Un niño juega a un videjuego. (Foto: EFE/Remko De Waal/Archivo)
Los niños cuyos padres tienen reglas estrictas sobre el uso de los móviles durante la noche duermen en promedio 40 minutos más cada noche, lo que repercute en mejor salud y rendimiento académico, indica una investigación de la Universidad de Ginebra (Unige) publicada en Discover Public Health.
El estudio, realizado mediante cuestionarios a 329 estudiantes de entre 13 y 15 años en 2021, mostró que los escolares cuyos padres prohíben el uso de teléfonos en los dormitorios, o su uso en la noche, llegan a dormir más de cuatro horas y media extra cada semana.
Más tiempo de sueño a una edad en la que se recomienda dormir nueve horas, pero en la que muchos adolescentes a menudo descansan entre siete y ocho, repercute en mejor memoria, atención y estabilidad emocional, reduciendo además el riesgo de ansiedad y depresión, destacó la Unige en un comunicado sobre este estudio.
«Los padres deben involucrarse, porque ello influye en la salud y el éxito de sus hijos», subrayó el doctorando del Departamento de Neurociencia Básica de la Unige Kevin Mammeri, principal autor de la investigación.
Las escuelas también deben jugar un rol con talleres de concienciación sobre la importancia del sueño en un momento en el que «muchos estudiantes se van a la cama con su móvil y no hay clara distinción entre el tiempo de sueño y el de internet», en palabras de la neurocientífica Virginie Sterpenich.
Anteriores estudios en Suiza indicaron que el número de adolescentes que pasa más de cuatro horas del día frente a una pantalla se multiplicó por 12 entre 2012 y 2020.
El papa León XIV hace un gesto a su llegada a su audiencia semanal, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 1 de octubre de 2025. (Foto: AP/Gregorio Borgia)
León XIV ha intervenido por primera vez en una disputa sobre el aborto que agita a la Iglesia católica en Estados Unidos, planteando la aparente contradicción sobre lo que realmente significa ser «provida».
El pontífice, nacido en Chicago, fue preguntado el martes por la noche acerca de los planes del cardenal de Chicago, Blase Cupich, de otorgar un premio por su trayectoria al senador de Illinois, Dick Durbin, por su trabajo ayudando a los migrantes. La propuesta suscitó objeciones por parte de algunos obispos conservadores del país, dado el apoyo del influyente senador demócrata al derecho al aborto.
León pidió, en primer lugar, respeto para ambas partes, pero también señaló la aparente contradicción en estos debates.
«Alguien que dice ‘Estoy en contra del aborto, pero estoy a favor de la pena de muerte’ no es realmente provida», afirmó. «Alguien que dice ‘Estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos’, no sé si eso es ser provida».
El papa habló horas antes de que Cupich anunciara que Durbin había rechazado el premio.
La doctrina de la Iglesia prohíbe el aborto, pero también se opone a la pena capital. El papa Francisco cambió oficialmente las enseñanzas de la institución en 2018 para decretar que la pena de muerte es «inadmisible» en todas las circunstancias. Los obispos de Estados Unidos y el Vaticano han pedido enérgicamente un trato humano para los migrantes, citando el mandato bíblico de «acoger al extranjero».
León señaló que no estaba familiarizado con los detalles de la disputa sobre el reconocimiento a Durbin, pero afirmó que, no obstante, era importante observar el historial general del senador y destacó sus 40 años en política. Respondiendo a una pregunta en inglés del medio estadounidense EWTN News, señaló que había muchos temas éticos que constituyen la enseñanza de la Iglesia católica.
“No sé si alguien tiene toda la verdad sobre ellos, pero pediría, ante todo, que haya un mayor respeto mutuo y que busquemos juntos, tanto como seres humanos, en ese caso como ciudadanos estadounidenses o ciudadanos del estado de Illinois, así como católicos, para decir que necesitamos examinar de cerca todos estos temas éticos y encontrar el camino a seguir en esta Iglesia. La enseñanza de la Iglesia sobre cada uno de esos temas es muy clara”, dijo.
Cupich fue un estrecho colaborador de Francisco, quien defendió firmemente la doctrina eclesiástica contraria al aborto, pero también criticó la politización del debate por parte de los obispos estadounidenses. Algunos de ellos pidieron que se niegue la comunión a los políticos católicos que apoyan el derecho al aborto, incluido el expresidente, Joe Biden.
Biden se reunió en varias ocasiones con el difunto pontífice argentino y, en 2021, dijo a reporteros que Francisco le había dicho que continuara recibiendo la comunión. Durante una visita a Roma ese año, recibió el sacramento en una misa en la diócesis del papa.
A Durbin se le prohibió recibir la comunión en su diócesis natal de Springfield en 2004. El obispo de Springfield, Thomas Paprocki, ha mantenido la prohibición y fue uno de los que se opuso firmemente a la decisión de Cupich. Por su parte, Cupich considera a Durbin miembro de la archidiócesis de Chicago, donde el político tiene también una residencia.
En su declaración acerca de la decisión de Durbin, Cupich lamentó que la polarización en Estados Unidos haya creado una situación en la que los católicos estadounidenses “se encuentran políticamente sin hogar”, ya que ni el partido republicano ni el demócrata reflejan completamente la amplitud de la doctrina católica.
