Médicos deben racionar la penicilina por el dramático aumento de casos de sífilis

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22/02/2024

Por: Catherine Sweeney, WPLN/KFF Health News

Cuando hace unos dos años Stephen Miller dejó su consulta de atención primaria para trabajar en salud pública, se sorprendió de la cantidad de casos de sífilis que se trataban en la clínica.

Durante décadas, los índices de esta infección de transmisión sexual fueron bajos. Pero el Departamento de Salud del condado de Hamilton, en Chattanooga, una ciudad mediana rodeada de bosques nacionales y situada a los pies de los Apalaches de Tennessee, atendía a varios pacientes de sífilis al día, explicó Miller.

Lo que Miller observó en Chattanooga refleja una tendencia que está disparando alarmas en los departamentos de salud de todo el país.

A nivel nacional, las tasas de sífilis están en su punto más alto en 70 años. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indicaron el 30 de enero que se reportaron 207,255 casos en 2022, lo que continúa un fuerte aumento en cinco años.

Entre 2018 y 2022, las tasas de sífilis subieron alrededor del 80%. La epidemia de infecciones de transmisión sexual, especialmente la sífilis, está «fuera de control«, dijo la Coalición Nacional de Directores de ETS.

El repunte ha sido aún más pronunciado en Tennessee, donde las tasas de infección por las dos primeras fases de la sífilis crecieron un 86% entre 2017 y 2021.

Pero esta situación ya difícil se complicó la primavera pasada por la escasez de una inyección específica de penicilina que es el tratamiento de referencia para la sífilis.

Esta escasez actual es tan grave que las agencias de salud pública han recomendado que los proveedores racionen el medicamento, dando prioridad a las pacientes embarazadas, ya que es el único tratamiento de la sífilis considerado seguro para ellas. La sífilis congénita, que ocurre cuando la madre transmite la enfermedad al feto, puede causar malformaciones congénitas, abortos espontáneos y mortinatos (muerte fetal).

Según datos recientes, en 2022 se notificaron a los CDC 3,755 casos de sífilis congénita en todo el país, 10 veces más que hace una década. De esos casos, 231 dieron lugar a mortinatos y 51 provocaron la muerte del bebé. El número de casos en bebés se ha elevado un 183% entre 2018 y 2022.

«La falta de pruebas oportunas y tratamiento adecuado durante el embarazo contribuyó al 88% de los casos de sífilis congénita», indicó un informe de los CDC publicado en noviembre. «Las brechas en las pruebas y el tratamiento estuvieron presentes en la mayoría de los casos en todas las razas, etnias y regiones de la Oficina del Censo de Estados Unidos».

Las tasas de sífilis del condado de Hamilton han reflejado la tendencia nacional, con un aumento de los casos en todos los grupos, incluidos los lactantes.

En noviembre, la organización de defensa materno infantil March of Dimes publicó su informe anual sobre los resultados de salud de los estados. En el reporte se constata que, en todo el país, alrededor del 15,5% de las embarazadas recibe atención a partir del quinto mes de gestación o más tarde, o acude a menos de la mitad de las visitas prenatales recomendadas. En Tennessee, la tasa era aún peor, del 17,4%.

Pero Miller dijo que incluso quienes van a todas las citas recomendadas pueden tener problemas porque los proveedores están obligados a realizar pruebas de sífilis solo al principio del embarazo. La idea es que si se hace la prueba unas semanas antes del parto, hay tiempo para tratar la infección.

Sin embargo, esa recomendación depende de si el profesional de salud sospecha que la paciente ha estado expuesta a la bacteria que causa la sífilis, lo que puede no ser obvio para las personas que dicen que sus relaciones son monógamas.

«Lo que descubrimos es que, muchas veces, la pareja no es tan monógama y trae la sífilis a la relación», explicó Miller.

Incluso si la paciente dio negativo inicialmente, puede haber contraído la sífilis más adelante en el embarazo, cuando las pruebas de detección de la enfermedad no son rutinarias, dijo.

Para tratar la sífilis se utilizan dos antibióticos: la penicilina inyectable y un fármaco oral llamado doxiciclina.

A los pacientes alérgicos a la penicilina se les suele recetar el antibiótico oral. Pero la Organización Mundial de la Salud recomienda encarecidamente a las pacientes embarazadas que eviten la doxiciclina porque puede causar graves deformidades óseas y dentales en el bebé.

Por ello, las pacientes embarazadas con sífilis suelen recibir penicilina, aunque sean alérgicas, mediante una técnica llamada desensibilización, explicó Mark Turrentine, ginecólogo y obstetra de Houston. A las pacientes se les administran dosis bajas en un entorno hospitalario para ayudar a su organismo a acostumbrarse al fármaco y comprobar si se produce una reacción grave. La inyección de penicilina es una técnica de un solo uso, a diferencia de los antibióticos, que requieren un curso de tratamiento de dos semanas.

«Es difícil tomar un medicamento durante un largo período de tiempo», afirmó Turrentine. La inyección única puede dar tranquilidad a los pacientes y a sus médicos. «Si no vuelven por el motivo que sea, no hay que preocuparse», dijo.

