The Shapiro Administration continues commitment to bolstering public safety across the Commonwealth with grants to help first responders with equipment upgrades, training, and more.
Shapiro Administration Delivers Over $37 Million in Grants to 2,500 Pennsylvania Fire and EMS Companies
Harrisburg, PA – The Pennsylvania Office of the State Fire Commissioner (OSFC) has officially released grant awards for more than 2,500 fire departments and Emergency Medical Services (EMS) companies across the Commonwealth, delivering $37.5 million in critical funding to support first responders.
As fires continue to be a major concern across the country, Pennsylvania’s career and volunteer firefighters and first responders bravely put themselves in harm’s way to protect their neighbors and serve an essential role in ensuring the safety of their communities. These grants, part of the Fire Company and Emergency Medical Services Grant Program, will assist in equipment purchases, training, facility upgrades, and other operational costs to ensure Pennsylvania’s first responders have the resources needed to protect their communities.
For a full list of award recipients, visit this link.
“Our firefighters and EMS personnel selflessly dedicate themselves to keeping our communities safe, often with limited resources,” said State Fire Commissioner Thomas Cook. “This funding is a testament to the Shapiro Administration’s commitment to ensuring that fire companies and EMS agencies—both career and volunteer—have the tools they need to do their jobs effectively and safely.”
Firefighters are being stretched thin right now, responding to more and more calls each year as the number of firefighters across the Commonwealth shrinks. That’s why Governor Shapiro has recommended a three-part plan in his most recent budget proposal to support our firefighters. The 2025-26 budget proposal:
Creates a new, competitive funding stream of $30 million in grants for our fire companies.
Creates a pilot program to help provide fire companies with the resources they need to work together.
Covers cancer screenings for firefighters. Last year, we reformed our Workers’ Compensation Act to ensure firefighters, first responders, and law enforcement with a post-traumatic stress injury get the coverage they deserve. Firefighters are exposed to toxic chemicals while on the job – all to keep us safe — we need to have their backs.
The Shapiro Administration continues to prioritize public safety and support for Pennsylvania’s first responders. For more information about the OSFC and emergency service funding programs, visit pa.gov/agencies/osfc.
Learn how to volunteer with your local fire or EMS company here.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que le «encantaría» que Rusia volviera al G7, anteriormente G8, del que Moscú fue suspendido tras la anexión en 2014 de la península de Crimea, entonces parte de Ucrania.
«Me encantaría que volvieran. Supongo que fue un error expulsarlos», dijo Trump en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde también aseguró que Ucrania será parte de cualquier negociación para poner fin a la actual guerra con Rusia.
Trump consideró un «error» la decisión que tomó Estados Unidos, entonces bajo el mandato de Barack Obama (2009-2017), y otros países del G7 para suspender a Rusia tras su anexión de Crimea, en un esfuerzo por aislar a Moscú y castigar a Rusia por vulnerar la soberanía ucraniana.
«Es muy posible que si aún fuera parte del G8, no se habría producido el problema con Ucrania. Y si yo hubiera sido presidente, definitivamente no habría ocurrido. Rusia nunca habría atacado Ucrania», afirmó.
Además, Trump respondió a las críticas recibidas por haber llamado ayer primero al presidente ruso, Vladímir Putin, y anunciar después en su red social de Truth Social un acuerdo para iniciar negociaciones «de inmediato», antes de contactar al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, al que llamó más tarde.
«Algunas personas dijeron que debería haber llamado primero a Zelenski. No lo creo. Tenemos que averiguar si Rusia quiere alcanzar un acuerdo. Sé que Zelenski quiere hacerlo porque me lo ha dicho, pero ahora sé que Rusia también quiere negociar», explicó.
Cuando un periodista le preguntó si Ucrania debería formar parte de las negociaciones para acabar con la guerra, Trump respondió que sí, que Kiev debe participar, al igual que Rusia, y que habrá «otras partes involucradas».
«La guerra en Ucrania tiene que acabar. Están muriendo jóvenes en cantidades que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial, y es una guerra ridícula que debe terminar», advirtió.
