0.8 C
Philadelphia
spot_img
Inicio Blog Página 765

Del cianuro al nitrógeno, 100 años de ejecuciones con gas en Estados Unidos

cianuro
Fotografía de archivo que muestra la cámara de la muerte donde los presos fallecen por inyección letal, en la Unidad Paredes en Huntsville (Texas), EE. UU. (Foto: EFE/Paul Buck)

El 7 de febrero de 1924 el estado de Nevada probó por primera vez el cianuro de hidrógeno para matar a Gee Jon, un inmigrante chino condenado por asesinato; un siglo después, Estados Unidos está experimentando otra vez con las ejecuciones con gas, esta vez con nitrógeno.

Entre la ejecución de Gee en 1924 y la de Kenneth Eugene Smith en Alabama hace apenas dos semanas, Estados Unidos ha matado con gas a cerca de 600 presos.

Gee, que tenía 29 años cuando fue ejecutado, había nacido en 1895 en la provincia china de Cantón y alrededor de 1908 emigró a los Estados Unidos afincándose en San Francisco (California), junto a muchos de sus compatriotas.

En San Francisco se afilió a Hip Sing Tong, una banda criminal que traficaba con licor y narcóticos y que se disputaba el control del territorio con Bing Kong Tong. El hombre al que mató la noche del 27 de agosto en Mina (Nevada) pertenecía a esta banda rival.

Tom Quong Kee, de 74 años y dueño de una lavandería en Mina, fue asesinado por Gee con un revólver Colt calibre 38.

Nevada introdujo el cianuro de hidrógeno como un método en teoría más humano que la silla eléctrica, que a su vez había dejado obsoletos los ahorcamientos.

A diferencia del nuevo método probado con Smith en Alabama, al que se le administró nitrógeno a través de una máscara quirúrgica, para ejecutar a Gee en 1924 se usó una cámara de gas, sellada y llena de cianuro de hidrógeno.

Durante la ejecución, los testigos fueron evacuados por miedo a que se estuviese filtrando el gas y los médicos de la cárcel no hicieron autopsia al muerto por si liberaba cianuro.

Las cámaras de gas se popularizaron en Estados Unidos después de la ejecución de Gee, pero después de la Segunda Guerra Mundial su uso empezó a decaer, quizás por su asociación al Holocausto.

Entre 1967 y 1977, en medio de una batalla legal sobre la pena de muerte, no hubo ejecuciones en Estados Unidos. Esa década se considera un antes y un después de la pena capital en el país norteamericano, siendo la actual la «era moderna».

En esta «era moderna» han sido ejecutados 1.583 presos, el último de ellos Smith. De esos, 1.402 han muerto por inyección letal -introducida por primera vez en 1982 en Texas-, 163 electrocutados y solo 12 en una cámara de gas, además de tres fusilados y tres ahorcados.

Texas no fue solo el pionero en el uso de la inyección letal, sino que ha sido el estado que más presos ha matado desde 1977: 586. Le siguen a mucha distancia Oklahoma (123), Virginia (113) y Florida (105).

La pena de muerte sigue vigente en 27 de los 50 estados de la Unión, pero en la última década solo una docena han ejecutado: Texas, Oklahoma, Florida, Ohio, Misuri, Georgia, Arizona, Alabama, Virginia (ahora prohibida), Tennessee, Nebraska, Dakota del Sur y Arkansas.

También el Gobierno federal, que con Donald Trump (2017-2021) en la Casa Blanca mató a 13 presos en año y medio.

Aunque las inyecciones letales han sido mayoritarias desde 1982, Alabama decidió probar con la asfixia con gas nitrógeno ante la dificultad que han enfrentado en los últimos años los estados que aún usan la pena capital para adquirir los fármacos.

Las farmacéuticas, presionadas por activistas, se rehúsan a que sus productos sean usados con ese propósito.

Además, las complicaciones surgidas en varias ejecuciones en las que ha sido evidente el sufrimiento del preso, han hecho que se cuestione el método por inhumano y que haya sido objeto de disputas legales durante años.

Los estados llevan años pensando en alternativas a la inyección letal y de hecho, alguno como Utah -que no ejecuta desde 2010- ha reintroducido el escuadrón de fusilamiento como una posibilidad.

La ejecución de Smith, el conejillo de indias del gas nitrógeno, fue foco de atención de estos estados que ahora se plantean introducir también este método -aparentemente más humano y sin dificultades de suministro- para matar. De hecho, Oklahoma y Misisipí lo tienen aprobado.

A día de hoy quedan en el corredor de la muerte en Estados Unidos unos 2.300 presos, que esperan el día de su ejecución sin saber cómo van a morir.

EPA anuncia una nueva norma que beneficiaria a los latinos

EPA
Emissions rise from the smokestacks at the Jeffrey Energy Center coal power plant as the suns sets Sept. 18, 2021, near Emmett, Kan. The Biden administration is setting tougher standards for deadly soot pollution, saying that reducing fine particle matter from tailpipes, smokestacks and other industrial sources could prevent thousands of premature deaths a year. (Photo: AP/Charlie Riedel/File)

Hoy, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) anunció su norma final sobre el hollín (PM 2,5), un peligroso contaminante producido por la quema de combustibles fósiles que ha perjudicado la salud de los estadounidenses durante décadas. Aproximadamente 63 millones de personas en EE. UU. están expuestas diariamente a niveles nocivos para la salud debido a las emisiones por hollín. Sin embargo, los latinos se encuentran entre las poblaciones más vulnerables a la contaminación del aire, lo que provoca efectos devastadores para la salud, como el agravamiento del asma, enfermedades cardiacas, muerte prematura y mortalidad infantil.

La EPA estima que la nueva norma sobre el hollín salvará 4.500 vidas, mejorará la salud pública, y evitará 290.000 días laborales perdidos. También supondrá $46.000 millones en beneficios netos para todos nosotros.

En respuesta al fortalecimiento de las normas sobre contaminación atmosférica propuesto por el Presidente Biden, la directora ejecutiva adjunta de Climate Power En Acción, Antonieta Cádiz, hizo pública la siguiente declaración:

«El hollín producido por la quema de combustibles fósiles es responsable de impactos devastadores en la salud a lo largo de todo el país, especialmente en muchas comunidades de color, como los latinos. La norma de contaminación por hollín de la Administración Biden es un paso importante para mejorar el aire que respiramos de costa a costa. Esta norma representa un avance real en la lucha contra las desigualdades e injusticias históricas que sufren las comunidades sobrecargadas por la contaminación», dijo Antonieta Cádiz, directora ejecutiva adjunta de Climate Power En Acción. «Las protecciones más fuertes y basadas en la ciencia contra la contaminación por hollín marcan un notable contraste con el historial ambiental de Trump, quien rechazó normas más estrictas sobre el hollín para favorecer a los grandes contaminadores en lugar de proteger a las personas.»

