El equipo organizador del capítulo Filadelfia. (Foto: Cortesía/ José Correa)
Junio es el mes nacional de dueños de vivienda. En 2023, aumentó el número de propietarios latinos según un reporte de la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes Raíces Hispanos (NAHREP), que indicó que son 9.5 millones los compradores de vivienda.
Un agente inmobiliario o de bienes raíces es un profesional que ayuda a la gente a comprar, vender o alquilar una propiedad. Los agentes inmobiliarios están autorizados por el estado en el que operan y deben seguir un estricto código ético.
Silvana Arraya es agente de bienes raíces y es miembra de NAHREP. En septiembre del año pasado asistió a la conferencia anual de esa organización en Miami y regresó a Pensilvania muy motivada por la oportunidad de hacer conexiones como la de Gary Acosta, quien cofundó junto con Ernie Reyes esta organización en 1999, que en la actualidad tiene una membresía de 40,000 personas.
Ella compartió su entusiasmo con su colega Juan Valencia y así iniciaron a formar el primer capítulo de Filadelfia de NAHREP. Por ahora está en la etapa preparatoria, pero ya cuenta con el presidente, José Correa, veterano de guerra y profesional de bienes raíces y Silvana Arraya como vicepresidenta. También ya cuentan con tesorero secretaria, director de membresía de eventos, director de mercadeo, director de educación y asuntos gubernamentales, entre otros.
Silvana Arraya tuvo la idea de tener el capítulo de Filadelfia de NAHREP. (Foto: Cortesía/Silvana Arraya)
José nació en la ciudad colombiana de Cali; en Filadelfia estudió administración de empresas en Community College of Philadelphia y mercadeo de pequeños negocios en la universidad LaSalle. Perteneció al ejército y participó en varias guerras, siendo la última la de Iraq donde resultó herido, por lo que recibe una pensión militar.
Se dedica a su trabajo en bienes raíces en una prestigiada agencia desde hace nueve años y medio. “Todo empezó cuando volví a casa de la guerra y empecé el proceso de comprar casa con mi esposa. Me di cuenta de que necesitaba ayuda como hispano y como veterano.”
Para este profesional caleño, lo importante es educar y empoderar a la comunidad latina en la compra de bienes raíces, “enseñar a las futuras generaciones a comprar, ya sea una casa o un negocio.” Se siente muy optimista ya que “hemos aportado el año pasado 300,000 nuevas casas a nivel nacional y entre más nos eduquemos, aumentará el número de propietarios”, afirma.
Por ahora, las personas interesadas en ser parte del capítulo de Filadelfia tienen que hacerlo a través de NAHREP yendo a nahrep.org /membership y buscar nahrep philadelphia. Esta organización logra su misión mediante la educación y empoderamiento de los profesionales de bienes raíces que sirven a los compradores de casas; aboga por las políticas públicas que apoyan a los profesionales de este campo y facilita relaciones entre los diversos profesionales qué tengan que ver con bienes raíces.
Fotografía de archivo fechada el 31 de enero de 2023 de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, durante un acto público en la zona del Caño Martín Peña en San Juan, Puerto Rico. (Foto: EFE/ Thais Llorca)
San Juan- La comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González, candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) venció al gobernador Pedro Pierluisi. Ella es una abogada acostumbrada a hacer historia en política.
González logró en la jornada del pasado domingo 2 de junio, un nuevo hito al imponerse a Pierluisi. Es la primera vez que un gobernador electo pierde las primarias de su partido en Puerto Rico.
Con su victoria, se convierte además en la primera candidata a la gobernación por el PNP y, de ganar las elecciones del próximo noviembre, sería la segunda mujer electa gobernadora de la isla.
En declaraciones tras su triunfo, insistió en que representa «el cambio» que necesita Puerto Rico para tener un gobierno «ágil» que resuelva los problemas del pueblo, frente a la continuidad que enarbolaba Pierluisi.
Nacida en San Juan en 1976, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico y luego una maestría en Derecho y un doctorado en la Universidad Interamericana.
La más joven en varios cargos de liderato
Destacó desde sus inicios en las filas del PNP y la política local como representante por acumulación en la Cámara, donde en 2009 se convirtió en la presidenta más joven de la historia de Puerto Rico, con 32 años.
Fue reelegida como legisladora en las elecciones de 2012, aunque el PNP perdió la mayoría en la Cámara, siendo seleccionada como portavoz del partido para el periodo 2013-2017.
En 2015, González fue asimismo elegida por unanimidad como presidenta del Partido Republicano de Puerto Rico, después de haber sido vicepresidenta de este durante ocho años.
Su ambición la llevó en 2016 a ser la primera mujer y la persona más joven en ser electa comisionada residente, que es el político que representa los intereses de la isla en el Congreso de Estado Unidos.
Su vida personal también ha estado marcada aparentemente por la estrategia política. Contrajo matrimonio con José Jovin Vargas en agosto de 2022, lo que muchos interpretaron como un esfuerzo para ganarse al electorado más conservador, y dio a luz en febrero de este año a gemelos.
Fue en septiembre de 2023 cuando González confirmó su intención de aspirar a la candidatura a la gobernación por el PNP, retando así a Pierluisi, lanzando críticas contra el gobierno que despertaron malestar en la colectividad.
Adalid de la ‘estadidad’
Desde su puesto de comisionada residente, González ha sido una firme defensora de la llamada ‘estadidad’, es decir, la anexión de Puerto Rico a EE. UU. por la que aboga el PNP.
