Fotografía cedida por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) del canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, recibiendo a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, a su llegada este viernes a Ciudad de México (México). EFE/ Secretaria De Relaciones Exteriores / SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Ciudad de México.- La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, llegó este viernes a Ciudad de México para reunirse con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, un encuentro en el que tratarán la «cooperación» en seguridad y migración entre ambos países.
Noem, primer miembro del actual gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que visita México, fue recibida por el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de la capital mexicana.
En el encuentro en el Palacio Nacional estarán también el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Esta mañana, Sheinbaum anticipó que la reunión con Noem tendría un tono positivo en el marco de la cooperación bilateral.
«Vamos a platicar (charlar) con ella de todo esto (seguridad) y, bueno, a ella le interesa también el tema de migración, vamos a hablar del tema de migración y va a ser una reunión cordial de coordinación», declaró la mandataria en su conferencia matutina.
La visita de Noem ocurre días antes de la entrada en vigor, el 2 de abril, de los aranceles generalizados a todos los países anunciados por Trump, aunque Sheinbaum ha subrayado que en el encuentro con la secretaria no se tratarán cuestiones comerciales.
La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, quien regresará esta tarde a Washington, llega a México tras una gira por Latinoamérica que incluyó a El Salvador, donde el miércoles recorrió la cárcel de máxima seguridad en la que están más de 200 migrantes expulsados por Estados Unidos, y Colombia, donde el jueves prometió cooperación en «seguridad pública, narcotráfico y trata de personas»
This funding supports 16 projects in federally designated disaster areas in Bucks, Delaware, and Montgomery counties.
Harrisburg, PA – Today, Department of Community and Economic Development (DCED) Secretary Rick Siger announced the approval of $18,633,011 in Community Development Block Grant – Disaster Recovery (CDBG-DR) grants to help 16 projects in southeast Pennsylvania with housing rehabilitation and infrastructure improvements. These grants support long-term recovery efforts for federally-designated disaster areas impacted by Hurricane Ida in 2021, which include Bucks, Delaware, and Montgomery counties.
The CDBG-DR grants can be used for housing assistance including rehabilitation, multi-family housing development and related activities, infrastructure improvements, and mitigation.
“This funding is critical to support our residents when they need it most and will go a long way towards strengthening several Pennsylvania communities that have been previously impacted by Hurricane Ida,” said Secretary Siger. “Housing is a top priority of the Shapiro Administration, and we will continue to focus on investments like these Community Development Block Grants to make Pennsylvania a better place to live, work and raise a family.”
Making housing more affordable and accessible is a top priority of Governor Josh Shapiro, which is why his 2025-26 proposed budget includes $50 million to update and restore the Commonwealth’s aging housing stock.
Grant recipients include:
Bucks County
$2,525,250 to the Bucks County Commissioners for the housing recovery program that aims for complete rehabilitation and resiliency improvements to 15-20 owner-occupied housing units in Bucks County
Delaware County
$5,174,040 to Delaware County for several projects, including:
o $3,000,000 to support up to ten impacted homeowners to rehabilitate, flood-proof, and mitigate their homes from future flooding
o $1,266,195 to build elevation at the Brandywine Conservancy to avoid future flooding
o $400,000 to upgrade Chester Township’s storm sewer inlets
o $400,000 to upgrade the sewer systems in Darby Borough
o $107,845 to implement the AWARE flood monitoring system
Montgomery County
$1,121,200 to Lower Merion Township for stormwater repairs and mitigation improvements
$650,000 to Abington Township for two projects, including:
o $300,000 for a stormwater pipe and stormwater inlet structures installation project.
o $350,000 for home rehabilitation projects in the township
$9,162,521 to the Montgomery County Office of Housing and Community Development, for several projects, including:
o $3,635,000 for housing rehabilitation projects
o $3,635,00 for new multi-family rental construction to replace lost rental units due to Hurricane Ida
o $299,840 for evaluation and improvements to Cheltenham Euston Road
o $817,563 for the construction of Bridgeport Front Street Park
o $448,225 for Green Lane Sewer Treatment Plant improvements
o $267,283 for Green Lane – Main Street flood drain improvements
o $59,610 for a flood mitigation project in Upper Providence Township
Housing is a top priority of the Shapiro Administration. Last September, Governor Josh Shapirosigned an Executive Order mandating Pennsylvania’s first comprehensive Housing Action Plan to address the state’s housing shortage, homelessness, and expand affordable housing options — ensuring Pennsylvanians have access to safe, affordable housing and attracting more people to live in the Commonwealth.