La ofensiva rusa en Ucrania comenzó en 2014 con la anexión de Crimea. Posteriormente, en febrero de 2022, el Kremlin lanzó una invasión a gran escala que fue condenada enérgicamente por Occidente.
En respuesta, EE.UU., junto a la Unión Europea y Canadá, impuso duras sanciones contra la economía rusa y envió grandes cantidades de ayuda humanitaria y militar a Ucrania.
El magnate Elon Musk retirará su oferta de compra por 97.400 millones de dólares de la organización sin ánimo de lucro que controla OpenAI -creadores del popular chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT- si la junta directiva detenía su conversión a una empresa con fines de lucro, según ha dicho el equipo del mutimillonario.
“Si [la] junta directiva de OpenAI está preparada para preservar la misión de la organización benéfica y estipula retirar el cartel de ‘en venta’ de sus activos deteniendo su conversión, Musk retirará la oferta”, dijeron los abogados de Musk en una presentación judicial presentada en California el miércoles.
El lunes, se filtró en la prensa que Musk y un grupo de inversores había hecho esta oferta millonaria, a lo que el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, contestó con un «No, gracias».
«Es hora de que OpenAI vuelva a ser la fuerza de código abierto y centrada en la seguridad que alguna vez fue», dijo Musk en una declaración proporcionada por su abogado en el momento de la oferta.
(Foto: EFE/WILL OLIVER)
De acuerdo con The Wall Street Journal (WSJ), esta oferta no solicitada ha complicado los planes de Altman para el futuro de OpenAI, como su conversión de OpenAI en una empresa con fines de lucro y el gasto de hasta 500.000 millones de dólares en infraestructura de IA para EE. UU. a través de una empresa conjunta -en la que participan también Oracle y SoftBank – llamada Stargate.
En el documento legal presentado el miércoles, Musk acusó a la empresa de mantener su tecnología en un código cerrado para que el poder de la IA quede «en manos de Microsoft».
Microsoft usa la tecnología de OpenIa para potenciar su IA. En 2023, el gigante tecnológico invirtió 13.000 millones de dólares a cambio de una participación del 49 % en las ganancias de la división con fines de lucro de OpenAI.
Musk fue uno de los fundadores de OpenAI en 2015, pero luego se separó de la compañía y desde que lanzaron con gran éxito ChatGPT ha dicho en varias ocasiones que OpenAI lleva la IA a direcciones peligrosas para el futuro de la humanidad.
Erica Watkins of Tulsa, state director of Defense of Democracy holds a sign to protest Oklahoma’s Board of Education considering a rule that would require parents enrolling children in public schools to provide proof of their child’s U.S. citizenship or legal immigration status on Tuesday, Jan. 28, 2025 in Oklahoma City. (Photo: AP/Sean Murphy/File)
El gobernador de Oklahoma anunció que detendrá un plan impulsado por el principal funcionario educativo del estado para recopilar el estatus migratorio de los niños al registrarse en la escuela pública.
El gobernador, el republicano Kevin Stitt, declaró el miércoles que es un firme opositor de la inmigración ilegal, pero que los responsables de políticas deberían centrarse en atacar a aquellos que están en el país ilegalmente y que cometen otros delitos.
“Recopilar las direcciones y el estatus migratorio de niños de 6, 7 u 8 años en el estado de Oklahoma, eso no es un problema de seguridad pública”, afirmó Stitt, quien por ley no puede postularse a la reelección. “Vayamos tras las personas que están cometiendo delitos, y no sembremos el terror en nuestros niños y hagamos que no vengan a la escuela”.
El superintendente estatal, Ryan Walters, promovió la propuesta, que fue aprobada por la Junta Estatal de Educación el mes pasado, lo que provocó la indignación de maestros y defensores de derechos civiles y fomentó el miedo en las comunidades inmigrantes.
“El sólido rechazo del gobernador a un intento radical de socavar el derecho a la educación es el resultado de la defensa concertada de padres, educadores y defensores en todo Oklahoma que se movilizaron para oponerse a ello”, manifestó Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Ley de Inmigración, en un comunicado.
La regla propuesta, que requiere la aprobación del gobernador antes de entrar en vigor, exige que los padres o tutores legales proporcionen prueba de ciudadanía de sus hijos al inscribirlos en la escuela pública, incluyendo un certificado de nacimiento, pasaporte, informe consular de nacimiento en el extranjero, tarjeta de residente permanente u otro documento legal.
