El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) es un pilar fundamental del sistema de seguridad alimentaria en Estados Unidos, ya que proporciona ayuda financiera crucial a individuos y familias de bajos ingresos.

El programa federal SNAP, conocido comúnmente como cupones de alimentos, ofrece asistencia monetaria a individuos y familias con ingresos bajos o insuficientes para comprar alimentos nutritivos. Así, ayuda a garantizar que las personas vulnerables tengan acceso a una alimentación adecuada y contribuye a reducir la inseguridad alimentaria en el país.

El Comité de Agricultura de la Cámara votó en la primavera del 2024 para aprobar un proyecto de Ley Agrícola que recorta casi $30 mil millones en futuros beneficios del Programa de Asistencia en Nutrición Suplementaria (SNAP), perjudicando a millones de hogares de bajos ingresos en todo el país. 

Esta propuesta contempla detener los aumentos planificados en los beneficios del programa durante los próximos cinco años, lo que podría tener un impacto significativo en millones de personas que dependen de esta ayuda para cubrir sus necesidades básicas.

Sin embargo, en el Senado también está cursando una versión del proyecto que fortalece al SNAP al reducir las barreras para adultos mayores, familias de militares, ciudadanos en proceso de reintegración y algunos estudiantes universitarios. También aborda la seguridad de los trabajadores agrícolas y, además, abre un camino para que Puerto Rico eventualmente participe en este programa.    

La Coalición por las Necesidades Humanas, (CHN) que dirige Deborah Weinstein, está haciendo un trabajo de presión enviando miles de mensajes al Congreso para expresar su rechazo a la dañina versión de la Cámara y en su lugar, pedir que sea aprobada la versión del Senado, que protege a millones de adultos y niños de bajos ingresos. 

Weinstein ha pedido el apoyo de los activistas y del público para enviar correos al Capitolio, exigiendo que el Congreso no deje de lado a las comunidades vulnerables, ya que el proyecto de ley de la Cámara pondría en peligro la salud de casi 41,4 millones de personas que dependen de la Asistencia Nutricional para comprar alimentos.

Este es un proyecto plurianual que no solo apoya a los agricultores, sino que también aborda el cambio climático y apoya programas de nutrición como el SNAP.

Además del SNAP, otros programas como el Beneficio de Transferencia Electrónica (EBT) de verano para niños, y el Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP) perderían los fondos necesarios para comprar alimentos más saludables según los avances del conocimiento científico más reciente.

La coalición CHN asegura que no invertir en el acceso a alimentos saludables terminará por enfermar a muchas personas, tanto jóvenes como mayores, y que el aumento de los costos de atención médica y la pérdida de trabajo anularán los supuestos ahorros que busca el proyecto de ley. Así mismo cree que la votación del comité de la Cámara es un mal paso en un largo proceso; y que con la ayuda y el activismo de todos es posible evitar que el proyecto se convierta en ley.

Según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, un recorte de $30 mil millones durante el período 2027-2033 resultaría en un recorte de $18 mil millones en beneficios para hogares con niños, afecando a 17 millones de niños; un recorte de $9 mil millones para hogares con menores de 5 años, afectando a unos 5 millones de niños; un recorte de $5 mil millones para hogares con adultos de 60 años o más, afectando a 6 millones de ancianos; un recorte de $6 mil millones para hogares con personas inhábiles; afectando a 4 millones de discapacitados; y un recorte de $11 mil millones para familias trabajadoras y hogares vulnerables.

La seguridad alimentaria no se trata solo de reducir el hambre. Tiene beneficios para la salud, el bienestar y el trabajo que afectan todos los aspectos de la vida. Actualmente el SNAP hace posible que muchas familias mantengan dietas saludables, lo que a su vez conlleva resultados de salud positivos a largo plazo.

Es una gran contradicción que en un país tan rico haya gente que se quede sin comida por cuenta de una mala ley agrícola; pero sin el apoyo del público a quienes trabajan por la protección de las familias en situación de precariedad, es posible que se termine aprobando esta ley.