Last October, the Shapiro Administration announced the launch of the new $10 million PA Mixed-Use Housing Development pilot program to develop mixed-use projects with a residential housing component.
Governor Shapiro’s2025-26 budget proposal calls for significant investments to restore and modernize our aging housing stock with a new $50 million investment to create a statewide housing repair fund to help homeowners struggling to make needed repairs to their aging homes. The budget also includes $1 million in dedicated funding to the State Planning Board to help municipalities with growth-oriented housing policies.
Filadelfia, PA- La reunión anual de la Cámara de Comercio Hispana de la Región Metropolitana de Filadelfia se llevó a cabo con un lleno total en el Gran Salón en Esperanza.
“La clave para lograr su objetivo es activar a nuestra comunidad empresarial en asuntos locales y federales ya que Filadelfia tiene impuestos muy altos para los negocios” comentó Jennifer Rodríguez (GPHCC presidente & Ceo).
El evento que reunió a una gran cantidad de comerciantes y personalidades de la comunidad buscaba informar para ofrecer a las empresas de dueños latinos con los conocimientos y estrategias necesarios para capitalizar las oportunidades económicas históricas que se avecinan en Filadelfia. Además, ofrecieron a los dueños de negocios información sobres los programas de educación, referido, programas para las mujeres emprendedoras y también webinars.
Megan Kane “Host City Executive/ CEO Philadelphia Soccer 2026 se mostró muy emocionada y sumament clara al ofrecer cifras económicas significativas de lo que implica traer a Filadelfia un evento deportivo de tal magnitud.
“La comunidad debe involucrarse y nos deben ayudar a darla la bienvenida a todos estos visitantes que van a disfrutar de comida, música y deporte por eso es momento de activarnos todos” comentó Kane.
En el panel participaron Meg Kane, Michael Newmuis y Ariane Datil, y también se dirigieron al público otros miembros de Philadelphia Union, miembros de la junta y lideres de la comunidad.
El tema principal del evento fue “Copa del Mundo en 2026” que va a ser un acontecimiento espectacular de 40 días, y 6 juegos van a ser en Filadelfia. La FIFA impactará económicamente a una ciudad apasionada del deporte, en eso coinciden Alejandro Bedoya, jugador del Philadelphia Union, y Michael Newmuis, director de la Ciudad de Filadelfia para los eventos del 2026, porque muchas personas de distintas partes del mundo asistirán y eso brindará grandes oportunidades de empleo.
Además, esto coincide con la Celebración de los 250 años del Aniversario de la Independencia de Estados Unidos, donde según Newmuis cada nivel de los departamentos del Gobierno están asegurando la seguridad y el éxito del evento. También aseguró que si los pequeños comerciantes se involucran van a recibir beneficios de esta celebración.
La emoción de los asistentes fue evidente porque sin duda las miradas estarán puestas en Filadelfia al albergar la copa mundial de la FIFA y como dijo Alejandro Bedolla de Philadelphia Union… “Filadelfia a ponernos las pilas”.
No es ningún secreto que las enfermedades crónicas están aumentando en Estados Unidos. Si tomamos la diabetes como ejemplo, el número de americanos que padecen esta enfermedad se triplicó entre 1990 y 2010, y la diabetes ya afectaba al 14,7% de todos los adultos americanos en 2021. Pero en lugar de ayudar a los americanos a acceder a tratamientos vitales que salvan vidas, las Big Pharma se están beneficiando a costa de los pacientes con diabetes aumentando el precio de tratamientos clave.
Analicemos más detenidamente esta cuestión.
La diabetes cuesta mucho a los americanos.
Según un estudio, sólo en 2022 la diabetes diagnosticada costó a los estadounidenses 412.900 millones de dólares en costes médicos directos e indirectos, y el gasto médico medio de los diabéticos fue 2,6 veces superior al de los no diabéticos. Las Big Pharma empeoran las cosas aumentando el coste de medicamentos vitales para el control de la diabetes, como la insulina.