Stitt también reemplazó esta semana a tres de los miembros de la Junta de Educación que aprobaron la regla, diciendo que está frustrado por la idea de que los niños estaban siendo utilizados como “peones políticos”.
Walters indicó en un comunicado que tiene la intención de colocar a dos de los miembros de la junta que fueron removidos en un comité asesor que “continuará luchando contra el pantano liberal de D.C. que ahora se ha filtrado en la rama ejecutiva de Oklahoma”.
El movimiento de Stitt señala un creciente cansancio entre algunos republicanos con Walters, el exsecretario de educación de Stitt que ha pasado gran parte de su primer mandato atacando lo que describe como ideología “woke” en las escuelas públicas, exigiendo instrucción bíblica en las aulas e intentando prohibir libros en las bibliotecas escolares.
Walters no ha anunciado planes para postularse a otro cargo, pero se le menciona frecuentemente como un posible candidato a gobernador o vicegobernador en 2026.
“Estos tipos están postulándose para su próximo cargo”, sostuvo Stitt el miércoles. “Están jugando a la política, tratando de que sus nombres aparezcan en el periódico, y los habitantes de Oklahoma pueden ver a través de eso”.
San Juan.- Dos menores de edad, uno de 8 y otro de 13 años, fueron asesinados a balazos, y otras cuatro personas fueron heridas de bala durante un ataque a tiros en Río Grande, municipio en la costa noreste de Puerto Rico, reportó este jueves la Policía.
De acuerdo con la investigación preliminar de las autoridades, los atacantes llegaron a las 22.41 hora local (02.41 GMT) del miércoles a la residencia de una pareja en la comunidad Villa Realidad, en dicho municipio.
El objetivo de los atacantes era disparar contra Luis Daniel Encarnación Colón, de 28 años y acusado el 21 de septiembre del 2022 por el asesinato de Erick González Benítez, de 21 años, ocurrido el 2 de julio de ese año.
El hombre está citado a comparecer mañana, viernes, a una vista de supresión de evidencia en el Centro Judicial de Fajardo (este).
El incriminado, al igual que su pareja, identificada como Naovis Cepeda Salgado -madre de los menores- resultaron ilesos en el tiroteo del miércoles.
No obstante, una mujer de 51 años y un hombre de 66 años, que también estaban en la vivienda, resultaron heridos de bala.
Los mismos fueron transportados a una institución hospitalaria, donde fueron atendidos por el médico de turno y sus condiciones fueron descritas como estables.
Relacionados con estos hechos, en la carretera 3, en Río Grande, la Policía encontró en el interior de un vehículo los cuerpos sin vida de las víctimas, mientras que otra menor de 12 años quedó herida de bala.
La menor herida fue transportada a un centro hospitalario y su condición fue descrita como estable.
Además, un hombre de 27 años llegó herido de bala a otra institución hospitalaria y su condición fue descrita como de cuidado.
La agente Keila Cepeda, supervisada por las sargentos Isabel López y Yadivelisse Ayala, adscritas a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo, en unión al fiscal Eliezer Reyes, se hicieron cargo de la pesquisa.
Al momento, y según las estadísticas de la Policía, con estos dos asesinatos, aumentan a 68 los crímenes violentos en lo que va de año 2025 en Puerto Rico, nueve menos de los reportados el año pasado para la misma fecha.
Vista general del estadio durante el Superbowl de la NFL, domingo 9 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (Foto: VOA)
HARRISBURG, PA: The Pennsylvania Gaming Control Board (“Board”) today reported that preliminary figures show $101,548,073 was wagered in the Commonwealth on this past weekend’s Philadelphia Eagles/Kansas City Chiefs Super Bowl through retail and online sportsbooks. That was a 20.4% increase over the previous high for wagers placed in Pennsylvania for a Super Bowl achieved in 2023 when the Eagles and Chiefs also faced off.
At the same time, patrons overwhelmingly placed winning wagers resulting in negative revenue for the sports wagering operators of $6,532,147. The Board noted in particular a high percentage of wagers placed on the Eagles to win. The Eagles defeated the Chiefs 40-22.
