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Three School District of Philadelphia Schools Ranked in Niche’s Top Twenty of Public Schools in Pennsylvania

School District

PHILADELPHIA,PA – The School District of Philadelphia continues to demonstrate academic achievement and student success, and every year nationwide surveys affirm the District’s reputation. Niche is a resource for families exploring educational options, offering comprehensive profiles and rankings of schools across the country. In Niche’s 2025 rankings of the Best Public Middle and High Schools in Pennsylvania, three District schools, Science Leadership Academy, Central High School, and Julia R. Masterman Laboratory and Demonstration School, were ranked among the top 20 in the state, underscoring the district’s academic strides and the success of its students and educators.

“The School District of Philadelphia is producing exceptional students who are college and career-ready at some of the finest institutions here in the fastest improving, large urban school district.” said Superintendent Tony B. Watlington, Sr, Ed.D.. “ Our five year strategic plan, Accelerate Philly is our north star in accelerating student achievement and has led to significant increases in math and reading test scores, student attendance, and graduation rates, and a notable decrease in our student dropout rate.” 

Science Leadership Academy, a high school known for its inquiry-driven, project-based curriculum, placed 19th in the state. Niche’s data highlighted the school’s supportive environment, its emphasis on collaboration, and its focus on fostering independent student growth, making it an ideal choice for learners seeking a forward-thinking educational experience.

Central High School, one of the country’s most historic high schools, claimed the sixth spot in the state rankings. This four-year university preparatory magnet school earned its high ranking through a combination of factors, including its diverse student body, extensive extracurricular opportunities, and strong teacher engagement. Central’s success is a testament to the dedication of its educators and the positive impact of its inclusive, well-rounded academic programs.

However, it was Julia R. Masterman Laboratory and Demonstration School that claimed the top position, ranking first among all public high schools and middle schools in Pennsylvania. Masterman stands out for its rigorous, accelerated curriculum designed for academically gifted students. With a focus on college preparation, Masterman provides an enriched educational experience that helps students reach their full potential, setting the stage for their academic success in higher education.

Several other Philadelphia schools ranked favorably within the top 100 high schools in the state, including the Academy at Palumbo (#51), George Washington Carver High School of Engineering and Science (#65), The Girard Academic Music Program (#81), and The Arts Academy at Benjamin Rush (#89). 

Niche’s rankings are grounded in a robust combination of public data sources, including the U.S. Department of Education, the U.S. Census Bureau, and the FBI, alongside millions of firsthand reviews from students, parents, and community members. By using advanced statistical models and removing outdated metrics like SAT/ACT scores, Niche provides a more holistic view of school quality, reflecting today’s evolving educational priorities.

The School District of Philadelphia has seen encouraging improvements across several key indicators. The district recently welcomed 1,841 additional students, the first time enrollment has increased in a decade, signaling renewed trust in public education. Attendance rates have improved, and graduation rates have risen by 6.3 percentage points, showing the effectiveness of new instructional strategies and school supports. Additionally, high school dropout numbers have declined by 1,400 students, a testament to the district’s growing emphasis on student retention and academic engagement.

The School District of Philadelphia continues to invest in academic excellence and equitable learning offering families the transparency and data they need to make informed choices. The district’s success stories reflect a broader commitment to uplifting students citywide and ensuring all learners have access to a high-quality public education.

Organizaciones de latinos denuncian ante el Congreso los «ataques» de Trump a su comunidad

Congreso
El congresista por Illinois, el demócrata Jesús 'Chuy' García (c), habla durante una rueda de prensa este martes, frente a la sede del Congreso estadounidense en Washington (Estados Unidos). (Foto: EFE/Lenin Nolly)

Representantes de organizaciones de latinos en Estados Unidos, como de la ONG Hispanic Federation y del Instituto del Progreso Latino (IL), denunciaron este martes frente al Congreso estadounidense los «ataques» que la Administración de Donald Trump está llevando a cabo contra su comunidad.

«Hoy enviamos un mensaje claro: no nos quedaremos al margen mientras Washington toma decisiones que afectarán significativamente a nuestro futuro. El compromiso con nuestras comunidades debe ser coherente», dijo el consejero delegado de Hispanic Federation (HF), Frankie Miranda, en una rueda de prensa.

La acción se enmarca en el Encuentro Nacional, un evento que agrupa durante esta semana en la capital estadounidense a unas 130 entidades de latinos para promover políticas que impulsen el progreso de las comunidades latinas.

Junto a Miranda y el resto de representantes de las organizaciones estuvieron los congresistas latinos demócratas Jesús “Chuy” García y Maxwell Frost.

