luna Roja. Inicialmente, la organización había anunciado la muerte del paramédico junto a otra persona sin dar más detalles.
Cuatro menores más fallecieron a lo largo de la noche y esta mañana debido a los ataques.
Aparte de los dos niños y el paramédico, en Jan Yunis perdió la vida en un ataque anterior el niño Farid Suleiman Abu Sitta, de 12 años. En la ciudad de Gaza murieron tres menores más: Bilal Haboush, de 16 años; Rital Haboush, de 12; y el bebé Saqr Badr Al Hatto, de cinco meses.
Los ataques responden, según Israel, a que este martes uno de sus soldados resultó herido por un ataque de milicianos palestinos en el norte de Gaza, lo que el Ejército israelí consideró una violación del alto el fuego vigente.
Desde que entró en vigor el 10 de octubre, Israel ha emprendido oleadas de ataques con decenas de muertos cada vez que denuncia un ataque a sus soldados en la Franja, y prácticamente a diario se registran palestinos muertos por fuego israelí.
No sintonices el Super Bowl esperando un descanso de la tumultuosa política que envuelve a Estados Unidos.
La NFL enfrenta presión antes del partido del domingo entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra para tomar una postura más explícita contra la agresiva aplicación de la ley de inmigración del gobierno del presidente Donald Trump. Más de 184.000 personas han firmado una petición pidiendo a la liga que denuncie la posible presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Super Bowl, que se disputará en el Levi’s Stadium en la zona de la Bahía de San Francisco. El grupo liberal MoveOn planea entregar la petición a la sede de la NFL en la ciudad de Nueva York el martes.
Mientras tanto, crece la anticipación sobre cómo Bad Bunny, el artista principal de habla hispana del espectáculo de medio tiempo, abordará el momento. Ha criticado al presidente Donald Trump por todo, desde su respuesta al huracán en su natal Puerto Rico hasta su trato a los inmigrantes. El domingo por la noche, criticó al ICE mientras aceptaba un premio en los Grammys. Su última gira evitó el territorio continental de Estados Unidos por temor a que sus fanáticos pudieran ser blanco de agentes de inmigración.
Trump ha dicho que no contempla asistir al juego de este año, a diferencia del año pasado, y ha calificado a Bad Bunny como una «terrible elección». Un senador republicano lo llama el «Tazón Woke». Y un grupo conservador prominente planrea realizar un espectáculo alternativo que espera desviar la atención del evento principal.
El Super Bowl es uno de los pocos referentes culturales restantes vistos por millones de personas en tiempo real y el espectáculo de medio tiempo no es ajeno a la controversia, quizás más notablemente la actuación de Janet Jackson en 2004 en la que su pecho fue brevemente expuesto. Pero hay pocos paralelismos con el juego de este año, que tiene el potencial de convertirse en una mezcla inusual de deportes, entretenimiento, política y protesta. Y se desarrollará en un momento crítico para Estados Unidos, apenas dos semanas después del asesinato de Alex Pretti por agentes federales en Minneapolis, que reavivó un debate nacional sobre las tácticas de aplicación de la ley de línea dura de la administración Trump.
«Se supone que el Super Bowl es un escape, ¿verdad? Se supone que vamos allí para no tener que hablar de las cosas serias de este país», dijo Tiki Barber, un exjugador de los Giants de Nueva York Giants que jugó en el Super Bowl en 2001 y desde entonces ha asistido a varios como comentarista. «Espero que no se deteriore, porque si lo hace, entonces creo que realmente estamos perdiendo el contacto con lo que es importante en nuestra sociedad.»
Bad Bunny acepta la controversia
Bad Bunny, de 31 años, nacido en Puerto Rico como Benito Antonio Martínez Ocasio, ha elevado la música latina a un nivel de popularidad a gran escala y ha ganado fama mundial con canciones casi enteramente en español, algo que irrita a muchos de sus detractores conservadores. No se ha escondido a la controversia, refiriéndose al espectáculo de medio tiempo cuando fue anfitrión de «Saturday Night Live» en octubre, bromeando “todos están felices por ello, incluso Fox News”.
Continuó con algunas frases en español, expresando orgullo latino por el logro, y terminó diciendo en inglés: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”.
Aquellos que lo siguen de cerca dudan que retroceda ahora.