Uno de sus objetivos ha sido promover que el Congreso de Estados Unidos apruebe la celebración de un referéndum vinculante en la isla para que los puertorriqueños decidan un nuevo estatus político, diferente al Estado Libre Asociado.
El proyecto, todavía pendiente de aprobación en Washington, es que el plebiscito incluya las opciones de ‘estadidad’, independencia y soberanía en libre asociación.
De hecho, González ha criticado en varias ocasiones a Pierluisi por no hacer lo suficiente para lograr la celebración del plebiscito.
En estos años, ha centrado también sus esfuerzos en lograr el apoyo y la financiación federal para la reconstrucción de Puerto Rico, que quedó devastado tras el paso del huracán María en 2017.
Su trabajo en el Congreso se ha enfocado asimismo en patrocinar proyectos de ley relacionados con asuntos de veteranos, la salud y el alivio fiscal para Puerto Rico.
George Alan Kelly, a 75-year-old Arizona rancher, faces questions about his heroism after a mistrial in his case for the shooting death of Gabriel Cuen Buitimea, an undocumented immigrant.
Kelly was accused of second-degree murder after an investigation revealed he shot an unarmed man on his cattle ranch in 2023. Prosecutors allege Kelly recklessly fired an AK-47 at a group of men, while Kelly maintains he only fired warning shots in the air.
The trial transformed Kelly into a right-wing icon. However, the jury deadlocked on April 19th, and prosecutors have announced they won’t retry the case.
Border rights activists, including Ana Maria Vasquez, Director of the Border Patrol Victims Network, protested outside the courthouse demanding a new trial and urging authorities to investigate the killing as a hate crime.
Unsurprisingly, conservative media outlets have gleefully celebrated the news of Kelly’s freedom. These outlets have developed a disturbing affinity for promoting armed vigilantes and extrajudicial punishment.
Far-right social media accounts cheer Kelly on, while ultraconservative media outlets like Newsmax portray him as a heroic figure. He gave a sympathetic interview with conservative News Nation reporter Ali Bradley, where he spoke somberly of the hardships he claims to have endured during the trial. However, no mention is made of the suffering endured by Gabriel’s family or their financial situation since his death.
Similar to Kyle Rittenhouse, the young man acquitted after shooting anti-racist protesters in 2020, Kelly has become a cause célèbre among many conservatives. Arizona Republicans even attempted to pass a law, seemingly in his honor, that would expand self-defense claims for property owners. This law would allow them to kill or threaten to kill people who trespass on their property while illegally entering the U.S. The bill was ultimately vetoed by Democratic Governor Katie Hobbs.
Ironically, it’s argued that if a U.S. citizen crossed into Mexico and was killed by a rancher there, there would likely be a massive outcry in right-wing media and a demand for extradition.
Adding further suspicion, Kelly even wrote a novel about a vigilante named George who shoots at people crossing his property along the U.S.-Mexico border, a region the book describes as a «war zone.» Other similarities in the book, such as the protagonist’s wife having the same name as Kelly’s wife, have led observers to believe the book is a thinly veiled recounting of his own story.
Despite his claims of hardship, Kelly has been rewarded by the conservative media machine. He has received at least hundreds of thousands of dollars in donations through the conservative crowdfunding site GiveSendGo.
At this rate, it wouldn’t be surprising if Kelly is invited to speak at this year’s Republican National Convention and becomes a fixture on right-wing media platforms. The Santa Cruz County prosecutor’s office declined to retry Kelly after the first trial resulted in a hung jury.
Issues raised by immigrant rights activists
The trial’s location: Activists believe the Nogales court system favored Kelly and that Gabriel’s family never had a chance for a fair hearing. They argue the trial should have been moved to Tucson or another jurisdiction.
Kelly’s book: They believe the book should have been entered as evidence as it potentially establishes racial bias and a fantasy of armed violence.
Lack of evidence supporting Kelly’s claims: Prosecutors found no evidence of shots fired at Kelly before he opened fire.
Failure to call 911: If Kelly felt threatened, why did he call a border patrol agent he knew instead of 911?
Actions after the shooting: Kelly claims to have shot in the air before fatally shooting Gabriel. Activists question why he didn’t call 911 for medical assistance or attempt first aid after finding Gabriel’s body.
Distance and visibility: Kelly claims he saw the immigrants from 100 yards away. Activists point out the difficulty of accurately identifying someone at such a distance.
Potential future actions
A civil lawsuit: The Mexican Consulate supports a civil lawsuit, but an Arizona attorney willing to file it needs to be found. Some believe Kelly should be forced to surrender his ranch to Gabriel’s family.
Extradition: The Mexican government could request Kelly’s extradition for trial in Mexico.
Retrial by the state attorney general: Similar to the George Floyd and Rodney King cases, the state attorney general could refile charges.
Hate crime charges: The Department of Justice could file hate crime charges, as they did in the Ahmaud Arbery case.
The growing danger of vigilante violence and its apparent acceptance by some courts emboldens right-wing groups to target immigrants and others they might think are immigrants.
A pesar de sus afirmaciones de dificultades, Kelly ha sido recompensado por la maquinaria mediática conservadora. Ha recibido al menos cientos de miles de dólares en donaciones a través del sitio conservador de financiación colectiva GiveSendGo.
A este ritmo, no sería sorprendente que Kelly sea invitada a hablar en la Convención Nacional Republicana de este año y se convierta en un elemento habitual de las plataformas de medios de derecha. La oficina del fiscal del condado de Santa Cruz se negó a volver a juzgar a Kelly después de que el primer juicio resultó en un jurado en desacuerdo.