«Trump prometió hacer la vida más asequible a la gente, pero lo cierto es que ahora sólo los multimillonarios se están beneficiando de su programa, no la gente trabajadora», dijo García.

Por su parte, Frost afirmó: «Quieren hacernos pensar que la razón por la que no podemos pagar el alquiler, que un trabajo no es suficiente para vivir y por la que nuestros hijos mueren a causa de la violencia armada en las calles es por culpa de los inmigrantes o de las personas trans, pero no es la verdad. Es mentira».

Ambos quisieron mostrar su negativa a algunas de las medidas que el mandatario está llevando a cabo en las nueve semanas que lleva en el poder como revocar el estatus legal a “unas 530.000 personas” procedentes de países como Haití, Nicaragua o Venezuela, así como las deportaciones.

El consejero delegado lamentó que, aunque la mayoría de los estadounidenses votaron en las pasadas elecciones centrados en “la economía”, las políticas de este ejecutivo están perjudicándola.

“Estamos en la cúspide de una recesión económica y los funcionarios electos están ignorando el mandato real que los votantes les dieron por la prosperidad financiera”, indicó al respecto.

Con todo, Miranda señaló que los trabajadores latinos son una parte “esencial” de la economía del país.

«Sin los empresarios, los profesionales y los trabajadores esenciales latinos, la economía de EE.UU. estaría de una forma inimaginable. Conocemos las contribuciones en nuestra economía», agregó.

Corte de apelaciones permite a gobierno de Trump suspender aprobación de nuevos refugiados

El presidente Donald Trump habla en el Desayuno Nacional de Oración en el Capitolio en Washington, el 6 de febrero de 2025. (Foto: AP/Evan Vucci/Archivo)

 Un tribunal de apelaciones permitió el martes al gobierno de Trump detener la aprobación de nuevos refugiados para ingresar a Estados Unidos, pero debe permitir la entrada de personas que fueron aceptadas condicionalmente antes de que el presidente suspendiera el sistema de admisión de refugiados del país, según dictaminó el tribunal de apelaciones.

La orden limitó un fallo de un juez federal en Seattle que determinó que el programa debería reiniciarse.

El panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos dijo que el presidente tiene el poder de restringir la entrada de personas al país, señalando un fallo de la Corte Suprema de 2018 que respaldó la prohibición de viaje del presidente Donald Trump desde varios países mayoritariamente musulmanes durante su primer mandato.

Los refugiados que fueron aprobados de manera condicional por el gobierno antes de la orden de Trump que detuvo el programa de refugiados aún deben poder reasentarse, determinaron los jueces.

El panel falló sobre una apelación de emergencia de un fallo del juez federal de distrito, Jamal Whitehead, quien determinó que la autoridad del presidente para suspender las admisiones de refugiados no es ilimitada y que Trump no puede anular la ley aprobada por el Congreso que establece el programa.

Whitehead señaló informes de refugiados varados en lugares peligrosos, familias separadas de parientes en Estados Unidos y personas que vendieron todas sus posesiones para viajar a los Estados Unidos, viaje que luego fue cancelado.

Melissa Keaney, abogada del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, aplaudió las partes de la orden que el tribunal de apelaciones dejó intactas.

“Damos la bienvenida a este alivio continuo para decenas de miles de refugiados que ahora tendrán la oportunidad de reiniciar sus vidas en Estados Unidos”, dijo.

Whitehead, quien fue nominado por el presidente demócrata Joe Biden, también emitió una segunda orden el martes bloqueando la cancelación de contratos de reasentamiento de refugiados.

La orden de Trump decía que el programa de refugiados —una forma de migración legal a Estados Unidos para personas desplazadas por guerra, desastre natural o persecución— sería suspendido porque las ciudades y comunidades habían sido gravadas por “niveles récord de migración” y no tenían la capacidad de “absorber grandes cantidades de migrantes, y en particular, refugiados”. Según el gobierno, 600.000 personas de todo el mundo están siendo tramitadas para entrar en Estados Unidos como refugiados.

El Departamento de Justicia argumentó que la orden estaba totalmente dentro de la autoridad de Trump.

A pesar de que los dos principales partidos políticos apoyan desde hace tiempo la aceptación de refugiados debidamente investigados, el programa se ha politizado en los últimos años. Trump también lo interrumpió de forma temporal durante su primer mandato, y después redujo drásticamente el número de refugiados que podían entrar en Estados Unidos cada año.

Los demandantes afirmaron que el Presidente no había demostrado de qué modo la entrada de estos refugiados perjudicaría a Estados Unidos.