El Departamento de Salud Pública Metropolitana de Nashville, Tennessee, empezó a administrar el antibiótico oral a todas las adultas no embarazadas con sífilis en julio, según dijo Laura Varnier, directora clínica y de enfermería.

Turrentine dijo que empezó a ver avisos sobre la escasez de penicilina inyectable en abril, más o menos cuando el antibiótico amoxicilina empezó a ser difícil de encontrar y los médicos empezaron a utilizar la penicilina como sustituto, precipitando potencialmente la escasez, dijo.

El aumento de la sífilis ha creado una demanda de la inyección que el fabricante Pfizer no puede satisfacer, según la American Society of Health-System Pharmacists (ASHP). «El suministro es insuficiente para los pedidos habituales», afirmó la ASHP en una nota.

Aunque la penicilina existe desde hace mucho tiempo, fabricarla es difícil, en gran parte porque mucha gente es alérgica, dijo Erin Fox, jefa asociada de farmacia del sistema de salud de la Universidad de Utah y profesora adjunta de la universidad, que estudia la escasez de medicamentos.

«Eso significa que no se pueden fabricar otros fármacos en esa línea de producción», explicó. Solo los grandes fabricantes como Pfizer disponen de los recursos necesarios para construir y gestionar instalaciones tan especializadas. «No es necesariamente eficiente ni rentable», dijo Fox.

En un comunicado, Pfizer confirmó que la escasez de amoxicilina y el aumento de la sífilis incrementaron la demanda de penicilina inyectable en un 70%. Según sus representantes, la empresa invirtió $38 millones en las instalaciones que producen esta forma de penicilina, al contratar más personal y ampliar la línea de producción.

«Este aumento tardará algún tiempo en notarse en el mercado, ya que el ciclo de producción es de 3 a 6 meses desde que se fabrica el producto hasta que está disponible para los consumidores», según el comunicado. La empresa calcula que la escasez se reducirá considerablemente durante la primavera.

Mientras tanto, dijo Miller, su clínica de Chattanooga continúa elaborando estrategias. Cada dosis de penicilina inyectable puede costar cientos de dólares. Además, hay que conservarla en frío y caduca a los 48 meses.

Incluso con el espectacular aumento de casos, la sífilis sigue siendo relativamente rara. Más de 7 millones de personas viven en Tennessee, y en 2019, los proveedores de todo el estado informaron 683 casos de sífilis.

Los departamentos de salud como el de Miller tratan a la mayor parte de los pacientes con sífilis. A la mayoría los envían sus médicos. El departamento trabaja con rastreadores de contactos para identificar y notificar a las parejas sexuales que podrían estar afectadas y realiza pruebas a los pacientes para detectar otras infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH.

«Cuando diagnosticas en el consultorio, piensa que solo estás viendo la punta del iceberg», afirmó Miller. «Necesitas un equipo de individuos para poder explorar y ver el resto del iceberg».

Esta historia es parte de una alianza que incluye a WPLN, NPR y KFF Health News.

Pennsylvania’s high court sides with township over its ban of a backyard gun range

Región

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Associated Press

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21/02/2024

Pennsylvania's-high-court-side — The Pennsylvania Judicial Center, home to the Commonwealth Court, is seen on Feb. 21, 2023, in Harrisburg, Pa. A township ordinance that limits firing guns to indoor and outdoor shooting ranges and zoning that significantly restricts where the ranges can be located do not violate the Second Amendment, Pennsylvania's Supreme Court ruled Wednesday, Feb. 21, 2024. (Photo: AP/Matt Rourke/File)

HARRISBURG, Pa. — A township ordinance that limits firing guns to indoor and outdoor shooting ranges and zoning that significantly restricts where the ranges can be located do not violate the Second Amendment, Pennsylvania’s Supreme Court ruled Wednesday.

The man who challenged Stroud Township’s gun laws, Jonathan Barris, began to draw complaints about a year after he moved to the home in the Poconos in 2009 and installed a shooting range on his 5-acre (2.02-hectare) property. An officer responding to a complaint said the range had a safe backstop but the targets were in line with a large box store in a nearby shopping center.

In response to neighbors’ concerns, the Stroud Township Board of Supervisors in late 2011 passed what the courts described as a “discharge ordinance,» restricting gunfire to indoor and outdoor gun ranges, as long as they were issued zoning and occupancy permits. It also said guns couldn’t be fired between dusk and dawn or within 150 feet (45.72 meters) of an occupied structure — with exceptions for self-defense, by farmers, by police or at indoor firing ranges.

The net effect, wrote Justice Kevin Dougherty, was to restrict the potential construction of shooting ranges to about a third of the entire township. Barris’ home did not meet those restrictions.

Barris sought a zoning permit after he was warned he could face a fine as well as seizure of the gun used in any violation of the discharge ordinance. He was turned down for the zoning permit based on the size of his lot, proximity to other homes and location outside the two permissible zoning areas for ranges.

A county judge ruled for the township, but Commonwealth Court in 2021 called the discharge ordinance unconstitutional, violative of Barris’ Second Amendment rights.

In a friend-of-the-court brief, the Pennsylvania attorney general’s office aligned with the township, arguing that numerous laws across U.S. history have banned shooting guns or target practice in residential or populated areas.