Editorial Roundup: Pennsylvania

Altoona Mirror. February 3, 2024

This weekend’s editorial is about potential harm and actual harm, from a couple of different vantage points.

For example, widespread uneasiness at this time continues to focus on vaping. Questions and concerns about it have been on the minds of people young and not-so-young for about as long as vaping has existed, but numerous uncertainties about it still abound.

Reflect on how attitudes about traditional cigarettes have changed since a U.S. surgeon general’s report about the dangers cigarette smoking poses was released 60 years ago.

Now, some public health experts have started to push for a surgeon general’s report on whether vaping is as safe or not-so-safe — dangerous — as some people believe.

An Associated Press article published in the Jan. 16 Mirror reminded readers that, based on available evidence, most scientists and the U.S. Food and Drug Administration agree that electronic cigarettes are far less dangerous than traditional cigarettes.

Nevertheless, those scientists and FDA officials don’t intend for that opinion to mean that e-cigarettes have been determined to be harmless, because such a determination has not been made.

A surgeon general’s report is what is seen, potentially, as their most valuable resource, for now.

Speaking about valuable resources, what if there was a resource enabling someone to determine how likely a young driver might be to crash? In fact, there now is such a resource, according to the Jan. 16 Wall Street Journal.

As with any concerns they might have about their sons and daughters vaping, many parents are more concerned about their children’s driving habits.

Wrote Julie Jargon in the Jan. 16 Journal: “Many of us might think we can predict what kind of drivers our kids will be, but it’s impossible to know whether teens will brake too hard or steer straight when they finally are able to drive. Insurance companies have apps to track teen driving, but that information only comes after they’re on the road.”

According to Jargon, the resource mentioned is able to predict crash likelihood was developed by researchers of Children’s Hospital of Philadelphia, reportedly in response to the reality that driving is one of the most important health care issues for teenagers.

The newly developed tool, which researchers say is essentially a realistic car simulator, was found able to predict accurately crash risk in newly licensed drivers.

And researchers are not stopping there. This spring, they plan to study which interventions, such as behind-the-wheel training or online driver education, are most effective in helping teens improve driving skills.

The researchers hope to offer the virtual assessments in doctors’ offices around the country, where teens approaching driving age could take them as part of their annual checkups.

Already, however, researchers have offered the tests to doctors’ offices in Pennsylvania and parts of Connecticut and New Jersey, as well as to traffic courts in Ohio.

Researchers believe exposing young drivers to possible crashes is a good way to see how they react to real-life road crises. That is a logical conclusion.

Meanwhile, according to the National Highway Traffic Safety Administration, drivers between the ages of 15 and 20 made up just 5% of all licensed U.S. drivers in 2021, but they accounted for 8.4% of fatal traffic crashes.

What can be learned from addressing these two long-unresolved issues effectively can help “pave” a road for solving other issues.

LNP/LancasterOnline. February 4, 2024

Remember when presidential election years didn’t come with feelings of dread?

We may have complained about the unceasing political advertisements, but the presidential debates, the party conventions and each voting fixture on the calendar offered an opportunity to watch as, state by state, Americans decided whom they’d choose as their parties’ presidential nominees. It was democracy in action and though it could be nerve-racking and tedious, it also inspired faith in the durability of our electoral system.

The confidence most of us used to feel about democracy’s staying power was shattered Jan. 6, 2021, when a president who’d lost his reelection bid incited thousands of his supporters to try to violently halt a step in the process of peacefully transferring presidential power.

Now that same person is vying for the White House again, even as we’re still trying to recover from the 2020 election and its lingering effects: the seeds of distrust he and his minions planted about our election processes; the toll that ginned-up distrust took on election officials; the new assumption that election results from here on out will be disputed and subjected to disinformation, legal challenges and illegal attempts to overturn them.

As Spotlight PA reported, election directors worry the commonwealth is unprepared for what lies ahead, and said there are “a few concrete changes that would shore up Pennsylvania’s system against frivolous fraud allegations” as the 2024 election approaches.

County election officials want to be able to pre-canvass mailed ballots — that is, inspect, open and count them, but not record or publish the results — before 7 a.m. on Election Day. This is not a big ask, or one with any partisan implications, but polarization in Harrisburg has sunk efforts to make it happen.

According to Spotlight PA’s reporting, the state’s Election Code is old and needs to be updated for this electronic age. But getting the state Legislature to pass election reform has been a Sisyphean struggle. Bills that might garner bipartisan support often are doomed when partisan provisions are tacked on.

“They just literally can’t pass a bill that is nondescript, it’s like it’s not in their DNA. And I do not understand why,” Thad Hall, director of elections in Mercer County, told Spotlight PA.

We understand why, and it’s tragic.

Any attempts to make elections run more smoothly this year would make Republican lawmakers a target for harassment from the front-runner for the GOP presidential nomination. Consider the pressure that was exerted on state House Republican Leader Bryan Cutler, of Drumore Township, when he was House speaker, to try to overturn the 2020 Pennsylvania election results. As Cutler told the U.S. House select committee that investigated the events of Jan. 6, his refusal to subvert democracy brought protesters to his district office and home, and his personal contact information was published online. Even benign election changes seem unachievable at this point.

For instance, officials told Spotlight PA that they’d like to see an earlier deadline for requesting a mail ballot — voters currently can apply for a mail ballot up to a week before Election Day.

While we think voters should have as much time as possible to request mail-in ballots, we saw in the most recent election — when the U.S. Postal Service failed to deliver 268 completed mail ballots to the Lancaster County elections office in time for them to be counted — that there needs to be some cushion in case the process breaks down at any point.

Forrest Lehman, the director of elections in Lycoming County, told Spotlight PA that his primary concern is strengthening the system against misinformation and “protecting our post-election processes and our certification processes from people who want to prevent democracy from functioning.”

Like other county election officials in the aftermath of the 2020 election, Lehman had to deal with dubious recount requests, onerous records requests and litigation from election-deniers who had swallowed the Big Lie that the presidential election had been stolen.