Entre ellos se encuentran el Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados, en nombre del Servicio Mundial de Iglesias, la agencia judía de reasentamiento de refugiados HIAS, los Servicios Comunitarios Luteranos del Noroeste, y refugiados individuales y miembros de sus familias. Dijeron que su capacidad para proporcionar servicios críticos a los refugiados, incluidos los que ya están en Estados Unidos, se ha visto gravemente inhibida por la orden de Trump.

Venezolanos deportados por EE. UU. terminan en prisión salvadoreña. ¿Cuál es su estatus legal?

Venezolanos
En esta fotografía proporcionada por la oficina de prensa de la presidencia de El Salvador, guardias penitenciarios trasladan a presuntos pandilleros venezolanos, deportados de Estados Unidos, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) el domingo 16 de marzo de 2025, en Tecoluca, El Salvador. (Foto: AP/Oficina de prensa de la presidencia de El Salvador)

El gobierno estadounidense utilizó una ley de guerra del siglo XVIII para deportar a más de 200 inmigrantes venezolanos a principios de este mes a El Salvador, donde fueron transferidos inmediatamente a la prisión de máxima seguridad para pandillas del país.

Mientras un juez federal en Washington intenta determinar si el gobierno de Estados Unidos desafió su orden de devolver a los migrantes mientras estaban en el aire e insiste en que deben tener la oportunidad de impugnar sus designaciones como presuntos miembros de una notoria pandilla, no ha habido noticias del presidente o del poder judicial de El Salvador sobre cuál es el estatus legal de los prisioneros en ese país.

Eso podría cambiar pronto. El lunes, abogados contratados por el gobierno venezolano tomaron acciones legales en nombre de los prisioneros venezolanos buscando su liberación de la prisión, que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, tiene programado visitar el miércoles.

Estados Unidos dice que los venezolanos deportados el 15 de marzo eran miembros de la pandilla Tren de Aragua, una organización criminal que el presidente Donald Trump declaró una fuerza invasora, pero no ha proporcionado evidencia de ello. La Ley de Enemigos Extranjeros permite que los no ciudadanos sean deportados sin la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o federal.

El Salvador no ha tenido relaciones diplomáticas con Venezuela desde 2019, por lo que los venezolanos encarcelados allí tampoco tienen apoyo consular de su gobierno.

Incluso los ciudadanos salvadoreños han estado viviendo bajo un estado de emergencia que ha suspendido derechos fundamentales desde 2022 y el poder judicial del país no se considera independiente. Todo lo cual plantea preguntas sobre el futuro legal de los prisioneros en El Salvador.

¿Qué ha dicho El Salvador sobre el estatus de los prisioneros?

Muy poco.

El presidente Nayib Bukele anunció al día siguiente de la llegada de los presos que Estados Unidos había enviado lo que él llamó 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua a El Salvador y fueron enviados inmediatamente a su prisión de máxima seguridad para pandillas. El gobierno de Estados Unidos pagaría una tarifa anual por su encarcelamiento, escribió Bukele en una publicación en X.

La Fiscalía General de El Salvador y el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el estatus legal de los prisioneros venezolanos.

¿Qué dicen las leyes de El Salvador sobre el estatus de los prisioneros?

El abogado David Morales, director legal de la organización no gubernamental Cristosal, expresó que no había base legal para el encarcelamiento de los venezolanos en El Salvador. Añadió que no conocía ninguna ley salvadoreña o tratado internacional que respaldara su encarcelamiento.

“Son detenciones ilegales porque no están sometidos a la jurisdicción de un juez salvadoreño, ni han sido procesados, ni condenados en El Salvador. Por lo tanto, están en una situación de una detención ilegal o una restricción arbitraria de su libertad”, indicó.

¿Qué están haciendo los abogados?

Abogados contratados por el gobierno venezolano presentaron una acción legal el lunes en El Salvador con el objetivo de liberar a los 238 venezolanos.

Jaime Ortega, quien dice representar a 30 de los venezolanos encarcelados, señaló que su firma presentó la petición de hábeas corpus ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Explicó que, por extensión, solicitaron que se aplicara a todos los venezolanos detenidos en El Salvador.

Antes de que se presentara, el abogado constitucional Enrique Anaya había sugerido que las organizaciones de derechos humanos y las familias de los presos debían presentar peticiones de hábeas corpus, esencialmente obligando al gobierno a demostrar que la detención de alguien estaba justificada, “como un mecanismo tanto de denuncia como de presión”.

Aun así, Anaya dijo que la falta de independencia judicial en El Salvador hacía poco probable el éxito. El partido de Bukele removió a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema en 2021 y los reemplazó con jueces vistos como más favorables a la administración.