Patrons could choose to place Super Bowl wagers in Pennsylvania at 18 retail locations and through 11 online wagering sites. Figures show that 91.2% of the money wagered was through online sites.
The following charts provide a breakdown of Super Bowl wagers and revenue this year and in the subsequent five years in which wagering could be conducted in Pennsylvania:
Year – Opponents
Wagers Retail
Wagers Online
Wagers Total
2025 – Philadelphia/Kansas City
$8,978,567
$92,569,506
$101,548,073
2024 – Kansas City/San Francisco
$6,866,870
$64,687,229
$71,554,099
2023 – Philadelphia/Kansas City
$10,316,188
$73,997,001
$84,313,189
2022 – Cincinnati/Los Angeles Rams
$6,938,462
$61,106,349
$68,044,810
2021 – Tampa Bay/Kansas City
$6,137,478
$47,497,202
$53,634,680
2020 – Kansas City/San Francisco
$6,728,544
$24,035,942
$30,693,942
Year – Opponents
Revenue Retail
Revenue Online
Revenue Total
2025 – Philadelphia/Kansas City
-$3,808,959
-$2,723,188
-$6,532,147
2024 – Kansas City/San Francisco
$451,039
$10,611,872
$11,062,911
2023 – Philadelphia/Kansas City
$4,652,018
$25,070,884
$29,722,902
2022 – Cincinnati/Los Angeles Rams
$697,646
$3,877,693
$4,575,339
2021 – Tampa Bay/Kansas City
-$24,264
$9,418,535
$9,394,271
2020 – Kansas City/San Francisco
-$450,894
-$2,840,675
-$3,334,787
About the Pennsylvania Gaming Control Board
The Pennsylvania Gaming Control Board is tasked to oversee all aspects of gambling involving 17 land-based casinos, online casino games, retail and online sports wagering, and Video Gaming Terminals (VGTs) at qualified truck stops, along with the regulation of online fantasy sports contests.
The land-based casino industry in Pennsylvania consists of six racetrack (Category 1) casinos, five stand-alone (Category 2) casinos, two resort (Category 3) casinos and four mini-casinos (Category 4). A significant job generator in the Commonwealth, casinos and the other types of Board-regulated gaming generated $2.66 billion in tax revenue and fees in 2024.
Additional information about both the PGCB’s gaming regulatory efforts and Pennsylvania’s gaming industry can be found at gamingcontrolboard.pa.gov.
MEDIA CONTACTS: Doug Harbach or Richard McGarvey – (717) 346-8321
Pennsylvania state agencies unable to access $1.2 billion in Congressionally-appropriated federal funding as of February 12, 2025, with an additional $900 million requiring an undefined review by federal agencies.
Despite efforts to work with Pennsylvania’s Congressional delegation and multiple court rulings ordering federal agencies to restore access to funding, dollars for critical Pennsylvania-based initiatives remain frozen.
Governor Shapiro is taking action to unfreeze these funds and ensure Pennsylvania is legally protected.
Harrisburg, PA – Today, Governor Josh Shapiro filed a lawsuit challenging the Trump Administration’s unconstitutional freeze of federal funding. As of today – even after multiplecourt orders to release the federal funds and Governor Shapiro’s engagement with Pennsylvania’s federal representatives — state agencies still remain entirely unable to access $1.2 billion in federal funding, with an additional $900 million requiring an undefined review by federal agencies before it can be drawn down. To ensure the interests of our Commonwealth and its residents are protected, Governor Shapiro is taking legal action to restore access to this funding.
“The federal government has entered into a contract with the Commonwealth of Pennsylvania, promising to provide billions of dollars in Congressionally-approved funding that we have committed to serious needs – like protecting public health, cutting energy costs, providing safe, clean drinking water, and creating jobs in rural communities,” said Governor Shapiro. “With this funding freeze, the Trump Administration is breaking that contract – and it’s my job as Governor to protect Pennsylvania’s interests. Over the past two weeks, my team and I have engaged with our Congressional delegation to try to restore access to all the federal funding Pennsylvania has been promised under law – but despite those efforts, state agencies remain unable to draw down these critical dollars. While multiple federal judges have ordered the Trump Administration to unfreeze this funding, access has not been restored, leaving my Administration with no choice but to pursue legal action to protect the interests of the Commonwealth and its residents.”