Lehman told Spotlight PA that he wants the state Legislature to update the cost to file a recount petition from $50 (a price set in the Election Code decades ago) to more than $1,000, today’s equivalent sum adjusted for inflation. This seems very reasonable, given the staffing costs of administering a recount.

The Lycoming County director of elections believes there should be a penalty for counties that fail to certify elections. And he suggests that there be specific criminal penalties for anyone who harasses or tries to intimidate county election officials and poll workers.

The harassment of election officials diminishes our electoral system. A Brennan Center for Justice survey last April found that 21% of local election officials either began serving after the 2020 cycle or said they were very or somewhat unlikely to serve in the 2024 cycle. The upshot, according to that organization: Many “election officials have left the field, and more plan to go.”

Lehman told Spotlight PA that he and others suspect that 2020 was “just a dress rehearsal” for this year’s election. That’s our fear, too. Hence the dread.

State lawmakers ought to be working across the aisle to protect elections in our commonwealth. Elected leaders in Pennsylvania — the birthplace of American democracy — should feel a special responsibility to help save it. Free, fair and secure elections are essential; if we lose them, we’ll lose everything.

We were appalled by the conduct of Elizabethtown resident David Baker, who threatened to “come after” an LNP ‘ LancasterOnline reporter last weekend at the Democratic Committee of Lancaster County’s endorsement convention.

Baker, who had been seeking the Democratic nomination to run against U.S. Rep. Lloyd Smucker in the 11th Congressional District in November, subsequently apologized for his actions and ended his campaign.

The incident occurred Jan. 27, after Baker demanded that comments he made be treated by LNP ‘ LancasterOnline reporter Jaxon White as off the record.

A source can’t just insist, after sharing information, that it be withheld from publication — there has to be an agreement beforehand to keep any statements off the record.

When White understandably declined Baker’s request, an irate Baker yelled at White: “I will come after you (expletive). I will not stop.”

Tom O’Brien, chair of the Lancaster County Democratic Committee, said in a statement last Sunday that Baker’s comments and behavior were “inappropriate and unbecoming of any Democrat.”

Particularly in an election year like this one, news reporting is essential. As members of the editorial board, we play no role in that reporting. But we know this: Journalism is imperative to democracy, and journalists should not face threats or intimidation — from anyone.

Philadelphia Daily News/Inquirer. February 1, 2024

The grisly details of the death of an inmate, who was killed through a first-of-its-kind use of nitrogen gas, underscore the profound cruelty — and inherent inequities — of capital punishment.

The death penalty is an antiquated and barbaric punishment. Alabama’s experimental use of nitrogen gas to kill Kenneth Eugene Smith last week did nothing to disabuse anyone of the notion that the death penalty remains cruel and unusual punishment in any civil society.

The first-of-its-kind use of nitrogen gas was tried after the state botched an attempt in 2022 to execute Smith by lethal injection. Alabama’s Attorney General Steve Marshall had the gall to claim Smith’s execution was “textbook.”

But eyewitnesses told a different story. Smith’s execution lasted roughly 22 minutes from the time the viewing room curtains opened and closed. He was forced to breathe pure nitrogen through a gas mask to cause oxygen deprivation.

For at least two minutes, Smith shook violently and writhed on the gurney, pulling against the restraints used to strap him down. His eyes were open as he gasped and convulsed. That was followed by five to seven minutes of heavy breathing. The curtain closed 10 minutes before Smith was pronounced dead. The state could not give an exact time of death.

An anesthesiologist at Emory University School of Medicine who has researched lethal injections likened Smith’s death to torture. A similar fate awaits 43 other death row inmates in bloodthirsty Alabama.

Smith, 58, was convicted of the murder-for-hire killing of Elizabeth Sennett in 1988. The Rev. Charles Sennett Sr. paid a man $1,000 to kill his wife. That man recruited Smith and another man, who beat and stabbed her to death.

Some may argue Smith deserved to die. But who deserved to kill him? The state certainly did not have the right to torture him to death. The U.S. Supreme Court ruled the death penalty does not violate the Eighth Amendment’s ban on cruel and unusual punishment, but everything about the state carrying out a premeditated murder is cruel and unusual.

That is just one reason why the United States should do away with the death penalty, as scores of other developed and undeveloped countries have done over the years. (China, Iran, North Korea, Yemen, and the U.S. lead the world in government executions, placing America among brutal company.)

But the strongest argument for ending the death penalty is that an innocent person may die. Indeed, at least 20 people are believed to have been wrongly executed in the United States since 1989. Nearly another 200 death row inmates have been exonerated since 1973.

Tens of thousands more people are believed to be in prison for crimes because of wrongful convictions. In Philadelphia, dozens of inmates have been exonerated just in the last five years. One Philadelphia man was released last week after spending 50 years in prison for a murder he did not commit.

Taking away an innocent person’s liberty is horrific enough. The chance that they could die is reason enough to do away with the death penalty. Beyond that, the main argument for the death penalty is that it deters crime. But research shows it is not a deterrence. And vengeance is not justice.

Evidence also shows the death penalty is applied unevenly by race and class. The majority of death row inmates are Black or brown. Nearly all death row inmates are poor and cannot afford to mount a strong, let alone adequate, legal defense.

Maintaining a death row is also a waste of taxpayers’ money. Studies show inmates on death row cost about $1 million more than the cost to keep someone in prison for life. California has spent more than $5 billion on its death row, and executed just 13 people.

Pennsylvania has more than 100 inmates on death row but has not carried out an execution since 1999. Last year, Gov. Josh Shapiro called on state lawmakers to abolish the death penalty, as 23 other states have rightly done.

“The commonwealth should not be in the business of putting people to death,” Shapiro said.

Pennsylvania should not aspire to be like Alabama. It is past time to get on the right side of history.

Pittsburgh Post-Gazette. February 2, 2024

A landslide in Moon Township has buried one of the western suburb’s busiest roads, stripped a half-dozen homes of their backyards, and may soon collapse two houses completely. However, landslide insurance is not offered in the marketplace, and the state’s mine subsidence insurance program only covers hillside collapses related to mining activity, leaving the displaced homeowners with no recourse.

Fortunately, two state lawmakers, Democrat Emily Kinkead and Republican Valerie Gaydos, both of Allegheny County, recently introduced a bill that would fix this gap in homeowner protections. H.B. 589 is a thorough response to a serious problem — an example of what legislation can and should be in Harrisburg.