“¿Quién va a definir la libertad de estas personas, los jueces estadounidenses, los jueces salvadoreños?”, preguntó Anaya. Las peticiones de hábeas corpus podrían al menos “demostrar la ilegitimidad de este vacío».

¿Qué tan difícil es para los salvadoreños salir de las prisiones allí?

El Salvador ha vivido bajo un estado de emergencia desde marzo de 2022, cuando el Congreso otorgó a Bukele poderes extraordinarios para combatir a las poderosas pandillas callejeras del país.

Desde entonces, unas 84.000 personas han sido arrestadas, acusadas de vínculos con pandillas. El estado de emergencia ha permitido a las autoridades actuar sin protecciones básicas como el acceso a un abogado o informar a los detenidos por qué están siendo arrestados. Pueden ser retenidos durante 15 días sin ver a un juez.

Los homicidios han disminuido drásticamente en El Salvador y la mejora en la seguridad ha impulsado la popularidad de Bukele.

Pero mientras Bukele ha dicho que unos 8.000 de los arrestados han sido liberados por falta de pruebas, muchos más no han encontrado una salida.

El año pasado, la Fundación para el Debido Proceso publicó un informe que mostraba que la Sala Constitucional de la Corte Suprema había rechazado «sistemáticamente» más de 6.000 peticiones de hábeas corpus presentadas por familias de personas arrestadas bajo el estado de emergencia.

Presentan hábeas corpus en El Salvador para pedir excarcelación de venezolanos deportados por EE. UU.

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En esta fotografía proporcionada por la oficina de prensa de la presidencia de El Salvador, guardias penitenciarios trasladan a presuntos pandilleros venezolanos, deportados de Estados Unidos, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) el domingo 16 de marzo de 2025, en Tecoluca, El Salvador. (Foto: AP/Oficina de prensa de la presidencia de El Salvador)

Un grupo de abogados contratados por el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó un hábeas corpus en El Salvador para exigir la liberación de 238 venezolanos deportados por Estados Unidos que guardan prisión en una cárcel de máxima seguridad del país.

Uno de los abogados dijo que la petición fue presentada en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y que representan a 30 de los 238 ciudadanos venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos hace poco más de una semana e internados en el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad de El Salvador.

Estados Unidos alegó que los deportados eran miembros de la banda de crimen trasnacional Tren de Aragua, designada como organización terrorista extranjera por el gobierno de Donald Trump a finales de febrero junto a varios cárteles.

Los abogados que presentaron el hábeas corpus aseguran que no tienen vínculos con organizaciones criminales y que fueron detenidos en Estados Unidos como migrantes por no tener documentación.

La petición de hábeas corpus tiene por objeto supervisar el derecho a la libertad física y la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas; es un proceso que busca verificar si la detención está justificada y bajo el marco legal.

“Representamos en este momento a 30 ciudadanos venezolanos que nos han otorgado poder para actuar, pero por efecto extensivo, nosotros estamos pidiendo el hábeas corpus para el resto de los ciudadanos venezolanos que se encuentran detenidos en nuestro país”, dijo a los periodistas el abogado Jaime Ortega, del bufete de abogados Grupo Ortega.

Otro de los representantes jurídicos, Salvador Ríos, explicó que fueron contratados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y por el Comité de Familiares de Inmigrantes venezolano para presentar la demanda que, afirma, beneficia al total de 238 deportados que el gobierno de los Estados Unidos envió a El Salvador.

“Conforme a todos los documentos que traemos apostillados se considera que las personas que dignamente representamos son ciudadanos migrantes, dentro de ellos, hasta un cantante. Son personas que han migrado de su país Venezuela, no tienen ningún antecedente criminal”, afirmó el abogado Ortega.

Aseguró que los venezolanos trasladados a la cárcel de máxima seguridad salvadoreña no pertenecen a la banda criminal del Tren de Aragua, que fueron detenidos en Estados Unidos por su condición migratoria irregular y que no poseen antecedentes penales.

El domingo 16 de marzo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, informó que llegaron al país los primeros 238 presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua y que, de inmediato, fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad.

El país centroamericano y el gobierno de Trump alcanzaron el mes pasado un acuerdo para albergar a migrantes detenidos en Estados Unidos. El ejecutivo estadounidense sostuvo que El Salvador podría incluso recibir a ciudadanos estadounidenses, aunque Estados Unidos no puede deportar a sus nacionales a otro país.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y Bukele discutieron los detalles del acuerdo que contempla un costo de aproximadamente 20.000 dólares para albergar a cada prisionero durante el año. Un documento del Departamento de Estado también sugiere que podría reservar 15 millones de dólares para enviar a El Salvador para custodiar a miembros adicionales de la pandilla.

