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ONU cifra 743 demandas de paternidad contra sus cascos azules y les pide rendir cuentas

ONU
El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, habla durante una conferencia de prensa. Imagen de archivo. (Foto: EFE/Andre Borges)

La ONU cifró este jueves en 743 las demandas de paternidad contra su personal de paz, la gran mayoría ‘cascos azules’, desde 2006, y pidió a los países miembros tomar medidas para rendir cuentas por los abusos de sus nacionales, resolver los casos y apoyar a los niños.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, subrayó este problema hoy en un vídeo en redes sociales, en el que defendió que las misiones de paz «existen para proteger al vulnerable» y lamentó que «algunas personas traicionan» ese mandato al «explotar, herir y abusar» de sus protegidos.

Según informó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, la página web que contiene las cifras sobre estas conductas acaba de ser actualizada y constan un total de 743 demandas de paternidad o manutención infantil desde 2006 que involucran a «cascos azules» o personal de la ONU en operaciones de paz.

El portavoz dijo que la ONU y los estados miembros han hecho «progresos» en la prevención y respuesta a la explotación y el abuso sexual pero «la mayoría de estas demandas siguen sin resolverse y los padres no cumplen con sus responsabilidades parentales», por lo que pronto se hará una campaña de concienciación.

Guterres, en su vídeo, sostuvo que la ONU «cuenta con que los estados miembros toman acción donde sus nacionales estén involucrados: actuando más rápido para resolver demandas de paternidad, haciendo rendir cuentas a los autores» y buscando «soluciones» en colaboración con la organización internacional.

El diplomático portugués recordó que los niños nacidos de estas relaciones «a menudo afrontan pobreza, estigma e inseguridad» pero «merecen reconocimiento, apoyo y dignidad», algo a lo que la ONU está comprometida pero que no puede conseguir sola, sino con un «esfuerzo colectivo».

De acuerdo con la web de la ONU, que especifica que algunas demandas se producen años después de que tenga lugar el abuso o la relación de explotación, 2023 ha sido el año con más demandas reportadas (110), y la nacionalidad que acumula más demandas es la surafricana (111).

También de acuerdo con esos datos, en las 743 demandas reportadas desde 2006, solo se han resuelto favorablemente 29, es decir, se ha establecido la filiación legalmente, aunque el niño no siempre está recibiendo manutención.

Un menor apuñaló a dos educadoras en Filadelfia

Filadelfia

Dos maestras de una escuela de Filadelfia fueron apuñaladas y heridas el pasado martes en una escuela secundaria del noreste de Filadelfia mientras desarmaban a un niño de 11 años, con un cuchillo, dijeron la policía y el director de la escuela.

Los oficiales fueron llamados a la escuela Castor Garden poco después del mediodía y encontraron que una mujer de 63 años fue apuñalada en su costado izquierdo y una mujer de 31 años en el brazo derecho, dijo la policía.

La primera víctima fue llevada a un hospital y la segunda víctima se negó a recibir tratamiento médico.

Se informó que el hecho tuvo lugar a eso de las 12:11 p.m. en la cuadra 1800 de Cottman Avenue en el interior de Castor Gardens Middle School, el 19 de noviembre 2024.

El director Shawn McGuigan dijo en un mensaje a las familias que las víctimas son miembros del personal de la escuela y que todos los estudiantes estaban a salvo después del cierre de la escuela, informó WPVI-TV.

El comisionado adjunto Frank Vanore dijo que un niño, que asiste a la escuela, sacó un cuchillo de cocina de su bolso en un aula.

Vanore especificó «Tenemos en custodia un adolescente, de 11 años, que se cree tiene problemas de desarrollo”.

Dijo que los miembros del personal fueron alertados por otros estudiantes y sufrieron cortes «superficiales» mientras desarmaban al niño.

Vanore agregó que la policía está trabajando con sus padres. Monique Braxton, del Distrito Escolar de Filadelfia, dijo que la Oficina de Seguridad Escolar del distrito investigará. En un comunicado declararon que hay una estrecha colaboración con la Oficina de Seguridad Escolar, los líderes del Distrito y los padres del estudiante para investigar y comprender todas las circunstancias que rodean este incidente.

“El Distrito Escolar de Filadelfia está enfocado en la seguridad y el bienestar de toda la comunidad escolar. El estudiante pasó por una tecnología de detección de armas mínimamente invasiva cuando ingresó al edificio; el dispositivo está configurado para detectar armas de fuego. La Oficina de Seguridad Escolar evaluará las medidas de seguridad en todo el Distrito”. Expresaron.

Algunos padres y alumnos están evaluando si regresar a la escuela o matricularse en una escuela con clases en línea.

La policía revela acusaciones de agresión sexual contra Hegseth

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El presidente Donald Trump aparece con el copresentador de Fox & Friends Pete Hegseth durante un evento del Wounded Warrior Project Soldier Ride en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, el jueves 6 de abril de 2017. (Foto: AP/Andrew Harnik/Archivo)

Una mujer denunció a la policía que fue agredida sexualmente en 2017 por Pete Hegseth después de que él le quitara el teléfono, bloqueara la puerta de una habitación de hotel en California y se negara a dejarla salir, según un detallado informe de investigación publicado el miércoles por la noche.

Hegseth, presentador de Fox News y nominado por el presidente electo Donald Trump para ser secretario de Defensa, dijo a la policía en ese momento que el encuentro había sido consensuado y negó cualquier acto indebido, según el reporte.

Las noticias sobre las acusaciones surgieron la semana pasada cuando funcionarios locales emitieron un breve comunicado confirmando que una mujer había acusado a Hegseth de agresión sexual en octubre de 2017 después de que él hablara en un evento de mujeres republicanas en Monterey.