Cuestiones planteadas por los activistas por los derechos de los inmigrantes
• El lugar del juicio: Los activistas creen que el sistema judicial de Nogales favoreció a Kelly y que la familia de Gabriel nunca tuvo la oportunidad de una audiencia justa. Argumentan que el juicio debería haberse trasladado a Tucson u otra jurisdicción.
• El libro de Kelly: Creen que el libro debería haberse presentado como prueba, ya que potencialmente establece prejuicios raciales y una fantasía de violencia armada.
• Falta de evidencia que respalde las afirmaciones de Kelly: Los fiscales no encontraron evidencia de disparos realizados contra Kelly antes de que abriera fuego.
• No llamar al 911: si Kelly se sintió amenazado, ¿por qué llamó a un agente de la patrulla fronteriza que conocía en lugar de al 911?
• Acciones después del tiroteo: Kelly afirma haber disparado al aire antes de matar a Gabriel. Los activistas preguntan por qué no llamó al 911 para pedir asistencia médica ni intentó primeros auxilios después de encontrar el cuerpo de Gabriel.
• Distancia y visibilidad: Kelly afirma que vio a los inmigrantes desde 100 metros de distancia. Los activistas señalan la dificultad de identificar con precisión a alguien a esa distancia.
Posibles acciones futuras
• Una demanda civil: El Consulado de México apoya una demanda civil, pero es necesario encontrar un abogado de Arizona dispuesto a presentarla. Algunos creen que Kelly debería verse obligado a entregar su rancho a la familia de Gabriel.
• Extradición: El gobierno mexicano podría solicitar la extradición de Kelly para ser juzgado en México.
• Nuevo juicio por parte del fiscal general del estado: Al igual que en los casos de George Floyd y Rodney King, el fiscal general del estado podría volver a presentar cargos.
• Cargos por delitos de odio: el Departamento de Justicia podría presentar cargos por delitos de odio, como lo hizo en el caso Ahmaud Arbery.
El creciente peligro de la violencia de los vigilantes y su aparente aceptación por parte de algunos tribunales, envalentona a los grupos de derecha a atacar a los inmigrantes y a otras personas que podrían considerar inmigrantes.
(I-D) Maria Walker Guevara (directora ejecutiva del Pulitzer Center) y Nic Dawes (Foto: Director Ejecutivo de The City NYC).
La Cumbre Medios y Democracia reunió, del 29 al 31 de mayo, en la ciudad de Wilmington, DE, a periodistas, académicos y estudiantes de todo el mundo, con la misión de fomentar un diálogo significativo en torno al papel crucial de los medios en la democracia. Abordó, al mismo tiempo, los desafíos a los que se enfrentan los ciudadanos en foros públicos cada vez más mediatizados.
La ciudad natal de Joe Biden acogió debates inclusivos que pretendieron cerrar la brecha que existe entre la participación pasiva y la activa (y significativa) en la vida cívica.
(I-D) Jordan Klepper (comediante y co-anfitrión de The Daily Show) y Dannagal Young (profesora de Comunicación y Ciencia Política de la Universidad de Delaware).
Expertos de diversos orígenes arrojaron luz sobre variados aspectos de un tema común: la relevancia, los desafíos y la sostenibilidad del llamado “cuarto poder”, que hace referencia a los medios de comunicación y la prensa en cuanto a sector dotado de gran influencia, en un panorama político y social cada vez más fragmentado. La moderación corrió a cargo de líderes de programas universitarios de la Stavros Niarchos Foundation (SNF).
El evento contó con presentaciones magistrales, entrevistas individuales y paneles de discusión, que incluyeron como oradores a periodistas y profesionales de medios locales, nacionales y extranjeros; académicos enfocados en el estudio de los medios en busca del compromiso y líderes cívicos que promueven el compromiso democrático en las comunidades. Entre los oradores destacados se encontraban Valerie Biden Owens (presidenta del Instituto Biden en la Universidad de Delaware Joseph R. Biden Jr. Escuela de Política Pública y Administración), Margaret Hoover (anfitriona del programa de PBS Fining Line) y Jordan Klepper (comediante y coanfitrión de The Daily Show).
Ana Paula Valacco (Journalism AI), Mike Nelson (Carnegie Endowment for International Peace), Kelly Kiki (iMEdD), Jonathan Soma (Columbia University) y Taylor Owen (McGill University).
La cumbre inaugural exploró el papel y la relación entre los medios y la democracia. Los participantes tuvieron la oportunidad de aprender sobre temas que van desde el impacto del mercadeo político en la democracia hasta las disrupciones tecnológicas y la inteligencia artificial, pasando por las asociaciones comunitarias para identificar y abordar los problemas públicos, la libertad de prensa, la propiedad y diversidad de los medios y las perspectivas globales sobre estos, incluidos los lugares afectados por la guerra.
Valerie Biden Owens, presidenta del Instituto Biden en la Universidad de Delaware, Joseph R. Biden, Jr. School of Public Policy and Administration.
Jennifer Palmieri, directora de comunicaciones de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama y jefa de comunicaciones de la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016, y Mark McKinnon, quien ha trabajado para múltiples causas, empresas y candidatos, incluido el presidente George W. Bush, el senador John McCain, la fallecida gobernadora Ann Richards y Bono, demostraron con su ejemplo cómo se puede dialogar de manera constructiva e incluso trabajar en equipo, desde polos opuestos.