El acuerdo con Estados Unidos incluyó la entregó de 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) buscados por la justicia salvadoreña, incluyendo a dos cabecillas. Uno de ellos fue señalado como «miembro de la estructura más alta de la organización criminal”.

El presidente Trump afirmó el viernes que los venezolanos deportados y encarcelados en El Salvador fueron sometidos a un proceso “muy riguroso” para verificar que forman parte del grupo criminal Tren de Aragua.

Una iniciativa busca que Trump conceda la independencia a Puerto Rico con orden ejecutiva

Puerto Rico
Fotografía personal cedida donde aparece el abogado Rolando Emanuelli. (Foto: EFE/Rolando Emanuelli)

San Juan.– Un grupo de abogados puertorriqueños ha preparado y enviado a la Casa Blanca una orden ejecutiva que establece cómo se pueden transferir los poderes y dar la independencia a Puerto Rico, dejando sin efecto el Tratado de París de 1898.

Este memorando está redactado, según dijo en entrevista a EFE el autor del mismo, el abogado Rolando Emanuelli, «con el lenguaje del colonizador», Estados Unidos, que invadió Puerto Rico en 1898, cuando la isla era una colonia española, y mantiene a día de hoy su dominio sobre la misma.

El licenciado, de 62 años, apuntó que lo más innovador es que hasta ahora todas las propuestas de independencia iban destinadas para ser aprobadas en el Congreso, sin embargo «el presidente también puede dejar sin efecto tratados y podría conceder la soberanía de Puerto Rico».

«El presidente (Donald Trump) firma la orden y proclama que Puerto Rico es una entidad soberana, independiente. Reconoce nuestra soberanía bajo el poder que tiene de reconocer a las otras soberanías», explicó.

Tras debatir la idea con el escritor Javier Hernández y el abogado Carlos Rivera, Emanuelli redactó el texto de siete páginas y hace un mes envió a EE. UU. 33 misivas, revisadas por 16 personas, entre ellas el líder del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau.

Emanuelli, Hernández y Rivera ya se reunieron con los senadores Mike Lee y John McClintock; con el líder republicano del Senado, Jhone Thune; y tienen pendiente mantener una conversación con Mike Jonhson, presidente de la Cámara de Representantes.

Transferencia de poderes

Emanuelli escribió el memorando después de enterarse de que un grupo de puertorriqueños de la diáspora en EE.UU. propuso a través de un documento la independencia en el Congreso ante la incertidumbre de qué pasará con la isla si Trump recorta fondos federales.

«Si Trump recorta los fondos, aquí se anticipa que haya una crisis humanitaria porque el sistema de salud, el sistema de asistencia nutricional, la educación, todo depende de los fondos», lamentó.

El actual estatus político de Puerto Rico como Estado Libre Asociado, establecido en 1952, da a la isla cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero deja bajo el control de EE. UU. áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas.

Entre los pasos para la transferencia de poderes, el documento detalla que EE. UU. daría 36.000 millones anuales por 20 años para la reconstrucción y el desarrollo económico de Puerto Rico y que esto supondría un ahorro de 617.000 millones de dólares si se tienen en cuenta los desembolsos proyectados actualmente.

Emanuelli explicó que, en primer lugar Trump, nombraría «un administrador que va a ser la cabeza de una comisión de transición», durante la cual se cancelaría la deuda de Puerto Rico, se disolvería la Junta de Supervisión Fiscal y se establecería el trámite para lidiar con la ciudadanía.

Sobre la ciudadanía, aclaró que al primero de enero de 2027 los nacidos en Puerto Rico ya no son ciudadanos americanos de nacimiento, pero pueden «ser naturalizados como ocurre con cualquier hijo de un ciudadano americano que nace en cualquier parte del mundo».

Libre comercio con EE. UU. y nueva Constitución

Emanuelli detalló que durante esa transición se crearía un tratado de libre comercio con Washington, debido a las «estrechas relaciones económicas» existentes, se mantendrían los derechos adquiridos como el Seguro Social, y se establecería un acuerdo de libre tránsito, ya que seis millones de puertorriqueños viven en EE. UU.

El administrador de la comisión «va a organizar no solamente la transferencia, sino la convención constituyente para que se redacte una Constitución», indicó el letrado.

Para Emanuelli, los poderes soberanos le darían a Puerto Rico «la capacidad de establecer rutas marítimas y de logística internacional sin ningún tipo de cortapisa del Gobierno federal».

«La idea es tener una transición lo más cómoda, inexpugnable y razonable posible para que Puerto Rico pueda ejercer sus funciones como entidad internacional y entrar en las relaciones comerciales con los diferentes países», sentenció.