CRÉDITO PARA ALIMENTARSE

De otra parte, un nuevo informe de expertos del Urban Institute ha revelado que muchas familias, para enfrentar el aumento de los costos de bienes esenciales, recurrieron al crédito y la deuda de tarjetas de crédito, las ofertas «compra ahora y paga después» (BNPL) y préstamos del día de pago para poder comprar alimentos en 2023.

Utilizando datos de la Encuesta sobre Bienestar y Necesidades Básicas de Urban, hallaron cosas como que seis de cada diez adultos usaron sus tarjetas de crédito para pagar alimentos en algún momento del año. Más de uno de cada seis adultos dijo haber usado el BNPL en los últimos 12 meses, hasta al 3.5 por ciento intereses; y casi uno de cada cinco adultos informó haber pagado alimentos con ahorros que no tenía la intención de usar para eso.

En general, los adultos que experimentan inseguridad alimentaria fueron los más propensos a reportar haber pagado alimentos usando el BNPL (11.5 por ciento); o efectivo obtenido con préstamos del día de pago (10.0 por ciento); o de sus ahorros (51.3 por ciento).

Los investigadores exhortaron vivamente a los responsables políticos y a los profesionales que trabajan ayudando a las familias a suplir sus necesidades básicas, que consideren aumentar los subsidios del SNAP y otros apoyos de la Red de Seguridad, y que ofrezcan opciones a corto plazo para ayudar a las familias a manejar sus cargas de deuda actuales y poder acceder a créditos más baratos.

LOS ANTECEDENTES

La última versión de la legislación que contiene disposiciones para financiar los programas gubernamentales de alimentos, así como la industria agrícola en general fue aprobada en el 2018. Al momento, republicanos y demócratas negocian un borrador.

En el 2021, el presidente Joe Biden cambió las reglas, y estableció un aumento de $256,000 millones para el programa en un periodo de 10 años. Bajo el plan del presidente, los beneficios aumentarían dependiendo la cantidad que el Gobierno decida aprobar para cada año específico en lugar del cálculo con base en los precios de los alimentos en el mercado.

Sin embargo, si la nueva propuesta avanza en el Congreso, devolvería SNAP al proceso de costo neutral con base en los precios de alimentos y otras métricas que históricamente han sido consideradas para establecer las cantidades y pagos mensuales para las familias.

Un reporte de Newsweek de principios de mes señala que, debido a lo anterior, los beneficiarios del programa SNAP verán una reducción en los fondos al inicio del cambio; pero que a medida que pase el tiempo, la alteración garantizará que los recipientes reciban un ajuste justo. De otra forma, según los favorecedores del cambio, los beneficiarios estarían sujetos a las decisiones de los que estén a cargo en el Gobierno de la discusión sobre SNAP.

Uno de los que proponen el cambio es el presidente del comité de Agricultura de la Cámara, el republicano Glenn Thompson (Pensilvania).

En la página web del comité, el legislador rechazó que la acción lleve a la reducción de la asistencia alimentaria para las familias. “El Farm Bill 2024 reafirmará la intención del Congreso prescribiendo un proceso de coste neutro, al tiempo que se toma en consideración el precio de los alimentos, los patrones de consumo, y las guías de alimentación. Los beneficios SNAP continuarán siendo actualizados anualmente para reflejar la inflación. Para estar claros, los republicanos en la Cámara no están cortando, reduciendo o impactando los beneficios SNAP o la elegibilidad a los mismos”, argumentó.

El congresista de Pennsylvania aprovechó para criticar el mensaje de los demócratas en la dirección contraria. “Yo voy a usar esta propuesta y el análisis de la Oficina de Presupuesto Congresional (CBO) para invertir en un conjunto de prioridades que promuevan el acceso a SNAP, la integridad del programa, la independencia financiera y la salud”, sostuvo. 

El comité que preside el republicano evalúa una actualización a la versión del llamado Thrifty Food Plan (TFP).

El TFP es el costo más bajo de cuatro planes de alimentos desarrollados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El Plan económico de alimentos Thrifty es usado para determinar las cantidades de beneficios SNAP que varían dependiendo el tamaño del hogar. “Por ley, el costo de ‘Thrifty Food Plan’ en junio establece el beneficio máximo de SNAP para un hogar de cuatro personas para el próximo año fiscal (1 de octubre al 30 de septiembre)”, detalla el USDA en su página web.

