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Juez ve «insuficientes» las explicaciones del Gobierno de Trump sobre vuelos a El Salvador

El Salvador
(Foto: EFE/Esteban Biba)

El juez estadounidense James Boasberg, a cargo del caso de los vuelos de deportación a El Salvador, consideró este jueves que las explicaciones que le ha entregado el Gobierno de Donald Trump son «insuficientes».

El miércoles, Boasberg dio 24 horas más al Gobierno para entregar detalles sobre los vuelos con los que el sábado deportó a cerca de 200 venezolanos, ahora encarcelados en El Salvador.

Los vuelos aterrizaron en el país centroamericano pese a la orden del propio Boasberg para que lo aviones regresaran a Estados Unidos con los migrantes.

En un escrito publicado este jueves, el juez dijo que el Gobierno «nuevamente eludió sus obligaciones» entregando «poco después de la hora límite» un documento de seis párrafos con «la misma información general sobre los vuelos».

«Esto es lamentablemente insuficiente», afirmó Boasberg.

En este escrito, el juez ordenó al Gobierno que explique para el martes por qué considera que sus funcionarios no desobedecieron su orden el sábado cuando permitieron que los vuelos llegasen a El Salvador.

Varias personas que sostienen fotografías de parientes migrantes en una manifestación el 18 de marzo de 2025, para protestar por la deportación de presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, que fueron transferidos a una cárcel en El Salvador. (Foto: AP/Ariana Cubillos)

El juez podría declarar en desacato al Gobierno o a funcionarios si siguen sin entregar la información solicitada.

Trump invocó el viernes una la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 utilizada en tiempos de guerra para deportar a cientos de venezolanos a los que señala de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.

Boasberg bloqueó la aplicación de la ley cuando dos aviones iban rumbo a Centroamérica el sábado con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos.

Prueba de sangre no detecta el cáncer de ovario en algunas pacientes, según estudio

cáncer
El edificio James Shannon de los Institutos Nacionales de Salud de EEUU (NIH) en el campus de la agencia en Bethesda, Maryland, el viernes 24 de octubre de 2014. (AP Foto/Pablo Martínez Monsiváis, Archivo)

Un análisis de sangre común puede no detectar el cáncer de ovario en algunas pacientes negras y nativas estadounidenses, retrasando su tratamiento, según un nuevo estudio en Estados Unidos. Es el ejemplo más reciente de pruebas médicas que contribuyen a las disparidades en la atención médica.

Los investigadores están trabajando para descubrir este tipo de sesgos en la medicina. Recientemente, las acciones de la administración Trump contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión han puesto en peligro dicha investigación, ya que las universidades reaccionan a la presión política y las agencias federales revisan las subvenciones buscando proyectos que violen las órdenes del presidente.

Las mujeres nativas estadounidenses tienen la tasa más alta de cáncer de ovario. Las mujeres negras con cáncer de ovario tienen tasas de supervivencia más bajas en comparación con las mujeres blancas. Detectar el cáncer de ovario con anticipación puede llevar a mejores posibilidades de supervivencia.

El nuevo estudio, apoyado por subvenciones del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos y publicado el jueves en JAMA Network Open, examinó una prueba llamada CA-125. La prueba mide un marcador tumoral en la sangre, y los médicos la utilizan para determinar si una mujer con un bulto sospechoso debe ser referida a un especialista en cáncer.

Los médicos dependen de la prueba durante las evaluaciones iniciales, por lo que entender lo que significan los resultados para personas de diferentes razas y etnias es crucial, dijo la doctora Shannon Westin del Centro de Cáncer MD Anderson en Houston, quien no participó en la investigación.

“Este es un ejemplo perfecto de trabajo que absolutamente necesitaba ser estratificado según la raza y la etnicidad”, afirmó Westin. Los hallazgos alertan a los médicos de que no deben sentirse totalmente tranquilos con un resultado normal de la prueba, expresó.

Hasta ahora, se desconoce por qué la prueba no funciona de manera uniforme en todos los grupos. Los investigadores sospechan que tiene algo que ver con una variación genética inofensiva que es más común en personas de ascendencia africana, caribeña, del Oriente Medio y de las Indias Occidentales.