The Coal and Clay Mine Subsidence Insurance Program was first established 60 years ago to protect homeowners from damage caused by the lingering results of mining activity: cracked foundations, sinkholes, landslides and so on. Since then, however, landslide danger has evolved, especially in southwestern Pennsylvania. The area’s clay-rich soil and steep hillsides are already landslide prone, and as climate change increases the frequency and intensity of rainfall, more landslides will damage more homes.

Pittsburgh is already grappling with this reality. A recent dip in the number of acute landslides should be used as an opportunity for long-term prevention, like the recent Mount Washington work funded mostly by $10 million in Federal Emergency Management Agency money that had been secured by the Peduto administration. Another $1.2 million from FEMA will be used to buy 11 South Side homes endangered by landslides along the collapsing Newton Street, which looks more like a state park access road than a city thoroughfare.

The problem is only worsening, and homeowners deserve updated policies to protect them from dangers that may not have existed decades ago. H.B. 589 would kickstart relief for homeowners using a $2.5 million investment from the state’s general fund before setting premiums at a self-sustaining level. Pennsylvania taxpayers won’t be shouldering the burden of the program going forward.

The insurance program would be administered by the three-member Coal and Clay Mine Subsidence Insurance Fund Board, to which H.B. 589 would add two more representatives, one from the state’s Emergency Management Agency and one from the Department of Conservation and Natural Resources. With these extra voices, the board would craft a landslide mitigation plan for the future, assess current community risk levels and publish guidelines based on their expertise.

The bipartisan effort shows a clear understanding of the current system and offers a cost-effective plan to help vulnerable residents now as well as the future.

The current landslide in Moon Township (represented by co-sponsor Ms. Gaydos) only highlights the need for this new program. Homeowners and their families are being punished for risks they couldn’t have predicted, just like with mine subsidence decades ago. State landslide insurance would respond to the geological reality of Pennsylvania, especially in the west, and to the changing conditions brought on by climate change.

Uniontown Herald-Standard. February 3, 2024

Just how unaffordable is higher education in Pennsylvania?

Let Dan Greenstein, the chancellor of the Pennsylvania State System of Higher Education, explain: “Our universities are the least expensive of all four-year options in the state of Pennsylvania, and still we’re asking students from middle-income families to spend 44% of their household income on a single student for a single year of college.”

Pennsylvania is among the least affordable states in the nation when it comes to higher education and that goes hand-in-hand with the fact that it ranks 49th when it comes to public spending on colleges and universities. It’s no wonder that students and their families are becoming increasingly wary of higher education if the cost of a bachelor’s degree also means carrying a millstone of debt around their necks for decades on end.

Gov. Josh Shapiro recognizes this is a problem. “We need to rethink our system of higher education,” the governor said last week as he unveiled a sweeping plan to overhaul higher education in Pennsylvania. Some of the details on funding were not revealed, but that will likely occur in the weeks ahead. Of course, it’s also open to question how much of it will remain intact as a 2024-25 budget gets thrashed out in the Legislature. Nevertheless, Shapiro’s plan has real promise.

First, it would confront the problem of affordability by capping tuition at $1,000 per semester for students in low-and middle-income households. It would also bring the commonwealth’s 15 community colleges and the 10 universities in the Pennsylvania State System of Higher Education under one governance structure, and boost Pennsylvania Higher Education Assistance Agency grants for those students who are working toward degrees at private institutions.

Shapiro’s proposal also envisions further consolidation of administrative functions. Would that mean more campus mergers, like the one that brought together California, Edinboro and Clarion universities into PennWest University? We’ll have to see. The governor would also like to see funding for the four state-related universities – Penn State, Pitt, Lincoln and Temple – be based on performance metrics that would include the number of first-generation students who graduate from them.

Simply put, something needs to be done about higher education in Pennsylvania. Enrollment at schools within the State System of Higher Education has dropped by 30% over the last 10 years, and by 37% at community colleges. For a governor who wants to “get stuff done,” Shapiro deserves credit for getting the conversation started.

Blinken briefs Israeli leaders on cease-fire and hostage talks as war in Gaza enters 5th month

israeli
Palestinians mourn their relatives, killed in the Israeli bombardment of the Gaza Strip, outside a morgue in Rafah, southern Gaza, Tuesday, Feb. 6, 2024. (Photo: AP/Fatima Shbair)

TEL AVIV, Israel.— U.S. Secretary of State Antony Blinken met with Israeli leaders on Wednesday after Hamas put forward a detailed plan for a new cease-fire and hostage release deal, but both sides remain dug in on thus far elusive goals as the war enters its fifth month.

Hamas laid out a three-phase plan to unfold over 4 1/2 months, responding to a proposal drawn up by the United States, Israel, Qatar and Egypt. All hostages would be released in exchange for hundreds of Palestinians imprisoned by Israel, including senior militants, and an end to the war.

The proposal would effectively leave Hamas in power in Gaza and allow it to rebuild its military capabilities, a scenario that Israeli leaders have adamantly rejected. President Joe Biden said Hamas’ demands are “a little over the top” but that negotiations will continue.

The deadliest round of fighting in the history of the Israeli-Palestinian conflict has killed over 27,000 Palestinians, leveled entire neighborhoods, driven the vast majority of Gaza’s population from their homes, and pushed a quarter of the population to starvation.

Iran-backed militant groups across the region have conducted attacks, mostly on U.S. and Israeli targets, in solidarity with the Palestinians, drawing reprisals as the risk of a wider conflict grows.

Israel remains deeply shaken by Hamas’ Oct 7 attack, in which militants burst through the country’s vaunted defenses and rampaged across southern Israel, killing some 1,200 people, mostly civilians, and abducting some 250, around half of whom remain in captivity in Gaza.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says the war will continue until “total victory” over Hamas and the return of all the remaining hostages.

Blinken, who is on his fifth visit to the region since the war broke out, is trying to advance the cease-fire talks while pushing for a larger postwar settlement in which Saudi Arabia would normalize relations with Israel in return for a “clear, credible, time-bound path to the establishment of a Palestinian state.” He was meeting with Netanyahu and other senior Israeli officials on Wednesday.

But the increasingly unpopular Netanyahu is opposed to Palestinian statehood, and his hawkish governing coalition could collapse if he is seen as making too many concessions.

US Secretary of State Antony Blinken, left, shakes hands with Qatar’s Prime Minister and Foreign Affairs Minister Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, at Diwan Annex, in Doha, Qatar, Tuesday, Feb. 6, 2024. (Photo: AP/Mark Schiefelbein)

MISERY DEEPENS IN DEVASTATED GAZA

There is little talk of grand diplomatic bargains in Gaza, where Palestinians yearn for an end to fighting that has upended every aspect of their lives.