Defendió el reconocimiento a la labor migratoria de Durbin, y dijo que el acto previsto para el 3 de noviembre podría haber sido una ocasión para involucrarlo a él y a otros líderes políticos con la esperanza de presentar la visión de la Iglesia sobre otras cuestiones, incluido el aborto.
«Podría ser una invitación a los católicos que promueven incansablemente la dignidad de los no nacidos, los ancianos y los enfermos para extender el círculo de protección a los migrantes que enfrentan en este momento una amenaza existencial para sus vidas y las vidas de sus familias», escribió Cupich.
La disputa surgió en plena campaña del gobierno del presidente Donald Trump contra los migrantes en la zona de Chicago.
Vista general de la Casa Blanca. (Foto: EFE/Michael Reynolds)
La incapacidad de republicanos y demócratas para acordar un presupuesto antes de la fecha límite fijada para este miércoles ha activado un cierre del Gobierno Federal de EE. UU. que por el momento afecta a servicios no esenciales pero que podría comprometer otras funciones de la Administración Central si se prolonga el bloqueo legislativo.
Los dos partidos tenían hasta las 23.59 hora local del 30 de septiembre, cuando concluía el año fiscal, para aprobar unos fondos que permitieran seguir funcionando plenamente a las agencias del Gobierno.
Hasta el martes, los republicanos solo lograron agenciarse dos de los siete votos demócratas que necesitaban en el Senado para aprobar un paquete de financiación provisional que habría mantenido plenamente operativo al Gobierno otras siete semanas.
Por su parte, los demócratas tampoco lograron los 13 apoyos que requería su propuesta presupuestaria, que destina más financiación para la sanidad y que, al igual que el proyecto de ley republicano, fue rechazada hoy mismo en la Cámara Alta.
Para brindar los sufragios necesarios al paquete republicano los liberales han dicho que necesitan que se renueven subsidios del programa Obamacare que expiran este año y que se revoquen recortes en materia sanitaria incluidos en la gran ley de rebaja fiscal y presupuestaria que impulsó el presidente Donald Trump, algo que los conservadores solo quieren negociar una vez se aprueben las partidas económicas.
La clave reside ahora en cuánto durará esta suspensión parcial de operaciones de las agencias federales, que de momento no afecta a los servicios básicos en el país.
Las fuerzas de seguridad, el ejército, los aeropuertos o la seguridad social seguirán funcionando con normalidad, pero preocupa el hecho de que los funcionarios en estas áreas no cobrarán sus sueldos hasta que las dos bancadas resuelvan sus diferencias en el legislativo y aprueben un presupuesto nuevo.
En el último y más largo cierre parcial del Gobierno Federal en la historia de EE. UU., el que se prolongó durante un mes durante el primer mandato de Donald Trump, la decisión de 10 controladores aéreos que pidieron la baja por enfermedad provocó la suspensión temporal de operaciones en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York y retrasos en varios otros aeródromos importantes del noreste y sureste del país.
Este caos aéreo acabó desempeñando un papel fundamental para que las dos bancadas lograran un acuerdo para poner fin al cierre de Gobierno en enero de 2019.
Nuevos aranceles del 100 % a algunos medicamentos y del 25 % a los camiones pesados anunciados por el presidente de EE. UU., Donald Trump, entraron en vigor hoy miércoles, en una nueva vuelta de tuerca en la guerra comercial impulsada por el republicano tras su regreso al poder.
Trump, que por meses ha amenazado a las farmacéuticas con gravámenes, considera estas tasas como una medida de presión para que estas empresas del sector inviertan en el país y aumenten la producción local de medicinas esenciales.
El mandatario también ha expresado que esta es otra manera de reducir los costos que pagan los estadounidenses por medicamentos, algo que los analistas ponen en duda.
Según anunció Trump el pasado 25 de septiembre, los medicamentos patentados fabricados en el extranjero enfrentarán tasas del 100 % a partir de hoy.
Competencia desleal
El magnate también informó que a partir del 1 de octubre los camiones pesados tendrán tarifas del 25 %, impuestas debido a la «competencia externa desleal» que las importaciones de estos equipos suponen para los fabricantes estadounidenses.
La Administración no ha especificado detalles sobre las nuevas medidas o si estos montos se acumularán sobre los aranceles «recíprocos» que ya pesan sobre la mayoría de los socios comerciales de EE. UU.
En el caso de los camiones pesados, se espera que la medida no afecte prácticamente a este tipo de vehículos procedentes de México y Canadá, ya que están incluidos en el tratado T-MEC siempre que al menos el 64 % de sus partes hayan sido fabricados en Norteamérica.
Pero si se prevé que estos aranceles pesen especialmente sobre China, Vietnam y Tailandia, que juntos representan más del 70% de las importaciones estadounidenses de camiones de gran tonelaje.
Excepciones
El propio Trump ha insistido que los aranceles no serán aplicados a los medicamentos genéricos y las farmacéuticas que tengan proyectos de construcción en marcha, incluidos los anteriores a su Administración.
Grandes empresas como Eli Lilly y Pfizer han anunciado inversiones millonarias para la construcción, reubicación y expansión de sus fábricas, por lo que está previsto que eviten las tasas.