Los estudios iniciales de la prueba, publicados en la década de 1980, no registraron las razas de las personas, pero se realizaron principalmente en poblaciones blancas.

La prueba tampoco es perfecta para las mujeres blancas, dijo la autora principal, la doctora Anna Jo Smith de la escuela de medicina de la Universidad de Pensilvania.

“Pero si tenemos un peor rendimiento en ciertos grupos, entonces podríamos estar contribuyendo aún más a las disparidades en la derivación, disparidades en el tratamiento, y en última instancia podríamos estar contribuyendo a la menor supervivencia en mujeres negras con cáncer de ovario”, comentó Smith.

Los investigadores analizaron datos de más de 200.000 mujeres con cáncer de ovario desde 2004 hasta 2020 que se habían realizado una prueba de sangre CA-125.

Las pacientes negras y nativas estadounidenses tenían un 23% menos de probabilidades de tener un nivel elevado de CA-125 al diagnóstico de cáncer de ovario en comparación con las pacientes blancas, lo que sugiere que los umbrales actuales están establecidos demasiado altos.

Los investigadores también encontraron que las pacientes con resultados falsos negativos comenzaron la quimioterapia en promedio nueve días más tarde que aquellas con niveles elevados. Eso podría marcar la diferencia para algunas pacientes, señaló Smith.

La semana pasada, Smith y sus colegas presentaron un trabajo en una reunión de la Sociedad de Oncología Ginecológica proponiendo un nuevo umbral más bajo para la prueba de sangre que funcionaría mejor en todas las poblaciones. El trabajo podría llevar a cambios en las directrices.

“Los nuevos umbrales para la derivación asegurarán que todas las pacientes reciban atención rápida cuando se sospeche cáncer de ovario”, afirmó Smith.

Archivos de JFK recién divulgados revelaron datos personales; se prevén acciones legales

El presidente John F. Kennedy en el automóvil en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963, poco antes de ser asesinado. (Foto: AP/Jim Altgens)

Información personal sensible, incluidos números de Seguro Social, fue revelada en los documentos recientemente desclasificados del asesinato de John F. Kennedy publicados esta semana, y eso no ha sido bien recibido por las personas afectadas.

Joseph diGenova, un exabogado de campaña del presidente Donald Trump, fue uno de aquellos cuya información personal fue divulgada. Él manifestó que planea demandar a los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos (NARA) por violar las leyes de privacidad y está preocupado por el robo de identidad.

“Esto no debió suceder”, expresó diGenova en una entrevista telefónica el jueves. “Creo que es el resultado de personas incompetentes haciendo la revisión. No creo que tenga nada que ver con apresurar el proceso. Las personas que revisaron estos documentos no hicieron su trabajo”.

Su información personal estaba en documentos relacionados con su trabajo para un comité selecto del Senado de Estados Unidos que investigó abusos de poder por parte de funcionarios del gobierno en la década de 1970, incluyendo la vigilancia de ciudadanos estadounidenses.

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron el jueves que se había implementado un plan para ayudar a aquellos cuya información personal fue divulgada, incluyendo la oferta de monitoreo de crédito por parte de los Archivos Nacionales y una revisión de los registros que comenzó el miércoles para identificar todos los números de Seguro Social que fueron revelados. Los funcionarios también dijeron que se emitirán nuevos números de Seguro Social a los afectados.

 Parte de un documento, fechado el 24 de noviembre de 1963, en el que se cita al director del FBI J. Edgar Hoover hablando sobre la muerte de Lee Harvey Oswald, fotografiado en Washington el 26 de octubre de 2017. (Foto: AP/Jon Elswick/Archivo)

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre por qué la información personal no fue censurada.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en un comunicado: “El presidente Trump cumplió su promesa de máxima transparencia al liberar completamente los archivos relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy. A solicitud de la Casa Blanca, los Archivos Nacionales y la Administración del Seguro Social elaboraron de inmediato un plan de acción para ayudar proactivamente a las personas cuya información personal fue divulgada en los archivos”.