Según el Health Care Policy Institute, los precios de la insulina aumentaron un 184% desde 2012 hasta 2021, antes de que las Big Pharma fueran finalmente presionadas para limitarlos. El informe reconoció el impacto adverso de los altos precios en la vida de los pacientes americanos, señalando que «los altos precios pueden traducirse en decisiones difíciles entre pagar la insulina y otras necesidades como la comida y la vivienda.» Los GLP-1, un fármaco habitual para tratar la diabetes de tipo 2, también se han convertido en una gallina de los huevos de oro para las Big Pharma.
Desde que estos medicamentos irrumpieron en escena, se han convertido en un mercado multimillonario. Esto se debe en parte a que las Big Pharma cobran a los americanos hasta 11 veces más que a los consumidores de otros países por exactamente los mismos medicamentos GLP-1. Por ejemplo, una compañía de las Big Pharma cobra a los americanos casi 1.000 dólares al mes por el mismo GLP-1 que se vende a 155 dólares al mes en Canadá y sólo 59 dólares al mes en Alemania. El elevado coste de estos medicamentos carece a menudo de justificación
Las Big Pharma afirman que son necesarios precios elevados para producir estos medicamentos innovadores. En realidad, un estudio reciente descubrió que los GLP-1 pueden fabricarse generalmente por menos de 5 dólares al día. En el caso de la insulina, otro estudio descubrió que los fabricantes de biosimilares podrían vender insulina de forma rentable por un 97% menos que los precios actuales del mercado americano.
La creciente prevalencia de la diabetes tiene un alto precio para los americanos, tanto en términos de salud como por el astronómico coste que supone el tratamiento de la enfermedad. Mientras tanto, las Big Pharma se benefician. Ya basta. Ha llegado el momento de emprender reformas de sentido común que responsabilicen a las Big Pharma y garanticen el acceso de los americanos a medicamentos asequibles que salvan vidas.
Newark, N.J. – Diopsys, Inc., a medical device company based in Middletown, Pennsylvania, has agreed to pay up to $14.25 million to resolve allegations that the company violated the federal False Claims Act and various state laws by knowingly submitting or causing others to submit false claims for payment to Medicare and Medicaid in connection with certain vision testing services, U.S. Attorney John Giordano announced today.
The settlement resolves allegations relating to Diopsys’ NOVA device, an electrophysiological device that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) cleared for visual evoked potential (VEP) testing. The United States alleged that, during the period from January 1, 2015 through December 31, 2021, Diopsys caused healthcare providers to submit false claims to Medicare and Medicaid for services in which the NOVA device was utilized for medically unnecessary uses, specifically electroretinography (ERG) vision testing, a substantially different vision test for which the NOVA device lacked FDA clearance. The government further contended that Diopsys made substantial changes to the NOVA device that it never submitted to FDA for clearance or approval despite knowing that such a submission was required.
“Today’s resolution reaffirms our commitment to protect the integrity of the Medicare and Medicaid programs.” said U.S. Attorney Giordano. “Health care companies must not encourage doctors to submit claims for payment for medically unnecessary tests.”
Under the terms of the settlement, Diopsys will make guaranteed payments of $1,225,000 and contingent payments of up to $13,025,000. The settlement is based on Diopsys’ financial condition.
The civil settlement includes the resolution of claims brought under the qui tam or whistleblower provisions of the False Claims Act by Dr. Atul Jain, a California ophthalmologist. Under those provisions, a private party can file an action on behalf of the United States and receive a portion of any recovery. Approximately $1,120,000 of the guaranteed payment and up to approximately $11,900,000 of the contingent payments constitute the federal portion of the recovery. Dr. Jain will receive at least approximately $207,000 as his share of the federal recovery in this case.
The resolution obtained in this matter was the result of a coordinated effort between the Justice Department’s Civil Division, Commercial Litigation Branch, Fraud Section, and the United States Attorney’s Office for the District of New Jersey, with assistance from the U.S. Department of Health and Human Services Office of Inspector General.
The investigation and resolution of this matter illustrates the government’s emphasis on combating health care fraud. One of the most powerful tools in this effort is the False Claims Act. Tips and complaints from all sources about potential fraud, waste, abuse, and mismanagement, can be reported to the Department of Health and Human Services at 800-HHS-TIPS (800-447-8477).
The matter was handled by Assistant U.S. Attorney David Simunovich of the Health Care Fraud Unit in the U.S. Attorney’s Office for the District of New Jersey, and Trial Attorney Daniel Meyler of the Civil Division’s Commercial Litigation Branch, Fraud Section.