El abogado de Hegseth no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves temprano. Ha dicho que Hegseth pagó a la mujer en 2023 para evitar la amenaza de una demanda infundada.

El informe policial de 22 páginas fue publicado en respuesta a una solicitud de acceso a registros públicos y ofrece el primer relato detallado de lo que la mujer alegó que sucedió, y que choca con la versión de los hechos de Hegseth. El informe citó entrevistas policiales con la presunta víctima, una enfermera que la atendió, un empleado del hotel, otra mujer en el evento y Hegseth.

El nombre de la mujer no fue revelado y The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen haber sufrido agresiones sexuales.

Una portavoz del equipo de transición de Trump dijo el jueves temprano que el “informe corrobora lo que los abogados del señor Hegseth han dicho todo el tiempo: el incidente fue investigado completamente y no se presentaron cargos porque la policía encontró que las acusaciones eran falsas”.

El reporte no dice que la policía encontró que las acusaciones eran falsas. La policía recomendó que el informe del caso se derivara a la fiscalía del distrito del condado Monterey para su revisión.

Los investigadores fueron alertados por primera vez sobre la presunta agresión, según el reporte, por una enfermera que los llamó después de que una paciente solicitara una revisión por una agresión sexual. La paciente dijo al personal médico que creía haber sido agredida cinco días antes, pero no podía recordar mucho sobre lo que había sucedido. Informó que se le podría haber puesto algo en la bebida antes de terminar en la habitación del hotel donde dijo que ocurrió la agresión.

La policía recogió el vestido y la ropa interior sin lavar que ella había llevado esa noche, según el informe.

La pareja de la mujer, que se hospedaba en el hotel con ella, dijo a la policía que estaba preocupado por ella esa noche después de que no regresara a su habitación. A las 2 de la madrugada fue al bar del hotel, pero ella no estaba allí. Ella regresó unas horas más tarde, disculpándose porque “debió haberse quedado dormida”. Unos días después, le dijo que había sido agredida sexualmente.

La mujer, que ayudó a organizar la reunión de la Federación de Mujeres Republicanas de California en la que intervino Hegseth, dijo a la policía que había visto al presentador de televisión comportarse de forma inapropiada durante toda la noche y lo vio acariciando los muslos de varias mujeres. Ella le envió un mensaje de texto a una amiga diciendo que Hegseth daba una “vibra de acosador”, según el informe.

Después del evento, la mujer y otros asistieron a una fiesta posterior en una suite del hotel donde dijo que confrontó a Hegseth, diciéndole que “no le gustaba cómo trataba a las mujeres”, según el informe.

Un grupo de personas, incluyendo a Hegseth y la mujer, se trasladaron al bar del hotel. Fue entonces cuando “las cosas se volvieron confusas”, le dijo la mujer a la policía.

Ella recordó haber tomado una bebida en el bar con Hegseth y otros, según el informe policial. También le dijo a la policía que discutió con Hegseth cerca de la piscina del hotel, un relato que fue respaldado por un empleado del hotel que fue enviado a gestionar la discusión y habló con la policía, según el informe.

Pronto, le dijo a la policía, estaba dentro de una habitación del hotel con Hegseth, quien le quitó su celular y bloqueó la puerta con su cuerpo para que ella no pudiera salir, según el informe. También le dijo a la policía que recordaba “decir ‘no’ muchas veces”, según el informe.

Su siguiente recuerdo fue estar acostada en un sofá o cama con Hegseth inclinado sobre ella sin camisa, y sus placas de identificación colgando sobre ella, según el informe. Hegseth sirvió en la Guardia Nacional, donde alcanzó el rango de mayor.

Después de que Hegseth terminara, ella recordó que él le preguntó si estaba “bien”, según el informe. Le dijo a la policía que no recordaba cómo había vuelto a su propia habitación del hotel y que desde entonces había sufrido pesadillas y pérdida de memoria.

En el momento de la presunta agresión en 2017, Hegseth, ahora de 44 años, estaba pasando por un divorcio con su segunda esposa, con quien tiene tres hijos. Ella solicitó el divorcio después de que él tuviera un hijo con una productora de Fox News que ahora es su esposa, según registros judiciales y publicaciones en redes sociales de Hegseth. Su primer matrimonio terminó en 2009, también después de una infidelidad por parte de Hegseth, según registros judiciales.

Hegseth dijo que asistió a una fiesta después del evento y bebió cerveza pero no consumió alcohol de alta graduación, y reconoció estar “animado” pero no borracho.

Dijo que conoció a la mujer en el bar del hotel, y ella lo llevó del brazo de vuelta a su habitación del hotel, lo cual lo sorprendió porque inicialmente no tenía intención de tener relaciones sexuales con ella, según el informe.

Hegseth dijo a los investigadores que el encuentro sexual que siguió fue consentido y agregó que preguntó explícitamente más de una vez si ella estaba cómoda. Hegseth dijo que por la mañana la mujer “mostró signos incipientes de arrepentimiento”, y él le aseguró que no le hablaría a nadie sobre el encuentro.

El abogado de Hegseth dijo que se hizo un pago a la mujer como parte de un acuerdo confidencial unos años después de la investigación policial porque Hegseth estaba preocupado de que ella planeara presentar una demanda que temía podría haberle supuesto un despido de Fox News, donde era un presentador popular. El abogado no reveló el monto del pago.

Lawsuit against troopers who investigated 11-year-old in murder case nears trial

Lawsuit
An ambulance is parked outside the farmhouse where Kenzie Marie Houk was killed in Wampum, Pa., on Feb. 21, 2009. (Photo: AP/Kevin Lorenzi/Beaver County Times/File)

More than six years after he was exonerated based on insufficient evidence, a man who was charged as an 11-year-old with shooting his father’s pregnant fiancee to death wants a federal jury to make the Pennsylvania State Police pay for the years he spent in juvenile detention.