Los Archivos Nacionales no respondieron de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios.

Trump ordenó la liberación de los archivos clasificados restantes relacionados con el asesinato de 1963 poco después de asumir el cargo en enero. Aproximadamente 2.200 archivos que consisten en más de 63.000 páginas fueron publicados en el sitio web de los Archivos Nacionales el martes por la noche. Muchas de esas páginas revelaron lo que antes estaba censurado.

La gran mayoría de las más de 6 millones de páginas de registros, fotografías, películas, grabaciones de sonido y artefactos relacionados con el asesinato de los Archivos Nacionales ya habían sido difundidos.

Los Archivos Nacionales publicaron evaluaciones de los documentos recién liberados en su sitio web, pero señalaron que no hubo suficiente tiempo hasta el miércoles para revisar más que una pequeña fracción de ellos. Los documentos publicados esta semana proporcionaron más detalles sobre operaciones encubiertas de Estados Unidos en otras naciones durante la Guerra Fría, pero inicialmente no dieron credibilidad a las teorías de conspiración sobre quién mató a Kennedy.

En esta imagen, tomada el 22 de noviembre de 1963, la limusina en la que viaja John F. Kennedy se dirige al hospital segundos después de que el presidente de Estados Unidos recibiese un disparo en Dallas. (Foto: AP/Justin Newman/Archivo)

Uno de los documentos recientemente desclasificados, por ejemplo, revela los números de Seguro Social de más de dos docenas de personas que buscaban autorizaciones de seguridad en la década de 1990 para revisar documentos relacionados con JFK para la Junta de Revisión de Registros del Asesinato.

Los Archivos Nacionales comenzaron a revisar los documentos el miércoles para identificar todos los números de Seguro Social en los registros del asesinato, según la Casa Blanca.

Los Archivos Nacionales compartirán esos números con la Administración del Seguro Social, que identificará a las personas que están vivas y les emitirá nuevos números, según la Casa Blanca. Los Archivos Nacionales también ofrecerán servicios de monitoreo de crédito para las personas afectadas hasta que reciban sus nuevos números de Seguro Social, dijeron los funcionarios.

Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 durante una visita a Dallas. Mientras la caravana en que viajaba se aproximaba al fin de la ruta de un desfile por el centro de la ciudad, se escucharon disparos desde el edificio del Depósito de Libros Escolares de Texas. La policía arrestó a Lee Harvey Oswald, de 24 años, quien se había posicionado como francotirador en el sexto piso. Dos días después, el propietario de un club nocturno, Jack Ruby, mató a disparos a Oswald durante su traslado a la cárcel, mientras se trasmitía en vivo por televisión.

DeSantis advierte que podría suspender a funcionarios locales que no cooperen con ICE

DeSantis
El gobernador de Florida Ron DeSantis en Tallahassee, Florida, el 5 de marzo del 2025. (Foto: AP/Rebecca Blackwell)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó el jueves que su oficina cuenta con herramientas, incluyendo la suspensión de funcionarios, para obligar a los gobiernos locales a cooperar con las autoridades federales de inmigración para efectuar detenciones y deportaciones.

Los comentarios del gobernador se produjeron apenas dos días después de que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, advirtiera a los funcionarios de la ciudad de Fort Myers que su falta de aprobación de un acuerdo de inmigración con las autoridades federales podría tener graves consecuencias.

“Si estos gobiernos locales no están siendo parte de la solución, tenemos muchas herramientas, incluida la suspensión del cargo, que podemos utilizar ahora”, advirtió DeSantis en un foro sobre inmigración en New College en Sarasota junto al zar de la frontera de la administración Trump, Tom Homan. “Hemos estado haciendo mucho en Florida, pero verán mucho más en las próximas semanas y meses”.

El concejo municipal de Fort Myers no aprobó el lunes un acuerdo que habría permitido a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas capacitar a los oficiales de la ley locales para interrogar a los inmigrantes bajo su custodia y detenerlos para una posible deportación. Varios miembros del concejo expresaron su preocupación de que esto llevaría a detenciones por estereotipo racista y perjudicaría a la comunidad.