La Casa Blanca especificó a la CNN que honrará los acuerdos firmados con la Unión Europea y Japón, que limitan los aranceles al 15 %, un respiro para las europeas AstraZeneca, GSK, Novartis, Sanofi y Novo Nordisk.
Aranceles aplazados para los muebles
Este 1 de octubre debían entrar en vigor también las tarifas de entre el 30 % y el 50 % a las importaciones de mobiliario del hogar, tal y como anunció Trump esta semana, pero su Administración dijo este martes que aplazaría su aplicación al 14 de octubre, cuando también se activará un nuevo arancel del 25 % sobre la madera blanda.
Para los muebles, la subida será gradual y comenzará en un 25 %, que subirá a partir del 1 de enero de 2026 al 30 % para algunos muebles tapizados y hasta el 50 % en el caso de los gabinetes de cocina, tocadores de baño y otros productos relacionados.
El activista propalestino Mahmoud Khalil en una concentración para celebrar su libertad tras ser detenido por las autoridades migratorias, en Nueva York el 22 de junio del 2025. (AP foto/Olga Fedorova)
BOSTON— El Gobierno del presidente Donald Trump violó la Constitución al ir detrás de ciudadanos extranjeros para su deportación únicamente por expresar su apoyo a los palestinos y criticar a Israel, afirmó un juez federal el martes en un fallo que critica directa y agudamente al mandatario y sus políticas, las cuales calificó como graves amenazas a la libertad de expresión.
El juez de distrito William Young en Boston coincidió con varias asociaciones universitarias en que la política que describieron como deportación ideológica viola la Primera Enmienda, así como la Ley de Procedimiento Administrativo, la cual establece cómo las agencias federales desarrollan y emiten regulaciones. Young también determinó que la política era “arbitraria o caprichosa porque revierte la política anterior sin una explicación razonada”.
“Este caso —quizás el más importante que jamás haya caído dentro de la jurisdicción de este tribunal de distrito— presenta claramente la cuestión de si los no ciudadanos que están presentes legalmente aquí en Estados Unidos realmente tienen los mismos derechos de libertad de expresión que el resto de nosotros. El tribunal responde a esta pregunta constitucional de manera inequívoca: ‘sí, los tienen’”, escribió Young, un nominado del presidente republicano Ronald Reagan.
Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), emitió un comunicado en el que no abordó directamente el fallo, pero en el que aseguró que Young estaba “difamando y satanizando a las fuerzas federales”.
“A nuestros agentes del ICE se les debería agradecer por arriesgar sus vidas todos los días para arrestar a asesinos, pedófilos, violadores, miembros de pandillas y terroristas en lugar de ser vilipendiados por políticos de santuario”, aseguró, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por sus iniciales en inglés. «Es desalentador que incluso después del ataque terrorista y los recientes arrestos de alborotadores armados fuera de las instalaciones del ICE, este juez decida avivar las brasas del odio”.
Los demandantes aplaudieron el fallo.
“El intento del gobierno federal por deportar a estudiantes por sus opiniones políticas es un ataque a la Constitución y una traición a los valores estadounidenses», declaró Todd Wolfson, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios. “Este juicio expuso su verdadero objetivo: intimidar y silenciar a cualquiera que se atreva a oponerse a ellos. Si no luchamos, la policía ideológica de Trump no se detendrá en las voces propalestinas; vendrán por cualquiera que alce la voz”.
El fallo se produjo después de un juicio durante el cual los abogados de las asociaciones presentaron testigos que declararon que el gobierno federal había lanzado un esfuerzo coordinado contra estudiantes y académicos que habían criticado a Israel o mostrado simpatía por los palestinos.
“No desde la era de McCarthy los inmigrantes han sido el objetivo de una represión tan intensa por su discurso político legal”, indicó Ramya Krishnan, abogada principal del Instituto Knight de la Primera Enmienda, al tribunal. “La política crea una nube de miedo sobre las comunidades universitarias, y contradice la Primera Enmienda”.
Young celebrará una audiencia por separado sobre el alivio que solicitaron los demandantes, el cual probablemente será una solicitud para que la Casa Blanca deje de llevar a cabo deportaciones ideológicas.
Los abogados del gobierno presentaron testigos según los cuales no había una política de deportación ideológica como los demandantes sostienen.
“No hay una política para revocar visas sobre la base de discurso protegido”, señaló Victoria Santora al tribunal. “La evidencia presentada en este juicio mostrará que los demandantes están desafiando nada más que la aplicación gubernamental de las leyes de inmigración”.
John Armstrong, el funcionario principal de la Oficina de Asuntos Consulares, testificó que las revocaciones de visas se basaban en la ley de inmigración de larga data. Armstrong reconoció que desempeñó un papel en la revocación de visas de varios activistas de alto perfil, incluidos Rumeysa Ozturk y Mahmoud Khalil, y se le mostraron memorandos que respaldaban su expulsión.
Armstrong también insistió en que las revocaciones de visas no se basaban en discurso protegido y rechazó las acusaciones de que haya una política para ir detrás de alguien por su ideología.
Un testigo declaró que la campaña apuntó a más de 5.000 manifestantes propalestinos. De los 5.000 nombres revisados, los investigadores escribieron informes sobre aproximadamente 200 que potencialmente habían violado la ley, testificó Peter Hatch de la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE. Hasta este año, dijo Hatch, no podía recordar que un estudiante manifestante fuera referido para una revocación de visa.
