La Universidad de Pensilvania (Upenn) anunció este martes que vetará a las atletas transgénero en deportes femeninos para resolver una investigación del Gobierno de Donald Trump sobre la nadadora transgénero Lia Thomas, a la que la institución retirará sus títulos.
El Departamento de Educación acusó a la universidad en abril de violar los derechos civiles por «permitir a un hombre competir en programas atléticos femeninos y ocupar instalaciones íntimas solo para mujeres», tras comenzar a investigar a la institución en febrero por los reconocimientos de Thomas.
El Gobierno de Trump congeló 175 millones de dólares en subvenciones por la investigación sobre el llamado Título IX, una ley federal de derechos civiles aprobada en 1972 que prohíbe la discriminación por razón de sexo en cualquier escuela o programa educativo que reciba fondos federales.
UPenn anunció la resolución del asunto y dijo que, de acuerdo con «la actual interpretación del Título IX y las políticas actuales de la Liga Universitaria de Estados Unidos (NCAA)», se adhiere a la definición de sexo establecida en las órdenes ejecutivas de Trump, es decir, únicamente masculino o femenino.
El Departamento de Educación indicó que UPenn «restaurará para las atletas mujeres» todos los títulos que «fueron incorrectamente apropiados por atletas hombres a los que se permitió competir en categorías femeninas», y que vetará a las atletas transgénero en las competiciones y los vestuarios.
El centro además publicó una disculpa para «quieres experimentaron una desventaja competitiva o ansiedad por las políticas en efecto en ese momento», en referencia a la temporada de natación 2021-2022, en la que Thomas marcó récords y se centró la investigación federal.
Thomas, hoy de 26 años, borró en aquel entonces los récords de la liga universitaria compitiendo para UPenn, donde un grupo de 16 integrantes del equipo femenino de natación pidió que la nadadora trans fuera excluida de la competición al considerar que tenía ventajas biológicas.
Según el medio ESPN, la web de la universidad ahora incluye una nota en el historial de las mejores marcas, que han sido reasignadas: «Compitiendo bajo criterios de aptitud en efecto entonces, Lia Thomas marcó récords de ‘freestyle 100, 200 y 500 durante la temporada 2021-2022».
La secretaria de Educación, Linda McMahon, consideró la resolución una «victoria para las mujeres y las niñas» en todo el país y aplaudió a la universidad por «rectificar sus daños pasados», mientras que dos antiguas nadadoras universitarias aplaudieron las «protecciones» del Gobierno de Trump.
La liga profesional de básquet femenil de Estados Unidos (WNBA, por sus siglas en inglés) anunció que Filadelfia tendrá un nuevo equipo a partir del año 2030. También habrá nuevos equipos en Cleveland en 2028 y en Detroit en 2029.
“La demanda por el básquet femenil nunca ha sido tan grande”, dijo Cathy Engelbert, comisionada de la WNBA. “Estamos felices de darle la bienvenida a Cleveland, Detroit y Filadelfia a la familia de la WNBA”. También comentó que esta expansión histórica refleja el gran momento que vive la liga y el creciente interés por invertir en el deporte profesional femenino.
Durante años se rumoraba que Filadelfia tendría un equipo de la WNBA. La ciudad tiene una larga tradición de básquet, no solo por los 76ers, su equipo de la NBA, sino por las grandes figuras que han salido de ahí, como Wilt Chamberlain, Earl Monroe, Dawn Staley y Kahleah Copper. Además, equipos universitarios como Villanova, Temple y St. Joseph’s han dado mucho de qué hablar durante los torneos nacionales.
“Filadelfia es una de las ciudades con más historia en el mundo del básquet», dijo el empresario Josh Harris. “Nuestra región ha sido cuna de grandes jugadoras y entrenadoras. Es justo que esta ciudad tenga el equipo que se merece. Estamos orgullosos de ser parte de esta nueva etapa”.
Con esta expansión, la WNBA tendrá 18 equipos en total para el año 2030. El grupo Harris-Blitzer, que está detrás del nuevo equipo, también es dueño de los New Jersey Devils de hockey y de los Washington Commanders de fútbol americano.
El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., testifica durante una audiencia ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, el 24 de junio de 2025, en Washington. (Foto: AP/Mariam Zuhaib)
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump violó las leyes federales de privacidad al entregar datos de Medicaid sobre millones de inscritos a funcionarios de deportación el mes pasado, alegó el martes el fiscal general de California, Rob Bonta, y añadió que él y los fiscales generales de otros 19 estados han presentado una demanda por esta acción.
Los asesores del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ordenaron la liberación de un conjunto de datos que incluye la información de salud privada de personas que viven en California, Illinois, el estado de Washington y Washington D.C., al Departamento de Seguridad Nacional el mes pasado, informó por primera vez The Associated Press el mes pasado. Todos esos estados permiten que las personas que no cuenten con la nacionalidad estadounidense se inscriban en programas de Medicaid que cubren sus gastos utilizando únicamente dólares de los contribuyentes estatales.