Los defensores de los inmigrantes afirman que los acuerdos colocan a los oficiales de la ley locales en la aplicación de la inmigración.

El martes, Uthmeier envió una carta a la ciudad diciendo que Fort Myers podría estar violando la ley estatal que prohíbe las “ciudades santuario”, un nombre que a menudo se le da a los municipios que limitan la cooperación con la aplicación de la inmigración.

“Las políticas de santuario no son toleradas ni legales en Florida”, escribió Uthmeier. “Se requiere una acción correctiva inmediata”.

Un oficial de información pública de la ciudad no respondió de inmediato a una consulta por correo electrónico el jueves.

DeSantis tiene un historial de destituir a funcionarios locales con los que ha estado en desacuerdo, en lo que algunos consideran medidas motivadas políticamente. A principios de esta década, el gobernador republicano destituyó a Monique Worrell, la fiscal estatal demócrata del área de Orlando, diciendo que no había logrado procesar delitos cometidos por menores y no buscó sentencias mínimas obligatorias para delitos con armas. Worrell, quien disputó esa afirmación, fue reelegida el año pasado.

Otro fiscal estatal demócrata, Andrew Warren, cuyo distrito abarcaba el área de Tampa, también fue destituido por DeSantis debido a su firma de compromisos de que no perseguiría cargos criminales contra solicitantes o proveedores de tratamientos de aborto o de transición de género, así como por sus políticas de no presentar cargos por ciertos delitos menores. Warren perdió un intento el año pasado por regresar al cargo.

El mes pasado, DeSantis anunció que varias agencias de la ley de Florida habían llegado a un acuerdo con ICE para interrogar, arrestar y detener a inmigrantes sospechosos de estar en el país ilegalmente y entregarlos a las autoridades federales.

Llegan a Venezuela más de 300 repatriados en un vuelo procedente de México

Venezuela
Fotografía cedida por Prensa del Ministerio de Interior, Justicia y Paz donde se observa a personas bajarse de un avión este jueves, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira (Venezuela).EFE/ Prensa del Ministerio de Interior, Justicia y Paz

Caracas.- Un total de 311 migrantes venezolanos retornó este jueves a su país en un vuelo de repatriación de la estatal Conviasa procedente de México, informó el titular del Ministerio de Interior de la nación suramericana, Diosdado Cabello.

En una transmisión de la estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello detalló que los venezolanos fueron repatriados gracias a un «acuerdo directo» con el Gobierno mexicano.

Desde la pista del aeropuerto internacional de Maiquetía (estado La Guaira, norte), que sirve a Caracas, el titular del Interior señaló que regresaron hombres, mujeres y «muchos niños».

El considerado número dos del chavismo destacó el «gesto hermoso» del Gobierno de Claudia Sheinbaum y, en ese sentido, agradeció las «atenciones a los venezolanos allá» en México.

Asimismo, afirmó que espera que el Gobierno de El Salvador entregue a los venezolanos que tiene «secuestrados», en referencia a los más de 200 migrantes deportados por Estados Unidos el pasado fin de semana y enviados a una prisión del país centroamericano.

Un total de 919 venezolanos han retornado a su país en cinco vuelos desde el pasado febrero, cuando fueron repatriados 190 en un primer momento, 176 que estaban en la base militar estadounidense de Guantánamo y más recientemente 242, también procedentes de México, según cifras oficiales.

El miércoles, Nicolás Maduro, quien juró en enero para un tercer mandato tras su cuestionada reelección el año pasado, ordenó incrementar las acciones para garantizar los vuelos de repatriación de migrantes detenidos en EE. UU.

«Vamos a regresar todos los migrantes», expresó Maduro, quien dijo haber dado esa instrucción al enviado especial para las negociaciones de paz con Washington, Jorge Rodríguez.