«Ha dejado muy claro lo que defiende», dijo Vanessa Díaz, profesora en la Universidad Loyola Marymount y coautora de “P FKN R: How Bad Bunny Became the Global Voice of Puerto Rican Resistance”.
“Así que no puedo imaginar que todo esto desaparezca con el Super Bowl”, añadió.
El espectáculo de medio tiempo es una colaboración entre la NFL, Roc Nation y Apple Music. Roc Nation selecciona a los artistas y Apple Music distribuye la actuación mientras que la NFL controla en última instancia el escenario, la transmisión y la marca.
La NFL, que está trabajando para expandir su atractivo en todo el mundo, incluyendo América Latina, dijo que nunca consideró retirar a Bad Bunny del espectáculo de medio tiempo incluso después de las críticas de Trump y algunos de sus seguidores.
El comisionado de la NFL, Roger Goodell, describió el lunes al cantante como «uno de los grandes artistas del mundo», así como alguien que entiende el poder de la actuación del Super Bowl «para unir a las personas y poder reunir a la gente.»
«Creo que los artistas en el pasado han hecho eso. Creo que Bad Bunny lo entiende. Y creo que tendrás una gran actuación», dijo Goodell a los periodistas durante su conferencia de prensa anual del Super Bowl.
El comisionado de la NFL, Roger Goodell, habla durante su conferencia de prensa sobre el estado de la NFL antes del Super Bowl 60 entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra, el lunes 2 de febrero de 2026 en San José, California. (Foto: AP/Matt York)
Aproximadamente la mitad de los estadounidenses aprobaron a Bad Bunny como el artista del medio tiempo, según una encuesta de octubre de la Universidad de Quinnipiac. Pero hay brechas sustanciales con aproximadamente tres cuartas partes de los demócratas apoyando la elección en comparación con solo el 16% de los republicanos. Aproximadamente el 60% de los adultos negros e hispanos aprobaron la selección en comparación con el 41% de los blancos.
Los republicanos están ansiosos por mantener el apoyo latino en su intento de mantener el control del Congreso. Pero a medida que se acerca el Super Bowl, muchos en el Partido Republicano han mantenido sus críticas a Bad Bunny.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó el martes las declaraciones de Bad Bunny contra el ICE en los premios Grammy, asegurando que las celebridades no se enfrentan a los mismos peligros que el resto de los estadounidenses.
“Es muy irónico y, francamente, triste ver a celebridades que viven en comunidades privadas con seguridad personal y que cuentan con millones de dólares para protegerse, intentando, una vez más, demonizar a las fuerzas del orden”, declaró.
El senador Tommy Tuberville de Alabama, el exentrenador de fútbol americano en la Universidad de Auburn que ahora se postula para gobernador, ridiculizó el «Tazón Woke» en Newsmax la semana pasada y dijo que verá un evento alternativo organizado por Turning Point USA.
El grupo fundado por el difunto activista conservador Charlie Kirk dijo el lunes que Kid Rock, un vocal partidario de Trump, estaría entre los artistas en su evento.
Las autoridades federales no han dicho si habrá agentes de inmigración en el Super Bowl
En los últimos días, el funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, Jeff Brannigan, organizó una serie de llamadas privadas con funcionarios locales y la NFL en las que indicó que el ICE no planea realizar acciones durante la semana del Super Bowl o en el juego, según dos funcionarios de la NFL con conocimiento directo de las conversaciones.
No se espera que el ICE esté entre más de una docena de agencias relacionadas con el Departamento de Seguridad Nacional que proporcionarán seguridad en el juego, dijeron los funcionarios, hablando bajo condición de anonimato para discutir conversaciones privadas.
Aunque ese es el plan, algunos temen que Trump y sus aliados MAGA que lideran el Departamento de Seguridad Nacional puedan cambiar de opinión antes del juego del domingo, dadas sus declaraciones recientes.
Corey Lewandowski, asesor clave de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, dijo en octubre que los agentes del ICE estarían realizando acciones de aplicación de la ley de inmigración en el juego.
«No hay ningún lugar donde puedas proporcionar refugio seguro a personas que están en el país ilegalmente, ni el Super Bowl, ni en ningún otro lugar», dijo en ese momento.
Al ser preguntada para aclarar el papel del ICE esta semana, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, se negó a decir si los agentes federales de inmigración estarán presentes en el Super Bowl.