El inusual intercambio de datos de información de salud privada, incluidos direcciones, nombres, números de seguro social, estatus migratorio y datos de reclamaciones de los inscritos en esos estados, fue entregado a funcionarios de deportación mientras aceleraban los esfuerzos de aplicación de la ley de migración en todo el país. Los expertos dijeron que los datos podrían ser utilizados para ayudar al Departamento de Seguridad Nacional a localizar a migrantes en su campaña de deportación masiva.
Bonta afirmó que la liberación de datos por parte del gobierno estadounidense viola las leyes federales de protección de la privacidad de la salud, incluyendo la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA, por sus siglas en inglés).
“Esto se trata de ignorar siete décadas de política y práctica de la ley federal que han dejado claro que los datos personales de salud son confidenciales y solo pueden compartirse en ciertas circunstancias limitadas que benefician la salud pública o el programa de Medicaid”, dijo Bonta durante una conferencia de prensa el martes.
El gobierno federal ha tratado de proporcionar más datos de inmigrantes a los funcionarios de deportación. En mayo, por ejemplo, un juez federal se negó a bloquear que el Servicio Interno de Impuestos compartiera datos fiscales de inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ayudar a los agentes a localizar y detener a personas que viven sin estatus legal en Estados Unidos.
La medida para reforzar los datos del gobierno federal sobre los inscritos en Medicaid inmigrantes parece haberse puesto en marcha en mayo, cuando los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anunciaron que revisarían los registros de algunos estados para asegurar que no se hayan utilizado fondos federales para pagar la cobertura de personas con “estatus migratorio insatisfactorio”.
Como parte de la revisión, los centros de servicios pidieron a California, Washington e Illinois que compartieran detalles sobre las personas que no cuentan con la nacionalidad estadounidense que se han inscrito en el programa de Medicaid de su estado, según un memorando del 6 de junio firmado por la subdirectora de Medicaid, Sara Vitolo, que fue obtenido por la AP. El memorando fue escrito por varios funcionarios de los centros de servicios bajo la supervisión de Vitolo, según fuentes familiarizadas con el proceso.
Los funcionarios de los centros de servicios intentaron luchar contra la solicitud de intercambio de datos de Seguridad Nacional, diciendo que hacerlo violaría leyes federales, incluyendo la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad de 1974, según el memorando.
Los argumentos legales expuestos en el memorando no fueron persuasivos para los designados por Trump en el Departamento de Salud y Servicio Humanos (HHS por sus siglas en inglés), que supervisa la agencia de Medicaid.
Cuatro días después de que se enviara el memorando, el 10 de junio, los funcionarios del HHS ordenaron la transferencia de “los datos al DHS antes de las 5:30 ET de hoy”, según intercambios de correos electrónicos obtenidos por AP.
El HHS está “tomando medidas enérgicas contra los estados que pueden estar haciendo un uso indebido de fondos federales de Medicaid”, dijo el portavoz de la agencia, Andrew Nixon, en un comunicado. La agencia no ha proporcionado detalles sobre el papel del Departamento de Seguridad Nacional en el esfuerzo. Nixon también defendió la legalidad de liberar los datos a dicha dependencia.
“El HHS actuó completamente dentro de su autoridad legal, y en total cumplimiento con todas las leyes aplicables, para asegurar que los beneficios de Medicaid estén reservados para individuos que tienen derecho legal a recibirlos”, señaló en el comunicado.
Decenas de miembros demócratas del Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, han enviado cartas a las agencias involucradas, exigiendo que cese el intercambio de datos y que el Departamento de Seguridad Nacional destruya la información que ha recibido hasta ahora.
Tusting Playground en 5901 W. Columbia Ave, Filadelfia es uno de los centros para dejar la basura. (Foto: Impacto/Staff)
Piden que la gente conserve la basura por unos días o que la lleven a horarios y lugares designados
En conferencia de prensa el martes 1 de julio, la alcaldesa de Filadelfia, Cherelle Parker, anunció una decisión clara: no se recogerá la basura como habitualmente, mientras continúe la huelga de trabajadores municipales. Como respuesta inmediata, la Ciudad activó centros temporales de entrega con horarios y límites bien definidos, e instó a los residentes a evitar sacar basura a la acera durante este periodo.
La huelga en Filadelfia involucra al sindicato del Consejo del Distrito 33 (DC 33), que representa a miles de empleados públicos, incluidos los trabajadores de recolección de basura, mantenimiento, servicios públicos y otras funciones esenciales. La paralización laboral afecta directamente los servicios de saneamiento y otros servicios clave en la ciudad.
