La aún vigente Ley de Enemigos Extranjeros de EE. UU., aprobada en 1798, es una «legislación poderosa» que el presidente electo Donald Trump ha prometido usar para cumplir su promesa de deportaciones masivas. ¿En qué consiste y cuán viable es su uso más de 200 años después?

El presidente electo Donald Trump hizo de las promesas de librar a Estados Unidos de inmigrantes irregulares y acabar con la amenaza de los carteles extranjeros, una de las piezas centrales de la campaña que lo llevó de regreso a la Casa Blanca.

Para cumplir sus planes, una vez asuma el poder el 20 de enero, Trump ha anunciado que invocará una poco conocida legislación, que luego de más de 200 años de aprobada todavía levanta polémica por sus implicaciones y usos en el pasado.

“Invocaré la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para atacar y desmantelar todas las redes criminales de inmigrantes que operan en suelo estadounidense”, dijo Donald Trump el 11 de octubre pasado, en un mitin en Aurora, Colorado.

Mencionada en los estatutos del Partido Republicano 2024, la legislación sería usada para «eliminar a todos los pandilleros, traficantes de drogas o miembros de cárteles conocidos o sospechosos de EE. UU., poniendo fin de una vez por todas al flagelo de la violencia pandillera de inmigrantes ilegales».

¿En qué consiste la Ley?

Adoptada en 1798, cuando el joven EE. UU. estaba al borde de una guerra con Francia, es la última que queda en pie de las cuatro Leyes de Extranjería y Sedición aprobadas por el V Congreso y el apoyo del entonces presidente John Adams.

«Su objetivo era acabar con la oposición política de los inmigrantes que simpatizaban con Francia”, explicó a CNN la profesora de Historia de la Universidad de Columbia, Mae Ngai.

Específicamente, la Ley de Enemigos Extranjeros permite al presidente detener, reubicar o deportar a no ciudadanos, originarios de un país considerado enemigo de EE. UU. en tiempos de guerra.

Varios políticos y activistas denunciaron al conjunto de legislaciones porque limitaban seriamente las libertades civiles, incluso a naturalizados estadounidenses, además de restringir la libertad de expresión de aquellos críticos del gobierno.

Según los Archivos Nacionales de EEUU, tras la elección de Thomas Jefferson en 1800, el mandatario derogó o dejó que expiraran la mayoría de las disposiciones. La Ley de Enemigos Extranjeros – sin fecha de expiración – continuó vigente e incluso se enmendó en 1918 para incluir a las mujeres.

¿Cuántas veces ha sido utilizada?

“La Ley de Enemigos Extranjeros se basa en la idea de que, o bien existe un derecho de guerra declarado a un Estado, o bien existe una invasión o incursión depredadora lanzada por una nación o gobierno extranjero en el territorio de EE. UU.”, dijo a la Voz de América Suchi Mathur, experto en Inmigración del American Immigration Council.

La ley ha sido invocada en tres ocasiones, todas en medio de conflictos en los que ha estado involucrado el país.

La primera fue durante la Guerra de 1812, que enfrentó una vez más a un joven Estados Unidos contra su antigua metrópoli, Gran Bretaña, en una contienda desprendida de otra guerra en curso entre los franceses y los británicos por el control de Europa y el mundo. En ese momento se aplicó para controlar y recopilar información de todos los británicos residentes en EE. UU.

La segunda fue durante la Primera Guerra Mundial. El presidente Woodrow Wilson la invocó en 1917 contra nacionales de potencias enemigas: los imperios alemán, austro-húngaro, otomano y Bulgaria. Los Archivos Nacionales registran que más de 6.000 «extranjeros enemigos» -muchos de ellos alemanes- fueron internados en campamentos donde algunos permanecieron hasta dos años después, tras el Armisticio.

La tercera y más reciente ocasión fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el entonces presidente Franklin D. Roosevelt invocó la ley después del ataque a Pearl Harbor, en 1942, contra ciudadanos japoneses, alemanes e italianos.

Esto propició el internamiento en campos e instalaciones militares de más de 31.000 presuntos «enemigos extranjeros» y sus familias, incluidos refugiados judíos de la Alemania nazi, de acuerdo con los Archivos Nacionales, que dan cuenta de varios miles finalmente repatriados a sus países de origen, ya fuera por elección propia o por la fuerza.

En 1988, el presidente republicano Ronald Reagan firmó la Ley de Libertades Civiles para compensar a más de 100.000 personas de ascendencia japonesa encarceladas en campos de internamiento durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Sería viable el uso de la Ley por Trump?

Durante su campaña, Trump prometió utilizar la Ley como base de su «Operación Aurora», dirigida a la identificación, arresto y deportación de inmigrantes indocumentados vinculados a pandillas. Además, insistió en que también la invocará para poner fin a las llamadas «ciudades santuario».

Sin embargo, los analistas coinciden en que esta legislación sólo puede ser utilizada legalmente por el presidente, una vez que el Congreso declare formalmente una guerra, algo que no ha ocurrido desde 1942. A pesar de que Trump habla muchas veces de «invasión» inmigrante, para los expertos sería muy difícil culpar a una sola nación o conflicto, lo que lo descalificaría bajo la letra de la Ley.

Definir la inmigración irregular como una invasión y a los carteles del crimen organizado como naciones extranjeras sería «una ardua tarea en un tribunal federal», insistió George Fishman, exasesor general adjunto del Departamento de Seguridad Nacional bajo el primer gobierno de Trump y uno de los que respalda la aplicación de esta legislación como una valiosa herramienta durante futuros conflictos, incluso ante un posible futuro enfrentamiento con China.

Sin embargo, Trump no necesita a la Ley de Enemigos Extranjeros para perseguir a los inmigrantes indocumentados, aseguró a la National Public Radio, el profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, Steve Vladeck. El experto señaló que los presidentes ya tienen la autoridad para arrestarlos, detenerlos y expulsarlos, el problema está en «la falta de recursos».

Vladeck insistió en que si el mandatario llegara a invocar la Ley, sin el obstáculo de un Congreso en manos de su partido, aún así enfrentaría bloqueos judiciales casi de inmediato. Aún así, el panorama permanece incierto, destacan los analistas.