Jordan Brown’s federal civil rights case is expected to get underway in Pittsburgh early next month, nearly 16 years after he was first accused of the February 2009 death of Kenzie Marie Houk inside their rented farmhouse in Wampum, Pennsylvania.

Pennsylvania is among about a dozen states that do not have wrongful conviction compensation laws, leaving a lawsuit as Brown’s legal option to seek compensation for claims that four former troopers fabricated reports and manufactured evidence.

Brown, now 27, was adjudicated delinquent in juvenile court of first-degree murder and the homicide of an unborn child. He had been released from custody at age 18 before the state Supreme Court in July 2018 reversed his conviction.

The four former troopers — one now deceased — that were named in the lawsuit had leading roles in the murder investigation, conducting interviews and drafting the affidavit of probable cause used to charge Brown. They are being sued over allegations they violated his federal civil rights by filing charges that lacked probable cause and fabricating evidence. State police spokesperson Myles Snyder said the agency, following policy on pending litigation, would not comment on the lawsuit.

This booking photo provided by the Lawence County Prison shows 11-year-old Jordan Anthony Brown. (Photo: AP/Lawrence County Prison/Beaver County Times/File)

The troopers have argued they did not fabricate or conceal any evidence, nor did they violate Brown’s constitutional rights. They’ve said they had probable cause to arrest him, given what they see as his ability and opportunity to commit the crime and that he possessed a 20-gauge shotgun.

Brown is seeking damages for emotional and mental harm, lost wages, legal costs and the time he spent in custody. His attorney, Alec Wright, said Brown had been in juvenile facilities for three or four years before he was old enough to comprehend his predicament.

“At that point Jordan has two options,” Wright said. “Succumb to the pain of not seeing your family, not celebrating birthdays, not being free, or do your best to get through this situation that your family says has a finite end. He chose the latter.”

The National Registry of Exonerations says about 800 civil awards since 1989 to exonerees have amounted to about $3.3 billion, or roughly $325,000 for each year of wrongful incarceration. For Pennsylvania, the registry lists 32 civil awards that were worth a collective $110 million.

Jordan Brown is not among those listed on the National Registry of Exonerations because the registry requires there be some evidence favorable to the defendant that was not presented at trial. In his case, his juvenile adjudication was vacated on grounds of insufficient evidence.

“It’s hard to imagine a more horrifying experience than having been convicted of a crime you didn’t commit,” said George Washington University law professor Jeffrey Gutman, who maintains the exoneration compensation database. “You’ve lost your liberty, your livelihood, your family connections, potentially your health, often for decades, for something you didn’t do. So society owes people who have had a terrible roll of the dice a remedy for that.”

 This undated photo provided by Jordan Brown shows Jordan Brown. (Foto: AP/Jordan Brown/File)

Jordan and his father, Chris Brown, were living with the 26-year-old Houk and her two girls, aged 4 and 7, when Houk was shot to death in her bed. Chris Brown had left for work and was eliminated as a suspect.

Police and prosecutors pursued a theory that Jordan Brown, then a fifth-grader, used a youth model, 20-gauge shotgun to kill Houk in the minutes before he and Houk’s 7-year-old daughter went down their snow-covered driveway to meet the morning school bus.

The shooting came to light when a crew picking up firewood realized Houk’s 4-year-old daughter was crying at the front door at about 9 a.m. on Feb. 20, 2009. By 3 a.m. the next day Brown had been charged as an adult, although his case was later sent to juvenile court. In 2012, Brown was adjudicated delinquent, which in Pennsylvania is the juvenile equivalent to being found guilty.

Houk’s sister, Jennifer Kraner, said she was inside the juvenile courtroom for proceedings against Brown and believes he did it.

“Obviously, there’s never justice, to bring her back,” Kraner said. “But it’s not something we’re comfortable with, him becoming a millionaire upon it. It seems absolutely ludicrous.”

A key piece of prosecution evidence came from interviews investigators had with the 7-year-old. The girl said, according to the lawsuit, that she saw Jordan Brown with two guns and that “she heard a ‘big boom’ before Jordan came out and they went to the bus.”

Brown argued in the lawsuit that the interviews “contained numerous inconsistencies and contradictions” and were not reliable.

The state Supreme Court freed Brown, saying in a unanimous opinion that investigators produced no eyewitnesses, no DNA or fingerprint evidence, and no blood or biological material on the boy’s clothing.

Police investigated Houk’s ex-boyfriend, who had just moved 10 miles (16 kilometers) from her home, but eliminated him as a suspect. Houk had told him a paternity test showed that Houk’s 4-year-old daughter was not his child, and the night before Houk was killed, he had confronted Houk’s parents at a bar, according to the lawsuit.

The lawsuit alleges the ex-boyfriend had made death threats against Houk and several of her relatives, although he denied doing so in testimony at Brown’s juvenile court hearing.

The sun goes down behind the funeral home as mourners line up for the funeral of Kenzie Houk in New Castle, Pa., Feb. 24, 2009. (Photo: AP/Keith Srakocic/File)

A 2014 state Supreme Court summary of the case said the ex-boyfriend told police in a voluntary interview that he had been in the basement of his parents’ home after 10 p.m. the night before Houk was killed. At Brown’s hearing, he said he left the next morning at about 9 a.m. to return an auto part to a store.

A test of his hands showed no gunshot residue and there was still snow on his truck that investigators said would not have survived the drive to the house where Houk was killed, according to the court summary.

Brown told police he saw a black pickup truck on the property the morning of the killing, a description that matched the ex-boyfriend’s Ford F-150. Wright believes no investigation into the killing has occurred since the state Supreme Court freed his client. Lawrence County District Attorney Joshua Lamancusa did not return a message seeking comment.