The case is captioned United States ex rel. Jain v. Diopsys, Inc., et al., Civil Action No. 21-18151 (D.N.J.).
The claims resolved by the settlement are allegations only. There has been no determination of liability.
25-090 ###
Counsel for Diopsys, Inc: Paul Fishman, Newark, NJ
Counsel for Relator Dr. Atul Jain: Justin Berger, Esq., San Mateo, CA
Commission Schedules Late-April Hearing to Examine How High-Demand Customers Impact the Grid, and How to Protect Existing Utility Customers
HARRISBURG. – The Pennsylvania Public Utility Commission (PUC) today voted 5-0 to approve a motion by Chairman Stephen M. DeFrank to convene a public hearing exploring the growing impact of large-scale electric customers — including data centers and other high-energy users — on the state’s electric grid.
“This is a critical moment for Pennsylvania’s energy future. As we welcome new industries and evolving technologies, we need to strike the right balance — protecting consumers, supporting utilities, and fostering smart growth,” noted Chairman DeFrank. “This hearing is about making sure we have fair, transparent, and forward-looking rules that benefit everyone.”
The hearing, scheduled for the afternoon of April 24, 2025, in Hearing Room 1 of the Commonwealth Keystone Building in Harrisburg, will bring together electric utilities, major energy users, and consumer advocates to examine the challenges and opportunities presented by these high-demand customers.
The Commission is seeking testimony and input on a range of topics that will help inform future policy, including the development of a model tariff to guide how large load customers connect to the grid. Topics include:
How to define large load customers, including appropriate megawatt (MW) thresholds
Requirements for deposits or financial security from new large load users
Cost-sharing and contributions toward necessary infrastructure upgrades
Minimum contract terms and exit or early termination fees
Timelines and costs associated with interconnection studies and agreements
Phased-in usage (load ramping schedules)
Tariff differences between firm service and interruptible customers
Backup generation and related standby rates
Transparent and equitable cost structures
Whether customers can self-fund and construct system upgrades, and how to account for that in tariffs
Opportunities for expedited interconnection
Best practices from other states or regions
Any other policies or procedures that support efficient and fair interconnections
“Across Pennsylvania and the broader region, we’re seeing increasing interest from large electricity users — especially hyperscale data centers that support artificial intelligence and other operations,” said Chairman DeFrank. “These customers have the potential to bring tremendous benefits to our state, from job creation and economic growth to energy innovation and grid stability. But we must also ensure that existing customers are protected, that the rules are clear, and that utilities can plan infrastructure upgrades responsibly.”
The hearing will feature three expert panels representing electric distribution companies, large load customers, and public advocates. The Commission will also accept written comments as part of the public record, followed by the development of a proposed model tariff by Commission staff.
More details about the April 24 hearing — including the agenda, panelists, and information on how to view or participate — will be announced in the coming weeks.
About the PUC
The Pennsylvania Public Utility Commission balances the needs of consumers and utilities; ensures safe and reliable utility service at reasonable rates; protects the public interest; educates consumers to make independent and informed utility choices; furthers economic development; and fosters new technologies and competitive markets in an environmentally sound manner.
Visit the PUC’s website at puc.pa.gov for recent news releases and video of select proceedings. You can also follow us on X (formerly Twitter), Facebook, LinkedIn, Instagram and YouTube. Search for the “Pennsylvania Public Utility Commission” or “PA PUC” on your favorite social media channel for updates on utility issues and other helpful consumer information.
El presidente estadounidense Donald Trump habla durante un evento en la Casa Blanca, Washington, el jueves 27 de marzo de 2025. (Foto: AP)
El presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva para poner fin a la negociación colectiva con los sindicatos laborales federales en agencias con misiones de seguridad nacional en todo el gobierno federal, invocando la autoridad que le otorga una ley de 1978.
La orden, firmada sin fanfarria y anunciada el jueves por la noche, parece tener repercusiones en la mayor parte del gobierno federal. Entre las agencias que se verán afectadas están los departamentos de Estado, de Defensa, de Asuntos de Veteranos, de Energía, de Salud y Servicios Humanos, del Tesoro, de Justicia y de Comercio, y la unidad del Departamento de Seguridad Nacional responsable de la seguridad fronteriza.
La policía y los bomberos continuarán negociando colectivamente.