Almost immediately after the White House Office of Management and Budget (OMB) issued a directive on January 27, 2025, Commonwealth agencies realized that billions in federal funding appropriated by Congress to Pennsylvania were no longer accessible. Federal agencies suspended access to billions of dollars in funding without supplying a plausible explanation as to why certain funds are being suspended, giving any consideration to the harm their action would cause, or considering how Commonwealth agencies have relied on receiving that committed funding.
Since then, the Shapiro Administration has worked with its federal partners and Pennsylvania’s Congressional delegation in an attempt to fully restore access to these funds. Simultaneously, multiple federal judges have ordered the Trump Administration to unfreeze this funding – however, because Pennsylvania was not involved in previous litigation, it is not guaranteed that future litigation in those cases will protect Pennsylvania’s interests and funding.
As of February 12, 2025, despite those multiple court orders, over $1.2 billion in federal funding owed to Pennsylvania agencies remains suspended – and more than $900 million in funding is now marked as requiring further (but unarticulated) federal agency review before reimbursement requests can be approved.
While Commonwealth agencies cannot draw from certain federal accounts, they are stuck incurring debts and obligations in federally approved projects that the Trump Administration currently is refusing to reimburse. While agencies have some reserves and discretionary dollars to cover small, unexpected debts, the scope of the federal freeze will far exceed those reserves.
Federal funding is in jeopardy for critical Pennsylvania-based initiatives including reclaiming abandoned mine land, capping and plugging orphan wells, and lowering consumer costs. For example, abandoned mine land dollars that are currently frozen will allow the Commonwealth to reclaim 24,000 acres of abandoned mine land across Pennsylvania, construct or maintain 16 water treatment systems that deal with toxic runoff from abandoned mines, and respond to about 60 emergency events per year. Left unaddressed, abandoned mines can cave in and form sinkholes, causing significant property damage and even death – as happened in Westmoreland County in December 2024. Additionally, the federal funding freeze has restricted access to funding that would help plug more than 500 orphaned and abandoned wells that are releasing toxic chemicals in Pennsylvania communities, as well as funding that would help up to 28,000 Pennsylvania households lower their utility bills.
The U.S. Constitution clearly states that federal agencies do not have the power to suspend states’ access to money that Congress appropriated or to impose new conditions on money already appropriated and obligated. Governor Shapiro is taking action to unfreeze these funds and ensure Pennsylvania is legally protected so that Commonwealth agencies can continue their work to improve Pennsylvanians’ lives.
President Donald Trump attends the National Prayer Breakfast at Washington Hilton, Thursday, Feb. 6, 2025, in Washington. (Photo: AP/Evan Vucci)
Christianity is by far the largest faith in America, and Christian conservatives have a strong grip on the levers of government. That dominance is leaving many to question why President Donald Trump’s new task force on eradicating anti-Christian bias is needed.
Critics see the task force initiative as unnecessary and pandering to Trump’s base. But some Christian supporters said it is overdue, claiming the Biden administration had discriminated against them through actions and inactions.
The two-year task force, chaired by Attorney General Pam Bondi and composed of Cabinet and other government representatives, is assigned to review and “identify any unlawful anti-Christian” actions under the Biden administration, change any objectionable policies and recommend steps to rectify any past failures.
A debate over victimhood
Bruce Ledewitz, a law professor at Duquesne University in Pittsburgh, criticized the mindset behind the executive order as that of a powerful group claiming victimhood.
The Christian conservative movement — a core Republican constituency — now has significant sway on the Supreme Court and in numerous states, Congress and the presidency, Ledewitz said. And still, they declare, “We are victims,” he said.
“There’s a struggle for the soul of America,” said Ledewitz, who studies the relationship between constitutional law and religion. “We call this a culture war, but it’s very deep,” animated by the charge “that you people, the Democrats, you are not religious, and we are.”
Trump said exactly that at a National Prayer Breakfast gathering on Feb. 6.