When the lawsuit was filed four years ago, Brown told The Associated Press he hoped a favorable verdict might dispel any lingering doubts about his innocence.

“You don’t just win a lawsuit over injustice for no reason,” he said.

These days Brown is running a western Pennsylvania beer distributorship with his father and has plans to finish his college degree, Wright said.

Qué le depara a la salud pública si se confirma Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud

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Robert F. Kennedy Jr. habla durante un mitin de campaña para el presidente electo Donald Trump el 1 de noviembre en Warren, Michigan. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Científicos de las agencias federales de salud esperan la segunda administración de Donald Trump con incertidumbre y temor, preguntándose cómo el presidente electo conciliará filosofías radicalmente diferentes entre los líderes de su equipo.

Trump anunció hace pocos días que nominará a Robert F. Kennedy Jr. (RFK) como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), después de decir durante la campaña presidencial que dejaría que el activista antivacunas implementase “sus locuras” en materia de medicamentos, alimentos y salud.

Si el Senado confirma a Kennedy, sus críticos dicen que un movimiento médico radical antisistema, con raíces en siglos pasados, tomaría el poder, amenazando los logros de un orden de salud pública basado en la ciencia y construido con esfuerzo desde la Segunda Guerra Mundial.

Trump dijo en un post en la red social X que “los estadounidenses han sido aplastados por el complejo industrial alimentario y las compañías farmacéuticas que se han dedicado al engaño, la información falsa y la desinformación cuando se trata de salud pública”, haciéndose eco de las quejas de Kennedy sobre el establishment médico.

RFK, ex candidato presidencial demócrata, “acabará con la epidemia de enfermedades crónicas” y “¡Hará que Estados Unidos vuelva a ser grande y saludable!”, escribió Trump.

Las acciones de los fabricantes de vacunas cayeron en medio de las noticias previas al anuncio de Trump sobre RFK.

Si Kennedy hace realidad su visión de transformar la salud pública, los mandatos de vacunación infantil podrían debilitarse. Las nuevas vacunas podrían no ser aprobadas nunca, incluso si la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) permite la comercialización de terapias peligrosas o ineficaces.

Los sitios web de la agencia podrían diseminar ideas sobre la salud no probadas o desacreditadas. Y si el plan de Trump de socavar los derechos de los funcionarios sigue adelante, cualquiera que cuestione estas decisiones podría ser despedido de inmediato.

“Nunca nadie como RFK Jr. se había acercado a la posición en la que podría estar para dar forma real a estas políticas”, dijo Lewis Grossman, profesor de Leyes en la American University y autor de “Choose Your Medicine”, una historia de la salud pública estadounidense.

Kennedy y su asesor Calley Means, un empresario del sector de la salud, afirman que se necesitan cambios drásticos debido a los altos niveles de enfermedades crónicas en Estados Unidos. Según ellos, las agencias gubernamentales han tolerado o promovido, de forma corrupta, dietas poco saludables, y medicamentos y vacunas peligrosos.

Means y Kennedy no respondieron a las solicitudes de comentarios. Cuatro miembros conservadores que formaron parte de la primera burocracia de la salud de Trump hablaron bajo condición de anonimato.

Recibieron con entusiasmo el regreso del ex presidente, pero expresaron pocas opiniones sobre políticas específicas. Días después de las elecciones, RFK Jr. anunció que la administración Trump despediría y reemplazaría inmediatamente a 600 funcionarios de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Creó un sitio web en el que buscaba candidatos por crowdsourcing para nombramientos federales, con una gran cantidad de enemigos de las vacunas y quiroprácticos entre los primeros favoritos.

En reuniones celebradas recientemente en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, en las que participaron Elon Musk, Tucker Carlson, Donald Trump Jr, Kennedy y Means, según Politico, entre los candidatos a los principales puestos en el área de salud estaba Jay Bhattacharya, un científico de la Universidad de Stanford que se opuso a los cierres durante covid. También el cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, que se opone a las vacunas de ARNm contra covid-19 y rechazó prácticas de control de enfermedades bien establecidas durante un brote de sarampión; el cirujano de la Universidad Johns Hopkins Marty Makary; y la hermana de Means, la cirujana formada en Stanford y gurú de la salud Casey Means.

Todos ellos pueden ser calificados de inconformistas, aunque sus ideas no son uniformes. Sin embargo, la posibilidad de que puedan dejar de lado un siglo de políticas de salud basadas en la ciencia es profundamente preocupante para muchos profesionales. Ven la presencia de Kennedy en el corazón de la transición de Trump como un triunfo del movimiento de “libertad médica”, que surgió en oposición a la idea de la Era Progresista de que los expertos son los que deben guiar la política y las prácticas de atención de salud.

Podría representar un alejamiento de la expectativa de que los médicos convencionales sean respetados por sus conocimientos especializados, dijo Howard Markel, profesor emérito de pediatría e historia en la Universidad de Michigan, que comenzó su carrera clínica tratando a pacientes con sida y la terminó tras sufrir un año de covid de larga duración.

“Hemos vuelto a la idea de ‘cada uno es su médico’”, comentó, refiriéndose a una frase que se impuso en el siglo XIX. Era una mala idea entonces y es aún peor ahora, agregó.

“¿Cómo afectará eso a la moral de los científicos?”, se preguntó Markel. Las agencias de salud pública, en gran medida un legado posterior a la Segunda Guerra Mundial, son “instituciones notables, pero se pueden echar a perder estos sistemas, no sólo quitándoles financiación, sino desmoralizando a los verdaderos patriotas que trabajan en ellas”.

El Comisionado de la FDA, Robert Califf, declaró en una conferencia el 12 de noviembre que le preocupaban los despidos masivos en la agencia. “No soy imparcial, pero creo que la FDA está en una especie de pico de rendimiento en este momento”, expresó.