La principal recomendación de las autoridades es que los residentes no saquen sus desperdicios a la calle desde el martes 1 de julio de 2025. En su lugar, la Ciudad ha habilitado seis centros temporales de limpieza, que estarán abiertos todos los días de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. Además, se han dispuesto 60 sitios adicionales para dejar la basura. Puedes consultar el sitio más cercano a tu domicilio a través del portal oficial de la Ciudad.
Tusting Playground en 5901 W. Columbia Ave, Filadelfia es uno de los centros para dejar la basura. (Foto: Impacto/Staff)
La interrupción del servicio de recolección tendrá varias consecuencias visibles. Entre ellas, se anticipan retrasos o cancelaciones en las rutas habituales, acumulación de basura en esquinas y calles residenciales, problemas de salud pública debido al mal olor y presencia de plagas, así como un aumento en las quejas y la frustración entre los vecinos.
Para mitigar estos efectos, las autoridades recomiendan a la comunidad verificar los anuncios oficiales sobre cambios en los servicios, guardar la basura en casa si es posible y evitar sacarla en días no programados para no agravar la situación.
Tusting Playground en 5901 W. Columbia Ave, Filadelfia es uno de los centros para dejar la basura. (Foto: Impacto/Staff)
Si decides llevar tus desperdicios a uno de los centros habilitados, es importante seguir las reglas del Departamento de Saneamiento. Los residentes solo podrán entregar basura el día que les corresponde el servicio regular y un máximo de ocho bolsas por persona. No se aceptará basura suelta ni sin empacar en bolsas o contenedores apropiados.
En cuanto al reciclaje, solo será aceptado en los Sanitation Convenience Centers. Sin embargo, la Ciudad recomienda conservarlo en casa el mayor tiempo posible, siempre que sea seguro hacerlo.
Durante la huelga, tampoco estarán disponibles servicios como limpieza con barredoras eléctricas, recolección de objetos grandes o en grandes cantidades, sábados de limpieza en la cuadra, brigadas comunitarias organizadas por concejales ni el programa de limpieza de 13 semanas.
Tusting Playground en 5901 W. Columbia Ave, Filadelfia es uno de los centros para dejar la basura. (Foto: Impacto/Staff)
A pregunta expresa sobre cuál fue el principal obstáculo que detuvo la negociación, la alcaldesa respondió: “Eso no te lo puedo contestar. Solo te puedo decir que la oferta que se presentó es justa y la mejor que se ha puesto sobre la mesa de negociación”.
Para más información actualizada sobre el servicio de recogida de basura en Filadelfia, visita el sitio oficial: www.phila.gov
Las jugadoras de España celebran tras coronarse campeonas del Mundial femenino tras derrotar a Inglaterra en la final (Foto: AP/Rick Rycroft)
Este miércoles 2 de julio, Suiza se convierte en el epicentro del fútbol femenino europeo con el inicio de la Eurocopa Femenina 2025, un torneo que promete marcar un nuevo capítulo en la historia del deporte. Pero más allá de los goles y las estadísticas, esta edición representa el avance de una lucha que lleva décadas: la de las mujeres por igualdad, reconocimiento y profesionalización en el ámbito deportivo.
Con récords de asistencia previstos, un aumento sin precedentes en los premios económicos y la inclusión de selecciones debutantes, esta Eurocopa no solo pone en juego un título continental, sino también la consolidación de un movimiento que ha desafiado estructuras, abierto puertas y cambiado paradigmas.
El fútbol femenino ha recorrido un camino largo y complejo. Durante años, fue relegado a un segundo plano, sin cobertura mediática, sin apoyo financiero y, en muchos casos, sin condiciones mínimas de desarrollo. Hoy, el panorama es distinto.
Desde aquella primera Euro femenina en 1984 —que apenas convocó a mil personas en las gradas— hasta esta edición que ya ha vendido más de 600 mil entradas, el crecimiento ha sido exponencial. La UEFA Women’s Euro 2025 será la más vista, la mejor premiada y la más competitiva de la historia.
Por primera vez, los premios económicos ascienden a 41 millones de euros, el doble de lo otorgado en la edición anterior. Aunque aún lejos de los 331 millones distribuidos en la Euro masculina, la diferencia comienza a acortarse y evidencia una mayor voluntad institucional de cerrar la brecha.
La competición reunirá a 16 selecciones nacionales en ocho ciudades suizas. El partido inaugural se jugará en el estadio Kybunpark de San Galo, mientras que la gran final está programada para el 27 de julio en Basilea. Equipos como España, Inglaterra, Alemania y Francia parten como favoritos, en una contienda donde el talento se distribuye cada vez más equitativamente.