“The opposing side, they oppose religion, they oppose God,” Trump claimed, accusing the previous administration of engaging in “persecution.» President Joe Biden, a regular Mass-attending Catholic, often spoke of drawing on the values of his faith and had warm relations with Pope Francis.
But Ryan Bangert, a senior vice president at the conservative legal organization Alliance Defending Freedom, said the task force is overdue.
He said the Biden administration was “deliberately targeting Christian beliefs through discriminatory policies” on issues such as abortion and gender. These are “not fringe beliefs” and are shared by other religious groups besides Christians, he said.
President Donald Trump holds up a signed executive order relating to clemency for anti-abortion protesters as he signs executive orders in the Oval Office of the White House, Thursday, Jan. 23, 2025, in Washington. (Photo: AP/Ben Curtis)
Do the cases of alleged bias add up to a pattern?
Critics said Trump is claiming to see persecution in distorted case descriptions, a calendar coincidence and other situations that, while raising concerns, don’t add up to a pattern.
For example, Trump spoke at the prayer breakfast about how he pardoned a set of abortion protesters. He mischaracterized the case of one woman, who was sentenced to prison at age 75, as being “put in jail because she was praying.” She and co-defendants were sentenced for blockading an abortion clinic in violation of the Freedom of Access to Clinic Entrances Act, enacted in the 1990s after violent attacks on abortion providers.
But Bangert said the Biden administration “severely weaponized” the FACE Act, being far more aggressive against anti-abortion protesters than those who vandalized or threatened other institutions protected by the same act, including churches and pregnancy centers that counsel women not to have abortions. Those incurred a spate of attacks after the Supreme Court, in 2022, overturned the 1973 Roe v. Wade decision that had made abortion legal nationwide.
A Biden-era Justice Department document lists one case of a conviction of three activists who supported abortion rights and vandalized pregnancy centers. That list otherwise documents numerous prosecutions against anti-abortion protesters who blockaded, threatened or disrupted clinic activities.
The act was “simply deployed to prosecute pro-life advocates who, had they been advocating for any other set of beliefs, would never have been prosecuted by the government,” Bangert said. “Yet the Biden administration refused to enforce the FACE Act in cases where pro-life pregnancy centers or churches or synagogues were targeted.”
The U.S. Conference of Catholic Bishops welcomed the creation of the task force.
“We are hopeful in hearing the news that the Administration is seeking to address anti-Christian bias and incidents, and we stand ready to offer our own insights into how we might ensure that all people are able to fully exercise their religious freedom,” said conference spokesperson Chieko Noguchi.
The conference keeps a running list of reports of vandalism and attacks on churches, reporting at least 366 cases of arson, damaged religious statues and other incidents since 2020. The conference’s religious liberty committee released a report in 2024 citing a bipartisan list of concerns ranging from mandates from the Biden administration regarding gender and abortion to a crackdown by Texas’ Republican attorney general on Catholic organizations serving immigrants.
Trump’s executive order claims that Biden-era equal-employment officials sought to “force Christians to affirm radical transgender ideology against their faith” and that another department “sought to drive Christians out of the foster-care system.”
Trump claimed the FBI in 2023 “asserted that traditional Catholics were domestic-terrorism threats and suggested infiltrating Catholic churches as ’threat mitigation.’”
The claim emerged from the case of a man of who pleaded guilty to a federal weapons charge and who had spoken of intending to kill Jews and other minorities. He had been attending a church espousing traditionalist Catholic beliefs — though not in communion with the pope – where he reportedly sought to recruit others, according to a Justice Department review.
A leaked FBI report cited a purported link between “Racially or Ethnically Motivated Violent Extremists” and “Radical Traditionalist Catholic” adherents.
A Justice Department inspector general subsequently found “there was no evidence of malicious intent” but that the memo showed a failure to “adhere to analytic tradecraft standards.”
Trump also cited a calendar mashup.
Biden had issued a declaration proclaiming March 31, 2024, as “Transgender Day of Visibility,” which occurs annually on that date. In 2024, that date also happened to be Easter Sunday. While churches have a range of views on LGBTQ+ issues, the proclamation’s timing led to indignant responses from conservative Christian leaders that do not affirm transgender identity.
