En un tribunal de Virginia, tres agentes de inmigración vestidos de civil —uno de ellos con pasamontañas— detuvieron a un hombre a quien le acababan de desestimar cargos por un delito menor de agresión. Se negaron a mostrarle una identificación o una orden judicial, y uno de ellos amenazó con procesar a los horrorizados testigos que intentaron intervenir, como muestra un video grabado con un celular.

En Carolina del Norte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó el arresto de cuatro personas en un tribunal del condado, según informes de medios locales, lo que llevó al jefe de la policía a expresar su preocupación por la falta de comunicación de la agencia, así como por la disrupción de los procedimientos judiciales.

En un tribunal de Nueva Hampshire, un par de agentes derribaron a un venezolano fuera de un ascensor, y al hacerlo, tiraron a un hombre mayor que caminaba con un bastón. Y en Boston, un agente del ICE detuvo a un hombre que era juzgado. Un juez municipal declaró al agente en desacato por el arresto, pero la orden fue revocada posteriormente por un juez federal.

La oleada de operativos migratorios en los tribunales de todo el país durante el último mes, que ya ha sido muy criticada por funcionarios judiciales y abogados, ha renovado una batalla legal que inició en el primer mandato del presidente Donald Trump, haciendo que los defensores teman que las personas eviten acudir a los tribunales.

Esto ha llamado la atención aún más tras el arresto de la jueza Hannah Dugan el viernes pasado en Wisconsin. El FBI arrestó a Dugan acusándola de intentar ayudar a un acusado a evadir a los agentes federales que lo esperaban permitiéndole salir de la sala del tribunal por una puerta del jurado.

“Algunos de estos jueces creen que están por encima de la ley, y no es así. Y hoy estamos enviando un mensaje muy contundente”, declaró la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, durante una aparición en Fox News después del arresto.

Prácticas de arresto del ICE

Lena Graber, abogada sénior del Immigrant Legal Resource Center (Centro de Recursos Legales para Inmigrantes), declaró a The Associated Press que sabe de al menos una docena de arrestos migratorios recientes en juzgados de todo el país.

“El contexto histórico es realmente importante”, dijo Graber. “Esto es algo que no formaba parte de la práctica del ICE hasta el primer gobierno de Trump, y la gente estaba en shock”.

El ICE mantuvo durante mucho tiempo la práctica general de no arrestar a personas en ciertos lugares, como escuelas, hospitales, tribunales e iglesias. Pero durante el primer gobierno de Trump, la agencia adoptó una política que permitía explícitamente arrestar a “extranjeros específicos señalados” en los juzgados, con el argumento de que era de especial importancia en jurisdicciones “santuario”, donde los funcionarios no notifican a la agencia antes de liberar a inmigrantes que enfrentan casos de deportación.

Los arrestos de inmigrantes en los tribunales se dispararon, lo que provocó la condena de funcionarios judiciales y organizaciones legales, así como demandas de algunos estados y la aprobación de proyectos de ley que buscaban bloquear la práctica.

El caso de Dugan es similar a uno presentado durante el primer gobierno de Trump contra un juez de Massachusetts, acusado de ayudar a un hombre a escabullirse por la puerta trasera de un juzgado para evadir a un oficial de inmigración que lo esperaba. Un juez de Oregon enfrentó acusaciones similares —aunque no un arresto ni cargos penales— en 2017.

Los presidentes de tribunales de algunos estados, como California y Washington, pidieron al ICE que dejara de hacerlo, y argumentaron que el miedo al arresto disuadiría a las víctimas y a los testigos de delitos de comparecer ante el juzgado. En un caso muy publicitado, agentes en Texas arrestaron a una mujer mientras obtenía una orden de protección contra un presunto abusador.

El gobierno de Biden impuso restricciones a los arrestos de inmigrantes en los tribunales, pero fueron revertidas rápidamente cuando Trump regresó al cargo este año.

Según las directrices emitidas el 21 de enero, los agentes del ICE pueden llevar a cabo controles migratorios en los juzgados o en sus inmediaciones si creen que alguien a quien intentan encontrar estará allí. Siempre que sea posible, los agentes deben realizar los arrestos en áreas no públicas, coordinarse con quienes trabajan en la seguridad del tribunal y evitar la perturbación de las operaciones judiciales.

Fiscal de Virginia promete investigar arresto en tribunal

Teodoro Domínguez Rodríguez, identificado por el ICE como ciudadano hondureño, fue confrontado y arrestado por agentes de inmigración tras salir de un juzgado de Charlottesville el 22 de abril. Fue el segundo arresto migratorio en el tribunal ese día.

El primero no fue videograbado, pero al correrse la voz, Nick Reppucci, quien encabeza la oficina del defensor público del lugar, se apresuró a enviar personal al juzgado. Capturaron en cámara el arresto de Domínguez Rodríguez.

Los tres agentes, uno de ellos con pasamontañas, ignoraron las exigencias de los observadores de mostrar sus placas o una orden judicial, como se muestra en el video. Un agente amenazó diciendo que la fiscalía federal procesaría a dos mujeres que intentaron interponerse entre los agentes y Domínguez Rodríguez.

El jefe policial Chan Bryant confirmó que los agentes mostraron previamente sus placas y documentación a un funcionario de la corte. No obstante, Jim Hingeley, fiscal del condado de Albemarle, criticó a los agentes por no identificarse al realizar el arresto.

“Los espectadores o la persona que es arrestada podrían haber ofrecido resistencia violenta ante lo que, en apariencia, era una agresión y secuestro ilegales”, dijo Hingeley en un comunicado enviado por correo electrónico.

Reppucci condenó la “normalización que ocurre aquí, donde las fuerzas federales del orden detienen gente en este momento sin que se les exija mostrar a esa persona ningún tipo de identificación”.

En una declaración escrita, el ICE respaldó las acciones de los agentes, “quienes están capacitados para evaluar y procesar las detenciones de la manera que garantice el éxito operativo y la seguridad pública”.

The Associated Press no pudo localizar a familiares que pudieran hablar en nombre de Domínguez Rodríguez, y no se sabe si tenía un abogado que lo representara.

Repucci enfatizó el impacto que podrían tener los arrestos como el de Domínguez Rodríguez en las personas que acuden a los tribunales, un lugar donde, dijo, se supone que las “disputas se resuelven de manera ordenada y pacífica”.

“Personas en procesos de divorcio, con disputas civiles, audiencias de custodia, testigos potenciales —es menos probable que todos ellos acudan a los tribunales”, agregó.