(I-D) Jordan Klepper (comediante y co-anfitrión de The Daily Show) y Dannagal Young (profesora de Comunicación y Ciencia Política de la Universidad de Delaware).
La cumbre superó las expectativas de los asistentes, y hasta sobresalió entre las mejores de su tipo que sobre estos temas se celebran en los principales foros de las más destacadas capitales mundiales. Ofreció, además, un espacio para escuchar, aprender e interactuar con otros, sobre temas que afectan a todos.
Republican presidential candidate former President Donald Trump listens as Sen. Tim Scott, R-S.C., speaks at a primary election night party at the South Carolina State Fairgrounds in Columbia, S.C., Saturday, Feb. 24, 2024. A top ally of former President Donald Trump — and a potential running mate — is launching a new effort to win over Black and other nonwhite working class voters he argues could be the deciding factor in November's elections. South Carolina Sen. Tim Scott, the only Black Republican in the Senate, will lead a $14 million campaign targeting minority voters in seven key swing states. (Photo: AP/Andrew Harnik/File)
A top ally and potential running mate of former President Donald Trump is launching a new effort to win over Black and other nonwhite working class voters he argues could be the deciding factor in November’s elections.
South Carolina Sen. Tim Scott, the only Black Republican in the Senate, will lead a $14 million campaign targeting minority voters in seven key swing states.
Scott’s push comes as Trump’s campaign is ramping up its own outreach efforts to Hispanic and Black voters, especially Black men, in his expected rematch against President Joe Biden. It also gives Scott, one of several Republicans being vetted for vice president by Trump’s campaign, another platform to demonstrate his loyalty — and utility — to the presumptive GOP nominee.
Scott says that, with Trump atop the ticket, he believes Republicans have a unique opportunity to chip into Democrats’ historic dominance with minority voters. Polls show many Black and other nonwhite adults are dissatisfied with Biden’s performance, though Trump could have an uphill battle winning them over given his own unpopularity with those groups.
“Much to the chagrin of many folks, there’s no doubt that African American men are wide open for a political shift of partisanship,” Scott said as he briefed reporters on the effort in Washington this week.
The new campaign will be run by Scott’s Great Opportunity PAC, which was formed after he suspended his campaign for the GOP nomination last year. Aides say the group will work to win over voters in Georgia, North Carolina, Arizona, Wisconsin, Michigan, Nevada and Pennsylvania.
The campaign will include canvassing, digital advertising, direct mail, events and appearances by Scott and other elected officials in minority communities that Scott said Republicans have too often avoided.
While it remains separate from Trump’s campaign, aides said Scott recently met with Republican National Committee Chairman Michael Whatley and Co-Chair Lara Trump to brief them on his plans.
“We will fight for and earn the vote of Black and brown voters and in doing so help Donald J. Trump win the Presidency and Republicans win back the House and Senate,” reads a memo from Jennifer DeCasper, who managed Scott’s 2024 campaign.
Trump has held a number of events in recent weeks aimed at those groups, including a rally in the New York’s South Bronx and a dinner Wednesday evening with students and alumni from historically Black colleges and universities at his Mar-a-Lago club in Florida.
At the same time, national Democrats are investing heavily in stopping Trump from making inroads with a core constituency. Biden and Vice President Kamala Harris, the first Black vice president, last week launched a Black voter outreach campaign by pointing to their efforts to boost funding for those schools, forgive federal student loan debt and pardon those sentenced for simple marijuana possession.
Biden-Harris senior spokesperson Sarafina Chitika responded to the effort by accusing Trump of “running his campaign the way he’s lived his life: not giving a damn about Black people or our communities.” The statement pointed to Trump calling for the death penalty for the “Central Park Five” group falsely accused of murder as one example.
“President Biden is on the campaign trail showing up — himself — to earn, and not ask for, Black Americans’ support,” Chitika said.
Scott’s group believes a fundamental realignment is underway. It notes that Trump in 2016 won large swaths of white working-class voters who had once formed the heart of Democrats’ Rust Belt base. Now, aides says they sees signs of a broader shift in which more nonwhite working-class voters could turn to Trump, too.
Even a small shift of only a few percentage points with minority voters could make the difference in what is expected to be an exceptionally close election that will be decided in a handful of battleground states.
Many Black and Hispanic adults are indeed dissatisfied with Biden’s performance as president. According to surveys by The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, Biden’s approval among Black adults has dropped from 94% when he took office to 55% in March. Among Hispanic adults, it dropped from 70% to 32% over the same period.
But a February AP-NORC poll found only about one-quarter of Black adults had a favorable view of Trump, which could make it harder for him to capitalize on Biden’s shortcomings. Hispanics are more evenly split, with about half, 52%, having an unfavorable view of both presumptive nominees.
In 2020, nonwhite voters overwhelmingly backed Biden, regardless of education level, according to AP VoteCast, an extensive national survey of the electorate. About one-quarter of nonwhite voters supported Trump that year.
Hispanic voters without college degrees were slightly more likely than other nonwhite voters to support Trump in 2020, according to the survey, but still largely backed Biden. There was no education gap for Black voters in 2020. About 9 in 10 Black voters with or without a college degree supported Biden. Only about 1 in 10 backed Trump.
Nonetheless, Scott argues Trump’s tenure was better for Black Americans, citing policies like a bipartisan criminal justice reform package Trump signed into law and his funding for historically Black colleges and universities. Voters, he said, are angry and looking for better economic conditions, safer neighborhoods and better schools.