España llega como campeona del mundo, con una generación dorada encabezada por jugadoras como Aitana Bonmatí, y Alexia Putellas, mientras Inglaterra busca defender su título europeo. Alemania, la más laureada en la historia del torneo, aspira a recuperar el dominio perdido, y Francia quiere dar el golpe definitivo tras años de consolidación.
Además, selecciones como Polonia y Gales debutan en esta edición, reflejo del crecimiento del fútbol femenino en regiones donde hasta hace poco era invisible. La clasificación de Gales, liderada por la histórica Jess Fishlock, fue celebrada como un logro nacional.
Pero el impacto del torneo va más allá de lo deportivo. La UEFA ha integrado en esta edición una estrategia de sostenibilidad ambiental y social que contempla accesibilidad para personas con discapacidad, transporte público gratuito para asistentes y un enfoque claro en la equidad de género.
Suiza espera que la Euro 2025 deje como legado un aumento significativo en la participación de niñas en el fútbol. En Reino Unido, tras la Euro 2022, la inscripción en ligas infantiles femeninas creció un 140 %. La expectativa es que un fenómeno similar ocurra ahora en todo el continente.
Organizaciones locales e internacionales han celebrado que, por primera vez, la representación femenina alcanza también áreas técnicas, médicas, logísticas y arbitrales. Es un campeonato que se disputa también detrás de las cámaras y fuera del campo.
El fútbol femenino no solo construye espectáculo, sino referentes. En un contexto global donde las niñas aún enfrentan barreras para practicar deporte, ver a mujeres en lo más alto de la competencia internacional tiene un efecto multiplicador.
No es solo un torneo de fútbol, es el resultado de décadas de resistencia, de jugadoras que entrenaban en silencio, de equipos que viajaban sin viáticos, de profesionales que luchaban por un lugar legítimo, no se juega solo por la gloria del presente, sino también por el derecho al futuro.
Fotografía del 19 de junio de 2025 de personas a bordo de una canoa en Bajo Chiquito (Panamá). (Foto: EFE/ Moncho Torres)
Más de 13.200 migrantes irregulares han llegado a Panamá en lo que va de año, en su tránsito de regreso hacia el sur del continente tras ver frustrada su meta de ingresar a Estados Unidos, informaron este martes las autoridades panameñas.
La mayoría de estas personas en flujo inverso son adultos de nacionalidad venezolana, precisó el Servicio Nacional de Migración (SNM) en un mensaje difundido en sus redes sociales.
El flujo migratorio inverso, de norte a sur, se ha convertido casi en el único existente en países como Panamá, donde antes de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de EE. UU. cientos de migrantes cruzaban a diario la selva de Darién, fronteriza con Colombia, con la cifra récord de más de 500.000 en 2023.
En su retorno, en vez de atravesar la selva, los migrantes toman ahora embarcaciones en puertos del Caribe panameño hasta una población fronteriza con Colombia, desde donde continúan su viaje hacia Suramérica.
El Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino, cerró oficialmente el pasado 14 de mayo la principal estación migratoria a la salida de la selva fronteriza, ante la drástica caída del flujo hacia el norte de viajeros irregulares.
«El paso por Darién sigue siendo monitoreado por el Servicio Nacional de Migración. En lo que va de 2025, casi 3.000 personas han cruzado la selva provenientes de Suramérica. No se reportaron nuevas llegadas en los últimos días», aseguraron las autoridades panameñas este martes.
La oficina de Migración también destacó que «en el último año Panamá ha deportado a 2.387 personas, muchas de ellas por ingreso irregular», y que «se han realizado más de 50 vuelos de retorno, incluyendo salidas (en vuelos de líneas) comerciales y chárter».
«El Servicio Nacional de Migración resalta que estos operativos forman parte de una estrategia coordinada para garantizar la seguridad del país y un manejo ordenado a través del Memorándum de Entendimiento Migratorio con los Estados Unidos», agregó.
Panamá y EE. UU. firmaron hace exactamente un año, cuando un día como hoy Mulino asumía la Presidencia de Panamá para el quinquenio 2024-2029, un acuerdo para repatriar a migrantes que atravesaron la jungla del Darién, que estableció una financiación estadounidense de seis millones de dólares y el cual fue renovado recientemente, de acuerdo con la información difundida por funcionarios de Washington.
Mulino expresó a mediados de junio pasado que le preocupaba el hecho de iba «subiendo el número de ciudadanos» haciendo su viaje migratorio irregular inverso, la gran mayoría de ellos venezolanos, aunque también hay colombianos, peruanos, ecuatorianos, entre otros, incluidos extracontinentales como nepalíes, cameruneses e iraníes, según comentó el jefe de Estado.