Entre los sujetos del informe estaba el activista palestino y graduado de la Universidad de Columbia Khalil, quien fue liberado el mes pasado después de 104 días en detención de inmigración federal. Khalil se ha convertido en un símbolo de la represión de Trump sobre las protestas.
Otra fue la estudiante de la Universidad de Tufts Ozturk, quien fue liberada en mayo después de seis semanas en detención luego de que fue arrestada en una calle de los suburbios de Boston. Dijo que fue detenida ilegalmente después de un artículo de opinión que coescribió el año pasado en el que criticó la respuesta de su escuela a la guerra en Gaza.
Young acusó a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y al secretario de Estado Marco Rubio y sus agentes de abusar de sus poderes para apuntar a no ciudadanos con el fin de silenciarlos y, al hacerlo, “negar intencionalmente a tales individuos (incluidos los demandantes aquí) la libertad de expresión a la que tienen derecho”.
“Además, el efecto de estos procedimientos de deportación dirigidos continúa inconstitucionalmente enfriando la libertad de expresión hasta el día de hoy”, agregó.
Young también criticó a Trump en su fallo de 161 páginas, insinuando que apoyaba la política, aunque puede que no haya autorizado su operación. “Los hechos prueban que el propio presidente aprueba una supresión verdaderamente escandalosa e inconstitucional de la libertad de expresión” por parte de dos de sus secretarios de gabinete, escribió.
También utilizó su fallo para llamar la atención sobre lo que considera como un esfuerzo más amplio por parte de Trump para sofocar la disidencia y atacar a cualquiera con quien no esté de acuerdo, al tiempo que insta a los estadounidenses a enfrentar estas amenazas. Al hacer referencia a Reagan, quien tocó el tema de la fragilidad de la libertad cuando era gobernador de California, Young dijo que cree que Trump aprecia y entiende esas palabras, pero teme «que haya sacado de ellas un mensaje más oscuro y cínico”.
“Temo que el presidente Trump crea que el pueblo estadounidense está tan dividido que hoy no se levantará, luchará y defenderá nuestros valores constitucionales más preciados mientras se les haga pensar que no se afecta a sus propios intereses personales”, escribió.
Un periodista fue hospitalizado este martes tras recibir un empujón de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y caer al suelo mientras cubría una detención en un edificio federal en Nueva York señalado tras un incidente similar la semana pasada.
Tanto el contralor de la ciudad, Brad Lander, como la gobernadora del estado, Kathy Hochul, se hicieron eco en X deplorando la actuación de los agentes del ICE en el edificio 26 de Federal Plaza, que aloja un tribunal de inmigración, oficinas de la agencia y un denunciado espacio de detención.
«Otro ataque violento de un oficial del ICE a un civil en 26 Federal Plaza, esta vez a un periodista que tuvo que ser sacado en camilla. Otro ataque a la Primera Enmienda, nuestros vecinos y nuestra democracia», dijo Lander, que ha sido detenido varias veces en protestas en ese edificio.
«Agentes del ICE enmascarados empujaron e hirieron a periodistas hoy en Federal Plaza. Un reportero fue sacado en camilla. Este abuso de inmigrantes que cumplen la ley y los reporteros contando sus historias debe acabar. ¿Qué demonios estamos haciendo aquí?», agregó Hochul.
Según un vídeo del incidente publicado en Instagram por la periodista Stephanie Keith, dos mujeres entran en un ascensor del edificio escoltadas por agentes del ICE enmascarados, y se produce un tumulto cuando esos agentes agarran y lanzan fuera a un hombre que lleva una cámara.
En ese tumulto, se ve cómo otro agente empuja a una fotógrafa, que cae hacia atrás y al parecer arrastra a otro fotógrafo, y después este último parece haber sufrido alguna lesión que le impide moverse y trabajadores de emergencias se lo llevan en una camilla y con un collarín al cuello.
De acuerdo con el mensaje de Keith sobre el vídeo, «los agentes federales, mientras detenían a gente en el ascensor, lanzan al suelo a dos fotógrafos hiriendo a L. Vural Elinor, camarógrafo y videógrafo jefe de Andalou Agency, que fue sacado en una camilla».
Otros cargos y políticos demócratas de Nueva York criticaron el suceso, entre ellos el candidato a alcalde Zohran Mamdani, que recordó que hace poco «ICE empujó a una mujer que preguntaba por la detención de su marido» y «hoy atacaron a periodistas», y denunció una «violencia rutinaria».
El incidente se produce después de que la semana pasada causara revuelo un vídeo que capta cómo agentes del ICE tiran al suelo a una inmigrante que implora que no detengan a su marido, conducta a la que hacía referencia Mamdani y que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó de «inaceptable».
El agente señalado por ese incidente fue despedido, según divulgó la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, pero ayer trascendió que este se había reincorporado a su trabajo tras una «revisión» de los hechos.
The Pennsylvania State Capitol is reflected on the ground June 30, 2025, in Harrisburg, Pa. (AP Photo/Aimee Dilger, File)
HARRISBURG, Pa.— Pennsylvania’s counties, school districts and social service agencies are warning of mounting layoffs, borrowing costs and damage to the state’s safety net as the politically divided state government enters its fourth month of a budget stalemate.