Esta iniciativa es contraria a lo que busca el Gobierno de Puerto Rico, liderado por Jenniffer González, que defiende la ‘estadidad’ (anexión a EE. UU.).

La última consulta no vinculante sobre el estatus político de la isla, realizada en noviembre pasado, reflejó una preferencia por la ‘estadidad’ (56,82 %) pero con un fuerte repunte de las opciones de soberanía en libre asociación e independencia.

Shapiro Welcomes Staff to Newly Renovated Flexible Oficce as part of Space Optimization Utilization Project

Shapiro
El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. (Foto: Archivo)

The new business operations office is part of a wider Commonwealth space optimization strategy, designed to show how agencies can reduce their footprint and maximize use of their spaces, improving spaces while saving money.

Space optimization initiative will reduce the Commonwealth’s leased space and enhance Commonwealth-owned facilities to meet evolving workforce needs while generating tens of millions in savings by 2033.

Harrisburg, PA – Today, Department of General Services (DGS) Secretary Reggie McNeil was joined by Office of Administration (OA) Secretary Neil Weaver to open a newly redesigned, flexible office space for staff in the North Office Building as part of the Shapiro-Davis Administration’s Space Optimization Utilization Project (SOUP).  The SOUP initiative is the Commonwealth’s first comprehensive review of its real estate portfolio to improve operational efficiency – enhancing the use of state-owned properties, providing modern, flexible workspaces for employees, driving long-term efficient use of real estate, and delivering more centralized, convenient service centers for taxpayers.  The space optimization initiative will reduce the Commonwealth’s leased space and enhance Commonwealth-owned facilities to meet evolving workforce needs while generating tens of millions in savings by 2033.

The new space was designed to demonstrate how agencies can reduce their footprint while maximizing the use of available space. DGS developed a flexible space model that enables staff to reserve conference rooms, access private rooms for meetings, and work in an open collaborative area with access to natural light within the 8,700-square-foot fifth-floor space.  This innovative design reflects the evolving needs of modern office environments and fosters a collaborative atmosphere, providing employees with shared spaces to collaborate effectively.

«We are pleased to have partnered with OA to co-create an office space that aligns to the Shapiro Administration’s priority of enhancing the use of Commonwealth office space so that state employees can better serve Pennsylvanians,» said DGS Secretary Reggie McNeil.  «The phased approach we’ve taken to modernize state government workplaces and foster flexibility, efficiency, and employees’ well-being, will undoubtedly become a showcase as DGS continues to partner with its sister agencies to optimize the Commonwealth’s office footprint throughout the state.»

The project repurposed space to meet the needs of today’s employees:

  • Minimized construction activity by introducing pods for confidential conversations while keeping the space open for natural light.
  • Digitized documents and removed 70 file cabinets to make better use of existing space.
  • Centralized the kitchen to one area for the entire floor rather than multiple break areas.
  • Coordinated onsite schedules to allow for shared offices and offices to also serve as conference room spaces.
  • Leveraged hoteling spaces in Harrisburg and in other parts of the state, to accommodate work requirements.
  • Utilized recycled furniture from state surplus.

The project was completed on time and under budget.

This new design can accommodate significantly more employees than it did previously, increasing capacity from 63 employees to 80 employees.  This allows for cross-department collaboration and the reuse of vacant space to meet the building’s conference room needs.

The DGS site features a variety of cost-saving enhancements, including being the first state office space to shift primarily to wireless network connectivity.  This move preserves the flexibility of the space by preventing costly reconfigurations of networking infrastructure in the future as needs evolve.  The building also features enhanced wi-fi connectivity that improves network reliability and speed.

“Commonwealth employees need reliable access to IT systems and tools regardless of their work location,” said Secretary Weaver.  “By increasing the use of secure wireless connectivity in our state office buildings, we will create a seamless experience for employees and guests that supports ‘work from anywhere’ flexibility and allows multiple agencies to utilize the same space effectively, while also ensuring that we’re meeting cybersecurity standards for the Commonwealth.”

The Shapiro-Davis Administration is committed to delivering high-quality public services while using taxpayer dollars responsibly. DGS will continue to incorporate data-driven decision-making to guide future real estate investments based on agency needs and employee work patterns.  By consolidating services into strategically located, modernized state-owned facilities, SOUP will improve employee experiences, reduce the Commonwealth’s overhead, and create a more efficient, resilient government infrastructure.

For more information on the Space Optimization & Utilization Project, visit the SOUP webpage.