Personas sostienen carteles contra las dependencias migratorias y los centros de detención de inmigrantes, durante una protesta junto al centro de detención para migrantes 'Alligator Alcatraz' este martes, en Ochopee (Estados Unidos). (Foto EFE/Alberto Boal)
El presidente estadounidense, Donald Trump, realizó este martes una visita al centro de detención para migrantes ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz caimán) en Florida, que estuvo marcada por sus burlas sobre los peligros que correrán los reclusos que intenten huir por la presencia de caimanes en los alrededores.
La presencia de cerca de un centenar de manifestantes en las afueras del centro, que comenzará a operar mañana miércoles, no frustró la visita de Trump, que antes y durante su breve paso por Florida hizo gala de un sentido del humor peculiar para justificar la construcción de este nuevo centro en un humedal que sirve de hábitat a caimanes y pitones.
«Les vamos a enseñar a huir de un caimán. No corran en línea recta, corran así», dijo Trump, esbozando una sonrisa, desde la Casa Blanca antes de partir hacia el sureste de EE. UU., mientras hacía gestos de ‘zig zag’ con la mano, en referencia a cómo deberían correr los migrantes delante de los reptiles.
Unas horas después, cuando el presidente aterrizó en el antiguo aeropuerto abandonado donde ahora se ubica ‘Alligator Alcatraz’, no tardó en volver a sacar a colación la presencia de estos animales característicos de Florida.
«Tenemos muchos guardaespaldas y muchos policías en forma de caimanes. No hay que pagarles tanto», afirmó, acompañado por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
La presencia de estos reptiles en los alrededores del centro ha sido uno de los argumentos esgrimidos por las autoridades para construirlo en este paraje natural, puesto que señalaron que permitirá reducir gastos en personal de seguridad.
Así se entiende el nombre elegido para la instalación, que hace referencia a la icónica cárcel de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, en California, y a los caimanes.
«Alligator Alcatraz. Alligator Alcatraz», se saludaron Trump y DeSantis nada más aterrizar el mandatario, dando continuidad a este juego de palabras.
Durante el acto, DeSantis dijo que están trabajando con el Departamento de Justicia para establecer jueces de Inmigración en el centro de detención que permitan acelerar el proceso de deportación.
Además, Trump sostuvo que en las próximas semanas decidirá sobre la exención de expulsión de obreros y agricultores, dos de los sectores más afectados por su política migratoria.
Personas sostienen carteles durante una protesta junto al nuevo centro de detención para migrantes, conocido como ‘Alligator Alcatraz’ este martes, en Ochopee (Estados Unidos). (Foto: EFE/ Alberto Boal)
Protestas por su impacto ambiental
La visita de Trump no estuvo exenta de protestas. Corrieron a cargo de organizaciones indígenas y ambientalistas que criticaron el lugar escogido para la construcción del centro, así como la celeridad con la que se completó, lo que hacía evidente que no se habían respetado las leyes de evaluación de impacto ambiental.
«Hay problemas económicos, problemas ambientales y problemas de derechos humanos. No ha habido ningún estudio ambiental en este sitio», dijo a EFE Faith Ward, una de las manifestantes.
«Hay menos de mil personas que viven en este lugar en este momento, y si ahora ponemos más de 5.000, incluso 3.000 personas, incluso más de 1.000 personas en esta tierra, habrá un impacto masivo», agregó.
La idea del centro, que pretende albergar a 5.000 migrantes unos 70 kilómetros al oeste de Miami, surgió el pasado 18 de junio, cuando el fiscal general de Florida, James Uthmeier, sugirió retener allí a los migrantes que detenga el Servicio de Inmigración y de Control de Aduanas (ICE).
Según DeSantis, la construcción se ha completado en apenas ocho días. Para albergar a los migrantes se han instalado decenas de carpas enormes de color blanco, similares a las empleadas durante la pandemia de la covid-19.
Personas sostienen carteles durante una protesta junto al nuevo centro de detención para migrantes, conocido como ‘Alligator Alcatraz’ este martes, en Ochopee (Estados Unidos). (Foto: EFE/ Alberto Boal)
Fueron precisamente estas instalaciones las que Trump recorrió junto con DeSantis y Noem durante una visita de algo más de tres horas, donde felicitó al gobernador estatal y llamó a otros estados a seguir los mismos pasos, especialmente aquellos demócratas.
«No saben por dónde empezar, y si lo hicieran, les costaría cien veces más», dijo el presidente, que instó al gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, con quien mantiene una notable rencilla, a «venir aquí y aprender algo».
En paralelo, los ánimos de la protesta se fueron caldeando en el exterior del centro dada la presencia de varios seguidores pro Trump, lo que llevó a la Policía a intervenir, aunque no se produjeron arrestos.
«Ellos están protestando, nosotros estamos celebrando», afirmó a EFE Enrique Tarrío, exlíder de la organización de extrema derecha Proud Boys. De raíces cubanas, Tarrio fue uno de los encausados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y fue indultado por Trump.