The stalemate entangling Democratic Gov. Josh Shapiro, the Democratic-controlled House and the Republican-controlled Senate has stalled billions of dollars from going to schools and social services, and it has no certain end in sight as the federal government careens toward a shutdown.
The finger-pointing in Pennsylvania’s statehouse has fallen along partisan lines. Now it is a campaign trail topic as Republican state Treasurer Stacy Garrity prepares to challenge Shapiro’s bid for a second term in 2026’s election.
The grant-funded Jefferson-Clarion Head Start has laid off more than 50 staff while more than 300 families who had slots in state-funded pre-kindergarten programs have had to line up other arrangements, quit jobs or find ways to work from home.
One parent, Taylor Miller, said she is relying on babysitting help from her children’s grandparents who live a half-hour away while she completes her coursework to become a phlebotomy assistant. Her 3-year-old lost her six-hour daily preschool class, and her 18-month-old lost her weekly home-visit session with a teacher.
“This is the one thing that most children have, and they make friends, they socialize, they love to read and to learn and it’s just a great environment for the kids — and to have that taken away, only two weeks into the school year, it affects them, it hurts them,” Miller said.
The nonprofit Jefferson-Clarion Head Start, meanwhile, is on track to max out a $750,000 line of credit and has no guarantees that families and laid-off employees will return once state aid starts flowing again, executive director Pam Johnson said.
As October begins, county officials and human services providers say the damage is accelerating.
Lines of credit and reserves are running out, meaning deeper layoffs and more service shutdowns are inevitable, they say.
“Things are going to get exponentially worse in October,” said Kristen Rotz of the United Way of Pennsylvania, which surveyed over 100 social services agencies. “The impacts of this impasse are going to become much more real.”
Meanwhile, organizations that are using reserves to plug budget holes are missing out on the investment income on the cash that helps support their finances, officials say.
Without the governor’s signature on a new spending plan, Pennsylvania state government lost some of its spending authority starting July 1, and there is no trigger in the law to funnel aid to schools, counties or social services without an agreement.
The state is legally bound to make debt payments during a stalemate, cover Medicaid costs for millions of Pennsylvanians, issue unemployment compensation payments, keep prisons open and ensure state police are on patrol.
All state employees under a governor’s jurisdiction are typically expected to report to work and be paid as scheduled, so state offices are open.
But schools are missing out on an estimated $3.8 billion so far. The school board in Philadelphia, the state’s largest district, authorized the district to borrow up to $1.5 million, or three times the normal amount this time of year.
Universities, libraries and county health departments are also missing payments, Shapiro’s administration has said.
Armstrong County shut down senior centers and furloughed staff there, Westmoreland County issued furlough notices to 125 employees, and Lancaster and Chester counties warned that they will stop fronting entire reimbursements for social service providers.
Smaller social service agencies hit hard
Some smaller social services agencies have been hit hard.
Safe Berks, a domestic violence and sexual assault-prevention program serving Berks County, laid off several staff, took on debt and isn’t paying some bills or filling vacant positions, its CEO said.
County commissioners say waiting times for social services are growing, and laid-off caseworkers, counselors or social workers are unlikely to return to their jobs.
“How long does it take to train one of those workers, one of the social workers, the case workers, to get back out in the field?» said Dave Glass, a Clearfield County commissioner. «You could be losing a year or more.»
ARCHIVO. El presidente Donald Trump habla ante una reunión de mandos militares en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, el martes 30 de septiembre de 2025, en Quantico, Virginia.
El presidente Donald Trump propuso el martes utilizar ciudades estadounidenses como campos de entrenamiento para las fuerzas armadas y habló de la necesidad del poderío militar de Estados Unidos para combatir lo que llamó la «invasión desde dentro».
Dirigiéndose a una audiencia de altos mandos militares convocados abruptamente a Virginia, Trump esbozó una visión enérgica y a veces transgresora del papel del ejército en asuntos domésticos. Estuvo acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien declaró el fin de la cultura “woke” y anunció nuevas directrices para las tropas que incluyen estándares de aptitud física “neutros en cuanto al género” o “a nivel masculino”.
Los mensajes ponen de manifiesto los planes del gobierno de Trump no sólo para remodelar la cultura contemporánea del Pentágono, sino para alistar recursos militares para las prioridades del presidente y propósitos decididamente domésticos, incluyendo sofocar disturbios y el crimen violento.
“Deberíamos usar algunas de estas ciudades peligrosas como campos de entrenamiento para nuestro ejército”, manifestó Trump. “Estamos bajo una invasión desde dentro. No es diferente a un enemigo extranjero, pero más difícil en muchos sentidos porque no llevan uniformes”.
Las alocuciones de ambos se enmarcan en la idea de la actual Administración estadounidense de reimponer una «ética guerrera» en el Ejército que conecta con un concepto de la masculinidad tradicional y que busca dar portazo a las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las Fuerzas Armadas.
«Invasión desde dentro»
“Estamos sufriendo una invasión desde dentro”, dijo Trump ante los en torno a 800 altos cargos militares venidos de todo el mundo a una base de la Infantería de Marina en Quantico, a las afueras de Washington, después de que anunciara que desplegará tropas en la ciudad de Portland para proteger las instalaciones del Servicio de Control de Emigración y Aduanas (ICE) que han encarado protestas en los últimos días por los arrestos de migrantes impulsadas por su Gobierno.