Previamente, el Departamento de Estado estadounidense advirtió que aplicará «sanciones nuevas, severas y progresivas» a Venezuela si no acepta nuevos aviones con sus nacionales deportados, después de que Caracas condenara la deportación de las más de 200 personas a El Salvador sin una vista judicial previa y bajo acusaciones de supuestamente pertenecer a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, señalada como terrorista por EE. UU.

Jueza bloquea temporalmente acceso de DOGE a información personal de millones de estadounidenses

DOGE
Manifestantes se congregan afuera del tribunal de distrito de Baltimore, el viernes 14 de marzo de 2025, previo a una audiencia relacionada con el Departamento de Eficiencia Gubernamental. (Foto: AP/Stephanie Scarbrough)

Una jueza federal bloqueó temporalmente el jueves al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Elon Musk de acceder a los sistemas de la Administración del Seguro Social que contienen datos personales de millones de estadounidenses.

La decisión de la jueza federal de distrito Ellen Hollander de Maryland también exige al equipo de la agencia que elimine cualquier dato personal identificable que puedan tener. Esto ocurre después de que los sindicatos y los jubilados solicitaran una orden de emergencia que limite el acceso del DOGE a la agencia y sus vastos depósitos de datos personales.

Afirmaron que el acceso “casi ilimitado” del DOGE viola las leyes de privacidad y presenta enormes riesgos de seguridad de la información. Una funcionaria del Seguro Social que recientemente dejó su cargo y que vio al equipo de DOGE ingresar a la agencia expresó que está profundamente preocupada por la exposición de información sensible.

El gobierno del presidente Donald Trump afirma que el DOGE cuenta con un equipo de 10 empleados federales en la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), siete de los cuales han recibido acceso de sólo lectura a los sistemas de la agencia o a información personal identificable.

El gobierno ha declarado que el DOGE está enfocándose en el despilfarro y el fraude en el gobierno federal.

Sin embargo, Hollander encontró que los fines pueden no justificar los medios.

“El equipo de DOGE está esencialmente involucrado en una expedición de pesca en la SSA, en busca de una epidemia de fraude, basada en poco más que sospechas”, escribió.

Los abogados del gobierno argumentaron que el acceso de DOGE no se desvía significativamente de las prácticas normales dentro de la agencia, donde a los empleados se les permite rutinariamente buscar en sus bases de datos. Pero los abogados de los demandantes señalaron que se trataba de un acceso sin precedentes.

DOGE ha obtenido por lo menos algo de acceso a otras bases de datos gubernamentales, incluyendo las del Departamento del Tesoro y el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés).

En la Administración del Seguro Social, los empleados del DOGE ingresaron a la agencia días después de que Trump asumió el cargo y presionaron para que un ingeniero de software obtuviera rápidamente acceso a los sistemas de datos que normalmente están cuidadosamente restringidos incluso dentro del gobierno, de acuerdo con un exfuncionario en documentos judiciales.

El equipo parecía estar buscando fraude basado en inexactitudes y malentendidos, según Tiffany Flick, la exjefa de despacho interina del comisionado interino.

Hollander, quien reside en Baltimore y fue nominada por el expresidente Barack Obama, es la última jueza que considera un caso relacionado con DOGE. El equipo ha enfrentado casi dos docenas de demandas, algunas de las cuales han arrojado luz sobre el personal y las operaciones que en gran medida han permanecido en secreto.

Varios jueces han planteado preguntas sobre los amplios esfuerzos de reducción de costos de DOGE, pero no siempre han estado de acuerdo en que los riesgos sean lo suficientemente inminentes como para bloquear al equipo del acceso a los sistemas gubernamentales.

EE. UU. imputa a tres personas por los ataques contra Tesla y pide hasta 20 años de prisión

Tesla
(Foto: EFE/WILL OLIVER )

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este jueves que ha presentado cargos contra tres personas acusadas de incendiar vehículos, concesionarios o estaciones carga de Tesla y pidió una pena de entre cinco y veinte años de prisión para cada uno.

«Que esto sirva de advertencia: si te unes a esta ola de terrorismo doméstico contra las propiedades de Tesla, el Departamento de Justicia te pondrá entre rejas», dijo Bondi según recoge un comunicado difundido por el Departamento de Justicia.