City Announces Road Closures, Parking Restrictions and Other Details for 2025 Love Run Philadelphia Half Marathon and 7.6K 

Philadelphia

PHILADELPHIA – Today, the City announced the road closures and public safety information for the BMW Love Run Philadelphia Half Marathon and 7.6K taking place on Sunday, March 30, 2025. Philadelphia’s premier spring half marathon will take runners on a course that showcases the City’s historic landmarks and picturesque landscapes.

The BMW Love Run Philadelphia Half Marathon and 7.6K is a “rain or shine” event. Traffic delays can be expected during the course of the event. Motorists are advised to avoid the area by using alternate routes. Road closures, parking restrictions, and details can be found below.

Road Closures

The following streets will be closed on Sunday, March 30, beginning at 3 a.m. until approximately 1 p.m.:

  • Benjamin Franklin Parkway from 22nd Street to Eakins Oval
  • Eakins Oval from Benjamin Franklin Parkway to the Philadelphia Museum of Art
  • Kelly Drive from Eakins Oval to Brewery Hill Drive

The entirety of the Love Run Philadelphia Half Marathon and 7.6K courses will close at approximately 6:45 a.m.:

  • Benjamin Franklin Parkway from 16th Street to Eakins Oval
  • 16th Street from Benjamin Franklin Parkway to John F. Kennedy Blvd.
  • John F. Kennedy Blvd. from 16th Street to 20th Street
  • 20th Street from John F. Kennedy Blvd. to Market Street
  • Market Street from 20th Street to 15th Street
  • Penn Square to Juniper Street
  • Juniper Street to Market Street
  • Market Street from Juniper Street to 6th Street
  • 6th Street from Market Street to Arch Street
  • Arch Street from 6th Street to Benjamin Franklin Parkway
  • Brewery Hill Drive to W. Girard Avenue
  • W. Girard Avenue to Lansdowne Drive
  • Lansdown Drive to Sweet Briar Drive
  • Martin Luther King Jr. Drive to Falls Bridge
  • Black Road to Avenue of the Republic
  • Avenue of the Republic to Memorial Hill Drive
  • Memorial Hill Drive to S. Concourse Drive

Roads will be reopened as they are serviced and cleared. All roads in Center City are expected to be reopened to vehicular traffic by 11 a.m. Detailed course maps for the Love Run Philadelphia Half Marathon and 7.6K  can be found online and available below.

Parking Restrictions

“Temporary No Parking” signs will be posted in connection with the closures listed above, with parking prohibited in posted areas on Sunday, March 30, between the hours of 4 a.m. and 1 p.m. Motorists must adhere to “Temporary No Parking” signs. Vehicles parked in these areas during posted hours will be relocated.

Public Transportation

The following SEPTA Bus Routes will be detoured on Saturday, March 29, beginning at 6 a.m. until approximately 2 a.m. on Sunday, March 30:

  • 38 and 43

The following SEPTA Bus Routes will be detoured on Sunday, March 30, beginning at 6 a.m. until approximately 1 p.m.:

  • 2, 4, 7, 16, 17, 23, 27, 31, 32, 33, 38, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 61, 124 and 125 

Buses will be detoured from their normal routes through the Center City area and Old City area. Detours will be posted, and specific route changes are available on the System Status Page at www.septa.org.

SEPTA is a convenient, affordable way for staff and participants to get to and from the race. Broad Street Subway and Market Frankford Line service will operate on a normal weekend schedule throughout the day on Sunday, March 30. Regional Rail parking lot location information is available online at: www.septa.org/parking.

SEPTA can be reached at 215-580-7800 and directly on X @septa_social. For more information on SEPTA and NJ Transit routes and schedules, visit www.septa.org and www.njtransit.com.

Public Safety Information

Attendees should never leave bags or other items unattended. In the event of an emergency or to report a suspicious person, activity or item (backpack, package, container, etc.), notify a police officer immediately or call 9-1-1. Do not try to open, move, cover or touch a suspicious item.

For the safety of race participants, flying of drones or UAS along the route by hobbyists is prohibited. Commercial pilots with appropriate FAA waivers are encouraged to notify the City through the Philadelphia UAS Notification Form. If attendees see a drone, please report it to the nearest Philadelphia Police officer with a location and description of the pilot.

The public should expect congestion in the area. If you are attending the event, make a plan regarding driving, public transit, parking, and supervision of children. It is recommended that attendees wear comfortable, weather-appropriate attire.

For tips and general information about being prepared and ready at special events, read the Special Event Safety Guide before you attend.

Additional information about the BMW Love Run Philadelphia Half Marathon and 7.6K can be found on the races’ website.