Dougherty, writing for the majority, said Stroud Township’s discharge ordinance “is fully consistent with this nation’s historical tradition of firearm regulation.» He included pages of examples, saying that «together they demonstrate a sustained and wide-ranging effort by municipalities, cities, and states of all stripes — big, small, urban, rural, Northern, Southern, etc. — to regulate a societal problem that has persisted since the birth of the nation.»

In a dissent, Justice Sallie Updyke Mundy said Barris has a constitutional right to “achieve competency or proficiency in keeping arms for self-defense at one’s home,” and that the Second Amendment’s core self-defense protections are at stake.

Pennsylvania’s high court throws out GOP lawmakers’ subpoena in 2020 presidential election case

Región

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Associated Press

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21/02/2024

Election workers at the Allegheny County Election Division warehouse in Pittsburgh process ballots from the 2022 Pennsylvania primary, June 1, 2022. Pennsylvania's highest court ruled Wednesday, Feb. 21, 2024, that Republican state lawmakers can no longer try to enforce a subpoena for election records they issued in 2021 in a quest inspired by former President Donald Trump’s baseless claims of fraud in the 2020 presidential election. (Photo: AP/Gene J. Puskar/File)

HARRISBURG, Pa. — Pennsylvania’s highest court ruled Wednesday that Republican state lawmakers can no longer try to enforce a subpoena for a wide range of election records they issued in 2021 in a quest inspired by former President Donald Trump’s baseless claims of fraud in the 2020 presidential election.

The court, in a brief order, dismissed three appeals in the case, vacated a lower court order and said the subpoena became “unenforceable” when the state Legislature’s two-year session ended in 2022.

A Republican-controlled state Senate committee issued the subpoena as part of what they called a “forensic investigation” of the 2020 presidential election as Trump and his allies applied pressure in battleground states where Trump lost to Democrat Joe Biden to investigate ballots, voting machines and voter rolls for evidence to support their baseless claims about election fraud.

The subpoena, issued to Pennsylvania’s state elections office, has been on ice for more than two years amid several court challenges. Senate Republicans never issued any sort of public report stemming from their investigation or subpoena, and they did not immediately say Wednesday whether they will look to issue another subpoena.

The ruling is effectively a victory for the state attorney general’s office, Senate Democrats and several voter groups, who had gone to court to try to block the subpoena.

“It was a ton of work and a lot of commotion, and the case goes out with a whimper,” said Witold J. Walczak, legal director of the American Civil Liberties Union of Pennsylvania, which represented the voter groups. “But fortunately, in our view, no damage was done.”

Democrats had argued that the subpoena was an abuse of legislative power, served no legitimate legislative purpose and stemmed from Trump’s efforts to undermine trust in the results of the 2020 presidential election.

Voter groups and the attorney general’s office had argued that some of the detailed election records it sought — such as the driver’s license numbers of 9 million registered voters — is barred from public disclosure by privacy laws. The state also argued that information Republicans had sought about election systems was barred from public disclosure by federal law.

The high court’s order vacates last year’s decision by the lower Commonwealth Court, which said it would leave it up to the Senate to enforce its own subpoena under the state’s contempt laws. All sides appealed aspects of the ruling, while the ACLU had viewed the lower court’s decision as dangerous because of the privacy implications for voters.

The idea of election audits or investigations was propelled by Trump’s most ardent supporters in battleground states, including Pennsylvania, where Trump lost the 2020 election to Democrat Joe Biden.

Republicans in Pennsylvania subsequently spent hundreds of thousands of dollars on legal bills and an election investigation contractor that has yet to issue a public report on its findings.

An Associated Press investigation into potential cases of voter fraud in Pennsylvania and the five other battleground states where Trump disputed his loss to Biden in 2020 found a minuscule number of cases.

Election officials in 11 of the state’s 67 counties identified a total of 26 possible cases of voter fraud, representing 0.03% of Biden’s margin of victory. He defeated Trump in Pennsylvania by more than 80,000 votes, according to the state’s certified results.

Cerca de 10 millones ya perdieron Medicaid, y todavía faltan meses de purga

Por

Phil Galewitz/KHN

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21/02/2024

A la mitad del proceso de un año que ya es la mayor purga de beneficiarios de Medicaid, la inscripción en el programa de seguro de salud administrado por el gobierno está en camino de volver a niveles aproximadamente previos a la pandemia.

Medicaid, que cubre a personas de bajos ingresos y discapacitadas, y el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP) relacionado, crecieron hasta alcanzar un récord de 94 millones de inscritos como resultado de una regla que prohibía a los estados terminar la cobertura durante la emergencia de salud pública por covid.

Pero desde abril pasado, los estados han eliminado a más de 16 millones de personas de los programas en un proceso conocido como «desmantelamiento», según estimaciones de KFF a partir de datos estatales.

Si bien muchos beneficiarios ya no califican porque sus ingresos aumentaron, millones han sido eliminados por razones de procedimiento, como no responder a los avisos o no devolver la documentación necesaria. Pero a la vez, millones se han reinscripto o inscripto por primera vez.