Anti-abortion activists Lauren Handy, front, with Terrisa Bukovinac, from left, Jonathan Darnell, and Randall Terry, speak during a news conference in Washington, April 5, 2022. (Photo: AP/Manuel Balce Ceneta/File)
Looking at the big picture
A White House action focused on a specific religion is not unprecedented. The Biden administration, for example, issued strategy plans to combat antisemitism and Islamophobia.
The secular advocacy group Freedom From Religion Foundation questioned the new task force on the social media platform X, saying “government’s job is to protect everyone’s rights, not give special treatment to one religion.” It questioned whether the task force would “just push a Christian nationalist agenda.”
Ledewitz said the task force doesn’t violate the constitutional prohibition on the state establishment of a religion — in theory.
“If, in practice, it’s going to have government promote Christianity, that violates the Establishment clause,” he said.
Ledewitz cited the Supreme Court’s 2017 ruling in favor of a Colorado baker who refused to bake a wedding cake for a same-sex couple, saying that his state’s Civil Rights Commission showed “hostility” to his religious beliefs.
“Government is not allowed to be hostile to religion,” Ledewitz said.
However, Ledewitz said there is no case to be made for U.S. Christians suffering systemic persecution.
Matthew Taylor, Protestant scholar at the Institute for Islamic, Christian and Jewish Studies in Baltimore, said the task force raises concerns. Taylor’s 2024 book, “The Violent Take It By Force: The Christian Movement That Is Threatening Our Democracy,” recounts the role of charismatic leaders who have been among Trump’s most fervent supporters.
In a majority Christian country, “it’s a bit absurd to claim that there is widespread anti-Christian bias,” Taylor said. “When a majority begins to claim persecution, that is often a license for attacks on minorities.”
Gente sostiene sus celulares en una protesta contra el partido Alternativa por Alemania (AfD), y la ultraderecha ante la Puerta de Brandeburgo en Berlín, Alemania, el 25 de enero de 2025. (Foto: AP/Ebrahim Noroozi/Archivo)
Alternativa para Alemania, o AfD, se ha consolidado como una fuerza política significativa en los 12 años desde su fundación, pero aún no ha formado parte de ningún gobierno estatal o nacional. Esto es resultado de lo que a menudo se denomina como un “cortafuegos” contra el partido de ultraderecha y antiinmigración.
Otros partidos afirman que no trabajarán con Alternativa para Alemania, que está bajo la vigilancia de la agencia de inteligencia nacional por sospechas de extremismo de derecha, algo que la AfD rechaza de plano. Sus filiales en tres estados orientales este están designadas como grupos “comprobados de extrema derecha”. Esto es particularmente delicado dado el pasado nazi de Alemania.
Esto ha obligado a veces a otros partidos a formar alianzas inusuales para mantener a la AfD fuera del poder, como una coalición de tres partidos que atraviesa divisiones ideológicas y que gobierna el estado oriental de Turingia, después de que la AfD fuera el grupo más votado por primera vez en las elecciones regionales de septiembre.
¿Incumplió Merz el cortafuegos?
Hay división de opiniones. El líder de la oposición conservadora de Alemania, Friedrich Merz, fue acusado de romper un tabú y erosionar el cortafuegos después de presentar ante el parlamento una moción no vinculante que pedía que se devolviera a muchos más migrantes en las fronteras del país el mes pasado. La iniciativa fue aprobada por un estrecho margen gracias a los votos del partido de extrema derecha. Fue algo sin precedentes en la Alemania de la posguerra.
Dos días después, los legisladores rechazaron por un estrecho margen un proyecto de ley auspiciado por la oposición que pedía reglas más estrictas a la inmigración, que corría el riesgo de convertirse en la primera legislación aprobada gracias a la AfD. Los eventos en el parlamento provocaron protestas considerables.
Merz insistió en que su posición no había cambiado. Dijo que no trabajó ni trabajará con la AfD, que no entrará en el gobierno con ella ni formará un gobierno minoritario que necesite su apoyo, y que no negoció ni negociará con ella sobre mociones o legislación.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha a Elon Musk hablando en la Oficina Oval en la Casa Blanca, el martes 11 de febrero de 2025, en Washington. (Foto: AP/Alex Brandon)
Elon Musk pidió el jueves “eliminar agencias enteras” del gobierno federal de Estados Unidos como parte de su campaña a instancias del presidente Donald Trump para recortar radicalmente el gasto y reestructurar sus prioridades.