Additional Information for Media

General media inquiries about the Philadelphia Love Run Half Marathon and 7.6K should be directed to Dawn Angelique Roberts at 215-704-2615 or by e-mail at Dawn@eliteaccessrunning.com

Shapiro Administration Launches Grant

Shapiro
Governor Josh Shapiro. (Photo: File)

DEP’s no-cost lead sampling program aims to reduce childhood exposure to lead in drinking water across the Commonwealth. 

Grants are available for schools and childcare centers to install hydration stations, point-of-use devices for removing lead, and replacement faucets.

Harrisburg, PA – The Shapiro Administration is launching a no-cost water sampling program for eligible schools and childcare facilities across the Commonwealth to eliminate lead in drinking water and reduce childhood lead exposure.

Testing water in schools is important because children spend a significant portion of their days in these facilities. The longer water remains in contact with lead plumbing, the more opportunity exists for lead to leach into water. As a result, facilities with on again/off again water use, such as schools, may have elevated lead concentrations in their water. Testing the water at each facility is the only sure way to find out if the water contains too much lead.

The Pennsylvania Department of Environmental Protection (DEP) received federal funding for the Voluntary School and Child Care Lead Testing and Reduction Grant Program through the EPA’s Water Infrastructure Improvements for the Nation (WIIN) Program.

“We know the health risks associated with childhood lead exposure, which is why we’re committed to seeing it eliminated whenever possible. The WIIN program is a win/win for Pennsylvania’s children because it helps find where the problems are and helps eliminate them,” said DEP Acting Secretary Jessica Shirley. “Ensuring every Pennsylvanian has access to clean drinking water is a core part of DEP’s mission. By continuing to take action to get lead out of our drinking water, this grant program will promote a healthier, safer Commonwealth.”

Eligible schools and childcare facilities can apply to test and/or remediate lead in their drinking water. Eligible lead reduction activities may include purchasing and installing hydration stations, point-of-use (POU) devices designed to remove lead, and replacement of faucets. DEP has contracted with Terraphase Engineering to perform the lead testing.

To qualify, applicants must have drinking water sample results demonstrating an exceedance of the EPA’s remediation trigger level (5 parts per billion) within 36 months of the date of their application. Recipients may be eligible for reimbursement up to $3,000 per installed hydration station.

Interested applicants can visit the Lead Testing Program webpage to determine eligibility.

Applications must be submitted online through the Commonwealth’s Electronic Application: Grant Details | Commonwealth of Pennsylvania. Enrollment is currently open and will remain so until the $4.4 million in total funds are exhausted.

For more information on the Voluntary School and Child Care Lead Testing & Reduction Grant program, application guidance, and more, visit DEP’s webpage: Lead Information for Schools and Child Care Facilities. Inquiries can also be sent to the Department’s Safe Drinking Water program at RA-EPWIINLEAD@pa.gov.

Señales y ruido

ruido

El banco central de Estados Unidos la semana pasada dejó igual la tasa de interés, ante un crecimiento económico de 2.3 por ciento durante el último trimestre del año pasado, con el desempleo en 4.1 por ciento, así como inflación declinante y acercándose a la meta de 2 por ciento. También contribuyeron a la pausa las expectativas generadas por los cambios anunciados por el nuevo gobierno, primordialmente en cuatro sectores: el comercio internacional, la inmigración, los impuestos y los recortes del gobierno federal.

El estilo de adoptar decisiones exhibido por el nuevo gobierno ha generado elevados niveles de incertidumbre entre los consumidores y los inversionistas, como lo reveló la semana pasada la corrección en la bolsa de valores.  En comercio internacional, por ejemplo, han sido anunciados y luego pospuestos algunos aranceles. El presidente Donald Trump proclamó el próximo 2 de abril como “Día de la Liberación,” porque en ese día serían aplicados aranceles recíprocos contra las importaciones de la mayoría de los países que tienen un saldo comercial positivo con Estados Unidos.  Sin embargo, recién se supo que la lista de países sería recortada, mientras que ciertos productos serían excluidos, tales como los autos y los microprocesadores. Entretanto, numerosas medidas aprobadas por decreto ejecutivo han sido impugnadas en los tribunales, como en el caso del cierre de algunas agencias, o la deportación de algunos inmigrantes.

Una encuesta entre pequeños empresarios, de la Federación Nacional de Empresas Independientes, reveló el segundo nivel más elevado de incertidumbre en 51 años, después de registrar el mayor nivel en octubre antes de la elección (The Wall Street Journal 03|24|25). Por ende, el presidente del banco central Jerome Powell dijo que es necesario separar “la señal del ruido conforme evolucione el panorama.”

Transcript of Chair Powell’s Press Conference – March 19, 2025