El resultado neto: la inscripción ha disminuido en aproximadamente 9,5 millones de personas desde el máximo histórico alcanzado en abril, según KFF. Eso pone a la inscripción en Medicaid y CHIP en camino de volver a las cifras pre pandémicas: alrededor de 71 millones de personas.

«Lo que estamos viendo no es muy diferente de lo que vimos antes de la pandemia, simplemente está sucediendo a una escala más grande y más rápido», dijo Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de políticas de salud de KFF.

El cambio en la inscripción ha sido desde hace tiempo una característica de Medicaid. Antes de la pandemia, alrededor de 1 millón a 1,5 millones de personas en todo el país perdían la cobertura de Medicaid cada mes, incluyendo a muchos que aún calificaban pero no renovaban su cobertura, explicó Levitt.

Lo que esta vez ocurre en un período más corto. En algunos aspectos, y en algunos estados, ha sido peor de lo esperado.

La administración Biden predijo que alrededor de 15 millones de personas perderían la cobertura de Medicaid o CHIP durante el período de purga, casi la mitad debido a problemas de procedimiento. Ambas predicciones resultaron bajas. Según los datos informados hasta ahora, más de 17 millones de personas perderán la cobertura, según KFF, el 70% debido a problemas con el procedimiento.

Pero alrededor de dos tercios de los 48 millones de beneficiarios a los que se les revisó la elegibilidad hasta ahora renovaron su cobertura. Cerca de un tercio la perdieron.

El gobierno federal ha dado a la mayoría de los estados 12 meses para completar esta purga.

Timothy McBride, economista de salud de la Universidad de Washington en St. Louis, dijo que la históricamente baja tasa de desempleo del país significa que las personas que pierden la cobertura de Medicaid tienen más probabilidades de encontrar una basada en el empleo o de poder pagar un plan en los mercados del Obamacare. «Esa es una razón por la que la caída en Medicaid no es mucho peor», dijo.

Hay grandes diferencias entre los estados. Por ejemplo, Oregon ha sacado solo al 12% de sus beneficiarios. El 75% ha sido renovado, según KFF. El resto está pendiente.

En el otro extremo del espectro, Oklahoma ha eliminado al 43% de sus beneficiarios, renovando la cobertura para solo el 34%. Alrededor del 24% está pendiente.

Los estados tienen reglas de elegibilidad variables, y algunos facilitan mantenerse inscrito. Por ejemplo, Oregon permite que los niños permanezcan en Medicaid hasta los 6 años sin tener que volver a solicitarlo. Todos los demás inscritos obtienen hasta dos años de cobertura independientemente de los cambios en los ingresos.

Jennifer Harris, defensora principal de políticas de salud para Alabama Arise, un grupo de defensa, dijo que la agencia de Medicaid de su estado y otras organizaciones sin fines de lucro se comunicaron bien con los inscritos sobre la necesidad de volver a solicitar la cobertura, y que el estado también contrató a más personas para manejar el aumento. KFF halló que el 29% de los beneficiarios en ese estado que tuvieron revisiones de elegibilidad fueron eliminados por cuestiones de procedimiento, encontró KFF.

«Las cosas están equilibradas en Alabama», dijo, apuntando que a cerca del 66% de a los se les renovó la cobertura.

Uno de los pocos estados que se ha negado a expandir Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), Alabama tenía alrededor de 920,000 inscritos en Medicaid y CHIP en enero de 2020. Esa cifra aumentó a alrededor de 1,2 millones en abril de 2023.

Joan Alker, directora ejecutiva del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, dijo que sigue preocupada porque la caída de la inscripción entre los niños puede ser mayor que lo habitual.

Durante la purga, 3.8 millones de niños han perdido la cobertura de Medicaid, según los datos más recientes del centro. «Muchos más niños están quedando fuera ahora que antes de la pandemia», dijo Alker.

Y cuando los sacan, muchas familias luchan por volver a inscribirlos, dijo. «Todo el sistema está saturado y la capacidad de las personas para volver a inscribirse de manera oportuna es más limitada», agregó.

La gran pregunta, dijo Levitt, es cuántas de las millones de personas eliminadas de Medicaid ahora están sin cobertura.

Utah fue el único estado que encuestó a los desafiliados, y descubrió que alrededor del 30% estaban sin seguro. Muchos de los restantes encontraron cobertura de salud por un empleo o se inscribieron en cobertura subsidiada a través de ACA

Lo que ha sucedido a nivel nacional sigue siendo poco claro.

Esta historia fue producida por KFF Health News, una redacción nacional enfocada en el tratamiento en profundidad de temas de salud, que es uno de los principales programas de KFF, la fuente independiente de investigación de políticas de salud, encuestas y periodismo.

Piden regulaciones más estrictas para alquileres de corto plazo en Puerto Rico

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Associated Press

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21/02/2024

Piden-regulaciones-más-estrictas-para-alquileres-de-corto-plazo-en-Puerto-Rico — Una bandera puertorriqueña en el muelle de la laguna Condado en San Juan, Puerto Rico, el 30 de septiembre de 2021. (Foto: AP/Carlos Giusti)

San Juan, Puerto Rico. — Los activistas quieren regulaciones más estrictas para los alquileres de corto plazo en Puerto Rico, donde hay un número creciente de inquilinos desplazados y un aumento en los costos de la vivienda, según un informe publicado el miércoles por la Federación Hispana.