“We pray to God that it stops,” said Ghazi Abu Issa, who fled his home and sought shelter in the central town of Deir al-Balah. “There is no water, electricity, food or bathrooms.» Those living in tents have been drenched by winter rains and flooding. “We have been humiliated,” he said.

New mothers struggle to get baby formula and diapers, which can only be bought at vastly inflated prices if they can be found at all. Some have resorted to feeding solid food to babies younger than 6 months old despite the health risks it poses.

The Palestinian death toll from four months of war has reached 27,707, according to the Health Ministry in the Hamas-run territory. That includes 123 bodies brought to hospitals in just the last 24 hours, it said Wednesday. At least 11,000 wounded people need to be urgently evacuated from Gaza, it said.

The ministry does not distinguish between civilians and combatants in its figures but says most of the dead have been women and children.

Israel has ordered Palestinians to evacuate areas that make up two-thirds of the tiny coastal territory. Most of the displaced are packed into the southern town of Rafah near the border with Egypt, where many are living in squalid tent camps and overflowing U.N.-run shelters.

Hamas has continued to put up stiff resistance across the territory, and its police force has returned to the streets in places where Israeli troops have pulled back. Hamas is still holding over 130 hostages, but around 30 of them are believed to be dead, with the vast majority killed on Oct. 7.

An Israeli tank in a position on the border with the Gaza Strip, as seen in southern Israel, Tuesday, Feb. 6, 2024. (Photo: AP/Tsafrir Abayov)

HAMAS SPELLS OUT DEMANDS FOR HOSTAGE DEAL

Hamas’ response to the cease-fire proposal was published in Lebanon’s Al-Akhbar newspaper, which is close to the powerful Hezbollah militant group. A Hamas official and two Egyptian officials confirmed its authenticity, speaking on condition of anonymity because they were not authorized to brief media on the sensitive negotiations.

In the first 45-day phase, Hamas would release all remaining women and children, as well as older and sick men, in exchange for Palestinian women, children, older and sick prisoners held by Israel. Israel would release an additional 1,500 prisoners, including 500 specified by Hamas — likely senior militants serving life sentences.

Israel would also withdraw from populated areas, cease aerial operations, allow far more aid to enter and permit Palestinians to return to their homes, including in devastated northern Gaza.

The second phase, to be negotiated during the first, would include the release of all remaining hostages, mostly soldiers, in exchange for more Palestinian prisoners, and Israel would complete its withdrawal from Gaza. In the third phase, the sides would exchange the remains of hostages and prisoners.

Israeli soldiers drive near the border with the Gaza Strip, as seen in southern Israel, Tuesday, Feb. 6, 2024. (Photo: AP/Tsafrir Abayov)

ISRAELIS AGONIZE OVER FATE OF CAPTIVES

Israelis are intensely focused on the plight of the hostages, with family members and the wider public demanding a deal with Hamas, fearful that time is running out. Israeli forces have only rescued one hostage, while Hamas says several were killed in Israeli airstrikes and failed rescue missions.

More than 100 hostages, mostly women and children, were freed during a weeklong cease-fire in November in exchange for the release of 240 Palestinians imprisoned by Israel.

Thousands of Israelis have taken part in weekly protests calling for the release of the hostages and demanding new elections. But Netanyahu is beholden to far-right coalition allies who have threatened to bring down the government if he concedes too much in the negotiations.

That could spell the end of Netanyahu’s long political career and expose him to prosecution over long-standing corruption allegations.

But the longer the war continues, the greater risk it spills over into other countries, drawing the U.S. and its allies even deeper into a volatile region.

Israel and Hezbollah trade fire on a daily basis. Iran-backed groups in Syria and Iraq have launched dozens of attacks against bases housing U.S. troops and killed three American soldiers last week, drawing a wave of retaliatory airstrikes. The U.S. and Britain have also carried out strikes against the Iran-backed Houthi rebels in Yemen in response to their attacks on shipping in the Red Sea, which have continued.

Biden nombrará a encargada de seguridad en inteligencia artificial

La Casa Blanca en Washington el 4 de julio de 2021. (Foto: AP /Patrick Semansky)

El gobierno del presidente Joe Biden nombrará el miércoles a la directora del recién creado instituto para la seguridad en la inteligencia artificial, reveló una fuente oficial.

Elizabeth Kelly será directora de la agencia, adscrita al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que a su vez depende del Departamento de Comercio, indicó la fuente, que pidió permanecer anónima al no estar autorizada para hablar del tema antes del anuncio oficial.

Kelly, actualmente asesora económica de Biden, desempeñó un rol crucial en la redacción de la orden ejecutiva que creó el instituto a finales de octubre, agregó la fuente.

En el borrador del anuncio obtenido por The Associated Press, Lael Brainard, director del Consejo Económico de la Casa Blanca, dice que Kelly “influyó en la agenda del presidente en cuanto a tecnología y regulaciones financieras y trabajó para forjar amplias coaliciones de colaboradores”.

El nuevo instituto tendrá un rol preponderante en el fomento de esa tecnología. Para julio creará una serie de estándares para desarrolladores, para asegurar que sus sistemas sean seguros para consumidores y negocios.

La administración considera las normas de seguridad como necesarias para aprovechar los beneficios de esa tecnología en rápida evolución y para crear un nivel de confianza que permita una mayor adopción de la IA.

El gobierno federal recientemente le pidió a las compañías de IA probar sus sistemas. Pero hasta el momento, dichas pruebas no contienen estándares universales, y eso es lo que el instituto piensa hacer en los próximos meses.

Kelly es graduada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale. Trabajó en la Casa Blanca bajo la presidencia de Barack Obama y para la compañía financiera Capital One, según su perfil en LinkedIn.

¿Por qué condenaron a la madre del asesino de Michigan?

madre
Jennifer Crumbley mira a su abogada Shannon Smith mientras la escoltan, el 5 de febrero de 2024, en Pontiac, Michigan, EE. UU. (Foto: VOA)

Un jurado en Michigan condenó el martes a la madre de un tirador escolar por homicidio involuntario por el asesinato de cuatro estudiantes en 2021, convirtiéndola en la primera madre en Estados Unidos responsable de que un niño perpetrara un ataque escolar masivo.