«We’ve seen a lot of seed in this soil that is germinating,» he said. With «a good microphone — someone who’s good at speaking into that microphone — we have a real strong opportunity to make this election unlike the previous elections.”
That could include, Scott allies say, having the senator on Trump’s ticket.
Many of those on Trump’s vice-presidential shortlist have been jockeying for favor as the Republican National Convention draws closer. Several contenders traveled to New York to appear with Trump during his criminal hush money trial, with many echoing his attacks on the criminal justice system.
Scott has made several of his own appearances with Trump, including at fundraisers, and frequently defends him on television. Trump has joked that Scott has been a far better surrogate for the former president’s campaign than he was a candidate.
Trump could be bolstered, Scott insisted, by his guilty verdict in New York on 34 counts of falsifying business records in a scheme to cover up hush money payments to a porn actor during his 2016 campaign.
“On the 34 counts, I honestly think that the decision last week is actually helpful to driving more folks to the Republican Party,» he said, pointing to the wave of campaign contributions that poured in after Trump became the first former president and presumptive major party nominee in U.S. history to be convicted of felony crimes.
He said Black men in particular are “fed up” by what they see as a “two-tiered justice system.”
“I think African American men specifically have experienced a lot with the justice system, not all of it good. And, therefore, watching an injustice play out that is just so blatant, a lot of African American men have said, ’You know what? I’m going to take a closer look at the Republican Party and the GOP,’” he claimed.
Trump had made a similar case at a Black conservative gala in Scott’s home state of South Carolina earlier this year. He told the audience then that his criminal indictments had bolstered his support among Black Americans, comparing his legal jeopardy with the historic legacy of anti-Black prejudice in the U.S. legal system.
The comment was among several that have been criticized as racist or tone deaf as Trump has made his pitch.
Pressed on those claims, Scott instead pointed to some of Biden’s past controversial comments on race, including criticism by his now vice president during the 2020 campaign over his stance on school busing as a means to achieve desegregation.
“I’ll take that fight every day of the week, frankly,” he said.
María Rivas Cruz mira un álbum de recuerdos de su relación de más de una década con Raymond Olivares, quien murió el año pasado después de ser atropellado por un auto que iba a alta velocidad. La foto que sostiene los muestra celebrando juntos la compra de su casa. (LAUREN JUSTICE FOR KFF HEALTH NEWS)
Los Angeles.– La fiesta estaba terminando. Sus jóvenes anfitriones, María Rivas Cruz y su prometido, Raymond Olivares, habían acompañado a sus amigos hasta el auto para despedirlos. Mientras la pareja cruzaba una avenida de cuatro carriles de regreso a la casa que acababan de comprar, los atropelló un auto que escapaba de una carrera callejera ilegal. El conductor iba a 70 mph, en una zona de 40.
A pesar de años de súplicas por una avenida de dos carriles, límites de velocidad más bajos, islas de seguridad y más pasos de peatones señalizados, los residentes dicen que el condado hizo poco para abordar el exceso de velocidad en este sector no incorporado del sureste de Los Ángeles.
Desde 2012, este tramo de media milla de Avalon Boulevard ha registrado 396 accidentes, con 170 heridos y tres muertos.
Olivares, de 27 años, ingeniero civil de la ciudad de Los Ángeles, se convirtió en la cuarta fatalidad cuando fue lanzado al otro lado de la calle, en donde lo impactó otro vehículo, y murió en el acto. A Rivas Cruz la trasladaron al hospital, donde estuvo dos semanas en coma. Cuando despertó, la maestra de primaria se sometió a una serie de cirugías reconstructivas para reparar su brazo, mandíbula y piernas.
Después del accidente que ocurrió en febrero de 2023, el condado instaló postes de acero protectores en el medio de la calle. Pero los residentes, que habían solicitado un divisor central elevado y cámaras de velocidad, dijeron que no era suficiente.
“Es solo una venda en un corte. Se supone que esto lo solucionará, pero no es así, y eso es lo que duele”, dijo Rivas Cruz, quien ahora, a sus 28 años, camina con un bastón y vive con dolor crónico. “Me voy a dormir y pienso, ‘Es solo un sueño, es solo un sueño’. Y no lo es”.
El sistema de carreteras de la nación cubre 4 millones de millas y está gerenciado por un mosaico de jurisdicciones federales, estatales y locales que a menudo operan de manera aislada, lo que hace que el cambio sistémico sea difícil y costoso.
Pero en medio del mayor número de peatones muertos en décadas, las localidades están presionando para controlar cómo se establecen los límites de velocidad y para que haya más responsabilidad en el diseño de las carreteras.
Esta primavera, Nueva York y Michigan aprobaron leyes que permiten a las jurisdicciones locales reducir los límites de velocidad.
En Los Ángeles, los votantes aprobaron una medida que obliga a la ciudad a actuar según su propio plan de mejora de la seguridad vial, exigiendo que la gran urbe amante de los coches rediseñe las calles, agregue carriles para bicicletas y proteja a ciclistas, usuarios de transporte público y peatones.
Aún así, hay mucha resistencia política a la aplicación de límites de velocidad. En la Legislatura del estado de California, el senador Scott Wiener (demócrata de San Francisco) propuso exigir dispositivos inteligentes equipados con GPS en coches y camiones nuevos para evitar el exceso de velocidad.
Pero después de la oposición, el legislador estatal suavizó su proyecto de ley para requerir que todos los vehículos vendidos en el estado a partir de 2032 tengan solo sistemas de advertencia que alerten a los conductores cuando excedan el límite de velocidad en más de 10 mph.