El número de unidades para alquileres de corto plazo en Puerto Rico saltó a más de 25.000 en 2022, desde unos 1.000 en 2014, según el informe encargado por la fundación.

Encontró que, si bien los alquileres a corto plazo crean empleos, atraen visitantes y generan más opciones de transporte, los inquilinos están enfrentando desalojos, el costo de los bienes ha aumentado en medio de una crisis económica y algunas áreas ecológicas han sido destruidas durante las nuevas construcciones.

“Esto ha llegado a un punto en el que los impactos son realmente palpables en Puerto Rico”, dijo en entrevista Charlotte Gossett Navarro, directora en jefe de la fundación en Puerto Rico.

Un factor clave en el aumento de los alquileres a corto plazo fue el huracán María, que azotó la isla en septiembre de 2017. Después, muchas personas emigraron al territorio continental de Estados Unidos, mientras que decenas de nuevos inversores llegaron a la isla para comprar casas y propiedades.

Eso llevó a una reducción en la disponibilidad y asequibilidad de la vivienda, dijo Gossett, y agregó que otros factores, incluida la pandemia, también son culpables.

Dulce del Río Pineda, que ha vivido 40 años en la isla de Culebra, justo al este de Puerto Rico, dijo que notó un gran cambio en el mercado inmobiliario en los últimos siete años con la afluencia de alquileres a corto plazo.

“Es un beneficio económico”, señaló. “A la misma vez, tenemos a nuestros jóvenes, sobre todo, que se encuentran sin una esperanza de poder adquirir su hogar. Es una manera de ir desvaneciendo nuestra comunidad”.

La exmaestra de educación especial de 64 años destacó que la desigualdad social también se ha vuelto más dramática. Algunas casas en Culebra, un popular destino turístico, ahora cuestan entre 4 y 8 millones de dólares.

Un día antes de la publicación del informe, Airbnb emitió un comunicado diciendo que apoya la “regulación inclusiva” de los alquileres a corto plazo.

La empresa de alquileres de corto plazo —responsable de la mayor parte de este fenómeno— también respaldó un proyecto de ley que pedía asignar el 5% de los ingresos por impuestos sobre las habitaciones a los municipios, pero los legisladores votaron en contra.

La compañía dijo que ha generado más de 70 millones de dólares en ingresos por impuestos para la isla.

Gobierno de EE. UU. evaluará inteligencia artificial de código abierto o cerrado

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Associated Press

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21/02/2024

El gobierno del presidente Joe Biden iniciará un polémico debate sobre si los sistemas más poderosos de inteligencia artificial deberían ser de fuentes de código abierto o cerrado.

La Casa Blanca informó el miércoles que buscará opiniones públicas sobre los riesgos y beneficios de tener los componentes clave de un sistema de inteligencia artificial disponibles públicamente para que cualquiera los utilice y modifique. El sondeo es una pieza de una orden ejecutiva más amplia que Biden promulgó en octubre para abordar la tecnología de rápida evolución.

Las empresas tecnológicas están divididas sobre qué tan abiertos deben ser los modelos de inteligencia artificial, algunos enfatizan los peligros de tener los componentes demasiado accesibles y otros señalan que la ciencia abierta es importante para científicos y empresas de reciente creación. Entre los promotores más vocales de un método abierto han sido Meta Platforms, dueño de Facebook, e IBM.

La orden de Biden describe modelos abiertos con el nombre técnico de “modelos fundacionales de uso dual con pesos ampliamente disponibles” y dice que necesita más estudio. Los pesos (weights) son valores numéricos que influyen en el desempeño de un modelo de inteligencia artificial.

Cuando esos pesos se colocan públicamente en internet, “puede haber sustanciales beneficios para la innovación, pero también importantes riesgos de seguridad, por ejemplo, la eliminación de las salvaguardias dentro del modelo”, dice la orden de Biden. El presidente dio a la secretaria de Comercio Gina Raimondo hasta junio para hablar con expertos y obtener recomendaciones sobre los potenciales beneficios y riesgos.

Ahora, la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) del Departamento de Comercio dijo que abrirá un período de comentarios de 30 días para presentar ideas que se incluirán en un informe al presidente.

“Una noticia alentadora es que para los expertos está claro que no se trata de una cuestión binaria. Hay gradientes de apertura”, dijo Alan Davidson, subsecretario de Comercio y administrador de la NTIA. Davidson dijo a los periodistas el martes que es posible encontrar soluciones que promuevan tanto la innovación como la seguridad.

Analysis: Amid a wide-open playoff race, a wide-open NBA MVP race might be brewing as well

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Associated Press

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21/02/2024

mvp — Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander answers a question during media day at the NBA All-Star basketball game in Indianapolis, Saturday, Feb. 17, 2024. (Photo: AP/Michael Conroy)

The new rule that rendered Philadelphia’s Joel Embiid ineligible for a second consecutive NBA MVP award because he’s missing too many games has the potential to create something the league hasn’t seen in almost two decades.

That would be a wide-open MVP race.