Un jurado de Michigan, en la zona centro norte de Estados Unidos, condenó el martes por homicidio involuntario a la madre de un adolescente que mató a tiros a cuatro compañeros de clase en una escuela secundaria cerca de Detroit después de que los fiscales argumentaran que era responsable porque ella y su marido le dieron a su hijo un arma e ignoraron las señales de advertencia de violencia.

Se creía que el juicio de Jennifer Crumbley, de 45 años, era el primero en el que un padre se enfrentaba a un cargo de homicidio involuntario en Estados Unidos derivado de un tiroteo en la escuela cometido por su hijo. Se enfrentó a cuatro cargos de homicidio involuntario, uno por cada una de las víctimas en la escuela secundaria de Oxford en los tiroteos de 2021. Los jurados comenzaron a deliberar el lunes.

Los cuatro veredictos de culpabilidad (uno por cada estudiante asesinado en la escuela secundaria de Oxford) se emitieron después de aproximadamente 11 horas de deliberaciones.

Los fiscales dicen que Jennifer Crumbley tenía el deber, según la ley estatal, de evitar que su hijo, que tenía 15 años en ese momento, dañara a otros.

Su marido, James Crumbley, de 47 años, se enfrentará a su propio juicio por homicidio involuntario en marzo.

Jennifer Crumbley entra a la sala del tribunal de la jueza Cheryl Matthews del condado de Oakland antes de ser declarada culpable de cuatro cargos de homicidio involuntario el 6 de febrero de 2024 en Pontiac, Michigan, EE. UU. (Foto: AP/Mandi Wright/Detroit Free Press)

El hijo de la pareja, Ethan, tenía 15 años en el momento del tiroteo en Oxford High School con una pistola semiautomática. Se declaró culpable en 2022 de cuatro cargos de asesinato en primer grado y otros cargos y fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional en diciembre.

El jurado compuesto por seis hombres y seis mujeres incluyó personas que poseen armas o crecieron con ellas en su casa.

Pena máxima por homicidio involuntario es de 15 años
Jennifer Crumbley recibirá crédito por aproximadamente dos años y medio en la cárcel del condado cuando regrese a la corte para recibir sentencia el 9 de abril. El juez fijará la sentencia mínima de prisión, basándose en pautas de puntuación y otros factores.

Corresponderá a la junta de libertad condicional de Michigan determinar cuánto tiempo permanecerá realmente en prisión. La pena máxima por homicidio involuntario es de 15 años.

Los fiscales no han dicho si pedirán sentencias consecutivas para las cuatro condenas, lo que podría significar un máximo de 60 años si la jueza Cheryl Matthews está de acuerdo.

Estados Unidos, un país con violencia armada persistente, ha experimentado una serie de tiroteos en escuelas a lo largo de los años, a menudo perpetrados por estudiantes actuales o anteriores.

Los fiscales del condado de Oakland argumentaron durante el juicio que Jennifer Crumbley, aunque no apretó el gatillo, almacenó el arma y las municiones de manera negligente y debería ser considerada penalmente responsable de las muertes. Dijeron que ella y su esposo sabían que Ethan estaba mentalmente en una «espiral descendente» y representaba un peligro para los demás, pero le permitieron acceso a armas de fuego, incluida la pistola de 9 mm que compró como regalo de Navidad y usó para matar a sus compañeros de clase.

Shannon Smith, la abogada de Jennifer Crumbley, argumentó que ella no era responsable de comprar o almacenar el arma utilizada por su hijo en los tiroteos, que no había señales reales de advertencia de que mataría a sus compañeros de clase y que ella no podía haber previsto razonablemente que el crimen se cometería.

Jennifer Crumbley testificó en su propia defensa, diciendo que su esposo era responsable de guardar de forma segura las armas de fuego en la casa familiar y que si bien su hijo había estado ansioso por ingresar a la universidad y por lo que haría con su vida, ella no creía que sus problemas merecieran ser vistos por un psiquiatra.

By disclosing his cancer, Charles breaks centuries of royal tradition. But he shares only so much

In this Wednesday, April 4, 2018 file photo, Prince Charles declares the games open during the opening ceremony for the 2018 Commonwealth Games at Carrara Stadium on the Gold Coast. The palace’s disclosure that King Charles III has been diagnosed with cancer shattered centuries of British history and tradition in which the secrecy of the monarch’s health has reigned. Following close behind the shock and well wishes for the 75-year-old monarch came widespread surprise that the palace had announced anything at all. (Photo: AP/Dita Alangkara/File)

In British history, the secrecy of the monarch’s health has always reigned supreme. Buckingham Palace’s disclosure that King Charles III has been diagnosed with cancer shattered that longstanding tradition.

On the heels of the shock and well-wishing that followed the official statement Monday came the surprise that the palace had announced anything at all. Indeed, the unprecedented missive was sparse on details: Charles, 75, had begun treatment for a cancer it did not name after being diagnosed during a recent corrective procedure for an enlarged prostate. The king is stepping back from public duties but carrying on state business during his treatment, which he’ll receive as an outpatient, the palace said.

“The King has cancer,” the Times of London declared in a terse banner headline Tuesday. It was unlike any other in British history.

Never complain, never explain, as Charles’ late mother, Queen Elizabeth II, was known to say. Charles has withheld details of his illness and treatment, and in that way is carrying on her approach. But in beaming a sliver of light from inside the palace walls and his own life, the king has broken with his mother and royal tradition.

Britain’s King Charles III leaves The London Clinic in central London, Monday, Jan. 29, 2024. King Charles III was in hospital to receive treatment for an enlarged prostate. The palace’s disclosure that King Charles III has been diagnosed with cancer shattered centuries of British history and tradition in which the secrecy of the monarch’s health has reigned. Following close behind the shock and well wishes for the 75-year-old monarch came widespread surprise that the palace had announced anything at all. (Photo: AP/Alberto Pezzali/File)

THERE IS A LOT WE STILL DON’T KNOW ABOUT THE HEALTH OF BRITISH ROYALTY

The world still does not know the cause of Elizabeth’s death in 2022 at the age of 96. In the final years of her life, the public was told only that the queen was suffering from “mobility issues.” Her death certificate listed the cause simply as “old age.”

The British public wasn’t told that Charles’ grandfather, King George VI, had lung cancer before his death in February 1952 at the age of 56, and some historians have claimed that the king himself wasn’t told he was terminally ill.

Given that Charles rules in a media-saturated age, “I do think it’s incumbent on him to reveal more than he’s revealed,” said Sally Bedell Smith, author of “Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life.”