Al día siguiente, en una conferencia, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Mandy Cohen, recordó los horrores de las enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión y la poliomielitis. “No quiero que tengamos que dar marcha atrás para recordarnos que las vacunas funcionan”, afirmó.

Las acciones de algunos de los principales fabricantes de vacunas cayeron después que los medios de comunicación, encabezados por Politico, informaran de que se esperaba la elección de RFK.

Moderna, creadora de una de las vacunas más populares contra covid-19, cerró con una baja del 5,6%. Pfizer, otro fabricante de vacunas contra covid, cayó un 2,6%. GSK, que produce la vacuna contra el virus respiratorio sincitial, la hepatitis A y B, el rotavirus y la gripe, cayó algo más del 2%. La farmacéutica francesa Sanofi, cuyo sitio web presume de que sus productos vacunan a más de 500 millones de personas al año, cayó casi un 3,5%.

¿Éxodo de las agencias?

Ante la incertidumbre sobre la dirección de sus agencias, muchos científicos de edad avanzada de los NIH, la FDA y los CDC consideran la posibilidad de jubilarse, contó un científico de alto nivel de los NIH que habló bajo condición de anonimato por temor a perder su trabajo.

“Todo el mundo con quien hablo respira hondo y dice: ‘Esto no pinta bien’”, explicó el funcionario.

“Sé de muchas personas que están preparando sus currículums”, dijo Arthur Caplan, profesor de bioética en la Universidad de Nueva York. Entre ellos se encuentran dos de sus antiguos alumnos que ahora trabajan en la FDA, dijo Caplan.

Otros, como Georges Benjamin, director ejecutivo de la American Public Health Association, han han dicho que esperarán y verán qué pasa. “Trabajamos con la administración Trump la última vez. Hubo momentos en que las cosas funcionaron razonablemente bien”, explicó, “y momentos en que las cosas fueron caóticas, particularmente durante covid”.

Cualquier esfuerzo de desregulación al por mayor en la salud pública sería políticamente arriesgado para Trump, señaló Benjamin, porque cuando las administraciones “arruinan las cosas, la gente se enferma y muere”.

En la FDA, al menos, “es muy difícil hacer cambios sísmicos”, dijo Dan Troy, ex consejero jefe de la FDA.

Pero la administración podría conseguir fáciles victorias de tinte libertario, por ejemplo, diciendo a su nuevo jefe de la FDA que revierta la negativa de la agencia a aprobar el fármaco psicodélico MDMA de la empresa Lykos. El acceso a los psicodélicos para tratar el trastorno de estrés postraumático ha despertado el interés de muchos veteranos.

Las vitaminas y los suplementos, que ya sólo están ligeramente regulados, probablemente recibirán aún más carta blanca de la próxima FDA de Trump.

Libertad médica o Estado niñera

Pero los “influencers” de la salud en la futura administración Trump no son monolíticos. Los analistas ven posibles enfrentamientos entre Kennedy, Musk y las voces más tradicionales del Partido Republicano.

Casey Means, un médico holístico en el centro del equipo “Make America Healthy Again” de Kennedy, pide que el gobierno corte los lazos con la industria y elimine el azúcar, los alimentos procesados y las sustancias tóxicas de las dietas estadounidenses. Los republicanos tacharon estas políticas de “Estado niñera” cuando Mike Bloomberg las promovió como alcalde de Nueva York.

Tanto el ala libertaria como el de la “libertad médica” se oponen a aspectos de la regulación. Pero los partidarios de la biotecnología de Silicon Valley que están con Trump, como Samuel Hammond de la Foundation for American Innovation, han presionado a la agencia para que acelere la aprobación de medicamentos y dispositivos. Mientras tanto, el equipo de Kennedy dice que la FDA y otras agencias han sido “capturadas” por la industria, lo que resulta en medicamentos, vacunas y dispositivos peligrosos e innecesarios en el mercado.

Es probable que algunos organismos federales sufran cambios importantes. Los republicanos quieren reducir los 27 institutos y centros de investigación de los NIH a 15, y recortar el legado de Anthony Fauci dividiendo el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que dirigió durante 38 años, en dos o tres partes.

Numerosos intentos anteriores de reducir los NIH han fracasado frente a las campañas de pacientes, investigadores y médicos.

Legisladores republicanos han defendido recortes sustanciales del presupuesto de los CDC en los últimos años, incluido el fin de la financiación de la investigación sobre la violencia con armas de fuego, el cambio climático y la equidad en salud. De llevarse a cabo el Proyecto 2025, un proyecto político de la conservadora Heritage Foundation, dividiría la agencia en dos ramas: la de recopilación de datos y la de promoción de la salud. Los CDC tiene una influencia limitada en Washington, aunque ex directores y funcionarios de salud pública defienden su valor.

“Me sorprendería que los CDC no estuvieran en el radar” de posibles cambios, dijo Anne Schuchat, ex subdirectora principal de la agencia, que se jubiló en 2021.

El personal de los CDC es “muy empleable” y podría empezar a buscar otro trabajo si “su área de interés va a ser recortada o modificada”, opinó Schuchat.

Los ataques de Kennedy contra el HHS y sus agencias como herramientas corruptas de la industria farmacéutica, y sus demandas de que la FDA permita el acceso a medicamentos científicamente controversiales, recuerdan mucho a la campaña de los años 70 por parte de los conservadores que defendían el Laetrile, un peligroso e ineficaz derivado de la semilla de albaricoque promocionado como tratamiento contra el cáncer.

Al igual que Kennedy defendió fármacos sin patente como la ivermectina y la hidroxicloroquina para tratar covid, los defensores del Laetrile afirmaron que la FDA y una industria con fines de lucro estaban conspirando para suprimir una alternativa más barata.