Aunque la administración Biden está liderando Vision Zero —su compromiso de cero muertes en el tráfico— e inyectando más de $20 mil millones en fondos para programas de seguridad vial a través de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos, defensores de la seguridad vial y algunos legisladores argumentan que el país todavía está lejos de hacer que las calles y los vehículos sean seguros, o de reducir la velocidad de manejo.
“No estamos mostrando la voluntad política de usar las herramientas de seguridad probadas que existen”, dijo Leah Shahum, fundadora de Vision Zero Network, una organización sin fines de lucro que promueve Vision Zero en comunidades de todo el país.
María Rivas Cruz sobrevivió luego que la atropellara un auto en el sureste de Los Ángeles, mientras cruzaba la calle en 2023 con su prometido, Raymond Olivares, quien murió en el lugar.(LAUREN JUSTICE FOR KFF HEALTH NEWS)
Una crisis que persiste
La necesidad de carreteras más seguras se volvió urgente durante la pandemia de covid. Las muertes aumentaron incluso cuando los mandatos de confinamiento dejaron las calles vacías.
En 2022, más de 42,500 personas murieron en las carreteras estadounidenses, y al menos 7,522 peatones murieron al ser atropellados, el mayor número de muertes de peatones en más de cuatro décadas.
Expertos citan varias razones para el deterioro de la seguridad vial. Durante los confinamientos, aumentó el manejo imprudente mientras disminuía la vigilancia del tráfico. Los SUV y camiones se han vuelto más grandes y pesados, por lo tanto más mortales cuando golpean a un peatón. Otros factores persisten ya que las calles siguen siendo amplias para que puedan circular más vehículos, y en algunos estados los límites de velocidad han aumentado gradualmente.
Las estimaciones iniciales de muertes por accidentes de tráfico muestran una ligera disminución de 2022 a 2023, pero las muertes de peatones siguen siendo notablemente superiores a las cifras previas a la pandemia. “Es un comienzo alentador, pero los números todavía constituyen una crisis”, escribió el Secretario de Transporte, Pete Buttigieg, sobre este tema en febrero.
La administración Biden ha destinado $15.6 mil millones a la seguridad vial hasta 2026, y $5 mil millones en subvenciones locales para prevenir muertes y lesiones en las carreteras.
Según la nueva regla del “usuario vulnerable de la carretera” del Departamento de Transporte de Estados Unidos, los estados con un 15% o más de muertes que involucren a peatones, ciclistas o motociclistas en comparación con todas las muertes en carretera deben igualar los dólares federales en su gasto en mejoras de seguridad.
Defensores de la seguridad vial argumentan que el gobierno federal perdió la oportunidad de eliminar los estándares obsoletos para establecer límites de velocidad cuando revisó las pautas de tráfico el año pasado.
La agencia podría haber eliminado la recomendación de establecer límites de velocidad en o por debajo de la velocidad a la que viajan el 85% de los conductores en carreteras no congestionadas. Los críticos sostienen que lo que se conoce como la regla del percentil 85 alienta a los ingenieros de tráfico a establecer límites de velocidad a niveles que son inseguros para los peatones.
Pero la Administración Federal de Carreteras escribió en un comunicado que aunque el percentil 85 es el método típico, los ingenieros rara vez se basan únicamente en esta regla. También señaló que los estados y algunas agencias locales tienen sus propios criterios para establecer límites de velocidad.
En respuesta, han surgido esfuerzos de base para frenar el exceso de velocidad en las comunidades. En abril, Michigan aprobó una legislación que otorga a los gobiernos locales la autoridad para redondear hacia abajo al establecer límites de velocidad.
Y después de cuatro años de cabildeo, el estado de Nueva York aprobó la Ley de Sammy, nombrada en honor a Sammy Cohen Eckstein, un niño de 12 años que fue atropellado por un conductor en Brooklyn en 2013. La ley, que entrará en vigencia en junio, permite a la ciudad de Nueva York reducir sus límites de velocidad a 20 mph en áreas designadas.
“Con esta legislación, espero que podamos conocer los nombres de más niños por sus logros, sus personalidades y su espíritu, no por sus últimos momentos”, dijo la madre de Sammy, Amy Cohen.
Los residentes quieren más que los postes protectores amarillos que pusieron desde que Olivares, un peatón, fue atropellado fatalmente por un auto que escapaba de una carrera callejera ilegal. Quieren que haya menos carriles, disminuir el límite de velocidad y que coloquen islas de seguridad.(LAUREN JUSTICE FOR KFF HEALTH NEWS)
Impulso por la seguridad peatonal
Los defensores también quisieran que el gobierno federal considerara la seguridad de los peatones en la escala de calificación de seguridad de vehículos de cinco estrellas. Sin embargo, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras ha propuesto una prueba separada de aprobado/reprobado que solo se publicaría en el sitio web de la agencia, no en las etiquetas que los consumidores verían en el concesionario.
Los fabricantes de automóviles como BMW cuestionaron la efectividad de un programa que prueba las protecciones para peatones en vehículos, argumentando que en los países europeos que adoptaron dicha regulación, no ha quedado claro si llevó a una reducción de muertes y lesiones.
Según el sitio de financiamiento de campañas Open Secrets, los fabricantes de automóviles gastaron alrededor de $49 millones en cabildeo en 2023 en comparación con los $2.2 millones gastados por los que abogan por una mayor seguridad vial.