“He was admirably candid in what he said about being treated for an enlarged prostate, and his impulse was to be open and also to encourage men to have the necessary examinations,” she added. “But then he reverted to the traditional royal form, which is mystery, secrecy, opacity.”

On Tuesday, former royal press secretary Simon Lewis told BBC Radio 4 that Charles’ openness about his cancer diagnosis has been his style as a monarch.

“I think 20 years ago we would have got a very abrupt, short statement, and that’s about it,» he said. The palace statement goes as far as possible, «given that the King has had a diagnosis of cancer and, as a lot of people know, processing that is a pretty tough process.”

One reason for disclosing his illness, the palace statement said, was «in the hope it may assist public understanding for all those around the world who are affected by cancer.” Cancer patient advocates reported glimmers of success on that front, with Cancer Research UK reporting a 42% rise in visits to its cancer information page, according to Dr. Julie Sharp, the group’s head of health and patient information.

The jump “reflects that high-profile cancer cases often act as a prompt to encourage people to find out more or think about their own health,” she said.

But there was another pragmatic reason: To keep control of the information in the age of lightning-fast social media and misinformation. The palace statement said Charles “has chosen to share his diagnosis to prevent speculation.”

Britain’s King Charles III speaks during the State Opening of Parliament at the Palace of Westminster in London, Tuesday, Nov. 7, 2023. The palace’s disclosure that King Charles III has been diagnosed with cancer shattered centuries of British history and tradition in which the secrecy of the monarch’s health has reigned. Following close behind the shock and well wishes for the 75-year-old monarch came widespread surprise that the palace had announced anything at all. (Photo: AP/Kirsty Wigglesworth/File)

LEADERS TEND TO HOLD INFORMATION ABOUT HEALTH VERY CLOSE

In the annals of power, leaders and their advisers strive to maintain — or at least, not undermine — the perception of being in strong and in control. Because to allow any perception of vulnerability or weakness could spark a fight for the gavel or the crown — or encourage a coup.

The former Soviet Union was famous for neglecting to mention when its leaders are sick or dead — think Leonid Brezhnev, Yuri Andropov and Konstantin Chernenko, secretly sick and soon deceased one after the other in the 1980s. Each event sparked scrambles for succession.

In the United States, there’s little to no debate about the public’s right to know the health status of their leaders. It’s a key feature of the 2024 presidential rumble between President Joe Biden, 81, and former president Donald Trump, 77, with other contenders, such as GOP hopeful Nikki Haley, arguing that they’re both too old to preside.

And on Feb. 1, Secretary of Defense Lloyd Austin — sixth in the presidential line of succession — apologized for keeping secret his cancer diagnosis and surgery. In a rare press conference, he acknowledged missing a key chance to use the experience as a teaching moment for those he leads across the Defense Department and, even more importantly, for Black Americans.

Britain’s King Charles III and Queen Camilla leave The London Clinic in central London, Jan. 29, 2024 after King Charles III received treatment for an enlarged prostate. The palace’s disclosure that King Charles III has been diagnosed with cancer shattered centuries of British history and tradition in which the secrecy of the monarch’s health has reigned. Following close behind the shock and well wishes for the 75-year-old monarch came widespread surprise that the palace had announced anything at all. (Photo: AP/Alberto Pezzali/File)

HOW MUCH DOES THE BRITISH PUBLIC HAVE A RIGHT TO KNOW?

Whether the monarch owes the world more information about his health than other Britons do is a tense subject.

Royals are private citizens but also, in a sense, part of the public trust given that they are subsidized by British taxpayers and play an important — though largely powerless — constitutional role. Unelected, they inherit their wealth under a 1,000-year-old monarchy that Republican activists have long tried to dislodge.

And though some polls show the public is friendly toward Charles, opposition and apathy to the monarchy are both growing. In a recent study by the National Center for Social Research, just 29% of respondents thought the monarchy was “very important” — the lowest level in the center’s 40 years of research on the subject. Opposition was highest among the young.

Remaining relevant is part of what makes Charles’ legacy and succession so urgent. Maintaining at least the appearance of vitality can be key to leaders’ pursuit of and hold on power. The king, the palace was careful to note, would step away from public-facing duties during his treatment but continue to manage other duties of state.

In Charles’ case, succession has long been set: Next in line is his son, William, the prince of Wales. But the king’s illness makes William’s preparation more critical at a time when he’s also caring for his wife, Kate, princess of Wales, who is recovering from abdominal surgery.

Charles’ news was received with great sympathy in a country in which 3 million people live with cancer, according to Macmillan Cancer Support, a London-based charity. On average, it says, one person is diagnosed with cancer in the UK every 90 seconds. That’s about 1,000 new cancer cases detected every day, according to the National Health Service.

That the king has joined those ranks — and, critically for a British monarch, shared that vulnerability with the world — heralded for some a new era of transparency in an era of social media and misinformation.

Blinken discute propuesta de alto el fuego entre Israel y Hamás con funcionarios israelíes

Hamás
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, desciende del avión a su llegada al aeropuerto internacional Ben Gurion en Tel Aviv, Israel, el 6 de febrero de 2024. (Foto: VOA)

El secretario de Estado Antony Blinken se reunirá con autoridades israelíes un día después de que el máximo diplomático estadounidense dijera que los líderes de Hamás habían dado su respuesta a la propuesta de pausa de los combates en Gaza y la liberación de los rehenes en su poder.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se encuentra en Israel para conversar el miércoles con líderes israelíes sobre una propuesta de pausa en los combates en Gaza y la liberación de los rehenes en poder de Hamás.

Las reuniones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y el presidente Isaac Herzog se producen un día después de que Blinken dijera que los líderes de Hamás habían dado su respuesta a la propuesta.

Blinken dijo a los periodistas en Doha, Qatar, que Estados Unidos estaba estudiando intensamente la respuesta y que había sido compartida con Israel.

“Trabajaremos lo más arduamente que podamos para intentar llegar a un acuerdo que permita avanzar no sólo con un acuerdo renovado sino ampliado sobre los rehenes y todos los beneficios que ello traería”, dijo Blinken.

En Washington, el presidente estadounidense Joe Biden describió la respuesta del grupo militante como «un poco exagerada» y dijo que la negociación continúa.

Estados Unidos, Egipto y Qatar ayudaron a elaborar la propuesta de alto el fuego que se está considerando actualmente, que incluiría una pausa en los combates que duraría varias semanas y la liberación de los rehenes retenidos por Hamás en Gaza.