A lo largo de las décadas, el público y la industria se han mostrado escépticos ante las agencias reguladoras de la salud, afirmó Grossman. Los organismos tienen más éxito cuando se les pide que solucionen problemas, sobre todo cuando un medicamento defectuoso mata o lastima a un niño.

La Ley de Control Biológico de 1902, que creó el precursor de los NIH, se promulgó en respuesta a vacunas contra la viruela contaminadas que mataron al menos a nueve niños en Camden, Nueva Jersey. Las intoxicaciones infantiles relacionadas con el disolvente anticongelante de un medicamento con sulfamidas impulsaron la creación de la FDA moderna en 1938.

En 1962, la agencia adquirió la facultad de exigir pruebas de seguridad y eficacia antes de la comercialización de medicamentos tras el desastre de la talidomida, cuando los hijos de mujeres embarazadas que tomaban el medicamento contra las náuseas nacieron con extremidades terriblemente malformadas.

Si las tasas de vacunación caen en picada y proliferan los brotes de sarampión y tos ferina, los bebés podrían morir o sufrir daños cerebrales. “Sufriremos las consecuencias si la administración ataca abiertamente la salud pública”, afirmó Alfredo Morabia, catedrático de Epidemiología de la Universidad de Columbia y director del American Journal of Public Health. “Sería como quitarte el seguro de tu casa”.

Sam Whitehead, Stephanie Armour, David Hilzenrath y Darius Tahir colaboraron con este artículo.

KFF Health News es una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los principales programas operativos de KFF, la fuente independiente de investigación de políticas de salud, encuestas y noticias.

El Senado de EE. UU. rechaza resoluciones que pedían parar la venta de ciertas armas a Israel

(Foto: EFE/SHAWN THEW/Archivo)

El Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles por una amplia mayoría tres resoluciones presentadas por el senador independiente progresista Bernie Sanders que pedían el bloqueo de la venta de ciertas armas a Israel en protesta por las operaciones militares en curso en Gaza.

Un total de 79 senadores votaron en contra de las resoluciones que pedían prohibir la venta de munición de tanque de 120 milímetros; la venta de munición de mortero de alto explosivo de 120 mm y la venta de kits para transformar bombas no guiadas en armas guiadas de precisión.

Sanders denunció en el pleno que estas son armas «que se han utilizado con efectos devastadores contra los civiles de Gaza y Líbano» y aseguró que las restricciones no afectarían la capacidad de Israel para defenderse de los ataques.

En una rueda de prensa celebrada el martes, Sanders declaró que Israel tiene «el derecho a responder al terrorífico ataque de Hamás» del 7 de octubre de 2023, pero que «el Gobierno radical del primer ministro Netanyahu no ha emprendido solo una guerra contra Hamás sino contra el pueblo palestino».

«Lo más doloroso es que la mayor parte de lo que está ocurriendo se hace con armas estadounidenses y con el dinero del contribuyente estadounidense», afirmó Sanders, quien mostró algunas fotografías de niños gazatíes afectados por los bombardeos y la hambruna.

El senador de Vermont, que aspiró a la candidatura presidencial del Partido Demócrata en 2016 y en 2020, definió la crisis humanitaria en el enclave palestino como «apocalíptica».

«Lo más importante de todo es que Estados Unidos es cómplice de esas atrocidades. Esa complicidad debe terminar», recalcó.

Los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos, Antony Blinken y Lloyd Austin, enviaron una carta el mes pasado al Gobierno israelí en la que condicionaron el futuro apoyo a Israel a un alivio en el sufrimiento en Gaza.

Superado el ultimátum de 30 días, la Administración del demócrata Joe Biden no ha anunciado ningún cambio en su política de apoyo incondicional al Gobierno israelí, mientras sigue la ofensiva sobre el enclave palestino.

Philadelphia loses lawsuit that sought greater power for the city to regulate firearms

The Pennsylvania Judicial Center is shown in Harrisburg, Pa., July 27, 2009. (Photo: AP/Carolyn Kaster/File)

HARRISBURG, Pa. — Philadelphia cannot impose stricter firearms regulations than are allowed by state law, Pennsylvania’s Democratic-majority state Supreme Court ruled unanimously Wednesday, a blow to city leaders looking for ways to stem gun violence.

The justices ruled 6-0 to uphold a lower court’s dismissal of a lawsuit filed by the city, the nonprofit group CeaseFirePA and family members of gun violence victims.

They had sought to throw out a state law that has long prohibited municipalities from regulating the ownership or possession of guns or ammunition. Under it, courts in Pennsylvania have thrown out decades of local firearms measures, including a 1990s-era assault weapons ban in Pittsburgh.

Justice Kevin Brobson’s majority opinion acknowledged the tragedy of gun violence and that “a serious problem exists.” But, he wrote, the court’s role was not to decide whether laws passed by the Legislature are adequate to address the challenge.

“There is nothing for us to do in the absence of a constitutional violation or other infirmity” in state firearms laws that preempt local ordinances, Brobson, a Republican, wrote.

Gun-rights proponents hailed the decision. On his website, Joshua Prince, a lawyer who advocates for gun rights in court cases, called it a “monumental decision.” The nonprofit organization Pennsylvania Gun Rights called it a “huge win.”

“For two years, Pennsylvanians have lived with this threat that localities might soon be allowed to create their own gun laws — including outright bans,” the organization wrote on Facebook. “Today, that fear is lifted.”

Republicans in the General Assembly, joined by a segment of Democrats, have voted repeatedly in recent years against proposals backed by many urban and suburban lawmakers to restrict gun ownership or gun owners’ rights.

In a statement, Philadelphia Mayor Cherelle Parker’s administration said the court’s decision means that Philadelphia cannot enact “many common-sense regulations of firearms that are proven to reduce gun violence and save lives.”