Sin embargo, la intervención policial, junto al intenso diluvio que se desató en los instantes posteriores, rebajó los ánimos y provocó que la mayoría de manifestantes se marchasen cuando Trump aún seguía en el centro de detención.
‘Alligator Alcatraz’ es el último ejemplo de la estrecha relación entre Florida y la Administración Trump. Este estado del sureste de Estados Unidos es uno de los más activos en adoptar las políticas antimigratorias del presidente, pese a ser uno de los que cuenta con una mayor proporción de migrantes.
Las nuevas reglas del gobierno de Estados Unidos que dan a millones de personas un plazo más corto para inscribirse en la cobertura de atención médica de la Ley de Cuidado de Salud Asequible enfrentan una impugnación por parte de alcaldes demócratas de todo el país.
Las reglas, implementadas el mes pasado, revierten un esfuerzo implementado bajo el gobierno del expresidente Joe Biden para expandir el acceso al seguro de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, comúnmente llamada «Obamacare» o ACA por sus siglas en inglés. El gobierno demócrata anterior amplió el periodo de inscripción para la cobertura, lo que llevó a un récord de inscripciones.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) implementó una serie de restricciones nuevas para el Obamacare a finales del mes pasado, mientras el Congreso consideraba un proyecto de ley importante que disminuirá la inscripción en el programa de atención médica que el presidente republicano Donald Trump ha despreciado durante años. Se prevé que hasta 2 millones de personas, casi el 10%, pierdan la cobertura debido a las nuevas reglas del departamento de salud.
Los alcaldes de Baltimore, Chicago y Columbus, Ohio, demandaron al departamento de salud federal el martes por las reglas, señalando que provocarán que haya más residentes sin seguro y sobrecargarán los servicios de la ciudad.
«Encubierta bajo el pretexto de la eficiencia gubernamental y la prevención del fraude, la Regla de 2025 crea numerosas barreras para la cobertura de seguro asequible, negando el propósito de la ACA de extender la cobertura de salud asequible a todos los estadounidenses, y en su lugar aumentando la población de estadounidenses con un seguro insuficiente y sin seguro», alega la demanda.
Dos grupos de defensa liberales —Doctors for America y Main Street Alliance— se unieron a la demanda.
El departamento de salud federal anunció una serie de cambios a finales del mes pasado al Obamacare. Acortará el periodo de inscripción para el mercado federal pot un mes, limitándolo del 1 de noviembre al 15 de diciembre en 2026. Las verificaciones de ingresos se volverán más estrictas y se añadirá una tarifa de 5 dólares para algunas personas que se reinscriban automáticamente en un plan gratuito.
Las aseguradoras también podrán negar cobertura a personas que no hayan pagado sus primas en planes anteriores. Las reglas también prohíben que aproximadamente 100.000 inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños se inscriban en la cobertura.
Las nuevas reglas «protegen el futuro del mercado» y reducirán las primas para aquellos que permanezcan en el programa, dijo el portavoz de HHS, Andrew Nixon, en un comunicado.
«La regla cierra lagunas, fortalece la supervisión y asegura que los subsidios de los contribuyentes vayan a quienes realmente son elegibles; eso no es controversial, es sentido común», señaló Nixon.
Pero los tres alcaldes argumentan que las políticas se introdujeron sin un periodo adecuado de comentarios públicos sobre las políticas.
«Esta regla ilegal obligará a las familias a dejar su seguro de salud y aumentará los costos para millones de estadounidenses. Esto no ayuda en nada a las personas y en su lugar perjudica la salud y seguridad de los estadounidenses en todo nuestro país», dijo Skye Perryman, presidente de Democracy Forward, que representa a la coalición de demandantes en la querella.
La demanda no desafía la restricción del gobierno de Trump sobre los inmigrantes que se inscriben en la cobertura.
El gobierno de Biden vio los aumentos en la inscripción de Obamacare como un gran éxito del mandato del presidente demócrata, señalando que un récord de 24 millones de personas se inscribieron en la cobertura, gracias a generosos recortes de impuestos ofrecidos a través de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022.
Pero el programa ha sido un objetivo de Trump, quien ha dicho que está plagado de problemas que hacen que la cobertura sea inasequible para muchos sin grandes subsidios. La inscripción en el programa disminuyó durante su primer mandato.
- El logotipo del Departamento de Justicia de EEUU en un podio antes de una conferencia de prensa con la secretaria de Justicia Pam Bondi, el 6 de mayo de 2025, en el Departamento de Justicia en Washington. (Foto: AP/Julia Demaree Nikhinson/Archivo)
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está impulsando planes para revocar la ciudadanía de inmigrantes que han cometido delitos o representan un riesgo para la seguridad nacional, según un reciente memorando que pone de relieve la agenda de inmigración del gobierno de Donald Trump.