Los vehículos, concesionarios y propiedades de Tesla han sido blanco de ataques desde que su consejero delegado, Elon Musk, se puso al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de recortar gastos y burocracia en el Gobierno federal por mandato del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Los días de cometer delitos sin consecuencias han terminado», aseguró la fiscal. «Los tres acusados encararán todo el peso de la ley por utilizar cócteles molotov para prender fuego a coches y estaciones de carga de Tesla», añade el texto.

Según el Departamento de Justicia, uno de los acusados, que supuestamente iba armado con un rifle de asalto ligero, fue detenido «tras lanzar aproximadamente ocho cócteles molotov contra un concesionario de Tesla situado en Salem (Oregón)».

Otro acusado fue detenido en Loveland (Colorado) por «intentar incendiar Teslas con cócteles molotov» y presuntamente también llevaba materiales para «fabricar otras armas incendiarias»·

Al tercer imputado, detenido en Charleston (Carolina del Sur), se le acusa de haber escrito «mensajes profanos contra el presidente» antes de «prender fuego a las estaciones de carga».

El Departamento de Justicia, que no ha precisado las fechas de estos tres ataques, «se ha comprometido a poner fin a todos los actos de violencia e incendios provocados dirigidos contra las propiedades de Tesla o de otro tipo», añade el escrito.

Esta semana, se han registrado además asaltos de este tipo en concesionarios de Tesla en Las Vegas (Nevada) y Kansas City (Misuri). Según el diario The Washington Times, el FBI en Las Vegas está investigando lo sucedido como un posible acto de terrorismo.

Congresista Carlos Giménez pide a Inmigración deportar a más de cien cubanos «castristas»

Carlos Giménez
El congresista por el Partido Republicano, Carlos Giménez. Imagen de archivo. (Foto: EFE/Giorgio Viera)

El congresista republicano cubano estadounidense Carlos Giménez solicitó al Departamento de Seguridad Interna (DHS) investigar y deportar de inmediato a más de cien inmigrantes cubanos que residen en Estados Unidos y tienen supuestos vínculos con el régimen castrista.

En una misiva enviada a la secretaria del DHS, Kristi Noem, el republicano dijo que estos individuos representan «una amenaza a la seguridad nacional».

Giménez proporcionó una lista con más de 100 nombres de personas que él considera «que anteriormente respaldaron las brutales políticas de la dictadura castrista se han aprovechado de las leyes de inmigración estadounidenses para ingresar a nuestro país», según dijo este jueves en un comunicado.

Estos agentes del régimen cubano deben ser identificados, investigados y deportados de inmediato, recalcó el congresista, nacido en Cuba y convertido en una las caras más reconocidas contra el régimen castrista en el sur de Florida en los últimos años, al ser alcalde del condado Miami-Dade entre 2011 y 2020.

«Es absolutamente reprensible cómo agentes del asesino régimen de Castro han manipulado nuestras leyes de inmigración para infiltrarse en nuestro país», manifestó.

Giménez, que representa un distrito de gran población cubana e hispana en general en el sur de Florida, destacó el arresto del cubano Tomás Emilio Hernández Cruz por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 14 de marzo.

El inmigrante es considerado como un agente de inteligencia castrista residente en el sur de Florida, según la oficina del congresista.

Giménez dijo que seguirá colaborando estrechamente con el DHS para identificar a agentes de regímenes provenientes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

‘It’s not personal’: Trump’s deportation efforts find support among South Florida Latinos

Trump's
Luis Boulart, 85, poses for a photo in Miami, March 13, 2025. He arrived to the U.S. in 2015 and obtained his citizenship in 2022 casting his first presidential vote for Trump. (Photo: AP/Adriana Gomez Licon)

In Hialeah, Florida, a city that’s 95% Hispanic, only three residents showed up at a recent city council meeting to speak against a partnership with the federal government to enforce immigration laws.

The police departments in Hialeah, where three out of four people were born abroad, and Coral Gables, with a majority of Hispanics mostly of Cuban descent, have entered into agreements with U.S. Immigration and Customs Enforcement with very little visible pushback.