“While we are disappointed with this result, the Parker administration will continue to seek remedies to Philadelphia’s deadly gun violence crisis through every legal tool in the toolbox at our disposal,” Parker’s administration said.

House Speaker Joanna McClinton, D-Philadelphia, who in the past has supported an assault weapons ban and other gun control measures, said the decision was disappointing for communities that are wrestling with gun violence.

“However, today’s decision underscores that the General Assembly ultimately bears the responsibility for approving commonsense gun safety measures that can prevent violence and keep Pennsylvanians safe,” McClinton said.

Just eight states allow cities and towns to pass their own gun safety laws, according to the anti-gun-violence group Everytown for Gun Safety.

The lawsuit raised what Brobson called a novel approach to the constitutionality and validity of firearms preemption laws. The plaintiffs argued the laws violate the constitutional guarantee of due process of law, constitute a type of state-created danger, and interfere with Philadelphia’s health and disease prevention laws.

Adam Garber, executive director of CeaseFirePA, which works to end gun violence, said the organization was “deeply disappointed by the court’s decision that will continue to handcuff local governments’ ability to save the lives of their residents. The Pennsylvania General Assembly’s refusal to act has exacerbated this crisis and it’s time for them to change their approach.”

Philadelphia Police Department statistics show homicides have fallen in 2024 after several years of much higher rates that coincided with a national surge in gun violence. Through Wednesday, the city had recorded 228 homicides in 2024.

In 2023, the city recorded 410 after hitting what it says was a record high of 562 in 2021.

Researchers say gun violence is down in most big cities this year. The Center for American Progress said earlier this year that Philadelphia had seen the most significant decline in gun violence in 2024 of the 50 most populous U.S. cities.

The FBI reported violent crime in the U.S. had dropped in 2023 by about 3% from the year before, including a drop of 12% in murders and non-negligent manslaughter. That was in line with findings by the nonpartisan Council on Criminal Justice, which reported 13% fewer homicides across 29 cities during the first half of 2024 from the year before.

Grandes Ligas desairan a México y Puerto Rico, sin juegos ahí en 2025

Grandes Ligas
Luis Serna, de los Yankees de Nueva York, lanza frente a José Briceño, de los Diablos Rojos del México,en un juego amistoso disputado en la capital mexicana el 25 de marzo de 2024 (Foto: AP/Fernando Llano)

Las Grandes Ligas cancelaron los planes de realizar juegos de la temporada regular el próximo año en Ciudad de México y San Juan de Puerto Rico.

La temporada se inaugura el 18 y 19 de marzo por medio de una serie de dos juegos en Tokio entre los Dodgers de Los Ángeles —con su astro Shohei Otahni— y los Cachorros de Chicago.

El contrato colectivo suscrito en 2022 con el sindicato de peloteros también preveía juegos en la capital mexicana en mayo, los primeros duelos en París en junio y encuentros en San Juan en septiembre.

Las Grandes Ligas cancelaron los juegos en Francia en 2023 después de no encontrar un promotor. Se jugaron 49 compromisos de temporada regular en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan desde 2001 hasta 2018.

Los juegos programados en San Juan y Ciudad de México en 2020 fueron cancelados debido a la pandemia de coronavirus.

“No vamos a San Juan. No tuvimos, a pesar de muchos esfuerzos, un arreglo que tuviera sentido económico para nosotros”, dijo el comisionado Rob Manfred el miércoles, en una conferencia de prensa después de una reunión de propietarios. “Nos gustaría hacer encuentros en San Juan y lo que está disponible cambia año con año y espero que todo funcione en el futuro”.

Las mayores realizaron encuentros en el Estadio Alfredo Harp Helú de Ciudad de México en 2023 y 2024.

“Estoy seguro de que volveremos durante el término de este acuerdo”, dijo Manfred, en referencia al contrato laboral que se extiende hasta la temporada 2026.

“Tuvimos una postura realmente agresiva de juegos internacionales la última temporada. Obviamente, estamos abriendo en Tokio. Tokio es realmente nuestro enfoque ahora por razones comerciales muy buenas”.

El contrato laboral de las Grandes Ligas establece juegos para 2026 en Ciudad de México en mayo, Londres en junio y San Juan en septiembre.

Public hearings intensify over the proposed 76 Place arena in Philadelphia

Philadelphia
Residents of Chinatown protest the proposed 76ers arena, fearing displacement and the loss of their neighborhood’s cultural identity.

The proposal to build a new arena for the Philadelphia 76ers in Center City is under intense scrutiny as City Council deliberates its fate. Two hearings have been held so far, with a final session scheduled for December 12. The timeline for the decision is tight, as the team has urged lawmakers to approve the $1.3 billion project before the year ends to maintain its development schedule.

The project has gained backing from Philadelphia Mayor Cherelle Parker, the Black Clergy of Philadelphia and several construction unions. Supporters argue that the arena will generate jobs, stimulate economic growth, and enhance the city’s stature. However, strong opposition has emerged from Chinatown residents and community groups, who fear the project, could displace residents and small businesses in the neighborhood.

The Community Benefits Agreement (CBA), a legally binding document tied to the project, promises $50 million for citywide programs and initiatives aimed at addressing community concerns. However, critics, including Councilmembers Jamie Gauthier and Jim Harrity, have called the allocation inadequate. Harrity highlighted that Chinatown is home to hundreds of independent businesses and stated that the $1.6 million earmarked for small business support falls short of addressing their needs.

Small businesses in Chinatown face uncertainty as critics argue the project’s $1.6 million allocation for support is grossly insufficient.

Transportation and construction concerns

Transportation logistics remain a major concern. The arena is planned to sit atop Jefferson Station, with the Sixers estimating that 40% of fans will rely on public transit to attend games. However, SEPTA, the region’s public transportation authority, is facing severe budget deficits, potential service cuts, and contract negotiations with its largest union. Additional Regional Rail service would be required for the arena, but it’s unclear where funding for these enhancements would come from.