“USDA determina la cantidad de beneficios máxima de SNAP para otros tamaños de hogares usando una fórmula que se ajusta al hecho de que cuesta más por persona alimentar a un hogar más pequeño que uno más grande. Las cantidades máximas de beneficios en un hogar y la información de cómo los beneficios SNAP en un hogar son calculados se basan en la cantidad de beneficio máximo que puede ser hallada en la página web de Elegibilidad a SNAP”, añade la agencia. 

La postura de expertos del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) difiere de la expuesta por el republicano.

“Esta propuesta limitaría la autoridad de USDA para ajustar el costo de TFP para reflejar con precisión el costo de una dieta frugal y saludable.

Cabe señalar que Thompson no ha especificado si en el organismo que dirige se le dará pasado a la medida para que Puerto Rico transaccione del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) a SNAP como reclaman múltiples sectores dentro de la isla y en la diáspora.

La batalla para la paridad en el programa para los ciudadanos en el territorio es una de las más prioritarias desde el año pasado, no solo en la agenda de legisladores demócratas, sino de funcionarios del gobierno de Puerto Rico y organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, la inclusión de una provisión a esos fines en el Farm Bill también ha recibido el rechazo de los republicanos por el costo que implicaría.

Mientras se debate su continuidad, algunos estados aumentarán los beneficios de los cupones SNAP este verano.

Los cupones de alimentos, liderado por el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), otorga a cada estado la autonomía para administrarlo según su criterio, por lo que establece requisitos y fechas de pago. Sin embargo, el desacuerdo surge en cuanto a la financiación del programa, con propuestas divergentes entre la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, y el Senado, liderado por los demócratas.

Mientras el Congreso debate, algunos beneficiarios de SNAP en estados específicos recibirán aumentos en los beneficios. Este verano del 2024, los hogares con hijos en edad escolar que reciben comidas gratuitas o a precio reducido obtendrán 120 dólares adicionales por niño a través del programa SUN Bucks del gobierno federal, para ayudar a cubrir los costos de alimentos durante las vacaciones de verano.

Los estados beneficiarios incluyen a Pennsylvania. Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Guam, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Islas Marianas del Norte, Ohio, Rhode Island, Tennessee, Virginia, Washington, Washington DC, Virginia del Oeste y Wisconsin.

A pesar del progreso, la aprobación de la ley agrícola es cada vez más improbable en 2024.

Joshua Baethge, de Progressive Farmer, informó el pasado viernes que las probabilidades de que se apruebe un proyecto de ley agrícola completo este año siguen siendo bastante bajas porque los legisladores han completado sólo un porcentaje muy pequeño de los pasos necesarios para que un proyecto de ley agrícola se convierta en ley.

La presidenta de Agricultura del Senado, Debbie Stabenow, demócrata por Michigan, no cree que el proyecto de ley del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes pueda ser aprobado por la Cámara y teme que un proyecto de ley del Senado pueda correr la misma suerte.

“‘No quiero presentar un proyecto de ley del comité del Senado que tenga el mismo destino’ que el proyecto de ley de la Cámara de Representantes, dice”, según Davies, Brasher, Wicks y Alvey. “Stabenow ha rechazado las propuestas del Partido Republicano en parte debido a los recortes al gasto en nutrición y la eliminación de las barreras climáticas sobre la financiación de la Ley de Reducción de la Inflación. “La manera de obtener una ley agrícola es asegurándose de que todos estén contentos. Y ese reconocimiento aún no se ha producido”, afirmó.

«‘Creo que estamos considerando otra extensión y lamento decirlo’, dijo», según Barnett. “‘No voy a hacer un mal proyecto de ley. Este es un proyecto de ley de cinco años. Tenemos que hacerlo bien’”.

Si fuiste víctima de robo de datos o dinero de los cupones puedes hacer una querella al 1-844-347-8477 o al 888-3287366.

Y para los adultos mayores existen recursos especiales como el de The National Elder Fraud Hotline  833-FRAUD-11 (833-372-8311)

Para reportar el fraude: https://reportfraud.ftc.gov/ y al mismo FBI https://www.ic3.gov/