«Aquellos que están aquí legalmente y no están violando otras leyes no tienen nada que temer», dijo. «No divulgaremos operaciones futuras ni discutiremos personal. La seguridad del Super Bowl implicará una respuesta de todo el gobierno realizada en línea con la Constitución de Estados Unidos.»
El grupo progresista MoveOn organizará una manifestación el martes frente a la sede de la NFL en Nueva York para presentar una petición diciendo a la liga: «No ICE en el Super Bowl.»
«El Super Bowl de este año debería ser recordado por grandes jugadas y Bad Bunny, no por agentes del ICE enmascarados y armados corriendo por el estadio causando caos, violencia y trauma a los fanáticos y trabajadores del estadio», dijo la portavoz de MoveOn, Britt Jacovich. “La NFL no puede quedarse al margen, la liga tiene la responsabilidad de actuar como adultos, proteger a los fanáticos del Super Bowl y a los trabajadores del estadio, y mantener al ICE fuera».
En una entrevista, el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, se mostró optimista de que el evento sería un éxito incluso en un clima políticamente tenso.
«Vamos a mantener a todos seguros: nuestros residentes, nuestros visitantes», dijo. «Obviamente, con todo lo que está pasando, estamos al tanto, monitoreando todo. Pero espero que todo sea seguro y divertido.»
El presidente Donald Trump durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el lunes 2 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)
CIUDAD DE MÉXICO— Historiadores y analistas acusaron el martes al gobierno del presidente Donald Trump de intentar reescribir la historia de su país para justificar sus propias decisiones de política exterior hacia América Latina al publicar una versión «históricamente inexacta» de la guerra entre México y Estados Unidos.
La Casa Blanca emitió el lunes un comunicado para conmemorar el aniversario de la guerra, en el cual describió el conflicto como una «legendaria victoria que aseguró el suroeste estadounidense, reafirmó la soberanía estadounidense y expandió la promesa de independencia estadounidense a lo largo de nuestro majestuoso continente». El comunicado comparó ese período de la historia de Estados Unidos con las políticas cada vez más agresivas de su propio gobierno hacia América Latina, que, según dijo, «garantizarían que el Hemisferio siga siendo seguro».
«Guiado por nuestra victoria en los campos de México hace 178 años, no he escatimado esfuerzos para defender nuestra frontera sur contra la invasión, mantener el estado de derecho y proteger nuestra patria de las fuerzas del mal, la violencia y la destrucción», señaló el comunicado, el cual no estaba firmado.
En su publicación, la Casa Blanca no menciona el papel clave que jugó la esclavitud en la guerra y glorifica el período más amplio del «Destino Manifiesto», que resultó en el desplazamiento de cientos de miles de indígenas estadounidenses de sus tierras.
Las críticas
Alexander Aviña, profesor de historia latinoamericana en la Universidad Estatal de Arizona, señaló que el comunicado de la Casa Blanca «minimiza la enorme cantidad de violencia que se requirió para expandir» el territorio de Estados Unidos hasta la costa del Pacífico en un momento en que el gobierno de Trump se ha entrometido en asuntos de Latinoamérica de una forma que no se había visto en décadas, capturando al presidente de Venezuela, interfiriendo en procesos electorales y amenazando a México y otras naciones con posibles acciones militares.
«Líderes políticos de Estados Unidos han visto esto desde entonces como un aspecto feo de la historia de Estados Unidos, este es un ejemplo bastante claro de imperialismo estadounidense contra su vecino del sur», dijo Aviña. «Lo que el gobierno de Trump hace en realidad es abrazar este capítulo como algo positivo en la historia de Estados Unidos y lo enmarca, de manera históricamente imprecisa, como una especie de medida defensiva para evitar una invasión de México».
Las críticas al comunicado de la Casa Blanca se propagaron rápidamente por redes sociales el martes.
Al preguntarle sobre el comunicado en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México Claudia Sheinbaum se rió antes de señalar: «hay que defender la soberanía siempre». Sheinbaum, quien lleva una delicada relación con la Casa Blanca, le ha respondido a Trump en ocasiones anteriores de forma moderada aunque ocasionalmente con cierto tono sarcástico, como cuando el mandatario estadounidense le cambió el nombre al Golfo de México por Golfo de Estados Unidos.