Trump señaló que la Ley de Reforma del Servicio Civil de 1978 le otorga la autoridad para poner fin a la negociación colectiva con los sindicatos federales en estas agencias debido a su papel en la salvaguarda de la seguridad nacional.
La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE, por sus siglas en inglés), que representa a 820.000 trabajadores del gobierno federal y del Distrito de Columbia, declaró el jueves por la noche que está “preparando acciones jurídicas inmediatas y luchará sin descanso para proteger nuestros derechos, a nuestros miembros y a todos los trabajadores estadounidenses de estos ataques sin precedentes”.
“La orden ejecutiva más reciente del presidente Trump es un ataque vergonzoso y vengativo contra los derechos de cientos de miles de funcionarios públicos estadounidenses patriotas —casi un tercio de los cuales son veteranos— simplemente por ser miembros de un sindicato que se opone a sus políticas perjudiciales”, declaró Everett Kelley, presidente nacional de la AFGE.
La presidenta de la AFL-CIO, Liz Shuler, declaró: “Es evidente que esta orden es un castigo para los sindicatos que lideran la lucha contra las acciones ilegales del gobierno en los tribunales y un intento flagrante de silenciarnos”. También prometió: “Combatiremos este atroz ataque contra nuestros miembros con todas nuestras fuerzas”.
El anuncio se suma a acciones anteriores realizadas por el gobierno de Trump para erosionar los derechos de negociación colectiva en el gobierno.
Hace unas semanas, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que estaba poniendo fin al acuerdo de negociación colectiva con las decenas de miles de empleados de primera línea en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). El sindicato de la TSA señaló que se trataba de un “ataque no provocado” y prometió luchar contra ello.
Una hoja informativa de la Casa Blanca sobre el anuncio del jueves señala que «algunos sindicatos federales han declarado la guerra a la agenda del presidente Trump” y que el mandatario “se niega a permitir que la obstrucción sindical interfiera con sus esfuerzos para proteger a los estadounidenses y nuestros intereses nacionales”.
“El presidente Trump apoya asociaciones constructivas con sindicatos que trabajan con él; no tolerará la obstrucción masiva que ponga en peligro su capacidad para gestionar agencias con misiones vitales de seguridad nacional”, añadió la Casa Blanca
Tres organizaciones proinmigrantes presentaron una demanda federal contra el Gobierno del presidente de EE. UU., Donald Trump, que busca frenar las “expulsiones aceleradas” de inmigrantes, bajo el argumento de que son inconstitucionales y violan el debido proceso, según informaron este jueves los abogados.
La Red UndocuBlack (UBN), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y CASA presentaron la querella legal en un tribunal federal de la capital estadounidense alegando que el Ejecutivo está usando un proceso de deportación “profundamente defectuoso”.
La querella, presentada en nombre, de varios inmigrantes a los que se les permitió ingresar a Estados Unidos bajo la Operación Aliados Bienvenidos o el programa patrocinado para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), solicita al tribunal detener las expulsiones de inmigrantes sin que se les de acceso a una audiencia y representación legal.
Angélica Salas, directora de Chirla, dijo en un comunicado que los demandantes “hicieron absolutamente todo lo que el Gobierno les pidió para tener la oportunidad de comenzar una nueva etapa en Estados Unidos. Merecen la dignidad de un día en la corte y presentamos esta demanda para asegurar que la reciban”.
La demanda se da justo cuando la Casa Blanca anunció la derogación del beneficio migratorio conocido como CHNV, que ha permitido a unos 530.000 inmigrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua residir y trabajar temporalmente en el país, tras ser avalados por un patrocinador.
Los amparados por el CHNV tienen hasta el 24 de abril para conseguir otro beneficio o se exponen a la deportación.
“Los seres humanos no somos desechables y nuestros derechos no desaparecen por ser inmigrantes. Esto (el fin del programa CHNV) representa una peligrosa amenaza para la democracia. Además, es inequívocamente anti-negro y anti-haitiano”, señaló Patrice Lawrence, directora de UndocuBlack Network.
El DHS argumentó que el programa «no aporta un beneficio público significativo, no ha sido necesario para reducir los niveles de inmigración ilegal, no cumplen sus propósitos previstos y son incompatibles con los objetivos de política exterior» de la Casa Blanca.
En ese sentido, Nick Katz, asesor general de CASA, advirtió que la Administración Trump ha demostrado “una falta de consideración” por las comunidades inmigrantes.