Los intentos de identificar y perseguir a aquellos sospechosos de haber mentido para obtener su ciudadanía no son nuevos para este gobierno. Pero está generando preocupaciones entre activistas, quienes han acusado al gobierno de intentar usar la ley de inmigración con fines políticos.
El plan está recibiendo un escrutinio creciente después de que un miembro republicano del Congreso sugiriera que Zohran Mamdani, el candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, debería ser objeto de procedimientos de desnaturalización.
Aquí un vistazo al proceso de desnaturalización y lo que significa el memorando del Departamento de Justicia:
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Los casos de desnaturalización son raros
El gobierno de Estados Unidos puede revocar la ciudadanía estadounidense a un inmigrante naturalizado si es condenado penalmente por fraude de naturalización o si el gobierno prueba a través de procedimientos civiles que el acusado obtuvo ilegalmente su ciudadanía mediante fraude o tergiversó u ocultó hechos en su solicitud.
Durante años, los esfuerzos de desnaturalización del gobierno se centraron en gran medida en presuntos criminales de guerra que mintieron en su documentación de inmigración, sobre todo exnazis. El Departamento de Justicia presentó poco más de 300 casos en total entre 1990 y 2017.
Una iniciativa que comenzó durante el gobierno de Barack Obama llamada Operación Janus amplió esos esfuerzos al buscar identificar a personas que habían utilizado diferentes identidades para obtener la residencia permanente o la ciudadanía después de que se les emitieran órdenes de deportación previamente.
En 2016, un organismo de control interno informó que 315.000 archivos antiguos de huellas dactilares de inmigrantes que habían sido deportados o tenían condenas penales no se habían subido a una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional que se utiliza para verificar las identidades de los inmigrantes. El mismo informe encontró que se había ordenado la deportación de más de 800 inmigrantes bajo una identidad, pero se naturalizaron estadounidenses bajo otra.
El primer gobierno de Trump hizo de tales investigaciones una prioridad, y creó una sección del Departamento de Justicia centrada en casos de desnaturalización.
Pero incluso entonces, el número de casos de desnaturalización se mantuvo pequeño, ya que el gobierno no tenía los recursos para presentar muchos en medio de una avalancha de impugnaciones legales a las políticas de inmigración que tenía que defender, dijo Matthew Hoppock, un abogado en Kansas que representa a personas en casos de desnaturalización.
Departamento de Justicia dice que dará prioridad a ciertos casos
El plan fue anunciado en un memorando del recientemente confirmado jefe de la División Civil del Departamento de Justicia, el subsecretario de Justicia Brett Shumate. Shumate dijo que los casos que el departamento priorizará incluyen a personas que «representan un peligro potencial para la seguridad nacional», personas que cometen delitos violentos, miembros de pandillas y cárteles narcotraficantes, y personas que cometen fraude de Medicaid y de otros tipos.
Los beneficios del proceso de desnaturalización, escribió Shumate, “incluyen la capacidad del gobierno para revocar la ciudadanía de individuos que participaron en la comisión de crímenes de guerra, asesinatos extrajudiciales u otros abusos graves de derechos humanos; remover a criminales naturalizados, miembros de pandillas o, de hecho, cualquier individuo condenado por delitos que representen una amenaza continua para Estados Unidos; y prevenir que terroristas condenados regresen al suelo estadounidense o viajen internacionalmente con un pasaporte estadounidense”.
Hoppock dijo que el memorando de alguna manera «abre las puertas» para que el gobierno presente tantos casos de desnaturalización como tenga los recursos para hacerlo.
Abogados levantan la alarma sobre el impacto potencial
El lenguaje amplio en el memorando plantea la posibilidad de «que cualquier delito, en cualquier momento, pueda ser utilizado para justificar la desnaturalización», dijo Christopher Wellborn, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal.
«No es difícil imaginar un escenario donde el gobierno invoque acusaciones infundadas de afiliación a pandillas o use los antecedentes penales de un individuo para afirmar que la ciudadanía fue obtenida ilegalmente», dijo Wellborn en un comunicado.
Otros temen que el impulso público por parte del gobierno genere miedo entre los inmigrantes naturalizados.
«Cuanto más hablas de ello, más se enmarca como ‘vamos tras tu naturalización, vamos tras de ti’; más efecto disuasorio vemos en las personas que solicitan la naturalización», comentó Elizabeth Taufa, abogada y estratega sénior de políticas en el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes. «Incluso en aquellas personas que realmente son elegibles para la naturalización».
Los críticos han acusado al gobierno de Trump de usar la ley de inmigración para perseguir a personas debido a su discurso, en particular en el caso del activista de la Universidad de Columbia Mahmoud Khalil, a quien se ha intentado deportar por su papel en protestas propalestinas.