Punto de fricción histórico
La guerra entre México y Estados Unidos (1846–1848) se desencadenó por añejas disputas fronterizas entre las dos naciones y la anexión de Texas por parte de Estados Unidos en 1845. Durante los años previos a la guerra, estadounidenses se habían trasladado gradualmente al entonces territorio mexicano. México había prohibido la esclavitud y los abolicionistas estadounidenses temían que la apropiación de tierras por parte de Estados Unidos fuera en parte un intento por sumar estados esclavistas.
Después de que estallaron los combates y las sucesivas victorias de Estados Unidos, México cedió más de un millón 360.000 kilómetros cuadrados (525.000 millas cuadradas) de territorio a su vecino del norte, incluido lo que ahora comprende Arizona, California, el oeste de Colorado, Nevada, Nuevo México, Texas y Utah.
El momento convirtió a Texas en una pieza clave durante la Guerra Civil de Estados Unidos y llevó al expresidente Ulysses S. Grant a escribir más tarde que el conflicto con México fue «uno de los más injustos jamás librados por una nación más fuerte contra una más débil».
The Associated Press tuvo su origen cuando cinco periódicos de la ciudad de Nueva York financiaron una ruta de pony express –un servicio más veloz que el Servicio Postal de Estados Unidos– a través de Alabama para llevar más rápido las noticias de la guerra con México.
La guerra sigue siendo un punto de fricción histórico entre los dos países, particularmente cuando Sheinbaum le recuerda en repetidas ocasiones a Trump que su país es una nación soberana cada vez que el mandatario estadounidense habla de tomar acciones militares contra los cárteles mexicanos y presiona al gobierno mexicano para que se doblegue a su voluntad.
Reescribiendo la historia
El comunicado de la Casa Blanca encaja con las acciones más amplias que ha tomado Trump para moldear el lenguaje del gobierno federal a su imagen, dijo Albert Camarillo, profesor de historia en la Universidad de Stanford, quien describió el comunicado como una «versión distorsionada, ahistórica e imperialista» de la guerra.
Aviña dijo que el comunicado sirve «para afirmar retóricamente que Estados Unidos tiene justificación para establecer su política de ‘Estados Unidos Primero’ en todo el continente americano», independientemente de la precisión histórica.
La casa Blanca ha ordenado que se reescriba la historia en exhibición en el Instituto Smithsonian, asegurando que estaba «restaurando la verdad y la cordura a la historia estadounidense».
El gobierno de Trump ha eliminado de los sitios web del gobierno la historia, los registros legales y los datos que considera desagradables. Trump también ordenó al gobierno que elimine cualquier señal que «desacredite inapropiadamente a los estadounidenses del pasado o del presente», incluidas aquellas que hacen referencia a la esclavitud, la destrucción de culturas indígenas estadounidenses y el cambio climático.
«Este comunicado va en línea con muchos otros que intentan blanquear y replantear la historia de Estados Unidos y borrar generaciones de estudios históricos», subrayó Camarillo.
Mujer embarazada, en Miami, Florida. (Foto: EFE/Zayra Mo/Archivo)
James Fishback, aspirante republicano a gobernador de Florida, comenzó a hacer campaña en Tinder para atraer a electoras jóvenes con promesas como permisos de maternidad pagados por el estado, con lo que consiguió 1.000 emparejamientos (‘matches’) en menos de 24 horas, según afirmó.
«Me uní a Tinder para encontrar a las jóvenes votantes mujeres donde están y compartir mi plan para facilitarles casarse, comprar una casa, y criar una familia», anunció en sus redes sociales Fishback, quien captó atención internacional al proponer un «impuesto al pecado» para modelos del sitio OnlyFans.
El aspirante, quien busca suceder al actual gobernador Ron DeSantis, compartió una imagen de su perfil en la aplicación de citas en la que asevera que su «opinión más candente» es que «Florida debería pagar licencias de maternidad a todas las mamás».
El floridano, de 31 años y director de la firma de inversión Azoria Partners, sostuvo este martes que consiguió 1.000 coincidencias en menos de 24 horas, además de pedir donativos para pagar la versión «plus» de la aplicación y seguir dando «me gusta» a más mujeres.
«Desliza a la derecha. Vota por Fishback. Pon a Estados Unidos primero», pidió en su Instagram.
Fishback despertó atención internacional en enero cuando propuso un «impuesto al pecado» del 50 % a modelos de OnlyFans en el estado, donde Miami es considerada la «capital» nacional de la plataforma por tener la mayor proporción de estos creadores de Estados Unidos.