La Administración Trump ha declarado además como organización terrorista al deslabazado y esquivo grupo Antifa como parte de su ofensiva contra lo que considera ataques de la «izquierda radical», exacerbada tras el asesinato del activista ultraconservador y aliado suyo Charlie Kirk.
El secretario de Guerra, Hegseth, ha despedido a varios altos cargos militares y llegó a decir que quería reducir en al menos un 20 % el número de generales de cuatro estrellas.
Se acabaron los soldados gordos y bardudos
El jefe del Pentágono insistió en que advirtió que es «completamente inaceptable» y «da mala imagen» ver a «generales y almirantes gordos», por lo que ordenó que todo miembro, sin importar el rango, debe realizar exámenes físicos y mediciones «dos veces al año, cada año de servicio».
Entre las 10 directivas anunciadas por Hegseth también se incluyen «estándares de aseo personal» para acabar con las «barbas, el cabello largo y las expresiones superficiales e individuales» y una revisión en «cada forma de educación militar profesional».
«No quiero que mi hijo sirva junto a tropas que no están en forma ni en unidades de combate con mujeres que no pueden cumplir con los mismos estándares físicos de combate que los hombres», insistió el líder de la cartera, rebautizada recientemente como Departamento de Guerra.
Hegseth convocó a cientos de líderes militares y sus principales asesores de todo el mundo a la base del Cuerpo de Infantería de Marina en Quantico sin revelar públicamente el motivo. Su discurso se centró en gran medida en puntos de discusión largamente utilizados que pintan un panorama de un ejército que ha sido obstaculizado por políticas “woke”, y dijo que la cúpula militar debería “hacer lo honorable y renunciar” si no le gusta su nuevo enfoque.
Aunque las reuniones entre mandos militares y líderes civiles no son nada nuevo, esta generó intensa especulación sobre su propósito dada la rapidez con la que fue convocada y el misterio que la rodeaba. El hecho de que almirantes y generales de zonas de conflicto fueran convocados para una conferencia sobre «raza» y género en el ejército subraya hasta qué punto las guerras culturales del país han emergido como un tema central en el Pentágono con Hegseth, incluso en un momento de amplias preocupaciones de seguridad nacional en todo el mundo.
“No seremos políticamente correctos”
Trump está acostumbrado a multitudes bulliciosas de seguidores que se ríen de sus chistes y aplauden sus alardes. Pero no obtuvo ese tipo de respuesta por parte de los militares presentes.
En consonancia con la tradición no partidista de las fuerzas armadas, los líderes militares permanecieron en su mayoría impasibles durante los comentarios politizados de Trump, lo que contrasta con la ovación que le dedicaron los soldados rasos durante su discurso en Fort Bragg este verano.
Trump animó a la audiencia al inicio de su discurso a aplaudir como desearan. Luego añadió: “Si no les gusta lo que estoy diciendo, pueden salir de la sala — por supuesto, ahí va su rango, ahí va su futuro”. Algunos en la multitud rieron.
Antes de que Trump subiera al escenario, Hegseth dijo en su discurso de casi una hora que el ejército ha promovido a demasiados líderes por las razones equivocadas basándose en cuotas de raza, género y “primeros históricos”.
“La era del liderazgo políticamente correcto, excesivamente sensible y que no quiere herir los sentimientos de nadie, se termina ahora mismo en todos los niveles”, expresó Hegseth.
Eso fue reiterado por Trump: “El propósito del ejército de Estados Unidos no es proteger los sentimientos de nadie. Es proteger nuestra república”.
“No seremos políticamente correctos cuando se trate de defender la libertad estadounidense”, dijo Trump.
El senador Jack Reed, el principal demócrata en la Comisión de Servicios Armados del Senado, consideró la reunión como “una costosa y peligrosa negligencia de liderazgo” por parte del Gobierno de Trump.
“Aún más preocupante fue el ultimátum del señor Hegseth a los oficiales superiores de Estados Unidos: adaptarse a su visión política del mundo o hacerse a un lado”, dijo Reed en un comunicado, que añadió que se trataba de una demanda “profundamente peligrosa”.
El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth habla a jerarcas militares en la base del Cuerpo de Infantería de Marina Quantico en Virginia el 30 de septiembre del 2025. (Andrew Harnik/Pool via AP)
Uso del ejército en suelo estadounidense
Trump ya ha puesto a prueba los límites de una ley federal de casi 150 años, la Ley Posse Comitatus, que restringe el papel del ejército en la aplicación de leyes internas.
El mandatario ha enviado a la Guardia Nacional y a marines en servicio activo a Los Ángeles, ha amenazado con hacer lo mismo para combatir el crimen y la inmigración ilegal en otras ciudades con gobierno demócrata, incluidas Portland y Chicago, y ha aumentado las tropas en la frontera sur del país.
Los miembros de la Guardia Nacional generalmente están exentos de la ley ya que están bajo autoridad estatal y bajo control de los gobernadores.
Pero la ley se aplica a ellos cuando son “federalizados” y puestos bajo el control del presidente, como ocurrió en Los Ángeles a pesar de las objeciones del gobernador.