Steve Nash won the MVP award for the 2005-06 season with only 46% of the first-place votes, marking the last time somebody won the NBA’s top individual honor without having his name atop more than half of the ballots.

The winner in every season since has gotten at least 50% of the first-place votes — and Stephen Curry even got 100% when he was MVP in 2016. This year sure seems like it could go differently, with several players in the realistic mix coming out of the All-Star break.

“There’s a lot of guys,” Boston forward Jaylen Brown said. “Who knows what the actual criteria is, to how it goes. I’ve had questions about a lot of different things that goes into stuff. But, you know, I guess we’ll see.”

Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo (34) looks to shoots over Denver Nuggets center Nikola Jokic (15) during the second half of an NBA All-Star basketball game in Indianapolis, Sunday, Feb. 18, 2024. (Photo: AP/Darron Cummings)

Denver’s Nikola Jokic certainly could end up with the award for the third time in four years. Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo may be in the mix for his third MVP as well. Oklahoma City’s Shai Gilgeous-Alexander was fifth last season and should be higher this year. Dallas’ Luka Doncic will likely be on plenty of ballots. If the Los Angeles Clippers keep playing the way they have been over the last couple months, don’t be surprised if a case gets made for Kawhi Leonard.

“Kawhi should definitely be in that conversation,” Clippers forward Paul George said. “But there’s a lot of guys. You talk about Shai, you talk about Luka, you talk about Jokic. There’s a lot of guys out West and even out East, there’s a lot of guys doing a hell of a job representing their team.”

Brown believes his Celtics teammate Jayson Tatum should be atop the MVP list. It’s a reasonable argument; Tatum is the best player on the team with the best record in the league and his averages of 27 points, nearly nine rebounds and nearly five assists per game certainly merit award consideration. A player has finished a season with those averages 26 times over the years; of those, nine have won that season’s MVP award.

Except this season, there are at least two other players — Doncic and Antetokoumpo — averaging that many points, rebounds and assists. Embiid was as well before he got hurt; it’s unclear when or if he’ll be back, but even if he does return he won’t be eligible for the MVP and probably won’t meet the threshold to rank among statistical leaders, either.

Dallas Mavericks guard Luka Doncic (77) drives on Milwaukee Bucks guard Damian Lillard (0) during the first half of an NBA All-Star basketball game in Indianapolis, Sunday, Feb. 18, 2024. (Photo: AP/Darron Cummings)

Part of the challenge of selecting an MVP is this: There’s no absolute definition. To some, it might mean “best player.” To others, it might mean “most valuable to his team.” And if that’s the case, it might be time to look at Cleveland’s Donovan Mitchell.

The Cavs are an NBA-best 23-5 since mid-December. They’re currently No. 2 in the Eastern Conference, when probably very few thought they’d be there. Mitchell is averaging 28.4 points, 6.3 assists, 5.4 rebounds and 1.9 steals – all career-highs.

He wants to be MVP. He knows he doesn’t get mentioned. He can’t figure out why.

“I feel like the work shows for itself. I’m not one to go out there and vocalize,” Mitchell said. “Just want to go out there and do it. Ultimately, it’s not up to me. At the end of the day, they don’t put my name in there. They don’t want to. I’m just going to continue to play the level I’m playing at.”

Gilgeous-Alexander is leading another surprise story in Oklahoma City. The Thunder haven’t won a playoff series since 2016; right now, they’re No. 2 in the West thanks in large part to the Canadian guard with averages of 31.1 points, 6.5 assists, 5.5 rebounds and 2.2 steals per game.

Cleveland Cavaliers’ Donovan Mitchell prepares to shoot during the 3-point contest at the NBA basketball All-Star weekend, Saturday, Feb. 17, 2024, in Indianapolis. (Photo: AP/Darron Cummings)

The only person to finish a season with all those averages: Michael Jordan, who did it 1988-89 – but didn’t win MVP that season. Go figure.

“He is more in the MVP race, I think, than people realize,” Orlando coach Jamahl Mosley said of Gilgeous-Alexander. “I mean, this is something special.”

Gilgeous-Alexander said he’s just going to keep blocking out any noise about awards or playoffs or anything besides who the Thunder play next.

“For me, it’s not any more difficult,” Gilgeous-Alexander said. “I think I’ve learned through experience — and obviously as a young kid it’s easy to get caught up in it, just going back to high school and rankings and things like that. I’ve just found so much success from, not blocking it out, but not letting it faze me or control me.”

So, there’s a playoff race. There’s also an MVP race. Often by this time, it’s pretty easy to say that this guy or that guy will win. That’s not the case right now, and it only might get more muddled the rest of the way.

Which would be a great thing.

Jill Biden anuncia partida de 100 millones para investigación en salud femenina

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Associated Press

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21/02/2024

Jill Biden anunció el miércoles una partida de 100 millones de dólares de fondos federales para investigación y desarrollo en salud femenina, dentro de una nueva iniciativa de la Casa Blanca dirigida por ella.

El financiamiento es el primer hito de la Iniciativa de la Casa Blanca para la Investigación en Salud de la Mujer, que se anunció el año pasado. La partida procede de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud (ARPA-H, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Está previsto que la primera dama anuncie el Sprint ARPA-H para la Salud de la Mujer durante un acto el miércoles en Cambridge, Massachusetts.