La Casa Blanca ya enfrenta otras dos demandas por la cancelación del programa CHNV, creado por la Administración del expresidente Joe Biden.
Fotografía de una manifestación este miércoles, en la Universidad de Tufts, en Massachusett (Estados Unidos). (Foto: EFE/Iñaki Estívaliz)
Las autoridades de inmigración de Estados Unidos detuvieron a otra estudiante musulmana que el año pasado publicó un artículo de opinión en el periódico de su universidad en el que pedía al centro educativo que dejara de financiar empresas con vínculos a Israel.
Rumeysa Ozturk, una joven de 30 años de origen turco, estaba haciendo su doctorado en la universidad de Tufts, en Massachusetts, y tenía un visado de estudiante vigente, de acuerdo con un comunicado de su abogada, Mahsa Khanbabai, recogido por The New York Times.
En un video difundido en redes sociales, se puede ver cómo varias personas con el rostro tapado se aproximan en la calle a Ozturk, que se dirigía a celebrar iftar -cuando se rompe el ayuno en Ramadán- con sus amigos, y, sin dejarla hablar, la sujetan de las manos y se la llevan.
La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, aseguró en su cuenta de X que Ozturk participaba «en actividades de apoyo a Hamás», aunque no aportó pruebas de ello.
Fotografía de una manifestación este miércoles, en la Universidad de Tufts, en Massachusett (Estados Unidos). (Foto: EFE/Iñaki Estívaliz)
«Un visado es un privilegio, no un derecho. Glorificar y apoyar a terroristas que matan a estadounidenses es motivo suficiente para poner fin a la expedición de visados», apuntó.
Según los medios estadounidenses, Ozturk figura como coautora de un artículo de opinión publicado en el periódico universitario de Tufts en el que criticaba a los líderes del centro educativo por sus respuestas a las demandas de algunos estudiantes de que se reconociera «el genocidio palestino».
“Desconocemos su paradero y no hemos podido contactarla. Hasta la fecha, que sepamos, no se han presentado cargos contra Rumeysa”, expresó la abogada de la alumna en el comunicado.
En los archivos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) aparece registrado el nombre de Rumeysa Ozturk en un centro en Luisiana.
Fotografía de una manifestación este miércoles, en la Universidad de Tufts, en Massachusett (Estados Unidos). (Foto: EFE/Iñaki Estívaliz)
El caso de Ozturk recuerda al de Mahmoud Khalil, detenido por las autoridades de inmigración hace unas semanas en el edificio de Nueva York en el que vivía junto a su esposa estadounidense, propiedad de la Universidad de Columbia, donde finalizó sus estudios en diciembre.
Ese día, las autoridades comunicaron a una de sus abogadas que revocaban el permiso de residencia permanente de Khalil.
El Gobierno de Donald Trump asegura que Khalil tiene vínculos con Hamás. El joven fue uno de los líderes de las protestas propalestinas que tuvieron lugar el año pasado en Columbia y que se extendieron a otras universidades estadounidenses.
La alcaldesa aspira a proporcionar 30 mil soluciones de vivienda asequible bajo el programa “H.O.M.E.” (Foto: PHA)
El pasado 24 de marzo, en una sesión especial del Concejo Municipal dedicada al tema de la vivienda, la alcaldesa Cherelle L. Parker anunció una ambiciosa propuesta para ampliar el alcance de la vivienda accesible en Filadelfia, a la que ha llamado “H.O.M.E.”, (Housing Opportunities Made Easy); un plan para restaurar, dar mantenimiento y construir hasta un total de 30,000 unidades residenciales.
La idea principal es que la iniciativa H.O.M.E., permita la creación de nuevos programas y la ampliación de otros existentes para ayudar a inquilinos, propietarios y posibles compradores de vivienda a acceder a una casa o unidad residencial de bajo costo, o de costo moderado.
La alcaldesa ha afirmado que con su propuesta podría ayudar a mejorar el estado de 16.500 unidades residenciales y facilitar los fondos para la construcción de otras 13.500 nuevas.
En su exposición, Parker destacó que las contribuciones del Concejo Municipal, la Junta Asesora de H.O.M.E. y otros grupos de interés seguirán dando forma al plan para mejorarlo, completarlo y poder llevarlo a la práctica.