Trump dijo que las fuerzas armadas también deberían centrarse en el hemisferio occidental, jactándose de haber usado al ejército para atacar lanchas en el Caribe que, según él, eran de traficantes de drogas.
Relajar normas disciplinarias
Hegseth dijo que flexibilizará las reglas disciplinarias y debilitará las protecciones contra el acoso, poniendo un fuerte enfoque en eliminar muchas de las salvaguardias que el Ejército había implementado después de numerosos escándalos e investigaciones.
Agregó que ordenará revisar “las definiciones de lo que el departamento considera liderazgo tóxico, acoso y hostigamiento para empoderar a los líderes a hacer cumplir los estándares sin temor a represalias o dudas”.
También pidió “cambios en la retención de información adversa en los registros de personal que permitirán a los líderes con infracciones perdonables, sinceras o menores no ser obstaculizados por esas infracciones de por vida”.
“La gente comete errores honestos y nuestros errores no deberían definir toda una carrera”, dijo Hegseth.
El acoso y el liderazgo tóxico han sido la causa sospechada y confirmada de numerosos suicidios militares en los últimos años, incluido el caso de Brandon Caserta, un joven marinero que fue acosado hasta quitarse la vida en 2018.
Una investigación de la Marina encontró que la “notoria beligerancia, vulgaridad y liderazgo descarado” del supervisor de Caserta fue probablemente un factor significativo que contribuyó a la decisión del marinero de terminar con su propia vida.
Estándares físicos neutros
Hegseth utilizó la plataforma para criticar las políticas ambientales y los militares transgénero mientras destacó su enfoque en “el ethos del guerrero”.
Dijo que gobiernos anteriores han dicho al Departamento de Defensa que “nuestra diversidad es nuestra fortaleza”, lo que calificó como una “falacia insana”.
Hegseth dijo que no se trata de impedir que las mujeres sirvan en el ejército.
“Pero cuando se trata de cualquier trabajo que requiera poder físico para desempeñarse en combate, esos estándares físicos deben ser altos y neutrales en cuanto al género”, dijo. “Si las mujeres pueden lograrlo, excelente, si no, es lo que es. Si eso significa que ninguna mujer califica para algunos trabajos de combate, que así sea. Esa no es la intención, pero podría ser el resultado”.
La senadora Joni Ernst, una republicana de Iowa que sirvió en la guerra de Irak, comentó que Hegseth fue “apropiado” al indicar que debe esperarse que las mujeres cumplan con ciertos estándares para el Ejército.
“No me preocupa eso”, dijo Ernst. “Debería haber un mismo conjunto de estándares para las armas de combate. Creo que eso es a lo que probablemente se refería”.
Pero Janessa Goldbeck, quien sirvió en la Infantería de Marina y ahora es directora general de la Fundación Vet Voice, dijo que el discurso de Hegseth fue más sobre “avivar el resentimiento que sobre fortalecer”.
Hegseth “tiene una idea caricaturesca, de cómic de los años 80, de la dureza que nunca ha superado”, dijo. “En lugar de centrarse en lo que realmente mejora la preparación de la fuerza, continúa perdiendo tiempo y dólares de los contribuyentes en las teatralidades de la guerra cultural de He-Man”.
Puerto Rican flag. (Photo: Haydeé Rosario/Impacto staff)
Puerto Rico celebrated in grand style as part of Hispanic Heritage Month festivities in Philadelphia. On Friday, September 26th, City Hall was the stage for the traditional raising of the Puerto Rican flag, in a moving ceremony that brought together community leaders, public officials, and residents proud of their roots.
The initiative, led by Councilwoman Quetcy Lozada, featured live music from the Bomberos de Filadelfia, who added a special touch to the event that highlighted the importance of keeping this tradition alive in the city. “This event symbolizes our commitment to Puerto Rican culture and heritage here in Philadelphia,” Lozada stated.
Among those in attendance were notable figures such as Reverend Luis Cortés, Reverend Bonnie Camarda, and William García Director of the Office of Latino Engagement in the Office of Mayor Cherelle Parker. They joined in honoring renowned musician Pablo Batista, a local icon in Latin music. The Philadelphia City Council was also present, showing support for the celebrations and publicly recognizing the Puerto Rican community’s contributions to the city’s social and economic fabric. Councilwoman Lozada emphasized that these festivities are an opportunity to promote inclusion and respect for all cultures that enrich Philadelphia.
One of the most emotional moments occurred when a giant Puerto Rican flag was unfurled as the anthem La Borinqueña was sung—an event that underscored the significance of these celebrations in making Puerto Rican culture visible and promoting pride in identity among the younger generations. The ceremony ended in a festive atmosphere where guests enjoyed lunch accompanied by Latin rhythms, further strengthening the sense of community and unity.
The celebration didn’t end there, as the festivities continued through Sunday with the highly anticipated Puerto Rican Day Parade, which gathered hundreds of people to enjoy music, dancing, troupes, and colorful floats. Philadelphia Mayor Cherelle Parker led the parade, a moment when everyone showed their sense of belonging and cultural pride.
One of the standout moments was the appearance of “Guagua 47,” an iconic symbol of Puerto Rican culture. The project, led by Alba Martínez, showcased a float full of symbolism and tradition. “The Guagua 47 float in the parade is a tribute to Latinos, created by the hands of the Latino community in Philadelphia. Everyone came together to create something beautiful. For months, people came to Taller Puertorriqueño to help and guide the process everything was made by the community’s hands,” she shared.