Biden ha dicho que las mujeres no saben lo suficiente acerca de su salud porque, históricamente, la investigación ha carecido de fondos y ha sido escasa. La iniciativa de la Casa Blanca busca cambiar el enfoque e incrementar el financiamiento de la investigación en este campo.

“Cerraremos las brechas, aceleraremos las nuevas ideas y cambiaremos la vida de las mujeres», afirmará la primera dama, según extractos del discurso preparado compartido con The Associated Press.

“Construiremos un sistema de salud que ponga a las mujeres y sus experiencias vividas en su centro (…) en el que ninguna mujer o niña no tenga que oír que ‘está todo en su cabeza’ o que ‘solo es estrés’; en el que las mujeres no sean una idea de último momento, sino la primera, y donde las mujeres no solo sobrevivan, sino que lleven vidas largas, sanas y felices», añadirá.

Joe Biden creó ARPA-H en 2022 para trabajar en avanzar en la búsqueda de soluciones para problemas sanitarios. La agencia forma parte de lo que llama su “agenda de unidad”.

En las próximas semanas, la agencia solicitará ideas para investigaciones y desarrollos pioneros para abordar la salud femenina, según la Casa Blanca.

La primera dama dijo el año pasado, cuando se anunció la iniciativa de la Casa Blanca, que surgió de una reunión que mantuvo con Maria Shriver, activista por la salud femenina y y ex primera dama de California.

US appeals court to decide if Pennsylvania mail-in ballots with wrong date still count

Por

Associated Press

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20/02/2024

EXPLAINER-How-mailed-ballots-slow-results-in-Pennsylvania — Un trabajador electoral continúa el proceso de conteo de boletas para las elecciones primarias de Pensilvania, el miércoles 18 de mayo de 2022, en la Junta Electoral del Condado de Mercer en Mercer, Pensilvania. El conteo de votos continúa mientras los candidatos republicanos Dr. Mehmet Oz y David McCormick están encerrados en una carrera demasiado pronto para llamar a la candidatura republicana muy disputada de Pensilvania para un escaño abierto en el Senado de los EE. UU. (Foto: AP/Keith)

PHILADELPHIA (AP) — A federal appeals court must decide if Pennsylvania voters need to put accurate handwritten dates on the outside envelopes of their mail-in ballots for the votes to count, a dispute with implications for this year’s presidential contest.

The 3rd U.S. Circuit Court of Appeals held oral arguments in Philadelphia Tuesday over a district judge’s ruling in November that even without the proper dates, mail-in ballots should be counted if they are received in time.

Ari Savitzky, a lawyer with the American Civil Liberties Union representing several voter groups, told the court that more than 10,000 ballots in Pennsylvania were disqualified in 2022 based on what he called “a meaningless paperwork error.” He argued that the “materiality provision” of the 1964 Civil Rights Act was designed to prevent that.

“An immaterial mistake on a piece of paperwork doesn’t go to the deficiency or validity of the ballot itself,” he argued before the three-judge panel.

U.S. Circuit Judge Cindy K. Chung, who was appointed to the bench by President Joe Biden, asked where judges should draw the line between meaningless and material errors that can render the ballots invalid.

“Is there a difference between non-compliance — where you totally leave off the date — and imperfect compliance, where you have the date but you got the year wrong?” she asked.

Lawyer John M. Gore, representing state and national Republican groups challenging a district court ruling last year, said “the right to vote is not denied” when the state qualifies someone to vote, sends them a ballot and then rejects the ballot “because they failed to follow Pennsylvania law.”

In Pennsylvania, Democrats have been far more likely to vote by mail than Republicans under an expansion of mail-in ballots enacted in 2019. Republican lawmakers agreed to the change in exchange for an end to “straight-party voting” that they saw as a longtime Democratic advantage. In 2022, about 1.2 million Pennsylvanians voted by mail.

When the COVID-19 pandemic began, the consequences of the expanded mail-in ballot rules became more pronounced, and the partisan vote-by-mail gap was widened by President Donald Trump’s opposition to mail-in ballots during his failed 2020 reelection campaign.

U.S. District Judge Susan Paradise Baxter, a Trump appointee, ruled last year that county boards of election may no longer reject mail ballots that lack accurate, handwritten dates on their return envelopes. She said the date — mandated by state law — is irrelevant in helping elections officials decide whether the ballot was received in time or whether the voter is qualified to cast a ballot.

The Pennsylvania groups challenging the date mandate argue it allows the state to disenfranchise voter over meaningless mistakes, violating provisions of the U.S. Civil Rights Act of 1964. The suit was filed by state chapters of the NAACP, the League of Women Voters, Common Cause, the Black Political Empowerment Project and other groups.

Baxter said elections officials do not use the date on the outer envelope to determine whether the vote should be counted.

“The important date for casting the ballot is the date the ballot is received. Here, the date on the outside envelope was not used by any of the county boards to determine when a voter’s mail ballot was received in the November 2022 election,” Baxter wrote.