El republicano expresó que no quiere «que mujeres jóvenes, que de otra manera serían madres criando familias, teniendo hijos, estén vendiendo en línea sus cuerpos a hombres enfermos».
La propuesta refleja el intento del empresario de destacar en las primarias del Partido Republicano en Florida, donde compite contra el congresista federal Byron Donalds, respaldado por el presidente Donald Trump.
Una encuesta de la firma Patriot Polling reveló este lunes que Fishback ha ganado apoyos entre los republicanos, al concentrar el 23 % de la intención de votos frente al 37 % de Donalds en la contienda interna, mientras que entre los votantes de 29 años o menos su apoyo es del 30 % frente al 25 % de su rival.
Una mujer mientras cuenta billetes de dólar. (Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo)
Los residentes permanentes en Estados Unidos (aquellos con ‘green card’) dejarán de calificar para los préstamos otorgados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) a partir del 1 de marzo, según anunció la agencia en un memorando que limita el beneficio a empresas de propiedad 100 % estadounidense cuyos dueños residan en el país.
La SBA ya había endurecido los requisitos para estos préstamos, conocidos como 7(a), en diciembre pasado, al permitir únicamente que calificaran las empresas con hasta un 5 % de su propiedad en manos de un extranjero, un titular de «green card» o un ciudadano estadounidense que resida fuera del territorio de Estados Unidos.
Sin embargo, en un memorando emitido este lunes la SBA eliminó la posibilidad para acceder al popular préstamo de usos múltiples, con un monto máximo de 5 millones de dólares.
Antes de los cambios efectuados por la Administración del Gobierno del presidente Donald Trump, las pequeñas empresas podrían calificar al préstamo si el 51% pertenecía a un estadounidense que viviera dentro de Estados Unidos.
La nueva restricción que se aplicará desde el 1 de marzo ha generado críticas del senador Edward J. Markey y la representante Nydia Velázquez, miembros de alto rango los comités de Pequeñas Empresas en ambas cámaras, condenaron hoy el cambio.
«En lugar de apoyar a los inmigrantes legales que trabajan arduamente para iniciar o expandir un negocio, la SBA de Trump opta por el odio al prohibir que los titulares de la tarjeta de residencia reciban préstamos de la SBA», declararon los legisladores, del Partido Demócrata, en un comunicado.
El senador Markey señaló que en septiembre pasado recibió información directamente de los prestamistas de la SBA sobre los problemas con los requisitos de verificación de ciudadanía.
En diciembre pasado, los miembros demócratas del Comité de Pequeñas Empresas del Senado enviaron una carta a la SBA reiterando su preocupación por los requisitos de ciudadanía y destacando una disminución en el volumen de préstamos otorgados, pero no han recibido respuesta.
Desafiando las presiones de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia, en su primera reunión del año, el Comité de Mercado Abierto del banco central de Estados Unidos decidió dejar igual la tasa de interés de los fondos federales. La decisión fue adoptada diez votos a favor y dos en contra, ambos por gobernadores nombrados por el presidente Donald Trump. La decisión reconoció que la actividad económica está expandiéndose a un paso sólido, la tasa de desempleo se ha estabilizado, mientras que la inflación sigue un tanto elevada.
Habrá dos reuniones adicionales antes de la expiración en mayo del mandato del presidente Jerome Powell, el 17-18 de marzo y el 28-29 de abril. Como sucesor, el presidente Trump designó a Kevin Warsh, quien asumirá en mayo, si el Senado lo confirma a tiempo. El Sr. Warsh fue gobernador de la Reserva Federal entre 2006 y 2011, cuando tuvo la experiencia única de lidiar con la Gran Recesión de 2008. Es graduado de la escuela de derecho de Harvard y también tiene amplia experiencia en los mercados financieros.
Los mercados reaccionaron favorablemente ante la designación del nuevo presidente del banco central. El oro y la plata retrocedieron de las alzas récord de este año, mientras que las acciones declinaron y el dólar subió. Dado que el presidente Trump no presentó al designado ante la prensa, excepto hurgando en sus discursos anteriores, una mejor presentación de las opiniones del Sr. Warsh tendrá que esperar las audiencias de confirmación ante el Congreso.
*Analista y consultor internacional, ex-director de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español TV y radio, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.