«Una de nuestras preocupaciones es si los atacarán políticamente, si comenzarán a revisar los archivos de inmigración de las personas si no les gustas o si piensan que no estás de acuerdo con el gobierno», señaló Hoppock.
«Creo que la mayoría de los estadounidenses apoyaría la idea de despojar a alguien de la ciudadanía si la obtuvo mediante fraude y también si es una persona peligrosa», añadió, pero la preocupación es si comienzan a revisar «los archivos de inmigración de personas comunes para encontrar una t que no está cruzada o una i que no está punteada para poder usarlo como un arma».
Departamento de Justicia logró recientemente la desnaturalización en un caso
El mes pasado, el departamento anunció que había asegurado con éxito la desnaturalización de un hombre que fue condenado por poseer material de abuso sexual infantil.
El hombre británico se había convertido en ciudadano estadounidense después de alistarse en el Ejército de Estados Unidos bajo una disposición que proporciona un mecanismo de naturalización para miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, dijeron las autoridades. Solo mencionó una multa por exceso de velocidad cuando se le preguntó en su solicitud de naturalización si había «cometido algún delito u ofensa por la que no fue arrestado», y se convirtió en ciudadano estadounidense en 2013.
Meses después, fue arrestado en Luisiana por cargos de material de abuso sexual infantil y condenado, según el departamento.
«Las leyes destinadas a facilitar la ciudadanía para los valientes hombres y mujeres que se unen a las fuerzas armadas de nuestra nación no protegerán a los individuos que han obtenido fraudulentamente la ciudadanía estadounidense al ocultar sus crímenes», afirmó Shumate en un comunicado en ese momento. «Si cometes delitos graves antes de convertirte en ciudadano estadounidense y luego mientes sobre ellos durante tu proceso de naturalización, el Departamento de Justicia descubrirá la verdad y te perseguirá.»
PHILADELPHIA. — Striking city workers waved signs at traffic near Philadelphia City Hall and formed picket lines outside libraries, city offices and other workplaces as nearly 10,000 blue-collar workers walked off the job Tuesday
Seeking better pay and benefits, District Council 33 of the American Federation of State, County and Municipal Employees announced the strike on its Facebook page early Tuesday.
Mayor Cherelle Parker said the city would suspend residential trash collection, close some city pools and shorten recreation center hours, but vowed to keep the city running. Police and firefighters are not on strike, but the DC33 membership includes 911 dispatchers, trash collectors, water department workers and many others.
By midday Tuesday, three librarians in town from Knoxville, Tennessee, for a convention arrived to tour the Free Library of Philadelphia on the Benjamin Franklin Parkway, only to find the wrought iron gates closed as workers cheerfully protested outside. They stopped to chat with them and offer their support.
“We’re just out here trying to get fair wages, to try to get a better cost of living, because, as you know, everything in the world right now is going up,” said Dhafir Gerald, 48, a library security guard who said he loves the city because it gave him a second chance after a long-ago incarceration.
“The city has the money to pay us,» said Gerald, who makes about $46,000 a year after six years of service, the first few with the sanitation department. «We are the backbone of the city.”
Parker, a pro-labor Democrat, promised that Fourth of July celebrations in the nation’s birthplace would go on as usual.
“Keep your holiday plans. Don’t leave the city,” she said at a Monday afternoon news conference that followed hours of last-minute negotiations.
In a statement Tuesday, the mayor said the city had “put its best offer on the table.» The city offered raises that amount to 13% over her four-year term, including last year’s 5% bump, and added a fifth step to the pay scale to align with other city unions, she said.
“The City of Philadelphia remains committed to reaching a fair and fiscally responsible contract with our municipal workers who are a part of DC 33,” Parker said. “We are ready, willing and able to resume negotiations with the union at their convenience.”
City officials urged residents to be patient and not hang up should they need to call either 911 or the city’s nonemergency helpline. They said they would open drop-off sites for residential trash.
District Council 33 is the largest of four major unions representing city workers. Union president Greg Boulware did not immediately return a call seeking comment.
Union leaders, in their initial contract proposal, asked for 8% annual raises each year of the three-year contract, along with cost-of-living hikes and bonuses of up to $5,000 for those who worked through the pandemic. The union also asked the city to pay the full cost of employee health care, or $1,700 per person per month.
In November, the city transit system averted a strike when the parties agreed to a one-year contract with 5% raises.
A DC33 trash strike in the summer of 1986 left the city without trash pickup for three weeks, leading trash to pile up on streets, alleyways and drop-off sites.
“Like any workers in this country, I think that they have a right to expect a livable wage, and it’s really nice to see our country’s ability to still have strikes and still have public dissent,” Nick Shuhan, a 34-year-old editor and property manager who lives in Center City, said Tuesday. “So I stand with them.”