La alcaldesa se dirigió a los miembros del Concejo Municipal, e invitó a los concejales a imaginar un amplio programa de vivienda que incluye unidades asequibles y unidades a precio de mercado, construidas en dos extensas propiedades de la Ciudad: la antigua sede del Departamento de Policía, conocida como Roundhouse, y el enorme territorio de la prisión de Holmesburg, que fue desmantelada en 1995.
Para la financiación del proyecto, la alcaldesa presentó un plan de $2 mil millones de dólares, provenientes de fondos del sector público, y describiendo la iniciativa como la “mayor inversión individual en vivienda en la historia de Filadelfia”.
Y para facilitar la compra de las unidades a los interesados en ser nuevos propietarios, la alcaldesa quiere lanzar una iniciativa denominada “ONE Philly Mortgage”, que busca eliminar el seguro hipotecario privado (PMI, en inglés), mediante la emisión de préstamos a tasa fija por 30 años, con pagos iniciales bajos y tasas de interés competitivas. Normalmente, el PMI se aplica cuando un comprador aporta menos del 20% del pago inicial.
Mayor Cherelle L. Parker. (Photo: File)
Así mismo, Parker propuso un programa piloto de alquiler reducido para personas de ingresos medios y la expansión de asistencia financiera para aquellas familias en riesgo de desalojo. Además, la jefa del Gobierno local quiere ampliar la cobertura del Programa de Reparación de Sistemas Básicos, una iniciativa popular que proporciona reparaciones de emergencia gratuitas, ya que se calcula que más de la mitad de las viviendas de Filadelfia fueron construidas antes de 1960, y al menos, un 30 % de ellas requieren reparaciones urgentes.
La alcaldesa indicó a grandes rasgos, que esperaba reunir los 2 mil millones para el programa obteniendo $800 millones como producto de la emisión de bonos municipales; $200 obtenidos de fondos locales, estatales y federales, y unos 1,000 millones en valor de terrenos y edificios de propiedad pública. Y para acelerar la implementación del plan, los primeros $400 millones en bonos se emitirán en el año fiscal 2026, que inicia ya el 1 de julio.
Según cifras del Gobierno municipal, casi 200 viviendas han sido vendidas a través del programa “Turn the Key”, o “gira tu llave”, lanzado hace tres años para construir casas unifamiliares en lotes municipales baldíos. Parker indicó que otras 590 están ya en proceso de construcción.
La burgomaestre también dejó ver que quiere incluir en su propuesta no solo a las clases populares, sino también a familias de clase media, cuando habló del “lujo asequible”; es decir, la intención de proporcionar acabados con materiales de alta calidad en unidades residenciales subsidiadas.
Parker afirmó en su presentación que “si logramos implementar este plan en la ciudad, las personas no sabrán si están en una vivienda popular asequible o en una vivienda regular adquirida en el mercado, porque los acabados serán estéticos y atractivos, a la altura de la dignidad de todos los habitantes de Filadelfia; independientemente de su capacidad económica”, dijo.
Además, buscando cómo allanarle el camino a la financiación, Parker sugirió aumentar el impuesto de transferencia de bienes raíces para recaudar $173 millones en cinco años y apoyar la iniciativa H.O.M.E. En su discurso aseguró que el aumento afectaría más a transacciones comerciales e industriales que a las ventas residenciales.
El plan de la alcaldesa también incluye otras soluciones innovadoras para la preservación de los compradores y arrendatarios, como el programa “Home Service Clearinghouse y Concierge”, que busca proteger a los residentes de daños por contratistas fraudulentos, o el “Curbside Appeal Program”, que busca facilitar las subvenciones de igualación para embellecer las calles.
Por último, el plan también propone una estrategia multifacética para poner terrenos públicos a disposición de proyectos habitacionales con mayor rapidez; lo cual se lograría a través de propuestas como ejercer la opción prioritaria del Banco de Tierras en ventas del alguacil; lanzar un nuevo sitio web fácil de usar, crear un Fondo de Adquisición del Banco de Tierras, practicar una revisión integral de las operaciones y mantener una estrecha colaboración con los concejales de distrito para agilizar pequeños proyectos en terrenos públicos. “Después del tema de la seguridad pública, no hay otro tema más urgente en Filadelfia que el acceso a la vivienda”, afirmó la alcaldesa Parker mientras terminaba su presentación. “Estamos listos para avanzar como One Philly y trabajar por una ciudad unida”, concluyó.