Musk ofreció un variado discurso por videoconferencia en la Cumbre de Gobiernos del Mundo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, sobre lo que describió como las prioridades del gobierno de Trump, intercaladas con múltiples referencias a una “guerra termonuclear” y los posibles peligros de la inteligencia artificial.
“De verdad tenemos aquí el gobierno de la burocracia en lugar del gobierno del pueblo, la democracia”, dijo Musk, que vestía una camiseta negra con el mensaje: “Soporte Técnico”. También bromeó diciendo que era el “soporte técnico de la Casa Blanca,” un guiño a su perfil en la plataforma social X, que es de su propiedad.
“Creo que necesitamos eliminar agencias enteras en lugar de dejar muchas de ellas atrás,” dijo Musk. “Si no eliminamos las raíces de la maleza, entonces es fácil que la maleza vuelva a crecer.”
Aunque Musk ha intervenido en ediciones previas de la cumbre, su aparición el jueves llegaba después de que consolidar su control sobre amplias áreas del gobierno con la bendición de Trump, desde que asumió el liderazgo del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Esto ha incluido apartar a funcionarios de carrera, obtener acceso a bases de datos sensibles e invitar a un choque constitucional sobre los límites de la autoridad presidencial.
El nuevo papel de Musk dio más peso a sus comentarios más allá de ser la persona más rica del mundo gracias a sus inversiones en SpaceX y en el fabricante de automóviles eléctricos Tesla.
Sus declaraciones también planteaban una visión más aislacionista del poder estadounidense en Oriente Medio, donde EEUU ha librado guerras en Afganistán e Irak tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
“Mucha de la atención ha estado en USAID, por ejemplo,” dijo Musk, refiriéndose al desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por parte de Trump. “Está por ejemplo la Fundación Nacional para la Democracia. Pero yo digo, ‘Está bien, ¿cuánta democracia han logrado últimamente?’”, dijo en referencia a una organización oficial.
Agregó que bajo el mandato de Trump, EE. UU. está “menos interesado en interferir en los asuntos de otros países”.
“Hay veces que Estados Unidos ha sido un poco insistente en los asuntos internacionales, lo que puede resultar familiar a algunos miembros de la audiencia,” dijo Musk al público en Emiratos Árabes Unidos, una nación compuesta por siete emiratos con gobiernos autócratas.
“Básicamente, Estados Unidos debería ocuparse de sus propios asuntos, en lugar de presionar por un cambio de régimen en todas partes,” dijo.
También mencionó los esfuerzos del gobierno de Trump en eliminar los proyectos de diversidad, equidad e inclusión (conocidos por sus siglas DEI en inglés), y en un momento dado lo relacionó con la inteligencia artificial.
“Si hipotéticamente, la IA está diseñada para DEI, ya saben, diversidad a toda costa, podría decidir que hay demasiados hombres en el poder y ejecutarlos,” dijo Musk.
Sobre la IA, Musk dijo que creía que el nuevo chatbot de IA de X, Grok 3, estaría listo en aproximadamente dos semanas, y en un momento dijo que “da un poco de miedo”.
También criticó la gestión de Sam Altman en OpenAI, por la cual Musk acaba de liderar una oferta de adquisición de 97.400 millones de dólares, describiéndola como similar a una organización sin fines de lucro destinada a salvar la selva amazónica que se convierte en una “empresa maderera que corta los árboles .”
Musk también anunció planes para un proyecto “Dubai Loop” en línea con su trabajo en The Boring Company, que está excavando túneles en Las Vegas para aligerar el tránsito. Sin embargo, ni él ni el funcionario del gobierno emiratí que hablaba con él ofrecieron detalles inmediatos del plan.
“Va a ser como un agujero de gusano,” prometió Musk. “Simplemente te metes en un agujero de gusano desde una parte de la ciudad — boom — y sales en otra parte de la ciudad”.