Councilmember Michael Driscoll also raised concerns about disruptions to Center City businesses during the arena’s construction phase, which could coincide with Philadelphia’s hosting of high-profile events like the FIFA World Cup, the MLB All-Star Game, and the nation’s Semiquincentennial celebration in 2026.

The proposed arena’s location above Jefferson Station raises concerns about public transit funding, leaving Chinatown and nearby communities at risk of being overlooked.

Council scrutiny and impasse

Councilmembers grilled the Sixers organization on various aspects of the proposal, including the demolition phase, post-game transit planning, and workforce diversity in the project. Councilmember Mark Squilla, whose district includes the proposed site, noted that there might not be enough votes to advance the project in its current form. “I didn’t get a count, but it doesn’t seem like [there are enough votes],” he said.

David Gould, the Sixers’ Chief Corporate Affairs Officer, addressed concerns raised by council members about the potential impact of the arena on Chinatown and other nearby neighborhoods. He stated, “There is no single developer that will be able to guarantee … the preservation of any neighborhood. We are very excited and supportive and look to collaborate with how we can leverage the funds in the community benefits agreement with the tools that the city has at its disposal to best protect and preserve Chinatown.”

This acknowledgment came in response to questions about whether the $50 million community benefits agreement sufficiently addressed displacement fears and other issues voiced by Chinatown residents and business owners. “Fifty million dollars is the number we can support. We can’t go above that,” Gould stated during the hearing.

Councilmember Jamie Gauthier questioned whether the agreement included sufficient protections for neighborhoods directly impacted by the arena, particularly Chinatown. Gould responded that no developer can guarantee the preservation of a neighborhood but expressed willingness to collaborate with the city to leverage available tools for mitigation.

Councilmembers, including Jamie Gauthier, question whether the proposed arena includes adequate safeguards to protect Chinatown’s residents and economy.

Heaven or hell?

The proposed $1.3 billion 76 Place arena in Philadelphia has ignited a fiery debate. While proponents envision a revitalized Center City and job growth, opponents fear significant disruptions and negative impacts on the community. Supporters argue that the arena will attract visitors, stimulate economic activity, and create jobs. “This arena would bring back businesses,” said Sam Staten Jr. of Local 332, highlighting the mayor’s vision for the city.

However, critics express concerns about the six-year construction period, which could severely disrupt daily life in nearby neighborhoods, particularly Chinatown. “Daily life would be hell,” stated Fern Lee Hagerdorn, a South Philadelphia resident. Increased traffic congestion and strain on public resources are also major concerns.

Access to healthcare during construction is another contentious issue. Dr. Walter Tsou, a former health commissioner, voiced alarm over the potential impact on emergency services at Jefferson Hospital. He questioned the Sixers’ owners’ apparent disregard for potential delays in critical care.

The road ahead

If approved, the 18,500-seat arena would open in 2031, coinciding with the expiration of the Sixers’ lease at the Wells Fargo Center in South Philadelphia. While the team has entertained the idea of relocating to New Jersey if the Philadelphia plan falls through, their priority remains Center City.

As of this writing, the debate over the 76 Place arena is likely to intensify. The final public hearing on the project is set for December 3, and the council is expected to vote on December 12. The decision will not only shape the future of the Sixers but also define Philadelphia’s approach to balancing economic development with community preservation.

This content is a part of Every Voice, Every Vote, a collaborative project managed by The Lenfest Institute for Journalism. Lead support for Every Voice, Every Vote in 2024 and 2025 is provided by the William Penn Foundation with additional funding from The Lenfest Institute for Journalism, Comcast NBC Universal, The John S. and James L. Knight Foundation, Henry L. Kimelman Family Foundation, Judy and Peter Leone, Arctos Foundation, Wyncote Foundation, 25th Century Foundation, and Dolfinger-McMahon Foundation. To learn more about the project and view a full list of supporters, visit www.everyvoice-everyvote.org. Editorial content is created independently of the project’s donors.

El dominicano Adriano Espaillat, elegido presidente del Caucus Hispano del Congreso

Adriano Espaillat
El congresista demócrata por Nueva York, Adriano Espaillat, habla en una rueda de prensa en el edificio Rayburn del Capitolio en Washington (EE. UU). Archivo. EFE/Lenin Nolly

Nueva York.- El representante demócrata Adriano Espaillat, primer inmigrante dominicano en el Congreso de EE. UU., fue elegido este miércoles presidente del Caucus Hispano demócrata (CNC) en sustitución de la representante Nanette Barragán.

«Al comenzar el Congreso 119, enfrentaremos los desafíos que tenemos por delante como un frente unido para priorizar las protecciones para las comunidades inmigrantes y garantizar políticas que sean humanas y reflejen los valores de nuestra nación», indicó en un comunicado Espaillat, que nació en 1954 en la ciudad de Santiago de los Caballeros en la República Dominicana.

La migración será una de las materias en las que el Caucus pondrá especial atención ante los planes del presidente electo Donald Trump de llevar a cabo una deportación masiva de indocumentados.

«A medida que la influencia del CHC ha seguido creciendo desde nuestra creación en 1976, nuestro objetivo hoy reafirma nuestro compromiso de ofrecer resultados tangibles para las comunidades latinas en todos los temas para garantizar que nuestras voces sean escuchadas y nuestras comunidades tengan la oportunidad de tener éxito y prosperar», afirmó el congresista, que también fue senador y asambleísta estatal de Nueva York.

El Caucus Hispano estará conformado ahora por 43 legisladores demócratas latinos, -de la Cámara de Representantes y del Congreso- el mayor grupo de latinos en la historia del Congreso, como resultado de las elecciones del pasado 5 de noviembre.