“El gobierno federal tiene el mayor poder cuando se trata de exigir un diseño de vehículos más seguro”, dijo Wiener, el legislador estatal de California.
Aunque Wiener modificó su propuesta para restringir el exceso de velocidad, ha avanzado una legislación complementaria que requeriría que Caltrans, la agencia de transporte del estado, haga mejoras como agregar pasos de peatones y extensiones de aceras en calles propiedad del estado para servir mejor a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.
Cuando ese proyecto de ley tuvo su audiencia ante un comité, los opositores, incluidas empresas de ingeniería y contratistas, advirtieron que eliminaría la flexibilidad y obstaculizaría la capacidad del estado para ofrecer un sistema de transporte seguro y eficiente. Los legisladores tienen hasta el 31 de agosto para actuar sobre sus proyectos de ley.
En Los Ángeles, la esperanza de cambio llegó en marzo cuando los votantes aprobaron la Medida HLA, que requiere que la ciudad invierta $3.1 mil millones en seguridad vial durante la próxima década. Sin embargo, la casa de Rivas Cruz está a ocho cuadras fuera de la jurisdicción que abarca la iniciativa de la ciudad.
Ha pasado más de un año desde el accidente, pero Rivas Cruz encuentra recordatorios en todas partes: en el espejo, cuando mira las cicatrices que quedaron en su rostro después de varias cirugías. Cuando camina por la calle que aún no tiene la infraestructura que la hubiera protegido a ella y a Raymond.
Las historias de peatones muertos en este vecindario de clase trabajadora latina son demasiado comunes, dijo Rivas Cruz. En septiembre, asistió al memorial de un niño de 14 años que fue atropellado por un conductor imprudente.
“Hay tanta muerte ocurriendo”, dijo la maestra del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles desde el living de su madre una tarde de primavera. “Los representantes nos han fallado. Raymond y yo estábamos devolviendo a la comunidad. Él era un ingeniero civil que trabajaba para la ciudad, y yo soy maestra del LAUSD. ¿Dónde está nuestra ayuda?”.
U.S. Capitol Police Sgt. Aquilino Gonell, left, and U.S. Capitol Police Sgt. Harry Dunn react as they watch a video as the House select committee investigating the Jan. 6, 2021, attack on the U.S. Capitol holds a hearing on Capitol Hill in Washington, Oct. 13, 2022. A visit to the Pennsylvania House floor by the two former police officers who helped protect the U.S. Capitol during the Jan. 6 riot drew boos and walkouts by some Republican members on Wednesday, June 5, 2024, as the chamber was wrapping up business for the week. (Photo:AP/Jacquelyn Martin/File)
HARRISBURG, Pa. — A visit to the Pennsylvania House floor by two former police officers who helped protect the U.S. Capitol during the Jan. 6 riot of 2021 drew boos and walkouts by some Republican legislators this week.
Witnesses said the appearance Wednesday by former U.S. Capitol Police Officer Harry Dunn and his ex-boss, former Sgt. Aquilino Gonell, triggered a distinctly negative response from some Republicans, with someone even shouting that they were cowards.
House Speaker Joanna McClinton, D-Philadelphia, who welcomed Gonell and Dunn to the floor, called the GOP reaction to the former officers disrespectful. She said in a statement that many Republican members walked off the floor, turned their backs and booed.
“The GOP members’ shameful behavior was unbecoming of our institution for any guest, let alone two of the men responsible for defending our democracy during a dark day in our nation’s history,» McClinton said. ”The Republicans’ disrespect, lack of patriotism and even common decency, epitomizes the poor behavior that so many in the MAGA movement have adopted.»
In a text on Thursday, Dunn said he heard a commotion but could not make out what was being said. He thanked Republican Minority Leader Bryan Cutler of Lancaster County for taking a photo with them.
Dunn said he was “honored to be there being recognized.” The two had made an appearance a few hours earlier Wednesday on the steps of the Pennsylvania Capitol at an event coordinated by the campaign of President Joe Biden.
Video from the scene in the chamber as business was wrapping up for the week showed several Republican members and staff, including Cutler, applauding the officers. Cutler later noted House Democrats sent out a fundraising email immediately afterward.
“The truth is, I support law enforcement. I spoke to the gentlemen about the job they performed,” Cutler told reporters Wednesday afternoon. “And I think that when you look at it, I’m tired of the House speaker using the guest list and the legislative calendar for political purposes.”
The House Democratic Campaign Committee solicitation said “House Republicans couldn’t leave the floor fast enough in protest” and asked for contributions “to help us defend our democracy” and keep their House majority.
At the Biden campaign event earlier on the state Capitol steps, Dunn and Gonell were flanked by more than a dozen Democratic lawmakers. The two warned at the appearance that they see former president and current GOP presidential candidate Donald Trump as a danger to democracy.
“Donald Trump is the greatest threat to our democracy and the safety of communities across the country today,” Dunn told reporters. “He has encouraged and continues to encourage political violence. … His deranged, self-centered, obsessive quest for power is the reason violent insurrectionists assaulted me and my brave colleagues.”
Hundreds of law enforcement officers were beaten and bloodied in the attack by Trump supporters, who descended after a rally and smashed into the Capitol while Trump remained silent for hours.
Gonell said the attackers assaulted him repeatedly. He recounted how he was beaten, punched, kicked and hit with his own baton in the head. Someone tried to drag him into the mob and beat him with an American flag still attached to a flagpole, he said. Gonell said his injuries required two surgeries.