Other organizations also took part in the event, including Los Rumberos Jeep, Taller Puertorriqueño, and APM. Marilyn Rodríguez was the creator behind one of the floats’ concepts: “I wanted to highlight our culture, designed to showcase the fields of the 1900s, using wood and an old-fashioned style to develop the concept.”
Children and teenagers also received much applause for their performances, which included salsa, merengue, bomba, and plena dances. The group Atabey, which traveled from Puerto Rico, captivated the audience with a lively and authentic bomba and plena performance that filled the air with joy. Additionally, dancers from Esperanza Academy proudly wore the Puerto Rican flag in their costumes, inviting everyone to celebrate and enjoy together.
Among the crowd was the Quintana family from Moca, who hadn’t visited Philadelphia in 20 years. “Being able to show my children our music and culture is a privilege,” said the proud father.
Undoubtedly, these celebrations reflect the joy, music, and, above all, the deep Puerto Rican pride that thrives in Philadelphia—a community that keeps its identity and traditions alive with passion and respect.
2. La carroza de APM fue decorada inspirada en los 1900. (Foto: Haydeé Rosario/ Impacto staff
Puerto Rico se vistió de fiesta en grande como parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en Filadelfia. El pasado viernes 26 de septiembre, el Ayuntamiento de la ciudad fue escenario del tradicional izamiento de la bandera puertorriqueña, en un emotivo acto que reunió a líderes comunitarios, funcionarios públicos y residentes orgullosos de sus raíces.
La iniciativa, impulsada por la concejala Quetcy Lozada, contó con la presencia de la música en vivo de la banda de los Bomberos de Filadelfia, quienes dieron un toque especial a la ceremonia que destacó la importancia de mantener viva esta tradición en la ciudad: «Este acto simboliza nuestro compromiso con la cultura y el legado puertorriqueño aquí en Filadelfia», afirmó Lozada.
Entre los asistentes estuvieron figuras destacadas como el reverendo Luis Cortés, locutora Maria del Pilar, reverenda Bonnie Camarda y William García, director de la oficina de participación para los latinos de la oficina de la alcaldesa Cherelle Parker, quienes acompañaron el homenaje al reconocido músico Pablo Batista, un referente en la música latina local. El Concejo Municipal de Filadelfia también estuvo presente apoyando las celebraciones, reconociendo públicamente la contribución de la comunidad puertorriqueña al tejido social y económico de la ciudad. La concejala Lozada, destacó que estas festividades son una oportunidad para fomentar la inclusión y el respeto hacia todas las culturas que enriquecen Filadelfia.
Uno de los momentos más emotivos fue cuando una enorme bandera puertorriqueña fue abierta y mostrada mientras se cantó el himno La Borinqueña suceso que demostró la importancia de estas celebraciones para visibilizar la cultura puertorriqueña y promover el orgullo de identidad entre las nuevas generaciones. La ceremonia culminó en un ambiente festivo donde los invitados disfrutaron de un almuerzo acompañado de ritmos latinos, fortaleciendo así el sentido de comunidad y unión.
La celebración no terminó ahí ya que las festividades se extendieron hasta el domingo con la esperada Parada Puertorriqueña, que reunió a cientos de personas para disfrutar de música, bailes, comparsas y coloridas carrozas. La alcaldesa de Filadelfia, Cherelle Parker, encabezó el desfile, un momento en que todos demostraron su sentido de pertenencia y orgullo cultural.
Uno de los momentos más destacados fue el paso de la Guagua 47, símbolo icónico de la cultura puertorriqueña, iniciativa de Alba Martínez, quien compartió detalles de su diseño, lleno de simbolismo y tradición. “La carroza de la guagua 47 en la película es un homenaje a los latinos, creada por las manos de la comunidad latina en Filadelfia. Todos unidos para crear algo bello. Durante meses, en el Taller Puertorriqueño, personas llegaban a ayudar y a dirigir el proceso todo hecho por manos de la comunidad”.
También otras organizaciones participaron del evento, como Los Rumberos Jeep, Taller Puertorriqueño y APM, donde Marilyn Rodríguez fue la creadora del concepto de la carroza: “Aquí yo voy a destacar nuestra cultura, diseñada para resaltar los campos de 1900, con madera y de manera antigua, creando y desarrollando el concepto”.
La participación de niños y adolescentes también fue muy aplaudida, con presentaciones que incluyeron bailes de salsa, merengue, bomba y plena. El grupo Atabey, que viajó desde Puerto Rico brillo con una animada y auténtica muestra de bomba y plena que contagió alegría a todos los presentes. Además, los bailarines de Esperanza Academy vistieron con orgullo la bandera puertorriqueña en sus trajes, invitando a todos a gozar y celebrar juntos.
Entre el público estaba la Familia Quintana desde Moca disfrutaron del evento porque desde hace 20 años no visitaban Filadelfia: “Poder mostrarles a mis hijos la música y nuestra cultura es un privilegio”. dijo el padre orgulloso.
Sin duda, estas celebraciones reflejan la alegría, la música y, sobre todo, el profundo orgullo boricua que se vive en Filadelfia, una comunidad que mantiene viva su identidad y tradiciones con pasión y respeto.