Un alto el fuego temporal anterior a finales de noviembre duró una semana y trajo la liberación de más de 100 rehenes de Gaza y 240 prisioneros palestinos retenidos por Israel. El Ejército israelí dijo el martes que 31 de los rehenes restantes están muertos.

En Doha, Blinken mantuvo conversaciones el martes con el emir gobernante de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.

Al-Thani dijo a los periodistas a través de un traductor: “Hemos recibido una respuesta de Hamás con respecto al marco general del acuerdo, con respecto a los rehenes. La respuesta incluye algunos comentarios, pero en general es positiva”.

El primer ministro qatarí expresó optimismo y dijo que espera que se obtengan resultados sobre la liberación de rehenes a cambio de un acuerdo de alto el fuego extendido “muy pronto”, pero se negó a dar más detalles debido a su sensibilidad.

El martes temprano, Blinken se reunió con el presidente egipcio. Abdel-Fattah el-Sissi, en El Cairo.

«El secretario Blinken y el presidente el-Sissi discutieron los esfuerzos en curso para asegurar la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás», dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado. “El secretario Blinken enfatizó el rechazo de Estados Unidos a cualquier desplazamiento forzado de palestinos de Gaza y su compromiso de establecer un Estado palestino que brinde paz y seguridad tanto a israelíes como a palestinos”.

Soldados israelíes se encuentran junto a uno de los camiones egipcios que transportan suministros de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, en el lado israelí del cruce fronterizo de Kerem Shalom con el territorio palestino el 6 de febrero de 2024.

En las Naciones Unidas, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo que dentro de la Franja de Gaza, 20 socios han proporcionado asistencia alimentaria, llegando a aproximadamente 1,8 millones de personas entre el 29 de enero y el 4 de febrero.

Además, el Programa Mundial de Alimentos distribuyó más de 190.000 paquetes de alimentos en enero, suficiente para alimentar a aproximadamente 955.000 personas durante 10 días. Estos paquetes fueron entregados a personas desplazadas que viven en campamentos informales y en comunidades de acogida en la Franja de Gaza, dijo Dujarric.

También el martes, Martin Griffiths, coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, dijo en un comunicado que mientras las hostilidades en Gaza entran en su quinto mes, la población de la ciudad sureña de Rafah se ha quintuplicado, con familias hacinadas en refugios y obligadas a dormir al aire libre.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Rafah ya alberga a la mitad de la población de Gaza, de unos 2 millones de habitantes.

Un alto el fuego temporal anterior a finales de noviembre duró una semana y trajo la liberación de más de 100 rehenes de Gaza y 240 prisioneros palestinos retenidos por Israel.

Netanyahu ha aumentado recientemente la presión sobre Qatar, cuestionando su papel de mediador e instando a Qatar a utilizar su influencia sobre Hamás para la liberación de los rehenes.

Richard Goldberg, asesor principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en Washington, notó un cambio en la estrategia israelí debido a la postura negociadora de Qatar, que según él se alinea con las demandas de Hamás, que Israel rechaza.

“La posición de Qatar en las negociaciones ahora es la posición de Hamás, un alto el fuego permanente y la retirada de todas las fuerzas israelíes a cambio de la liberación de los rehenes. Ese es un estado final inaceptable para los israelíes”, dijo Goldberg a los periodistas en una reciente llamada de prensa.

Israel prometió destruir a Hamás, que gobierna Gaza, después de que el grupo militante enviara combatientes a arrasar Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, según los recuentos israelíes.

Hamás, que ha sido designada organización terrorista por Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea y otros, también tomó como rehenes a unas 240 personas.

Las operaciones militares aéreas y terrestres de Israel en Gaza han matado a más de 27.500 palestinos y herido a otros 66.900, según el Ministerio de Salud dirigido por Hamás. El ministerio incluye tanto a civiles como a militantes en su recuento, pero dice que el 70 % de los muertos eran mujeres y niños.

Empleo fuerte   

empleo

El informe del Departamento de Trabajo, sobre la creación de 353,000 nuevos empleos en enero, confirmó que 2024 ha comenzado vigorosamente para la economía de Estados Unidos. Más aún, la cifra de empleo en enero fue superior al promedio mensual de 255,000 nuevos empleos de 2023, equivalente a más de 3 millones creados a lo largo del año pasado.  Además, en los últimos dos años, el desempleo ha permanecido debajo de 4 por ciento, a pesar del apretamiento de la política monetaria por el banco central para controlar la inflación.

Ante estas cifras muy positivas y asumiendo que continuará el desempeño vigoroso, la atención se ha volcado hacia las autoridades del banco central. La presión está emanando de diversas fuentes, especialmente en Wall Street, donde hay preocupación de que el banco central continuará manteniendo igual la tasa de interés.

La última declaración del presidente del banco central Jerome Powell fue en una entrevista transmitida el domingo pasado pero grabada el jueves antes de que se conocieran las cifras de empleo en enero. Durante dicha entrevista con el programa dominical de la cadena CBS 60 Minutos, el presidente Po well dijo, “pensamos que la economía está en un buen sitio, Pensamos que la inflación está bajando. Solo queremos ganar un poco de mayor confianza de que está bajando en forma sostenida.” (The Wall Street Journal 02|05|24). En otras palabras “todavía no.”

*Analista y consultor internacional, ex-director de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español TV y radio, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.

Strong employment          

employment   

The report by the Labor Department, on the creation of 353,000 new jobs in January, confirmed 2024 is starting vigorously for the US economy. Moreover, the January employment figure was superior to the 2023 average monthly job creation of 255,000, amounting to the creation of  more than 3 million new jobs throughout last year. Additionally, in the last two years, unemployment has remained under 4 percent, despite the tightening of monetary policy by the central bank to control inflation.

With these very positive figures and assuming the vigorous performance will continue, the attention is now turned to the central bank authorities. Pressure is emanating from several sources, particularly on Wall Street, where the concern is the central bank will continue leaving interest rates unchanged.

The last statement by central bank chair Jerome Powell was in an interview transmitted last Sunday but taped on Thursday before the release of the January employment figures.  In the interview with Sunday’s CBS 60 Minutes, Chairman Powell said, “We think the economy is in a good place. We think inflation is coming down. We just want to gain a little more confidence that it is coming down in a sustainable way.” (The Wall Street Journal 02/05/24). In other words, “not yet.”

*International analyst and consultant, former Director ECLAC Washington. Commentator on economic and financial issues for CNN en Español TV and radio, UNIVISION, TELEMUNDO and other media.