La ceguera social e institucional, otra barrera para los invidentes en República Dominicana

Por

EFE

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20/02/2024

La ceguera social e institucional, otra barrera para los invidentes en República Dominicana 1 — Scott Feliz (2d), Libel Jiménez (i) y Albalina Jiménez (2i), personas invidentes, fueron registradas el pasado 10 de febrero al recorrer una estación del metro en Santo Domingo (República Dominicana). (Foto: EFE/Orlando Barría)

Santo Domingo.- Albalina y Scott charlan sobre la odisea a la que se enfrentan cada día como invidentes en República Dominicana, donde la ceguera social se une a la falta de espacios adaptados a personas con discapacidad, condenándoles a desenvolverse sin apoyos en un entorno urbano hostil.

La ausencia de señalización y de accesibilidad en calles y medios de transporte supone que salir de casa se convierta en un acto cotidiano de valentía y superación.

«Esto es sobrevivir, no es vivir», afirmó a EFE Scott Feliz, que fue perdiendo la visión hasta quedar completamente ciego hace cuatro años.

Caminar, una actividad de riesgo

Para un ciego hay «muchos problemas para caminar» por la calle, no solo por las barreras arquitectónicas, también porque las aceras están tomadas por vehículos, puestos de comida o basura acumulada, hay agujeros, alcantarillas sin tapa. Ante esa carrera de obstáculos, optan por arriesgarse a andar por la calzada.

«Aparte, no hay señalizaciones», como pudo comprobar EFE al acompañar a Scott y otras dos jóvenes con bajo grado de visión, todos armados con sus bastones blancos para moverse por una ciudad estridente como pocas, lo que dificulta aún más la rutina de los ciegos, que se desorientan con el ruido.

Aunque «lo peor es caerse en un hoyo», dijo Scott, por experiencia propia y con admirable buen humor. «Todas las personas ciegas de República Dominicana se han caído por lo menos cinco veces en uno».

Y, si hubiera semáforos inteligentes con señales acústicas, en los cruces sería muchísimo más fácil desenvolverse sin exponerse a un atropello, pero solo hay dos en todo el país, uno en Santo Domingo y otro en Santiago (norte).

La seguridad del Metro

También los medios de transporte suponen un problema. ”Cuando nos toca abordar las guaguas públicas y los carros, estamos desubicados porque no tienen ninguna orientación para uno saber hacia dónde va, no tienen ningún sonido que te indique dónde se están deteniendo para saber dónde vas a bajar”, explicó Libel Jiménez.

Aunque hay aspectos por mejorar para garantizar su autonomía, el Metro de Santo Domingo es el único transporte público que les da cierta seguridad.

Primero, porque reciben ayuda del personal para acceder al andén y al convoy. Segundo, porque en el suelo de las estaciones hay líneas de desplazamiento, señalización formada por estrías de distintos relieves. Ninguna calle en Santo Domingo cuenta con este sistema de guía básico para los invidentes.

Para Albalina Jiménez llegar al metro supone un alivio tras la tensión de caminar entre el caos de la ciudad para ir al trabajo o la universidad. Pero cuando hay aglomeraciones, al resto de usuarios parece sobrevenirles una ceguera repentina. No la ven. No existe una educación cívica en ese sentido.

Pocos apoyos

Recibir una ayuda del Estado es «difícil», se puede optar a pensiones solidarias, pero suponen la incapacitación del beneficiario, y Scott aspira a «ser una persona independiente», puesto que puede trabajar y sigue formándose.

Además, los conocimientos indispensables para alguien con problemas visuales no los proporciona el Estado (es la discapacidad que menos ayudas recibe, según Scott), sino el asociacionismo y las fundaciones. En la antigua Escuela Nacional de Ciegos enseñan a utilizar el bastón, leer braille, desplazarse y tener una identidad clara.

Los invidentes tienen también el apoyo de la Fundación Francina, que dona bastones, y del Instituto Técnico Vocacional de Personas con Discapacidad, que ayuda con la orientación y movilidad, así como la Fundación Dominicana de Ciegos y la Fundación Tecnológica para Ciegos (Funtel).

Aunque la Ley sobre discapacidad en República Dominicana ampara y garantiza la igualdad de derechos y oportunidades, no se aplica de forma efectiva, según Isabel Benedé, miembro fundadora y vicepresidenta de Red LUNA de Mujeres Dominicanas con Discapacidad Visual.

La norma recoge todos los principios y recomendaciones internacionales y establece la creación del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) como órgano gestor y rector. Pero a efectos prácticos no funciona, «no se están viendo los resultados esperados”, afirmó.

Para Benedé, “todo lo que se ha podido conseguir a nivel de discapacidad ha sido gracias al trabajo de estas asociaciones” y su labor en aspectos como capacitación para la inclusión laboral, apoyo para la búsqueda de empleo, rehabilitación, movilidad, uso del bastón…

Aunque la discapacidad visual es una de las más comunes en el país, junto a la físico-motora, «no disponemos de cifras exactas de su prevalencia», señaló el asesor del Poder Ejecutivo en materia de inclusión de personas con discapacidad, Pedro Acevedo.

Se habla de unas 300.000 personas, pero es un dato enteramente especulativo, basado en cifras del censo de 2010 y la Encuesta Enhogar 2012.

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