President Donald Trump’s doubling of immigration arrests and ramping up of deportations could have a disproportionate impact on South Florida, home to some of the nation’s largest communities of Cubans, Venezuelans and other Latin Americans. But reaction here to Trump’s crackdown has been far more muted than during his first term, reflecting both the rightward shift of Latino voters and a belief among some that restrictive border measures are necessary.

“I understand some people feel a little bit betrayed because most of us voted him in,” said Frank Ayllon, a 41-year-old sales representative from Miami. “I feel like a lot of these people are taking it very personal. And it’s not personal. It’s just that you’ve got to understand that this has been an open border for many years.”

Ayllon echoed Trump’s attacks on former President Joe Biden, whose administration saw record-high illegal border crossings before falling by the end of his term. Having once been critical Trump’s 2020 election lies, Ayllon now says he thought the president has had the most action-packed beginning of a term he has ever seen.

Julian Padron, 79, poses for a photo, March 13, 2024, in Miami. He was a political prisoner in Cuba but arrived decades ago. He considers Trump’s actions anti-democratic and is against his immigration policies that may target Hispanics on Miami. (Photo: AP/Adriana Gomez Licon)

A political shift begins to stick

When Miami-Dade County ordered jail officials in 2017 to hold people suspected of being in the U.S. illegally, dozens lined up to speak against the order at a public meeting, with some shouting “shame on you.” Lawmakers including former Vice President Kamala Harris, then California’s junior senator, joined large protests outside a local immigrant detention facility.

Now in Trump’s second term, the protest movement is splintered. But there’s also been a broader political shift in South Florida and Latino communities.

While Harris in the 2024 presidential election won more than half of Hispanic voters, that support was down slightly from the roughly 6 in 10 Hispanic voters that Biden won in 2020. Roughly half of Latino men voted for Harris, down from about 6 in 10 who went for Biden.

In the November election, 7 in 10 Hispanic voters in Florida said they favored reducing the number of immigrants who were allowed to seek asylum in the U.S. when they arrived at the U.S. border, according to AP VoteCast. That was in line with Florida voters overall.

In 2024, Trump won not just Miami-Dade County but the central Florida counties of Seminole and Osceola, where many Venezuelans have immigrated, and made inroads in heavily Puerto Rican areas of Pennsylvania. He also flipped several South Texas border counties that were Democratic bastions for decades.

What initially catapulted Trump’s popularity in South Florida was his stance on the socialist governments that many exiles and their families fled, along with his focus on boosting growth and reducing prices. But at a rally in Miami days before announcing his third White House bid in November 2022, Trump said that, contrary to the belief of some, Hispanics liked his vows to crack down on illegal immigration.

“When I talked about the border, you know who the biggest fans of that were? (they) were the Hispanics, Latinos,” Trump said. “They knew more about the border than anybody. They knew more about it. Everybody said, ‘Oh, he’s going to hurt himself with Hispanics.’ Actually, it turned out to be the exact opposite.”

Barbara Canales, a 49-year-old certified nursing assistant who lives in Hialeah, said her mother brought her as a young girl from Honduras with a visa and overstayed it. It took them many years to legalize their status and to be able to bring other family members.

“That’s why I totally agree that you need to take illegal immigrants out of the United States. I’m sorry, but they should do it,” Canales said, adding that she feels most of the migrants arriving in the past few years are different. “When you come in with a visa is a totally different story.”

Canales says that while the Republican president has made immigration his signature issue, previous Democratic administrations have been just as willing to enforce immigration laws and deport people who had built their lives in the U.S. Former President Barack Obamaearned the nickname “deporter in chief” from advocacy groups who opposed his use of enforcement.

“It’s the reality that if you’re here breaking the rules, you have to suffer the consequences,” Canales said.