“Donald Trump called the people who injured me and attacked our Capitol hostages, patriots and political prisoners. If those people are those things, who are we?» Gonnell said, adding that the officers on Jan. 6 were defending elected officials from both parties «regardless of their political ideology,”
Dunn, who is Black, has previously described how the crowd in the Capitol yelled racial slurs at him, something that never happened while he was on duty during more than a dozen years on the force.
Rep. Mike Schlossberg, D-Lehigh, said he witnessed his Republican colleagues’ response on Wednesday and heard one member refer to Trump supporter Ashli Babbitt, who was shot and killed by police inside the U.S. Capitol during the rioting.
He said he saw two Republican members walking out and that other Democrats reported that as many as 10 GOP House members did so. It was a notable contrast to the solemn respect that normally greets soldiers and police officers when they are recognized on the House floor, he said.
The cheering that can be heard on a video of the House activity was a Democratic attempt to loudly cheer over the booing, Schlossberg said.
“It was despicable and it was an embarrassment,” he said. “This is the party that supposedly cherishes law and order.”
Congresista Rob Menéndez. (Foto: EFE/Lenin Nolly/Archivo)
El congresista Rob Menéndez, hijo del senador Bob Menéndez, que enfrenta un juicio por corrupción, ganó las primarias demócratas, lo que le da la oportunidad de pelear su puesto en la Cámara Baja por el Distrito 8 de Nueva Jersey en la boleta de noviembre.
La carrera del hijo de senador, de 38 años, se ha visto eclipsada por la acusación que enfrentan sus padres. El senador por Nueva Jersey y su esposa Nadine Arslanian fueron imputados con 18 cargos, de los que se han declarado no culpables. Ella fue eximida de personarse la semana que viene en una audiencia relacionada con su próximo juicio por cargos de soborno debido que se está recuperando de una doble mastectomía, como parte del tratamiento del cáncer de mama.
Al legislador se le acusó de aceptar sobornos a cambio de usar su influencia en favor del Gobierno de Egipto y actuar como un agente extranjero para ese país, y posteriormente se le presentaron cargos por obstrucción a la Justicia.
Los bajos índices de aprobación del senador y los problemas legales no descarrilaron la campaña de su hijo, que fue elegido en noviembre de 2022 para ocupar un puesto de la Cámara Baja.
Menéndez derrotó a su más duro contendiente, Ravi Bhalla, el alcalde de Hoboken, y al empresario Kyle Jasey.
Menéndez, casado y con dos hijos pequeños, centró su campaña en trabajar por elevar la calidad de vida de las familias, el acceso a cuidado infantil, y vivienda asequible, entre otros temas.
El comité de acción política de la Bancada Hispana en el Congreso (CHC BOLD PAC) aplaudió la victoria del legislador.
La congresista Linda Sánchez, presidenta del comité dijo en un comunicado que «se enorgullece de apoyar a Rob Menéndez, ayudándolo a ser elegido por primera vez y redoblando sus esfuerzos para garantizar que la comunidad latina en su distrito, y todos los habitantes de Nueva Jersey, sigan teniendo un luchador fuerte en el Congreso».
Durante la campaña, Menéndez dijo que nunca eludió las preguntas sobre los cargos de soborno y corrupción de su padre. «No existe un manual para este tipo de situación», señaló a WHYY.
Por su parte, el senador Menéndez formalizó el lunes pasado su ruptura con el Partido Demócrata cuando informó que buscará la reelección como independiente para un cuarto mandato en las elecciones del 5 de noviembre.
El veterano político pudo conseguir las 800 firmas mínimas que se requiere a un candidato al Senado por el estado de Nueva Jersey y también podrá seguir recaudando fondos de campaña.
San Juan, Puerto Rico.– Bad Bunny y su equipo de trabajo lanzaron una oferta para este jueves para ver en más de una docena de cines de Puerto Rico dos de sus tres presentaciones que tiene este fin de semana en la isla, para impulsar la participación electoral en las elecciones generales de noviembre.
La oferta especial consiste en comprar dos entradas por el precio de una para ver desde la sala del teatro las presentaciones de Bad Bunny del viernes y sábado en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, que forman parte del cierre de su gira ‘Most Wanted Tour’, según se explicó en un comunicado.
La venta de las entradas solo se llevará a cabo hoy exclusivamente en las boleterías de Caribbean Cinemas.
Para acceder al precio especial, los aficionados tendrán que asistir en persona y presentar su tarjeta electoral.
El límite por persona es de dos boletos comprados, para un total de cuatro entradas.
La oferta no está disponible por internet, ni en las salas VIP de Distrito T-Mobile, San Patricio, ni salas IMAX.
Las salas de Caribbean Cinemas ofrecerán además una experiencia única a los asistentes con la proyección de un documental exclusivo sobre Bad Bunny, que no estará disponible en ningún otro lugar.
Los aficionados también podrán adquirir mercancía del artista, disponible para la venta.
Bad Bunny cerrará su gira el próximo domingo en la isla.
El exponente caribeño ha expuesto su interés político desde que se unió a otros artistas puertorriqueños en las protestas para pedir la renuncia del entonces gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló en el verano de 2019 por participar de un polémico chat que provocó una crisis política y social en la isla.
Luego de eso, Bad Bunny acudió personalmente a las oficinas centrales de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico a sacar su tarjeta electoral, impulsando a los jóvenes a hacer lo propio, y participar de las elecciones generales de 2020, por lo que ahora quiere hacer lo mismo para el evento de noviembre próximo.