President Donald Trump arrives to speak at the Future Investment Initiative (FII) Institute summit in Miami Beach, Fla., Wednesday, Feb. 19, 2025. (Photo: AP/Rebecca Blackwell)

Miami’s Cuban exiles are split

Miami is particularly well-known for its community of Cuban exiles who originally fled the government of communist leader Fidel Castro. About two-thirds of Cuban voters in Florida supported Trump in 2024, according to AP VoteCast, while about one-third supported Harris.

Cubans have long prided themselves of arriving here legally through several refugee and family-based programs and have been able to get green cards easier than people from other countries, thanks to a Cold War-era law.

After Obama in 2017 ended the “wet foot, dry foot” policy that considered any Cuban who set foot on dry land to be automatically a legal arrival, Cubans leaving for the U.S. have found more obstacles.

It did not stop many from coming.

Between 2021 and 2022, the U.S. government recorded the largest flight of Cuban exiles since the Mariel boatlift in 1980, when nearly 125,000 Cubans came to the U.S. over a six-month period.

“We are all in favor of legal immigration. My parents are products of legal immigration, like many of your parents, if not you directly,” said Hialeah Mayor Esteban Bovo, a strong Trump ally, during the recent city council meeting about an ICE partnership.

Trump picked up support from new Cuban immigrants such as Luis Boulart, 85, who arrived in 2015, got his citizenship in 2022 and cast his first presidential vote for Trump in 2024. Boulart recently said he trusted the president and believed the Republican party could better handle immigration, the economy, immigration and foreign policy.

“I think the challenges ahead are huge. But he is capable of solving all the problems,” Boulart said.

But those policy changes have meant more recent arrivals have a tougher path to legal status than preceding generations did.

Julian Padron, a 79-year-old who said he was jailed in Cuba, arrived decades ago when President Jimmy Carter negotiated with Castro the release of hundreds of political prisoners to the United States. He said he feels strongly against Trump and considers his actions anti-democratic.

He frequents Domino Park, located on Calle Ocho in Miami’s iconic Little Havana, where a lot of the players sitting at four-person tables on a recent day were supportive of Trump. Padron said he typically keeps his thoughts to himself unless he is asked for his opinion. A park employee first told an Associated Press reporter that political questions were not allowed at this park to avoid arguments. But when asked which directive forbade that, the employee said he would find out and then allowed the interviews to continue.

“They are going to be detaining people,” Padron said, looking around the park. “Do they not know that people are still fleeing communism?”

Member of Philadelphia-Based Drug Trafficking Organization Sentenced to 80 Months in Prison

Migrant
(Foto:. Ilustrativa/Pexels)

Philadelphia. – United States Attorney David Metcalf announced that Alex Wellman Castro Frias, 51, a Dominican citizen who had been residing in Philadelphia, Pennsylvania, was sentenced by United States District Court Judge Paul S. Diamond to 80 months’ imprisonment followed by three years of supervised release for his role as a “bagger” in a drug trafficking operation based in Philadelphia.

In August of 2023, Castro Frias was charged by superseding indictment with conspiracy to distribute a mixture or substance containing a detectable amount of fentanyl and possession with intent to distribute a mixture or substance containing a detectable amount of fentanyl. The defendant pleaded guilty to both counts in April of last year.

As detailed in court filings, Castro Frias and his co-conspirators in the Ortiz drug trafficking organization (DTO) were responsible for packaging thousands of individual baggies of fentanyl mixed with xylazine, drugs bound for distribution in Philadelphia and Pittsburgh. The volume of drugs processed was significant; when the FBI executed a search warrant on a house used by the DTO, over six kilograms of fentanyl were found on the bagging table.

“As a member of this DTO, Castro Frias played an active role in funneling fentanyl cut with xylazine onto the streets of Philadelphia and beyond,” said U.S. Attorney Metcalf. “This highly addictive and destructive combination of drugs does horrific physical damage to users, causing gaping wounds that have led to amputations and deaths. My office is committed to bringing to justice the people and organizations fueling the city’s drug epidemic and all the ills that come with it. After serving his sentence, Castro Frias, who’s here illegally, will promptly be deported to his home country.”

The case was investigated by the FBI as part of the Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OCDETF) program and is being prosecuted by Assistant United States Attorney Jason Grenell.